_- Habló el Banco de España, la institución que más dinero nos cuesta a los españoles

_- El Banco de España es posiblemente la institución pública que más dinero ha costado a los españoles en el último medio siglo. No por los privilegios y altos sueldos de sus directivos, que serían pocos si hicieran bien su trabajo. Lo que nos cuesta un riñón es que no desarrolla con eficacia su función principal de promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. En lugar de garantizarlos, ha cometido fallos calamitosos de supervisión y control que han producido o no han evitado insolvencias y crisis de un coste financiero elevadísimo.

Desde la de 1977 a 1985, que acabó con 56 de los 110 bancos existentes al inicio del periodo, y que se calcula costó entre 1,3 y 2 billones de las antiguas pesetas (cuando los ingresos del Estado eran de unos 4,5 billones), el Banco de España no ha sabido o no ha querido evitar la creciente concentración bancaria, el crecimiento excesivo del crédito en unos casos y la escasez en otros, las comisiones y tipos de interés abusivos, los beneficios extraordinarios de la banca, el exceso de riesgo asociado a la burbuja inmobiliaria, las insolvencias y la morosidad, las quiebras, el desastroso control político de las cajas de ahorro y el antidemocrático que los banqueros ejercen sobre la política y la sociedad, los fraudes y engaños a millones de clientes…, por citar tan solo algunos hitos más costosos de esos últimos 45 años de historia financiera española.

El fracaso regulador del Banco de España en la última crisis fue apoteósico y a los españoles debería avergonzarnos que nadie haya pagado penalmente por él. Sus propios inspectores tuvieron que denunciar al gobernador Caruana por su actitud pasiva y complaciente ante el riesgo que se estaba acumulando (la carta de denuncia al ministro de Economía aquí). Y cuando sus errores comenzaron a surtir efectos lo que hizo fue aprobar cambios de normas para ocultar el daño y promover fusiones de entidades para entregar el sector a la banca privada que nos costaron todavía más dinero. Si al coste de la última crisis reconocido por el Tribunal de Cuentas (122.122 millones de euros) se le suman avales, créditos fiscales, ventas de activos, efectos de cambios normativos… la factura de la incompetencia y del apoyo del Banco de España a la banca privada debe superar los 300.000 millones de euros. Además de todo lo que eso lleva consigo, la desaparición de miles de empresas y la ruina o el desempleo de millones de personas.

Hasta el presidente saliente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lo reconoció abiertamente al afirmar que el Banco de España había tenido «errores muy importantes de supervisión» antes de y durante la crisis.

Aunque es muy ingenuo creer que esos errores lo hayan sido solo como consecuencia del azar o del desconocimiento. Son el resultado del fundamentalismo ideológico que se cultiva en su seno pero, sobre todo, de que el Banco de España es una institución puesta al servicio exclusivo del capital bancario privado. Caruana, a quienes sus inspectores denunciaron, como he dicho, por dejar hacer y permitir que crecieran la burbuja y los desmanes del sector, no hizo mal su trabajo. Al revés, hizo eso porque estaba ahí para hacer lo que hizo, permitir que se multiplicara el negocio bancario aunque fuese a costa de hundir a la economía española.

La prueba es que, después de esas denuncias y de que se hiciera patente el efecto de su gestión, pasó a ocupar un cargo directivo en el Fondo Monetario Internacional, a ser luego Director Gerente del Banco Internacional de Pagos y, por fin, a formar parte del Consejo de Administración del BBVA. El mismo destino final que han tenido otros gobernadores o altos directivos del Banco de España, como prueba definitiva de que no han sido servidores públicos sino empleados del capital privado. Lean, si no lo creen, El libro negro: La crisis de Bankia y Las Cajas. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, de Ernesto Ekaizer.

El Banco de España tampoco acierta cuando hace pronósticos sobre el horizonte de los problemas económicos. En 2007, cuando ya se había iniciado la crisis, escribió en su Informe Anual sobre 2007 que lo que estaba ocurriendo era un simple «episodio de inestabilidad financiera», si acaso, con solo «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía en horizontes más alejados». Y el año pasado, a pesar de haber hecho dos previsiones sobre la evolución del PIB, no acertó ni en la más optimista ni en la pesimista y su margen de error fue mayor que el de instituciones con muchos menos medios e información (una comparación con las de otros organismos aquí).

Sin embargo, a pesar de que su historia reciente está plagada de desaciertos, de incompetencia, de responsabilidad y de daño a la economía española, los dirigentes del Banco de España no dejan de pontificar como si fueran los únicos que saben lo que realmente conviene hacer.

¿Se imaginan a un médico al que se le murieran todos sus pacientes alardeando por el hospital de ser él quien únicamente sabe la terapia a seguir con los enfermos y queriendo imponerla a cualquier precio? Pues algo así es el Banco de España en nuestra economía. Nunca acierta, no sabe cumplir con su función y nos impone una carga multimillonaria a los españoles, pero se empeña en decirnos qué es lo que se debe hacer para resolver los problemas que sus propias medidas anteriores han provocado.

Ahora vuelve a la carga, metiéndose una vez más en camisa de once varas, pues esa no es la función que corresponde a un banco central. En su reciente Informe Anual insiste de nuevo en el mismo tipo de reformas que a su juicio hay que acometer para hacer frente a la crisis provocada por la Covid. Olvidando que si esta ha tenido un efecto tan grande ha sido, como acabo de señalar, justamente a consecuencia de las políticas de recortes de servicios públicos esenciales, de las laborales que han producido precariedad y desigualdad y de las financieras que han multiplicado la deuda que los dirigentes del Banco de España han impulsado en los últimos años.

En concreto, ahora aprovecha su publicación para reforzar la propuesta con la que el capital bancario, de la mano de sus representantes políticos, trata de capturar el ahorro de las clases trabajadoras, la llamada «mochila austriaca».

Esta consiste básicamente en un fondo constituido desde la empresa pero lógicamente a cargo de los salarios que se asigna a cada trabajador y que puede ser utilizado en caso de despido, de traslado, para actividades formativos o, si llegara el caso, para completar la pensión.

La propuesta se justifica desde hace tiempo diciendo que así se combate la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, algo que no tiene mucho sentido porque este problema de nuestro sistema laboral más bien tiene su origen en la contratación fraudulenta. La realidad es que esta medida perjudicaría a las empresas que realizaran menos despidos, incitaría a llevarlos a cabo, desincentivaría la adopción de medidas de flexibilidad interna y no sería fácil que pudiera servir como fondo de pensión cuando los despidos, como cabe esperar que ocurra al desaparecer la indemnización, se reiteran a lo largo de la vida laboral.

Es cierto que teóricamente podría facilitar la movilidad (algo que ni siquiera se ha demostrado que ocurra en Austria) pero ese no es el problema principal de nuestro mercado laboral. En definitiva, prácticamente ninguna ventaja y una sola virtud: permitir que los bancos manejen el ahorro de los trabajadores, un botín suculento para hacer negocio especulativo en los mercados especulativos aunque, eso sí, a costa de un gran riesgo y volatilidad que antes o después pondría en peligro el patrimonio de las clases trabajadoras, e imponiendo más costes todavía a las empresas productivas que crean más empleo fijo.

También aprovecha el Banco de España para defender el mantenimiento de la última reforma laboral que básicamente supuso concentrar aún más poder de decisión en manos del empresariado, desequilibrando en mayor medida el ya de por sí desigual balance de fuerzas en nuestro sistema de relaciones laborales. Eso es lo único que parece interesarle.

Como he dicho, al Banco de España no corresponde hacer este tipo de propuestas de política económica y que, como todas, tienen un efecto muy desigual sobre el bolsillo y las condiciones de vida de la gente, pero no lo hace gratuitamente ni como fruto de la casualidad.

En su libro Guardians of Finance. Making Regulators Work for Us, James R. Barth, Gerard Caprio y Ross Levine demuestran que la crisis que comenzó en 2007 fue un «homicidio por negligencia» porque «los reguladores de todo el mundo sabían o deberían haber sabido que sus políticas estaban desestabilizando el sistema financiero mundial y, sin embargo, optaron por no actuar hasta que la crisis hubiera emergido por completo… mantuvieron políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad del sistema. Ha sido un desastre regulatoriamente inducido. Los reguladores pusieron en peligro a sabiendas sus economías en los diez o quince años antes de la reciente crisis».

Entre esos reguladores homicidas se encuentra el Banco de España que sigue empeñado en hacernos creer que darle todavía más privilegios y poder de decisión a la banca y a las grandes empresas, provocando así nuevas crisis, es la solución de nuestros problemas. Y no se pone freno a semejante desvergüenza e indignidad.

Fuente: https://blogs.publico.es/juantorres/2021/05/14/hablo-el-banco-de-espana-la-institucion-que-mas-dinero-nos-cuesta-a-los-espanoles/

La `bomba´ Fernández Diaz

Ernesto Ekaizer

La "provocación" del nombramiento del reprobado Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha naufragado. Una hora después del aplazamiento solicitado por el Partido Popular para la votación en la citada comisión, el grupo parlamentario popular intentaba colocar a Fernández Díaz en la presidencia de la comisión del Tribunal de Cuentas... donde también se ha aplazado la votación sine die. Parece que cuesta al PP reconocer los nuevos tiempos, el paso de 186 a 137 escaños.

Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quiso saber quien era el candidato un rato antes de la votación, ahora aplazada, para la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, pero no lo consiguió. Se da la circunstancia de que Fernández Díaz tampoco estaba inscrito en la citada comisión.

Pero los números tampoco le saldrían al PP en caso de que intente aprovechar el aplazamiento para inscribir al ex ministro y volver a la carga.

El naufragio de la provocación en Exteriores ha sido el resultado de las protestas de casi todos los grupos, excepto Ciudadanos, que se abstendría. La guinda ha sido la amenaza del PSOE esta misma mañana de presentar un candidato propio pero con la disposición explícita -para no violar el acuerdo de reparto de comisiones- de ceder esa presidencia a favor de un candidato del PP distinto a Fernández Díaz.

Pero el intento de recolocar al ex ministro pone de relieve la necesidad de Mariano Rajoy de compensarle tras haber prescindido de él en el Gobierno. En cualquier sitio. Es lo que dejan entrever fuentes del PP.

Todo esto tiene cierto morbo, pero el hecho es que Fernández Díaz tiene una espada de Damocles en la querella por sus maniobras de guerra sucia contra dirigentes independentistas de Cataluña presentada por uno de los perjudicados directos, el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, en el Tribunal Supremo.

Esas maniobras, aunque conocidas de manera fragmentaria, fueron el objeto de las conversaciones que mantuvo el entonces ministro del Interior con el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, el 2 y 16 de octubre de 2014. Unas conversaciones grabadas en el Ministerio del Interior y difundidas en la recta final de la campaña del 26-J.

La sala de admisión del Supremo nombró ponente para esta querella a José Manuel Maza el 9 de septiembre. El fiscal jefe Antolín Herrero pidió el archivo porque, sostenía, las conversaciones entraban dentro de las competencias del ministro. No veía, pues, la sombra de delito alguno.

Pero, fuentes jurídicas, aseguran que los magistrados de la sala de admisión ha considerado muy superficial el informe, escueto, de Herrero. Han habido deliberaciones.

Pero dos meses y medio después de presentada la querella el pasado 1 de septiembre el secreto es total.

¿Se ha archivado?

Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han decidido dejar a un lado la candidatura de Consuelo Madrigal para nueva fiscal general del Estado. Y se han sacado de la chistera, a última hora, cuando Madrigal confiaba a sus colaboradores que seguiría en el puesto por cuatro años, que el candidato es José Manuel Maza, un nombre aportado por Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, a La Moncloa.

¿Habría dado luz verde Rajoy al nombramiento de Fernández Díaz en la presidencia de Exteriores sin saber que se ha archivado o se va a archivar la querella contra él? ¿Habría apoyado ese nombramiento sabiendo que la sala de admisión ha resuelto favorablemente iniciar la investigación y, por tanto, llamar a declar en calidad de investigado a Fernández Díaz?

Mientras los cinco magistrados del Supremo encargados de esa querella (Marchena, Maza, Miguel Colmenero, Ana Ferrer y Andrés Palomo) guardan con total hermetismo lo que ha ocurrido, en Madrid la investigación sobre la filtración de la cuenta apócrifa atribuida a Trías en Suiza ha conocido una novedad.

El juez José Emilio Coronado, titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid, ha vuelto a dictar auto de conclusión de una querella interpuesta por Trías contra tres periodistas del diario El Mundo autores de la información sobre la cuenta bancaria atribuida a Trías.

Pero lo ha hecho después de practicar una prueba solicitada por los investigados y admitida por la sección séptima de la Audiencia de Madrid.

Esa prueba, un informe policial, prueba que la cuenta apócrifa procedía de un informe anónimo y que la Policía nunca acreditó que perteneciera a Trías.

Pero esto, que ya había sido admitido al juez Coronado por un escrito del entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, no es lo más relevante.

En un escrito al juez de 26 de octubre pasado, la actual fiscal jefe interina de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, señala que la UDEF envió el documento anónimo y la petición de apertura de diligencias el 14 de noviembre de 2014.

¿Qué importancia tiene esta fecha?

Pues que la filtración tuvo lugar el 27 y 28 de octubre de 2014.

Por tanto, Interior filtró, operación que Fernández Díaz y De Alfonso barajaban en sus conversaciones del 16 de octubre de 2014, la cuenta apócrifa primero y luego presentó la denuncia.

En un pasaje de esas conversaciones grabadas, Fernández Díaz le explica qué papel cumplen las filtraciones a los medios, tan exitosas en apartar a Jordi Pujol de la política.

“Lo digo porque muchas veces, cuando lo publicas, generas una presión mediática que al final haces que cosas por las que no se hubieran tomado interés, se lo toman”.

Pero Fernández Díaz falló.

Ni el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ni el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción recogieron el guante con la filtración. Era pocos días antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Porque Torres-Dulce ya conocía las maniobras de Interior en Cataluña, ante las elecciones autonómicas de noviembre de 2012, cuando unas semanas antes, en octubre, desembarcaron en Barcelona el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y el comisario José Luis Olivera. Objetivo: registrar a espaldas del juez instructor del caso Palau la sede de Convergencia Democrática de Cataluña.

También para esas fechas, noviembre de 2012, semanas antes de las elecciones autonómicas, se filtró un borrador apócrifo atribuido a la UDEF sobre actividades de Artur Mas y Jordi Pujol.

Pero en el caso de Trías, la petición del 14 de noviembre de Interior-UDEF a la Fiscalía Anticorrupción tenía también un propósito más concreto pasada la consulta del 9-N: buscaba desactivar la querella presentada en Madrid contra los periodistas el mismo 27 de octubre.

Se trataba de justificar con la existencia de una investigación de la Fiscalía la publicación de la cuenta apócrifa, es decir, dar un aire de verosimilitud y de veracidad. Con ello, el juez acabaría archivando el caso.

También en esto han fallado Fernández Díaz y sus boys.

Los esfuerzos de Rajoy por compensar a Fernández Díaz nos remiten a dos pasajes de las conversaciones grabadas.

En la primera reunión, el 2 de octubre de 2014, Fernández Díaz le apunta a De Alfonso:

Jorge Fernández Díaz: Quedamos si te parece. Yo tomo buena nota y voy a trasladar esta conversación a quien te puedes imaginar, le explico ¿no? Lo que me has dicho y tal.

Daniel de Alfonso: Sí, no te preocupes.

Jorge Fernández Díaz: Esto queda entre nosotros y a quien se lo voy a contar, que es una tumba, como es obvio ya actuará como estime oportuno y conveniente.

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