El próximo jueves el Gobierno aprobará, por segunda vez este año, unas cuentas anuales. Convocará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un encaje de bolillos que tiene visos de ser el más complicado de los últimos tiempos: la economía seguirá en recesión, lo que afectará a la recaudación fiscal. Y para terminar de cerrar el círculo de lo imposible, además, se estrecha el límite de déficit permitido y suben los intereses de la deuda acumulada. ¿El resultado? La partida reservada para pagar esos intereses por la deuda será mayor que toda la partida destinada a pagar al personal de toda la Administración del Estado consolidado. Es la primera vez, al menos desde 1995, que ocurre.
El aumento de la deuda pública y el alto nivel en el que se sitúa la prima de riesgo impulsan los gastos por intereses, la partida que más crecerá el próximo año, 9.114 millones más que en 2012 (cuando fue ya de 28.913 millones de euros), casi un punto del PIB. En total, esta carga será de más de 38.000 millones de euros. Los gastos de personal consolidados (de la Administración Central, Seguridad Social y organismos autónomos) presupuestados para este año estuvieron ya por debajo de esa cifra, ya que fue de 33.151 millones de euros. Así pues, la previsión de gastos que realiza el Gobierno para pagar los intereses superará por primera vez a lo que dedica a pagar la nómina de los funcionarios y empleados públicos, al menos desde 1995, último año sobre el que aparecen registros de los Presupuestos Generales en la página del Ministerio de Hacienda. Los gastos financieros en 2013 serán el doble que los presupuestados en 2009 por la crisis e incluso superarán también por primera vez a lo que destina el Gobierno a pagar las prestaciones por desempleo.
El objetivo principal de las cuentas de 2013 pasa por cumplir con el sacrosanto objetivo de déficit comprometido con Bruselas. La Administración central y la Seguridad Social tienen fijado un tope conjunto de déficit del 3,8% del PIB, lo que supone que el año próximo la desviación entre gastos e ingresos presupuestarios no podrá ser mayor de 40.778 millones, unos 7.000 millones menos que en 2012. La tarea es complicada porque están previstos que los gastos públicos de la Administración central crezcan un 9,2% hasta los 126.792 millones, según el techo de gasto aprobado por el Gobierno a mediados de julio. La aportación del Estado a la Seguridad Social también aumentará en unos 4.300 millones, para asumir los complementos de mínimos de la Seguridad Social y hacer frente al mayor gasto en pensiones.
A todo eso se añade que la crisis sigue haciendo estragos y las perspectivas no son nada halagüeñas. Las últimas previsiones del FMI estiman que la economía española se contraerá un 1,2% el próximo año, lo que podría obligar al Gobierno a modificar el cuadro macroeconómico —las cifras de referencia para calcular el presupuesto— en el que contemplaba una caída del 0,5% del PIB... Leer más aquí en El País. Y aquí.
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