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miércoles, 22 de julio de 2020

_- Cómo el estado indio de Kerala ha conseguido aplanar la curva del coronavirus Yadul Krishna 29/05/2020

_- Tras el estallido del virus y debido a la amenazante inminencia de grandes niveles de contagios y pérdidas humanas, el mundo se enfrenta a una parálisis que ha obligado a crear nuevas normas de cuarentena y teletrabajo. Si bien algunas de las principales potencias mundiales han fallado de manera lamentable a la hora de proteger a sus ciudadanos y deshacerse del virus, un pequeño estado en el sur de India se ha convertido en un rayo de esperanza.

El presidente norteamericano Donald Trump, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2019 frente a congresistas, senadores, magistrados del Tribunal Supremo y miembros de su gabinete, aseguró estar “alarmado por las demandas de adopción del socialismo”, y añadió: “América fue fundada sobre las ideas de libertad e independencia y no sobre la coacción gubernamental. Hemos nacido libres y permaneceremos libres”. A pesar de que la ignorancia de la que surge la preocupación de Trump sobre el socialismo es visible, su capacidad para comprender la realidad social es exigua, por no mencionar que tales palabras fueron pronunciadas por un multimillonario que, tal como defiende Bernie Sanders, se benefició de 800 millones de dólares en subsidios y recortes fiscales para construir viviendas de lujo en Nueva York. Sin embargo, las consecuencias de la dependencia del capitalismo han comenzado a perseguirle: la falta de un sistema de salud público y de políticas de distribución ha hecho que los EE. UU. superen a China en número de casos confirmado de coronvirus. El libre mercado ha demostrado fallar de forma patética, abandonando a las personas y priorizando los beneficios.

Aquellos países que sostenían que la competencia entre instituciones privadas conducía a una “mayor eficiencia” también han hecho que sus ciudadanos y ciudadanas paguen caro su derecho a la vida, ya que, en los países en vías de desarrollo, el 90% de la población debe hacer frente a gastos médicos exorbitados. El capitalismo ha privado a las personas de su libertad de recurrir a la cuarentena en situaciones como esta y ha transferido ese derecho a la población más rica. La manera en que funcionan los sistemas privados de seguros en tiempos de pandemia ha hecho que muchos países reconsideren la necesidad de contar con instituciones públicas. La necesidad de disponer de un sistema público de salud, así como de un sistema público de atención a las necesidades básicas, se ha revelado imperiosa.

¿Existe algún modelo que se pueda emular?
Quizás el mejor ejemplo de cómo una sociedad debería superar una crisis sean las experiencias del estado indio de Kerala, el cual ha demostrado una gran eficiencia en la lucha contra el virus. Kerala, el estado que había superado una serie de desafíos como grandes inundaciones o el virus Nipah en los últimos dos años, ha demostrado al mundo que disponer de un sistema sanitario público y robusto puede ser de grandísima ayuda en tiempos de necesidad.

En claro contraste con las medidas inadecuadas que tomó el gobierno central indio, dirigido por el partido de extrema derecha Bharatiya Janata o Partido Popular Indio, Kerala se preparaba para el enorme desafío que se avecinaba. Incluso antes de que se declarase su primer caso, las autoridades de este estado hicieron todos los esfuerzos posibles para frenar la expansión del virus, incluyendo la realización de exámenes a los pasajeros de los cuatro aeropuertos internacionales del estado y la formación de un Equipo de Respuesta Rápida que decidiese sobre el aislamiento y el tratamiento de pacientes potencialmente infectados.

Kerala fue capaz de evitar la transmisión del virus de manera bastante eficaz cuando le tocó lidiar con los primeros casos de coronavirus detectados en tres estudiantes de medicina de Wuhan, que recibieron el alta tras dar negativo en dos pruebas. Desde entonces, la capacidad del estado para gestionar la crisis destacó sobre el resto del país. Cuando el virus golpeó por segunda vez, Kerala realizaba ya una vigilancia estricta. Disponía de una sala de control en funcionamiento, con expertos siguiendo los casos sospechosos y confirmados. Doctores y demás personal médico recibieron formación adecuada, y con medidas estrictas como el confinamiento (con las excepciones de acudir a por bienes básicos) y restricciones de movimiento, el número diario de posibles casos en los hospitales empezó a decrecer rápidamente y se dio el alta médica a muchas personas cuyo resultado en las pruebas era negativo. La transmisión en tiempo real de la información recogida resultó muy eficaz, ayudando al gobierno estatal a mantener la situación bajo control y a ganarse la confianza de la gente. El estado de Kerala se encuentra ahora preparado para responder a la expansión del virus.

Evitar la alarma social
El estado de Kerala quiso asegurarse de que la ciudadanía recibía información en tiempo real, incluidos protocolos y consejos de prevención, para evitar que se sembrase alarma social. Realizó ruedas de prensa a diario y hasta lanzó una aplicación móvil que proporcionaba información actualizada. También se priorizó la salud mental de las personas y fueron desplegados más de 140 terapeutas en 14 distritos para proporcionar ayuda psicológica a las personas aisladas y en cuarentena, sabiendo que podrían ser estigmatizados y alienados por el público general. Dada la manera en que Kerala superó el Nipah, las personas emplean términos como cuarentena y aislamiento de manera natural y les han perdido cierto miedo. Habiendo abatido con éxito el Nipah y demostrando ahora su eficacia contra el Covid-19, Kerala ha dado un ejemplo al gobierno central y al resto de Estados de cómo no perder la calma y avanzar con la resolución del problema en caso de que una crisis así suceda.

Implicar a otros departamentos
Durante la etapa de aumento de contagios, los ciudadanos se lanzaron a la compra de material como mascarillas y desinfectantes para manos, lo cual acabó provocando escasez. Esta fue una de las principales preocupaciones para el gobierno y la ciudadanía, pero, una vez más, las autoridades supieron diseñar un plan eficaz para combinar los esfuerzos de otros departamentos en la producción de los materiales necesarios. La empresa estatal de fabricación de fármacos aseguró que podría satisfacer la demanda de desinfectantes. El Departamento estatal de Justicia propuso a los internos de las prisiones fabricar mascarillas, y consiguieron producir 6.000 en apenas dos días. El gobierno también dio instrucciones estrictas para que el departamento no las vendiese al público por encima de un precio estipulado.

Centrarse en las personas
Fue el mismo día en que el Primer Ministro, Narendra Modi, se dirigía al país por primera vez ablandándose con peticiones y mensajes emotivos, que el Ministro-jefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, anunció un paquete de alivio de 2.600 millones USD para todo el estado. Desde el reparto de menús gratuitos para los estudiantes de preescolar mientras sus clases eran canceladas, a la instalación de banda ancha o la obligación de quedarse en casa, todas las medidas del gobierno resultaban tener un sentido de finalidad. El gobierno anunció el adelanto del pago de pensiones, créditos a familias vulnerables a través de una comunidad de ayuda vecinal centrada en la mujer, fortaleció las infraestructuras médicas y se aseguró de que las personas no perdían dinero por no poder trabajar.

Asegurar que nadie pase hambre
El gobierno de Kerala anunció también que repartiría alimentos de manera gratuita a todos los ciudadanos, independientemente de su renta, y la apertura de hoteles de bajo coste que cobrarían solo 0,26 USD por menú, junto con la promesa de que todos los bienes básicos y alimentos llegarían a las tiendas. Dando un ejemplo extraordinario, el gobierno comenzó a construir más de 1.000 cocinas por todo el estado para que nadie pasase hambre, todo con precios mínimos. Lo interesante es que también se tomaron medidas para entregar alimentos gratis directamente a las personas que no pudiesen pagarlo durante el periodo de confinamiento, para que así su dignidad no fuese cuestionada por los vecinos.

Cuidar a los trabajadores migrantes
Durante los 21 días de confinamiento en India, este estado meridional dio otra lección a las demás entidades estatales: Kerala reconoció a los trabajadores migrantes como “huéspedes” y abrirá 4.603 campos de socorro para más de 100.000 de aquellos, donde se les proporciona también comida y atención médica. Todo ello en un momento en que los migrantes de otros estados de India son obligados a caminar cientos de kilómetros para volver a sus hogares.

El papel de la sanidad pública
Incluso si comparamos el caso del Kerala con el resto de India, existen algunos factores que hacen que tal efectividad en la respuesta de control haya sido posible solo en este estado. Kerala dispone de un sistema de salud fuerte, con centro de atención primaria por cada 3.95 km, mientras que la media estatal es de 7.3 km. Por eso el gobierno de Kerala es capaz de invertir y dirigir su aparato sanitario de manera eficaz, frente a la inoperancia del gobierno central, que dispone de una cama hospitalaria por cada 1.826 personas, un doctor por cada 11.600 personas y un ventilador por cada 333.333 personas. Lo que es más alarmante es que las estadísticas de test realizados en este pequeño estado suponen el 30% del total del país, mientras que estados como Gujarat o Maharashtra han realizado un número ínfimo de pruebas a su población.

El modelo de Kerala
El gobierno de Kerala planea ahora reclutar a cientos de miles de jóvenes voluntarios del estado para Sannadha Sena, una organización de voluntarios, con el objetivo de proporcionar mano de obra a sus políticas. Así, en cada paso, Kerala ha tomado medidas adecuadas en tiempo y forma para lidiar con la crisis. Con todo, Kerala no solo ha dado ejemplo en esta coyuntura, sino que también se encuentra entre los primeros puestos de toda India en materia de desarrollo humano, mortalidad infantil, alfabetización, transparencia, convivencia, etcétera, comparándose a veces con países desarrollados. También ha conseguido los mejores datos en relación al desarrollo sostenible. La manera en que Kerala ha puesto en práctica su modelo ha merecido los halagos de otros países, y otros estados de India han pedido ayuda para implementarlo.

Una vez hemos señalado todos los datos, lo que tratamos de explicar es que no son solo las habilidades administrativas de Kerala las que han permitido derrotar el virus, sino también la presencia de un sistema público de sanidad y cuidados con la intervención decidida de los mecanismos públicos, dirigidos por un gobierno que se centra en las personas. Si Kerala careciese de un ecosistema de instituciones públicas y, en cambio, continuase privatizada en manos de unos pocos individuos, no hubiera podido superar esta crisis con facilidad.
Yadul Krishna.  Escribe sobre economía y política.

Exalumno del Shri Ram College of Commerce de la Universidad de Delhi, es columnista en el British Herald de Londres.

Más aquí.

Un Estado de India con gobierno comunista

El gran éxito de la estrategia contra covid-19 de Kerala

lunes, 3 de agosto de 2015

Los casos de las fundaciones AVINA y Ashoka en España. La exquisita penetración del gran capital en los movimientos sociales

AVINA y Ashoka, dos fundaciones filantrópicas arquetípicas, son especialmente conocidas en Latinoamérica aunque su presencia en España no ha dejado de notarse.

Su vinculación a los intereses del gran capital está ampliamente documentada, especialmente a dos rubros tan sensibles a los movimientos sociales como son el amianto y los transgénicos.

Sus estrategias contemplan la penetración en los movimientos sociales, y más recientemente en las escuelas (http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150621/otra-forma-ensenar-posible-8582.html), para realizar sus fines de negocios y de mercantilización de la sociedad. Pero como apuntan alto se han de presentar como entidades verdes y sociales. Así logran persuadir a demasiadas gentes.

Hemos realizado un audiovisual que, en la primera parte, despeja la verdadera naturaleza de AVINA y Ashoka; y en la segunda parte pone algunos ejemplos concretos, con nombres y apellidos, de cómo están penetrando en España en los movimientos sociales relacionados con la economía social (REAS) y con la banca ética (Fiare). Para aviso de las gentes que luchan con decencia en estos movimientos y para que logren desacreditarlos y expulsarlos de sus ámbitos.

Como primera aproximación damos la opinión que de Ashoka y AVINA tienen más de doscientas organizaciones alternativas de Latinoamérica y España, firmantes de un manifiesto promovido por Ecologistas en Acción en 2012, en el que prometían que “Las organizaciones que firman este manifiesto (…) declaran que seguirán luchando contra las empresas transnacionales como Monsanto y contra iniciativas como AGRA. También contra las fundaciones que alientan de forma más o menos enmascarada estas iniciativas, como AVINA y Ashoka.”

El reciente libro de Naomi Klein, “Esto lo cambia todo”, dedica un capítulo de unas cien páginas a lo que llama la “desastrosa fusión entre la gran empresa y las grandes organizaciones ecologistas”. Nuestro trabajo tiene la misma perspectiva y preocupación que el de ella.

El audiovisual que presentamos se puede ver y escuchar en la siguiente dirección: https://vimeo.com/126501725
Escrito por Isidro Bustamante y Paco Puche

domingo, 28 de junio de 2015

El control oculto de las empresas

Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en la práctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE UU y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de EE UU se muestran más recelosos.

No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.

Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.

La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intensión de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.

Las compañías no pueden usar los acuerdos comerciales para dictar cómo vamos a vivir

Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.

El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.

En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque éstos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.

No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las compañías que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.

Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.

Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compañías pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.

Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.

Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.

Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.

En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.

Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compañías ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.

Joseph E. Stiglitz, es premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/22/actualidad/1432293541_982046.html

jueves, 1 de agosto de 2013

La oposición pide a Rajoy que dimita o asuma responsabilidades. PSOE, IU, UPyD, BNG y Esquerra exigen al presidente que se vaya. Duran, el más tibio, dice "que no es momento de dimisiones"


Rajoy a Rubalcaba: “Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones generales”

Tras la intervención de Rubalcaba, toda la oposición en bloque ha considerado insuficientes las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta mañana en un pleno extraordinario para responder por el caso Bárcenas. Pero la crítica ha ido de la más tibia del portavoz de CiU, Duran Lleida, a la más bronca de los grupos minoritarios.

Fuente: El País.