Los hijos más inesperados. Andrew Solomon firma un conmovedor libro sobre las implicaciones de ser padre

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Seres humanos, no simplemente casos. Este es un libro con nombres propios, que muestra hasta qué punto el conocimiento comporta el enigma y el misterio de lo imprevisto y de lo inclasificable de la vida. Más exactamente, el dolor y el sufrimiento, o el encuentro con formas inauditas de sentido y hasta de alegría, en situaciones verdaderamente límite. Es un libro sobre las relaciones entre padres y madres y sus hijos e hijas, y no un catálogo que pretende clasificar experiencias, muchas de las cuales se ordenan como enfermedades o anomalías, algo sin duda polémico para quienes desconfían, con razón, de la tipificación de “lo normal”. Baste el índice para ratificarlo: “Hijo, Sordos, Enanos, Síndrome de Down, Autismo, Esquizofrenia, Discapacidad, Prodigios, Violación, Crimen, Transgénero, Padre”. Con trescientas páginas de bibliografía, índices y notas, y aún más en su edición digital, el volumen, que supera las mil, muestra una decidida voluntad de corresponder a los avatares y progresos de la ciencia, también en su dimensión social y humana. Los terrenos son, sin embargo, tan resbaladizos y los avatares de la existencia tan desconcertantes que pronto comprendemos, a pesar de su atractiva lectura, que ni es tan fácil, ni tan posible saber en muchas ocasiones qué es mejor. Más concretamente, qué es mejor hacer.

Andrew Solomon, profesor de psiquiatría en la Universidad de Cornell, tras ser reiteradamente galardonado con El demonio de la depresión, se muestra también en esta ocasión concernido, hasta conmocionado, más allá de su voluntad de presentar un estudio elaborado, en al menos diez años, con alrededor de trescientas familias que han aprendido a vivir, a convivir y a sobrevivir en situaciones de enorme complejidad, incluso extremas. La propia historia de Solomon se ofrece como una suerte de relato de alumbramiento. “Emprendí esta obra para perdonar a mis padres y la concluí concibiendo un hijo. Comprender el pasado me ha dado libertad para vivir el presente”. “Solo reconocí que era gay cuando comprendí que la homosexualidad no tiene que ver con la conducta, sino con la identidad”. Tal vez únicamente en este sentido define su obra como de autoayuda, como una suerte de proceso para convertirse en padre, en creador y descubridor, más aún que en reproductor, para proyectar y aceptar simultáneamente. “Este es un manual para aprender a ser receptivo”, para “tolerar aquello que no puede curarse y una ilustración de que curar, aunque sea factible, no siempre es lo apropiado”. Se trata de elegir, de poder elegir. Y en esto no se sabe qué es peor, estigmatizar o atribuir un aire romántico a lo que nos enfrentamos.

En cada página del libro hay algo que problematizar o discutir, algo que cuestiona nuestras posiciones o prejuicios, que nos inquieta, que nos da que pensar, que nos convoca a debatir. No nos deja indiferentes. Todos sentimos más o menos cerca la irrupción de lo más inesperado. Ni los imprescindibles diagnósticos y pronósticos logran finalmente esquivar lo que llega a calificarse en el libro como “un sufrimiento infinito”, que conlleva en determinados momentos la necesidad de los padres de proteger de su propia desesperación a sus hijos. No falta aliento, ni ánimo, ni fuerzas, pero tampoco Solomon claudica ante fáciles alivios o consuelos. Se trata de afrontar y de procurar acompañar, de cuidar y de remediar, pero sin precipitarse en el uso de la palabra “enfermedad”, ni en el abuso de la palabra “curar”. Llega a decirse que es una puesta en duda y en evidencia de las diversas formas de amar y de los conceptos divergentes del amor, y de entender lo que cabe esforzarse por hacerlo cuando hay que cruzar líneas divisorias. Tanto que Solomon viene a señalar que “la pasión confunde, y la mayoría de estos padres actúan de tal modo arrastrados por ella que identificarla como amor o como odio es quitarle importancia. Ellos no saben lo que sienten; solo conocen la fuerza de su sentimiento”. Las historias y las experiencias de estas relaciones no permiten precipitadas tomas de posición. Se trata, en ocasiones, de buscar simplemente no hacernos daño cuando la autonomía tarda en llegar, y ya cuesta esperarla.

Se precisa, sin embargo, intervenir. No son espacios de pasividad. Y hay conocimiento y oficio y ayuda, y es necesario buscarlos, requerirlos, pero ello no siempre libera de lo que incluso la palabra “temor” parece no alcanzar a decir. Y hay entrega, la que Solomon encuentra hasta extremos insospechados. “Si un ángel glorioso descendiera de los cielos hasta mi salón para decirme que me cambiaría mis hijos por otros que fueran más listos, amables, divertidos, cariñosos, disciplinados o dotados, me aferraría a los que tengo y, como la mayoría de los padres, le rogaría a ese atroz espectro que volviera por donde había venido”. No es simple resignación, es expresión de una sociedad para Solomon cada vez más diversa y tolerante. La regularización, la inclusión, la desinstitucionalización, el movimiento por los derechos de los discapacitados y las políticas de identidad son el camino. Y esta tarea nos compromete. Más aún, Solomon no olvida el valor y la generosidad de tantas personas para abrazar la más inesperada y concreta diferencia.

Lejos del árbol. Andrew Solomon. Traducción de Sergio Lledó Rando y Joaquín Chamorro Mielke. Debate. Barcelona, 2014. 1.064 páginas. 39,90 euros (electrónico: 12,99)
Fuente: El País, Babelia.

Una joven de Murcia entrega su bebé a la asistencia social. Volveremos a los tornos?

Una joven, en Murcia, entra a la consulta de atención directa de los servicios sociales locales, deja a su bebé en su canastilla y con varias mudas de repuesto sobre la mesa y dice, con cara avergonzada, que no tiene recursos para mantenerlo. “Cuídenlo bien”. Y se va. La escena se produjo hace pocos meses. La relata José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En 30 años de carrera nunca había conocido esto”, asegura.

Los profesionales empiezan a alertar de que situaciones como esta son cada vez más comunes. El caso de unos padres que el pasado junio dejaron a sus hijos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), aduciendo carencias económicas, abrió un escenario repleto de interrogantes. Cuando unos padres no pueden mantener a sus hijos, ¿qué deben hacer? ¿Están los servicios sociales y los poderes públicos preparados para actuar cuando la pobreza aprieta hasta este límite? ¿Es lo mismo dejar a unos niños abandonados en la calle que entregarlos a una institución pública?

Consuelo Madrigal, fiscal coordinadora de menores, responde con rotundidad: “No es lo mismo ni mucho menos”. Independientemente del motivo. Lo primero, explica, es un delito, “porque pone en peligro al menor, incluso su vida”. Eduardo Esteban, ex fiscal provincial de Madrid, tampoco duda: “Es distinto dejar a unos niños en una institución pública o incluso en una iglesia, donde sabes que van a estar atendidos, que dejarlos en un parque”, dice. “Puede haber un incumplimiento de las obligaciones. Pero para que haya delito tienen que dejarlos solos, en una situación de riesgo. Ese es el matiz”, apunta. “No se culpa a los padres porque no hay dolo, no hay mala intención, sino una situación de pobreza”, explica Madrigal. “Pero cuando la situación pasa de riesgo a desamparo, porque al niño le falta sustento material o moral, la Administración asume la tutela”, detalla la fiscal. A partir de ahí, “se investiga y se intenta apoyar a la familia para evitar la separación”.

Sanidad redujo un 65% el plan que incluye la atención de emergencia
Ramírez añade que la Administración “debe tener en cuenta la actitud de los padres, si han pedido ayuda y no han dejado de atender a los niños pese a la miseria” antes de asumir su tutela y separar al menor de su familia. Almudena Escorial, portavoz de Save the Children, cree que “no se debería llegar a esa situación”. Pero la realidad es compleja.

 
Todos los agentes implicados en este tipo de procesos sostienen que la pobreza nunca puede ser el único motivo para que unos padres pierdan la tutela de sus hijos, ni tampoco para impedir que puedan recuperarla. Así lo aseguran el Ministerio de Sanidad, los servicios sociales, la Fiscalía de Menores, las ONG y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este último, con una sentencia reciente en la que condenaba a España a indemnizar a una madre por separarla de su hija solo por su precaria situación económica. Tras presentarse con la niña en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y alojamiento”, la pequeña fue trasladada a un centro de menores, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.

 
Lo prioritario, dicen los expertos, es sacar a las familias de la miseria. “La ley prioriza la protección del menor, pero apoyando a los hogares para que no se produzca el desamparo. La retirada tiene que ser solo porque haya un riesgo muy elevado”, detalla Idelfonso Sánchez, técnico de protección de menores en Almería. Marta Arias, responsable de políticas de infancia de Unicef, añade: “Unos padres sin recursos no son malos padres. Hay que ayudar a las familias porque es donde mejor están los pequeños, salvo que haya malos tratos”.

 
Pero la crisis no perdona y 2,2 millones de niños viven, según un informe de Unicef de 2012, en hogares por debajo del umbral de la pobreza en España (con menos de 16.400 euros anuales para dos adultos y dos menores). La Guía para las Ayudas Sociales para la Familia 2013, publicada por el Ministerio de Sanidad, prevé distintas prestaciones para colectivos en riesgo, como las rentas mínimas de inserción, los centros de acogida para “personas, familias o grupos carentes de un medio adecuado”, y recursos para personas sin hogar de “alojamiento, alimentación, vestido e higiene”.

 
Socorrer a las familias sería más barato que retirar al menor de su casa

Esta es la teoría. Pero en la práctica, los recursos para reflotar a las familias han pasado por la tijera, desde las becas de comedor en colegios hasta las ayudas de emergencia. Esta última, además, llega con un retraso de hasta ocho meses en algunas autonomías. En este sentido, la asociación que preside Ramírez denuncia la situación de “desamparo de las familias”. Lo que, según esta organización, supone una vuelta al modelo de la beneficencia. “En vez de recibir una ayuda de la Administración, la gente se ve abocada a salir en la televisión, dar lástima y que un alma caritativa les asista”, se queja Ramírez. “Conocí a dos inmigrantes con tres hijos. Él trabajaba en la construcción y se quedó en paro. A la madre le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando fueron a pedir ayuda a ella le dio un brote psicótico y él, abrumado, huyó. Los pequeños pasaron a protección de menores. Pero esto no hubiera pasado si hubieran tenido un salario social y ayuda psicológica. El padre hubiera tenido un colchón para mantener a la familia y no sentirse desbordado”, relata.

 
Santiago Agustín, psicólogo con experiencia en centros de menores de Madrid, asegura que el trabajo con las familias “es muy pobre”. “La inversión en centros de protección es desmesurada (la estancia de cada menor puede costar hasta 4.000 euros al mes), y en los barrios no se percibe el trabajo con las familias”, afirma.

“La Administración se tiene que adaptar”, reconoce la fiscal coordinadora de menores. “Con la crisis se ha elevado el nivel de marginación y se ha incrementado la demanda de protección. Los servicios sociales y las entidades de protección a la infancia están desbordados, tanto en recursos materiales como profesionales”, afirma. “Las intenciones de la Administración son buenas sobre el papel, pero tienen que estar dotadas económicamente, con profesionales e infraestructuras”, reclama Ramírez. Denuncia que el plan concertado de servicios sociales de Sanidad, en el que se incluyen las ayudas de emergencia, se ha reducido un 65% en los dos últimos años. Las autonomías también han metido la tijera, algunas más que otras. En el País Vasco una de cada 13,5 personas recibe una renta mínima de inserción (cuando se agotan el paro y los subsidios); en Murcia lo hacen una de cada 316 y perciben, además, una cuantía mucho menor.

La miseria suele traer otros problemas, que son los que se aducen para retirar la tutela Cuando la ayuda no llega, ¿qué deben hacer los padres sin recursos? Gustavo García, director del albergue social de Zaragoza, el primero que habilitó módulos para familias en España, subraya: “Lo correcto es solicitar la guarda voluntaria de los niños. Los padres tienen que pedir la guarda a los servicios sociales cuando no pueden hacerse cargo de sus hijos, por motivos económicos u otro tipo de circunstancias. La Administración se hace cargo temporalmente de ellos, y los padres no pierden la patria potestad”.

Esta modalidad de ayuda con los hijos ha descendido desde 2006. Ese año había 9.598 menores en guarda, frente a 4.537 en 2011. La bajada tiene una doble explicación, según García: la salida de inmigrantes del país y el temor de algunos padres a acudir a los servicios sociales a solicitar auxilio porque creen que les van a arrebatar a sus niños. “Algunos pasan hambre por temor a pedir ayuda”, dice. Recuerda que una paciente de un hospital en Zaragoza fue pillada echando la comida al bolso. Cuando los profesionales le preguntaron por qué, ella respondió: “Mi hijo pasa hambre en casa”. García quiere desmontar el mito: “Esa imagen de que vamos retirando niños es falsa”.

José Luis Calvo, vicepresidente de Prodeni, entidad defensora de los derechos de los niños, discrepa. Afirma que en ocasiones sí se producen retiradas de niños por situación de pobreza. “Es evidente que este factor no aparece como único fundamento de ninguna retirada de niños. Tampoco como motivo para que los padres no los puedan recuperar. Pero subyace más o menos explícito en no pocos informes”, afirma. La miseria suele estar acompañada de otros problemas de salud, emocionales o inestabilidad en la vivienda, según Calvo. “Estas circunstancias son las que se alegan como agravantes para quitarles la tutela”, asevera. Y una vez retirada, en su opinión, “no se promueve la reagrupación”. “Para recuperar a los hijos casi hay que pasar una oposición”, ejemplifica.

2,2 millones de niños viven en hogares bajo el umbral de la pobreza en España

En la memoria de Calvo hay muchos ejemplos. Su organización defendió recientemente a una madre que pasó siete años visitando a sus hijos, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, una hora al mes. “En ese tiempo su situación económica y personal cambió. Pero tenía la etiqueta de que ‘no era colaboradora’ y no se los devolvían”, relata. Al final, con intermediación de Prodeni, recuperó a los pequeños.

Santiago Agustín opina que “los niños acogidos deberían relacionarse con sus familiares de origen diariamente”. En la mayoría de las regiones, las visitas son, por defecto, de una hora al mes. “Esto solo puede calificarse como maltrato institucional”, asevera. El psicólogo no ve lógico que, salvo que existan malos tratos o riesgo grave, se restrinjan los encuentros y el sistema sea tan rígido para la recuperación.

Con todo, la actuación de la Administración tendrá que adaptarse a una casuística que aumenta con la crisis: padres que no tienen qué llevar a la boca de sus hijos. “Y entender que las situaciones, con el tiempo, cambian”, zanja Calvo. 

Fuente: El País.