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miércoles, 19 de noviembre de 2014

Cómo las farmacéuticas ganan más que los bancos

Imagine una industria que genera el margen de utilidad más alto y a la que no es extraño que multen por malas prácticas. Agregue acusaciones de colusión y sobreprecios e inevitablemente pensará en la industria bancaria.

Pero la industria descrita es responsable del desarrollo de medicinas que salvan vidas y alivian el sufrimiento, no de la generación de ganancias.

Las compañías farmacéuticas han desarrollado una amplia gama de medicinas conocidas por toda la humanidad, pero han lucrado enormemente al hacerlo y no siempre bajo parámetros legítimos.

El año pasado, el gigante estadounidense Pfizer, la compañía de drogas farmacéuticas más grande del mundo según sus ingresos, alcanzó un 42% de ganancias.

Como dice un veterano de esta industria: "No sería capaz de justificar (ese nivel de márgenes)".

Excluyendo los US$10.000 millones que genera por cuidado de la salud animal, queda un margen de 24%, espectacular para cualquier estándar.

En Reino Unido, por ejemplo, hubo un escándalo cuando el regulador de la industria predijo un aumento del margen de beneficio de las compañías de energía de 4% a 8% este año.

El año pasado, cinco farmacéuticas obtuvieron una ganancia de 20% o más: Pfizer, Hoffmann-La Roche, AbbVie, GlaxoSmithKline (GSK) y Eli Lilly.

Ganancias excesivas
Con algunos remedios a más de US$100.000 por tratamiento completo, y cuyo costo apenas alcanza una mínima fracción de ésto, no es difícil darse cuenta del porqué.

El año pasado, 100 destacados oncólogos de todo el mundo escribieron una carta abierta para disminuir el precio de los medicamentos contra el cáncer.

Brian Druker, director del Instituto Knight y uno de los firmantes, pregunta: "Si ganas US$3.000 millones al año con (la droga para el cáncer) Gleevec, ¿no podrías ganar US$2.000 millones? ¿Cuándo se cruza la línea a las ganancias excesivas?"

Y no pasa sólo con estas drogas. Entre abril y junio pasado, la firma Gilead vendió US$3.500 millones por Sovaldi, una nueva medicina contra la hepatitis C.

Las farmacéuticas justifican sus altos precios argumentando que sus costos en investigación y desarrollo (I&D) son altísimos.

En promedio, sólo tres de diez drogas lanzadas al mercado son rentables, una de ellas convertida en éxito de ventas con ingresos anuales de US$1.000 o más. Muchas otras ni siquiera salen al mercado.

Pero las farmacéuticas gastan mucho más en mercadeo de sus remedios -en algunos casos, incluso el doble- que en desarrollarlos. Además, el margen de utilidad ya toma en cuenta los costos de I+D.

La industria argumenta que el valor de las medicinas también debe ser considerado.
"Las drogas ahorran dinero a largo plazo", dice Stephen Whitehead, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas.

"Ejemplo: la hepatitis C, un traumático virus que requiere trasplante de hígado", explica. "Con un tratamiento a unos US$55.500 por 12 semanas, 90% de los pacientes están curados, nunca necesitaron cirugía y pueden seguir sosteniendo a sus familias. Es un ahorro gigantesco".

Cierto, pero poder cobrar un precio alto no necesariamente significa deber hacerlo, especialmente cuando tiene que ver con la salud, dicen los críticos como Drucker.

A los accionistas a quienes responden las grandes farmacéuticas, no les preocupa demasiado ese argumento.

Frasco de remedios
"Las drogas ahorran dinero al largo plazo", dice Stephen Whitehead, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas (ABPI).

Sin lealtad
Las grandes farmacéuticas también dicen que cuentan con tiempo limitado para generar utilidades. Las patentes generalmente son otorgadas por 20 años, pero entre 10 y 12 de ellos se gastan en desarrollar la droga a costos de entre US$1.500 millones y US$2.500 millones.

Esto deja entre ocho y diez años para hacer dinero antes de que la fórmula pueda ser utilizada por compañías de medicinas genéricas, que las venden por una fracción del precio.

Claramente, un éxito de ventas puede recuperar en unos meses los costos de desarrollo.

Cuando se termina la exclusividad, las ventas caen un 90%. "A diferencia de otros sectores, la lealtad a una marca se esfuma cuando la patente expira", explica Joshya Owide, director del área de salud de GlobalData.

Remedios
El gobierno británico podría ahorrar más de US$1.500 millones anuales si sus doctores recetaran genéricos, según un estudio.
Por eso las firmas farmacéuticas hacen esfuerzos extraordinarios para extender la duración de sus patentes, con "pisos completos de abogados" dedicados a este propósito, cuenta un ejecutivo de la industria.

Para una medicina que provee US$3.000 millones trimestrales, incluso un mes extra vale la inversión.

Nuevas fórmulas que combinan dos drogas existentes para un uso más amplio y los enantiómeros -un reflejo del mismo compuesto- son algunas de las vías legales para extender patentes.

Pero algunas compañías, incluida la británica GSK, han sido acusadas de tácticas menos honestas, como pagar a los genéricos para que atrasen sus lanzamientos.

Como la pérdida en ventas de una farmacéutica es mucho mayor a las ganancias de los genéricos, puede ser un buen arreglo para ambas partes.

A la conquista de los médicos
Pero las farmacéuticas han sido acusadas de cosas mucho peores... y lo han admitido.

Hasta hace poco, pagar comisiones a los doctores por prescribir sus remedios era algo aceptado y común para las grandes farmacéuticas, pese a que la práctica no es bien vista e incluso es ilegal en muchos lugares.

GSK fue multada por soborno en US$490 millones en China en septiembre y ha sido acusada de prácticas similares en Polonia y Medio Oriente.

Las reglas respecto de regalos, becas educativas y auspicio de charlas, por ejemplo, son menos claras, pero representan prácticas comunes en EE.UU.

Grandes multas a farmacéuticas

US$3.000 millones
Glaxo SmithKline, 2012, por promover Paxil para la depresión en menores de 18 años
US$2.300 millones
Pfizer, 2009, por etiquetar mal el analgésico Bextra
US$2.200 millones Johnson & Johnson, 2013, por promover drogas no aprobadas como seguras
US$1.500 millones Abbott, 2012, por promoción ilegal del antipsicótico Depakote
US$1.420 millones Eli Lilley, 2009, por promover erróneamente el antipsicótico Zyprexa
US$950 millones Merck, 2011, por promoción ilegal del analgésico Vioxx
Fuente: ProPublica Getty

Un estudio reciente mostró que los doctores que recibían pagos de compañías farmacéuticas eran dos veces más proclives a recetar sus drogas.
Y esto puede ser una de las causas del gasto excesivo de los gobiernos en remedios. Un estudio reciente de Prescribing Analytics sugiere que el Servicio Nacional de Salud británico podría ahorrar hasta US$1.585 millones anuales si los doctores recetaran la versión genérica de ciertas medicinas.
Todo esto podría cambiar cuando nuevas normas en EE.UU. y Reino Unido obliguen a los médicos a revelar sus regalos y pagos realizados por la industria.
También se acusa a las farmacéuticas de complicidad con las farmacias para cobrar más por sus remedios y publicar datos que destacan más lo positivo que lo negativo.
Y se les ha encontrado culpables de etiquetar mal y promover erróneamente varios medicamentos, con multas millonarias como resultado.
Parece que las recompensas son tan grandes, que las farmacéuticas siguen empujando los límites de la legalidad.

"Influencia indebida"
No sorprende que la Organización Mundial de la Salud hable del "conflicto intrínseco" entre las metas empresariales legítimas de las farmacéuticas y las necesidades médicas y sociales del público.
El Consejo de Europa iniciará una investigación para "proteger a los pacientes y la salud pública contra la influencia indebida de la industria farmacéutica".
Analizará "prácticas particulares como el patrocinio de profesionales de la salud... o recurrir a instituciones de la salud pública para el conocimiento de especialistas en las nóminas de la industria".
No importa el resultado de tales investigaciones; la industria farmacéutica enfrenta cambios fundamentales, pues el modelo tradicional de desarrollo se ve amenazado por los altos costos y avances científicos.
Richard Anderson. BBC
Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141106_economia_farmaceuticas_industria_ch

martes, 31 de diciembre de 2013

Bits y barbarie

Paul Krugman
Esta es una historia de tres minas de dinero. También es una historia de retroceso monetario, de la extraña resolución de mucha gente en dar marcha atrás a varios siglos de progreso.

La primera mina de dinero es una mina de verdad: la mina de oro a cielo abierto Porgera, en Papúa Nueva Guinea, uno de los principales productores del mundo. Su fama es terrible debido a las vulneraciones de los derechos humanos (violaciones, palizas y asesinatos por parte del personal de seguridad) y a los daños al medio ambiente (enormes cantidades de residuos potencialmente tóxicos vertidos en un río cercano). Pero los precios del oro, si bien están por debajo de su máximo reciente, aún triplican a los de hace una década, así que hay que seguir excavando.

La segunda mina es bastante más extraña: la mina de bitcoins de Reykjanesbaer, en Islandia. El bitcoin es una moneda digital que tiene valor porque…, bueno, es difícil decir exactamente por qué, pero, al menos de momento, la gente está dispuesta a comprarla debido a que cree que otra gente estará dispuesta a hacerlo. Está concebida como una especie de oro virtual. Y, como el oro, puede ser extraída: es posible crear nuevos bitcoins, pero solo resolviendo problemas matemáticos muy complejos que requieren tanto un gran poder de cálculo informático como gran cantidad de electricidad para que los ordenadores funcionen.

De ahí que se localice en Islandia, que dispone de electricidad barata procedente de centrales hidroeléctricas y de abundante aire frío para refrigerar las máquinas en frenética actividad. Es decir, se están utilizando gran cantidad de recursos reales para generar objetos virtuales sin una utilidad clara.

La tercera mina de dinero es hipotética. En 1936, el economista John Maynard Keynes sostenía que era preciso aumentar el gasto público para volver al pleno empleo. Pero entonces, como ahora, había una dura oposición política a cualquier propuesta de este estilo. Así que Keynes sugirió una pintoresca alternativa: que el Estado enterrase botellas llenas de dinero en minas de carbón abandonadas y que el sector privado gastase su dinero en desenterrarlas. Estaba de acuerdo en que sería preferible que el Estado construyese carreteras, puertos y otras cosas útiles, pero incluso el gasto absolutamente inútil proporcionaría a la economía un impulso muy necesario.

Una idea ingeniosa. Pero Keynes no se quedó ahí. A renglón seguido señalaba que la verdadera extracción de oro de las minas en la vida real se parecía mucho a su experimento imaginario. Al fin y al cabo, los mineros se afanaban en sacar dinero de la tierra a pesar de que era posible producir cantidades ilimitadas de moneda prácticamente sin coste utilizando la máquina de imprimir. Y tan pronto se extraía el dinero de la mina, gran parte del mismo se volvía a enterrar en lugares como la cámara acorazada del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde hay depositados cientos de miles de lingotes de oro sin ningún uso en particular.

Creo que Keynes se habría reído con sarcasmo al ver lo poco que las cosas han cambiado en las tres últimas generaciones. El gasto público para combatir el desempleo sigue siendo una herejía, y los mineros continúan arruinando el entorno para engrosar los ociosos depósitos de oro. (Keynes calificaba al patrón oro de “reliquia bárbara”). Los bitcoins no hacen más que acrecentar el absurdo. Al fin y al cabo, el oro tiene por lo menos algunos usos reales, como, por ejemplo, rellenar muelas; pero en la actualidad estamos consumiendo recursos para generar un “oro virtual” que solo consiste en series de dígitos.

Sospecho, sin embargo, que Adam Smith estaría consternado.

A Smith se le considera con frecuencia un santo patrón conservador y, en efecto, fue el primer defensor del mercado libre. Sin embargo, lo que no se menciona tan a menudo es que también abogó con determinación por la regulación de los bancos, y que hizo una clásica alabanza de las virtudes del papel moneda. La moneda era, a su entender, una forma de facilitar el comercio, no una fuente de prosperidad nacional, y el papel moneda, sostenía, permitía que el comercio se desarrollase sin inmovilizar gran parte de la riqueza de un país en una “reserva muerta” de plata y oro.

Entonces, ¿por qué destrozamos las tierras altas de Papúa Nueva Guinea para aumentar nuestra reserva muerta de oro y, lo que es aún más chocante, tenemos potentes ordenadores funcionando sin interrupción para engrosar una reserva muerta de dígitos?

Si preguntamos a los obsesos del oro, responderán que el papel moneda proviene de los Gobiernos, y que no se puede confiar en que estos no devalúen sus monedas. Sin embargo, lo curioso es que después de tanto hablar de devaluación, esta resulta muy difícil de encontrar. No se trata solo de que después de años de serias advertencias sobre la inflación desbocada, en los países avanzados la inflación sea sin lugar a dudas demasiado baja, y no demasiado alta. Incluso desde una perspectiva mundial, los episodios de inflación verdaderamente elevada se han convertido en algo poco frecuente. Así y todo, la propaganda de la hiperinflación florece sin cesar.

El atractivo del bitcoin parece proceder más o menos de las mismas fuentes, a lo que se añade la sensación de que es de alta tecnología y algorítmico, de manera que tiene que ser la tendencia del futuro.

Pero no permitamos que los sofisticados atributos nos confundan: lo que realmente está teniendo lugar es un viaje hacia los días en los que el dinero era algo que podías hacer que tintineara en el bolsillo. Tanto en el trópico como en la tundra, por alguna razón estamos cavando nuestro camino de vuelta al siglo XVII.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008. Fuente: El País.

domingo, 10 de noviembre de 2013

"Bancocracia": de la república de Venecia a Mario Draghi y Goldman Sachs

Éric Toussaint
CADTM

Traducido por Alberto Nadal
Desde el siglo XII hasta comienzos del siglo XIV, la Orden de los Templarios, presente en una gran parte de Europa, se convirtió en banquero de los poderosos. Contribuyó a financiar varias cruzadas. A comienzos del siglo XIV, se había convertido en la principal acreedora del rey de Francia Felipe el Hermoso. Frente al peso de una deuda que gravaba sus recursos, Felipe el Hermoso se libró de sus acreedores y, de la misma, de su deuda, demonizando la Orden de los Templarios, acusándola de múltiples crímenes [2] . La Orden fue prohibida, sus jefes ejecutados y sus bienes confiscados. La Orden de los Templarios carecía de un estado y de un territorio para hacer frente al rey de Francia. Su ejército (15.000 hombres, de ellos 1.500 caballeros), su patrimonio y sus créditos con los dirigentes no la protegieron de la potencia de un estado decidido a eliminar a su principal acreedor.

En la misma época (siglos XI-XIV), los banqueros venecianos financiaban también cruzadas y prestaban dinero a los poderosos de Europa, pero maniobraron mucho más hábilmente que la Orden de los Templarios. En Venecia, se apoderaron de la cabeza del estado dándole la forma de una república. Financiaron la transformación de Venecia, ciudad-estado, en un verdadero imperio que comprendía Chipre, Eubea (Negrepont) y Creta. Adoptaron una estrategia imparable para enriquecerse duraderamente y garantizar el reembolso de sus créditos: fueron ellos quienes decidieron endeudar al estado veneciano con los bancos que poseían. Los términos de los contratos de los préstamos fueron definidos por ellos puesto que eran a la vez propietarios de los bancos y dirigentes del estado.

Mientras Felipe el Hermoso tenía interés en librarse físicamente de sus acreedores para liberarse del peso de la deuda, el estado veneciano devolvía hasta la última moneda de la deuda a los banqueros. Éstos tuvieron por otra parte la idea de crear títulos de la deuda pública que podían circular de un banco a otro. Los mercados financieros comenzaban entonces a ponerse en pie [3] . Este tipo de préstamo es el precursor de la forma principal de endeudamiento de los estados tal como se conoce en el siglo XXI.

Siete siglos después del aplastamiento de la Orden de los Templarios por Felipe el Hermoso, hoy los banqueros de Europa, igual que sus predecesores venecianos o genoveses, no tienen manifiestamente que estar inquietos por los gobiernos actuales.

Los estados nacionales y el protoestado que es la Unión Europea de hoy son quizás más complejos y sofisticados que las repúblicas de Venecia (o de Génova) de los siglos XIII al XVI, pero son con igual crudeza los órganos de ejercicio del poder de la clase dominante, el 1% opuesto al 99%. Mario Draghi, antiguo responsable de Goldman Sachs en Europa, dirige el Banco Central Europeo. Los banqueros privados han colocado a sus representantes o a sus aliados en puestos clave en los gobiernos y las administraciones. Los miembros de la Comisión Europea están muy atentos a la defensa de los intereses de las finanzas privadas, y el trabajo de lobby que los bancos ejercen ante parlamentarios, reguladores y magistrados europeos es de una eficacia temible.

Que un puñado de grandes bancos capitalistas ocupe el primer plano estos últimos años, no debe ocultar el papel de las grandes empresas privadas de la industria y del comercio, que usan y abusan de su proximidad a las estructuras del estado de forma tan hábil como los banqueros. La interconexión y la imbricación inextricables entre los estados, los gobiernos, los bancos, las empresas industriales y comerciales, y los grandes grupos privados de comunicación constituyen, por otra parte, una de las características del capitalismo, tanto en su fase actual como en las precedentes.

Efectivamente, desde la victoria del capitalismo como modo de producción y como formación social dominante, el poder es ejercido por los representantes de los grandes grupos privados y sus aliados.

Desde un punto de vista histórico, la New Deal iniciada por el presidente F. Roosevelt en 1933 y los treinta años que siguieron a la II Guerra Mundial aparecen como un paréntesis durante el cual la clase dominante tuvo que hacer concesiones, ciertamente limitadas pero reales, a las clases populares. Los grandes patronos tuvieron que disimular un poco su dominio sobre el estado. Con el giro neoliberal emprendido a finales de los años 1970, abandonaron la discreción. Los años 80 ponen en un primer plano una clase dominante completamente desinhibida que asume y proclama con cinismo la carrera por la ganancia y la explotación generalizada de los pueblos y de la naturaleza. La fórmula, tristemente célebre, de Margaret Thatcher “There is no alternative” marca hasta hoy el paisaje político, económico y social, a través de los ataques violentos a los derechos y conquistas sociales. Mario Draghi, Angela Merkel, Silvio Berlusconi (gran patrón italiano), José Manuel Barroso, aparecen como figuras emblemáticas de la consecución del proyecto thatcheriano. La complicidad activa de los gobiernos socialistas (de Schröeder a Hollande, pasando por Tony Blair, Gordon Brown, Papandreu, Zapatero, Socrates, Letta, Di Rupo, y muchos otros) muestra hasta qué punto se insertaron en la lógica del sistema capitalista, hasta qué punto forman parte del sistema igual que Barack Obama del otro lado del Atlántico. Como afirmaba el multimillonario americano Warren Buffet, “es una guerra de clases, y es mi clase la que va ganando”.

El sistema de la deuda pública tal como funciona en el capitalismo constituye un mecanismo permanente de transferencia de riquezas producidas por el pueblo hacia la clase capitalista. Este mecanismo se ha reforzado con la crisis comenzada en 2007-2008, pues las pérdidas y las deudas de los bancos privados han sido transformadas en deudas públicas. A una gran escala, los gobiernos han socializado las pérdidas de los bancos a fin de permitirles continuar haciendo beneficios que redistribuyen a sus propietarios capitalistas.

Los gobiernos están directamente conchabados con los grandes bancos y ponen a su servicio los poderes y las arcas públicas. Hay un va y viene permanente entre los grandes bancos y los gobernantes. El número de ministros de finanzas y de economía, o de primeros ministros, que provienen directamente de los grandes bancos o que van a ellos cuando abandonan el gobierno no deja de aumentar desde 2008.

El oficio de la banca es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado, es necesario socializar el sector bancario (lo que implica su expropiación) y colocarlo bajo control ciudadano (de los asalariados de los bancos, de los clientes, de las asociaciones y de los representantes de los actores públicos locales), pues debe estar sometido a las reglas de un servicio público [4] y las rentas que su actividad genera deben ser utilizadas para el bien común.

La deuda pública contratada para salvar a los bancos es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada. Una auditoría debe determinar las demás deudas ilegítimas y/o ilegales y permitir una movilización tal que una alternativa anticapitalista pueda tomar forma.

La socialización de los bancos y la anulación/repudio de las deudas ilegítimas deben inscribirse en un programa más amplio [5].

Como durante la república de Venecia, hoy en la Unión Europea y en la mayoría de los países más industrializados del planeta, el estado está en ósmosis con la gran banca privada y paga dócilmente la deuda pública. El no pago de la deuda ilegítima, la socialización de la banca así como otras medidas vitales serán el resultado de la irrupción del pueblo como actor de su propia historia. Se tratará de poner en pie un gobierno tan fiel a los oprimidos como los gobiernos de Merckel y Hollande lo son a las grandes empresas privadas. Tal gobierno del pueblo deberá hacer incursiones en la sacrosanta gran propiedad privada para desarrollar los bienes comunes a la vez que respeta los límites de la naturaleza. Ese gobierno deberá igualmente realizar una ruptura radical con el estado capitalista y erradicar todas las formas de opresión. Una auténtica revolución es necesaria.

Notas:
[1] Ver David Graeber, En deuda. Una historia alternativa de la economía, Editorial Ariel, Barcelona, 2012, 714 pp; Thomas Morel et François Ruffin, Vive la Banqueroute!, Paris, Fakir Editions, 2013.
[2] Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVe-XVIIIe siècle. Paris, Armand Collin, 1979; David Graeber, En deuda. Una historia alternativa de la economía, Editorial Ariel, Barcelona, 2012, 714 pp
[3] El sector bancario debería ser enteramente público con excepción de un sector cooperativo de pequeña talla con el que podría cohabitar y colaborar.
[4] Ver Damien Millet y Eric Toussaint, Europa, ¿qué programa de urgencia frente a la crisis? http://cadtm.org/Europa-Que-programa-de-urgencia . Ver también Thomas Coutrot, Patrick Saurin y Eric Toussaint. Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir? http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-gravar-al. Finalmente, ver ¿Qué hacer con la deuda y el euro?, http://cadtm.org/Que-hacer-con-la-deuda-y-el-euro publicado el 30 de abril de 2013.
Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org ) y miembro del consejo científico de ATTAC. Autor, entre otros libros, de Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria 2010; La Deuda o la Vida (junto a Damien Millet) Icaria, Barclona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010;. La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002.
Fuente: http://cadtm.org/Francais

miércoles, 2 de mayo de 2012

¿Hay o no hay dinero?

Rajoy sobre los recortes: "Es imprescindible. No hay dinero para los servicios públicos"
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".

La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.
Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)