La gentrificación, además de otras cosas, perjudica nuestra alimentación

FUHEM

FUHEM Ecosocial publica un nuevo dossier bajo el título: “Gentrificación, privilegios e injusticia alimentaria” que analiza como las transformaciones comerciales de nuestras ciudades están creando nuevos hábitos de alimentación y nuevas formas de exclusión social.

Algunos lo llaman food porn por la forma en la que la comida se presenta como un objeto de deseo inalcanzable. Los medios de comunicación, con programas de cocina, revistas de gastronomía o de estilo de vida, etc. aceleran lagourmetización de ciertos productos, prácticas o lugares. Son dinámicas que se insertan dentro de procesos más amplios de gentrificación y turistificación de las ciudades.

Las ciudades se han subido al carro de la gourmetización y el turismo gastronómico para atraer a más turistas y fomentar el consumo. Así, gourmetización y gentrificación entran en relación, trasformando los paisajes comerciales y gastronómicos de las ciudades y creando nuevas fronteras y segregación. La búsqueda de estas experiencias gastronómicas asociadas a espacios particulares en la ciudades no está solo restringida a los turistas, los propios residentes se comportan cada vez más como turistas locales.

La turistificación dirigida y promovida por el Estado mediante la gentrificación de los establecimientos comerciales, impregna las ciudades españolas. ”Sin intervenciones políticas que prevengan y retrasen la gentrificación o sin una redistribución equitativa del poder económico, seguiremos viendo cómo los alimentos sirven de herramienta para desplazar a la población con menor poder adquisitivo”, apunta Joshua Sbicca Profesor de Sociología en la Universidad Estatal de Colorado.

Mercados de abastos: escaparates gastronómicos
Los mercados de abastos fueron construidos en su mayoría entre la mitad del siglo XIX y principios del XX, cuando el Estado era más proclive a involucrarse en la organización o regulación del abastecimiento y su comercio. El modelo más famoso internacionalmente es el del Mercado San Miguel en Madrid, un mercado tradicional de hierro abierto en 1916 y localizado en el centro histórico de la ciudad que fue después remodelado y reabierto en 2009 como “meca de los sibaritas”. Este mercado está ya firmemente establecido como parte de rutas turísticas, tiene horarios nocturnos (hasta las 2 de la madrugada los fines de semana), y consta principalmente de puestos de degustación de comida y bebida con algún puesto selecto de comida preparada (pescadería especializada). En el mercado de la Boquería de Barcelona, el 20% de las paradas o los puestos vendían comida para llevar (tipo cestillos de fruta cortada), y el número de turistas con cámaras sobrepasa por mucho al de vecinos que hacen la compra.

Estas nuevas prácticas gastronómicas generan nuevas formas de exclusión: ”Por un lado de grupos vulnerables como personas de rentas bajas, minorías étnicas y emigrantes o personas mayores que usaban el mercado de abastos en su función de servicio o espacio público y, por otro lado, el desplazamiento de los comerciantes más “débiles” que no consiguen adaptarse a la nueva situación, es decir, los grupos más vulnerables de las ciudades ven cómo otro espacio más se hace inaccesible”, según argumenta Sara González, profesora asociada de Geografía en la Universidad de Leeds.

Desiertos alimentarios
En Estados Unidos, la distancia media para encontrar comercios de alimentación que cubran las necesidades básicas está entre 21 y 57 kilómetros. Un desierto alimentario es considerado una zona caracterizada por la ausencia o escasez significativa de comercios de alimentación, que impide la adquisición habitual de alimentos y su posterior consumo a la población que allí reside. “Esta situación podría implicar la aparición de problemas de salud pública, como consecuencia de las dificultades para acceder a una alimentación saludable y económicamente asequible” advierte Guadalupe Ramos Truchero, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y miembro del Grupo de investigación de Sociología de la alimentación de la Universidad de Oviedo.

Para considerar una zona como desierto alimentario se estableció una distancia entre 500 y 1.000 metros o un trayecto de 10 a 15 minutos a pie para llegar a un establecimiento comercial. Pero también se añadió la opción del uso del medio de transporte público, considerando una combinación de un viaje de 10 minutos y 50 metros de recorrido de ida y vuelta andando. Lo que venía a ser unos 3 kilómetros de distancia.

La alternativa ecológica
Los últimos informes indican que el gasto por persona en España en productos ecológicos es de 36,33 euros al año, un 69% superior al consumo medio del año 2012. Por su parte, las más de 3.800 empresas industriales de agricultura ecológica generan un volumen de mercado de 1.700 millones de euros y una ocupación de 85.000 puestos de trabajo.

A pesar de estos datos positivos, el poder de transformación de la alimentación ecológica presenta límites: la mercantilización (los sellos que determinan que un producto es ecológico impactan en su coste); la posible desconexión con la persona que lo produce, ya que podemos consumir un producto adquirido en una gran cadena comercial que no contemple las condiciones sociales de las personas que lo han cultivado o elaborado; escaso compromiso político, la aproximación al consumo ecológico no tiene un carácter de transformación que permita proponer o promocionar nuevos espacios políticos; y por último, el origen no es una prioridad, disponemos de productos ecológicos que han recorrido miles de kilómetros, por lo cual, la nominación eco no considera el impacto ambiental de su transporte.

“El hecho de que las grandes cadenas de distribución hayan entrado en la corriente de lo eco, no es una buena noticia. Se convierten en centros de poder, ya que ejercen un control sobre todo el proceso que recorre un alimento desde su producción a su comercialización”, afirma Ricard Espelt, investigador en Digital Commons (DIMMONS) e Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de Catalunya.

Más información:

Enlace al dossier: Gentrificación, privilegios e injusticia alimentaria
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Fuente: www.fuhem.es

El Gobierno portugués pone freno al desalojo salvaje de viviendas. Las personas con más de 25 años en la misma casa tendrán alquiler vitalicio.

“Me llamo Felicidad Silva, tengo 79 años y siempre viví en Alfama. Mi piso ha sido comprado por una chica de 20 años y quieren echarme”. Felicidad es uno de los Rostros del Desahucio, movimiento vecinal para evitar la invasión de pisos turísticos en los barrios históricos de Lisboa.

El precio de la vivienda ha subido un 18% en un año en la capital portuguesa, pero más aún en Alfama. Alfama no es que sea la Quinta Avenida, ni la playa de Ipanema. Las casitas de Alfama no tienen ni balcones ni suites, mucho menos ascensor o parking, pero a la bohemia europea, joven y con dinero, le gusta la incomodidad, lo auténtico, y están desalojando a los auténticos vecinos, sin edad ni dinero para mudanzas.

La situación alcanza tintes dramáticos en los barrios de Alfama, Morería, Chiado o Baixa. Hay miedo de abrir el buzón por si encuentran una fatídica carta en la que les anuncian la subida del alquiler o el precio de compra del inmueble. En un día, 16 familias de una calle de la Morería recibieron el fatídico aviso. Los fondos inmobiliarios compran no ya edificios, sino calles enteras, y esperan pacientemente al final de los contratos o a que las casas —o sus inquilinos— se caigan de viejas.

Según datos del distrito de Santa Maria Maior, estos barrios con 10.000 vecinos reciben diariamente 250.000 visitas. Su desnaturalización se agrava con la huida de sus habitantes. Hoy son 3.000 menos que hace cuatro años. Los permisos de alojamiento local han saltado de 43 a 1.676.

Si algo no se le puede achacar al primer ministro es falta de reflejos (con la excepción de los incendios). Ante la alarma creciente, en un santiamén ha aprobado una ley de vivienda que pone límites a la actual, aprobada por el anterior Gobierno. A partir de ahora, los mayores de 65 años no pueden ser desalojados de su casa, tampoco los que lleven en ella más de 25 años ni las personas con problemas de movilidad. La rehabilitación de la vivienda dejará de ser motivo de desalojo o renovación del alquiler. En 2017, la mitad de todos los contratos firmados tenían un año de vigencia.

https://elpais.com/elpais/2018/05/08/opinion/1525779078_547935.html