¿Dónde están nuestros muertos?

Se llamaba José Álvarez-Prida y era mi tío materno. Aunque no llegara nunca a tratarle, pues lo asesinaron antes de que yo naciera, lo conocí en realidad desde bien niña, porque estuvo siempre vivo en la memoria de mi abuela, mi madre y mis tías. Hoy están todas ya muertas. Se fueron sin saber nunca dónde reposaban sus restos.

Abogado, amigo de artistas y escritores, él mismo poeta, su único delito era ser de izquierdas. El 26 de julio de 1936 unos guardias lo fueron a buscar a su casa en León, donde se encontraba entonces por ser de allí su esposa, y lo llevaron detenido. El único "material subversivo" que le encontraron fueron unos versos "con palabras injuriosas para el Ejército", "el Ejército nacional", se entiende. En realidad, se trataba de la Legión.

Fue trasladado a la prisión de San Marcos, hoy ostentoso parador de lujo, pero en aquellos años tenebrosa cámara de los horrores donde se torturaba a la gente a muerte y las paredes rezumaban sangre. Él también fue torturado allí salvajemente, según contaron testigos que compartieron con él calabozo y lograron salvar el pellejo.

Como a tantos otros, lo habían denunciado por rojo. Sin pertenecer a ningún partido político, simpatizaba con Izquierda Republicana, el partido de Aza-ña, y, consecuente con sus ideas, había votado en las elecciones del 16 de febrero de 1936 por el Frente Popular...

En el procedimiento que se le instruyó para "averiguar" su intervención "contra el Glorioso Movimiento Nacional", nada había de lo que pudiera acusársele formalmente. Sus "delitos" eran de opinión; sus supuestas actividades "subversivas", meras suposiciones. Aunque el juez instructor consideraba que no había elementos suficientes para determinar "la existencia de un delito", dadas "la gravedad de las circunstancias" del momento y "sus actividades anteriores" (que no se especifican), así como "sus relaciones con elementos extremistas", si el procedimiento terminara sin responsabilidad criminal, de conformidad con el artículo 396 del Código de Justicia Militar, recomendaba que la autoridad gubernativa le impusiera una multa de 9.500 pesetas, cantidad nada desdeñable en aquellos años, pero de la que consta se hizo entrega. Era de suponer que, abonada la multa, el preso sería puesto en libertad. No fue así. A partir del 20 de octubre de 1936, fecha en la que se pedía quedaran archivadas en la Comandancia Militar de León las diligencias instruidas en el caso, se pierde su rastro. Lo más probable es que lo sacaran esa misma noche de la Cárcel Provincial de León, adonde lo habían trasladado en agosto, para darle el paseo. Tenía 35 años y dejaba dos hijos, el mayor de tres años; la más pequeña no llegaba a dos.

Han pasado desde entonces más de 73 años y seguimos sin saber dónde está su cuerpo. Yo me hice a mí misma hace tiempo la promesa de que no cejaría hasta encontrarlo. Nunca había hecho mal a nadie. Era, por encima de todo, un hombre bueno...

Leer toda la tribuna de María Rosa de Madariaga, de "El País" aquí.
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