Según un estudio de Metroscopia, la inmensa mayoría de los españoles (96%) rechaza la participación de las Fuerzas Armadas en un ataque al régimen de Bachar el Asad sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tras semanas de silencio y ambigüedad, el Gobierno español fijó su posición el pasado viernes, tras la cumbre del G-20 celebrada en San Petesburgo (Rusia). Entonces 11 países, encabezados por EE UU y entre los que se encuentra España, emitieron un comunicado en el que llaman a una “fuerte respuesta internacional” al ataque con armas químicas perpetrado en las afueras de Damasco el pasado 21 de agosto, y en el que Washington considera probado que el régimen de Bachar el Asad asesinó a 1.429 civiles. Desde el comienzo de la guerra civil siria, en marzo de 2011, han muerto más de 100.000 personas.
El Grupo Socialista quiere que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca este mismo jueves en el pleno del Congreso para explicar su posición ante la crisis siria. El secretario general del PSOE,Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que Rajoy “tiene miedo a la verdad y eso es lo peor para un presidente del Gobierno”. Rubalcaba aseguró que le cuesta acostumbrarse a que Rajoy dé una rueda de prensa —como la que ofreció en San Peterbusgo al término del G-20— y no diga que “está firmando o cerrando un acuerdo de esa naturaleza” con EE UU. Si Zapatero hubiese actuado así, “no puede aterrizar en Madrid, se hubiera tenido que quedar en Lisboa”, ironizó.
El PSOE no apoyará un ataque contra Siria porque, a su juicio, es “un error que no resuelve los problemas”. Según Rubalcaba, el régimen de Asad es merecedor de un castigo, pero este debe ser “diplomático, comercial y político”, no militar.
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, José María Beneyto, reconoció a Europa Press que, en aplicación de la Ley de Defensa Nacional de 2005, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en el exterior “si no hay hay una autorización de los organismos internacionales”; en primer lugar de la ONU, pero también de la OTAN o la UE. “En este caso, no tenemos ninguno de los tres, por ello”, agregó, “mientras no exista esa autorización, el marco legal en el que se mueve el Gobierno está fijado”.
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