Felipe González y Alfonso Guerra se olvidan de Felipe González y Alfonso Guerra

La notable participación en la presente campaña electoral del expresidente socialista Rodríguez Zapatero, no solo defendiendo al actual secretario general del PSOE sino para reivindicar todo el legado político de su partido, contrasta con las críticas, unas veces veladas y otras expresas, que vienen haciendo quienes posiblemente han sido las dos figuras más relevantes del socialismo español contemporáneo, Felipe González y Alfonso Guerra.

Desde hace meses, estos últimos no han dejado de manifestar sus posiciones disconformes frente el gobierno de Pedro Sánchez, sumándose así a los constantes y despiadados ataques de la derecha. En algunos casos, incluso con descalificaciones personales o con juicios de intenciones de los que nadie puede defenderse. Así ocurrió con Alfonso Guerra, cuando sugirió que Sánchez adelantaba las elecciones por razones personales, para optar a la secretaría general de la OTAN, dejando caer, además, que esta organización tomado la «aberrante decisión» de retrasar la fecha del nuevo nombramiento para hacerlo posible; lo que, por cierto, más bien habría que entender como una muestra de gigantesca relevancia internacional del presidente español y no como una descalificación. O, en el caso de Felipe González, defendiendo que gobierne la lista más votada, un principio nada constitucional, antidemocrático, puesto que puede dar lugar a que una minoría gobierne a la gran mayoría de la población, nunca respetado por la derecha en España y que González no ha defendido cuando su partido ha sido el más votado.

Las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra son legítimas y nadie los puede descalificar por el hecho de que las hagan. Lo que a mí me resulta extraño es que ambos se sumen al coro de quienes atacan sin piedad al presidente Pedro Sánchez y a su gobierno olvidando que lo que se dice contra este último es prácticamente lo mismo que la derecha decía en su día contra Felipe González y Alfonso Guerra con el fin de echarlos del gobierno de cualquiera forma que fuese.

A Felipe González también le dijeron que era un mentiroso, como ahora a Sánchez: «Lo que mejor sabe hacer González es engañar, engañar y engañar«, decía Aznar en mayo de 1993.

A Felipe González también le dijeron que era desleal con España por pactar con Marruecos, como a Sánchez.

A Felipe González también le acusaron de «vulnerar una y otra vez el pacto sellado durante la transición para no revolver en el pasado y de intentar apropiarse de la memoria histórica de los españoles» y dividirlos, como a Sánchez.

A Felipe González también le acusaron de atentar contra la independencia de los jueces para convertir el Consejo del Poder Judicial en «un órgano de depuración de la magistratura«, como a Sánchez.

A Felipe González también lo acusaban de «soltar terroristas» en lugar de combatirlos. O incluso de ser él mismo un terrorista.

A Felipe González también le decían que era «un prisionero de las luchas en el seno de su partido» y que hacía «dejación de sus funciones como presidente del Gobierno«.

A Felipe González lo hacía responsable el PP en 1993 «del clima de corrupción generalizada que hay en España«. Algo, al menos, de lo que no pueden acusar hoy a Pedro Sánchez.

A Felipe González lo acusaba el PP de «faltar a la verdad», «confundir a la opinión española», y «engañar a la gente a través de la televisión». Algo, esto último, de lo que tampoco se puede acusar a Sánchez pues ha puesto la televisión pública en manos de la derecha.

A Felipe González lo acusaba la derecha de enriquecer ilegalmente a su familia. Un tipo de ataque personal como los numerosos que ha recibido Pedro Sánchez.

A Felipe González lo acusaron los dirigentes del PP Javier Arenas y Ruiz Gallardón de manipular los resultados de las elecciones generales de junio de 1993, como están intentando hacer con Sánchez.

El propio Felipe González denunció que a partir de 1993 se desencadenó una «cacería política» contra miembros de su gobierno cuyo objetivo era acabar con él mismo.

Al Felipe González le dijo José María Aznar lo siguiente en el debate sobre el Estado de la Nación de marzo de 1993: «Usted señor González, no está a la altura de las necesidades de España, y usted no está en condiciones de seguir gobernando (…) no está en condiciones de abordar con rigor ni un solo problema. Usted no puede seguir en el gobierno. Usted que ha sido el causante del daño, no puede ser quien lo corrija, asuma la responsabilidad que le corresponde y váyase, y no alegue más excusas… Váyase, Señor González». Lo mismo que le llevan diciendo a Sánchez desde que es presidente.

A Felipe González lo acusaban en el diario ABC (por utilizar a un solo medio como ejemplo) de cosas como las siguientes: «cinismo al mentir», estar «aferrado desesperadamente al poder», ser «capaz de comprometer la misma unidad de España con tal de seguir aferrado al poder», «estar de rodillas ante Pujol», colocar «sus intereses personales por encima de los intereses de España», ser «tan cerril que no hará otra cosa que ahondar la descomposición de España», asistir «al incendio de España cultivando con esmero su jardín de bonsáis», haber caído en una «miseria política (que es) una ofensa permanente al pueblo español», o que «derrocha y despilfarra recursos públicos»…..

¿Hay acaso alguna diferencia entre lo que Felipe González y Alfonso Guerra oyeron de la derecha y de sus medios de comunicación cuando gobernaban y lo que se dice ahora de Pedro Sánchez y su gobierno? ¿No es lo mismo?

Si las críticas que ahora hace la derecha a Pedro Sánchez y a su gobierno fueran nuevas, podría entenderse que personalidades como Felipe González o Alfonso Guerra se unieran a ellas y los combatieran. Lo que me resulta inexplicable es que personas con tanta experiencia e inteligencia como ellos hayan perdido en semejante medida la memoria y no se den cuenta de que ahora simplemente se está reeditando exactamente lo mismo que ellos vivieron.

No hay nada nuevo. El periodista Luis María Ansón, uno de los instigadores de la campaña de infamias contra el gobierno socialista de entonces, tuvo al menos la honradez de confesar públicamente en 1998 lo que ocurrió: “Había que acabar con Felipe González, esta era la cuestión«.

Ahor se trata de exactamente de lo mismo y por la misma razón: la derecha española, la de los privilegios a gran escala urdidos durante siglos, se cree dueña de España y la única con derecho a decidir su destino. Y quiere acabar con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista y con sus socios del gobierno, por las mismas sinrazones y con las mismas mentiras que utilizaron contra Felipe González y Alfonso Guerra.

Afortunadamente, no todos los socialistas tienen tan mala memoria como ellos. Cientos de viejas y viejos militantes han suscrito por toda España manifiestos para mostrar que defienden y se sienten representados por su actual secretario general y por el gobierno progresista que ha presidido.

Decía Shakespeare que la memoria es el centinela del cerebro. España se juega mucho el próximo domingo y necesitaremos por ello de toda nuestra inteligencia para decidir nuestro voto. No olvidemos, no perdamos la memoria.

https://juantorreslopez.com/felipe-gonzalez-y-alfonso-guerra-se-olvidan-de-felipe-gonzalez-y-alfonso-guerra/

Contra el abstencionismo: la disputa electoral en España

Si bien el sentido de la abstención cambia según los contextos históricos, en la situación española actual el llamado a no votar constituye una estrategia política cuando menos dudosa. Es cierto que hay momentos en que la importancia del acto electoral puede minimizarse: 1) en una coyuntura en la que una fuerza política tiene asegurada la mayoría absoluta en las instituciones estatales; 2) en un sistema político en el que algunos partidos están proscriptos; 3) en un sistema político dominado por el bipartidismo que plantea continuidades políticas con independencia a quien gobierne, 4) en un contexto donde la derecha no tiene posibilidades de gobernar con mayoría absoluta o incluso 5) en un contexto en el que ninguna de las fuerzas políticas encarna una alternativa de cambio real. Podrían reconstruirse otras situaciones en las que el sentido del voto ya está predefinido y que, razonablemente, no tiene fuerza disruptiva.

Sin embargo, ninguna de esas coyunturas políticas se plantea en el presente. Por el contrario, en la medida en que el electorado de izquierdas se movilice, la posibilidad de fragmentación parlamentaria es más real que nunca. A diferencia de otros períodos electorales, se plantea un ensanchamiento inédito de opciones políticas de izquierdas, que erosiona una composición parlamentaria atravesada por el bipartidismo. Que dicha composición haya permitido el despliegue de políticas de estado regresivas (como ha ocurrido con el cambio constitucional express para la reducción del déficit o la reforma del código penal) es un indicio del trasfondo común que comparten PP y PSOE en asuntos fundamentales, incluso si eso no niega algunas diferencias políticas reales.

Ante esta situación, el llamado a la abstención se desentiende de las correlaciones de fuerza entre diferentes partidos políticos en las instituciones estatales y con ello, permite una infra-representación de fuerzas parlamentarias como IU o Podemos (aun cuando tales fuerzas no necesariamente se ajusten de forma satisfactoria a nuestras expectativas). Para invertir el ángulo: permite la consolidación de una probable alianza entre partidos como Ciudadanos y Partido Popular.

No es sólo que estemos frente a un gobierno nefasto que nos atrapa como moscas en una telaraña política que enlaza corrupción y saqueo, salvataje privado y hundimiento colectivo. No es sólo que la mayoría automática del partido de gobierno haya dado vía libre a un recetario neoconservador que ha arrasado conquistas históricas tan valiosas como irrenunciables, facilitada por un blindaje jurídico crecientemente dictatorial. Lo específico de la coyuntura política actual es que hay una oportunidad histórica de desestructurar un sistema político basado en la lógica de los grandes partidos y reconfigurar las relaciones de poder de una estructura parlamentaria anquilosada.

El recuento de los estragos perpetrados por el partido popular de forma deliberada y coherente en los últimos años es extenso: la política de recortes en sanidad, educación, servicios públicos y prestaciones sociales; la política de rescate a la banca privada sin contraprestaciones ligadas a la recuperación del crédito para familias y PYMES; la política de sobre-endeudamiento del estado, a pesar de la tendencia a privatizar empresas públicas (con el pretexto de reducir gastos y obtener liquidez); la política tributaria de amnistía a los evasores y de manifiesta regresividad de su estructura (gravando más las rentas de trabajo que las rentas de capital); la política de precarización del empleo y consolidación de mercados laborales asediados por la temporalidad, la pauperización de las condiciones de trabajo, la caída salarial, la pérdida de derechos laborales, la institucionalización de la “flexo-explotación” y el mantenimiento de una elevada tasa de desempleo; la política de tolerancia ante la economía sumergida, el fraude y los paraísos fiscales; la política armamentística expansiva, que sigue comerciando armas con gobiernos que incumplen los derechos humanos más básicos; la política energética orientada a la protección de los intereses de las grandes corporaciones privadas del sector, en perjuicio del uso de energías renovables y de una reducción tarifaria generalizada; la política jurídica orientada a la conversión de la protesta social en delito y a la consolidación de un sistema judicial clasista y plagado de prerrogativas; la política de represión de la protesta social y la persecución policial de las ensanchadas categorías de “sospechosos” (comenzando por inmigrantes en situación irregular y personas “sin techo”); la política de desahucios que además de vulnerar el derecho a la vivienda sigue perpetuando una relación abusiva entre la banca y la ciudadanía hipotecada; la política cultural orientada a reestablecer una cultura autoritaria, tradicionalista, homofóbica y sexista; la política de medios marcada por la censura y el control ideológico, degradando un servicio público a mero instrumento propagandístico; la política de control de fronteras marcada por la denegación de derechos humanos fundamentales a los damnificados y por las expulsiones en caliente reconvertidas legalmente en “rechazo en frontera”; la política migratoria que no sólo ha restringido el acceso y permanencia legal de personas extranjeras sino que ha forzado la emigración de cientos de miles de personas (especialmente jóvenes profesionales) por falta de oportunidades laborales; la política de asilo que, además de perpetuar las graves restricciones a la concesión real de asilo, vulnera el acceso efectivo al derecho a solicitarlo; la política de desfinanciación de la investigación pública y el asedio al sistema público de enseñanza en vistas a su reconversión en un sistema de reparto jerárquico de cualificaciones profesionales (según pertenencias de clase), por mencionar algunas.

La enumeración de estas políticas (claramente identificadas con un horizonte político neoconservador) podría ampliarse bajo la forma de análisis sectoriales. Dista de ser exhaustiva, pero permite dimensionar el alcance de unas decisiones gubernamentales que nos afectan de forma cotidiana. Como «instantáneas del cinismo» oficial no cesan de proliferar: la mentada “recuperación económica”, tras índices macroeconómicos positivos, apenas disimula el pésimo cuadro de una España asediada por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el desempleo, la precariedad laboral y, en general, la restricción tendencial de oportunidades económicas, culturales y políticas.

Para resumir: la vida social ha sido reconfigurada de forma notoria a partir del omnicomprehensivo discurso de la crisis. Mantenerse al margen es ilusorio: en tanto transformación de nuestras condiciones de existencia, semejantes decisiones nos afectan de forma directa e indirecta, ante todo, como restricciones materiales en el acceso a derechos sociales, económicos, políticos y culturales que sostienen la posibilidad del bienestar colectivo. Dicho de otro modo: no sólo es imposible estar fuera de la telaraña política, sino que esa telaraña nos enreda de forma creciente, mediante la asfixia cada vez más severa de nuestras vidas.

Que estemos intentando crear un “afuera” (una exterioridad política) y persistamos en la construcción de proyectos sociales autónomos, no niega esta premisa: nadie está fuera en una sociedad del control. La desconfianza al estado actual (e incluso a cualquier forma de estado, a la «estatalidad» como estructura de gubernamentabilidad e institución política central en la modernidad) no es impedimento para que ese estado irrumpa, bajo la forma de políticas gubernamentales concretas, en la vida social en su conjunto. Vincularse de formas diferenciadas con esas políticas, incluyendo la resistencia activa a sus efectos más perniciosos o el intento de limitar su campo de intervención, no niega en lo más mínimo su presencia material en nuestra cotidianeidad. Siempre ya somos objetos de las decisiones y prácticas gubernamentales: pedir que el estado “nos deje en paz” es, precisamente, la imposibilidad de la política actual. Descreamos o no, seamos libertarios, comunistas, feministas, altermundistas, insurreccionalistas, pacifistas o lo que fuere, los efectos de esas políticas son visibles y algunos inclusive irrumpen de forma brutal, bajo la forma nada metafórica de un policía antidisturbios, una citación judicial o un embargo.

Aunque el sistema político vigente suscite dudas legítimas e incluso una distancia irreductible, la abstención no parece ser una buena estrategia para sacarnos de la telaraña. Como moscas atrapadas, no es posible cortar lo que nos asfixia si no logramos subvertir las decisiones políticas que siguen enredándonos. Si un parlamento con mayoría absoluta de la derecha amenaza con profundizar en las políticas precedentes, un parlamento fragmentado permite limitar el alcance de semejantes políticas e incluso revertirlas en cierta medida. Dicho de otra forma: podría producir un movimiento forzado hacia la negociación política que, objetivamente, limita el poder de decisión de estas fuerzas neoconservadoras.

En suma, la exclusión del sistema político de partidos y de las instituciones estatales como campos estratégicos de lucha constituye una renuncia política que favorece la reproducción sistémica. Contra la idea de que votar es “hacerle el juego” al sistema, cabe afirmar que el “juego del sistema” es que cada vez la ciudadanía se implique menos en las prácticas políticas, incluyendo el acto de votar. ¿No es el abstencionismo, en estas condiciones, funcional a ese juego sistémico que consiste en blindarse contra aquellos jugadores que quieren cambiar las reglas de juego (incluyendo la de una ley electoral claramente injusta)? El abstencionismo da vía libre a las políticas gubernamentales en curso. Sostener que es indiferente quien gobierne es, sin más, un acto de ceguera. Facilita que sigan jugando con nosotros.

Si las luchas institucionales constituyen un momento específico de luchas político-sociales más vastas, no participar en ellas facilita –a menudo, de forma involuntaria- que una derecha retrógrada siga extendiendo su telaraña. Queda por averiguar si seremos capaces de desenredarnos.

Arturo Borra