La desigualdad y los niños de EE UU. De todo el daño que puede hacer la pobreza, el que causa a los menores es el que más nos debe preocupar

Hace ya mucho tiempo se reconoce que los niños conforman un grupo especial. Ellos no eligen a sus padres, y mucho menos las condiciones generales en las que nacen. No tienen las mismas capacidades que los adultos para protegerse o cuidar de sí mismos. Es por ello que la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924, y la razón por la que la comunidad internacional adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña en 1989.

Lamentablemente, Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones. De hecho, ni siquiera ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. EE UU, con su altamente valorada imagen de tierra de oportunidades, debería ser un ejemplo a seguir en cuanto al tratamiento justo e ilustrado de los niños. En cambio, emana la luz del fracaso —un fracaso que contribuye al aletargamiento global de los derechos del niño en el ámbito internacional.

Si bien puede que una infancia estadounidense promedio no sea la peor del mundo, la disparidad entre la riqueza del país y la condición en la que sus niños se encuentran no tiene parangón. Cerca de 14,5% de la población estadounidense en general es pobre, pero el 19,9% de los infantes —es decir, unos 15 millones de niños— viven en condiciones de pobreza. Entre los países desarrollados, únicamente Rumanía tiene un nivel de pobreza superior. La tasa de EE UU es dos tercios más alta que la del Reino Unido, y hasta cuatro veces la tasa de los países nórdicos. Para algunos grupos, la situación es mucho peor: más del 38% de los niños negros, y del 30% de los hispanos, son pobres.

Nada de esto ocurre porque los estadounidenses no se preocupan por sus hijos. Esto ocurre porque Estados Unidos durante las últimas décadas ha adoptado un programa de políticas que ha causado que su economía se torne en salvajemente desigual, dejando a los segmentos más vulnerables de la sociedad cada vez más y más atrás. La creciente concentración de la riqueza —y una reducción significativa de los impuestos sobre dicha riqueza— se tradujo en que se tiene menos dinero para gastar en inversiones destinadas al bien público, como por ejemplo en educación y protección para los niños.

Como resultado, la situación de los niños en Estados Unidos empeora. Su destino es un doloroso ejemplo de la forma como la desigualdad no solamente socava el crecimiento económico y la estabilidad —tal como al fin lo reconocen economistas y organizaciones, como el Fondo Monetario Internacional— sino que también viola nuestras más preciadas nociones sobre cómo debería ser una sociedad justa.

La desigualdad de ingresos se correlaciona con inequidades en los ámbitos de salud, acceso a la educación, y exposición a riesgos ambientales; todas estas desigualdades agobian más a los niños en comparación con el resto de segmentos de la población. De hecho, se diagnostica con asma casi a uno de cada cinco niños estadounidenses pobres; esta es una tasa superior en un 60% a la de los niños que no son pobres. Los problemas de aprendizaje son casi dos veces más frecuentes entre los niños de las familias que ganan menos de 35.000 dólares al año en comparación a lo que ocurre en los hogares que ganan más de 100.000. Y hay quien en el Congreso de Estados Unidos quiere eliminar los cupones de alimentos —pese a que 23 millones de hogares estadounidenses dependen de ellos— amenazando así con llevar al hambre a los niños más pobres.

Dichas desigualdades en resultados están estrechamente ligadas a desigualdades en oportunidades. Inevitablemente, en los países en los que los niños tienen una alimentación inadecuada, un acceso insuficiente a los servicios de salud y educación, y una mayor exposición a los riesgos ambientales, los hijos de los pobres tendrán perspectivas de vida muy distintas que los hijos de quienes son ricos. Y, en parte debido a que las perspectivas de la vida de un niño estadounidense dependen más de los ingresos y educación de sus padres en comparación con lo que ocurre en otros países avanzados, EE UU tiene la menor igualdad de oportunidades entre todos los países avanzados. Por ejemplo, en las universidades estadounidenses de más alta categoría sólo aproximadamente un 9% de los estudiantes proviene de la población con ingresos que se ubican en la mitad inferior de la distribución de ingresos, mientras que el 74% provienen de la población con ingresos ubicados en el cuarto superior.

La mayoría de las sociedades reconocen la obligación moral de ayudar a garantizar que los jóvenes puedan alcanzar su potencial. Algunos países incluso imponen un mandato constitucional de la igualdad de oportunidades educativas.

Sin embargo, en Estados Unidos se gasta más en la educación de los estudiantes ricos que en la educación de los pobres. Como resultado, el país está perdiendo algunos de sus activos más valiosos, y algunos jóvenes —al verse desprovistos de habilidades— se dedican a actividades disfuncionales. Hay Estados, como por ejemplo California, que gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más.

Si no se toman medidas compensatorias —incluyendo una educación preescolar que idealmente comience a una edad muy temprana— la desigualdad de oportunidades se traduce en resultados desiguales durante toda la vida en el momento que los niños llegan a la edad de cinco años. Esto debería incentivar a que se realicen acciones para implementar políticas.

En los hechos, si bien los efectos nocivos de la desigualdad son de amplio alcance, e imponen costos enormes a nuestras economías y sociedades, son también evitables en su gran mayoría. Los extremos de desigualdad observados en algunos países no son el resultado inexorable de las fuerzas económicas y de las leyes. Las políticas adecuadas —como tener redes de protección social más fuertes, aplicación de impuestos progresivos, y una mejor regulación (especialmente del sector financiero), por nombrar sólo unas pocas políticas— pueden revertir estas tendencias devastadoras.

Con el propósito de generar la voluntad política que tales reformas requieren, debemos confrontar la inercia y falta de acción de los formuladores de políticas mostrando los sombríos datos fácticos relativos a la desigualdad y sus efectos devastadores en nuestros niños. Podemos reducir las privaciones que se sufren durante la infancia y podemos aumentar la igualdad de oportunidades, con lo que sentaríamos las bases para un futuro más justo y próspero —un futuro que refleje los valores que nosotros mismos profesamos—. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?

Del total del daño que inflige la desigualdad en nuestras economías, sociedades y ámbitos políticos, el daño que causa a los niños debería ser el más preocupante. Cualquiera que sea la responsabilidad que pudiesen tener los adultos pobres por su destino en la vida —puede ser que no trabajaron lo suficientemente fuerte, no ahorraron lo necesario o no tomaron buenas decisiones— las circunstancias particulares de los niños recaen bajo su responsabilidad, sin que ellos tengan ningún tipo de opción al respecto. Los niños, más que cualquier otra persona, necesitan recibir la protección que les brindan sus derechos, y EE UU debería proveer al mundo con un brillante ejemplo de lo que esto significa.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.

Fuente: El País. http://economia.elpais.com/economia/2014/12/26/actualidad/1419590452_449014.html

Bienestar y malestar

A propósito del espía Philby, el poeta Joseph Brodsky escribió unas páginas muy agudas y ácidas sobre la simpatía de ciertos occidentales por los países sometidos al comunismo. A cierto tipo de ciudadano inglés, dice, le encanta Rusia, la Rusia de la Guerra Fría: "Asiente con satisfacción al ver un ascensor averiado" y "reconoce la torpeza y la chapuza igual que uno reconoce a sus parientes. Se reconoce en un desconchado, una barandilla insegura, las sábanas húmedas de una habitación de hotel, unos árboles esmirriados vistos a través de una ventana sucia… Las trabas burocráticas", etcétera. La letanía es larga y exacta y dibuja con plasticidad la atmósfera del mundo tras el telón de acero. El sistema económico floreció en ese paisaje físico y moral que ha desaparecido de Europa hace 25 años. Con un poco de folclorismo cínico puede agregarse a la lista de Brodsky que los occidentales hemos perdido, con la caída del Muro, un continente exótico y cercano de ciudades sin publicidad, sin ruido de tráfico, donde el tiempo se extendía con elasticidad, pues había poco que hacer; de multitudes grises y de aspecto abatido, de mentira oficial sistemática tan clamorosa que parecía que pringaba; de oficinas donde la malcarada secretaria, en zapatillas y con calcetines, te traía con el café turco una copita de vodka; reinaba un cierto malestar; era un mundo más bien triste que no conocía el estrés pues había conquistado el "derecho a la pereza" que reclamaba Lafargue, y nadie daba palo al agua. Todo estaba "cerrado por inventario". No podía durar. Lo que perdió Portugal con su imperio colonial no es nada comparado con lo que los europeos occidentales hemos perdido con la implosión del comunismo: nada menos que el "Estado de bienestar" que el "Estado de malestar" de aquellos países garantizaba. Por Ignacio Vidal-Folch. El País

Una enfermedad llamada paro. Los desempleados tienen más problemas de salud que los ocupados

Hace unos días se publicaron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre desempleo en España con resultados que arrojan un problema de una magnitud aterradora y de muy difícil solución. Son, estos datos, más fiables que los de paro registrado por el INEM que excluyen a distintos colectivos. Cualquier informe de prospectiva señala que existe un riesgo de desempleo estructural y que aunque la economía crezca, el crecimiento puede ser sin generar empleo, muy especialmente en población poco calificada.

Hace 25 años defendí mi tesis doctoral. Se trataba de un estudio epidemiológico sobre la relación entre el desempleo y el estado de salud, comparando empleados (501) con parados (567) en edad de trabajar del municipio de Madrid, utilizando un cuestionario que se pasó en los domicilios. La variable dependiente era el estado de salud y la independiente la actividad laboral (empelado/desempleado, con/sin subsidio, empleo eventual/estable y duración del desempleo).

Los resultados fueron una mayor prevalencia de problemas de salud percibida y autoinformada en la población de desempleados frente a la de empleados. Los inventarios de síntomas crónicos y agudos también dieron unos resultados peores. Y las puntuaciones en GHQ y NHP fueron mayores (peor salud mental) en los desempleados.

En el análisis del camino crítico efectuado se comprobó los factores que influyen positiva (soporte familiar, social y económico) y negativamente (estrés económico y vital) en la salud de los desempleados.

Se delimitaron poblaciones más vulnerables (varones de edad media e individuos pertenecientes a clases sociales bajas con escasa calificación profesional). Además utilizaban menos y peor los recursos sociosanitarios existentes. Había pues una consistente asociación entre desempleo y salud.

Se precisan otros diseños para probar causalidad. El estrés económico es el que más y mejor nos explicó cómo se llega de una situación a la otra. El soporte familiar amortigua y alivia. Recuerdo que a finales de los 80 del siglo pasado España tenía un paro del 25% y los subsidios no estaban generalizados. 25 años después estamos en una situación parecida. Si repitiéramos el estudio los resultados no diferirían mucho.

Las poblaciones más vulnerables son conocidas: percepción económica agotada, escaso soporte familiar, baja calificación profesional que dificulta empleabilidad y extracción socioeconómica baja. Es aquí donde tienen que ir los recursos públicos tras la austeridad aplicada a los programas de protección social. Y no parece que las políticas vayan en esta dirección.

A continuación, enumeramos posibles amortiguadores necesarios ante una situación tan preocupante como la que tenemos en España y de la que no se vislumbra arreglo en el corto y medio plazo: distribuir recursos sociosanitarios en función de necesidades; mejorar la accesibilidad; entrenar a los profesionales de atención primaria en la detección de problemas de salud con este origen; promover redes de apoyo social y de autoayuda que llenen de un contenido de utilidad el tiempo libre forzoso; recalificación y reciclaje en jóvenes que abandonaron prematuramente los estudios; mejorar las estrategias de búsqueda y creación de empleo a través de la colaboración entre iguales; luchar contra la desconsideración social hacia el desempleo desde las escuelas y disponer de más espacios físicos (culturales, deportivos, recreativos) que faciliten la interacción social. La inacción nos llevara a que nos sorprendan estadísticas como el incremento de suicidios y de determinadas patologías mentales.

Por último, es imperativo sanear el sistema económico y el marco de relaciones laborales. ...
España es el país mas desigual de la UE y el tercero en cuanto a coeficiente de Gini. Dada la tendencia a prolongarse una salida real a la crisis a medio plazo, el Estado debe asegurar la igualdad de oportunidades si quiere evitar la inestabilidad política. También los esfuerzos han de dirigirse a la preservación del Estado del bienestar, adaptándolo al equilibrio entre gastos e ingresos, pero también con un sistema fiscal eficaz y equitativo. Sin sacrificar la equidad, hay que lograr que las clases medias altas y altas se beneficien de este Estado del bienestar, siendo partícipes de un esfuerzo que no vean como algo ajeno para que estén dispuestas a financiarlo y evitar un Estado asistencial. En la UE, si recuperara el liderazgo perdido, habría que preservar en la idea de un modelo que combinara innovación y competitividad con una protección social avanzada. Los países nórdicos lo han hecho con un éxito razonable...
Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/20/actualidad/1400599346_595492.html
Más, La crisis económica deja en la UE seis millones de desempleados más y 2,5 billones de deuda adicional

El ataque al estado del bienestar

La aprobación del pacto PSOE-PP, que intenta establecer un límite al gasto público a fin de equilibrar el presupuesto del Estado, representa una medida que continuará con los enormes recortes de derechos sociales -como es la congelación de las pensiones- que están ya ocurriendo en España. Su inclusión en la Constitución proveerá una herramienta poderosísima para debilitar e incluso desmantelar al ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español.
Aquellos quienes proponen tal medida la presentan como eminentemente razonable, argumentando que, en la misma manera que las familias no pueden gastar más de lo que ingresan, al Estado (que en España incluye el estado central, autonómico y municipal) tampoco debiera permitírsele que gastara más de lo que ingresa. Y para expresar la necesidad y contundencia de tal medida, se proponen incluirla en la Constitución. Tal argumentación ignora u oculta, sin embargo, que la gran mayoría de las familias gastan anualmente más de lo que ingresan, debido a la existencia del crédito. Cuando una familia se compra una casa, o un coche, o educa a sus hijos invirtiendo en su formación, pide prestado dinero y lo paga en varios años. Y lo mismo ocurre con el Estado, el cual constantemente invierte en infraestructuras físicas (como en carreteras) o sociales (como centros de salud y escuelas públicas) que mejorarán el presente y el futuro de la ciudadanía, no sólo de hoy, sino de las generaciones que nos sigan, necesitando endeudarse para financiarlo. El argumento que repiten machaconamente las derechas de que “es injusto dejarles una deuda pública a nuestros hijos”, oculta que nuestros hijos requieren estas inversiones para que les dejemos un mundo mejor. Negarle al estado la capacidad de endeudarse es semejante a que se les dijera a las familias que no pueden endeudarse. Hoy, por cierto, la deuda pública es mucho menor -60% del PIB- que la deuda privada de las familias (y de las empresas) -189%-.
Naturalmente que la prudencia en pedir préstamos es aconsejable, pero el Estado español (a todos los niveles) dista mucho de haberse extralimitado. La deuda pública es menor que el promedio de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE). Es más, España tiene el gasto público social (que constituye una gran parte del gasto público por habitante) más bajo de la UE-15. Es sólo el 74% del promedio de la UE-15, mucho más bajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que España tiene, que es ya el 94% del PIB per cápita de la UE-15.
La frase que el Sr. Rajoy y Co. utilizan con frecuencia de que “hay que recortar el gasto público social para salvar el futuro estado del bienestar” asume errónea y falsamente que éste está hipertrofiado, postura insostenible a la luz de los datos. Lo que en realidad esconde este argumento es el deseo de mantener, o incluso reducir el sector público, disminuyendo todavía más los escasos recursos que recoge el Estado a fin de privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, las escuelas de infancia y los servicios sociales, entre otros.
Una consecuencia de tal medida es incrementar todavía más la regresividad del sistema fiscal español, uno de los más regresivos existentes hoy en la Unión Europea. Los niveles nominales de gravación aparentan progresividad. Pero, en la práctica (consecuencia de deducciones, ventajas fiscales y fraude fiscal) los niveles reales son enormemente regresivos. Mientras que la mayoría de la población trabajadora (a la cual se le paga en nómina) paga impuestos en porcentajes similares a sus homólogos en la UE-15 (el trabajador de la manufactura paga el mismo porcentaje en impuestos que el promedio de la UE-15), la gran empresa (que paga mucho menos –en términos proporcionales- que la mediana y pequeña empresa), la banca y las rentas superiores pagan impuestos en porcentajes (que derivan de sus rentas del capital) que son mucho menores (sus niveles de gravación reales son del 10% al 17%) que los de sus homólogos en el promedio de la UE-15. Y ello es consecuencia de su enorme y excesiva influencia sobre el Estado, y de la tolerancia y/o complicidad de este último hacia esta regresividad. Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el 80% del fraude fiscal (88.000 millones de euros) lo realizan estos sectores.
Pero además de esta situación de regresividad que caracteriza la situación española, hay otra estructural que ocurre también en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En ellos, las rentas derivadas del capital se gravan mucho menos que las rentas del trabajo. Como bien decía paradójicamente Warren Buffet, uno de los hombres más ricos de EEUU, en un artículo del New York Times titulado significativamente “Basta de mimar a los súper ricos” (14.08.11), es profundamente injusto que si una persona recibe 80.000 dólares por tener acciones en la banca pague muchos menos impuestos que otra persona que obtiene tal dinero trabajando. Esta política se justifica con el argumento de que hay que mimar al capital para favorecer la inversión y crear empleo. Pero como bien dice el propio Sr. Buffet, se creó en EEUU mucho más empleo durante el periodo 1950-1980 -que tenía una carga fiscal más elevada- que durante el periodo 1980-2010 (en que hubo un bajón de impuestos al capital y en general). El Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es la ultraderecha estadounidense, está hoy proponiendo incluir en la Constitución Estadounidense una medida de limitación de gasto público casi idéntica a la que propone el pacto PSOE-PP, habiendo sido también responsable -como lo han sido los gobiernos del PSOE y del PP- de bajar impuestos de las rentas del capital. En realidad, esta disminución de impuestos contribuyó en gran manera a crear el déficit del estado que ahora se intenta resolver recortando el gasto público social. Y todo ello mandado por la Constitución. Vicenç Navarro.