Las autoridades suizas reiteran al instructor, en un escrito fechado el pasado 22 de mayo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que los actos descritos en la comisión rogatoria no entran en el ámbito de aplicación del Código Penal suizo: “La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país”. El análisis de la petición de auxilio judicial ha sido elaborado, según explican, por “juristas especializados en tratados internacionales y derecho penal internacional”.
El juez García-Castellón solicitaba a las autoridades suizas la localización de Marta Rovira, dirigente de ERC imputada en la causa, e información sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones de protesta que organizó Tsunami Democràtic en 2019. Las autoridades suizas ya expresaron su extrañeza ante esta petición en la respuesta a otra comisión rogatoria: “Nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados [El Prat y Barajas] que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”.
García-Castellón solo aportó entonces como pruebas de la participación de Rovira en Tsunami Democràtic una reunión en Ginebra, cuyo contenido se desconoce, en la que supuestamente se habló de la creación del movimiento de protesta y se planificaron sus acciones. Rovira “fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami”, escribió el juez. “Tan solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic”.
La Oficina Federal de Justicia suiza entiende que los actos sobre los que se pide información no constituyen terrorismo con arreglo al derecho suizo, y por ese motivo niegan el auxilio judicial solicitado por el juez García-Castellón.
Oposición del fiscal en 2020
El fiscal español que investigó desde 2020 estos hechos, Miguel Ángel Carballo, tampoco vio terrorismo en los actos organizados por Tsunami Democràtic y se opuso a la imputación de Rovira y del expresidente catalán Carles Puigdemont: “Hay una significativa falta de argumentos para la concreta imputación de hechos de matiz terrorista a los investigados”, señaló en su último recurso.
Pese a ello, el Tribunal Supremo sí admitió a finales de febrero pasado la exposición razonada que el juez García-Castellón remitió a este órgano para encausar a Puigdemont y abrió una investigación por terrorismo al eurodiputado y expresidente catalán, fugado de la justicia desde 2017. La magistrada instructora del Supremo ha citado a Puigdemont para que declare entre el 17 y el 21 de junio.
La oficina federal Suiza también se pronuncia sobre la causa abierta por terrorismo en el Supremo: “Las apreciaciones o resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo español, sobre las que no nos corresponde emitir juicio de valor alguno, no alteran la calificación que el derecho suizo otorga a los hechos descritos en la comisión rogatoria”.
Las autoridades suizas vuelven a recordar que existe una excepción para prestar auxilio judicial sobre hechos de “carácter político preponderante” siempre que estos hayan sido impulsados “con fines de coacción o extorsión, hayan puesto en peligro o amenazado con poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, “en particular, mediante el secuestro de un avión, la utilización de métodos de exterminio masivo, la provocación de una catástrofe o la toma de rehenes”. “Y esa situación”, añade, “no se ha cumplido a nuestro juicio”.
Las autoridades suizas responden con dureza al escrito que les remitió el juez García-Castellón, quien atribuyó un sesgo político favorable al Gobierno español por parte de las autoridades suizas, les afeó que preguntaran por el estado de la tramitación de la ley de amnistía en España, y les reprochó que aún no hubieran respondido a la petición de una reunión entre responsables judiciales de ambos países. “Es normal que nos hayamos informado previamente sobre el proceso de amnistía en España, como habríamos hecho en circunstancias similares con otros Estados extranjeros. Este elemento legislativo no puede omitirse, ya que puede tener incidencia en el procedimiento penal español que sirve de base a la comisión rogatoria”, contesta Suiza. “Por otra parte”, añade, “no es nuestra práctica reunirnos con representantes del Estado requirente extranjero, ni con la autoridad central extranjera por regla general y mucho menos con el magistrado requirente extranjero tras recibir una comisión rogatoria”.
Reproche de García-Castellón
García-Castellón también señaló en su escrito que Suiza tenía la obligación de respetar los instrumentos internacionales que ha firmado, principalmente el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, y, por tanto, prestar el auxilio judicial solicitado y remitir la información pedida. Las autoridades suizas responden a este reproche y concluyen: “Las excepciones previstas demuestran claramente que la legislación nacional suiza ha tenido en cuenta varias de las situaciones contempladas en los convenios sobre terrorismo. Sin embargo, los hechos descritos en la comisión rogatoria española no alcanzan el nivel de gravedad requerido para ejercer esta excepción”.
El juez García-Castellón sigue instruyendo en la Audiencia Nacional el caso Tsunami Democràtic pese a la falta de colaboración de las autoridades suizas. De las 10 personas a las que investiga por terrorismo en los disturbios registrados en Cataluña en 2019, solo Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales en ERC, ha declarado por videoconferencia. Del resto, tres imputados han logrado aplazar sus citaciones —entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y Josep Lluís Alay, amigo del expresident Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica)— y los demás (varios se marcharon al extranjero cuando fueron imputados) no se han presentado en el tribunal pese a los requerimientos del juez.
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