Hasta la presente, el socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, mantiene silencio.
Se pregunta uno cómo el gobierno de un país que sufrió cuarenta años de dictadura, tras un golpe de estado que dio lugar a una agresión monstruosa al pueblo español, financiada por la oligarquía y ejecutada por una parte del ejército gracias a la ayuda del fascismo italiano y el nazismo alemán, con una represión cruenta que alfombró de muertos las cunetas y llenó campos de concentración y cárceles, que obligó al exilio a miles de españoles y españolas, se abstiene ahora de condenar el nazismo y el neonazismo.
Se pregunta uno cómo el gobierno actual, que se autotitula de izquierdas, que presume de recuperar la memoria democrática facilitando la búsqueda de los represaliados y asesinados por el franquismo, renuncia a condenar el nazismo y el neonazismo.
Escandaliza que un gobierno formado por socialdemócratas, unos más a la izquierda que otros, al menos aparentemente, rechace dos Proyectos de Resolución que fueron objeto de análisis y votación en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el pasado mes de noviembre de 2020.
El primer Proyecto de Resolución (A/C.3/76/L.57/Rev.1) tiene por título «Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia«.
En este documento podemos leer que: «el neonazismo es algo más que la mera glorificación de un movimiento ya pasado; es un fenómeno contemporáneo con fuertes intereses en la desigualdad racial que ha centrado sus esfuerzos en obtener un apoyo amplio para sus falsas afirmaciones de superioridad racial». Al mismo tiempo, muestra profunda preocupación «por cualquier forma de glorificación del movimiento nazi, del neonazismo y de quienes fueron en su día miembros de la organización Waffen-SS, por medios como la construcción de monumentos conmemorativos y la organización de manifestaciones públicas para glorificar el pasado nazi, el movimiento nazi y el neonazismo, la declaración o el intento de declarar participantes en movimientos de liberación nacional a esos miembros y a quienes lucharon contra la coalición antihitleriana, colaboraron con el movimiento nazi y cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y el cambio del nombre de calles para glorificarlos». Finalmente, este primer Proyecto de Resolución insta a los Estados a «declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio raciales, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a actividades racistas, incluida su financiación»
En este primer Proyecto de Resolución, aprobado por 121 votos, España se abstuvo junto al resto de países de la Unión Europea, votando en contra solamente Estados Unidos y Ucrania.
El segundo Proyecto de Resolución (A/C.3/76/L.61/Rev.1) se titula «Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban«
En este otro documento se exhorta a los Estados a que «honren la memoria de las víctimas de las injusticias históricas de la esclavitud, la trata de esclavos, incluida la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo y el apartheid» y afirma que todos los seres humanos «nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas», para finalmente reconocer y afirmar que «la lucha mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como contra todas sus abominables formas y manifestaciones contemporáneas, es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional».
Este segundo Proyecto de Resolución, aprobado con el voto de 125 miembros, contó con el voto en contra del Gobierno de España, haciendo causa común con Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Israel, Australia, Austria, entre otros.
Si la abstención del Gobierno de España, en la primera Propuesta de Resolución de condena de exaltación del nazismo y el neonazismo, es de todo punto incompresible, el voto en contra de la segunda Propuesta de Resolución para la adopción de medidas para la eliminación del racismo, la discriminación racial y la xenofobia termina de colmar el vaso.
La explicación, si es que la tiene, de la posición del Gobierno más progresista de la historia ante estos dos Proyectos de Resolución de Naciones Unidas, seguramente está en qué país vota en contra de ambos y tiene la capacidad de marcar la política internacional de España sometiéndola a un vasallaje propio de la Edad Media. En ambos casos, son los Estados Unidos.
Hasta la presente, el socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, mantiene silencio.
Para la izquierda española que se resiste a claudicar de los principios que son su razón de ser y existir, que le dan el componente de clase imprescindible para luchar por la transformación radical del capitalismo, al que siguen considerando un «sistema criminal e injusto», para esa izquierda que hace de la lucha contra el neonazismo, el fascismo y la discriminación racial una de sus señas de identidad y reivindica la reparación y el reconocimiento de los asesinados y muertos en la lucha contra la dictadura franquista, para la izquierda que encarna y no renuncia a sus principios es intolerable la posición del gobierno de coalición respecto de los Proyectos de Resolución votados en la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2021.
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domingo, 16 de enero de 2022
miércoles, 12 de octubre de 2016
Javier Fernández, el equilibrista. El presidente de la gestora tiene más comprensión en Rajoy de las que encuentra en su propio partido
Hay que reconocer a Javier Fernández, el mérito de haber neutralizado el incendio del PSOE, no hasta el extremo de domeñarlo, pero sí con suficiente habilidad para ir inculcando como natural el discurso de la abstención, dotándola de un adjetivo, "técnica", que la convierte en eufemismo, y subordinando el evidente compromiso de la investidura al énfasis con que se descarta cualquier compromiso de legislatura.
Es una manera de apuntalar el "no" a Rajoy, pero en un plano que trasciende el bloqueo, que evita las elecciones y que pretende sosegar la rebeldía en que puedan incurrir los socialistas reacios a semejante cambio de rumbo. Resulta ahora impensable que Sánchez proclamé la abstención desde su escaño. La cuestión consiste en adivinar cuántos camaradas van a secundarlo. Y cuánto es o no verosímil una escisión a la disciplina entre los socialistas vascos y catalanes, especialmente si deciden exponer la revisión de la cuestión mariana al criterio de sus militantes de base.
Javier Fernández, por tanto, tiene que trabajarse con pedagogía y paciencia el tabú de la disciplina de voto. Y tiene que trabajarse menos, curiosamente, el proyecto de la abstención sin condiciones. Rajoy ha anunciado que no va a ponérselas. No ya asumiendo con sensatez la responsabilidad que se le presupone a un estadista en una situación de emergencia, sino distanciándose del fervor de los cortesanos.
Quiere decirse que Mariano Rajoy es mucho menos marianista que los marianistas. Y que éstos últimos, alentados por las bravuconadas verbales de Fernández Díaz y de Rafael Hernando, habían promovido una estrategia de presión al PSOE en su propia agonía cuyo desenlace aspiraba a forzar las terceras elecciones y proporcionarle a Rajoy un botín de 150 diputados en la ambición de una legislatura estable.
El presidente del Gobierno en funciones ha disipado las dudas. Puede que haya dos almas en el PP respecto a la manera de velar el cadáver socialista —¿investidura inmediata o elecciones en diciembre?—, pero la propia dialéctica se expone al papel cesarista que ejerce Rajoy. El alma es la suya. Y es la única que tiene valor, entre otras razones porque el líder popular había insistido sólo hace unas semanas en el disparate y la aberración que implicaríam convocar unos nuevos comicios legislativos.
Javier Fernández tiene más comprensión en Rajoy de cuantas encuentra en su propio partido. El cráter del sábado es demasiado profundo y demasiado reciente. Por eso el PSOE necesita más una gestoría que una gestora, un espacio de tranquilidad administrativa. Y por idénticas razones, el presidente asturiano se ha puesto los manguitos, asumiendo la interinidad del cago, pero consciente de que esta transición es más importante que cualquier legislatura.
Más información
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475822753_025336.html
La gestora comunica a Rajoy que el PSOE no le garantiza la estabilidad
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475779799_117053.html
“Si los socialistas no nos respetamos, ¿quién coño va a venir a respetarnos?”
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/15/actualidad/1468598485_168643.html
El PSOE revisará su ‘no’ a Rajoy si roza la mayoría absoluta con otros grupos
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/09/actualidad/1468093084_865502.html
Es una manera de apuntalar el "no" a Rajoy, pero en un plano que trasciende el bloqueo, que evita las elecciones y que pretende sosegar la rebeldía en que puedan incurrir los socialistas reacios a semejante cambio de rumbo. Resulta ahora impensable que Sánchez proclamé la abstención desde su escaño. La cuestión consiste en adivinar cuántos camaradas van a secundarlo. Y cuánto es o no verosímil una escisión a la disciplina entre los socialistas vascos y catalanes, especialmente si deciden exponer la revisión de la cuestión mariana al criterio de sus militantes de base.
Javier Fernández, por tanto, tiene que trabajarse con pedagogía y paciencia el tabú de la disciplina de voto. Y tiene que trabajarse menos, curiosamente, el proyecto de la abstención sin condiciones. Rajoy ha anunciado que no va a ponérselas. No ya asumiendo con sensatez la responsabilidad que se le presupone a un estadista en una situación de emergencia, sino distanciándose del fervor de los cortesanos.
Quiere decirse que Mariano Rajoy es mucho menos marianista que los marianistas. Y que éstos últimos, alentados por las bravuconadas verbales de Fernández Díaz y de Rafael Hernando, habían promovido una estrategia de presión al PSOE en su propia agonía cuyo desenlace aspiraba a forzar las terceras elecciones y proporcionarle a Rajoy un botín de 150 diputados en la ambición de una legislatura estable.
El presidente del Gobierno en funciones ha disipado las dudas. Puede que haya dos almas en el PP respecto a la manera de velar el cadáver socialista —¿investidura inmediata o elecciones en diciembre?—, pero la propia dialéctica se expone al papel cesarista que ejerce Rajoy. El alma es la suya. Y es la única que tiene valor, entre otras razones porque el líder popular había insistido sólo hace unas semanas en el disparate y la aberración que implicaríam convocar unos nuevos comicios legislativos.
Javier Fernández tiene más comprensión en Rajoy de cuantas encuentra en su propio partido. El cráter del sábado es demasiado profundo y demasiado reciente. Por eso el PSOE necesita más una gestoría que una gestora, un espacio de tranquilidad administrativa. Y por idénticas razones, el presidente asturiano se ha puesto los manguitos, asumiendo la interinidad del cago, pero consciente de que esta transición es más importante que cualquier legislatura.
Más información
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475822753_025336.html
La gestora comunica a Rajoy que el PSOE no le garantiza la estabilidad
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475779799_117053.html
“Si los socialistas no nos respetamos, ¿quién coño va a venir a respetarnos?”
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/15/actualidad/1468598485_168643.html
El PSOE revisará su ‘no’ a Rajoy si roza la mayoría absoluta con otros grupos
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/09/actualidad/1468093084_865502.html
SUSANA DÍAZ: "NO PERMITIRÉ ENTREGAR MI PARTIDO A PRECIO DE SALDO"
RAÚL LIMÓN, SEVILLA
La situación del PSOE y del Gobierno de España ha vuelto al Parlamento andaluz, donde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha sometido a una sesión de control marcada por la situación de su partido y las posibilidades de favorecer una formación de Gobierno. “Tengo clarísimo que nunca voy a permitir entregar a precio de saldo mi organización a ninguna otra organización y que se lleve por delante la historia de un partido centenario como el que milito", ha respondido al portavoz de IU, Antonio Maíllo. Tanto este como el presidente del PP, Juan Manuel Moreno, afirmaron que desean que el PSOE encuentre una salida a su crisis.
Díaz, ante las dudas de la oposición sobre su dedicación a Andalucía ante la crisis del PSOE, ha recuperado la afirmación de que la comunidad tiene que ir bien para que España también lo haga y ha recordado las críticas que recibió el expresidente norteamericano Ronald Reagan, de quien la oposición decía que era incapaz de andar y mascar chicle al mismo tiempo. "Yo soy capaz de defender a Andalucía y al mismo tiempo defender los intereses del país al que quiero y al que amo", ha afirmado.
Moreno, quien ha afirmado que el PSOE es necesario –“España lo necesita”, ha afirmado-, ha recurrido a esa misma expresión para criticar a Díaz. “Tiene demasiados chicles pegados a la suela de su zapato”, le ha reprochado para reclamarle “la máxima atención para Andalucía.
Díaz ha replicado acusando al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de ser el “responsable principal del bloqueo que vive este país”. “Quiere una salida razonable sin mover una pestaña. Es el colmo de la flojera”, ha afirmado.
sábado, 23 de mayo de 2015
Contra el abstencionismo: la disputa electoral en España
Si bien el sentido de la abstención cambia según los contextos históricos, en la situación española actual el llamado a no votar constituye una estrategia política cuando menos dudosa. Es cierto que hay momentos en que la importancia del acto electoral puede minimizarse: 1) en una coyuntura en la que una fuerza política tiene asegurada la mayoría absoluta en las instituciones estatales; 2) en un sistema político en el que algunos partidos están proscriptos; 3) en un sistema político dominado por el bipartidismo que plantea continuidades políticas con independencia a quien gobierne, 4) en un contexto donde la derecha no tiene posibilidades de gobernar con mayoría absoluta o incluso 5) en un contexto en el que ninguna de las fuerzas políticas encarna una alternativa de cambio real. Podrían reconstruirse otras situaciones en las que el sentido del voto ya está predefinido y que, razonablemente, no tiene fuerza disruptiva.
Sin embargo, ninguna de esas coyunturas políticas se plantea en el presente. Por el contrario, en la medida en que el electorado de izquierdas se movilice, la posibilidad de fragmentación parlamentaria es más real que nunca. A diferencia de otros períodos electorales, se plantea un ensanchamiento inédito de opciones políticas de izquierdas, que erosiona una composición parlamentaria atravesada por el bipartidismo. Que dicha composición haya permitido el despliegue de políticas de estado regresivas (como ha ocurrido con el cambio constitucional express para la reducción del déficit o la reforma del código penal) es un indicio del trasfondo común que comparten PP y PSOE en asuntos fundamentales, incluso si eso no niega algunas diferencias políticas reales.
Ante esta situación, el llamado a la abstención se desentiende de las correlaciones de fuerza entre diferentes partidos políticos en las instituciones estatales y con ello, permite una infra-representación de fuerzas parlamentarias como IU o Podemos (aun cuando tales fuerzas no necesariamente se ajusten de forma satisfactoria a nuestras expectativas). Para invertir el ángulo: permite la consolidación de una probable alianza entre partidos como Ciudadanos y Partido Popular.
No es sólo que estemos frente a un gobierno nefasto que nos atrapa como moscas en una telaraña política que enlaza corrupción y saqueo, salvataje privado y hundimiento colectivo. No es sólo que la mayoría automática del partido de gobierno haya dado vía libre a un recetario neoconservador que ha arrasado conquistas históricas tan valiosas como irrenunciables, facilitada por un blindaje jurídico crecientemente dictatorial. Lo específico de la coyuntura política actual es que hay una oportunidad histórica de desestructurar un sistema político basado en la lógica de los grandes partidos y reconfigurar las relaciones de poder de una estructura parlamentaria anquilosada.
El recuento de los estragos perpetrados por el partido popular de forma deliberada y coherente en los últimos años es extenso: la política de recortes en sanidad, educación, servicios públicos y prestaciones sociales; la política de rescate a la banca privada sin contraprestaciones ligadas a la recuperación del crédito para familias y PYMES; la política de sobre-endeudamiento del estado, a pesar de la tendencia a privatizar empresas públicas (con el pretexto de reducir gastos y obtener liquidez); la política tributaria de amnistía a los evasores y de manifiesta regresividad de su estructura (gravando más las rentas de trabajo que las rentas de capital); la política de precarización del empleo y consolidación de mercados laborales asediados por la temporalidad, la pauperización de las condiciones de trabajo, la caída salarial, la pérdida de derechos laborales, la institucionalización de la “flexo-explotación” y el mantenimiento de una elevada tasa de desempleo; la política de tolerancia ante la economía sumergida, el fraude y los paraísos fiscales; la política armamentística expansiva, que sigue comerciando armas con gobiernos que incumplen los derechos humanos más básicos; la política energética orientada a la protección de los intereses de las grandes corporaciones privadas del sector, en perjuicio del uso de energías renovables y de una reducción tarifaria generalizada; la política jurídica orientada a la conversión de la protesta social en delito y a la consolidación de un sistema judicial clasista y plagado de prerrogativas; la política de represión de la protesta social y la persecución policial de las ensanchadas categorías de “sospechosos” (comenzando por inmigrantes en situación irregular y personas “sin techo”); la política de desahucios que además de vulnerar el derecho a la vivienda sigue perpetuando una relación abusiva entre la banca y la ciudadanía hipotecada; la política cultural orientada a reestablecer una cultura autoritaria, tradicionalista, homofóbica y sexista; la política de medios marcada por la censura y el control ideológico, degradando un servicio público a mero instrumento propagandístico; la política de control de fronteras marcada por la denegación de derechos humanos fundamentales a los damnificados y por las expulsiones en caliente reconvertidas legalmente en “rechazo en frontera”; la política migratoria que no sólo ha restringido el acceso y permanencia legal de personas extranjeras sino que ha forzado la emigración de cientos de miles de personas (especialmente jóvenes profesionales) por falta de oportunidades laborales; la política de asilo que, además de perpetuar las graves restricciones a la concesión real de asilo, vulnera el acceso efectivo al derecho a solicitarlo; la política de desfinanciación de la investigación pública y el asedio al sistema público de enseñanza en vistas a su reconversión en un sistema de reparto jerárquico de cualificaciones profesionales (según pertenencias de clase), por mencionar algunas.
La enumeración de estas políticas (claramente identificadas con un horizonte político neoconservador) podría ampliarse bajo la forma de análisis sectoriales. Dista de ser exhaustiva, pero permite dimensionar el alcance de unas decisiones gubernamentales que nos afectan de forma cotidiana. Como «instantáneas del cinismo» oficial no cesan de proliferar: la mentada “recuperación económica”, tras índices macroeconómicos positivos, apenas disimula el pésimo cuadro de una España asediada por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el desempleo, la precariedad laboral y, en general, la restricción tendencial de oportunidades económicas, culturales y políticas.
Para resumir: la vida social ha sido reconfigurada de forma notoria a partir del omnicomprehensivo discurso de la crisis. Mantenerse al margen es ilusorio: en tanto transformación de nuestras condiciones de existencia, semejantes decisiones nos afectan de forma directa e indirecta, ante todo, como restricciones materiales en el acceso a derechos sociales, económicos, políticos y culturales que sostienen la posibilidad del bienestar colectivo. Dicho de otro modo: no sólo es imposible estar fuera de la telaraña política, sino que esa telaraña nos enreda de forma creciente, mediante la asfixia cada vez más severa de nuestras vidas.
Que estemos intentando crear un “afuera” (una exterioridad política) y persistamos en la construcción de proyectos sociales autónomos, no niega esta premisa: nadie está fuera en una sociedad del control. La desconfianza al estado actual (e incluso a cualquier forma de estado, a la «estatalidad» como estructura de gubernamentabilidad e institución política central en la modernidad) no es impedimento para que ese estado irrumpa, bajo la forma de políticas gubernamentales concretas, en la vida social en su conjunto. Vincularse de formas diferenciadas con esas políticas, incluyendo la resistencia activa a sus efectos más perniciosos o el intento de limitar su campo de intervención, no niega en lo más mínimo su presencia material en nuestra cotidianeidad. Siempre ya somos objetos de las decisiones y prácticas gubernamentales: pedir que el estado “nos deje en paz” es, precisamente, la imposibilidad de la política actual. Descreamos o no, seamos libertarios, comunistas, feministas, altermundistas, insurreccionalistas, pacifistas o lo que fuere, los efectos de esas políticas son visibles y algunos inclusive irrumpen de forma brutal, bajo la forma nada metafórica de un policía antidisturbios, una citación judicial o un embargo.
Aunque el sistema político vigente suscite dudas legítimas e incluso una distancia irreductible, la abstención no parece ser una buena estrategia para sacarnos de la telaraña. Como moscas atrapadas, no es posible cortar lo que nos asfixia si no logramos subvertir las decisiones políticas que siguen enredándonos. Si un parlamento con mayoría absoluta de la derecha amenaza con profundizar en las políticas precedentes, un parlamento fragmentado permite limitar el alcance de semejantes políticas e incluso revertirlas en cierta medida. Dicho de otra forma: podría producir un movimiento forzado hacia la negociación política que, objetivamente, limita el poder de decisión de estas fuerzas neoconservadoras.
En suma, la exclusión del sistema político de partidos y de las instituciones estatales como campos estratégicos de lucha constituye una renuncia política que favorece la reproducción sistémica. Contra la idea de que votar es “hacerle el juego” al sistema, cabe afirmar que el “juego del sistema” es que cada vez la ciudadanía se implique menos en las prácticas políticas, incluyendo el acto de votar. ¿No es el abstencionismo, en estas condiciones, funcional a ese juego sistémico que consiste en blindarse contra aquellos jugadores que quieren cambiar las reglas de juego (incluyendo la de una ley electoral claramente injusta)? El abstencionismo da vía libre a las políticas gubernamentales en curso. Sostener que es indiferente quien gobierne es, sin más, un acto de ceguera. Facilita que sigan jugando con nosotros.
Si las luchas institucionales constituyen un momento específico de luchas político-sociales más vastas, no participar en ellas facilita –a menudo, de forma involuntaria- que una derecha retrógrada siga extendiendo su telaraña. Queda por averiguar si seremos capaces de desenredarnos.
Arturo Borra
Sin embargo, ninguna de esas coyunturas políticas se plantea en el presente. Por el contrario, en la medida en que el electorado de izquierdas se movilice, la posibilidad de fragmentación parlamentaria es más real que nunca. A diferencia de otros períodos electorales, se plantea un ensanchamiento inédito de opciones políticas de izquierdas, que erosiona una composición parlamentaria atravesada por el bipartidismo. Que dicha composición haya permitido el despliegue de políticas de estado regresivas (como ha ocurrido con el cambio constitucional express para la reducción del déficit o la reforma del código penal) es un indicio del trasfondo común que comparten PP y PSOE en asuntos fundamentales, incluso si eso no niega algunas diferencias políticas reales.
Ante esta situación, el llamado a la abstención se desentiende de las correlaciones de fuerza entre diferentes partidos políticos en las instituciones estatales y con ello, permite una infra-representación de fuerzas parlamentarias como IU o Podemos (aun cuando tales fuerzas no necesariamente se ajusten de forma satisfactoria a nuestras expectativas). Para invertir el ángulo: permite la consolidación de una probable alianza entre partidos como Ciudadanos y Partido Popular.
No es sólo que estemos frente a un gobierno nefasto que nos atrapa como moscas en una telaraña política que enlaza corrupción y saqueo, salvataje privado y hundimiento colectivo. No es sólo que la mayoría automática del partido de gobierno haya dado vía libre a un recetario neoconservador que ha arrasado conquistas históricas tan valiosas como irrenunciables, facilitada por un blindaje jurídico crecientemente dictatorial. Lo específico de la coyuntura política actual es que hay una oportunidad histórica de desestructurar un sistema político basado en la lógica de los grandes partidos y reconfigurar las relaciones de poder de una estructura parlamentaria anquilosada.
El recuento de los estragos perpetrados por el partido popular de forma deliberada y coherente en los últimos años es extenso: la política de recortes en sanidad, educación, servicios públicos y prestaciones sociales; la política de rescate a la banca privada sin contraprestaciones ligadas a la recuperación del crédito para familias y PYMES; la política de sobre-endeudamiento del estado, a pesar de la tendencia a privatizar empresas públicas (con el pretexto de reducir gastos y obtener liquidez); la política tributaria de amnistía a los evasores y de manifiesta regresividad de su estructura (gravando más las rentas de trabajo que las rentas de capital); la política de precarización del empleo y consolidación de mercados laborales asediados por la temporalidad, la pauperización de las condiciones de trabajo, la caída salarial, la pérdida de derechos laborales, la institucionalización de la “flexo-explotación” y el mantenimiento de una elevada tasa de desempleo; la política de tolerancia ante la economía sumergida, el fraude y los paraísos fiscales; la política armamentística expansiva, que sigue comerciando armas con gobiernos que incumplen los derechos humanos más básicos; la política energética orientada a la protección de los intereses de las grandes corporaciones privadas del sector, en perjuicio del uso de energías renovables y de una reducción tarifaria generalizada; la política jurídica orientada a la conversión de la protesta social en delito y a la consolidación de un sistema judicial clasista y plagado de prerrogativas; la política de represión de la protesta social y la persecución policial de las ensanchadas categorías de “sospechosos” (comenzando por inmigrantes en situación irregular y personas “sin techo”); la política de desahucios que además de vulnerar el derecho a la vivienda sigue perpetuando una relación abusiva entre la banca y la ciudadanía hipotecada; la política cultural orientada a reestablecer una cultura autoritaria, tradicionalista, homofóbica y sexista; la política de medios marcada por la censura y el control ideológico, degradando un servicio público a mero instrumento propagandístico; la política de control de fronteras marcada por la denegación de derechos humanos fundamentales a los damnificados y por las expulsiones en caliente reconvertidas legalmente en “rechazo en frontera”; la política migratoria que no sólo ha restringido el acceso y permanencia legal de personas extranjeras sino que ha forzado la emigración de cientos de miles de personas (especialmente jóvenes profesionales) por falta de oportunidades laborales; la política de asilo que, además de perpetuar las graves restricciones a la concesión real de asilo, vulnera el acceso efectivo al derecho a solicitarlo; la política de desfinanciación de la investigación pública y el asedio al sistema público de enseñanza en vistas a su reconversión en un sistema de reparto jerárquico de cualificaciones profesionales (según pertenencias de clase), por mencionar algunas.
La enumeración de estas políticas (claramente identificadas con un horizonte político neoconservador) podría ampliarse bajo la forma de análisis sectoriales. Dista de ser exhaustiva, pero permite dimensionar el alcance de unas decisiones gubernamentales que nos afectan de forma cotidiana. Como «instantáneas del cinismo» oficial no cesan de proliferar: la mentada “recuperación económica”, tras índices macroeconómicos positivos, apenas disimula el pésimo cuadro de una España asediada por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el desempleo, la precariedad laboral y, en general, la restricción tendencial de oportunidades económicas, culturales y políticas.
Para resumir: la vida social ha sido reconfigurada de forma notoria a partir del omnicomprehensivo discurso de la crisis. Mantenerse al margen es ilusorio: en tanto transformación de nuestras condiciones de existencia, semejantes decisiones nos afectan de forma directa e indirecta, ante todo, como restricciones materiales en el acceso a derechos sociales, económicos, políticos y culturales que sostienen la posibilidad del bienestar colectivo. Dicho de otro modo: no sólo es imposible estar fuera de la telaraña política, sino que esa telaraña nos enreda de forma creciente, mediante la asfixia cada vez más severa de nuestras vidas.
Que estemos intentando crear un “afuera” (una exterioridad política) y persistamos en la construcción de proyectos sociales autónomos, no niega esta premisa: nadie está fuera en una sociedad del control. La desconfianza al estado actual (e incluso a cualquier forma de estado, a la «estatalidad» como estructura de gubernamentabilidad e institución política central en la modernidad) no es impedimento para que ese estado irrumpa, bajo la forma de políticas gubernamentales concretas, en la vida social en su conjunto. Vincularse de formas diferenciadas con esas políticas, incluyendo la resistencia activa a sus efectos más perniciosos o el intento de limitar su campo de intervención, no niega en lo más mínimo su presencia material en nuestra cotidianeidad. Siempre ya somos objetos de las decisiones y prácticas gubernamentales: pedir que el estado “nos deje en paz” es, precisamente, la imposibilidad de la política actual. Descreamos o no, seamos libertarios, comunistas, feministas, altermundistas, insurreccionalistas, pacifistas o lo que fuere, los efectos de esas políticas son visibles y algunos inclusive irrumpen de forma brutal, bajo la forma nada metafórica de un policía antidisturbios, una citación judicial o un embargo.
Aunque el sistema político vigente suscite dudas legítimas e incluso una distancia irreductible, la abstención no parece ser una buena estrategia para sacarnos de la telaraña. Como moscas atrapadas, no es posible cortar lo que nos asfixia si no logramos subvertir las decisiones políticas que siguen enredándonos. Si un parlamento con mayoría absoluta de la derecha amenaza con profundizar en las políticas precedentes, un parlamento fragmentado permite limitar el alcance de semejantes políticas e incluso revertirlas en cierta medida. Dicho de otra forma: podría producir un movimiento forzado hacia la negociación política que, objetivamente, limita el poder de decisión de estas fuerzas neoconservadoras.
En suma, la exclusión del sistema político de partidos y de las instituciones estatales como campos estratégicos de lucha constituye una renuncia política que favorece la reproducción sistémica. Contra la idea de que votar es “hacerle el juego” al sistema, cabe afirmar que el “juego del sistema” es que cada vez la ciudadanía se implique menos en las prácticas políticas, incluyendo el acto de votar. ¿No es el abstencionismo, en estas condiciones, funcional a ese juego sistémico que consiste en blindarse contra aquellos jugadores que quieren cambiar las reglas de juego (incluyendo la de una ley electoral claramente injusta)? El abstencionismo da vía libre a las políticas gubernamentales en curso. Sostener que es indiferente quien gobierne es, sin más, un acto de ceguera. Facilita que sigan jugando con nosotros.
Si las luchas institucionales constituyen un momento específico de luchas político-sociales más vastas, no participar en ellas facilita –a menudo, de forma involuntaria- que una derecha retrógrada siga extendiendo su telaraña. Queda por averiguar si seremos capaces de desenredarnos.
Arturo Borra
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