"...Nadie pone a sus hijos en un barco
a no ser que el agua sea más segura que la tierra.”
Wharsan Shire
Los gestos tienen un valor y acoger en Valencia a los 629 refugiados rescatados por el Aquarius de sus frágiles barcazas cuando huían de Libia, ha representado, no solo una buena iniciativa por parte del gobierno de Pedro Sánchez, sino un acto acorde a la legalidad internacional.
Un gesto que se espera marque un cambio de orientación con respecto a lo hecho y dicho por el extinto gobierno de Rajoy. Otro acto pero, en este caso, contrario a legalidad internacional, fue el del gobierno italiano de Matteo Salvini cuando, en su momento, ordenó cerrar los puertos e impedir el atraque del Aquarius.
La sucesión de acontecimientos que han propiciado la llegada del Aquarius a los puertos del Reino muestran, de la manera más palmaria, la crisis general prolongada y sin solución que vive el sistema de frontera y acogida.
Una simple comparación de las condiciones de arribo de las 629 personas refugiadas del buque Aquarius, con los 982 refugiados que iban a bordo de las 63 pateras y que cruzaron el Estrecho por sus propios medios para también terminar, este mismo fin de semana, arribando a las costas españolas, ratifica la forma en que se desarrolla dicha crisis: gestos positivos, aislados e inconexos, en medio de un mar de vulneraciones sistemáticas y organizadas de los derechos.
Para los llegados a Valencia, 200 fotógrafos y 500 periodistas; para los lo hicieron por el sur, menos de una decena. Para los primeros, 2400 personas de apoyo (traductores, médicos, abogados, sanitarios, psicólogos, acompañantes, etc.) que les permitirán encarar mejor esta nueva etapa de sus vidas. Para los segundos, las ongs denuncian escasez de medios para la acogida. Para unos, habrá 30 días que les permitirán decidir si solicitan asilo o encaran otro medio legal para quedarse en el Reino de España. Para los segundos, deportaciones exprés, centros de Internamiento y largas horas de trámites en comisaría.
La política europea y la española, muy similar a la del resto de estados de la UE, se halla marcada por el “dispositivo” visto en el Estrecho y no por el despliegue realizado en Valencia. El Aquarius, como otros picos de emergencia referidos a la cuestión del refugio (que no han sido pocos), pone de relieve un problema político que surge al dar la espalda los gobiernos a la legalidad internacional, un camino que agrava una crisis provocada por las guerras y la persecución.
Hoy, los ejes de la política europea parten de dos premisas:
1. No abordar las causas que motivan que el número de desplazados sea el mayor desde la segunda Guerra Mundial (65 millones).
Dichas razones se hallan directamente asociadas a la forma precisa (imperialista) del proceso de globalización. Es decir, un proceso en el que los sectores económicos más ricos, protegidos por unos Estados que son, a su vez, lo más poderosos de la escena internacional, trabajan para doblegar toda resistencia que impida el expolio organizado de la inmensa mayoría de la humanidad. Un saqueo que no rehúye, sino que exige, para ser efectivo, emplear todo tipo de diferencias entre pueblos y culturas.
2. No hacerse responsable de las consecuencias humanas de tales políticas que, en muchas ocasiones, sitúan a empresas europeas en su centro e implican desigualdad y guerra.
Conflictos que, a su vez, alimentan el número de desplazados, de refugiados y de solicitantes de asilo en el mundo.
En la actualidad, la UE hace convenios (ella misma) y avala que sus Estados realicen acuerdos con terceros como con Turquía, los señores de la guerra libios o Marruecos que para que éstos (como la vieja Roma imperial) controlen las fronteras fuera de su territorio.
Cuando los refugiados burlan esas trampas y se lanzan al agua o comienzan a caminar, se los hostiga por tierra, mar y aire. Se emplean barcos de guerra que los devuelven, se castiga a las ongs que intentan cumplir con la legalidad y socorrerlos, se organizan dispositivos aéreos para detectarlos o devolverlos a sus lugares de origen. Se instalan pinchos, se cavan fosos, se levantan muros y se montan concertinas destinados a impedir que esas personas puedan ejercer unos derechos que se asegura “oficialmente” defender. Finalmente, si todo ello no “sirve”, se les encierra, deporta o se abandona en un limbo legal que, de nuevo, les niega toda opción.
Los próximos 28 y 29 de junio, los jefes de Estado de la UE se reunirán para abordar por enésima vez el llamado problema de la inmigración ilegal. Un problema que apunta más hacia el colapso que hacia una verdadera solución. Sobre la mesa, el caso del Aquarius y el fracaso de las cuotas de reubicación tras la crisis griega e Italiana de hace ya tres años.
Nuevamente se hablará de la posible reforma del periclitado Reglamento de Dublin que regula las condiciones en las que un Estado miembro responde a las solicitudes de protección internacional que se le formulan, pero que, a la hora de la verdad, supone que, salvo que seas menor de edad, el Estado por el que arribas a la Unión es el que tiene la obligación de identificarte, tramitar tu solicitud y es el único por el puedes circular. Seguramente también se hablará de los pasadores ilegales de fronteras, de los acuerdos con terceros países y del marco Shengen.
En este escenario, el Aquarius no puede resultar un gesto más en medio de una legalidad que obvia los derechos de la personas. La acogida de ahora demuestra que no se trata de problemas administrativos, sino que su naturaleza es profunda y claramente política. Y frente a ello, o bien se refuerza el espacio europeo de la acogida, se avanza en un sistema y normas únicas europeas de asilo sobre la base de asegurar como prioridad el derecho a permanecer, circular y acceder a la Unión de las personas refugiadas a través de distintas iniciativas, entre ellas, un pasaporte europeo, o se mantiene la actual escalada que solo apunta y desgraciadamente, provocará muchas y mayores crisis.
Carlos Girbau Es activista social en Madrid y colabora con Sin Permiso.
http://www.sinpermiso.info/textos/aquarius-gestos-y-refugio
El éxito del uso de los yanyauid como policía migratoria revela el naufragio del proyecto político europeo. ¿No eran los derechos humanos y el respeto a la ley humanitaria nuestras señas de identidad?
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