La Noche de los Cristales Rotos: las imágenes inéditas del horror causado por los nazis

Oficiales nazis llevándose libros, presumiblemente para ser quemados. 

Hace 84 años, un estallido de violencia masiva contra los judíos en Alemania y Austria marcó una gran escalada en la persecución de los nazis.

Se conoce como Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos. Ocurrió del 9 al 10 de noviembre de 1938.

Miles de negocios, hogares y sinagogas judíos fueron atacados y casi 100 judíos fueron asesinados durante esa noche. Además, otros 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración.

Ahora, han surgido nuevas fotos.

La gente observa cómo un oficial nazi ataca un negocio judío.

Un negocio judío saqueado

FUENTE DE LA IMAGEN, ARCHIVO YAD VASHEM

Así quedó uno de los negocios judíos saqueados esa noche.

Las imágenes fueron tomadas por dos fotógrafos nazis en la ciudad alemana de Núremberg. También hay escenas captadas en la cercana localidad de Fürth.

Esos fotógrafos fueron una parte integral del evento, según Jonathan Matthews, jefe del archivo fotográfico de Yad Vashem, el centro conmemorativo israelí que publicó las imágenes.

Bancos volcados en una sinagoga

FUENTE DE LA IMAGEN, ARCHIVO YAD VASHEM

Bancos volcados en una sinagoga.

Oficiales nazis vertiendo gasolina en los bancos de una sinagoga

La sinagoga en llamas durante la Noche de los Cristales Rotos.

El álbum fue entregado a Yad Vashem por la familia de un soldado estadounidense judío que sirvió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el centro de la memoria, nunca habló sobre sus experiencias durante la guerra.

Cuando su nieta Elisheva Avital abrió el álbum, sintió como si "le quemaran las manos".
Oficiales nazis observan una tienda judía que ha sido atacada.

Oficiales nazis tiran libros de una estantería.
La matanza del 9 y 10 de noviembre de 1938 a menudo se consideran el punto de partida del Holocausto, en el que la Alemania nazi mató a seis millones de judíos.
Matthews dijo que las imágenes muestran que la violencia fue organizada por el Estado y no fue un "evento espontáneo de un público enfurecido", como sugería la narrativa oficial en ese momento. 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63598757

Raza superior

Por Mario Goloboff | 10/12/2022 | Racismo y opresión capitalista

Fuentes: Página/12 (Argentina) [Imagen: Hitler durante un desfile. Créditos: Página/12]

En una definición simple y lo más cercana de lo común, la raza sería un grupo biológico de personas unidas por el color de la piel, la forma y/o el color del pelo, ciertos rasgos de la cara, características del cuerpo. A partir de allí, se distinguirían tres tipos fundamentales: el negro, de piel oscura y cabello rizado; el amarillo, de piel amarillenta y cabello negro lacio; y el blanco, de piel clara y variado color del cabello. En la historia de la Humanidad se han efectuado y siguen efectuándose mezclas de estos “tipos” o “razas”, lo que convierte esas características en condicionales y no constantes. Como bien lo ha demostrado en este mismo diario Alberto Kornblihtt, en pocas palabras y con la sabiduría que le es propia, estas supuestas razas y las declaraciones que les conciernen no tienen la menor validez científica y solo son vulgares afirmaciones sin importancia ninguna. No obstante, parecen ser muy graves, y si, como en el caso argentino, provienen de un expresidente, más graves aún.

Algunos científicos comenzaron a usar el término y el ambiguo concepto de raza a partir del trabajo de Joseph Arthur, conde de Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, 1853-55, que es quien propuso la idea de una “raza aria”, por una extensión del vocablo aryan, del sánscrito “noble”, que describe el indo-europeo familia o más restringidamente la división indo iraní de la familia. “La transposición de un grupo lingüístico a un grupo físico, como explica Raymond Williams en Keywords, era especialmente engañosa, cuando se combinaba, como en el caso de Gobineau, con ideas de una “estirpe pura”, la superioridad de la “rama nórdica” dentro de ella y, posteriormente, la noción general de las desigualdades raciales intrínsecas”.

Se señala al estudioso alemán Max Müller como el primer escritor en mencionar una «raza aria» en inglés. En sus Conferencias sobre la ciencia del lenguaje (1861), ​Müller se refirió a los arios como una «raza de personas». En ese momento, el término raza tenía el significado de «un grupo de tribus o pueblos, un grupo étnico». Si bien la teoría de la «raza aria» siguió siendo popular, particularmente en Alemania, algunos renombrados autores alemanes se opusieron a ella, como Otto Schrader, Rudolph von Ihering y el etnólogo Robert Hartmann, quien propuso prohibir la noción de «ario» de la antropología. El origen alemán de los arios fue especialmente promovido por el arqueólogo Gustaf Kossinna, quien afirmó que los primitivos indoeuropeos eran idénticos a la cultura de la cerámica cordada de la Alemania neolítica. Esta idea circuló ampliamente en la cultura intelectual y popular a principios del siglo XX. ​

El engañoso concepto de una raza germánica fue uno de los más elaborados por el nazismo. Contaban a su favor, entre otros elementos, con una historia literaria plagada de tal patriotismo y se sirvieron de ella no solo como fuente sino también como motivo permanente de realimentación. A esta empresa coadyuvaron el idealismo alemán y el irracionalismo asentados en las filosofías adaptadas de Hegel y de Nietzsche; el prusianismo, con la unidad nacional impuesta desde arriba y a la fuerza; las teorías del Estado, el culto del ejército, de la autoridad y de las jerarquías. El Estado-educador, las sociedades gimnásticas, la prohibición de lenguas extranjeras, hicieron el resto. Abonados y ayudados por el misticismo del alma germánica, por el orgullo de ser alemán, por el racismo, el regionalismo reaccionario, la literatura de la sangre y del suelo, se movían en un terreno conocido. Y bien sembrado por la mitología germana, con su desfile de héroes, gigantes, dragones, Sigfridos y Brunildas, elfos y nibelungos, y su consagración por Richard Wagner, a quien ungieron aprovechando que era, además, como lo señaló oportunamente Hermann Broch, “la cumbre más alta de lo cursi”, que ellos difundieron y festejaron desde el principio. (“El Kitsch puede ser bueno, malo e incluso genial, mientras, con una nueva blasfemia, a este respecto me permito considerar a Wagner como una de las máximas vetas del Kitsch, y no dudo de agregar que tampoco Tchaikovsky se ubica muy lejos”. “Notas sobre el problema del Kitsch”).

Hasta que apareció el concepto, las lenguas indoeuropeas más antiguas conocidas habían sido las de los antiguos indo iraníes. Por lo tanto, la palabra ario se adoptó para referirse no solo a los pueblos indo-iraníes, sino también a los hablantes nativos indoeuropeos en su conjunto, incluidos los romanos, los griegos y los pueblos germánicos. Pronto se reconoció que los bálticos, celtas y eslavos también pertenecían al mismo grupo. Se argumentó que todos estos idiomas se originaron a partir de una raíz común, ahora conocida como proto indo europea, hablada por un pueblo antiguo que se consideraba antepasado de los pueblos europeos, iraníes e indo-arios.

Tales lucubraciones están siempre, como se ve, íntimamente vinculadas con las de la lengua, y el nazismo se valió de esta para establecer el eje de las diferencias con otros pueblos: “Desde hace decenas de años, escribe Lionel Richard —Nazismo y literatura–, Adolf Bartels (pastor y poeta nazi) bregaba en contra de la corrupción del lenguaje alemán a causa de las palabras extranjeras. A partir de 1933 predicó abiertamente, con el apoyo de sus adeptos, a favor de una lengua finalmente purificada: había que desembarazarla del intelectualismo degradante (cuyas fuentes eran los elementos judío y marxista) y retornar a la lengua primitiva de los campesinos”.

De todo ello, y de las tremendas experiencias vividas por la humanidad, provienen las reflexiones de otro sabio contemporáneo, George Steiner, en uno de sus libros fundamentales, Lenguaje y silencio, de 1976: “Pues no debemos engañarnos respecto de algo que está perfectamente claro: el idioma alemán no fue inocente de los horrores del nazismo. Que Hitler, Goebbels y Himmler hablaran alemán no fue mera casualidad. El nazismo encontró en el idioma alemán exactamente lo que necesitaba para articular su salvajismo. Hitler escuchaba en su lengua vernácula la historia latente, la confusión y el trance hipnótico. Se zambulló acertadamente en la espesura del idioma, en el interior de aquellas zonas de tiniebla y algarabía que constituyen la infancia del habla articulada y que existieron antes de que las palabras maduraran bajo el tacto del intelecto. Oía en el idioma alemán otra música que la de Goethe, Heine y Mann, una cadencia áspera, una jerigonza mitad niebla y mitad obscenidad. Y en vez de alejarse con náusea y escepticismo, el pueblo alemán se hizo eco colectivo de la jacaranda de aquel sujeto. El idioma se convirtió en un bramido compasado por un millón de gargantas y botas implacables. Cualquier Hitler habría encontrado posos de veneno y analfabetismo moral en cualquier idioma. Pero en virtud de su historia reciente, esas cualidades no se encontraban en ningún otro ni tan cerca de la superficie del habla vulgar”.

Mario Goloboff es escritor y docente universitario.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/506065-raza-superior

_- ¿Puede una novela de 1933 sobre el nazismo advertirnos sobre el auge de los totalitarismos en 2022?

_- ‘Los hermanos Oppermann’, de Lion Feuchtwanger, un libro fundamental sobre el nazismo, se convierte en un fenómeno editorial en Estados Unidos

Quema de libros por los nazis en 1933. Las obras de Lion Feuchtwanger estaban entre las que fueron condenadas a la hoguera.
BETTMANN (BETTMANN ARCHIVE)

Lion Feuchtwanger (Múnich, 1884-Los Ángeles, 1958) fue uno de los muchos alemanes que vieron cómo su mundo se caía a pedazos con el ascenso del nazismo y la llegada de Hitler al poder. En los años treinta ya era un escritor famoso —sobre todo por su novela El judío Süß, una denuncia del antisemitismo—, conocido por su pacifismo. Judío, izquierdista, antimilitarista, escritor inteligente y libre: era la encarnación de aquello que los nazis odiaban a muerte. En 1933 inició un largo y peligroso exilio —se refugió en el sur de Francia y tuvo que huir de nuevo tras la invasión alemana de 1940—. Acabó instalándose en la costa oeste de Estados Unidos, donde siguió trabajando con Bertolt Brecht que, como él (y Thomas Mann), había escogido Los Ángeles para su refugio.

La obra que le situó en el punto de mira de los nacionalsocialistas, que enviaron sus libros a la hoguera, fue Los hermanos Oppermann, la historia de una familia judía alemana, publicada en 1934, que logró una enorme repercusión: fue traducida casi inmediatamente a 10 lenguas y vendió 250.000 ejemplares. El Gobierno ya había comenzado a desplegar sus políticas antisemitas e inaugurado el primer campo de concentración —Dachau—, y las persecuciones de socialdemócratas y comunistas eran moneda corriente. Pero muchos gobiernos dudaban de que fuese tan malo porque consideraban que el comunismo era una amenaza mayor. De hecho, en 1936 se celebraron unos Juegos Olímpicos en Berlín con una nutrida participación internacional. En 1933, muchos alemanes pensaban que todavía podrían controlar a Hitler. El libro de Feuchtwanger dejaba claro que no: que nadie estaba a salvo de la locura homicida del nuevo régimen.

Leído ahora resulta estremecedora la lucidez con la que describe cómo el nazismo acaba por meterse en todos los rincones de la vida. La conclusión del libro es que nadie que trate de pensar por su cuenta podrá vivir en Alemania. También deja claro que la persecución de los judíos nunca se detendrá: pocas obras intuyen de una forma tan clara el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En una de las muchas tramas del libro, un estudiante de la familia protagonista lee una disertación en clase en la que defiende que “no hay duda de que la traducción de la Biblia de Lutero y los inventos de Gutenberg fueron mucho más importantes para Alemania y su prestigio en el mundo que la batalla del Teutoburgo” [victoria ante las legiones romanas en el siglo I]. Un profesor simpatizante de los nazis (a los que Feuchtwanger llama “los populares”) le denuncia ante el director del instituto, de origen francés, que defiende a su alumno.

Oppermann no es un “buen alemán”, ni podrá serlo nunca, es uno de los argumentos que utiliza el profesor. No voy a adelantar mucho la trama, pero cuando Hitler llega al poder, el director tiene que elegir entre su puesto de trabajo y la pobreza —en el mejor de los casos— o recibir una paliza y acabar en un campo de concentración —en el peor y más probable— o abandonar a su suerte a un alumno que considera excelente y que cree que tiene razón.

“Lo que había aprendido de la historia es que era asombroso que los amenazados en cada momento pensaran en ponerse a salvo demasiado tarde”, explica el narrador. En el fondo, ese es el tema central del libro: cuándo es demasiado tarde, cuándo los que van a ser perseguidos se dan cuenta de que ya no pueden escapar, cuándo los que creían vivir en una democracia ven como están sometidos a una dictadura y ya no pueden esperar más que terror por parte de un Estado que debería defenderles. Y, aunque nada es comparable al nazismo, ese debate tiene ecos contemporáneos demasiado evidentes: ¿hubiese seguido siendo una democracia Brasil si Bolsonaro llega a lograr un segundo mandato? ¿Lo será Estados Unidos si Trump consigue presentarse y ganar en 2024? ¿Lo son Hungría y Polonia? ¿Sobrevivirá intacta la democracia italiana a Meloni? ¿Se respetarán los derechos de las minorías que mayor protección necesitan?

Lion Feuchtwanger y Bertolt Brecht, en 1935.
FRED STEIN ARCHIVE (GETTY IMAGES)

La última edición española de esta novela data de 2015, por Edaf, en una traducción de Carlos Fortea, que había publicado antes Alianza Editorial. Sin embargo, en EE UU acaba de ser reeditada con un prólogo de Joshua Cohen, ganador del premio Pulitzer por su novela Los Netanyahus. El libro ha abierto un debate sobre si lo que Feuchtwanger escribió en 1933 puede aplicarse al presente, sobre si aquel novelista judío exiliado trata de advertirnos desde los años treinta sobre lo que estamos viviendo en la actualidad, donde fuerzas antidemocráticas avanzan con paso decidido por Europa y Estados Unidos, mientras creemos que las democracias son demasiado fuertes para ser derrotadas desde dentro.

“Los Oppermann”, escribe Cohen en su prólogo, “también demuestra que una obra destinada a alertar puede tener un eco más allá de la emergencia del momento en el que fue publicada, si está escrita con honestidad, una gran habilidad dramática y un profundo sentimiento hacia los seres humanos”. Lo inquietante es que, cuanto más se avanza en el libro, más cercano resulta todo. Por ejemplo, así describe un mundo, como el de Vladímir Putin o Daniel Ortega, en el que lo verdadero y lo falso dejan de tener importancia: “Las nieblas de la mentira se espesaban cada vez más sobre Alemania, entregada a las mentiras que los populares esparcían día tras día en millones de formas, desde los altavoces hasta el papel impreso. Había fundado un ministerio especial con este fin. Con todos los medios técnicos más modernos, se sugería a los hambrientos que estaban saciados, a los oprimidos que eran libres, a los amenazados por la creciente indignación del mundo entero que el mundo entero los envidiaba por su energía y gloria”.

https://elpais.com/cultura/2022-11-03/puede-una-novela-de-1933-sobre-el-nazismo-advertirnos-sobre-el-auge-de-los-totalitarismos-en-2022.html

Crímenes del franquismo. El revisionismo quiere blanquear el genocidio del dictador Francisco Franco

Los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aquí su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo.

Durante muchos años de recuperada democracia no existió un debate en la sociedad española acerca de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Las élites del franquismo, que han seguido siéndolo en democracia, conquistaron su impunidad a través de una Ley de Amnistía y establecieron un modelo de democracia en el que las instituciones del Estado se convirtieron en fábricas de ignorancia para ocultar ese pasado.

Durante veinticinco años tras la muerte del dictador, el Parlamento español no debatió sobre los crímenes del franquismo. Los libros escolares ocultaban la historia de la dura represión de la dictadura y todo ese silencio negacionista hizo sobrevivir en el imaginario colectivo el relato franquista que justificaba la necesidad de que un general fascista diera un golpe de Estado y asaltara violentamente el poder con ayuda de los ejércitos de Hitler y Mussolini.

En la transición, tras la dictadura, llamaron reconciliación a ocultar el pasado, a dejar que los fascistas normalizaran su presencia en la vida política democrática y a dejar sin justicia ni reparación a las víctimas.

El pasado parecía clausurado y resuelto, sin deudas pendientes. Pero en el año 2000, en una cuneta de un pueblo llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses comenzaron a exhumar los cuerpos de 13 civiles republicanos asesinados por pistoleros fascistas el 16 de octubre de 1936. De allí nació la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y un movimiento social que comenzó a denunciar los crímenes de la dictadura. Fue una pequeña grieta en un gigantesco muro de impunidad.

Así se puso en marcha un movimiento social para buscar a los desaparecidos por la represión franquista. Las imágenes de las fosas comunes comenzaron a circular en medios de comunicación. Personas que no conocían esos hechos se indignaron al conocerlos y otras que los habían vivido pero por miedo habían callado comenzaron a contarlos.

Ante esa evidencia física, científica, de la represión, los sectores de la derecha española vinculados al franquismo necesitaban dar una respuesta porque se estaba resquebrajando el relato monolítico impuesto en la transición. Y como no podían atacar a los hijos ni a los nietos de esos republicanos asesinados, enterrados lejos de cementerios y con orificios de bala en sus huesos, decidieron reconstruir editorial, mediática y culturalmente el relato franquista.

Dos autores, César Vidal y Pío Moa, se convirtieron en los principales defensores y difusores de la explicación franquista: la culpa de la guerra fue de la revolución de los mineros de 1934 o esa secreta intención del gobierno de la República de venderle España a Stalin para convertirla en una república soviética.

Pero lo cierto es que el dictador Francisco Franco dejó firmada en el Boletín Oficial del Estado la explicación de lo ocurrido. Se trata de Ley de 23 de Septiembre de 1939 que consideraba que eran no delictivas actuaciones llevadas a cabo desde el 14 de abril de 1931, día de proclamación de la Segunda República, hasta el 18 de julio de 1936, día de su golpe de Estado. Los actos que Franco no consideraba delitos fueron: cualesquiera de delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones cometidos por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional. Es decir, cualquier asesinato, atentado terrorista o delito violento cometido por motivos políticos contra la república desde el primer día de su existencia era declarado legal. El objetivo de Franco no era poner orden, era mantener una estructura social casi medieval, con un altísimo nivel analfabetismo y un modelo de explotación de trabajadores infrahumano y muy beneficioso para los grandes propietarios del país, incluida la iglesia católica.

El fenómeno del revisionismo tuvo enormes apoyos mediáticos, entre ellos la televisión pública durante el Gobierno de José María Aznar. Pero el movimiento de recuperación de la memoria siguió exhumando fosas, ha enseñado miles de asesinatos, ha implicado a Naciones Unidas y ha convertido a millones de españoles en testigos de esos crímenes.

Al terminar la guerra, Franco recogió los cadáveres de “sus” muertos, reparó a sus familias con becas escolares, con pensiones especiales, con puestos como funcionarios para toda la vida, con reconocimiento social y todo el apoyo económico. Pero a las familias que no apoyaron su golpe de Estado no les dejaron buscar a sus muertos, les arrebataron sus bienes a punta de pistola y crearon un apartheid español donde los defensores del fascismo tenían derechos y beneficios sociales y las familias antifascistas podían servir, malvivir o emigrar, como hicieron cerca de dos millones de personas de familias republicanas que emigraron en los años 50 y 60.

Franco hizo desaparecer al menos a 114.226 civiles; creó 300 campos de concentración, uno de ellos específicamente para homosexuales; aplicaba electroschocks a las lesbianas para curarlas de sus ‘aberraciones’; robó bebés a las presas republicanas con las teorías de un psiquiatra, Antonio vallejo Nájera, que investigó la transmisión de un supuesto gen marxista; incluso cuando compró las primeras vacunas contra la poliomielitis solo eran para hijos de vencedores.

La publicación en Francia de obras que justifican la dictadura franquista y la necesidad de su golpe de Estado, que pretenden humanizar el fascismo, hay que entenderla como un fenómeno europeo. Las extremas derechas buscan un relato del pasado que no asuste y que explique que los viejos fascismos fueron útiles para salvar a Europa. La sombra renovada del fascismo viaja en páginas de libros, en programas electorales y se extiende por ciudades, medios de comunicación y parlamentos.

El revisionismo español justifica la dictadura de Franco asegurando que las autoridades de la república estaban fuera de la legalidad. Pero lo que realmente hizo el Gobierno de la República fue construir miles de escuelas para combatir el analfabetismo, separar a la iglesia del Estado, celebrar elecciones democráticas con sufragio universal masculino y femenino, tener gobiernos de izquierdas y de derechas, legislar el divorcio, tener la primera ministra de Europa Occidental o llevar la cultura al último pueblo de la geografía española para mejorar el país.

En España se produjo la primera gran victoria militar del fascismo europeo. Los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aquí su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo. Mientras tanto, en España hay 114.226 civiles desaparecidos por la violencia franquista y ningún responsable de ninguno de esos crímenes ha sido juzgado jamás.

Las personas que construyeron la Segunda República estaban modernizando este país. La transición a la democracia la hizo España en la década de los años 30 del siglo pasado. Lo que se hizo tras la muerte del dictadura fue recuperarla.

Las personas que lucharon contra Franco querían defender esa democracia. Los republicanos españoles que salieron de España huyendo de Franco siguieron su lucha por la democracia en suelo francés, formando parte de la resistencia y de las fuerzas que liberaron París del nazismo. Sus cuerpos están enterrados desde Noruega hasta el sur de Francia.

Quienes quieren lavar la imagen de Franco necesitan deslegitimar la República. Pero llevamos años viendo sus crímenes en miles de huesos, de vidas rotas y de civiles asesinados en cunetas. La narrativa que quiere dulcificar el fascismo pretende allanar un camino y los únicos caminos que respetan la diversidad y protegen derechos transcurren por el territorio de la democracia.

Emilio Silva, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El autor es nieto de un civil desaparecido por la represión fascista en España.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/revisionismo-quiere-blanquear-genocidio-dictador-francisco-franco

¿Quién puede debatir con Monasterio? Son muy astutos en provocarnos, en que quienes los vemos y los escuchamos acabemos también salpicados de su mierda

A nuestras puertas irrumpe una nueva forma de hacer política, para la cual no es necesario ser mínimamente culto, ni respetar las reglas del juego limpio, ni ser educado. Muy al contrario, cuando estos nuevos políticos echan pestes de las élites, no se refieren a la élite económica (a la que ellos pertenecen) sino a las personas cultivadas, a las que respetan las reglas, a las que son educadas. Su discurso anti élites es viejo, se remonta a los años treinta, responde a esa antigua retórica fascista que se dirige al pueblo llano, un discurso que se ha visto renovado en este siglo en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia, en los populismos italianos. Por eso erró tanto el tiro Podemos, en los primeros tiempos, cuando arremetió en bloque contra las castas, entre las que incluía a una clase media a la que las sacudidas económicas han obligado a amparar a sus mayores y a los hijos, ya maltratados por dos crisis. Ahora, cuando ellos mismos, aquellos nuevos políticos, han mejorado su nivel económico, estoy convencida de que habrán aprendido una gran lección en sus propias carnes: para defender la igualdad social no hace falta ser pobre. De hecho, el cambio cultural más notable de los años veinte del pasado siglo en España fue el insólito compromiso de la burguesía para sacar al país de su miseria y de su ostracismo cultural. Obligar a los ciudadanos a defender una ideología por el dinero que se tiene en el banco es una estupidez, si es este un dinero ganado honradamente.

En esta nueva fase de nuestra bronca vida política, son muchos los que han allanado el terreno a las estrellas de la extrema derecha, excusando sus desmanes o silenciándolos. Era difícil eludir las triquiñuelas ilegales de Rocío Monasterio para firmar proyectos de arquitectura sin tener el título reglamentario, pero de tanto ignorar esta irregularidad ha acabado desapareciendo del debate; de la misma manera que de tanto machacar con la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero se ha legitimado ese argumento en cualquier foro. No importa que uno se pague las cosas con su dinero, la cuestión es que, amigo, el chaletazo, como así lo denominó Ayuso en el primer y único debate al que asistió, no te corresponde. Ese es el estilo. Ataques personales, provocaciones que acaban abroncando a todos los asistentes. Es inevitable no verse ensuciado cuando se comparte mesa con alguien que desprecia, insulta, no calla, miente con descaro. Por supuesto, numerosos opinadores políticos han señalado a Pablo Iglesias como el culpable de que el debate, el que abandonó y los que quedaban, se haya frustrado. Nadie culpa en cambio a Díaz Ayuso de dejar la silla vacía. Y de las groserías de Monasterio muchos disfrutan en silencio, porque se encargó de expulsar al demonio del cuarto (algunos viejos socialistas llaman a ese demonio “anomalía democrática”). El Partido Popular celebró el abandono de Iglesias en un tuit que luego borró. Los tuits que se borran son los que más valor tienen, porque exhiben lo que de verdad se piensa.

Muchos han pavimentado el discurso de Monasterio. Dice Adama Dieng, asesor de la ONU para la prevención del genocidio, que los crímenes de odio están precedidos por discursos de odio. Esto es lo que ha venido estudiando la Fundación por Causa, advirtiendo desde hace años de que España no estaba libre de la legitimación de una ideología xenófoba. Isabel Díaz Ayuso dice no estar de acuerdo con los carteles racistas referidos a los chavales no acompañados (desterremos menas, es ya un insulto), pero advierte de que comparte con ese partido otras muchas cosas. ¿Y qué cosas se pueden compartir con un partido racista? La cuestión en este asunto es si merece la pena debatir con quien siembra el odio. Mi opinión es que no hay conversación posible: son muy astutos en provocarnos, en que quienes los vemos y los escuchamos acabemos también salpicados de su mierda. ELVIRA LINDO. El País.

_- Grupos franquistas preparan otro acto en Madrid. Así garantiza España el libre enaltecimiento de la dictadura.

_- Durante 2020 hubo al menos 50 actos de enaltecimiento del franquismo en distintos puntos del país, sin que sus organizadores enfrentasen trabas de ningún tipo. El próximo domingo 28 está convocado un mitin para celebrar la caída de Madrid en manos de los sublevados, algo impensable en otros países europeos.

El autobús franquista vuelve a ponerse en marcha. El próximo día 28, el Movimiento Católico Español (MCE) hará un tour por Madrid para celebrar su «liberación», término empleado por este grupo ultraderechista para referirse a la caída de la capital en manos de la dictadura. Este nuevo acto de apología de los crímenes del franquismo correrá la misma suerte que los otros 50 que se celebraron en 2020: no habrá ninguna actuación del Estado para impedir una nueva afrenta a las víctimas del franquismo.

«13.00: Acto de exaltación nacional en el Arco de la Victoria. Poesías, himnos, banderas y discursos«, dice la convocatoria lanzada por el MCE de cara al día 28. También figura una misa en el Valle de los Caídos a las 11.00 y, para rematar, se concentrarán ante el panteón donde están los restos del dictador Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio.

Fuentes de la Delegación de Gobierno en Madrid han confirmado a Público que los organizadores han presentado la comunicación oficial de los actos públicos, aunque lo han hecho con trampa: en el expediente presentado indican que será una protesta «contra la ley de memoria histórica», mientras que en los carteles dejan claro que se tratará de una jornada para conmemorar el «Día de la Victoria» y la «liberación de Madrid».

La comunicación registrada por los convocantes indica además que se prevé que participen unas 50 personas y que se cumplirán las medidas sanitarias vigentes. Este periódico hizo llegar a la Delegación de Gobierno los materiales colgados en internet por el MCE para publicitar dicho acto, en los que aparecen banderas franquistas y se especifican los verdaderos motivos del evento, que implicará una nueva apología de la dictadura.

De momento, las autoridades solo se limitarán a fijar «los operativos de seguridad acordes» al acto comunicado, y nada más. De esta manera, el MCE podrá volver a celebrar un acto de enaltecimiento del golpe de estado y de la dictadura en plena calle, con abundante simbología del franquismo.

«A veces las delegaciones de gobierno favorecen o tienen más facilidad para legalizar actos fascistas que antifascistas», afirma Emilio Silva, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Nadie lo entendería en el caso del terrorismo, donde sí hay una persecución de quienes lo reivindican. Aquí, en cambio, nos saltamos todo: aún tenemos títulos nobiliarios a grandes criminales de guerra, torturadores condecorados o el colmo de la apología, que es la Fundación Francisco Franco, todavía consentida», sostiene. A su juicio, se trata de «un ejercicio de doble moral».

En efecto, en la hemeroteca de Euskadi existe un amplio listado de manifestaciones que fueron prohibidas porque se consideraba que podrían incurrir en actos de enaltecimiento del terrorismo, algo perseguido en el Código Penal. En Navarra, la Delegación de Gobierno llegó a impedir en septiembre de 2018 que se celebrase un acto en recuerdo a los cinco últimos fusilados por el franquismo que había organizado una asociación de memoria histórica.

Ese mismo año, Julen Ibarrola, un joven de la localidad alavesa de Amurrio, ingresó en prisión acusado de haber dibujado el símbolo de ETA con un rotulador en la pared de una vivienda en Lesaka (Navarra) junto a la siguiente frase: «Estamos orgullosos de vuestra lucha, viva vosotros, el pueblo está con vosotros».

Diferentes criterios
Según coinciden en señalar distintos juristas, la elaboración de un cartel en el que apareciese el anagrama de ETA provocaría la inmediata suspensión de la manifestación, algo que no ocurre si en su lugar hay banderas franquistas. «El terrorismo de Estado no está reconocido en nuestra legislación y las víctimas de la dictadura no tienen protección jurídica alguna, a diferencia de lo que acontece con las víctimas del terrorismo que no solo tienen una ley integral sino que también tienen la protección penal recogida entre otros en el artículo 578 del Código Penal», afirma el abogado Jacinto Lara, quien representa a las víctimas del franquismo en la querella impulsada en Argentina.

La jueza Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, habla precisamente de ese inmenso agravio comparativo. «No es lo mismo una organización terrorista que un Estado criminal, ni siquiera en el volumen, cantidad y cualidad de los crímenes: es muchísimo más grave un Estado criminal que una organización terrorista, y no porque a mí no me haya parecido mal el terrorismo de ETA, que me merece todos los calificativos que se le puedan poner», señala.

En tal sentido, la magistrada subraya que «el enaltecimiento del terrorismo no exige expresamente que se incite a la violencia, sino que se enaltezca o justifiquen los delitos o sus autores, o se menosprecie o humille a las víctimas», algo que «no existe en absoluto con relación al franquismo». «Estamos hablando de un tratamiento absolutamente desigual de unos actos y otros», apunta.

«Cueste lo que cueste»
Solo durante 2020 –un año especialmente marcado por la pandemia y las restricciones en materia de concentraciones públicas– hubo al menos 50 actos de enaltecimiento franquista en España, desde misas en memoria del dictador hasta concentraciones en la calle o frente a símbolos que aún perviven de la dictadura en distintos puntos del país. En varios casos, los mítines buscaban realzar las «liberaciones» de ciudades al caer en manos de las tropas franquistas, unos hechos que estuvieron seguidos de persecuciones y matanzas.

En esos actos no faltaron las declaraciones de apoyo y lealtad al régimen, e incluso augurios de «lucha» franquista en plena democracia. «En tiempos de persecución y mordaza, de confinamiento y prohibiciones, cuando el totalitarismo se vuelve más intenso, nosotros continuaremos la lucha en estos lugares o donde la vida nos sitúe, sea en la cárcel o al pie de una fosa para ser fusilados, con la confianza en Cristo Rey que conduce la lucha hasta la victoria final», afirmó en un acto celebrado en septiembre pasado en Belchite el líder del MCE, José Luis Corral.

Un mes después, ese mismo dirigente franquista aprovechó un mitin celebrado frente al Arco de la Victoria –el mismo lugar donde prevén concentrarse el día 28– para llamar a «hacer frente al desafío» que a su juicio «presentan las fuerzas del mal», contra las cuales invitó a «luchar con fe y esperanza, con ilusión y coraje, cueste lo que cueste». «No importa el número ni el éxito momentáneo, sino vivir ese fuego de nuestros ideales que ha de prender en toda tierra, como Cristo nos enseña que ha venido a prender fuego a la tierra y no espera sino que arda», agregó.

«Es increíble que en España se puedan hacer todo este tipo de actos. Tenemos además muchos monumentos como ese arco en Madrid que conmemora la entrada franquista», advierte Mirta Núñez Díaz-Balart, historiadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En tal sentido, destaca que el acto que los franquistas celebrarán el día 28 será para conmemorar «el asedio a una ciudad que fue bombardeada en forma inmisericorde por parte de los golpistas con ayuda de sus aliados». «Lo que se conmemora es el inicio de la venganza«, denunció.

El proyecto de ley de memoria democrática que impulsa el Gobierno introducirá un régimen sancionador para quienes exalten la dictadura franquista, al tiempo que prevé ilegalizar la Fundación Francisco Franco. De momento, los adoradores del franquismo no encuentran trabas de ningún tipo para realizar actos como el convocado por el MCE para reivindicar la caída de Madrid en manos de los franquistas.

«Actualmente no existe sanción similar para el enaltecimiento del franquismo como la que se contempla en el artículo 578 del Código Penal respecto al enaltecimiento del terrorismo», subraya Biurrun. Por su parte, el politólogo e investigador de la UCM David Lerín destaca que en España «están permitidos los homenajes, lemas y banderas salvo que se pueda demostrar que hay un delito de odio».

Alemania lo prohíbe
Lerín destaca que España se sitúa así por detrás de sus socios europeos, principalmente de aquellos que también sufrieron en el pasado reciente oleadas de crímenes cometidos por dictaduras. «En Italia, Francia, Alemania y Austria está prohibido este tipo de apología al fascismo», afirma. El caso más claro es Alemania, donde «se persigue sacar una bandera nazi o el saludo con el brazo en alto». «En Francia, mostrar un uniforme o emblema está prohibido, y en Italia se prohíbe la apología del fascismo», añade Lerín.

«En Alemania el señor Corral habría pasado ya por prisión», afirma Emilio Silva en relación al organizador del acto de exaltación franquista que tendrá lugar el día 28. Más al norte, en Noruega, también tendría problemas: allí se persigue la exhibición de símbolos nazis. En España, la bandera franquista y la exaltación de los crímenes cometidos en su nombre no encuentran trabas de ningún tipo. 

Fuente: 

https://www.publico.es/politica/grupos-franquistas-preparan-acto-madrid-garantiza-espana-libre-enaltecimiento-dictadura.html

Entrevista a Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de "La asignatura pendiente". «Los estudiantes saben más del nazismo que del franquismo»

El profesor en la facultad de Educación de la Universidad de León revela que casi la mitad de los libros de texto en España no reflejan la represión franquista y señala tergiversación y equidistancia en varios manuales. También desvela la ausencia de referencias a las mujeres republicanas y a la persecución que sufrieron.

Generaciones enteras en España siguen sin conocer bien en qué consistió la represión franquista y cómo fue la lucha contra la dictadura tras la Guerra Civil. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hizo el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez y, para hallar respuestas, decidió impulsar con otros profesores universitarios un estudio pormenorizado sobre los libros de texto de secundaria y bachillerato que abordan esa época histórica. Además, él y sus colegas elaboraron una encuesta, entrevistando a 610 profesores y profesoras de Historia de institutos de todo el país sobre su percepción de los contenidos en los manuales.

La conclusión fue clara: «El sistema educativo sigue blanqueando el franquismo demasiado a menudo», señala Díez, autor del libro  La asignatura pendiente,  en el que recopila los hallazgos del estudio, contando los fallos y carencias de muchos libros de texto a la hora de abordar el franquismo. El profesor considera que no basta con analizar, así que elaboró con sus compañeros una propuesta: una serie de unidades didácticas con un enfoque en derechos humanos para ponerlas al servicio de todos los docentes interesados en ofrecer una visión más ajustada y detallada de aquella época.

«Se agotaron las publicadas en papel, nos las han pedido de todas partes, muchas personas dedicadas a la enseñanza las están usando», relata en conversación con elDiario.es. 

Foto: El ensayista y profesor universitario Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de La asignatura pendiente 

Recientemente Díez y la editorial con la que publica, Plaza y Valdés, han mantenido contacto con la Secretaría de Estado de Memoria, a la que han hecho llegar estas unidades  –disponibles en Internet–, proponiendo que sean usadas como herramienta educativa en todo el país, ya que desde el Gobierno se había manifestado interés por transmitir el aprendizaje de la memoria democrática en las escuelas.

«No puede tratarse de algo que dependa de la voluntad del profesorado de turno, como ocurre ahora. Debería estar integrado en el currículum, y eso es lo que se ha propuesto a la Secretaría de Estado, que lo tengan todos los departamentos de Historia de todos los institutos de este país. No hemos obtenido respuesta aún. Estamos a la espera», explica el autor de La asignatura pendiente.

El origen del proyecto
Hace unos años Díez y otros profesores universitarios que colaboraban en la realización del documental Los campos del silencio, de Eloína Terrón, acudieron al pueblo berciano de Fabero (León) para preguntar a los chicos y chicas del instituto qué sabían del pasado de sus propias familias.

«Fabero fue un pueblo con esclavos del franquismo, represaliados a los que pusieron a trabajar en un campo de concentración en la mina. Nos llamó la atención que, cuando preguntamos, de los 21 estudiantes que había en la clase solo una sabía algo de aquello, y no porque se lo hubieran contado en la escuela o instituto. Lo llamativo es que casi todos habían tenido abuelos o bisabuelos represaliados, era la historia de su propia familia lo que desconocían», cuenta.

Los profesores organizaron entonces una visita al lugar donde familiares de esos alumnos habían sido forzados a trabajar como esclavos. «Fue una experiencia única, un aprendizaje no solo intelectual, sino también emocional. Lo emocional es fundamental para ponerse en la piel del otro y empatizar. Por eso países como Alemania o Argentina organizan habitualmente visitas a lugares de memoria: son experiencias a través de las cuales se puede comprender mucho mejor lo que supuso la represión de las dictaduras», explica.

Poco tiempo después de aquello Enrique Javier Díaz proyectó en una de sus clases el documental El silencio de otros, en el que se aborda la represión franquista y la búsqueda de personas desaparecidas. «Resultó una especie de epifanía para ellos, muchos reaccionaron diciendo: ‘Nos han robado parte de nuestra historia’, porque hasta ese momento desconocían este pasado que explica tanto nuestro presente», señala.

Fue entonces cuando la idea de escribir las unidades didácticas y el libro La asignatura pendiente tomó forma. «La falta de conocimiento provoca generaciones de desmemoriados, que desconocen no solo la represión franquista, sino la lucha por la democracia o la presencia de los maquis. La mayoría de la población solo tiene contacto con la historia académica en la escuela. Si esto no se aborda en los colegios e institutos, se perpetúa la ignorancia. Los estudiantes saben mucho más del nazismo que del franquismo», reflexiona.

La represión contra las mujeres, ausente

Foto: mujeres rapadas y humilladas por la represión franquista en Oropesa, Toledo. Fondos de la Biblioteca Nacional Española.

Uno de los fallos que ha detectado el estudio detallado en La asignatura pendiente es que «la represión franquista contra las mujeres está completamente ausente de los libros de texto», explica durante la entrevista con elDiario.es:

¿En qué consistió esa represión contra las mujeres?
Se les rapaba el pelo: para el franquismo el pelo largo era el símbolo de la cultura de la feminidad, quitárselo equivalía a robarles la identidad, la feminidad. Eran obligadas a ingerir aceite de ricino, que provocaba diarreas constantes, y las paseaban por las calles en esa situación. Se les aplicaba violencia sexual, se las violaba. Eran castigos destinados específicamente a ellas. Pretendían volverlas a poner en lo que consideraban que era su lugar. Ellas habían logrado derechos, reivindicado libertades, y querían ponerlas «en su sitio», atarlas a la pata de la cama. Muchas, además, recibieron castigos por ser esposas, hermanas, familia o amigas de los republicanos.

Se usaban además otros castigos específicos que trataban de atentar contra su rol reproductivo, castigos vinculados a la maternidad. Separaban a las madres de sus hijos en las cárceles y se inició el robo de bebés para darlos en adopción a familias cercanas al régimen, para que fueran educados con familias de bien, porque sino, serían infectados con el ‘gen rojo’.

En definitiva, se las castigaba por ser rojas, por ser mujeres y por haber roto moldes y estereotipos. El objetivo era volverlas a colocar en un papel subordinado. El cuerpo de las mujeres fue usado como campo de batalla, para la humillación constante, muchas veces con el objetivo de vencer a los parientes masculinos ausentes. Y todo eso no aparece en ningún libro de texto, está absolutamente invisibilizado.

Además de la represión franquista contra las mujeres, han identificado ustedes otros temas tabú que no suelen ser abordados en los libros de texto.

Eso es permanente. Por ejemplo, el papel de la Iglesia católica. El texto de la editorial Vicens Vives de cuarto de la ESO, que quizá es el que más se implica y detalla, dice literalmente que «esa represión fue llevada a cabo con el consentimiento de los grupos sociales que respaldaban el alzamiento y en ocasiones con el apoyo de la propia Iglesia». ¿Cómo que «en ocasiones»? Todos los obispos, excepto el de Pamplona, firmaron una carta en la que respaldaban el franquismo y además iban denunciando a la gente, eran ellos los que recibían la denuncia para que luego se aplicara castigo y se torturara a los señalados.

El papel legitimador de la Iglesia en el proceso de represión sistemática fue bendecido por la jerarquía católica. Sin embargo, esto solo se menciona en la mitad de los libros de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Anaya, por ejemplo, señala en su libro de 2º de Bachillerato: «La jerarquía eclesiástica estuvo al tanto de la represión oficiada por los ganadores, eligió muchas veces el silencio o la justificación de los excesos pretextando un bien mayor». Es como una especie de blanqueamiento. Sin embargo, no es que estuviera al tanto, es que fue una de las de las protagonistas fundamentales de la represión.

La editorial Laberinto va más allá y dice que la Iglesia «apenas tuvo otra opción». ¿Cómo que «apenas tuvo otra opción»?. Lo justifica diciendo que «en la zona republicana se desencadenó una persecución indiscriminada e incontrolada contra el clero católico». Es como volver a retomar toda la historiografía del fascismo y plasmarla en los libros de texto. Ha habido una Transición y cuarenta años de democracia, no se puede seguir manteniendo la ideología franquista en los libros de texto que están estudiando chicos y chicas del siglo XXI.

En el libro también menciona otros asuntos que no aparecen en los manuales. La lucha antifranquista es otro tabú. O el enriquecimiento de familias franquistas a costa de las republicanas expoliadas, o la implicación activa de una parte de la sociedad civil que se sentía vencedora, o la triple represión dirigida contra las mujeres, una represión que estuvo organizada de forma sistemática.

En La asignatura pendiente expone equidistancias presentes en muchos libros de texto aún. En algunos hay incluso falsedades… Sí. Hay muchos libros que buscan equiparar, hacer un paralelismo entre golpistas y defensores de la democracia, y para ello hablan de los «desmanes de ambos bandos». Algunos afirman que «uno y otro lado provocaron las mismas víctimas», mintiendo, porque para empezar los golpistas ejercieron durante cuarenta años una represión sistemática, legal y además con carácter retroactivo. Hay un libro, de la editorial Bruño, que señala que «en el territorio republicano se desarrolló el terror rojo, muy turbulento contra la Iglesia y contra los partidarios de los sublevados, y en la zona nacional se impuso más sistematizado el terror blanco, que represalió y fusiló a numerosas personas fieles a la República». Es decir, presenta el modelo de los dos terrores. Esto es el relato del franquismo trasladado a libros de texto. Se sigue blanqueando de alguna forma la dictadura. Otro de los aspectos preocupantes es la invisibilidad y la minimización que se hace de la represión franquista. Solo la mitad de los manuales hacen referencia a la represión franquista a pesar de que duró cuarenta años.

Algunos textos hacen referencia a los paseos, pero si preguntas a los alumnos muchos no saben de las cunetas, ni de las fosas, ni de la represión sistemática. Tampoco se habla de la persecución que se ejerció contra familiares o amigos de republicanos. Varios libros de texto que sí mencionan la represión lo hacen definiéndola como una persecución política o una limitación de libertades y, por tanto, minimizándola. Bruño, la más escandalosa, se limita a decir que «las autoridades regularon la vida pública y privada». ¿Esa fue toda la represión?

Algunas editoriales, como Vicens Vives, han empezado a incorporar más referencias, afortunadamente. Pero en muchos casos siguen siendo aún pequeños apuntes, no abundan en ello. Dicen que la represión se institucionalizó y que fue sistemática, pero no la describen, lo dejan ahí, es insuficiente, se limitan a términos muy abstractos.

¿Qué han encontrado en las encuestas realizadas al profesorado?
Que los obstáculos son numerosos. Cuento una anécdota muy gráfica. Un profesor de Filosofía comparó en una clase de segundo de Bachillerato la Biblia con un libro de Harry Potter, con la voluntad de indicar que no era científico, sino una creación literaria. Pues bien, dos alumnos le denunciaron a la dirección. La dirección exigió al profesor que pidiera perdón. Lo interesante es el argumento que ofreció la jefa de estudios, que era profesora de Historia, y quien dijo: «Esto es como cuando yo llego a la época de la Guerra Civil, paso de puntillas por el tema y no entro mucho porque hay alumnos de los dos bandos, hay que ser equilibrado en la docencia».

Ese argumento de esa profesora es como comparar a las víctimas con el victimario, al violador con la violada, es una equidistancia que está muy presente en muchos libros de texto. Hay muchos profesores que no llegan a explicar la época del franquismo porque el temario comienza por la Prehistoria. Otros llegan pero optan por pasar de puntillas, excepto los más comprometidos. Hay muchos que aún conciben que sigue habiendo una guerra fratricida, que hay que mirar hacia delante sin abordar el asunto porque culpan por igual a los golpistas y a los defensores de la democracia. Es una cultura educativa preocupante.

¿Qué consecuencias tiene esta falta de conocimiento en materia de memoria histórica en nuestra sociedad? 

Muchas. Empezamos a analizar los libros porque los textos escolares siguen dominando el currículum, los libros ayudan a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la percepción del pasado, presente y futuro. Hemos visto que esto ha generado una desmemoria brutal. Esto me choca, porque en países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Argentina o la propia Polonia se abordan estos temas, se visitan lugares de memoria.

Las dictaduras siempre usan el olvido para imponer su visión de la historia y por eso la democracia es la garante y la responsable del recuerdo y la memoria que se lega a las futuras generaciones. Si un solo alumno o alumna acaba sus estudios obligatorios sin conocer lo que fue la represión franquista para varias generaciones, entre las que estuvieron en muchos casos sus propias familias, estamos ante una tragedia en pleno siglo XXI.

Y si además han cursado Bachillerato y no saben que actualmente hay una generación de nietos y de nietas que luchan para recuperar la memoria y la dignidad de estas generaciones de represaliados y que reclaman verdad, justicia, reparación, es que algo estamos haciendo muy mal en el sistema educativo. Porque el derecho a saber creo que es algo que debe ser desarrollado por todos los centros educativos y en todos los libros de texto escolares, al margen de la editorial que sea, al margen de que sea un centro educativo público, privado o concertado. Es un deber, el deber de la verdad.

¿Qué aprendizaje se puede extraer de todo esto?
Hay quienes dicen que no hay que remover el pasado ni reabrir heridas. Están equivocados: el deber de memoria está plasmado en el derecho internacional y en los derechos humanos. Reyes Mate, a quien entrevistamos mucho para nuestros documentales, lo dice muy bien: las heridas no están cerradas y su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación. Juan Gelman, el poeta argentino, decía que no pocos de quienes preconizan el olvido del pasado en realidad persiguen el olvido de su pasado particular. Herederos del franquismo, cuando dicen eso, en el fondo lo que quieren es que se olvide su pasado particular.

¿Qué reflexión final hace sobre esta equidistancia y esta falta de conocimiento que hay aún sobre la II República, el golpe de Estado del 36, la guerra y la dictadura?
Los historiadores advierten de que la incomprensión nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Por eso para ser demócrata hay que ser antifascista. No se puede seguir blanqueando el fascismo, como se hace demasiado a menudo en el sistema educativo. No hay neutralidad ni equidistancia posible entre el fascismo y la democracia.

Fuente:
https://www.eldiario.es/sociedad/estudiantes-nazismo-franquismo_128_6768997.html

_- No invocarás los crímenes del nazismo en vano. Ramón Campderrich Bravo.

_- Uno de los expedientes más habituales con que buena parte de la derecha de este país justifica su oposición a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados es el consistente en equipararla a las políticas nazis de 'eutanasia'. El objeto de la presente nota es denunciar semejante demagógica grosería intelectual, recordando una vez más la naturaleza de dichas políticas y su radical diferencia respecto a los contenidos del nuevo derecho a recibir ayuda para morir dadas ciertas condiciones, reconocido en la mencionada proposición de ley. No dudo que los lectores de mientras tanto saben perfectamente distinguir entre la 'eutanasia' nazi y la eutanasia regulada en la ley debatida en el Congreso de los Diputados, pero quizás este escrito les proporcione un material con el que mejor rebatir a algún que otro conocido despistado que se haya creído la calumniosa y bochornosa reductio ad Hitlerum esgrimida contra la proyectada eutanasia legal española. De este modo, les harán un favor: evitarles un espantoso ridículo. No se hará aquí, en cambio, ningún análisis crítico ni ninguna argumentación justificadora de esa proposición de ley. Sólo se pretende advertir que quien quiera criticarla debe buscarse razones atendibles en lugar de hacer grotescas comparaciones.

Comenzaré con un relato de los hechos constitutivos de la mal llamada 'eutanasia' nazi.

En el verano de 1939, en vísperas de la invasión de Polonia, que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, Hitler encargó al jefe de la Cancillería del Führer —un organismo del estado-partido nazi equivalente a la secretaría personal de un jefe de estado—, Philipp Bouhler, y a uno de sus jefes médicos de confianza, el profesor Karl Brandt, organizar el asesinato de los enfermos mentales graves tenidos por incurables y los niños con malformaciones graves incapacitantes recluidos en centros psiquiátricos y orfanatos públicos y privados de todo el Reich (que, desde 1938, incluía también Austria y la región checa de los Sudetes).

Según el liderazgo nazi, el coste económico que representaba el mantenimiento y cuidado de enfermos y niños incapaces de trabajar y sin perspectivas de poder hacerlo en el futuro era insostenible para el Reich en el contexto de la inminente conflagración mundial por el dominio de Europa. Por otra parte, se consideraba que esas personas representaban, a pesar de su encierro, una amenaza biológica potencial para las futuras generaciones de alemanes y la opción de matarlos resultaba mucho más económica que la política practicada hasta entonces, la esterilización forzosa. Bouhler y Brandt calcularon que se debería asesinar, al menos, a entre setenta mil y ochenta mil residentes de las citadas instituciones. A este programa de asesinatos masivos se le denominó Aktion T-4, por la dirección del edificio desde el cual se iba a dirigir toda la operación (Tiergartenstrasse 4, Berlín). También el liderazgo nazi se refería a él muy a menudo con la denominación eufemística de 'eutanasia' (“buena muerte”, como es sabido), denominación no exenta del cruel sarcasmo al que eran muy dados los dirigentes nazis.

La operación se mantendría en secreto y al margen de la ley, pues según Hitler y sus acólitos la sociedad alemana no estaba aún preparada para aceptar el exterminio abierto y legal de seres humanos enfermos o deformes tenidos por incurables ordenado por el estado. Formalmente, pues, podría considerarse que la 'eutanasia' nazi era constitutiva de delito incluso desde la perspectiva de la legislación penal vigente en el Tercer Reich. En suma, la Aktion T-4 fue organizada y dirigida por la Cancillería del Führer con el beneplácito expreso de Hitler (existen pruebas documentales escritas de esto último). Contó con la colaboración de un numeroso grupo de médicos, en su mayoría del cuerpo médico de las SS, de algunos profesores universitarios de medicina y psiquiatría entusiastas de las doctrinas eugenésicas y de las autoridades sanitarias del Reich. Todos los individuos que participaron en la acción, lo hicieron voluntariamente (por razones ideológicas y para promover su carrera profesional).

La implementación de la Aktion T-4 se inició ya antes de la invasión de Polonia, al parecer en el mes de agosto de 1939, y sus primeras víctimas fueron niños mental o físicamente discapacitados. Estas primeras víctimas infantiles fueron asesinadas mediante inyección letal (por lo general, con Luminal o morfina-escalopamina). Pero enseguida la Aktion T-4 se amplió a los enfermos mentales graves adultos de los hospitales, sanatorios y otros centros psiquiátricos. En líneas generales el procedimiento era el siguiente: la organización de la Aktion T-4 enviaba con cualquier pretexto unos formularios debidamente camuflados mediante los cuales se recababa de las direcciones de los centros psiquiátricos información acerca del estado de los internos bajo su responsabilidad; una vez rellenados los formularios y reenviados a Berlín dentro del plazo estipulado, los médicos del programa de 'eutanasia' los leían y decidían quiénes debían vivir y quiénes morir (si estimaban que un interno debía ser asesinado se escribía el signo "+" en el lugar dispuesto al efecto; si se optaba por lo contrario, se escribía el signo "-"); si el centro psiquiátrico en cuestión se retrasaba en remitir los formularios o los médicos de la Aktion T-4 lo creían oportuno, visitaban el centro y realizaban ellos mismos la selección in situ; a continuación, tras identificar a sus víctimas mediante los formularios remitidos o las visitas presenciales, se las trasladaba a uno de los seis manicomios especiales del Reich designados para llevar a cabo la operación de exterminio, centros a los cuales se habían añadido cámaras de gas y hornos crematorios con este propósito. Las víctimas seleccionadas eran intoxicadas hasta la muerte con monóxido de carbono suministrado por el gigante de la industria química alemana IG Farben.

Para favorecer el ocultamiento de sus asesinatos y contener en la medida de lo posible los rumores que pudieran alertar a la población de la existencia del programa de 'eutanasia', los organizadores y cómplices de la Aktion T-4 solían dejar en paz a aquellos pacientes cuyos familiares los visitaban regularmente y por los cuales los parientes mostraban un activo y sostenido interés por su supervivencia. Sin embargo, esta precaución no evitó que la operación de aniquilación de enfermos acabase convirtiéndose en un secreto a voces. Las propias dimensiones de la operación y las incoherencias a la hora de notificar a los familiares la causa, el lugar o la fecha de las muertes evidenciaron que el régimen nazi estaba haciendo algo espantoso con los internos de los establecimientos psiquiátricos. Y aunque sólo un intrépido juez se atrevió a amenazar con abrir un proceso criminal (Lothar Kreyssig, destinado en Brandemburgo) y sólo una valerosa autoridad eclesiástica de relieve (el obispo católico de Münster, Clement August von Galen) osó denunciar en un sermón público en una iglesia la 'eutanasia' nazi como un repugnante asesinato, pues el terror nazi disuadía al más pintado de oponerse abiertamente a cualquier decisión del liderazgo nazi, Hitler decidió aplazar hasta después de la guerra, en algún momento del otoño de 1941, la continuación de la Aktion T-4 por juzgarla nociva para la moral de guerra alemana (las noticias sobre los asesinatos en masa de conciudadanos enfermos habían llegado también a los frentes de batalla).

Pero no se debería pensar que el aplazamiento o suspensión de la Aktion T-4 pusiera un fin efectivo a la política de asesinato de enfermos mentales y discapacitados durante la guerra. En realidad, se produjo más bien una redefinición de la ejecución de esta política. Por un lado, la organización central del programa de 'eutanasia' en Berlín, dependiente de la Cancillería del Führer, pervivió un tiempo más, hasta primavera de 1942, para encargarse a petición de Himmler del asesinato expeditivo en sus seis centros de exterminio disfrazados de manicomios de los enfermos incapaces de trabajar internos en los campos de concentración y exterminio de las SS (se trata de la llamada Operación 14f13). Cuando estos campos finalmente desarrollaron su propia infraestructura de gaseamiento y cremación en un grado suficiente para poder ocuparse de todos sus prisioneros sin necesitar ayuda externa, se desmanteló la oficina central de la Aktion T-4. Por otro lado, el creciente influjo de la ideología nazi sobre la medicina alemana, en general, y la psiquiatría germana, en particular, así como su receptividad a la idea de que en los hospitales psiquiátricos se malgastaban en seres improductivos los recursos cada vez más escasos con que contaba Alemania para proseguir la guerra, llevaron a las direcciones de los centros mentales a la práctica de políticas sistemáticas de maltrato y privación de bienes básicos que conducían indefectiblemente a la muerte de los pacientes. A lo cual se debe sumar la práctica de estas mismas políticas por parte de las direcciones de las prisiones respecto a los enfermos mentales poco productivos de los centros penitenciarios.

La descripción acabada de hacer de lo que en verdad fue la 'eutanasia' nazi deja meridianamente claro para todo aquel que se haya leído nuestra futura ley reguladora de la eutanasia lo disparatado de la equiparación entre una y otra, como no podría ser de otro modo. Hay que ser muy ignorante o tener muy mala fe para llamar nazi a la mencionada ley. Lo cual queda aún mucho más claro si sistematizamos sus contenidos y contraponemos sus respectivos principios rectores:

• Objetivos eugenésico-económicos versus motivaciones éticas liberales. La 'eutanasia' nazi se fundamentaba en la convicción de que los enfermos graves considerados incurables y los física o mentalmente discapacitados eran una carga económica injustificable, tanto para la sociedad como para el presupuesto público, unos seres improductivos que no contribuían en nada al bienestar del pueblo y lastraban sus posibilidades de desarrollo. A ello se agregaban las consabidas consideraciones eugenésico-racistas típicamente nazis, en virtud de las cuales esas personas constituían un auténtico problema de salud pública racial, al poner en peligro la pureza de la raza nórdica. En cambio, la futura ley española de eutanasia tiene su base en la autonomía individual —supuesto alfa y omega del liberalismo— y en la empatía o compasión hacia las personas que desean no sufrir más a causa de una enfermedad o un estado mental o físico insoportables para ellas e incurables o insuperables desde el punto de vista médico científico. No hay intención alguna de sacrificar la vida de la persona en aras de un supuesto bien colectivo superior, ya sea la nación, el pueblo, la ciencia o el bienestar de la familia.

• Coercitividad versus voluntariedad. Los nazis no pedían permiso o autorización alguna a sus víctimas a la hora de matarlas. Por eso, precisamente, se habla en este texto de asesinatos. Este es el punto esencial de toda la cuestión. La incorrectamente denominada eutanasia nazi es una política estatal en virtud de la cual el liderazgo de un régimen político decide por iniciativa propia matar premeditada, sistemática y despiadadamente a una entera categoría de personas contra su voluntad o sin contar para nada con ella (obviamente, pues estamos ante la comisión de asesinatos). Por el contrario, la proposición de ley de eutanasia discutida en España confiere a la persona un derecho subjetivo para recabar una prestación pública cuyo contenido es anticipar su muerte dadas una serie de condiciones relativas a la salud de esa persona médicamente evaluadas. La persona a la que se reconoce el derecho subjetivo de obtener la ayuda para morir puede ejercerlo o no ejercerlo: eso lo decide él, no el estado (ni sus familiares o sus representantes legales: este es un derecho que no se puede ejercer mediante representación). Justamente por ello, no cualquiera tiene reconocido el derecho subjetivo previsto en el texto de la proposición de ley de eutanasia. Los menores de edad y los legalmente incapacitados no lo tienen reconocido, ni tampoco aquellos respecto de los cuales el personal experto determine fundadamente que no están en condiciones de prestar un consentimiento válido. La iniciativa de solicitar la ayuda a morir ha de partir, naturalmente, del propio interesado, no de sus familiares o de los médicos (se establecen garantías para asegurarse de que la voluntad del interesado no está viciada por influencias indebidas). Y la proposición de ley exige, además, que el consentimiento sea reiterado (tres veces, de hecho, si no me equivoco, a lo largo de un cierto período de tiempo) y que la petición de ayuda a morir, tras un primer control del personal médico que atiende al paciente, reciba el visto bueno de un organismo creado ex profeso para el análisis de las solicitudes de eutanasia. Como es lógico, el paciente siempre puede revocar su consentimiento, hasta el último momento. En cuanto a los pacientes en estado vegetativo sin perspectivas razonables de recuperar su consciencia, se permite la eutanasia si antes de perder la consciencia, siendo entonces plenamente capaces para consentir, han manifestado su consentimiento en un 'testamento vital' válidamente emitido (o, al menos, así es como he interpretado yo el texto de la futura ley; me permito indicar que, tal vez, el legislador se debería haber expresado con mayor precisión en este punto: el texto de los artículos 5.2 y 6.4 contiene cierta vaguedad que debería corregirse, si es posible).

• Clandestinidad versus transparencia (para con el individuo) y legalidad. Ya se ha insistido lo suficiente en el carácter secreto y al margen de la ley del asesinato en masa medicalizado nazi de enfermos al describirlo anteriormente. Contra esta última alusión a la falta de legalidad de la 'eutanasia' nazi no cabe alegar, por cierto, la regla implícita existente en el derecho nazi de que la voluntad de Hitler era ley, puesto que el propio Hitler prefirió no dar cobertura legal a la Aktion T-4 por la razón ya señalada antes. Por consiguiente, el plan de 'eutanasia' nazi se ejecutó de manera clandestina y tratando de ocultar su existencia a la sociedad alemana. Sobre todo, se ocultó, no siempre con éxito, a las víctimas del plan lo que éste les tenía reservado hasta el instante mismo de la administración de la inyección letal o el gaseamiento (en una estratagema que los nazis repetirían en los campos de exterminio, se simuló que las cámaras de gas eran duchas). Se amenazó a algunos responsables recalcitrantes de hospitales psiquiátricos que se barruntaban la verdadera misión de los médicos de la Aktion T-4 con una temporada en un campo de concentración. En vivo contraste con la 'eutanasia' nazi, la eutanasia activa de nuestros tiempos, la prevista en la proposición de ley de regulación de la eutanasia, estará amparada en una ley aprobada por un parlamento elegido democráticamente y publicada en un diario oficial al cual todo el mundo podrá acceder si quiere, por lo que, a priori, no se ocultará a la sociedad, sino todo lo contrario. Lo decisivo es que la práctica de la eutanasia dependerá en el derecho español de una decisión informada y meditada de la persona que ejerce su derecho subjetivo a obtener la ayuda para morir. En el texto de la proposición de ley, se señala que esa persona debe recibir una información completa de su situación médica, del futuro desarrollo probable de la misma, de los cuidados paliativos existentes y de todo el proceso eutanásico que se seguirá si opta por ejercer el referido derecho subjetivo. Como ya se ha señalado, el consentimiento de la persona (en rigor: la petición o requerimiento de la persona) ha de reiterarse y el texto legal prevé, con la finalidad de forzar a la persona a que tome su decisión tras una reflexión seria sobre el asunto, que el médico, también reiteradamente, delibere con su paciente y no sólo se limite a comunicarle información de un modo comprensible para él o ella. Es importante resaltar una vez más que la iniciativa la tiene siempre el titular del derecho a la ayuda para morir, de tal modo que la información sobre el proceso eutanásico y la deliberación médico-paciente sólo tienen lugar tras una primera solicitud de este último. Y a los médicos que aborrezcan la práctica de la eutanasia no se les ofrece pasar una temporada en un campo de concentración, sino un derecho a la objeción de conciencia.

No sólo los principios rectores de la política 'eutanásica' nazi nada tienen que ver con los de la proposición de ley reguladora de la eutanasia en España. También sus respectivos alcances o ámbitos de aplicación personal, por decirlo de algún modo, difieren parcialmente. La eutanasia propuesta por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno se restringe, por supuesto, a mayores de edad capaces de obrar, pues únicamente estos pueden consentir válidamente, salvo en los casos previstos en nuestro ordenamiento jurídico en que los menores e incapaces pueden prestar un consentimiento vinculante, entre los cuales no estará incluido, por descontado, el ejercicio del derecho subjetivo a obtener la prestación eutanásica. La 'eutanasia' nazi, en cambio, comprendía tanto a niños e incapaces como a adultos que no habían sido legalmente incapacitados.

¿Hace falta añadir algo más para mostrar que equiparar los preceptos de la proposición 'socialcomunista' de ley orgánica de regulación de la eutanasia a los crímenes 'eutanásicos' nazis es una aberración intelectual?

Para más información sobre la 'eutanasia' nazi: Probablemente, la monografía más completa sobre el tema sea el libro Die Belasteten, del autor alemán Götz Aly, historiador, por lo demás, bastante conservador (hay traducción española: Los que sobraban. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi, 1939-1945, Crítica, Barcelona, 2014).

http://www.mientrastanto.org/boletin-197/ensayo/no-invocaras-los-crimenes-del-nazismo-en-vano

_- El otro Núremberg

_- Paralelamente a los famosos juicios, se celebraron otros menos conocidos: los tres juicios a los empresarios que financiaron el nacionalsocialismo, colaboraron con el régimen y se beneficiaron de él.

Tal día como hoy, hace 75 años, comenzaba en la ciudad de Núremberg el proceso judicial en el Tribunal Militar Internacional (TMI) contra 24 dirigentes de la Alemania nazi. Como este viernes se encargarán de recordar los principales medios de comunicación, este juicio contribuyó enormemente al desarrollo del derecho internacional, en particular en los campos de los derechos humanos y el derecho militar, en la tipificación y persecución de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y en el concepto de guerra de agresión, considerada “no solo un crimen internacional, sino el crimen internacional supremo, que difiere de todos los demás crímenes de guerra en que contiene en sí el mal acumulado de todos”. El juicio de Núremberg estableció también los fundamentos de la Corte Penal Internacional (CPI), una iniciativa de Naciones Unidas –una organización surgida asimismo de las cenizas del conflicto– que se formalizaría finalmente en 2002. “Núremberg” es hoy sinónimo de un macro-proceso judicial contra una élite política que ha cometido graves crímenes de guerra y contra la humanidad.

Casi un año después de que se iniciase el proceso, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se leía la sentencia que condenaba a los acusados de planificar, iniciar y librar guerras de agresión, así como de otros crímenes contra la paz, de participar en crímenes de guerra y en crímenes contra la humanidad. Doce de los acusados fueron condenados a pena de muerte, aunque únicamente se llevaron a cabo diez, ya que que el responsable la Luftwaffe, Hermann Göring, se suicidó el día anterior a su ejecución, y el secretario privado de Adolf Hitler, Martin Bormann, fue condenado in absentia (los Aliados desconocían que Bormann se había suicidado mientras trataba de escapar del Berlín sitiado por las tropas soviéticas y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación central). A ninguno de los acusados con rango militar durante el conflicto (Wilhelm Keitel, Alfred Jödl y Göring) se les concedió el derecho a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento, según la costumbre castrense, sino por la horca, es decir, como criminales. Tras fotografiar a los cadáveres como prueba de su muerte con el fin de impedir que surgiese la leyenda de que habían escapado y seguían con vida, sus restos fueron incinerados y arrojados al río Isar.

El arquitecto Albert Speer, que había ocupado varios cargos oficiales durante el nazismo, y el líder de las Juventudes Hitlerianas, Baldur von Schirach, fueron condenados a 20 años de prisión, el diplomático Konstantin von Neurath, a 15 años, y el almirante Karl Dönitz, presidente del llamado “Gobierno de Flensburgo” entre el 30 de abril y el 23 de mayo de 1945, a 10 años. Otros tres acusados fueron condenados a cadena perpetua: el comandante de la Marina, Erich Raeder, el último ministro de Economía del Tercer Reich, Walther Funk, y la mano derecha de Hitler, Rudolf Hess. Como los dos primeros fueron liberados en 1955 y 1957 respectivamente por motivos de salud, Hess se convirtió en el único y último recluso de la prisión de Spandau en Berlín. Durante años, los neonazis intentaron convertir en banderín de enganche las peticiones de liberación de Hess, quien se ahorcó el 17 de agosto de 1987, a los 93 años, con el cable de una lámpara, aprovechando un descuido de los vigilantes. La prisión de Spandau fue demolida poco después para evitar su uso propagandístico por parte del movimiento neonazi, que, a pesar de todo, organizó en los años siguientes marchas anuales a la tumba de Hess en Wunsiedel (Baviera), hasta que la parroquia decidió no renovar la concesión de la parcela y, en 2011, y con el consentimiento de la familia, sus restos fueron incinerados y arrojados al mar.

Sólo tres de los acusados en aquel juicio fueron absueltos, con el voto en contra del juez soviético, Iona Nikítchenko: Hans Fritzsche, uno de los principales responsables de la propaganda nazi (posteriormente condenado a ocho años de prisión); Franz von Papen, vicecanciller alemán entre enero de 1933 y agosto de 1934; y Hjalmar Schacht, ministro de Economía entre agosto de 1934 y noviembre de 1937, y de quien el fiscal estadounidense, Robert H. Jackson, dijo famosamente que “su superioridad [intelectual] respecto a la mediocridad del común de los nazis no es su excusa; es su condena”. El industrial Gustav Krupp no pudo ser juzgado por su avanzado estado de edad y su manifiesta senilidad, aunque no se le retiraron los cargos que se le imputaban. Robert Ley, responsable del Frente Alemán del Trabajo, tampoco pudo ser juzgado, ya que se suicidó en su celda el 24 de octubre de 1945. Ley, uno de los hombres que había disfrutado de un tren de vida por todo lo alto durante el nazismo, terminó ahorcándose con una toalla anudada en torno a la cañería del inodoro.

Los “juicios subsiguientes”
Menos conocidos, sin embargo, son los doce de los llamados “juicios subsiguientes”, que las autoridades estadounidenses –no el TMI, aunque se celebraron en la misma sala– llevaron a cabo en Núremberg, en la zona de ocupación asignada a los Estados Unidos. Entre éstos se incluyen “el juicio de los doctores”, en el que se procesó a 23 médicos que experimentaron con reclusos de los campos de concentración y facilitaron los programas de exterminio del régimen, o “el juicio de los jueces”, en el que se sentó en el banquillo de los acusados a 16 magistrados, fiscales, juristas y abogados que contribuyeron a diseñar la arquitectura legal del nazismo y la implementaron. También se juzgó al alto mando militar, a 24 oficiales de los Einsatzgruppen (los escuadrones de la muerte de las SS en Europa oriental y la Unión Soviética) o a 12 generales responsables de la campaña en los Balcanes, entre otros. Aún menos conocidos todavía, y aún menos recordados por los medios de comunicación por motivos que se señalarán más adelante, son los tres juicios a los empresarios que financiaron el nacionalsocialismo, colaboraron con el régimen y se beneficiaron de él.

El primero de esos tres juicios fue contra el industrial Friedrich Flick y los administradores de sus empresas (19 de abril – 22 de diciembre de 1947) por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos el saqueo y espolio de los territorios ocupados, tanto en el Este como en el Oeste, la apropiación de bienes ajenos mediante el proceso de “arianización” de la economía alemana, el uso de trabajo esclavo en las minas y fábricas del grupo, y la pertenencia al Partido Nacional-Socialista del Trabajo Alemán (NSDAP) y las SS del propio Flick. Este empresario fue uno de los participantes de la reunión secreta con Hitler del 20 de febrero de 1933 en Berlín, en la que el dinero fluyó a las cajas del partido después de comprometerse el líder del NSDAP a respetar la propiedad privada a cambio de aplastar a los marxistas. El propio Flick contribuyó con una generosa donación anual de 100.000 marcos. En correspondencia, las empresas de Flick fueron de las mayores beneficiarias del Tercer Reich: de 1933 a 1943 su capital pasó de 225 a 953 millones de marcos. No lo hizo, como se ha adelantado, con métodos legítimos: en 1944 la mitad de los 130.000 empleados del consorcio eran trabajadores esclavos o internos de los campos de concentración a quienes se encerraba en barracones sin camas, sin proporcionarles apenas comida y brutalmente golpeados por los guardias con regularidad. Se calcula que más de 10.000 de ellos perecieron por las pésimas condiciones a las que fueron forzados a trabajar.

Flick –quien desde 1944, ante el avance de las tropas aliadas, había ordenado reunir todas las facturas que acreditaban la financiación de partidos durante la República de Weimar para destruirlas y no dejar ninguna prueba– fue condenado a siete años de prisión, pero a pesar de cumplir íntegramente su condena, su fortuna quedó prácticamente intacta. En 1955, por ejemplo, contaba con un centenar de empresas que le reportaban unas ganancias de 88 millones de marcos. Ello le permitió convertirse en el hombre más rico de Alemania occidental, en el mayor accionista de Daimler-Benz y contar asimismo con participaciones en importantes empresas químicas y siderúrgicas como Feldmühle, Dynamit Nobel, Buderus y Krauss-Maffei. Flick recibió además la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1963, y en Kreuztal (Renania del Norte-Westfalia) un instituto llevó su nombre hasta 2008. También se le dedicaron estadios en Rosenberg (Baviera) –el nombre no se modificó hasta 2012, después de una agria polémica– y calles en varios municipios, de las que todavía sobreviven cuatro: en Maxhütte-Haidhof y Schwandorf (Baviera), en Teublitz (Alto Palatinado) y en Burbach (Renania del Norte-Westfalia).

Del ‘Zyklon B’ a la Talidomida
El siguiente “juicio subsiguiente” concerniente a los financiadores del nazismo fue contra los responsables de IG Farben (14 de agosto – 30 de julio de 1948), a quienes se acusó de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos: colaborar en la planificación y los preparativos para la agresión militar así como su desenvolvimiento, empleo de trabajo esclavo –la compañía contaba con instalaciones adyacentes al campo de concentración de Auschwitz– y experimentos humanos, y pertenencia a organización criminal. Las pruebas utilizadas en el proceso procedieron de los documentos incautados por la división financiera bajo el mando del general Dwight Eisenhower en la sede de la compañía en Frankfurt am Main, en abril de 1945.

Como recoge el protocolo del proceso, IG Farben suministró a la Wehrmacht caucho sintético, gasolina, nitrógeno, metales ligeros y, a través de sus filiales, explosivos. Poseía, además, un 42’5% de las acciones de Degesch, la empresa de pesticidas que fabricó el ‘Zyklon B’. Como es notorio, este insecticida se utilizó para ejecutar a los prisioneros en las cámaras de gas de los campos de Majdanek, Mauthausen, Dachau, Buchenwald y Auschwitz. El comandante de este último, Rudolf Höss, explicaría en su juicio que autorizó el uso de ‘Zyklon B’ tras la recomendación de un subordinado suyo, el Hauptsturmführer Karl Fritzsch, quien lo había empleado antes con prisioneros de guerra soviéticos a finales de agosto de 1941.

El ‘Zyklon B’ era adquirido a través de los distribuidores Heli y Tesch & Stabenow (Testa)–que llegó a ofrecer cursos en Riga y Sachsenhausen a los miembros de las SS para instruirlos en su manejo seguro–, y en ocasiones directamente a los fabricantes. Se calcula que sólo Auschwitz recibió 23’8 toneladas de ‘Zyklon B’, únicamente seis de las cuales se utilizaron para lo que había sido originalmente pensado: fumigar plantas. El presidente de Testa e inventor del ‘Zyklon B’, Bruno Emil Tesch, fue juzgado dos años antes por un tribunal militar británico en Hamburgo (1-8 marzo de 1946), que falló que Tesch conocía el destino del gas y, en consecuencia, lo condenó a la pena de muerte. Tesch fue ejecutado en la prisión de Hameln el 16 de mayo de 1946 junto con el vicepresidente de Testa, Karl Weinbacher.

No corrieron sin embargo la misma suerte los 23 procesados en el juicio contra IG Farben, la mayoría de ellos condenados a penas de prisión de uno a ocho años en la cárcel de Landsberg (Baviera), que no siempre cumplieron íntegramente. A pesar de haber sido condenados como criminales de guerra, varios se reintegraron en la vida económica de la República Federal Alemana (RFA) como miembros de los consejos de administración de empresas químicas y farmacéuticas. Uno de ellos, el químico Otto Ambrose, llegó incluso a ser asesor del canciller Konrad Adenauer y trabajó para la farmacéutica Grünenthal, en la que participó en el desarrollo de la Talidomida (comercializada en Alemania occidental como Contergan), un medicamento que se publicitaba como remedio contra la ansiedad y la náusea durante el embarazo y que provocó 10.000 nacimientos con malformaciones y miles de abortos no deseados. Otro de los condenados, Heinrich Bütefisch, recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en marzo de 1964 por su trabajo en la junta directiva de Ruhrchemie AG, pero cuando se hizo público su pasado nacionalsocialista se le retiró el galardón.

Pocos apellidos alemanes sean posiblemente tan conocidos como el de Krupp, cuya historia como proveedor de armas se remonta a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), en la que suministró a todos los bandos combatientes. Las empresas Krupp fueron el objeto del tercero de los “juicios subsiguientes” (8 de diciembre de 1947 – 31 de julio de 1948) relacionados con el capital que financió al nazismo. Como se encargó de recordar el fiscal Robert H. Jackson en su acusación, “cuatro generaciones de la familia Krupp han poseído y operado las grandes factorías de armamento y municiones que han sido la principal fuente de suministros de guerra de Alemania. Durante más de 130 años, esta familia ha sido el foco, el símbolo y el beneficiario de las fuerzas más siniestras implicadas en la amenaza a la paz en Europa”. La participación de la empresa en el régimen nazi era innegable: Krupp suministró generosamente a la Wehrmacht desde tanques hasta cruceros y submarinos pasando por cañones de artillería y munición. El aprecio por los nazis hacia su patrocinador era tal que en un discurso a las Juventudes Hitlerianas Hitler llegó a afirmar que “el joven alemán del futuro debe ser delgado y ágil, veloz como un lebrel, curtido como el cuero y duro como el acero de Krupp.”

El material de guerra de Krupp era fabricado por 100.000 trabajadores esclavos, entre ellos más de 23.000 prisioneros de guerra –principalmente en su factoría en Essen (Renania del Norte-Westfalia)– y 4.978 internos de los campos de concentración de Auschwitz y en Wroclaw (en alemán: Breslau), invariablemente en condiciones inhumanas: largas jornadas de trabajo, alojamiento inadecuado y expuesto a los bombardeos (en violación del Tratado de La Haya), malnutrición, falta de asistencia médica y brutalidad por parte de los guardias. En su declaración ante el tribunal, el Dr. Wilhelm Jäger, uno de los médicos de la empresa que fue enviado a supervisar las condiciones de los campos, relató en su testimonio que “las condiciones sanitarias eran atroces: en Krämerplatz [donde trabajaban 2.000 prisioneros de guerra soviéticos y franceses] solo había 10 cuartos de baño de niños para 1.200 reclusos… Los excrementos cubrían el suelo de estos baños por completo. Los tártaros y kirguises eran los que más sufrían: caían como moscas [a causa del] alojamiento, la mala calidad de la insuficiente comida, el exceso de trabajo y la falta de descanso… Miles de moscas, insectos y otros parásitos torturaban a los internos de estos campos”. En Nöggerathstrasse se llegó a hacer dormir a los prisioneros de guerra franceses durante seis meses “en jaulas para perros”: cinco reclusos dormían en cada jaula, “en la que tenían que entrar a cuatro patas”. Los hijos de las trabajadoras forzadas secuestradas en Europa del Este se alojaban en barracones para niños en condiciones no muy diferentes a las descritas y muchos de ellos murieron por la mala alimentación y falta de asistencia médica. El presidente, Alfried Krupp, respondió a todos los informes de Jäger con indiferencia.

Por todo ello, doce directivos de Krupp, incluyendo a su presidente desde 1943, Alfried Krupp von Bohlen y Halbach, fueron sentados en el banquillo de los acusados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sólo uno de los acusados, Karl Heinrich Pfirsch, responsable de ventas de la empresa, fue absuelto: el resto fueron condenados a penas de prisión de entre tres y doce años de prisión, y a Alfried Krupp se le impuso además la venta de sus posesiones. Como en los casos de Flick e IG Farben, el tribunal rechazó los argumentos de la defensa de que los acusados no hicieron más que “cumplir órdenes” y de que actuaron por “necesidad”, asegurando que se habían visto obligados a alcanzar las cuotas de producción impuestas por el gobierno alemán y que, para conseguirlo, era necesario hacer uso de la fuerza de trabajo proporcionada por el Estado porque no había otra disponible, y que, de haberla rechazado, ello hubiera acarreado consecuencias para los empresarios y sus administradores. De igual modo, se desestimó el argumento de la defensa de que el tribunal estaba aplicando una “justicia de vencedores”, así como que las leyes que se les acusaba infringir no estaban vigentes en el lugar y el momento de las acciones realizadas (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege).

Sin embargo, el alto comisario de EE UU para la RFA, John J. McCloy, convencido de la necesidad de restaurar la capacidad industrial de Alemania occidental frente a una emergente URSS, decidió entre 1951 y 1952 reducir las penas de la mayoría de los acusados. El propio Alfried Krupp fue amnistiado el 31 de enero de 1951 y se le restituyeron sus propiedades en la RFA, que en la zona de ocupación soviética (a partir de 1949 la República Democrática Alemana) habían sido ya expropiadas. El terreno para la amnistía lo habían preparado antes las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales y los medios de comunicación conservadores, que habían puesto en marcha una intensa campaña de relaciones públicas para relativizar las acciones de Krupp durante el nazismo. Cabe decir que lograron su cometido con creces, ya que Krupp se convirtió como es sabido en una de las empresas más importantes de posguerra. En 1999 se fusionó con Thyssen AG, cuyo presidente en el período de entreguerras, Fritz Thyssen, también financió generosamente al nacionalsocialismo hasta 1933, cuando su relación con el régimen comenzó a deteriorarse. Thyssen, que abandonó Alemania en 1939 y en 1940 publicaría en Francia una biografía titulada Yo financié la ascensión de Hitler, llegaría a ser internado tras su detención en el régimen de Vichy y extradición a Alemania en varios campos de concentración, aunque siempre recibió un trato de favor por su condición social.

“Lo hicieron voluntariamente”
En el juicio contra IG Farben, el fiscal presentó como prueba núm. 58 el siguiente fragmento del interrogatorio a Göring:
P. ¿Habría contemplado Alemania su vasto programa de agresión si no hubiesen contado con el pleno apoyo de los industriales durante todo el tiempo?
R. Los industriales son alemanes. Tenían que apoyar a su país.
P. ¿Les forzaron a hacerlo o lo hicieron voluntariamente?
R. Lo hicieron voluntariamente, pero de haberse negado, el Estado habría dado un paso al frente.
P. ¿Piensa que el Estado habría sido lo suficientemente fuerte para forzar a la gran industria a ir a la guerra si ésta no quería la guerra?
R. Cuando llegó el momento de ir a la guerra, todas las industrias nos siguieron sin problemas de conciencia.

Lo cierto es que tampoco tuvieron problemas de conciencia antes de la guerra: sin las donaciones de los industriales —a quien Hitler había cortejado abiertamente desde 1926-1927 presentando a su partido como dique de contención del bolchevismo—, el NSDAP no hubiera podido desembolsar por ejemplo los 805.864 marcos que costó la compra y renovación del Palacio Barlow de Múnich, donde el partido estableció su sede. Después de la ya mencionada reunión secreta del 20 de febrero de 1933, los “capitanes de industria” donaron tres millones de marcos —más de dos millones de los cuales se ingresaron en un fondo fiduciaro ad hoc creado por Schacht— para financiar a la ultraderecha. Los porcentajes son significativos: el 25% se destinó al Frente Negro-Blanco-Rojo, la coalición liderada por Franz von Papen, y el 75% restante al NSDAP. Según Martin Blank, uno de los testimonios de aquella reunión, aquel mismo día los representantes de la industria siderometalúrgica se comprometieron a donar un millón de marcos, mientras que el fabricante de maquinaria Wolfgang Reuter prometió entregar 100.000 marcos, la misma suma que dio Siemens. En el fondo de Schacht aparecen Osram, que donó 40.000 marcos (27 de febrero), Telefunken, con unos 35.000 (27 de febrero), IG Farben, con unos 400.000 marcos (28 de febrero), o AEG, con 60.000 (3 de marzo), por señalar sólo las compañías más conocidas de la lista, en la que también figuraban empresas mineras y de fabricación de maquinaria.

No sólo fue la industria: el acuerdo entre Papen y Hitler para hacerse con la cancillería se fraguó en la casa de un banquero, Kurt Freiherr von Schröder, en Colonia, con la mediación una vez más de Schacht. En su declaración en el juicio de Núremberg, Schröder narró cómo “antes de dar este paso, conmigo hablaron una serie de caballeros de la economía y me informé en general de cómo la economía quería establecer una cooperación entre ambos.” “Los mayoría de los esfuerzos de los hombres de la economía se dirigían”, continuaba Schröder en su declaración, “a ver la llegada al poder de un líder fuerte en Alemania que construyese un gobierno que permaneciese en el poder por un largo período tiempo”. Cuando “el NSDAP sufrió el 6 de noviembre su primer revés en las urnas y alcanzó con él su techo electoral, el apoyo de la economía alemana se hizo especialmente apremiante”. De acuerdo con el testimonio de Schröder, “existía un interés común en la economía en el miedo del bolchevismo y la esperanza de que los nacionalsocialistas, una vez en el poder, estableciesen una política consistente y sólidos fundamentos económicos en Alemania”.

Quizá la mayoría de industriales y banqueros viese a los nazis como parte de la constelación de fuerzas conservadoras que habían de impedir el ascenso del movimiento obrero organizado que suponían tanto el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) como el Partido Comunista de Alemania (KPD) y sus sindicatos. Carl von Ossietzky escribió en Die Weltbühne cómo el magnate de los medios de comunicación Alfred Hugenberg no quería “dejar libre a su golem, Hitler.” “Cuando ya no lo necesite más”, creía Ossietzky, “le cortará el grifo de la financiación y el movimiento nacionalsocialista desaparecerá tan misteriosamente como estos últimos dos años misteriosamente ha crecido”. Años después el dramaturgo Heiner Müller compararía a los nazis con un perro rabioso atado a una correa que finalmente se aflojó demasiado. Sea como fuere, como escribe Antoni Domènech en El eclipse de la fraternidad (Crítica, 2004; Akal, 2019), “lo que el propio [fiscal estadounidense] Telford Taylor llamó ‘guerra civil fría’ desencadenada en EE UU contra los ‘comunistas rooseveltianos’ contribuyó decisivamente a que las condenas judiciales a la oligarquía industrial y financiera alemana quedaran en nada”, entre otras razones, “gracias a la enorme presión de la derecha empresarial y política norteamericana que consideró –no sin un punto de razón– que procesar a los Flick, a los Krupp y compañía era tanto, según expresó en su día el luego tristemente célebre senador McCarthy, ‘como procesar a los Ford y a los Rockefeller’”.

No se produjo una caída de los dioses: el capital sin el que el nazismo no hubiera sido posible fue restituido en su lugar, considerado como un ‘mal necesario’ para hacer de Alemania occidental un muro de contención contra la expansión del comunismo soviético, a pesar de que ello suponía una violación del apartado B.12 del Acuerdo de Potsdam de 1945, según el cual “en el plazo más breve posible la vida económica alemana ha de descentralizarse con el objetivo de destruir la desproporcionada concentración existente del poder económico, representada especialmente por los carteles, corporaciones, trusts y otras asociaciones monopolistas”.

La URSS defendió en todo momento el establecimiento de un castigo ejemplar e inequívoco a los criminales de guerra nazis: sobre ellos tenía que caer todo el peso de la ley, sin concesiones. Esta manera de proceder tenía como fin impedir que su memoria pudiese ser rehabilitada y asestar a un mismo tiempo un golpe definitivo al capital que había posibilitado el peor conflicto de la historia de la humanidad. Buena parte del resto de los Aliados, en cambio, temía que el juicio a los notables de la vida económica alemana se convirtiese en una poderosa herramienta propagandística para los soviéticos. Como seguramente se refleje en los medios de comunicación estos días, hubo un Núremberg que ha llegado a ser muy conocido por el público y otro que no, y que, además, quedó incompleto. Ángel Ferrero es miembro del comité de redacción de Sin Permiso

Fuente:

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/otro-juicio-nuremberg