El capitalismo contra la democracia en Europa y América Latina

Michael Löwy y Samuel González

Revista Memoria (México)

Empecemos con la cita de un ensayo sobre la democracia burguesa en Rusia, escrito en 1906, tras la derrota de la primera revolución rusa:

Es sumamente ridículo creer que existe una afinidad electiva entre el gran capitalismo, tal como se importa actualmente a Rusia y como se conoce en Estados Unidos (…), y la ‘democracia’ o la ‘libertad’ (en todos los significados posibles de la palabra); la verdadera pregunta debería ser ¿cómo es ‘posible’ que estos conceptos existan, a largo plazo, bajo la dominación capitalista? 1

¿Quién es el autor de este lúcido comentario? ¿Lenin, Trotsky o, quizás, Plekhanov? Es de hecho Max Weber, el conocido sociólogo burgués. Aunque jamás desarrolló tal idea, está sugiriendo que hay una contradicción intrínseca entre el capitalismo y la democracia.

La historia del siglo xx parece confirmar esa opinión: muy a menudo, cuando el poder de las clases dominantes se veía amenazado por el pueblo, la democracia era puesta a un lado como un lujo que no podía permitirse y reemplazada por el fascismo —Europa en las décadas de 1920-30— o las dictaduras militares en Latinoamérica en las décadas de 1960-70.

Afortunadamente, éste no es el caso de Europa y Latinoamérica en la actualidad; sin embargo, hemos experimentado, en particular durante las últimas décadas con el triunfo del neoliberalismo,una democracia de baja intensidad, una democracia sin contenido social que se ha convertido en recipiente vacío. Cierto, aún tenemos elecciones, pero parecería que hay un solo partido, el Partido del Mercado Unido, con dos variantes que tienen sólo diferencias limitadas: la versión neoliberal de la derecha y la versión socioliberal de centro-izquierda.

El debilitamiento de la democracia es particularmente visible en el funcionamiento oligarca de la Unión Europea, donde el Parlamento tiene poca influencia, mientras que el poder se encuentra asido con fuerza por las manos de órganos no elegidos, tal como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo. De acuerdo con Giandomenico Majone, profesor en el Instituto Europeo de Florencia y uno de los teóricos semioficiales de la Unión, el continente necesita “instituciones no mayoritarias”; es decir, “instituciones públicas que, a propósito, no sean responsables hacia los electores ni hacia los oficiales electos”: éste representa el único camino para protegernos de “la tiranía de la mayoría”. En dichas instituciones, “cualidades como la experiencia, el conocimiento, la discreción profesional y la coherencia (…) son mucho más importantes que la responsabilidad democrática directa”. 2 Apenas puede imaginarse una apología más descarada de la naturaleza oligarca y antidemocrática de la Unión.

Con la actual crisis económica, la democracia ha descendido a sus niveles más bajos. En un editorial reciente, el diario francés Le Figaro escribió que la presente situación es excepcional, y esto explica por qué los procedimientos democráticos no pueden ser siempre respetados; cuando los tiempos normales vuelvan podremos restablecer una legitimidad democrática. Tenemos por tanto una especie de “estado de excepción” económico/político en el sentido que Carl Schmitt le atribuía. Pero ¿qué soberano tiene el derecho de proclamar, de acuerdo con Schmitt, el estado de excepción? Durante algún tiempo después de 1789 y antes de la proclamación de la República Francesa, en 1792, el rey tenía el derecho constitucional al veto. Cualquiera que fuesen las resoluciones de la Asamblea Nacional y los deseos y las aspiraciones de la población gala, la última palabra pertenecía a su majestad.

Actualmente, en Europa el rey no es un Borbón o un Habsburgo sino el capital financiero, aliado a los grandes capitales industriales. Todos los gobiernos europeos actuales son funcionarios de ese monarca absolutista, intolerante y antidemocrático. Ya de derecha, “centro-extremo” o seudoizquierda, ya conservadores, democristianos o socialdemócratas, todos sirven fanáticamente el derecho al veto de su majestad. La total y absoluta soberanía en la Europa actual supone por tanto el mercado financiero global. Los mercados financieros dictan a cada país los salarios y las pensiones, los recortes del gasto social, las privatizaciones, y el índice de desempleo. Hace algún tiempo, designaban de modo directo a los líderes de gobierno (Papademos en Grecia y Mario Monti en Italia), seleccionando supuestos “expertos”, fieles sirvientes suyos.

Veamos de cerca a algunos de estos “expertos” todopoderosos. ¿De dónde vienen? Mario Draghi, titular del Banco Central Europeo, es antiguo gerente de Goldman Sachs; Mario Monti, antiguo miembro de la Comisión Europea, fue asesor de Goldman Sachs. Monti y Papademos son miembros de la Comisión Trilateral, un club muy selecto de políticos y banqueros que deciden qué hacer y cuáles medidas tomar. El presidente de la Comisión Trilateral Europea, Peter Sutherland, se desempeñó como integrante de la Comisión Europea y gerente de Goldman Sachs; el vicepresidente de la Comisión Trilateral, Vladimir Dlouhy, otrora ministro checo de Economía, es asesor de Goldman Sachs para Europa del Este. En otras palabras, los “expertos” a cargo de salvar Europa de la crisis solían trabajar para uno de los bancos directamente responsables de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Esto no indica una conspiración para entregar Europa a Goldman Sachs; sólo ilustra la naturaleza oligarca de la elite “experta” que gobierna la Unión.

Los gobiernos de Europa son indiferentes a la protesta pública, las huelgas, las manifestaciones masivas y la opinión o los sentimientos de la población; están atentos —y en extremo— sólo a la opinión y los sentimientos de los mercados financieros, sus empleados y las agencias de notación. En la seudodemocracia europea, consultar a la gente vía plebiscito es herejía peligrosa o, peor aún, crimen contra el Santo Mercado. El gobierno griego, encabezado por Syriza, la Coalición de la Izquierda Radical, fue el único que tuvo el valor de organizar una consulta popular.

El referéndum griego fue respecto no sólo a factores económicos y sociales fundamentales sino, también y en primer plano, a la democracia. El 61.3 por ciento del “no” supuso un intento por desafiar el veto Real de las finanzas. Esto pudo haber constituido un primer paso hacia la transformación de Europa, de una monarquía capitalista a una república democrática; sin embargo, las instituciones europeas oligarcas de hoy tienen tolerancia escasa por la democracia. Dichas instituciones penaron de inmediato al pueblo griego por su insolente intento de rechazar el austericidio. La deudocracia está de vuelta en Grecia para vengarse; impone un brutal programa de medidas económicamente recesivas, socialmente injustas y humanamente insostenibles. La derecha alemana fabricó este monstruo y lo forzó sobre el pueblo de Grecia con la complicidad de los falsos “amigos” de ésta (Hollande, Renzi y otros).

En Latinoamérica, la democracia continúa enfrentando fuertes embates por el capital. Tras las dictaduras, trabajadores del campo y de la ciudad asediaron de nuevo su tiranía, recetada en fuertes dosis de neoliberalismo durante la llamada década perdida, y más adelante aún: se trató de la ofensiva de las clases dominantes en respuesta a la situación económica global y a la existencia de procesos de construcción de poder popular, que conduce al ejercicio de la democracia desde abajo. Ante las decisiones elaboradas en pequeños comités empresariales, y acatadas por gobiernos serviles, campesinos, indígenas y trabajadores pusieron en pie organizaciones populares tendentes a otorgar capacidad de veto a las movilizaciones sociales a principios de siglo, en diversos países de la región. La guerra del agua y la del gas en Bolivia entrañan expresiones nítidas del ascenso experimentadas por la movilización popular. Ésta fue una conquista de la democracia ejercida desde abajo, que visibilizó la profunda conexión entre el aspecto social y el ejercicio de la democracia directa.

Una vez más, la marcha del capital pudo cuestionarse sólo desde la movilización popular, desde asambleas populares que encontraron nuevos sujetos y regiones para la movilización. El ascenso de la democracia popular fue capaz de trazar una estela que avanzó desde la protesta (por ejemplo, el estallido argentino de 2000-2001), conquistó capacidad de veto, respecto a determinadas políticas neoliberales (Bolivia, Ecuador, Argentina), e impulsó la llegada de nuevos gobiernos en toda la región. Ello colocó nuevas condiciones en la relación entre democracia, participación popular y justicia social. Con distintos grados y matices, la llegada de estos movimientos y de nuevos gobiernos suscitó procesos de democratización de las estructuras institucionales (proyectos de presupuesto participativo en centros urbanos), e incluso más allá de éstas en procesos de autogestión territorial (comunidades zapatistas, autogestión de fábricas y recursos naturales), procesos de redistribución de la riqueza y, en los casos más radicales, dinámicas de expropiación de recursos estratégicos al gran capital (como en Bolivia y Venezuela). Muchos de éstos evidenciaron que la profundización de la democracia, desde una visión participativa y comunitaria, y la justicia social se relacionan con la existencia de potentes movimientos sociales y de organizaciones populares (comunas, asambleas, consejos, sindicatos) tendentes a tomar en sus manos el control de un territorio o de alguna función social como la seguridad.

Sin embargo, el capitalismo no fue derrotado en la región. En toda Latinoamérica, las derechas se reorganizaron, con distintas estrategias acordes con la correlación de fuerzas existente y la historia política de cada país. Los ejemplos más significativos durante este periodo se hallan en Paraguay, Honduras y Venezuela, pero también en Ecuador, Brasil y México. En 2009, Manuel Zelaya fue destituido como presidente de Honduras por la Suprema Corte de Justicia, acusado de traición a la patria. En el fondo, la traición fue del gran capital, vulnerador de la voluntad popular ante la trayectoria de un gobierno que tomó relaciones con Petrocaribe, se unió a la Alianza Bolivariana para América y presentó la iniciativa de impulsar una asamblea constituyente a través de un plebiscito. En Paraguay (2012), el gobierno de Lugo fue víctima de un golpe de Estado parlamentario, organizado mediante un proceso de destitución articulado por el Senado. Este cuerpo legislativo acusó al Ejecutivo en turno de inducir un clima de violencia entre las fuerzas públicas y un intento de toma de tierras por campesinos. Evidentemente, ello implicó un enorme revés para la democracia y la vuelta al gobierno del reaccionario Partido Colorado.

Los casos de Paraguay y de Honduras ejemplifican cierta diversificación estratégica por las derechas latinoamericanas. A diferencia del periodo anterior, y ante una correlación de fuerzas menos favorable, se valen de la manipulación mediática (muchas veces con control monopólico de los grandes medios de comunicación, como en Venezuela y México) e institucional para derribar gobiernos electos democráticamente, que incluso no mostraron rasgos de radicalidad comparable con los gobiernos de Venezuela o Bolivia. Desde luego, Venezuela ha sido uno de los blancos preferidos, pues al imperialismo resulta insoportable que un gobierno de izquierdas controle una de las mayores reservas de petróleo. La situación ha dado lugar a la aparición de diversas derechas, algunas recalcitrantes, ligadas de modo directo con los segmentos más reaccionarias de las clases dominantes estadounidenses (Tea party), y otras con un perfil más suave y democrático. Ambas corrientes han intentado, como en otros países de la región, arrancar a la izquierda algunas de sus esenciales banderas de la lucha democrática. Desde la muerte de Chávez —la gran fortaleza, pero también la gran debilidad del proceso bolivariano—, la derecha ascendió en los planos político y electoral, aprovechando y provocando escenarios de inflación y de tendencia a la dolarización de la economía y canalizando ciertos ámbitos de descontento social.

Respuestas más radicales pueden observarse en el caso de México. Los monumentales fraudes electorales de 1988 y de 2006 expresaron el consenso y la alianza entre las clases dominantes del país y el imperialismo estadounidense. En 2006, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador levantó un discurso que halló, en el horizonte social-liberal de Lula, un ejemplo para su proyecto de gobierno, lejos de Hugo Chávez y Evo Morales. Pese al perfil profundamente moderado de su propuesta de gobierno, los grandes capitales decidieron cancelar el proceso por la fuerza, efectuando un fraude obsceno y desatando, como respuesta a la ilegitimidad del proceso, la llamada guerra contra el narcotráfico, que ha cobrado más de 150 mil vidas en los últimos años. En este periodo es posible identificar, como en Europa, personajes que conectan el control financiero con funciones gubernamentales vitales para el capital financiero. Agustín Guillermo Carstens Carstens, actual gobernador del Banco de México, fue uno de los principales artífices de la estrategia económica y financiera del gobierno de Felipe Calderón en 2006; no por casualidad, en el periodo anterior fungió como importante directivo del Fondo Monetario Internacional.

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Mientras la crisis empeora y la indignación pública se incrementa, hay una tentación creciente entre varios gobiernos por distraer la atención pública hacia un chivo expiatorio: los inmigrantes. Así, extranjeros indocumentados, inmigrantes no comunitarios, musulmanes y gitanos son presentados como la amenaza principal de la Unión Europea. Esto permite por supuesto muchas oportunidades para partidos racistas, xenófobos, semifascistas o abiertamente fascistas que proliferan y son ya, en varios países, parte del gobierno —una seria amenaza a la democracia en el continente.

La única esperanza es la creciente aspiración por una Europa que vaya más allá de la competición salvaje, las brutales políticas de austeridad y las eternas deudas por pagar. Otra Europa es posible: una democrática, ecológica y social. Pero ésta no se alcanzará sin un esfuerzo común de las poblaciones europeas que traspase las fronteras étnicas y los estrechos límites del Estado-nación.

Lejos de creer que la batalla de la democracia contra el capital ha sido ganada en Latinoamérica, estamos convocados a observar que el capital conserva buena parte de su poder en la región y que ello representa una amenaza constante en el campo político. Tampoco podemos olvidar los delicados acontecimientos de Ecuador (cuando Correa fue retenido por un contingente de policías) y Bolivia (cuando a Evo Morales no se permitió aterrizar en Francia y Portugal ante el rumor de que Snowden fuera a viajar con él), así como la existencia de bases militares. Hay una necesidad apremiante de profundizar la democracia mediante la construcción de poder popular; un ejemplo muy significativo al respecto son las comunas generadas en Venezuela desde 2009. Es importante remodelar los Estados desde una visión que sobrepase y rompa con los designios de la democracia liberal y los dictados del gran capital. Las experiencias conquistadas en las asambleas constituyentes resultan fundamentales, sin perder de vista la necesidad de construir poder popular más allá de sus formas estatales, generando un puente y vínculo entre lo democrático y lo comunitario, como demuestran diversas experiencias en la actualidad, para repensar los horizontes anticapitalistas y comunistas de nuestro siglo.

Sin duda, la baja en el precio de las commodities y del petróleo afecta gravemente la base de las políticas de redistribución de estos gobiernos, y tiende a aumentar las condiciones de inflación y a otorgar condiciones para ataques económicos y políticos por los grandes capitales del continente, aliados del imperialismo estadounidense. Coincidimos en la idea de defender frente al imperialismo a gobiernos elegidos de modo democrático, apoyando las medidas tendentes a profundizar la democracia y la equidad. Sin embargo, es fundamental distinguir las disidencias que emergen desde el campo de las derechas y las provenientes de manera legítima desde el campo popular y la izquierda. La conciencia y organización populares, necesarias para barrer a la derecha del continente, sólo pueden provenir de procesos de autoorganización, donde la pluralidad y el debate hacen parte de la creatividad revolucionaría.

En otras palabras, nuestra esperanza por el futuro está en la indignación popular y los movimientos sociales, expandidos en particular entre la juventud y las mujeres en diversos países. Para estos movimientos, resulta cada vez más evidente que la lucha por la democracia es una contra el neoliberalismo y —en un último análisis— el mismo capitalismo, un sistema inherentemente antidemocrático, como Max Weber señaló hace más de 100 años.

Post Scriptum
La inmigración a Europa de cientos de miles de refugiados, víctimas de los conflictos del Medio Oriente —y de las intervenciones imperialistas—, ha provocado en muchos gobiernos reacciones histéricas, xenófobas y racistas; el caso más brutal lo representa el ultraderechista de Hungría, pero está lejos de ser el único. Por otro lado, los atentados terroristas de ISIS en París han servido de pretexto para que la seudosocialista administración gala imponga un estado de excepción, suspendiendo las garantías constitucionales. En las elecciones regionales en Francia, el Frente Nacional se proyecta como el primer partido en el país, en tanto que los organismos de derecha y centro-izquierda retoman las temáticas racistas e islamófobas de Marine Le Pen. Hay por fortuna focos de resistencia de la izquierda radical en Portugal, Grecia, Estado español, Inglaterra y otros territorios, pero predominan en la Unión Europea el desastre neoliberal y la ofensiva de fuerzas fascistas y racistas. Ambos representan tendencias profundamente antidemocráticas.

Al mismo tiempo, la victoria de Macri y la derecha en Argentina, los desastrosos resultados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que colocan un escenario donde el parlamento es dirigido por la derecha, y el juicio iniciado contra Dilma en Brasil constituyen la apertura de un nuevo periodo en el que, a la crisis económica y el reflujo de las movilizaciones y los gobiernos de izquierda, se suma una ruptura política que amenaza de manera contundente la estabilidad de la izquierda en Latinoamérica. Este viraje, desde luego, debe impulsar la más amplia unidad contra la escalada golpista, sin olvidar la urgencia de generar una visión crítica en torno al transformismo experimentado por algunos gobiernos progresistas, como el del PT en Brasil, que se han aproximado a posiciones social-liberales, reproduciendo patrones económicos extractivistas y rentistas, y que hoy parecen llegar a un callejón sin salida. Los acontecimientos mencionados profundizan de modo simultáneo la reorganización de la derecha y el asedio a la democracia conquistada por las movilizaciones en las últimas décadas. Pese a esas condiciones, sectores significativos de las mayorías del continente presentan una conciencia que confronta abiertamente al neoliberalismo, y en cierta medida al propio capitalismo. Con seguridad, esta energía hará frente a la salida autoritaria formulada por las derechas y el imperialismo estadounidense, pues no todo está dicho en el continente.

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