Cómo han sido los procesos constituyentes en España

De la Revolución Gloriosa al pacto de la Transición
Una Constitución sin un proceso de toma de palabra popular no es nada.
Esa es la conclusión del autor después de repasar las diferencias entre los procesos de 1869, 1931 y 1978.
Pasos hacia un proceso constituyente 
 Es hora de inventar una salida política

Desde la promulgación del Estatuto de Bayona de 1809 y la Constitución de Cádiz de 1812 son varias las cartas magnas que se han promulgado en el Estado español. Algunas no llegaban ni a constitución, como el Estatuto Real de 1834 que era una Carta Otorgada. Otras no llegaron ni a nacer, caso de la conocida como Constitución Non Nata de 1856.

 Pero de todas las constituciones, las que más nos interesa para un análisis pormenorizado de su proceso, por su carácter revolucionario o con características peculiares, destacaríamos la de 1869, producto de la Revolución Gloriosa que dio paso al Sexenio Revolucionario; la de 1931, producto de la Segunda República española, y la de 1978, que es la vigente. Vamos a poder comprobar cómo los procesos que generan la de 1869 y la de 1931 son muy distintos a la que genera la de 1978. Esto sirve para dar una lectura a lo que en la actualidad está sucediendo. En 1868 la situación del país había llegado a un punto insostenible. La inestabilidad de los distintos gobiernos del reinado de Isabel II y las aventuras coloniales convertidas en estruendosos fracasos (como la Guerra de África y la paz de Wad Ras) pasan factura a la monarquía. Las fuerzas de la oposición al régimen isabelino (liberales, demócratas y republicanos) se unen en el Pacto Ostende, que logra en septiembre de 1868 expulsar del país a Isabel II. Tras la búsqueda rápida de un nuevo rey, que recae en la figura de Amadeo de Saboya, se promueve la elaboración de una nueva constitución que supera a la de 1845.

 La Constitución de 1869 era la más avanzada a su época. Se establecía el sufragio universal masculino. Se aprobaban leyes de asociación de carácter democrático que llegaban a España muchos años después de las mismas conquistas en Europa tras la Primavera de los pueblos de 1848. La Revolución de 1868 trae consigo un fuerte sentimiento de debate y de organización. Las fuerzas republicanas, divididas en diversas facciones, van creciendo en influencia. Se produce también la fundación del movimiento obrero organizado en la Federación Regional Española.

 No estamos solo ante una constitución, sino un cambio de tendencia en la política española. A la abdicación de Amadeo I como rey de España, le sucede la proclamación de la República en febrero de 1873. La nueva forma de régimen, que parte en una posición de debilidad, intenta promulgar una nueva constitución de carácter federal que es frenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Las guerras carlistas y la represión contra el movimiento cantonal sirven como excusa para el golpe de Estado de Pavía en enero de 1874 y el pronunciamiento en Sagunto por Arsenio Martínez Campos, que devuelve el poder a la Casa Borbón en la persona de Alfonso XII. Si el movimiento revolucionario había venido con motivo de un diverso movimiento popular, el retorno de la monarquía se produce a través de un golpe de Estado y de la fuerza de la armas. Se ponía así fin a la primera experiencia democrática española. En parte un proceso semirupturista, pues la simbología no llegó a cambiar (no dio tiempo a ello) y determinados sectores reaccionarios siguieron manteniendo influencia en la órbita de poder.

 Habría que esperar muchos años para ver un proceso similar. La Constitución que se promulga en 1876, y que da paso al régimen de la Restauración, da su carpetazo final con la proclamación de la Segunda República en 1931. El advenimiento republicano viene precedido por un movimiento popular alrededor del mismo. Durante toda la dictadura de Primo de Rivera (último intento de la dinastía borbónica de salvaguardar los muebles ), republicanos y anarquistas, de forma mayoritaria, se lanzan a una oposición frontal contra la dictadura y la monarquía. El proceso que se inicia en enero de 1930 con la dimisión de Miguel Primo de Rivera es mucho más profundo que una mera unión de republicanos, como siempre se ha querido presentar. El movimiento obrero libertario participa de lleno en un proceso destituyente de la monarquía. La unificación de fuerzas populares a través de huelgas, de movilización social, de contacto con los sectores más progresistas del Ejército, etc., posibilitan que las elecciones municipales de abril de 1931 se conviertan en plebiscitarias. La victoria en las principales capitales de provincia de los republicanos, como reflejo de esa oposición a la monarquía, viene motivada por todo lo anterior y no por el Pacto de San Sebastián solamente.

De hecho, las fuerzas firmantes del Pacto de San Sebastián no se planteaban la proclamación de la República una vez conseguido el éxito electoral. Es el pueblo, la voluntad popular, la que proclama la República aquel 14 de abril de 1931 y hace que el gobierno provisional de ese Pacto de San Sebastián tome el poder.

 A partir de entonces ese gobierno se ve obligado a legislar a favor de ese pueblo que le ha aupado al poder. Unas veces acertó (como en los avances educativos) y otras fracasó estrepitosamente (como en la reforma agraria). Aquí está la raíz de la oposición anarquista a las medidas republicanas. Las elecciones posteriores a la proclamación de la República son constituyentes y esa Constitución de 1931 es producto de todo el movimiento revolucionario generado. La ruptura con el pasado es total. Se cambia los símbolos, las estructuras políticas, los modos de funcionamiento, etc. Dejando a un lado los problemas estructurales de la República, las fuerzas reaccionarias vuelven a poner fin a la experiencia con un golpe de Estado y una cruenta guerra de exterminio contra sus enemigos. Una Guerra mantenida por una parte del Ejército, la derecha política, el clero y los sectores conservadores y pudientes de la sociedad.

 Viendo estos dos antecedentes, tanto el de 1868 como el de 1931, cabe preguntarse si tiene semejanza con el proceso que se inicia en España tras la muerte del Franco y desemboca en la Constitución de 1978. La respuesta es no. Mientras las dos anteriores constituciones proceden de momentos de ruptura revolucionaria, donde las fuerzas emergentes y alternativas son las que llevan la iniciativa, en 1978 en España se produce un pacto tácito entre las fuerzas franquistas y un sector de las fuerzas oposición al franquismo. El pacto significó el continuismo del régimen franquista.

 La ilegitimidad del régimen franquista, impuesto tras un golpe de Estado y una guerra, adoptaba una posición de “legitimidad” con la Constitución de 1978. No se produce ninguna ruptura con el pasado. La Carta Magna ratifica como Jefe de Estado a aquel que había designado Franco para sucederle. La ruptura con el franquismo queda frenada por la Ley de Amnistía, que dejaba en el olvido los crímenes de la dictadura. Las estructuras políticas fueron transformadas. Unos se adaptaron a las nuevas circunstancias (socialistas y comunistas) mientras otros fueron reprimidos por no adaptarse (anarquistas, extrema izquierda, etc.) Se anulaba cualquier posibilidad de oposición real. Se establecía un sistema electoral que favorecía a las castas políticas de los partidos mayoritarios. Se amparó el régimen capitalista emergente.

 El ejemplo lo tenemos en el propio PSOE. Al ganar las elecciones de 1982 promueve la creación de un “Estado del bienestar” con el único objetivo de destruirlo como parte del plan neoliberal que hoy está brotando con fuerza. No fue una constitución del consenso como se quiere presentar. Se hizo bajo una campaña de miedo y engaño provocando para que la gente la aceptara como “mal menor”. Por mucho que intenten maquillarlo, esa Constitución nada tiene que ver con la de 1869 o la 1931. La que más se le asemeja es la de 1876. Aunque mantiene el sufragio universal, legitima un poder del Estado surgido de la fuerza de las armas, ilegal y fomenta el bipartidismo (ayer conservadores-liberales, hoy PP-PSOE). Su promulgación no vino precedida de ningún movimiento revolucionario. Muy por el contrario, para llegar a promulgarla, tuvieron que eliminar a la oposición revolucionaria a la misma. Las cortes surgidas tras las primeras elecciones en 1977 no solo vetaron a las candidaturas republicanas sino que ni siquiera se presentaron como constituyentes. El modelo de representación sindical era el franquista (modelo vertical) pero aplicado a un número mayor de sindicatos que aceptase las reglas del juego surgidos tras los Pactos de la Moncloa. Aquellos que se negaron (como la CNT) no solo quedaron fuera de juego sino que sus propias actividades no tendrían ningún reflejo en la prensa y medios de información. Y, como broche entre otras cosas, la bandera y el himno siguieron siendo los mismos que en el franquismo. Todos esos pactos que se firmaron entre 1975 (o incluso antes) y 1978 hoy han caducado. La cuestión es si el cambio sistémico que se prepara o se intuye tendrá componentes revolucionarios y transformadores como los de 1868 o 1931 (no como paradigma pero si como ejemplo popular) o volverán a redundar en lo cosechado en 1978 caminando hacía la “legalización” del capitalismo más salvaje.

 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Como-han-sido-los-procesos.html