Muere Pedro Alcorisa, uno de los últimos guerrilleros republicanos. El fallecido era hijo de un desaparecido de la dictadura cuyos restos fueron recuperados de una fosa común tras la oposición del PP de Rita Barberá.

Pedro Alcorisa, de 97 años, antiguo combatiente de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), falleció este sábado en Valencia. "Tuvo una vida muy triste, como todos los hermanos, pero al final logró su sueño, enterrar los restos de nuestro padre, Teófilo, junto a los de mi madre, Maximina, en el cementerio de Burjassot", ha señalado a este diario su hermana Pilar. "Empezamos cinco hermanos la búsqueda de la tumba y luego el proceso para la exhumación de los restos y acabamos solo dos, Felisa, que tiene 84 y yo que soy la pequeña", ha agregado Pilar.

El 16 de abril de 1947 la Guardia Civil detuvo a Teófilo Alcorisa en su casa, en Las Higueruelas, una aldea de Santa Cruz de Moya (Cuenca), localidad colindante con la provincia de Valencia. Buscaban al mayor de sus hijos, Pedro, pero no lo encontraron porque estaba en las montañas. Era un maqui, un guerrillero republicano. Pilar apenas tenía seis años de edad cuando se llevaron a su padre. Teófilo fue torturado durante semanas, y, finalmente, ahorcado, con los propios cordones de sus zapatos, en el cuartel de Arrancapins, en Valencia, según el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Pedro y sus hermanos tardaron más de 20 años en saber que su padre yacía en una fosa común del cementerio. Y más de 70 en poder enterrarlo. En 2007 Pedro Alcorisa, con 86 años, solicitaba la apertura de una fosa común en el cementerio de Valencia y exhumar los restos de su padre. Algo que no permitió en aquella época la entonces alcaldesa, la popular Rita Barberá. El caso anduvo por los tribunales durante ocho años y el Sindíc de Greuges de la Generalitat apremió a Barberá para que cumpliera con la Ley de la Memoria Histórica.

La reclamación del exmagistrado Baltasar Garzón, que presentó en nombre de la familia una denuncia penal para reclamar los restos como prevé la ley de memoria de 2007 hizo sucumbir a la Corporación. "La defensa del juez y el informe que presentó el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU criticando la actitud municipal fue determinante para que Barberá cambiara de opinión y accediera", ha manifestado a EL PAÍS Matías Alonso, portavoz de la del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.

"Fue un acoso inhumano, una larguísima lucha con el equipo de Barberá porque tras dar su permiso no quiso sufragar la exhumación. La familia no podía porque ya había devuelto la subvención que obtuvo para hacerla", ha explicado Alonso, que ha descrito a Pedro Alcorisa como un castellano austero, parco en palabras, que se entregaba a las causas. Un antihéroe, uno de los últimos guerrilleros republicanos.

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