La defensa de la democracia hoy nos remite a la necesidad de restablecer la primacía del interés colectivo sobre el beneficio privado
“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Así reza el artículo 128 de la Constitución española de 1978. Entre todos los equilibrios y dificultades que marcaron aquel proceso, este principio tan sencillo y tan potente a la vez pudo hacerse hueco en el texto constitucional. Que la riqueza, sin importar cuál sea su forma o su dueño, no pueda entrar en conflicto con el bien común de la sociedad ni ir en contra de los intereses colectivos de la comunidad.
Esta idea —que figura en todo el imaginario democrático, desde Platón y Rousseau al constitucionalismo social que produjo la movilización obrera— siempre ha levantado ampollas y resistencias por parte de los propietarios de esa riqueza, pero también de quienes han defendido un proyecto de orden social construido a partir de las desigualdades y jerarquías. Hoy, en pleno empuje de las ideas reaccionarias y conservadoras, es lógico que la limitación del derecho de propiedad al servicio del desarrollo económico, el bienestar y la seguridad de las mayorías suscite importantes resistencias. También lo es que quienes pretendemos defender la idea democrática de sus muchos enemigos y amenazas actuales insistamos en asentarla, profundizarla y mejorarla.
La propuesta es sencilla: gravar con un 2% adicional los patrimonios superiores a 100 millones de euros, que representan en torno al 0,001% de la población, no más de 500 personas en España. Según las estimaciones del Observatorio de Fiscalidad Internacional dirigido por Gabriel Zucman, autor intelectual de la propuesta, esta tasa permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros adicionales en nuestro país. Por poner esta cifra en su contexto, la asignación anual de la Administración General del Estado para financiar el sistema de la dependencia este año, que estamos en máximos históricos, es de 3.700 millones de euros.
Una vez implementada, esta medida no supondría una carga adicional, en términos proporcionales, sobre esos pocos centenares de compatriotas: sencillamente restablecería la progresividad del sistema fiscal, cerrando los agujeros por los que se escapan las grandes fortunas y poniendo fin a la situación vergonzante por la que las personas más ricas del país pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que cualquier trabajadora o trabajador asalariado.
Con todo, la importancia de defender un sistema tributario más progresivo y una vigorosa redistribución de la riqueza trasciende los números y la balanza de cuentas. Con la recaudación estimada de la tasa Zucman bastaría para implementar los primeros tramos de una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil, pero la propuesta no responde a la búsqueda de financiación ad hoc para proyectos concretos ni al afán de incrementar la recaudación del Estado. El trasfondo, como decía, es puramente político.
La muestra más evidente de ello es lo que estamos viendo en la deriva que sigue Estados Unidos bajo el yugo de unas élites fundamentalistas, milicias parapoliciales descontroladas y una oligarquía de grandes fortunas vinculadas a algunas de las mayores multinacionales tecnológicas del planeta. La acumulación obscena de riqueza en unas pocas manos, que dominan a su vez los nuevos mecanismos de control social y los resortes de un poder político que busca deshacerse de cualquier límite jurídico e institucional, es ya la principal amenaza a nuestras democracias y a la libertad y seguridad de millones de personas.
Por eso, la defensa de la democracia hoy nos remite casi obligatoriamente a la necesidad de restablecer la primacía del interés colectivo sobre el beneficio privado; esto es: recuperar la prioridad del bien común sobre cualquier forma de privilegio de parte. Esa es la condición básica para defender una sociedad igualitaria, capaz de dirigir los recursos y la riqueza a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Capaz de hacer que su riqueza sirva para preservar los servicios públicos y las redes de protección social que hacen esa igualdad posible, para reforzar y asentar la seguridad social sin la cual ningún volumen de gasto en defensa servirá para garantizar la tranquilidad y el bienestar de la gente común.
Cuando se plantean este tipo de propuestas, en unos países como en otros, un lugar común es azuzar el miedo al éxodo de los poderosos: si se aplicara una medida así, los ultrarricos se irían. Hay sobrada evidencia de que eso no es lo que sucede. De hecho, un estudio del Institute for Policy Studies and State Revenue Alliance, realizado con datos de los estados de Massachusetts y Washington, muestra que la movilidad real de los más ricos tras aplicar subidas de impuestos es mínima.
Las reticencias, por tanto, no son empíricas, sino puramente ideológicas. Sin ir más lejos, ya se aplicaban tipos marginales mucho más elevados sobre la renta de los más ricos en Estados Unidos con Eisenhower y Nixon. Si nos vamos a Europa continental, lo mismo ocurría en la Alemania de Erhardt o la Francia de De Gaulle. Todos ellos dirigentes conservadores. Hoy, sin embargo, nos dejamos arrastrar por una serie de influencers sin valores ni conciencia social, siguiendo ese supuesto espíritu del tiempo que hace que parezca más valioso el trabajo de un inversor en criptomonedas que el de una médica o una trabajadora social. La realidad es que nada ocurriría si todos esos inversores dejaran de trabajar por un día; pero nuestras sociedades probablemente colapsarían si tan solo por 24 horas las personas que se dedican a cuidar de los demás dejaran de acudir a sus puestos de trabajo.
No es cierto que el desarrollo económico de nuestras sociedades dependa de la acumulación obscena de riqueza en unas pocas manos. Como no lo era que el aumento del salario mínimo o la reforma laboral fueran a destruir empleo ni a hacernos perder competitividad. Hoy la evidencia es tozuda. Mejorar la posición del trabajo en las relaciones productivas, lejos de suponer una amenaza para la economía, se ha convertido en un factor esencial para el desarrollo económico de España, que precisamente por ello lleva años destacando sobre sus economías vecinas. Hoy, en un contexto de beneficios empresariales, pago de dividendos y cotizaciones bursátiles en máximos históricos, el desafío es hacer de la redistribución de la riqueza el vector que profundice ese desarrollo y haga nuestra sociedad más cohesionada, más próspera, y nuestra democracia más fuerte y más estable.
¿Cómo dibujar un horizonte real para la democracia en un mundo de ascensos ultras, crisis climáticas constantes, disputas geopolíticas y asaltos al orden multilateral? Empecemos por lo evidente: que ese desarrollo económico se note en el día a día de la gente trabajadora. Lo que está en juego es demostrar que el Estado social funciona, que es capaz de defender los intereses de la gente común, de asegurar condiciones mínimas de bienestar, libertad y seguridad que no dependan de dónde se ha nacido, del apellido que se lleve o del patrimonio familiar con que se cuente.
Eso sigue siendo lo esencial de la idea democrática: una sociedad que garantiza derechos universales de ciudadanía, servicios públicos de calidad y un sistema fiscal justo para financiarlos. Y eso pasa por impedir que unos pocos posean tanto como millones de ciudadanos y por asegurar que cada cual contribuya a lo que es de todos según le corresponda.
Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Así reza el artículo 128 de la Constitución española de 1978. Entre todos los equilibrios y dificultades que marcaron aquel proceso, este principio tan sencillo y tan potente a la vez pudo hacerse hueco en el texto constitucional. Que la riqueza, sin importar cuál sea su forma o su dueño, no pueda entrar en conflicto con el bien común de la sociedad ni ir en contra de los intereses colectivos de la comunidad.
Esta idea —que figura en todo el imaginario democrático, desde Platón y Rousseau al constitucionalismo social que produjo la movilización obrera— siempre ha levantado ampollas y resistencias por parte de los propietarios de esa riqueza, pero también de quienes han defendido un proyecto de orden social construido a partir de las desigualdades y jerarquías. Hoy, en pleno empuje de las ideas reaccionarias y conservadoras, es lógico que la limitación del derecho de propiedad al servicio del desarrollo económico, el bienestar y la seguridad de las mayorías suscite importantes resistencias. También lo es que quienes pretendemos defender la idea democrática de sus muchos enemigos y amenazas actuales insistamos en asentarla, profundizarla y mejorarla.
La propuesta es sencilla: gravar con un 2% adicional los patrimonios superiores a 100 millones de euros, que representan en torno al 0,001% de la población, no más de 500 personas en España. Según las estimaciones del Observatorio de Fiscalidad Internacional dirigido por Gabriel Zucman, autor intelectual de la propuesta, esta tasa permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros adicionales en nuestro país. Por poner esta cifra en su contexto, la asignación anual de la Administración General del Estado para financiar el sistema de la dependencia este año, que estamos en máximos históricos, es de 3.700 millones de euros.
Una vez implementada, esta medida no supondría una carga adicional, en términos proporcionales, sobre esos pocos centenares de compatriotas: sencillamente restablecería la progresividad del sistema fiscal, cerrando los agujeros por los que se escapan las grandes fortunas y poniendo fin a la situación vergonzante por la que las personas más ricas del país pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que cualquier trabajadora o trabajador asalariado.
Con todo, la importancia de defender un sistema tributario más progresivo y una vigorosa redistribución de la riqueza trasciende los números y la balanza de cuentas. Con la recaudación estimada de la tasa Zucman bastaría para implementar los primeros tramos de una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil, pero la propuesta no responde a la búsqueda de financiación ad hoc para proyectos concretos ni al afán de incrementar la recaudación del Estado. El trasfondo, como decía, es puramente político.
La muestra más evidente de ello es lo que estamos viendo en la deriva que sigue Estados Unidos bajo el yugo de unas élites fundamentalistas, milicias parapoliciales descontroladas y una oligarquía de grandes fortunas vinculadas a algunas de las mayores multinacionales tecnológicas del planeta. La acumulación obscena de riqueza en unas pocas manos, que dominan a su vez los nuevos mecanismos de control social y los resortes de un poder político que busca deshacerse de cualquier límite jurídico e institucional, es ya la principal amenaza a nuestras democracias y a la libertad y seguridad de millones de personas.
Por eso, la defensa de la democracia hoy nos remite casi obligatoriamente a la necesidad de restablecer la primacía del interés colectivo sobre el beneficio privado; esto es: recuperar la prioridad del bien común sobre cualquier forma de privilegio de parte. Esa es la condición básica para defender una sociedad igualitaria, capaz de dirigir los recursos y la riqueza a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Capaz de hacer que su riqueza sirva para preservar los servicios públicos y las redes de protección social que hacen esa igualdad posible, para reforzar y asentar la seguridad social sin la cual ningún volumen de gasto en defensa servirá para garantizar la tranquilidad y el bienestar de la gente común.
Cuando se plantean este tipo de propuestas, en unos países como en otros, un lugar común es azuzar el miedo al éxodo de los poderosos: si se aplicara una medida así, los ultrarricos se irían. Hay sobrada evidencia de que eso no es lo que sucede. De hecho, un estudio del Institute for Policy Studies and State Revenue Alliance, realizado con datos de los estados de Massachusetts y Washington, muestra que la movilidad real de los más ricos tras aplicar subidas de impuestos es mínima.
Las reticencias, por tanto, no son empíricas, sino puramente ideológicas. Sin ir más lejos, ya se aplicaban tipos marginales mucho más elevados sobre la renta de los más ricos en Estados Unidos con Eisenhower y Nixon. Si nos vamos a Europa continental, lo mismo ocurría en la Alemania de Erhardt o la Francia de De Gaulle. Todos ellos dirigentes conservadores. Hoy, sin embargo, nos dejamos arrastrar por una serie de influencers sin valores ni conciencia social, siguiendo ese supuesto espíritu del tiempo que hace que parezca más valioso el trabajo de un inversor en criptomonedas que el de una médica o una trabajadora social. La realidad es que nada ocurriría si todos esos inversores dejaran de trabajar por un día; pero nuestras sociedades probablemente colapsarían si tan solo por 24 horas las personas que se dedican a cuidar de los demás dejaran de acudir a sus puestos de trabajo.
No es cierto que el desarrollo económico de nuestras sociedades dependa de la acumulación obscena de riqueza en unas pocas manos. Como no lo era que el aumento del salario mínimo o la reforma laboral fueran a destruir empleo ni a hacernos perder competitividad. Hoy la evidencia es tozuda. Mejorar la posición del trabajo en las relaciones productivas, lejos de suponer una amenaza para la economía, se ha convertido en un factor esencial para el desarrollo económico de España, que precisamente por ello lleva años destacando sobre sus economías vecinas. Hoy, en un contexto de beneficios empresariales, pago de dividendos y cotizaciones bursátiles en máximos históricos, el desafío es hacer de la redistribución de la riqueza el vector que profundice ese desarrollo y haga nuestra sociedad más cohesionada, más próspera, y nuestra democracia más fuerte y más estable.
¿Cómo dibujar un horizonte real para la democracia en un mundo de ascensos ultras, crisis climáticas constantes, disputas geopolíticas y asaltos al orden multilateral? Empecemos por lo evidente: que ese desarrollo económico se note en el día a día de la gente trabajadora. Lo que está en juego es demostrar que el Estado social funciona, que es capaz de defender los intereses de la gente común, de asegurar condiciones mínimas de bienestar, libertad y seguridad que no dependan de dónde se ha nacido, del apellido que se lleve o del patrimonio familiar con que se cuente.
Eso sigue siendo lo esencial de la idea democrática: una sociedad que garantiza derechos universales de ciudadanía, servicios públicos de calidad y un sistema fiscal justo para financiarlos. Y eso pasa por impedir que unos pocos posean tanto como millones de ciudadanos y por asegurar que cada cual contribuya a lo que es de todos según le corresponda.
Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
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