Escribe Owen Jones en su espléndido libro Chavs: La demonización de la clase obrera, “La Cámara de los Comunes no es representativa, no refleja al país en su conjunto. Es demasiado representativo de abogados, periodistas metidos a políticos, diversas profesiones, sobre todo profesores de universidad…Hay pocos que hayan trabajado en centros de atención telefónica o en fábricas, o hayan sido funcionarios municipales de rango bajo… Antiguamente había una tradición, sobre todo en los escaños laboristas, de diputados que habían empezado trabajando en fábricas y minas. Esa época pasó hace mucho”. Si trasladamos esa reflexión a la composición del Congreso de los Diputados y de los parlamentos de las comunidades autónomas llegaríamos a una conclusión bastante parecida. El neoliberalismo no solo ha representado un ataque a los derechos de las clases trabajadores sino también, entre otras cosas, una modificación de la representación política y ha dedicado un ingente esfuerzo para cambiar la percepción de la sociedad respecto a las clases sociales. Algo así como “si parece que las clases sociales se han difuminado lo tendremos mejor para que siga gobernando nuestra clase social”. Volviendo al libro citado, algo que lograron en el Reino Unido Margaret Thatcher venciendo a los mineros en 1985 y descabezando y desorganizando al potente movimiento sindical y posteriormente el dirigente laborista Toni Blair pretendiendo que “todos somos clase media”.
La campaña electoral que finalizará el próximo 20 D anuncia un cambio, más allá de quien gane o de las combinaciones de gobierno que puedan formarse, las cosas ya no podrán hacerse de la misma manera. Habrá que reconocer que ese cambio puede quedar lejos aún del que hace unos meses podía vislumbrarse, destinado a abrir un proceso o procesos constituyentes y a cambios en las políticas económicas y sociales favorables a las clases trabajadoras. Pero sí podemos constatar que tanto entre los candidatos de las izquierdas como en los contenidos de las campañas hay muy poca presencia de la clase obrera organizada. Cuando podamos hacer un análisis sociológico de los nuevos diputados y diputadas es muy probable que encontremos un panorama parecido al que denuncia Owen Jones en su libro. Y eso es una anormalidad.
El proceso de cambio que desde posiciones de izquierda se ha ido gestando es el resultado de varios factores: la rebelión del 15M, las huelgas generales contra las reformas laborales, las luchas y mareas contra los recortes en los derechos públicos, las movilizaciones contra los desahucios, el movimiento soberanista en Catalunya… y en todos ellos ha habido un peso importante, si no fundamental, del mundo del trabajo y de su expresión organizada, el movimiento sindical. Las candidatas y candidatos, allí donde hay confluencia (Catalunya, Valencia y Galicia) en Podemos, en Unidad Popular-IU, en Bildu… representan una gran renovación, son el reflejo del conjunto de esas protestas ciudadanas, pero se nota la falta de representantes del mundo del trabajo.
Sindicalismo de clase
Si compartimos “que el trabajo es la fuente de toda la riqueza y la medida de todos los valores” hay que apostar por colocar ese problema en el centro porque sino estamos mareando la perdiz a la hora de buscar alternativas para salir de la crisis y organizar un cambio real a favor de las clases trabajadoras. Hay, además, otro aspecto fundamental: difícilmente podrá haber mayorías sociales de cambio a la izquierda sin la presencia activa y visible del movimiento obrero.
El objetivo de los capitalistas y sus políticas neoliberales para afrontar la crisis ha consistido en reducir salarios, enviar al paro a millones de personas, recortar derechos, generalizar aún más la precariedad y debilitar al sindicalismo, especialmente a través de la última reforma laboral. Un proceso de cambio político y social exige reconquistar todo lo que ha sido arrebatado. Por eso el trabajo debe situarse en el centro, porque no hablamos sólo de un empleo sino de todo lo que está relacionado con él: un salario decente para tener independencia económica, derechos (un convenio colectivo, una jornada laboral, vacaciones, salud, formación, etc.) pero también trabajo en el sentido de organización de clase de los trabajadores. Existe una relación mutua: si hay trabajo puede haber sindicato, si hay sindicato hay derechos.
La política neoliberal, la del PP y la que anuncia Ciudadanos, persigue lo contrario. Sabe que sin trabajo no hay organización. Si el salario es bajo hay menos sindicación. A mayor precariedad hay menos sindicalismo y si hay menos sindicato hay menos derechos, salarios inferiores, jornadas más largas, salud laboral más precaria. No nos limitamos a los derechos laborales, porque la defensa de los derechos de ciudadanía, salud, educación, formación, vivienda, cuya defensa incumbe al conjunto de la sociedad, necesita también de organización y de confluencia entre los diversos actores. Por ejemplo, las mareas contra los recortes en sanidad o educación se basaron en la colaboración de intereses entre los trabajadores y la población.
Se puede debatir y confrontar opiniones sobre si la política de las direcciones sindicales ha sido la adecuada para la actual situación, pero no hay ninguna duda de que el sindicalismo es la base para la resistencia.
A través del sindicalismo de clase, tanto de los grandes sindicatos como de los alternativos, es como se organiza la clase trabajadora, porque aunque el nivel de afiliación sea relativamente bajo (alrededor de un 15%) no lo es a través de la representación que significa la elección de los delegados sindicales. Con datos cerrados del 2011, se eligieron más de 300.000 delegados, votaron más de 4,7 millones de personas sobre un censo de 7,2, un 65% de participación. Si añadimos los miles de convenios negociados y firmados, incluso con las restricciones impuestas por la reforma laboral, y las negociaciones y acuerdos de empresa, y las asambleas y movilizaciones de protesta, tanto a nivel de empresa o sector como en defensa de derechos generales de la ciudadanía, sanidad, educación, etc., tendremos un panorama del instrumento organizador y movilizador del sindicalismo de clase, completamente imprescindible para cualquier cambio social por la izquierda. No se puede ignorar.
Sindicalismo y política
Pero también en el sindicalismo hay que reflexionar sobre qué papel y qué iniciativas puede tomar para jugar un papel más activo en los procesos de cambio. En su momento tuvo que luchar para defender su autonomía e independencia en la toma de decisiones, pero eso no puede entenderse como una abstención o separar artificialmente los ámbitos de la política y los del sindicalismo. Es cierto que son relaciones complejas y no siempre tienen un único sentido, pero también es necesario ponerlas a debate.
Ante los ataques brutales que se han vivido el sindicalismo por sí mismo no ha podido defenderse ni defender los derechos de las clases trabajadoras. Se necesita el máximo de alianzas posibles para derrotar a un enemigo fuerte. Alianzas con otros movimientos sociales, alianzas con los partidos, con las asociaciones de vecinos, mareas, etc. Con todo quien esté dispuesto a luchar contra las políticas neoliberales. Y hay que hacerlo con espíritu unitario, sin pretender hegemonías de uno u otro, sino con la convicción de que sólo la suma y la movilización pueden lograr volver a conquistar los derechos. Para que la clase obrera esté en el centro del cambio social, el sindicalismo también tiene que reivindicar su lugar y su papel en la política.
Toda lucha laboral o social es una expresión de lucha de clases y por lo tanto política: unas veces se expresa en la negociación de un convenio colectivo o en la lucha contra la precariedad y otras en la exigencia de nuevas leyes o derechos universales para la sociedad y en todas ellas la participación del “trabajo asalariado” es determinante (ya sea como trabajador o como ciudadano)
La perspectiva de un cambio político y social exige cambios en las organizaciones y en las relaciones entre ellas, será el esfuerzo colectivo lo que permitirá derrotar a la derecha, tanto con los votos como con la movilización social.
Porque para el día después del 20 D hay amenazas bien concretas: la Unión Europea ya ha anunciado que exigirá una reducción de 7.000 millones al próximo gobierno que surja de las urnas, o sea más recortes; también que debe ampliar aún más la reforma laboral, menos derechos y/o abaratamiento del despido y /o reducción de pensiones, y sino pondrán por delante la propuesta de contrato único de Ciudadanos, que es otra vuelta de tuerca a las anteriores reformas laborales.
Por eso hay que colocar el empleo y la recuperación de los derechos laborales en el centro del debate y la acción. Tal como lo explican los sindicalistas, cambio es también poner en el centro el conflicto capital-trabajo, o sea la lucha de clases.
Miguel Salas Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso
Fuente:
www.sinpermiso.info, 13 de diciembre 2015
Mostrando entradas con la etiqueta sindicatos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta sindicatos. Mostrar todas las entradas
sábado, 19 de diciembre de 2015
miércoles, 23 de septiembre de 2015
Mejor unidos, como siempre. En memoria de Cipriano García y Ángel Rozas
I- Si algo ha demostrado la historia es que las derrotas de los trabajadores siempre han venido por la división o cuando se han dejado arrastrar por proyectos insolidarios. Los que firmamos este artículo somos personas que, en momentos difíciles, hemos dirigido las luchas de los trabajadores por la democracia y el bienestar social. Ahora vemos, con gran preocupación, que se nos quiere separar. Se pretende poner por encima de nuestros valores y compromisos solidarios unos proyectos identitarios, con el objetivo de dividir un Estado democrático que los trabajadores, más que nadie, fueron capaces de conquistar. Este problema se ha agravado por la crisis económica, por una sentencia del Tribunal Constitucional que modificó el nuevo Estatuto de Cataluña y por la política de los nacionalistas de encubrir sus medidas antisociales y la corrupción bajo la bandera de la separación.
Pero no olvidemos que las libertades y los derechos sociales conquistados —hoy en peligro— son el producto de las luchas de todos los españoles. Porque en todos los lugares hay hombres y mujeres que se levantan contra las injusticias, sabiendo que formamos parte de un proyecto común de avance social y que si nos va mal a unos les irá mal a todos.
II- Luchamos juntos contra la dictadura, fuimos represaliados, muchos perdieron la vida y otros conocimos la cárcel. Nuestros represores pertenecían a todos los territorios de España. Así se forjó el movimiento obrero de nuestro país, que fue decisivo en la conquista de las libertades. En las movilizaciones por la libertad sindical, la amnistía y los estatutos de autonomía, los trabajadores estuvieron a la cabeza, mientras los que hoy se presentan como adalides de confusas liberaciones nacionales, o no se enfrentaron a la dictadura con igual decisión o ni siquiera lo intentaron.
III- Se defendieron todas las causas justas sin pensar a qué territorios afectaban. Y si hoy existen notables diferencias de desarrollo entre distintas autonomías, no se debe a que unos seamos más listos o laboriosos que otros sino a que la desigualdad es una constante en el desarrollo del capitalismo y a que los diversos sectores de ese capital siempre han pactado repartirse las zonas de influencia. Eso explica, históricamente, las grandes corrientes migratorias en el interior de España, de las zonas más pobres a las más ricas. Pero también es indiscutible la contribución de esos emigrantes al desarrollo económico y a la conquista de las libertades en Cataluña. Nos interesa recordar que ya en junio de 1967, la Primera Asamblea Nacional de CC OO reconocía las reivindicaciones nacionales del País Vasco, Cataluña o Galicia "sin anteponerse a las de tipo social o sindical ni a la unidad de acción de todos los trabajadores españoles".
IV- Hoy la crisis económica se aborda provocando millones de desempleos, reduciendo salarios y pensiones, desahuciando a los más pobres, reduciendo las inversiones en educación y sanidad, facilitando el despido. Todo ello en el contexto de la corrupción más vergonzosa jamás conocida en el periodo democrático. Medidas antisociales y corrupción que afectan sobre todo a PP y a CiU, por mucho que este último se envuelva en la "independencia" con el fin de ocultar sus vergüenzas y sus políticas antisociales.
V- Siempre se han defendido, desde el mundo del trabajo, los derechos democráticos que han sido la expresión de su fuerza unitaria. Todo quebranto de dicha unidad conduciría a la debilidad del movimiento de los trabajadores, y de la izquierda. Es más, en la época de la globalización, en una UE que decide cada vez más sobre nuestros asuntos, las opciones de ruptura y división nos debilitarían hasta hacernos irrelevantes. No deberíamos olvidar nunca que la solidaridad es la esencia del sindicalismo y no hay acto más insolidario que desgajar una parte del conjunto cuando, como en este caso, es una de las más ricas. El que haya afiliados a favor de la independencia no debe ser obstáculo para que las organizaciones sindicales tengan una posición clara ante lo que supone un atentado contra los intereses de los trabajadores. Desde luego, no estamos por el inmovilismo actual. Apostamos por una reforma de la Constitución que amplíe los derechos sociales, que mejore nuestra convivencia democrática y el encaje de todos en una España mejor. Por eso los que luchamos juntos queremos seguir unidos dentro de una España y una Europa federales, garantía de que podremos avanzar en las conquistas sociales y democráticas.
NICOLÁS SARTORIUS / EDUARDO SABORIDO / JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA 23 SEP 2015
Este artículo lo firman también Paco Acosta, Pedro Santiesteban y Miguel Ángel Zamora. Los autores son cofundadores de CC OO y fueron represaliados por la dictadura.
Pero no olvidemos que las libertades y los derechos sociales conquistados —hoy en peligro— son el producto de las luchas de todos los españoles. Porque en todos los lugares hay hombres y mujeres que se levantan contra las injusticias, sabiendo que formamos parte de un proyecto común de avance social y que si nos va mal a unos les irá mal a todos.
II- Luchamos juntos contra la dictadura, fuimos represaliados, muchos perdieron la vida y otros conocimos la cárcel. Nuestros represores pertenecían a todos los territorios de España. Así se forjó el movimiento obrero de nuestro país, que fue decisivo en la conquista de las libertades. En las movilizaciones por la libertad sindical, la amnistía y los estatutos de autonomía, los trabajadores estuvieron a la cabeza, mientras los que hoy se presentan como adalides de confusas liberaciones nacionales, o no se enfrentaron a la dictadura con igual decisión o ni siquiera lo intentaron.
III- Se defendieron todas las causas justas sin pensar a qué territorios afectaban. Y si hoy existen notables diferencias de desarrollo entre distintas autonomías, no se debe a que unos seamos más listos o laboriosos que otros sino a que la desigualdad es una constante en el desarrollo del capitalismo y a que los diversos sectores de ese capital siempre han pactado repartirse las zonas de influencia. Eso explica, históricamente, las grandes corrientes migratorias en el interior de España, de las zonas más pobres a las más ricas. Pero también es indiscutible la contribución de esos emigrantes al desarrollo económico y a la conquista de las libertades en Cataluña. Nos interesa recordar que ya en junio de 1967, la Primera Asamblea Nacional de CC OO reconocía las reivindicaciones nacionales del País Vasco, Cataluña o Galicia "sin anteponerse a las de tipo social o sindical ni a la unidad de acción de todos los trabajadores españoles".
IV- Hoy la crisis económica se aborda provocando millones de desempleos, reduciendo salarios y pensiones, desahuciando a los más pobres, reduciendo las inversiones en educación y sanidad, facilitando el despido. Todo ello en el contexto de la corrupción más vergonzosa jamás conocida en el periodo democrático. Medidas antisociales y corrupción que afectan sobre todo a PP y a CiU, por mucho que este último se envuelva en la "independencia" con el fin de ocultar sus vergüenzas y sus políticas antisociales.
V- Siempre se han defendido, desde el mundo del trabajo, los derechos democráticos que han sido la expresión de su fuerza unitaria. Todo quebranto de dicha unidad conduciría a la debilidad del movimiento de los trabajadores, y de la izquierda. Es más, en la época de la globalización, en una UE que decide cada vez más sobre nuestros asuntos, las opciones de ruptura y división nos debilitarían hasta hacernos irrelevantes. No deberíamos olvidar nunca que la solidaridad es la esencia del sindicalismo y no hay acto más insolidario que desgajar una parte del conjunto cuando, como en este caso, es una de las más ricas. El que haya afiliados a favor de la independencia no debe ser obstáculo para que las organizaciones sindicales tengan una posición clara ante lo que supone un atentado contra los intereses de los trabajadores. Desde luego, no estamos por el inmovilismo actual. Apostamos por una reforma de la Constitución que amplíe los derechos sociales, que mejore nuestra convivencia democrática y el encaje de todos en una España mejor. Por eso los que luchamos juntos queremos seguir unidos dentro de una España y una Europa federales, garantía de que podremos avanzar en las conquistas sociales y democráticas.
NICOLÁS SARTORIUS / EDUARDO SABORIDO / JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA 23 SEP 2015
Este artículo lo firman también Paco Acosta, Pedro Santiesteban y Miguel Ángel Zamora. Los autores son cofundadores de CC OO y fueron represaliados por la dictadura.
lunes, 3 de agosto de 2015
Entrevista a Aitor Martínez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe “Masacre de Curuguaty” “Paraguay es uno de los países de América Latina con más líderes campesinos asesinados”
Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
jueves, 2 de julio de 2015
Un país para ricos
Adolfo Muñoz, Txiki
Alfonso Basagoiti, ex-Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, ex-presidente del Círculo de Empresarios y ahora consejero de Euskaltel ha dicho que las vacaciones fiscales “se hicieron rematadamente mal” porque la rebaja de impuestos “se aplicó a pocas empresas” y debió hacerse a todas. Si se hubiera hecho así –dice- “no hubiera habido ningún problema con la UE”. No quiere que las empresas paguen impuestos y no dice la verdad cuando afirma que las empresas vascas pagan más impuestos que las españolas.
La realidad es que en base a subvenciones, bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto de Sociedades, las empresas o pagan muy poco o no pagan nada.
ELA ha celebrado un Seminario sobre fiscalidad en Donostia los días 18 y 19 de Junio. En él se ha analizado el trato fiscal privilegiado para las rentas que no son de trabajo. Estas son las conclusiones del Seminario.
1.- Los gobiernos favorecen la acumulación de capital a la vez que las Haciendas desfiscalizan esas rentas para que no paguen impuestos. Esos mismos Gobiernos con la patronal atacan a los salarios y las Haciendas deciden que los impuestos recaigan, fundamentalmente, sobre las rentas de trabajo. Por eso aumentan las desigualdades. La competencia fiscal entre países basada en la bajada de impuestos al capital y a las empresas destroza un modelo de sociedad justo y solidario. No es casualidad que los países que mejor están respondiendo a la crisis sean los que más presión fiscal y gasto público tienen.
2.- El poder político y económico no tienen ningún interés en materia fiscal en favorecer la información y la participación social. Hacen creer a la ciudadanía que bajando los impuestos a los ricos ganamos todos. Nos tratan como si fuéramos idiotas. Las Haciendas Vascas son un reino de opacidad; una “caja negra” en la que una pequeña élite, muy cercana al mundo empresarial, decide los impuestos.
3.- La capacidad normativa de las Haciendas Vascas (Concierto y Convenio) se concreta en que tengamos 7 puntos de presión fiscal menos que la media europea (incluso menos que en España). De establecer la presión fiscal media europea se recaudarían 6.600 millones de euros más. Los beneficiados son las rentas altas, empresariales y de capital. En realidad, desde hace muchos años, no ha existido una política fiscal propia en el ámbito vasco. Las Haciendas de los cuatro territorios se han limitado a copiar y pegar lo que hacia Madrid estableciendo, eso sí, más ventajas fiscales a empresas y capital. Rajoy, para tratar de evitar una debacle electoral, anuncia que bajará los impuestos -a sus amigos- en el IRPF y en Sociedades. ¿Alguien duda sobre qué harán las Haciendas Vascas?
4.- Es un contrasentido que la decisión sobre los ingresos esté en manos de las Administraciones que menos gasto tienen a su cargo, las Diputaciones. Este sistema, en la CAPV, deja la política fiscal en manos de un órgano sin control democrático, el Órgano de Coordinación Tributaria. Hay que acabar con los reinos de Taifas en que se han convertido las Haciendas, garantizar la participación social y establecer la decisión y el control democrático en el Parlamento vasco.
5.- Contrariamente a lo que dicen CONFEBASK y la CEN, la fiscalidad vasca es, de todas las del Estado, la que más privilegios recoge para las empresas. Es un grave error, que también comete la izquierda política, prestar atención al tipo nominal (porcentaje) del Impuesto. El tipo nominal no dice nada sobre lo que en realidad pagan las empresas ya que ha sido pervertido con un sinfín de exenciones, bonificaciones y subvenciones -innumerables e inútiles- pensadas para que las empresas o paguen poco o no paguen nada en el Impuesto de Sociedades.
6.- ELA llama la atención sobre la influencia de la patronal en la decisión de los impuestos. Sufrimos situaciones que debieran estar prohibidas, como que un Secretario General de una patronal pase a ser Diputado de Hacienda. Un ejemplo de esa connivencia han sido las vacaciones fiscales. Una decisión, la de incumplir el mandato de Europa, que fue adoptada de común acuerdo entre las Haciendas y Confebask y por la que hemos tenido que pagar 30 millones de € de multa. La fiscalía, en esa “desobediencia contumaz” que duro muchos años, no ha visto voluntariedad para apreciar delito.
7.- Las normas fiscales vascas regulan sistemas de elusión fiscal para usar sociedades interpuestas con el único objeto de no pagar impuestos. Además, las Haciendas Vascas, no han adoptado ninguna medida efectiva para impedir la evasión de capitales a paraísos fiscales. Al contrario, cuando Madrid ofrece una amnistía fiscal para regularizar los capitales evadidos, nos enteramos por los medios de comunicación que en las Haciendas Vascas existe un trato más favorable para el evasor que el que ofrece el Estado. Los paraísos fiscales existen porque los Gobiernos quieren. Más allá de la hipocresía, los gobiernos no tienen interés en acabar con los ellos; al contrario, los usan como escusa en su cruzada para dar privilegios al capital.
8.- La lucha contra el fraude no es una prioridad de la Haciendas. No hay voluntad y, como consecuencia, tampoco medios humanos suficientes para proceder a inspeccionar las rentas y actividades en las que se concentra el fraude. Si a la pasividad de las Haciendas se le suma la inexistencia de una policía judicial especializada y que los jueces que tramitan los delitos fiscales carecen de una formación específica, es fácil entender por que los delitos fiscales son tan excepcionales. ELA exige reforzar las medidas coercitivas para obligar a las rentas que se refugian en el fraude, la elusión y la evasión a cumplir con sus obligaciones.
9.- ELA exige, además, que la política de distribución de renta se haga por la vía del gasto social y no con ventajas fiscales. La mayor parte de las ventajas fiscales establecidas en los diferentes impuestos (subvenciones, deducciones, exenciones…) tienen un componente netamente regresivo, beneficiando a quien más renta obtiene.
10.- ELA constata -y lamenta- la inmensa fuerza que tiene el sistema para integrar, también en fiscalidad, a las fuerzas políticas que alcanzan responsabilidades institucionales. El resultado no puede ser, en nuestra opinión, que la disputa institucional se haga a costa de relativizar la política social. Sin cambio en la política fiscal es imposible el cambio en la política social. Sin pedagogía fiscal alternativa la derecha seguirá imponiendo políticas antisociales.
El sistema fiscal vasco permite al capital la elusión, la evasión y el fraude. El problema no termina ahí porque, además, ese capital -que no paga impuestos- tiene un gran control sobre el poder político para condicionar que el gasto público se dirija a satisfacer sus intereses destruyendo el gasto social.
Adolfo Muñoz, "Txiki", Secretario General del sindicato ELA
Alfonso Basagoiti, ex-Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, ex-presidente del Círculo de Empresarios y ahora consejero de Euskaltel ha dicho que las vacaciones fiscales “se hicieron rematadamente mal” porque la rebaja de impuestos “se aplicó a pocas empresas” y debió hacerse a todas. Si se hubiera hecho así –dice- “no hubiera habido ningún problema con la UE”. No quiere que las empresas paguen impuestos y no dice la verdad cuando afirma que las empresas vascas pagan más impuestos que las españolas.
La realidad es que en base a subvenciones, bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto de Sociedades, las empresas o pagan muy poco o no pagan nada.
ELA ha celebrado un Seminario sobre fiscalidad en Donostia los días 18 y 19 de Junio. En él se ha analizado el trato fiscal privilegiado para las rentas que no son de trabajo. Estas son las conclusiones del Seminario.
1.- Los gobiernos favorecen la acumulación de capital a la vez que las Haciendas desfiscalizan esas rentas para que no paguen impuestos. Esos mismos Gobiernos con la patronal atacan a los salarios y las Haciendas deciden que los impuestos recaigan, fundamentalmente, sobre las rentas de trabajo. Por eso aumentan las desigualdades. La competencia fiscal entre países basada en la bajada de impuestos al capital y a las empresas destroza un modelo de sociedad justo y solidario. No es casualidad que los países que mejor están respondiendo a la crisis sean los que más presión fiscal y gasto público tienen.
2.- El poder político y económico no tienen ningún interés en materia fiscal en favorecer la información y la participación social. Hacen creer a la ciudadanía que bajando los impuestos a los ricos ganamos todos. Nos tratan como si fuéramos idiotas. Las Haciendas Vascas son un reino de opacidad; una “caja negra” en la que una pequeña élite, muy cercana al mundo empresarial, decide los impuestos.
3.- La capacidad normativa de las Haciendas Vascas (Concierto y Convenio) se concreta en que tengamos 7 puntos de presión fiscal menos que la media europea (incluso menos que en España). De establecer la presión fiscal media europea se recaudarían 6.600 millones de euros más. Los beneficiados son las rentas altas, empresariales y de capital. En realidad, desde hace muchos años, no ha existido una política fiscal propia en el ámbito vasco. Las Haciendas de los cuatro territorios se han limitado a copiar y pegar lo que hacia Madrid estableciendo, eso sí, más ventajas fiscales a empresas y capital. Rajoy, para tratar de evitar una debacle electoral, anuncia que bajará los impuestos -a sus amigos- en el IRPF y en Sociedades. ¿Alguien duda sobre qué harán las Haciendas Vascas?
4.- Es un contrasentido que la decisión sobre los ingresos esté en manos de las Administraciones que menos gasto tienen a su cargo, las Diputaciones. Este sistema, en la CAPV, deja la política fiscal en manos de un órgano sin control democrático, el Órgano de Coordinación Tributaria. Hay que acabar con los reinos de Taifas en que se han convertido las Haciendas, garantizar la participación social y establecer la decisión y el control democrático en el Parlamento vasco.
5.- Contrariamente a lo que dicen CONFEBASK y la CEN, la fiscalidad vasca es, de todas las del Estado, la que más privilegios recoge para las empresas. Es un grave error, que también comete la izquierda política, prestar atención al tipo nominal (porcentaje) del Impuesto. El tipo nominal no dice nada sobre lo que en realidad pagan las empresas ya que ha sido pervertido con un sinfín de exenciones, bonificaciones y subvenciones -innumerables e inútiles- pensadas para que las empresas o paguen poco o no paguen nada en el Impuesto de Sociedades.
6.- ELA llama la atención sobre la influencia de la patronal en la decisión de los impuestos. Sufrimos situaciones que debieran estar prohibidas, como que un Secretario General de una patronal pase a ser Diputado de Hacienda. Un ejemplo de esa connivencia han sido las vacaciones fiscales. Una decisión, la de incumplir el mandato de Europa, que fue adoptada de común acuerdo entre las Haciendas y Confebask y por la que hemos tenido que pagar 30 millones de € de multa. La fiscalía, en esa “desobediencia contumaz” que duro muchos años, no ha visto voluntariedad para apreciar delito.
7.- Las normas fiscales vascas regulan sistemas de elusión fiscal para usar sociedades interpuestas con el único objeto de no pagar impuestos. Además, las Haciendas Vascas, no han adoptado ninguna medida efectiva para impedir la evasión de capitales a paraísos fiscales. Al contrario, cuando Madrid ofrece una amnistía fiscal para regularizar los capitales evadidos, nos enteramos por los medios de comunicación que en las Haciendas Vascas existe un trato más favorable para el evasor que el que ofrece el Estado. Los paraísos fiscales existen porque los Gobiernos quieren. Más allá de la hipocresía, los gobiernos no tienen interés en acabar con los ellos; al contrario, los usan como escusa en su cruzada para dar privilegios al capital.
8.- La lucha contra el fraude no es una prioridad de la Haciendas. No hay voluntad y, como consecuencia, tampoco medios humanos suficientes para proceder a inspeccionar las rentas y actividades en las que se concentra el fraude. Si a la pasividad de las Haciendas se le suma la inexistencia de una policía judicial especializada y que los jueces que tramitan los delitos fiscales carecen de una formación específica, es fácil entender por que los delitos fiscales son tan excepcionales. ELA exige reforzar las medidas coercitivas para obligar a las rentas que se refugian en el fraude, la elusión y la evasión a cumplir con sus obligaciones.
9.- ELA exige, además, que la política de distribución de renta se haga por la vía del gasto social y no con ventajas fiscales. La mayor parte de las ventajas fiscales establecidas en los diferentes impuestos (subvenciones, deducciones, exenciones…) tienen un componente netamente regresivo, beneficiando a quien más renta obtiene.
10.- ELA constata -y lamenta- la inmensa fuerza que tiene el sistema para integrar, también en fiscalidad, a las fuerzas políticas que alcanzan responsabilidades institucionales. El resultado no puede ser, en nuestra opinión, que la disputa institucional se haga a costa de relativizar la política social. Sin cambio en la política fiscal es imposible el cambio en la política social. Sin pedagogía fiscal alternativa la derecha seguirá imponiendo políticas antisociales.
El sistema fiscal vasco permite al capital la elusión, la evasión y el fraude. El problema no termina ahí porque, además, ese capital -que no paga impuestos- tiene un gran control sobre el poder político para condicionar que el gasto público se dirija a satisfacer sus intereses destruyendo el gasto social.
Adolfo Muñoz, "Txiki", Secretario General del sindicato ELA
viernes, 1 de mayo de 2015
1º de Mayo, día de manifestaciones y luchas de los trabajadores del mundo. Un día de fiesta -no en todos los países aún- gracias a la lucha de los trabajadores.
El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros.
Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.
En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en inglés). El presidente estadounidense Grover Cleveland, auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo a partir de 1894.
En Extremadura habrá una manifestación en Mérida a partir de las 12
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Trabajadores
martes, 18 de noviembre de 2014
“El primer ministro lleva a Italia a una situación explosiva”. La líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) cree que el Gobierno de Renzi favorece a la empresa
Susanna Camusso (Milán, 1955) dirige desde hace cuatro años la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato mayoritario del país, con seis millones de afiliados.
Pregunta. ¿De dónde viene el desencuentro creciente de Matteo Renzi con los sindicatos?
Respuesta. Yo creo que todo surge de su convicción de que llegaba para gobernar la recuperación económica de Italia y de que, por tanto, podría dirigir el país sin intermediarios. La no recuperación le ha llevado a buscar vías alternativas, hasta el punto de decir que el PD es el partido que representa a la empresa. Esto significa cambiar la base histórica de referencia, es todo un salto cultural con respecto a la política italiana. Renzi se siente impotente para gobernar la crisis y trata de apoyarse en los empresarios.
P. ¿De ahí la abolición del artículo 18, que impedía el despido libre?
R. Sí, él lo ha presentado como la caída de un símbolo, la demostración ante Europa de que él está desbloqueando el país. Y forma parte de su diálogo con las empresas: os he dado el despido libre, ahora ayudadme.
P. ¿Y no cree que su enfrentamiento con los sindicatos —a los que considera una parte de la vieja casta del poder— se trate también de una estrategia?
R. Puede ser una lectura. Que no teniendo cosas concretas que ofrecer a Europa, quiera demostrar que sus reformas son verdaderas enfrentándose a nosotros. El problema es que Renzi es ya un hombre solo contra todos. Salvo con los empresarios, está peleado con todos. Cree en un compló, en que todos están contra él. Pero, insisto, es fruto de su desorientación, de que creía que iba a gestionar el éxito y en cambio…
P. ¿Usted cree que Renzi está empeorando la situación de Italia?
R. La situación es peligrosa. Es una situación de ruptura. El riesgo es que está llevando la guerra siempre más abajo. Está construyendo una pelea entre trabajadores públicos y privados, entre los que tienen poco y nada. Está quitando recursos del sur para llevarlos al norte. Todo esto divide, rompe. En un clima en el que no hay trabajo, la pobreza está creciendo y los ingresos de las personas están bajando, esta es una situación explosiva. Más aquí.
Pregunta. ¿De dónde viene el desencuentro creciente de Matteo Renzi con los sindicatos?
Respuesta. Yo creo que todo surge de su convicción de que llegaba para gobernar la recuperación económica de Italia y de que, por tanto, podría dirigir el país sin intermediarios. La no recuperación le ha llevado a buscar vías alternativas, hasta el punto de decir que el PD es el partido que representa a la empresa. Esto significa cambiar la base histórica de referencia, es todo un salto cultural con respecto a la política italiana. Renzi se siente impotente para gobernar la crisis y trata de apoyarse en los empresarios.
P. ¿De ahí la abolición del artículo 18, que impedía el despido libre?
R. Sí, él lo ha presentado como la caída de un símbolo, la demostración ante Europa de que él está desbloqueando el país. Y forma parte de su diálogo con las empresas: os he dado el despido libre, ahora ayudadme.
P. ¿Y no cree que su enfrentamiento con los sindicatos —a los que considera una parte de la vieja casta del poder— se trate también de una estrategia?
R. Puede ser una lectura. Que no teniendo cosas concretas que ofrecer a Europa, quiera demostrar que sus reformas son verdaderas enfrentándose a nosotros. El problema es que Renzi es ya un hombre solo contra todos. Salvo con los empresarios, está peleado con todos. Cree en un compló, en que todos están contra él. Pero, insisto, es fruto de su desorientación, de que creía que iba a gestionar el éxito y en cambio…
P. ¿Usted cree que Renzi está empeorando la situación de Italia?
R. La situación es peligrosa. Es una situación de ruptura. El riesgo es que está llevando la guerra siempre más abajo. Está construyendo una pelea entre trabajadores públicos y privados, entre los que tienen poco y nada. Está quitando recursos del sur para llevarlos al norte. Todo esto divide, rompe. En un clima en el que no hay trabajo, la pobreza está creciendo y los ingresos de las personas están bajando, esta es una situación explosiva. Más aquí.
martes, 22 de julio de 2014
Noruega cumple el sueño de Camilo. Un exguerrillero antifranquista recupera los restos de su hermano gracias a un sindicato noruego que ha donado 6.000 euros para abrir fosas en España
Nunca se han visto, viven a 2.350 kilómetros y jamás han hablado, pero Camilo de Dios, exguerrillero antifranquista, gallego, de 83 años, le debe a Henning Solhaug, secretario del sindicato de electricistas noruego Elogit, de 62, el haber cumplido un deseo que ha ocupado toda su vida: recuperar los restos de su hermano, fusilado en 1950 y enterrado en una fosa en Chaherrero (Ávila). El sindicato, de 15.000 afiliados, decidió donar 6.000 euros a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al conocer que el Gobierno español ha eliminado las partidas para la apertura de fosas del franquismo. La asociación ha destinado ese dinero a tres exhumaciones este verano; la primera, la del hermano de Camilo, Perfecto de Dios.
Camilo está muy emocionado. “Impresiona mucho ver los huesos. Cómo van desenterrando los pies, la cabeza, las manos...Es una sensación agridulce, pero estoy muy agradecido por la solidaridad recibida”. Veinte voluntarios de la ARMH, como Carmen García-Rodeja y Marco González, se han desplazado a Chaherrero para arroparle, y vecinos del pueblo se acercaron a la fosa para llevar sillas y agua para todos, también para el equipo de arqueólogos, como René Pacheco, cuyo trabajo financia el sindicato noruego. “Les estoy inmensamente agradecido. Yo pedí ayuda al Ayuntamiento y al Gobierno, pero ha tenido que ser un país extranjero el que desentierre a nuestros muertos”.
Solhaug explica por qué el sindicato noruego decidió donar 6.000 euros a la ARMH. “El comité central del sindicato hizo una visita a España para estudiar el impacto de la crisis. La alta tasa de paro nos alarma, pero también la situación de las familias de los más de 100.000 desaparecidos del franquismo, cuya búsqueda, como ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, no puede ser tarea de los familiares; Es una obligación del Estado. Entendemos que la lucha de estos guerrilleros no era solo para defender la democracia española, sino que formaba parte de la lucha contra el fascismo europeo, contra Hitler y Mussolini, y estos pocos euros pagan solo una pequeña parte de nuestra deuda con los republicanos españoles”.
Perfecto de Dios tenía 19 años cuando lo mataron. Con su madre, Carmen Fernández, comunista, y otros dos guerrilleros antifranquistas había salido de los montes gallegos con la intención de llegar a Madrid y después, exiliarse. Pero en Chaherrero, donde habían parado para comprar comida, fueron detectados por la Guardia Civil, que abrió fuego contra el grupo. Perfecto cayó abatido a tiros y su madre no quiso dejarle. Los otros dos guerrilleros huyeron. Uno fue detenido poco después. Era 16 de mayo de 1950.
“Yo tenía entonces 16 años y estaba preso en El Dueso (Cantabria). Me enteré de lo sucedido por una carta de mi madre”, recuerda Camilo. Aquella fue la primera de las muchas cartas que se escribieron de penal a penal. Ambos estuvieron condenados a muerte, aunque finalmente les conmutaron la pena. “Los franquistas no miraban si eras menor o mujer. A mí me torturaron 59 días en el cuartel: te daban martillazos y cortes en las manos y en los pies, aún tengo las cicatrices... Me arrancaron las uñas...”, recuerda Camilo, que se ha sumado a la querella contra el franquismo que investiga la juez argentina María Servini de Cubría en Buenos Aires. “Mi madre estuvo 13 años presa y yo diez”. Al salir de la cárcel, Camilo vivió una temporada en Madrid, hasta que le dijeron que podía volver a su casa, en Sandiás (Ourense). “Nos la habían quitado los falangistas, que luego la pusieron a la venta. Mi familia tuvo que volver a comprar su propia casa”.
Su madre murió en 1999, con 93 años. “Le hubiera encantado vivir este momento”, declara Camilo a pie de fosa, mientras ve a los arqueólogos recuperar los restos de su hermano. “Ahora voy a poder enterrarlos juntos en un cementerio. Perfecto ya no va a estar tirado en un camino, como hasta ahora. Como siguen tantos otros, por desgracia”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2014/07/21/actualidad/1405958444_465287.html
Camilo está muy emocionado. “Impresiona mucho ver los huesos. Cómo van desenterrando los pies, la cabeza, las manos...Es una sensación agridulce, pero estoy muy agradecido por la solidaridad recibida”. Veinte voluntarios de la ARMH, como Carmen García-Rodeja y Marco González, se han desplazado a Chaherrero para arroparle, y vecinos del pueblo se acercaron a la fosa para llevar sillas y agua para todos, también para el equipo de arqueólogos, como René Pacheco, cuyo trabajo financia el sindicato noruego. “Les estoy inmensamente agradecido. Yo pedí ayuda al Ayuntamiento y al Gobierno, pero ha tenido que ser un país extranjero el que desentierre a nuestros muertos”.
Solhaug explica por qué el sindicato noruego decidió donar 6.000 euros a la ARMH. “El comité central del sindicato hizo una visita a España para estudiar el impacto de la crisis. La alta tasa de paro nos alarma, pero también la situación de las familias de los más de 100.000 desaparecidos del franquismo, cuya búsqueda, como ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, no puede ser tarea de los familiares; Es una obligación del Estado. Entendemos que la lucha de estos guerrilleros no era solo para defender la democracia española, sino que formaba parte de la lucha contra el fascismo europeo, contra Hitler y Mussolini, y estos pocos euros pagan solo una pequeña parte de nuestra deuda con los republicanos españoles”.
Perfecto de Dios tenía 19 años cuando lo mataron. Con su madre, Carmen Fernández, comunista, y otros dos guerrilleros antifranquistas había salido de los montes gallegos con la intención de llegar a Madrid y después, exiliarse. Pero en Chaherrero, donde habían parado para comprar comida, fueron detectados por la Guardia Civil, que abrió fuego contra el grupo. Perfecto cayó abatido a tiros y su madre no quiso dejarle. Los otros dos guerrilleros huyeron. Uno fue detenido poco después. Era 16 de mayo de 1950.
“Yo tenía entonces 16 años y estaba preso en El Dueso (Cantabria). Me enteré de lo sucedido por una carta de mi madre”, recuerda Camilo. Aquella fue la primera de las muchas cartas que se escribieron de penal a penal. Ambos estuvieron condenados a muerte, aunque finalmente les conmutaron la pena. “Los franquistas no miraban si eras menor o mujer. A mí me torturaron 59 días en el cuartel: te daban martillazos y cortes en las manos y en los pies, aún tengo las cicatrices... Me arrancaron las uñas...”, recuerda Camilo, que se ha sumado a la querella contra el franquismo que investiga la juez argentina María Servini de Cubría en Buenos Aires. “Mi madre estuvo 13 años presa y yo diez”. Al salir de la cárcel, Camilo vivió una temporada en Madrid, hasta que le dijeron que podía volver a su casa, en Sandiás (Ourense). “Nos la habían quitado los falangistas, que luego la pusieron a la venta. Mi familia tuvo que volver a comprar su propia casa”.
Su madre murió en 1999, con 93 años. “Le hubiera encantado vivir este momento”, declara Camilo a pie de fosa, mientras ve a los arqueólogos recuperar los restos de su hermano. “Ahora voy a poder enterrarlos juntos en un cementerio. Perfecto ya no va a estar tirado en un camino, como hasta ahora. Como siguen tantos otros, por desgracia”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2014/07/21/actualidad/1405958444_465287.html
jueves, 22 de mayo de 2014
Owen Jones: “La libertad de prensa es un mito”. El referente de la nueva izquierda británica clama contra los recortes que amenazan el estado del bienestar.
"Los sindicatos ya no movilizan como antaño"
En persona, Owen Jones, referente de la nueva izquierda británica, parece un ángel rubio con cara de niño, un niño que se muerde las uñas. Al autor de Chavs, la demonización de la clase obrera, un ensayo para comprender los efectos de la crisis, lo confunden con el protagonista de Solo en casa. Tras el chico travieso se oculta, en este caso, un activista que clama contra las desigualdades y los recortes que amenazan el estado del bienestar. Jones (Sheffield, 1984) ha pasado tres días en España, impartiendo conferencias, en Barcelona y en Madrid, como una auténtica estrella mediática. “No tanto”, aclaraba humilde ayer, antes de tomar la palabra en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, donde lo aguardaban un centenar de estudiantes.
Hace más de tres décadas, cuando se inauguró la facultad, esa misma tribuna la ocuparon trabajadores de Comisiones Obreras que alentaban a los jóvenes a luchar por la libertad. Ahora, el papel de agitador corre a cargo de un joven licenciado en Historia en Oxford y colaborador de The Guardian. “Los sindicatos y la izquierda han sufrido en este tiempo grandes fracasos, carecen del poder de movilización de antaño. Sin embargo, a las protestas de 2010 en Gran Bretaña se unieron muchos sindicalistas. Debemos volver a trabajar juntos”, contó tras la conferencia, frente a una taza de té.
Owen es justo lo contrario de un nostálgico del pasado. “Los trabajadores ahora reciben un mensaje a las seis de la mañana en el móvil en el que se les comunica si trabajan ese día; la Cruz Roja británica se organiza, como en la II Guerra Mundial, para dar de comer a los pobres y más de seis millones de personas se encuentran al borde de la pobreza en Europa”. La culpa, dice, la tienen las políticas neoliberales y la prensa que las secunda. “En Gran Bretaña no tenemos medios de comunicación libres, la libertad de prensa es un mito. Uno de los fracasos de los medios tiene que ver con las ayudas sociales que la prensa caricaturiza constantemente. Los propietarios de algunos medios son millonarios que aplican sus políticas contra los pobres”.
Para acabar con ese estado de cosas, Owen propone juntar fuerzas. “No podemos conseguir el cambio social sin demandas que nos unan a todos”. Su carta de los derechos de los trabajadores pasaría por reivindicaciones comunes, como un salario digno, programas eficaces de vivienda pública, justicia fiscal, control de los bancos y abolición de los paraísos fiscales. En su lucha por conseguirlo, visita escuelas publicas y barrios deprimidos. “Los chicos son muy listos, saben que no podrán conseguir un trabajo que no sea precario... Hay mucha ira en ellos pero nos falta esperanza. La nueva izquierda debe comprometerse con ellos”.
Los chavs, que él ha contribuido a popularizar —en la versión patria un equivalente a pokero o cani—, con sus atuendos deportivos, parecen más bien desarmados ideológicamente. El vocablo chavs entró en la academia en 2004, antes que se publicara su libro. “No tiene tanto que ver con el término sino con lo que representan, ese mundo donde los problemas sociales se convierten en fracasos personales y donde las desigualdades se justifican con un se lo merecen por vagos”. En septiembre vuelve a la carga con The establishment y cómo librarse de él.
Fuente: El País.
Más sobre Owen Jones, aquí
“Las cosas han empeorado desde que escribí Chavs”
Entrevista en la SER, http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/owen-jones/csrcsrpor/20140525csrcsrsoc_5/Aes/
En persona, Owen Jones, referente de la nueva izquierda británica, parece un ángel rubio con cara de niño, un niño que se muerde las uñas. Al autor de Chavs, la demonización de la clase obrera, un ensayo para comprender los efectos de la crisis, lo confunden con el protagonista de Solo en casa. Tras el chico travieso se oculta, en este caso, un activista que clama contra las desigualdades y los recortes que amenazan el estado del bienestar. Jones (Sheffield, 1984) ha pasado tres días en España, impartiendo conferencias, en Barcelona y en Madrid, como una auténtica estrella mediática. “No tanto”, aclaraba humilde ayer, antes de tomar la palabra en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, donde lo aguardaban un centenar de estudiantes.
Hace más de tres décadas, cuando se inauguró la facultad, esa misma tribuna la ocuparon trabajadores de Comisiones Obreras que alentaban a los jóvenes a luchar por la libertad. Ahora, el papel de agitador corre a cargo de un joven licenciado en Historia en Oxford y colaborador de The Guardian. “Los sindicatos y la izquierda han sufrido en este tiempo grandes fracasos, carecen del poder de movilización de antaño. Sin embargo, a las protestas de 2010 en Gran Bretaña se unieron muchos sindicalistas. Debemos volver a trabajar juntos”, contó tras la conferencia, frente a una taza de té.
Owen es justo lo contrario de un nostálgico del pasado. “Los trabajadores ahora reciben un mensaje a las seis de la mañana en el móvil en el que se les comunica si trabajan ese día; la Cruz Roja británica se organiza, como en la II Guerra Mundial, para dar de comer a los pobres y más de seis millones de personas se encuentran al borde de la pobreza en Europa”. La culpa, dice, la tienen las políticas neoliberales y la prensa que las secunda. “En Gran Bretaña no tenemos medios de comunicación libres, la libertad de prensa es un mito. Uno de los fracasos de los medios tiene que ver con las ayudas sociales que la prensa caricaturiza constantemente. Los propietarios de algunos medios son millonarios que aplican sus políticas contra los pobres”.
Para acabar con ese estado de cosas, Owen propone juntar fuerzas. “No podemos conseguir el cambio social sin demandas que nos unan a todos”. Su carta de los derechos de los trabajadores pasaría por reivindicaciones comunes, como un salario digno, programas eficaces de vivienda pública, justicia fiscal, control de los bancos y abolición de los paraísos fiscales. En su lucha por conseguirlo, visita escuelas publicas y barrios deprimidos. “Los chicos son muy listos, saben que no podrán conseguir un trabajo que no sea precario... Hay mucha ira en ellos pero nos falta esperanza. La nueva izquierda debe comprometerse con ellos”.
Los chavs, que él ha contribuido a popularizar —en la versión patria un equivalente a pokero o cani—, con sus atuendos deportivos, parecen más bien desarmados ideológicamente. El vocablo chavs entró en la academia en 2004, antes que se publicara su libro. “No tiene tanto que ver con el término sino con lo que representan, ese mundo donde los problemas sociales se convierten en fracasos personales y donde las desigualdades se justifican con un se lo merecen por vagos”. En septiembre vuelve a la carga con The establishment y cómo librarse de él.
Fuente: El País.
Más sobre Owen Jones, aquí
“Las cosas han empeorado desde que escribí Chavs”
Entrevista en la SER, http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/owen-jones/csrcsrpor/20140525csrcsrsoc_5/Aes/
miércoles, 2 de octubre de 2013
¿Nadie llorará por los sindicatos? O cuando nos demos cuenta de lo que están haciendo con ellos y queramos reaccionar, ¿será demasiado tarde?
Isacc Rosa. Eldiario.es
Entre los derrumbes que nos rodean, está pasando desapercibido uno cuyas consecuencias aún no adivinamos: el desplome del modelo sindical que ha sido mayoritario durante casi cuatro décadas en España. El crepúsculo de CCOO y UGT parece a estas alturas tan imparable como irremediable: asfixiados económicamente por el cierre de sus fuentes de financiación, y faltos de cada vez más apoyo, su futuro no puede ser más negro. Pero no se oyen muchas voces que lo lamenten. ¿Nadie llorará por los sindicatos?
Sí, ya sé que CCOO y UGT no son los únicos sindicatos. Que los hayamos percibido así durante tanto tiempo es también parte del problema. Pero sin ignorar que hay otras organizaciones de trabajadores, y que algunas de ellas ofrecen un sindicalismo radicalmente diferente, me temo que el derrumbe de los dos grandes dejará un extenso terreno de ruinas y una polvareda que también cubrirá a esos otros sindicatos en mayor o menor medida.
Aunque muchos trabajadores hace tiempo que ya no cuentan con los sindicatos mayoritarios, y sé que hay quien bailará sobre su tumba, todavía hay quien los considera un activo en la protesta, y por eso días atrás me llegaba repetida una pregunta: “¿dónde están los sindicatos, qué hacen, por qué no se les oye?” Por ejemplo, con el último hachazo a las pensiones, ante el que CCOO y UGT no se han mostrado todo lo contundentes que la ocasión merece.
Sobre ambos sindicatos se ha formado una tormenta perfecta, que está descargando con furia sobre ellos. Una mezcla de errores propios y ajenos, estrategia equivocada, dependencias asfixiantes y falta de reacción cuando todavía estaban a tiempo, les ha convertido en presa fácil de quienes hace tiempo querían cobrarse su cabeza. El resultado, ya digo: la tormenta perfecta.
Es cierto que desde hace años hay una campaña de desprestigio contra ellos, recurriendo a métodos sucios si hace falta. Es cierto que la derecha política y mediática aceptó los sindicatos mientras le garantizaban la paz social, hasta que dejaron de serles útiles. Es cierto que el ataque a los trabajadores pasa también por arrasar toda forma de lucha colectiva, por descafeinada que sea. Y es verdad que los seis millones de parados y las dos reformas laborales últimas han destruido las bases de este sindicalismo, hundiendo la afiliación y dinamitando la negociación colectiva que les daba poder.
Pero también es cierto que estos sindicatos se lo han puesto muy fácil a sus enterradores. A nadie más que a ellos puede culparse de una vocación institucional que les ha llevado a fundirse con el sistema político que hoy se derrumba arrastrándolos en su caída (por ejemplo, en las antiguas cajas de ahorro). Solo ellos tienen la culpa de haber abandonado la calle y preferido los despachos del diálogo social, al que han seguido sentados cuando ya no había nada que dialogar, sentados ante el tablero y las fichas mientras la partida ya se jugaba en otra parte. Son ellos quienes han temido sumarse a movilizaciones más audaces, quienes han dudado cuando hacía falta ser contundentes, quienes no han sabido relacionarse con las nuevas formas de protesta ciudadana.
Son CCOO y UGT quienes han entregado su autonomía económica a un sistema de subvenciones y programas de financiación pública, que hacía posible su asfixia con solo cerrar el grifo, y que hoy los deja a merced de quien concede unos recursos que pueden mantenerlos un poco más con vida. Son también ellos quienes están despidiendo a sus propios trabajadores mediante ERE y aplicando incluso la reforma laboral que criticaban; o quienes no han sabido explicar su participación en la trama andaluza de los ERE o el caso actual de las facturas en Andalucía, aumentando la confusión en sus bases y el desprestigio entre los ciudadanos.
Sí, lo sé: en estos sindicatos, en CCOO y UGT, hay también gente muy valiosa, honesta, luchadora. No hace falta que me convenzan: conozco a muchos de ellos. Y también sé que, pese a su debilidad, todavía tienen fuerza en algunos sectores y empresas, donde no se puede plantear una acción colectiva sin contar con ellos. Pero nada de eso basta hoy, ante la tormenta perfecta que puede acabar ahogando por completo el modelo sindical mayoritario tal como lo conocíamos.
Como decía al principio, me pregunto quién llorará por estos sindicatos. Me pregunto quién siente hoy su ausencia, quién teme su desaparición. Y contesto: yo. Por mucho que me separe de ellos, por mucho que los sepa corresponsables de su propio hundimiento, lamentaré su pérdida. Por motivos históricos, porque ambos tienen detrás una historia de esperanzas colectivas y sacrificios individuales que no merece un final así. Pero sobre todo porque no tenemos un recambio. Todavía no tenemos con qué llenar un hueco tan grande. Y no están los tiempos para abandonar ni una sola trinchera, por vulnerable que nos parezca esta.
No, yo no bailaré sobre su tumba, mientras los cuervos ríen alrededor.
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/sindicatos_CCOO_UGT_declive_6_180991915.html
Entre los derrumbes que nos rodean, está pasando desapercibido uno cuyas consecuencias aún no adivinamos: el desplome del modelo sindical que ha sido mayoritario durante casi cuatro décadas en España. El crepúsculo de CCOO y UGT parece a estas alturas tan imparable como irremediable: asfixiados económicamente por el cierre de sus fuentes de financiación, y faltos de cada vez más apoyo, su futuro no puede ser más negro. Pero no se oyen muchas voces que lo lamenten. ¿Nadie llorará por los sindicatos?
Sí, ya sé que CCOO y UGT no son los únicos sindicatos. Que los hayamos percibido así durante tanto tiempo es también parte del problema. Pero sin ignorar que hay otras organizaciones de trabajadores, y que algunas de ellas ofrecen un sindicalismo radicalmente diferente, me temo que el derrumbe de los dos grandes dejará un extenso terreno de ruinas y una polvareda que también cubrirá a esos otros sindicatos en mayor o menor medida.
Aunque muchos trabajadores hace tiempo que ya no cuentan con los sindicatos mayoritarios, y sé que hay quien bailará sobre su tumba, todavía hay quien los considera un activo en la protesta, y por eso días atrás me llegaba repetida una pregunta: “¿dónde están los sindicatos, qué hacen, por qué no se les oye?” Por ejemplo, con el último hachazo a las pensiones, ante el que CCOO y UGT no se han mostrado todo lo contundentes que la ocasión merece.
Sobre ambos sindicatos se ha formado una tormenta perfecta, que está descargando con furia sobre ellos. Una mezcla de errores propios y ajenos, estrategia equivocada, dependencias asfixiantes y falta de reacción cuando todavía estaban a tiempo, les ha convertido en presa fácil de quienes hace tiempo querían cobrarse su cabeza. El resultado, ya digo: la tormenta perfecta.
Es cierto que desde hace años hay una campaña de desprestigio contra ellos, recurriendo a métodos sucios si hace falta. Es cierto que la derecha política y mediática aceptó los sindicatos mientras le garantizaban la paz social, hasta que dejaron de serles útiles. Es cierto que el ataque a los trabajadores pasa también por arrasar toda forma de lucha colectiva, por descafeinada que sea. Y es verdad que los seis millones de parados y las dos reformas laborales últimas han destruido las bases de este sindicalismo, hundiendo la afiliación y dinamitando la negociación colectiva que les daba poder.
Pero también es cierto que estos sindicatos se lo han puesto muy fácil a sus enterradores. A nadie más que a ellos puede culparse de una vocación institucional que les ha llevado a fundirse con el sistema político que hoy se derrumba arrastrándolos en su caída (por ejemplo, en las antiguas cajas de ahorro). Solo ellos tienen la culpa de haber abandonado la calle y preferido los despachos del diálogo social, al que han seguido sentados cuando ya no había nada que dialogar, sentados ante el tablero y las fichas mientras la partida ya se jugaba en otra parte. Son ellos quienes han temido sumarse a movilizaciones más audaces, quienes han dudado cuando hacía falta ser contundentes, quienes no han sabido relacionarse con las nuevas formas de protesta ciudadana.
Son CCOO y UGT quienes han entregado su autonomía económica a un sistema de subvenciones y programas de financiación pública, que hacía posible su asfixia con solo cerrar el grifo, y que hoy los deja a merced de quien concede unos recursos que pueden mantenerlos un poco más con vida. Son también ellos quienes están despidiendo a sus propios trabajadores mediante ERE y aplicando incluso la reforma laboral que criticaban; o quienes no han sabido explicar su participación en la trama andaluza de los ERE o el caso actual de las facturas en Andalucía, aumentando la confusión en sus bases y el desprestigio entre los ciudadanos.
Sí, lo sé: en estos sindicatos, en CCOO y UGT, hay también gente muy valiosa, honesta, luchadora. No hace falta que me convenzan: conozco a muchos de ellos. Y también sé que, pese a su debilidad, todavía tienen fuerza en algunos sectores y empresas, donde no se puede plantear una acción colectiva sin contar con ellos. Pero nada de eso basta hoy, ante la tormenta perfecta que puede acabar ahogando por completo el modelo sindical mayoritario tal como lo conocíamos.
Como decía al principio, me pregunto quién llorará por estos sindicatos. Me pregunto quién siente hoy su ausencia, quién teme su desaparición. Y contesto: yo. Por mucho que me separe de ellos, por mucho que los sepa corresponsables de su propio hundimiento, lamentaré su pérdida. Por motivos históricos, porque ambos tienen detrás una historia de esperanzas colectivas y sacrificios individuales que no merece un final así. Pero sobre todo porque no tenemos un recambio. Todavía no tenemos con qué llenar un hueco tan grande. Y no están los tiempos para abandonar ni una sola trinchera, por vulnerable que nos parezca esta.
No, yo no bailaré sobre su tumba, mientras los cuervos ríen alrededor.
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/sindicatos_CCOO_UGT_declive_6_180991915.html
martes, 25 de junio de 2013
Bernadette Sègol. Secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos. “El resultado de tanta desregulación y austeridad es la desesperación social”
El resultado de casi tres años de políticas de austeridad, desregulación y privatización ha sido la explosión del desempleo, la asfixia de la economía, la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza, la xenofobia y, en última instancia, la desesperación social.
Europa debe cambiar radicalmente de rumbo para salir de la crisis y crear empleo Esta es la tarea prinoritaria a la que se está dedicando la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Las 87 organizaciones sindicales que agrupa la CES vienen reclamando desde 2012, con unanimidad, un nuevo contrato social para Europa.
Dicho contrato, que deberá ser debatido a todos los niveles, debe basarse en tres pilares: la democracia social —incluyendo especialmente el respeto a la negociación colectiva y diálogo social—, la gobernanza económica al servicio de un crecimiento sostenible y empleos de calidad, y por último, la justicia económica y social (a través de las políticas de redistribución y protección social).
La CES lleva cuatro años demandando la aplicación de un urgente programa europeo de inversiones, que destine entre el 1 y el 2% del PIB europeo, para restaurar el crecimiento sostenible y combatir el desempleo. También hemos insistido, entre otras importantes medidas, en la necesidad de un nuevo pacto social europeo, con una fiscalidad más gradual y redistributiva.
La UE no tendrá futuro sin un modelo social justo. Por ello, la CES llama a todos los actores de la escena europea (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo, también a los Gobiernos nacionales, las organizaciones patronales, etcétera) a un gran debate por un nuevo contrato social para Europa”.
lunes, 10 de junio de 2013
Cospedal propone extinguir de forma progresiva 3.656 puestos públicos
"El PP es el partido de los trabajadores". Esta frase la pronunció hace hoy un año y cuatro meses la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Apenas dos meses después de que Mariano Rajoy llegara a la Moncloa y a pesar de los indicadores del momento, ella seguía sosteniendo que en 2012 se iban a crear 300.000 puestos de trabajo. Pero el balance ha sido bien distinto. Desde que los conservadores llegaron al poder, en noviembre de 2011, el número de parados ha crecido en más de un millón, y el propio Gobierno espera acabar la legislatura con un mayor desempleo que con el que se encontró.
La Junta que preside la propia Cospedal tiene pensado dar un paso más en esa misma dirección: pretende acabar progresivamente con hasta 3.656 puestos públicos del personal laboral de la administración regional. Eso es lo que se desprende de la propuesta de convenio colectivo que fue planteada por la Dirección General de la Función Pública (ver PDF) a los agentes sociales en una de las últimas reuniones para negociar dichas condiciones que se celebró el pasado jueves en Toledo, y a la que ha tenido acceso Público.
El borrador, cuya veracidad ha sido comprobada y corroborada por los sindicatos consultados por este diario que estaban presentes en dicho encuentro -a pesar de las numerosas llamadas realizadas, las fuentes de la Junta contactadas se han negado a dar ningún tipo de explicación-, contempla la extinción de esas 3.656 plazas, de manera que...
La "conducta antisindical" de la Junta
"Es la sentencia de muerte del personal laboral público y el comienzo de las privatizaciones de sus labores", lamenta un portavoz sindical. Critica en especial la destrucción de las plazas de personal de limpieza, lo que afectará principalmente, según él, a institutos, residencias de mayores y escuelas infantiles.
Los encuentros entre administración y sindicatos se producen en medio del proceso abierto por el Tribunal Superior de Justica de Castilla-La Mancha para esclarecer si la Junta que preside Cospedal violó el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos durante las conversaciones que derivaron en otra destrucción de puestos de trabajo, la de otros 700 empleos. En un escrito reciente que adelantó Público, el fiscal del caso daba la razón a las centrales sindicales -que fueron quienes denunciaron al Ejecutivo de Cospedal-, al considerar que la administración autonómica había mantenido una "conducta antisindical" y había "impedido cualquier negociación" al respecto.
martes, 15 de enero de 2013
¿Muerte a los sindicatos?
Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos.
El problema es que esa frase por la que suspiran los gobernantes "Qué bien estaríamos sin sindicatos" empieza a calar entre la gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos que se resume en: "Para lo que hacen, mejor que no hagan nada", "Por mi los echaba a todos y los ponía a trabajar", "Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores". Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de: "Conozco a uno que está de liberado sindical.".
Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena, para utilizar como insulto la palabra "sindicalista".
Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en cualquiera de sus muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado provincial.) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin indemnización. Se puede, incluso, aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos distintos, para que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una moto a costa del Estado.
En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no sindicalista. Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para que luego se firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga.
O de Luís, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias a la pre-jubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería.
Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar.
Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a los sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó en la puerta del colegio, los trabajadores que consiguieron que no les echaran de la RENAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su baja por maternidad en su supermercado. Porque también fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día en que despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como estipulan los convenios; y aquel otro joven que movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para procurarle una paga medio-decente, porque los usureros de hace 30 años no lo aseguraban en ningún trabajo. Para qué recordar las horas al teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores a los que no aprobaron, gritando e insultado porque en el examen no les contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compañero sindicalista, el que denunció a la constructora que se negaba a indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, que trabajaba sin casco.
Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad, o a un permiso por asuntos propios.
Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de manzanas porque una o dos están picadas, por muy sanas que estén el resto. Los precedentes televisivos: entrenadores de fútbol, famosos de la exclusiva en revistas, y demás subproductos, se convierten en clinex de usar y tirar dependiendo de las modas. Ahora, en un momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora.
¿Quién tirará la primera piedra?. ¿Serán los políticos gobernantes, o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia?. ¿Tendrán capacidad moral los jueces o los periodistas, de hablar de corrupción en las demás profesiones?. ¿Serán más idóneos para iniciar lapidaciones, los super-empresarios del ladrillo?. ¿En qué profesión se puede jurar que no existen vagos, corruptos, peseteros, o ladrones?. ¿Preguntamos mejor entre la Iglesia o la Monarquía.?. Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la duda, y obtendrás fanatismo barato.
Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos!. Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones.
Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus mezquindades.
Iñaki Gabilondo.
También;
https://verdecoloresperanza.blogspot.com.es/2016/08/la-desfachatez-intelectual-ignacio.html#links
domingo, 5 de agosto de 2012
GESTHA manifiesta su total desacuerdo con las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno.
Cuadro 1. Medidas alternativas de GESTHA para aumentar la recaudación
Medidas
Recaudación anual adicional
Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros 13.943 millones Reducción de la economía sumergida en diez puntos 38.577 millones
Impuesto sobre la Riqueza 3.399 millones
Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública * 1.400 millones
Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro
y ganancias patrimoniales especulativas 1.490 millones
Impuesto a las Transacciones Financieras* 5.000 millones
Total 63.809 millones
* Instando su implantación en el ámbito de la Unión Europea.
...Los empleados públicos no han generado el agujero de 60.000 millones de euros de las Cajas de Ahorro, tampoco han provocado el Déficit de Tarifa eléctrica de 25.000 millones, ni el Déficit Presupuestario de 2011 de 91.344 millones de euros, ni de una Deuda Pública del 72% del PIB ( 774.549 millones de euros), tampoco somos responsables de la enormes deudas no financieras de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y sin embargo, una vez más nos hacen pagar los errores de otros y, no conformes con ello, nuestros propios Jefes (Ministro y Secretario de Estado de AAPP), denigran nuestro trabajo con comentarios sobre el “cafelito” y que “aprobar un examen” no justifica no hacer nada.
Por todo lo anterior, GESTHA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, rechaza rotundamente las medidas anunciadas por el Gobierno, frente a las que continuará planteando en todos los ámbitos sus propuestas alternativas para reducir el déficit, para dignificar la función pública y por ende a los funcionarios y, en este contexto, se muestra de acuerdo con las actuaciones propuestas por las Organizaciones Sindicales y, en aras a preservar la unidad sindical y no dispersar los esfuerzos, anima a todos los CTH a participar en todas aquellas movilizaciones que, convocadas conjuntamente por las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal en el ámbito de las Administraciones Públicas, cada uno considere procedentes
sábado, 15 de enero de 2011
¿Por qué atacan tanto a los sindicatos?
Uno de los grandes objetivos de las políticas neoliberales ha sido y sigue siendo debilitar a los sindicatos y han tratado de conseguirlo de muchas formas.
Tratan de convencer a los trabajadores de que conseguirán obtener más beneficios si negocian por su cuenta las condiciones de trabajo. Una estupidez evidente pero que logra calar muchas veces cuando al mismo tiempo y por todos lados se difunden ideas y valores individualistas y el rechazo a la cooperación y a la solidaridad para hacer creer a las personas que su futuro depende solo de lo que ellas hagan y no de su relación con todas las demás.
Suelen decir también que los sindicatos solo luchan por los intereses de sus afiliados pero la realidad es que todas las conquistas sociales que se han ido alcanzando a lo largo de la historia se han logrado gracias a la presión sindical y que de ellas se han beneficiado no solo los afiliados sino siempre la totalidad de los trabajadores.
A menudo difaman a los líderes sindicales. Y así hemos llegado a ver que los medios de comunicación que suelen ser propiedad de la gran empresa dedican ríos de tinta a tratar de denunciar que un sindicalista tienen un piso de 120 metros cuadrados o dos coches sin que digan nada presidentes de la patronal o de empresarios que son simples estafadores y sin mencionar que, en realidad, la inmensa mayoría de los afiliados y dirigentes de los sindicatos viven mucho más que modestamente.
Los críticos de los sindicatos les acusan de que son ellos los culpables de la baja productividad o de que las empresas no sean competitivas por su culpa, sin mencionar que es el esfuerzo diario de millones de trabajadores, y entre ellos los que están afiliados, es lo que hace que las empresas produzcan, salgan adelante y proporcionen beneficios a sus propietarios.
Se acusa a los sindicatos de gastar mucho dinero público pero cuando se dice eso no se compara lo que llega a quienes organizan y defienden a los trabajadores con lo que reciben directa e indirectamente instituciones como las iglesia católica, las patronales, los partidos políticos, las grandes empresas y las grandes fortunas y corporaciones. Y los mismos que denigran a los sindicatos porque según ellos derrochan el dinero son los que nunca piden que se tire de la manta de la economía sumergida, del fraude fiscal o que se prohíban de una vez los paraísos fiscales y los grandes privilegios de los grandes capitales y patrimonios. Y, sobre todo, no se dignan reconocer el hecho evidente de que si no fuese por ese dinero que reciben los sindicatos a los trabajadores les costaría mucho más defender sus derechos y vivirían en peores condiciones.
No voy a decir que todo lo que hacen los sindicatos está bien. Como en todas las organizaciones humanas hay oportunistas, burócratas y supongo que docenas de personas deshonestas y vendidas al enemigo. Pero me niego a aceptar que haya más que en otros lugares y, sobre todo, no estoy dispuesto a juzgarlos como si hicieran más daño que otras personas, instituciones u organizaciones que son responsables del padecimiento y la muerte de cientos de millones de personas, de las crisis que nos asolan y de los crímenes que pasan por ser grandes pelotazos financieros, como se nos quiere hacer creer.
Puede ser que haya sindicatos en donde una parte mayor o menor de sus dirigentes hayan sido en algún momento vencidos por las ideas neoliberales pero ni siquiera así admite comparación el daño que hayan podido producir con el que diariamente hacen quienes trabajan para el capital.
Los sindicatos son, simplemente, trabajadores normales y corrientes que se organizan. No conozco a muchos millonarios que se hayan afiliado en organizaciones sindicales para hacer carrera allí. Y su fuerza, la eficacia de su actuación y el éxito de su lucha depende de que no sean unos pocos sino muchos y dispuestos a no dejar pasar ni una brizna de corrupción ni cobardía.
Se puede admitir, porque es verdad, que los principales sindicatos españoles han perdido una gran parte de autonomía en los últimos años y que eso se ha traducido en un mayor sometimiento al poder económico y político. Pero es una falacia creer que eso se debe solo a la simple voluntad o a la "maldad" de los propios sindicalistas. Muchos de ellos habrán podido creer, yo creo que erróneamente, que la vía de la financiación pública era la que les llevaba a disponer de mayor fuerza y capacidad de acción. Pero ni siquiera eso es culpa exclsuivamente suya. Si hubiese muchos más miles de afiliados, si las clases trabajadoras no fuesen tan conservadoras y no hubieran asumido con tanta decisión los valores neoliberales, si en lugar de criticar desde fuera hubiese muchos miles más de afiliados presentes en sus asambleas, quizá los sindicatos no habrían terminado por ser tan dependientes y su trabajo a veces tan insatisfactorio y frustrante. Y es por ello que, si es que eso es un problema fundamental, tiene una solución que no puede ser la de abandonarlos a su suerte, como pregonan las derechas y muchos izquierdistas, sino la de estar con ellos, apoyarlos y unirse a su lucha para hacer que ésta sea de verdad la que convenga a todos los trabajadores.
Porque, con independencia de las preferencias ideológicas y de los prejuicios, las consecuencias de que haya sindicatos más o menos fuertes están bastantes claras. Allí donde los sindicatos son más débiles, allí donde hay menos afiliación sindical, allí donde su capacidad de negociación es menor, allí es donde viven peor los trabajadores, y no solo ellos, sino también las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. Y, al mismo, tiempo, allí donde los poderosos quieren tener expedito su poder para ganar dinero y abusar de los trabajadores lo primero que hacen es acabar con los sindicatos y con los sindicalistas, matándolos si hace falta, como ha ocurrido y ocurre en tantos lugares del mundo.
Así lo subrayaba hace un tiempo el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. En una conferencia ante la Labor and Employment Relations Association (LERA) de Estados Unidos decía que la menor afiliación sindical suponía que ese país había "perdido algo fundamental para mantener una sociedad decente".
El Premio Nobel señalaba que la menor afiliación y las mayores dificultades para que los trabajadores se unieran a los sindicatos y así pudieran negociar mejor sus condiciones de trabajo eran una de las causas que provocaban el gran incremento de la desigualdad. Incluso mencionó investigaciones que habían puesto de relieve que un tercio de la diferencia en la desigualdad entre Estados Unidos y Canadá se debía a la caída en la afiliación en el primero de esos países. Y lo que quizá resultaba más relevante. Según Krugman, la sindicación actúa como una especie de "paraguas" que no solo beneficia, como dije más arriba, a los afiliados, sino a toda la sociedad trabajadora: "Para tener una sociedad de clase media se necesita un movimiento sindical fuerte", dijo Krugman.
Por eso, se puede decir que lo que buscan quienes se están dedicando en España a debilitar a las organizaciones sindicales, a denigrar y calumniar a sus dirigentes y al conjunto de los sindicalistas y trabajadores y trabajadoras que se afilian a ellos, por muchos errores que hayan podido cometer, no es otra cosa que tratar de crear mejores condiciones para disfrutar de sus privilegios. No buscan una sociedad mejor, ni más austera, ni más libre, ni más productiva, ni siquiera más favorables para el empresariado (porque cuanto más bajos sean los salarios menos ganarán las empresas y cuanto peores condiciones de trabajo haya, menos productivas serán). Solo buscan tener las manos más libres y menos gente enfrente que esté dispuesta a impedir que sigan siendo privilegiados a costa de los demás.
Algunos datos pueden dar idea de a dónde lleva el debilitamiento de los sindicatos y la negociación de las condiciones de trabajo al margen de ellos.
En Estados Unidos, en 1980 un 24% de los trabajadores estaban representados por los sindicatos y en 2009, solo el 12,3% del total y el 7,6% de los del sector privado.
Pues bien, según las cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en 2009 la distribución de la renta había llegado a ser la más desigual de los últimos treinta años y los salarios alcanzaban su menor nivel sobre el total de las rentas en ese periodo. Según el Bureau of Labor Statistics, en marzo de 2009 el salario de los trabajadores no afiliados era un 20% menor que el de los afiliados, éstos disfrutaban de derechos en salud, vacaciones y otros conceptos que los primeros no tenían; el 78% de los afiliados tenía seguro médico frente a solo el 51% de los no afiliados y el 77% de los primeros tenía planes de pensiones frente a solo el 21% de estos últimos (Dave Johnson America Is Strong When Our Unions Are Strong).
Está claro, pues, lo que ocurriría en España si logran acabar con la negociación colectiva y reducir a los sindicatos a su mínima expresión. Y también por qué tratan de destruir a los sindicatos, por qué quieren que los trabajadores y trabajadoras nos alejemos de ellos y qué es lo que van a ganar si lo consiguen. Así que seremos sencillamente tontos si en lugar de apoyar, por supuesto todo lo críticamente que haga falta, a las organizaciones sindicales nos dejamos llevar por las cantinelas que lanzan quienes quieren que desaparezcan.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
