La enseñanza concertada acoge a la mitad de los alumnos de extracción social desfavorecida que le corresponderían si su distribución entre esta red educativa privada subvencionada y la escuela pública fuera equilibrada, según refleja un estudio publicado este lunes por la Fundació Bofill, que utiliza datos de la prueba internacional Pisa. En España, en torno a un 28% del alumnado de etapas obligatorias, entre los seis y los 16 años, está matriculado en colegios concertados. Ello lo convierte en el séptimo país, de los 36 miembros de la OCDE analizados en el informe, donde el modelo concertado se halla más extendido. La nueva ley de educación, la Lomloe, ha creado nuevas herramientas para avanzar en la equidad y luchar contra la segregación escolar, pero aplicarlas o no, advierten los autores del estudio, queda en manos de las comunidades autónomas.
La escuela pública matricula en España 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico (el perteneciente al 25% más pobre) que la concertada, una vez corregida su diferencia de tamaño, ya que la pública es mucho más grande: matricula a cerca del 67% del total de chavales de primaria y secundaria obligatoria. En los centros públicos también estudian 1,6 veces más alumnos de origen inmigrante (englobando en ello a los extranjeros y a aquellos cuyos dos progenitores lo son) que en la concertada.
Los autores del estudio publicado por la Fundació Bofill, Adrián Zancajo, Antoni Verger (ambos de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Clara Fontdevila (Universidad de Glasgow), señalan que las investigaciones internacionales han puesto de manifiesto que la convivencia de una doble red educativa financiada con fondos públicos “tiende a reforzar dinámicas de segregación escolar y estratificación social entre centros educativos, y a ampliar, por tanto, las desigualdades educativas”. La investigación comparada ha puesto igualmente de relieve no solo la existencia de “prácticas selectivas y discriminatorias” desarrolladas por estos centros privados subvencionados para elegir al alumnado que accede a sus aulas, sino también “la dificultad de evitar sus manifestaciones más sutiles”. Entre dichas prácticas figuran las entrevistas previas a padres y alumnos, y la imposición de cuotas o la exigencia de pagos en la práctica obligatorios, presentados bajo fórmulas diversas, que llevan a las familias pobres a autoexcluirse.
El peso de la concertada en España es muy distinto en función del territorio, y la diferencia entre el porcentaje de alumnado vulnerable que los centros de esta red deberían acoger y el que efectivamente matricula es especialmente significativo en lugares como Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía, señala el informe de 186 páginas. Algunos territorios han dado pasos en los últimos años para intentar alcanzar un mayor equilibrio tras décadas de una “regulación laxa” y “de permisividad en la aplicación de la misma”, como Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, indican los autores, mientras otros, como Madrid, han avanzado en la dirección contraria. A escala internacional, España es el séptimo país con la mayor red concertada de los 36 de la OCDE analizados. Solo se sitúan por delante Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chile y Corea.
Los chavales de entornos sociales desfavorecidos también tienen mayores dificultades educativas, mayor probabilidad de fracaso y de abandono escolar temprano. Zancajo afirma que repartir de forma equilibrada a este alumnado que presenta mayores necesidades entre las dos redes financiadas por el Estado ha estado presente “en mayor o menor medida” en todas las leyes educativas aprobadas desde los años ochenta en España. La actual pone “más énfasis” en ello y proporciona a las autoridades educativas un mayor número de herramientas de planificación escolar para alcanzar el objetivo, prosigue el investigador, pero al mismo tiempo “deja a las comunidades mucho margen de maniobra, como estamos viendo”. La Lomloe fue aprobada con el apoyo del PNV y de ERC. Y en dicho compromiso de crear instrumentos nuevos, pero permitir que sean los Ejecutivos autonómicos quienes decidan sobre su aplicación, se nota la mano de ambas formaciones, movidas por su interés de potenciar el autogobierno y, sobre todo en el caso de los nacionalistas vascos, por su afinidad tradicional con la escuela concertada católica.
Los autores del estudio proponen medidas para mejorar la distribución del alumnado vulnerable basadas en lo que en los últimos años han hecho otros países como Bélgica, Países Bajos y Chile, sugiriendo que el actual contexto de caída demográfica (y por tanto de necesidad de estudiantes por parte de todos los centros) puede ayudar a llevarlas a la práctica. La primera propuesta es condicionar la autorización y renovación de los conciertos educativos “a la corresponsabilización de la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido”, algo que, lamentan, ahora no sucede en muchas comunidades autónomas. La segunda, “reforzar la centralización en la gestión del proceso de elección escolar” y de admisión de alumnos para evitar las “prácticas de selección encubiertas”. Y la tercera, hacer efectiva la prohibición del cobro de cuotas, con una auténtica supervisión por parte de la inspección educativa, en paralelo a una mejora de la financiación de los centros concertados. Es decir, proporcionarles más fondos públicos a cambio de una verdadera gratuidad del servicio y un reparto equilibrado del alumnado.
El documento apuesta también por una propuesta planteada anteriormente por la Fundació Bofill para el conjunto del sistema educativo, la llamada “financiación por fórmula”, que consiste en que los centros educativos reciban los recursos no de forma lineal, sino en función de las características socioeconómicas del alumnado que acogen. Ello, señalan, podría ayudar a reducir la desigualdad en la distribución del alumnado vulnerable entre ambas redes educativas y también dentro de cada una de ellas. Para lograr el objetivo, los autores también consideran imprescindible mejorar la información de que disponen las administraciones educativas a la hora de planificar, desde el perfil socioeconómico de los alumnos a las cuentas de los centros concertados.
Suben las ganancias de la educación privada
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado, por otra parte, este lunes su Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada, que muestra que los beneficios (sin contar impuestos ni intereses) de las empresas del sector aumentaron un 27% en el curso 2020-2021 respecto al 2014-2015, hasta los 756 millones de euros. La encuesta también refleja que las administraciones subvencionaron el 74% de los gastos corrientes de los centros privados concertados, y el 2,1% de los privados no concertados.
Los mayores beneficios por alumno para la educación privada (englobando la subvencionada y la que no lo está) procedieron de los ciclos de Formación Profesional de grado superior (434 euros) y de grado medio (271), seguidos a distancia de los de bachillerato (196). La única etapa donde los resultados por estudiante fueron negativos fue el primer ciclo de infantil (-180 euros), según el INE. El curso analizado estuvo a caballo de los dos peores años de la covid, lo que, unido a la caída de la natalidad, hundió la matrícula de infantil.
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