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domingo, 24 de febrero de 2019

La realidad que esconde la coalición de Trump por el cambio de régimen en Venezuela.

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

El intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.

Al inicio de la década de los setenta, un puñado de sandinistas luchaba en las montañas de Nicaragua para derribar la brutal dictadura de 40 años de la familia Somoza, apoyada por Estados Unidos. Cuando en 1971 una gran erupción volcánica golpeó Nicaragua, los guerrilleros dijeron a los campesinos que Dios estaba castigándoles por no deshacerse de Somoza, tal y como narró posteriormente el sandinista Omar Cabezas.

Cuando los sandinistas triunfaron en 1979, Estados Unidos libró una sangrienta guerra para recuperar el país con una fuerza paramilitar terrorista llamada los Contras, que se dedicó a asesinar civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la reelección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo de armas y con la guerra si no se libraban de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a la oposición: los sandinistas perdieron.

En la actualidad, la Administración Trump está repitiendo la estrategia de castigo colectivo en Venezuela mediante un paralizante embargo financiero efectivo desde agosto de 2017 y, desde enero de este año, un embargo comercial. El embargo financiero ha impedido al gobierno utilizar medidas para acabar con la hiperinflación o lograr una recuperación económica, al paralizar la comercialización de miles de millones de dólares de producción petrolera. El embargo comercial se propone recortar alrededor del 60% de los ya magros ingresos de divisas, necesarios para comprar medicinas, alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos.

Con el propósito de fomentar un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, la Administración Trump ha declarado que el castigo continuará hasta que caiga el gobierno actual. “Maduro debe irse”, volvió a afirmar el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence a comienzos de marzo.

Todo esto es ilegal de acuerdo con numerosos tratados firmados por Estados Unidos, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras leyes y convenciones internacionales. Para legitimar esta brutalidad –que probablemente ya ha causado miles de muertes al reducir el acceso de los venezolanos a bienes y servicios vitales–, la Administración Trump ha presentado las sanciones como fruto de un consenso de la “comunidad internacional”, lo mismo que hizo Bush cuando reunió a su “coalición de la voluntad” de 48 países para apoyar su desastrosa invasión de Irak en 2003.

Según esta narrativa, los gobiernos que han secundado a Estados Unidos (en su mayoría americanos y europeos) en el reconocimiento de un gobierno paralelo en Venezuela son “democráticos”; aquellos que no lo han hecho, o se han declarados contrarios al intento de derribar al actual gobierno, son “autoritarios”, con el ejemplo de Rusia, China y Turquía habitualmente mencionado en los informativos.

Echemos un vistazo a algunos de los gobiernos que han secundado a la Administración Trump en esta operación ilegal de cambio de régimen y que se han unido al embargo comercial al reconocer a Juan Guaidó como “presidente interino”. El aliado más importante y sólido de Trump en América Latina es el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, famoso por haber dicho a una congresista brasileña que no la violaba porque “no se lo merecía”, por diversas observaciones racistas y contra los homosexuales y por glorificar la violencia política. Irónicamente, dado que la principal justificación de Trump para impulsar el cambio de régimen en Venezuela es que la elección de Maduro fue ilegitima, el propio Bolsonaro accedió al poder en una elección de cuestionable legitimidad. Su principal oponente, el expresidente Lula da Silva –entonces el político más popular del país– fue encarcelado tras un juicio en el que no se presentó prueba material alguna del delito cometido. El veredicto se basó en el testimonio forzado de un testigo convicto de corrupción, cuyo recurso de clemencia fue suspendido hasta que cambió su testimonio para hacerlo coincidir con el del juez que llevaba la acusación. Dicho juez, Sérgio Moro, demostró en numerosas ocasiones una gran animadversión contra Lula –incluyendo la publicación de conversaciones grabadas ilegalmente entre Lula y la entonces presidente del país, Dilma Rousseff, su abogado, y su esposa e hijos. Después de que estas y otras irregularidades e ilegalidades aseguraron la condena de Lula, este fue inconstitucionalmente encarcelado antes de la elección. Tras la elección que el juez Sérgio Moro ayudó a ganar a Bolsonaro, dicho juez fue nombrado ministro de justicia.

Otros gobiernos latinoamericanos de la Coalición de la Voluntad de Trump deben favores a Washington por haberles ayudado a alcanzar el poder. El gobierno de Honduras del presidente Juan Orlando Hernández es probablemente el ejemplo más extremo. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento del presidente democráticamente elegido, Mel Zelaya, gracias a un golpe militar. La Administración Obama, junto con los republicanos, contribuyó a legitimar el golpe y las “elecciones” que le sucedieron. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, escribió posteriormente en sus memorias cómo maniobró para evitar que el presidente democráticamente electo recuperara su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder robando descaradamente las elecciones: se limitó a alterar el número total de votos. Periodistas y observadores de todo el espectro político llegaron a esta inexorable conclusión. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la coalición de la voluntad de Trump, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y pidió la convocatoria de nuevas elecciones. Evidentemente, nada pasó, porque el equipo de Trump aceptó los resultados.

Colombia aporta probablemente el líder más belicoso de la coalición, tras Bolsonaro. El presidente Iván Duque es discípulo del anterior presidente, Álvaro Uribe, que ahora ejerce el poder en la sombra. Comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos publicadas el año pasado dan muestra de la preocupación general de las autoridades estadounidenses por los vínculos de Uribe con el narcotráfico. En la década de los noventa, la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense descubrió que Uribe “había llevado la colaboración con el cartel de Medellín a los más altos niveles de gobierno”. También se relaciona a Uribe con los escuadrones de la muerte de su país. El año pasado, dimitió como senador en mitad de una investigación criminal en curso. Uribe lleva tiempo apoyando el cambio de régimen en Venezuela propiciado por Estados Unidos. En 2009, numerosos gobiernos sudamericanos se opusieron y bloquearon sus planes para ampliar la presencia militar estadounidense en Colombia.

El presidente de Argentina Mauricio Macri, otro influyente miembro de la coalición perteneciente a la derecha dura, también debe favores a Washington. En junio, esta relación le ayudó a conseguir el mayor préstamo del FMI de la historia, 50.000 millones de dólares, que posteriormente aumentarían a 56.300 millones cuando la economía se comportó de un modo mucho peor de lo que el FMI había previsto al firmar el acuerdo. Estados Unidos había bloqueado los créditos de las instituciones multilaterales de préstamo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, al gobierno de su predecesora y rival. Este hecho fue relevante porque Argentina estaba inmersa en problemas financieros hacia el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández. De todas formas, su gobierno sufrió un golpe aún más fuerte por parte de un juez neoyorkino al que aparentemente movían cuestiones políticas, que retuvo más del 90% de los créditos a Argentina al dictaminar que no podían desembolsarse mientras el país no pagara las deudas que había contraído con ciertos fondos buitre de EE.UU. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron en cuanto Macri asumió el poder en 2015.

Los medios de comunicación a veces señalan al presidente Lenín Moreno de Ecuador para mostrar que hay cierta presencia del “centro-izquierda” en esta empresa ilegal y en cierto modo barbárica. Es verdad que Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del partido de izquierda Alianza País, del anterior presidente Rafael Correa. Pero en seguida dio un giro radical a su mandato y se alió con los oligarcas derechistas y utilizó medios extraconstitucionales para consolidar el poder. Actualmente intenta meter en la cárcel a su antecesor basándose en lo que parecen ser falsas acusaciones. Washington ha recompensado a Moreno con préstamos de instituciones multilaterales por valor de 10.000 millones de dólares, incluyendo 4.200 millones del FMI concedidos la semana pasada. Si 10.000 millones de dólares no parece gran cosa, pensemos que dicho préstamo expresado como porcentaje de la economía de Ecuador sería como si EE.UU. recibiese 1,9 billones. No sorprende pues que Moreno se haya unido a la coalición de Trump.

El presidente de Paraguay tiene también razones para agradecer al padrino estadounidense. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierdas, Fernando Lugo, ganó las elecciones contra todo pronóstico. Pero fue derribado mediante un golpe parlamentario en 2012, al que se opusieron casi todos los gobiernos sudamericanos. Una vez más, Washington maniobró con la OEA para legitimar el golpe. Así que, ahí tenemos a otro presidente sudamericano encantado de unirse a las maniobras gringas para poner un dirigente de derechas en Venezuela. Otro sujeto que se ha apuntado a esta coalición es el presidente chileno, Sebastián Piñera, un simpatizante de Pinochet que el año pasado nombró ministros a dos antiguos aliados del dictador respaldado por EE.UU.

Así es como Estados Unidos logra sus apoyos, al menos en la actualidad. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de izquierda o centro-izquierda, Trump no habría conseguido ni un solo apoyo para esta operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, llegó a esa conclusión cuando en 2013 los opositores violentos se echaron a la calle en Venezuela para intentar derribar el primer mandato de Maduro. No hubo ninguna duda sobre el resultado de las elecciones y prácticamente todos los gobiernos del mundo las reconocieron. Kerry se encontró completamente aislado y Washington se rindió y tuvo que aceptar la elección de Maduro.

Luego tenemos a Europa, que por una serie de razones históricas casi nunca ha sido capaz de desarrollar una política exterior independiente de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde se suele respetar la Doctrina Monroe, a la que se acogió descaradamente el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton hace unos días. Dicho lo cual, hizo falta retorcer ligeramente el brazo del primer ministro español, Pedro Sánchez, que sorprendentemente se había opuesto hacía unos días a las sanciones de Trump contra Venezuela, incluso antes del embargo comercial y del reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de exteriores, Josep Borrell, declaró a la prensa que el gobierno había recibido “presiones” de Washington. El gobierno socialista del PSOE de Sánchez también fue sometido a una gran presión por los grandes medios de comunicación españoles, que llevaban cierto tiempo en “modo cambio de régimen” ante las próximas elecciones generales que se celebrarán a finales de abril. España tiene una importancia clave a la hora de asegurar el apoyo europeo a esta empresa, ya que otros países, incluyendo a Alemania, suelen tomar en cuenta la opinión española en los temas relativos a su política latinoamericana.

Aunque el equipo de Trump gozara de una mayoría global –de la que carece, pues solo 50 países de 195 apoyan el cambio de régimen en Venezuela–, sus letales sanciones económicas, su robo de activos financieros, sus amenazas militares y otras acciones para derribar el gobierno no serían más legales o legítimas que la invasión de Irak de George W. Bush, o las múltiples iniciativas de cambio de régimen que se han producido en el hemisferio americano. Ello no sorprende a nadie, dado quién está al timón: el perenne defensor de los cambios de régimen, John Bolton, por ejemplo, o el enviado especial Elliott Abrams, que apoyó lo que posteriormente la ONU consideró un genocidio en Guatemala, así como las atrocidades promovidas por EE.UU. en El Salvador y Nicaragua en la década de los ochenta. La elección de quienes protagonizan el apoyo a esta iniciativa de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre sus más próximos aliados, debería subrayar lo que es evidente: el intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.

Mack Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington D.C. y presidente de Just Foreign Policy.

Fuente: https://newrepublic.com/article/153283/reality-behind-trumps-coalition-regime-change-venezuela

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se mencione a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Tres olas de repudio de deuda pública en Estados Unidos durante el siglo XIX


CADTM


¿Sabíais que en Estados Unidos, y por tres veces, hubo gobiernos que repudiaron con éxito deudas públicas que debían a banqueros privados?

En los años 1830 cuatro Estados de los Estados Unidos repudiaron sus deudas: Misisipi, Arkansas, Florida y Míchigan. Los acreedores eran principalmente británicos. Sack escribe sobre ello: «Una de las principales razones que justificaban estos repudios fue el derroche del dinero prestado: muy frecuentemente se había pedido prestado para el establecimiento de bancos o la construcción de ferrocarriles; ahora bien, esos bancos quebraron, las líneas de ferrocarril no fueron construidas. Estas operaciones sospechosas fueron a menudo resultado de un acuerdo entre miembros insensibles del gobierno y acreedores deshonestos.» (p. 158). Los intentos de los acreedores de llevar ante la justicia federal de Estados Unidos a los Estados que habían repudiado sus deudas fueron desestimados. Para fundamentar este rechazo de las denuncias, la justicia federal se basó en la 11ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prescribe que «el poder judicial de Estados Unidos no puede llevar a cabo ningún proceso civil o en equidad en contra de uno de los Estados de Estados Unidos intentado por un ciudadano de otro Estado o por ciudadanos o súbditos de Estados extranjeros.» |1| Este acto unilateral de repudio fue coronado por el éxito. Sack no menciona esta decisión de la justicia federal, probablemente porque ello debilitaría su alegato a favor de la posibilidad de que los acreedores privados obtengan la condena para un Estado que no pague sus deudas. Los motivos del repudio eran el mal uso de los fondos prestados y la falta de honestidad, tanto de los prestamistas como de los prestatarios, y sobre este punto el resumen presentado por Sack es correcto. No se hacía referencia a ningún tipo de carácter despótico del régimen.

Tras la Guerra de Secesión (1861-1865), el gobierno federal obligó a los Estados sudistas a repudiar las deudas que habían contraído para llevar a cabo la guerra. Es el objeto de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que estipula que «neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States» (ni Estados Unidos, ni cualquier otro Estado asumirá o pagará una deuda o una obligación contratada para ayudar a una insurrección o una rebelión contra Estados Unidos). |2|

Los acreedores habían comprado en Londres y en París principalmente títulos emitidos por banqueros europeos por cuenta de los Estados sudistas. Entre los acreedores se encontraba la Banque Erlanger de París así como su filial londinense. Dicho banco organizó en 1865 la suscripción del «empréstito Erlanger», que permitía a los ahorradores hacerse reembolsar en algodón del Sur de los Estados Unidos, en la época de la Guerra de Secesión, bajo reserva de que los Estados Confederados del Sur ganasen. Esta apuesta era remunerada con una tasa de interés, relativamente elevada para la época, del 7% anual. El empréstito era también negociable en Londres. Durante la Guerra de Secesión, los Estados del Sur habían organizado una retención del algodón, que disparó las cotizaciones hasta un récord histórico de 1,89 dólares la libra, que sigue inigualado dos siglos más tarde. Esta subida representaba una multiplicación por veinte de la cotización en algunos meses, pero los industriales británicos habían tenido el tiempo de constituir stocks. En 1870, cinco años después del final de la guerra, el algodón americano había vuelto casi a su nivel de producción y el país seguiría siendo líder mundial del algodón hasta 1931, como lo era desde 1803. Pero los portadores de obligaciones no fueron jamás reembolsados, dado el repudio decretado por el gobierno federal y la aplicación de la sección 4 de la 14ª enmienda de la Constitución. |3| La motivación del repudio era que los préstamos habían servido para financiar la rebelión de los Estados del Sur, reagrupados en la Confederación, contra Estados Unidos. No se trataba de la naturaleza, despótica u otra, del régimen de los Estados del Sur. Fue la finalidad de los préstamos lo que fue invocado y sobre todo el hecho de que habían sido contratados por fuerzas rebeldes.

Una tercera ola de repudios tuvo lugar en Estados Unidos después de 1877. Ocho Estados del Sur |4| repudiaron sus deudas decretando que los empréstitos realizados durante el período que se extiende entre el fin de la Guerra de Secesión y 1877 habían dado lugar a empréstitos ilícitos, efectuados por políticos corruptos (entre ellos esclavos liberados) que estaban apoyados por los Estados del Norte. Este repudio fue, por lo tanto, decidido por gobernantes racistas (pertenecían en general al partido demócrata) que volvieron al poder en el Sur tras la retirada de las tropas federales que ocuparon el Sur hasta 1877. Sack no menciona este repudio.

Estos tres ejemplos de anulación de deudas públicas muestran que es perfectamente posible para los gobiernos repudiar sus deudas. Las razones invocadas fueron variadas, y el tercer caso de repudio, cuyas motivaciones eran contrarias a los derechos humanos, refuerza la idea de que los gobiernos, si quieren, pueden imponer a los banqueros pagar el precio de una anulación de deudas. Evidentemente, hay que asegurarse de que ese repudio sea legítimo y respetuoso de los derechos humanos.

Traducido por Alberto Nadal y Griselda Pinero

Notas
|1| Sobre la 11ª enmienda, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Und%C...

|2| Es muy importante subrayar que la 14ª enmienda excluye igualmente toda indemnización a los propietarios de esclavos. Cuatro millones de esclavos fueron emancipados sin la menor compensación a sus antiguos dueños. Fuente Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy, «Applied Legal History: Demystifying the Doctrine of Odious Debts», 2009, http://scholarship.law.duke.edu/cgi...

|3| Véase http://www.cadtm.org/Francia-se-apodero-de-Tunez-usando

|4| Se trata de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tenessee. Para más detalles véase Sarah Ludington, G. Mitu Gulati, Alfred L. Brophy, op.cit.

Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d’un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Último libro: Bancocracia. Icaria Editorial, Barcelona 2015. Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda.

Fuente:
http://www.cadtm.org/Tres-olas-de-repudio-de-deuda

jueves, 30 de abril de 2015

Cómo Estados Unidos ayudó a la creación del Estado Islámico

El grupo extremista más fuerte de la actualidad, Estado Islámico, nació en el que debió ser el más improbable de los lugares: una prisión estadounidense en el desierto de Irak.


Así concuerdan al menos los analistas y los comandantes a cargo de la instalación y los soldados que trabajaron en ella. Camp Bucca no era su nombre original. Tras la invasión de Irak, las fuerzas británicas la llamaron Camp Freddy. Pero en abril de 2003, cuando los estadounidenses tomaron el control del campo de detención, lo rebautizaron en honor a Ronald Bucca, un jefe de bomberos de Nueva York que murió por las labores de rescate tras el ataque del 11 de septiembre de 2011 a las Torres Gemelas.

La prisión, situada a las afueras de la ciudad sureña de Basora, fue considerada la cárcel modelo de EE.UU., con unidades habitacionales de cemento y techo de madera, actividades gestionadas por los propios reclusos, y derecho a visita familiar y atención médica.

Llegó a tener 27.000 detenidos repartidos en 24 campos y clasificados con trajes de colores según su estatus; muchos de ellos transferidos de Abu Ghraib tras el escándalo por torturas y abusos a prisioneros. Por sus instalaciones pasaron, entre otros, nueve miembros de la cúpula de EI, de acuerdo al informe The Islamic State, de Soufan Group, una organización que ofrece servicios estratégicos de inteligencia de seguridad a gobiernos y multinacionales, publicado en noviembre del año pasado.

"Universidad de terroristas"
El líder del grupo yihadista, Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamado califa y "líder de todos los musulmanes", por ejemplo, permaneció en Camp Bucca cinco años.

Lo trasladaron tras detenerlo en Fallujah, al oeste de la capital, Bagdad, en febrero 2004.

Tenía 33 años y no habían pasado muchos meses desde que ayudara a fundar Jeish Ahl al-Sunnah al-Jamaah, un grupo militante que había echado raíces en las comunidades sunitas alrededor de su ciudad natal, Samarra.

Eran tiempos en los que la insurgencia sunita contra EE.UU. estaba cobrando fuerza en el país.

Pero el grupo que ayudó a fundar no era muy conocido, así que llegó a la prisión con perfil bajo. "Los estadounidenses no sabían a quién tenían", dijo sobre él Hisham al-Hashimi, un asesor del actual gobierno iraquí.

Allí, en Camp Bucca, Al Baghdadi coincidió con el que después sería su número dos en EI, Abu Muslim al-Turkmani, así como con el experimentado militar Haji Bakr, hoy fallecido.

También permaneció en el campo de detención Abu Qasim, líder de los combatientes extranjeros, según Soufan Group. Y los analistas señalan que es probable que estos hombres fueran extremistas cuando entraron en la prisión, pero seguro que lo eran cuando salieron de ella.
... Más en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150422_eeuu_ayuda_crear_estado_islamico_irak_camp_bucca_lv