El impuesto al Sol y la teoría de los gorrones. Bien está que se desactiven los obstáculos al progreso renovable. Hagámoslo sin crear una capa espesa de 'free riders' (polizontes) que se benefician de infraeestructuras o servicios a los que no contribuyen.

Tiempo le faltó a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, después de su nombramiento para anunciar su intención de suprimir el llamado “impuesto al Sol” que, a pesar de su nombre restrictivo, afecta a todas las energías renovables, aunque la solar termoeléctrica sea más asequible para los consumidores. Bien es verdad que la declaración de la ministra fue genérica, de ese tipo de manifestaciones que responden tanto a la euforia del momento como a la inteligencia de marcar la profundidad del cambio respecto a una administración anterior, en cuyo legado energético se mezclan alocadamente la confusión, el enfrentamiento con Europa y los errores de bulto. Ahora bien, el impuesto al Sol, como otras cuestiones capitales en la estructura energética española, requiere algo más que una declaración de intenciones para marcar territorio; exige mucha reflexión y un montón de detalles. Y, de paso, un esfuerzo didáctico sobre el recibo de la luz.

El llamado impuesto al Sol (en adelante seguiremos aludiendo al Sol, aunque debe quedar claro que los argumentos son aplicables al mercado renovable) es un gravamen o peaje de respaldo que se impone a quienes disponen de plantas solares para suministrarse de energía doméstica o industrial. Pero no se trata de una exacción injustificada, sino la contrapartida al derecho a conectarse con la red general que tiene el consumidor cuando se nubla el Sol. Si el usuario solar quiere tener garantizado el suministro eléctrico cuando el cielo está encapotado, lo lógico es que contribuya al pago de los llamados peajes, es decir, la parte de la tarifa que no depende de la fijación del precio de la electricidad a través de un mercado, sino que financia los costes asociados a las redes de distribución (redes de alta y baja tensión), más los intereses de la deuda tarifaria, más las obligaciones que se pagan a las renovables más el suministro de luz a las islas (Baleares y Canarias).

Si acaso se suprimiera el impuesto, como también propone sin más la Comisión Europea, sería conveniente mencionar cuál es la financiación sustitutiva. Habría que explicar a los consumidores —en el caso de que se mantuviera la estructura actual de tarifas— que el coste de los peajes sería cubierto solo por quienes no tienen placas solares. Los que sí tienen placas, posesión que es signo indirecto de mayor renta, no pagarían, a pesar de que utilizan a discreción la red común. Menos a pagar significa factura individual más alta. Lo cual no dejaría de ser una soleada injusticia.

Cosa distinta es cuál es la carga imputable a la autoproducción solar. Puesto que los peajes están acrecentados de forma artificial (déficit de tarifa, insulares, etcétera), parecería razonable imputar a los consumidores solares solo la parte proporcional de los costes en los que incurren cuando se conectan; serían exactamente los costes de distribución y transporte de la electricidad de que ellos se benefician y que ascienden a unos 7.200 millones anuales. Si se llegara a un acuerdo de esa naturaleza ya no estaríamos ante una derogación de la tasa, sino frente a una reforma con límites razonables.

Bien está que se desactiven los obstáculos al progreso renovable. Hagámoslo sin crear una capa espesa de free riders (polizontes) que se benefician de infraestructuras o servicios ajenos. En España el término aceptado es gorrones.

https://elpais.com/elpais/2018/06/15/opinion/1529076832_641112.html

Apuestan por las energías renovables y rechazan una ampliación de la actividad de las nucleares hasta los 60 años 125 organizaciones se manifiestan hoy en Madrid por el cierre de las centrales nucleares

 Más de 125 organizaciones sociales, ecologistas y políticas de los estados español y portugués han llamado a participar en la manifestación que se celebra el 10 de junio en Madrid, para reivindicar el cierre de las centrales nucleares. Con la consigna “Cerrar Almaraz y todas las demás. 100% renovables”, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) ha convocado esta movilización para pedir al Gobierno que no se renueven las licencias nucleares, “ante el alargamiento previsto de la vida de las centrales sin un debate público oportuno”. Las organizaciones convocantes rechazan la Orden Ministerial “que apuesta por la prolongación de la actividad de las centrales nucleares”. La decisión del gobierno se produce, critican estas fuentes, en pleno proceso de renovación de los permisos de explotación y en el contexto de otras cuestiones todavía pendientes, como el porvenir de la planta nuclear de Garoña, la licencia del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) y el intento de ampliación del cementerio de residuos radiactivos de El Cabril (Córdoba).

Enric Llopis

Rebelión

En un principio Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa (empresas propietarias de las plantas nucleares) tenían que renovar la mayoría de las licencias de explotación en 2017 y a lo largo de 2018: Almaraz, antes del ocho de junio; Vandellós, antes del 26 de julio; Cofrentes (20 de marzo de 2018), Ascó I y II (dos de octubre de 2018) y Trillo (17 de noviembre de 2021). Sin embargo, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido ampliar el límite para que las empresas soliciten la renovación de las autorizaciones de explotación. En el caso de Almaraz y Vandellós, el plazo concluye el 31 de marzo de 2019. Según el portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià, Carlos Arribas, “se trata de una medida que responde a los intereses de las empresas y que éstas propusieron en su día; algunas no tienen claro si continuar o no, por ejemplo Iberdrola considera que la central de Garoña no representa hoy un buen negocio”.

Más allá del dédalo administrativo, el manifiesto concluye de manera rotunda: “La energía nuclear es cara, sucia y peligrosa”. Así lo acreditan catástrofes como las de Harrisburg, Chernóbil o Fukushima. En el estado español, “el funcionamiento hasta los 60 años supone un riesgo inaceptable, ya que los accidentes serán más probables en un parque nuclear envejecido”. ¿Qué implicaría un alargamiento de la vida de las plantas nucleares? Según los colectivos ecologistas, un incremento “considerable” de los residuos radiactivos, principalmente los de “alta actividad”; estos “son peligrosos durante centenares de miles de años, y tampoco existe una forma de gestión aceptable”. Otra razón importante es el lucro empresarial: “Continuar con la obtención de beneficios millonarios a través de la factura eléctrica y otras subvenciones costeadas por la ciudadanía”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) apunta, como ejemplo de los riesgos de catástrofe, el cortocircuito ocurrido el pasado 23 de mayo en las barras de alimentación eléctrica de la central nuclear de Ascó I (Tarragona). El MIA y Ecologistas en Acción denunciaron que los hechos fueron “mucho peores” de lo publicitado por el CSN, que los situó en los niveles más bajos de la escala y sin impacto para la seguridad. Según informaciones de los grupos ecologistas, el cortocircuito hizo que se produjeran fallos en toda la iluminación “normal”, lo que obligó a encender la de emergencia. Además, “fallaron todos los controles de acceso a las zonas restringidas; y durante el fallo de alimentación eléctrica, los trabajadores podrían haber entrado en zonas con alto riesgo de contaminación e irradiación externa”. El portavoz del MIA y de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, alertó de la importancia respecto a la seguridad que tuvo el “incidente”, por lo que “debería ser calificado como “Nivel I”.

La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, insiste en la amenaza que supone el envejecimiento del parque nuclear. Mientras que la vida útil media de los reactores nucleares a escala mundial es de 29 años, en el estado español la vida útil media es actualmente de 33, y con las actuales licencias de explotación se alcanzarán los 38 años. “Las centrales en España se diseñaron inicialmente para una vida útil de entre 30 y 40 años, ampliar el límite más allá de la vida de diseño incrementa los riesgos para la seguridad”, sostiene la activista en un acto organizado por la Plataforma Tanquem Cofrents en la Universitat de València. Las empresas plantean que la actividad de las centrales nucleares se amplíe hasta los 60 años.

Montón recuerda que el coste del desmantelamiento tienen que cubrirlo, tal como establece la legislación, las empresas propietarias. Según las últimas evaluaciones (julio de 2015), el coste de desmantelamiento y gestión de los residuos radiactivos en España ascendería a 20.200 millones de euros. ¿Existen esos recursos? Un informe de la Comisión Europea de 2016 señala que la financiación disponible no alcanza, en el caso español, siquiera el 30% de la cantidad requerida, lo que implica el menor porcentaje en los países de Europa occidental. En cuanto a posibles alternativas, Greenpeace recuerda que según las cifras de Red Eléctrica de España, en 2015 la energía nuclear representó cerca del 21,7% de la electricidad producida en todo el estado, mientras que el porcentaje de generación renovable aportó el 36,9%. A escala global, también hay datos para cuestionar el futuro halagüeño de las nucleares. Hasta el año 2015 se habían desmantelado 157 plantas nucleares, 95 de ellas en Europa. Además, un tercio de las centrales que actualmente operan en el viejo continente habrán cumplido en 2025 su periodo de vida útil.

Diseñada a finales de los años 60, la central nuclear de Cofrentes (Valencia) logró la autorización para su puesta en marcha en julio de 1984, mientras que el permiso de funcionamiento termina en marzo de 2021. En la conferencia titulada “Cap a una inevitable tancament de les nuclears. Una porta oberta a les renovables” ha participado José Juan Sanchis, de la Plataforma Tanquem Cofrents, integrada por una decena de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales. “Esta planta nuclear beneficia a los amos de Iberdrola, y nos perjudica al 99,9% de la población”. La plataforma, que ha presentado mociones en los consistorios del País Valenciano por el cierre de la nuclear, se ha adherido a la manifestación del 10 de junio en Madrid.

Según Iberdrola, la planta de Cofrentes es la que cuenta con mayor potencia eléctrica instalada en el estado español, con 1.092 megavatios (en 2016 produjo el 17% de la energía eléctrica de origen nuclear en el estado español). Los grupos ecologistas alertan de los serios riesgos de la central, ubicada a dos kilómetros de Cofrentes. Recuerdan que la central valenciana contabiliza 25 paradas no programadas y más de cien “incidentes” de seguridad. Además, a finales de 2016 Iberdrola inició los trámites para implantar un almacén de residuos radiactivos en la central de Cofrentes. El almacén proyectado es, a juicio de Tanquem Cofrents, el primer paso del plan que persigue la empresa: la ampliación del periodo de funcionamiento de la central, más allá de su periodo de vida útil.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético agrupa a más de 400 organizaciones y 3.900 personas en el estado español. Actualmente mantienen la campaña “#UnMillonSesale”. Se trata, explica el activista de la plataforma y miembro de Tanquem Cofrents, Salvador Moncayo, de que un millón de personas abandonen el “oligopolio eléctrico” y contraten el suministro con una cooperativa o empresa que comercialice electricidad de origen renovable. “Estamos ante años cruciales, sostiene Moncayo, y sólo la presión ciudadana podrá impedir que se otorguen más licencias de explotación”. Si así fuera, las centrales nucleares actualmente en funcionamiento cerrarían sus puertas en 2020 y 2021, salvo la planta nuclear de Trillo, cuya licencia expira en 2024. Actualmente, agrega el activista, el negocio de las empresas eléctricas se mantiene “en respiración asistida, por esta razón se afirma que energías como la solar no son rentables; pero se les acaban los argumentos”.