De la guerra en Ucrania a Oriente Próximo o Sudán, la justicia internacional sufre su mayor crisis tras los avances de los años noventa
La sala número 600 del monumental Palacio de Justicia de Núremberg es desconcertante a primera vista. Es más pequeña de lo que el visitante se imagina al abrir la puerta. El mobiliario es distinto al que existía durante el juicio a los líderes nazis al final de la II Guerra Mundial, hace 80 años.
Aquí siguieron celebrándose, hasta hace cinco años, juicios ordinarios, y la estancia conserva el aire anodino y funcional de un tribunal regional alemán. Es un lugar como a medio hacer, igual que la idea que nació en esta misma sala entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946.
En una época de guerras y matanzas impunes, desde Ucrania a Oriente Próximo y pasando por Sudán y otros puntos del planeta, el edificio de la justicia internacional que nació en Núremberg presenta grietas severas.
“Si las personas que han sufrido el horror en Ucrania, en Sudán, en Israel el 7 de octubre, y en Gaza, en Palestina, se preguntan a sí mismas lo que ha hecho por ellas el derecho internacional, responderán que no demasiado”, dice por teléfono el jurista y escritor Philippe Sands. Núremberg y lo que derivó de aquel juicio “no ha sido capaz de evitar horrores en nuestra época”, añade.
Pero Sands advierte que la idea de una justicia penal internacional es, en perspectiva histórica, muy reciente: “Es un sistema que se encuentra en su infancia”. Tiene recorrido.
Hace ocho décadas, en Núremberg, por primera vez los cargos más altos de un Estado se sentaron en el banquillo de un tribunal internacional. Eran 21 hombres asociados a los mayores crímenes del siglo XX. Estaban el líder nazi vivo de mayor rango, Hermann Göring (Hitler, Goebbels y Himmler se habían suicidado antes). El ministro y arquitecto Albert Speer. El jefe nazi Rudolf Hess. El diplomático Joachim von Ribbentrop. Hans Frank, jurista, gobernador en Polonia y perpetrador del Holocausto. Ideólogos como Alfred Rosenberg o Julius Streicher. Y militares como el general Keitel o el almirante Dönitz.
Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia organizaron el tribunal para juzgar unos crímenes “tan calculados, tan malignos y tan devastadores que la civilización no puede tolerar que se ignoren, porque no podrá sobrevivir si se repiten”. Son palabras, en su declaración inicial, del fiscal jefe estadounidense, Robert H. Jackson, quien añadió: “Que cuatro grandes naciones, eufóricas por la victoria y laceradas por la afrenta, refrenen su sed de venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los tributos más significativos que el poder haya rendido jamás a la razón”.
Núremberg debía juzgar tres tipos de crímenes: contra la paz, de guerra y contra la humanidad. Terminó con tres absoluciones, siete condenas a cadena perpetua o a largos años de prisión y 13 condenas a muerte.
Así nació lo que Gurgen Petrossian, jurista en la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, denomina la idea de Núremberg, y es la siguiente:. “Cuando una persona comete un crimen internacional ―se trate de genocidio, crímenes contra la humanidad, crimen de guerra o crímenes de agresión― esta persona debe asumir la responsabilidad. Y esto significa que, independientemente de quién, de cuándo y de dónde se haya cometido el crimen, el destino de estas personas está decidido: solo será cuestión de tiempo que acabe compareciendo ante un tribunal”.
Después de las condenas a los dirigentes nazis, se celebraron 12 juicios más en Núremberg hasta 1949. Un año antes, la ONU había adoptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención para la prevención y la sanción del genocidio.
Después hubo juicios nacionales en Alemania, a partir de finales de los años cincuenta, que ayudaron a este país a afrontar por sí solo ―ya no por imposición de los vencedores― la responsabilidad en el asesinato de seis millones de judíos. Hubo procesos como el de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 o el de Klaus Barbie en Lyon en 1987. Pero la idea de una justicia internacional entra en hibernación. Hasta los años noventa, con las matanzas en los Balcanes y en Ruanda, que llevaron a la creación del Tribunal Penal Internacional de La Haya y el de Arusha.
Fue la época dorada de la idea de Núremberg. “Fuimos muy optimistas”, apunta la historiadora francesa Annette Wieviorka, autora de Los juicios de Núremberg (Rialp, en castellano), en referencia a “este breve momento histórico entre la caída del Muro y el atentado contra las Torres Gemelas”. Por eso, añade, “las lecciones de Núremberg son difíciles de aplicar hoy”.
Philippe Sands ve el espíritu de Núremberg en el actual Tribunal Penal Internacional, en cuya gestación participó, y en la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, argumento de su último libro argumento de su último libro, Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia (Anagrama). También en el incipiente Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, que retoma la acusación principal contra los líderes nazis, por crimen de agresión. “Sin Núremberg, todo habría sido muy distinto”, dice el jurista franco-británico.
Algunas disfunciones actuales de la justicia internacional pueden remontarse a los pecados originales de Núremberg. Fue un juicio, por ejemplo, organizado por las potencias vencedoras y sus líderes (y uno de ellos, Stalin, ya había perpetrado algunos de sus mayores crímenes). Este “desequilibrio” persiste.
Sands cita las guerras de Afganistán e Irak, a principios de este siglo, y el papel de Estados Unidos y el Reino Unido. O la imputación reciente del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, el pasado marzo, por parte del Tribunal Penal Internacional, por crímenes contra la humanidad en su guerra contra el narcotráfico. Le suscita una reflexión: “Lo que sucede en el Caribe y el Pacífico, con 76 supuestos traficantes ejecutados sumariamente [por EE UU], ¿es compatible con el derecho internacional? ¿Es un crimen contra la humanidad?”
Más desequilibrios. Hay líderes buscados por el Tribunal Penal Internacional (TPI), como el ruso Vladímir Putin o el israelí Benjamín Netanyahu. Pero parece complicado que acaben sentándose en el banquillo.
“Pinochet viajó a Londres en octubre de 1998 pensando que estaba totalmente seguro, así que nunca se sabe”, responde Sands. “Es improbable, pero lo que sabemos es que ellos reciben consejo sobre esta cuestión y no lo ignoran. Es mejor que nada”.
Ante la tentación del cinismo, de pensar que lo que empezó en Núremberg es papel mojado, recuerda el caso de juez Thomas Buergenthal, superviviente de Auschwitz, quien le decía hace unos años que ojalá en 1943 hubiese existido un Convenio contra el genocidio y un TPI. Probablemente, no habría detenido los crímenes, sostenía Buergenthal. “Pero nos habría dicho que no estábamos solos y que se sabía que se estaban cometiendo crímenes”, añadía. “Y nos habría dado esperanza. Esto es más que nada”.
En la sala 600 se evita entrar en casos concretos, pero Petrossian también tiene claro: “El derecho internacional siempre ha estado en crisis”. “Que políticamente la situación sea difícil”, añade, “no significa que jurídicamente haya dejado de existir, o que la idea de Núremberg haya desaparecido”.
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