No ha sido la imaginación del colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. No. Lo que narró sobre ello en su obra cumbre, «Cien años de Soledad» es la absoluta y triste verdad. La matanza y represión de los obreros comenzó en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, y sólo se detuvo como tres semanas después. Fue en las plantaciones bananeras de
la United Fruit Company, en
el Caribe colombiano. Así fueron los primeros pasos del terrorismo de Estado en Colombia…
El Macondo del novelista
En Colombia, con las primeras luces del Siglo XX los yacimientos de petróleo, oro, platino y otros preciosos metales son casi regalados a empresas estadounidenses e inglesas. A sociedades de estas naciones son entregados extensos territorios para la explotación sin moderación de banano, cacao, tabaco y caucho. Con el beneplácito del gobierno, el personal empleado por estas compañías era tratado como en la época de la colonia.
La industrialización iniciada en aquellos primeros veinte años dio nacimiento a una burguesía urbana, y asimismo a un sector obrero que comenzó a reclamar mejoras sociales. Siguiendo su ejemplo, campesinos, indígenas y artesanos también procuraron organizarse. Estos incipientes movimientos reivindicativos dieron paso a las primeras organizaciones sindicales y políticas.
A los ojos del gobierno conservador, de la oligarquía y de la jerarquía eclesial -la mayor latifundista de la nación-, toda la organización y el descontento social eran prueba de la existencia de un complot comunista internacional para acabar con sus propiedades y vidas. Su paranoia aumenta cuando en 1926 se crea el Partido Socialista Revolucionario, alternativa a los partidos tradicionales, Liberal y Conservador...
Finalizando el Siglo XIX la empresa estadounidense United Fruit Company se instala en Santa Marta, en el Caribe colombiano. El gobierno no solo le entrega extensos territorios, sino los privilegios que no tenían otras empresas extranjeras. La United pasó a funcionar y actuar en la inmensa región como una república independiente.
Para 1927, más de 25 000 personas trabajaban en las plantaciones de la United, con jornadas de 12 horas mínimo. Los obreros no recibían salarios en dinero: se les entregaban bonos que únicamente podían ser utilizados en las tiendas de la empresa, a cambio de productos transportados desde Estados Unidos en los barcos que habían llevado el banano. Además de no contar con asistencia médica, los trabajadores dormían amontonados en barracas insalubres. Existía un sistema de contratistas intermediarios como único vínculo laboral, y así la frutera se desatendía de las obligaciones básicas con los trabajadores. Buscando remediar esto, el sindicato presentó un pliego de peticiones.
Las negociaciones, que no avanzaban, se estancaron cuando se aprobó la Ley Heroica. La United rechazó el pliego al considerarlo subversivo. A los trabajadores no les quedó otra alternativa que ir a la huelga el 12 de noviembre de 1928. La consigna era: “Por el obrero y por Colombia”. Lógicamente, el movimiento fue catalogado como “subversivo” por el gobierno, la iglesia y la prensa. Se aseguró que “agentes de Moscú” habían desembarcado clandestinamente para preparar la insurrección.
Los Directivos de la United exigieron al gobierno la presencia del ejército. Inmediatamente el presidente Miguel Abadía Méndez declaró el estado de sitio en la zona, encargando al general Carlos Cortés Vargas de acabar con la “banda de malhechores”. El centro de mando militar se ubicó en las dependencias de la compañía, donde la oficialidad tenía a disposición licores, cigarrillos, un salario, y la posibilidad de realizar grandes bacanales con las prostitutas “recogidas” en la región. (3)
Se debía proteger en prioridad la vida de los directivos de la United, todos estadounidenses, pues se decía que los trabajadores los iban a degollar junto a sus familias.
El clima laboral se deterioró y los trabajadores realizaron mítines permanentes y bloqueos de la vía ferroviaria por donde iba el banano al puerto. El 5 de diciembre fueron convocados los huelguistas a la población de Ciénaga con el pretexto de recibir al gobernador, quien supuestamente iba a participar en la negociación. Pero nunca llegó. En su lugar estuvo el general Cortés Vargas, quien, a las 11 y media de la noche, expidió el decreto que ordenaba disolver "toda reunión mayor de tres individuos" y amenazaba con disparar "sobre la multitud si fuera el caso". Pero en la madrugada del 6 el general Cortés, completamente borracho, leyó el decreto sobre perturbación de orden público frente a la multitud que se encontraba durmiendo en la plaza. Al finalizar, mientras algunos huelguistas gritaban “¡Viva Colombia!”, “¡Viva el ejército!”, y se negaban a desalojar la plaza, ordenó a la tropa disparar las ametralladoras emplazadas sobre los techos. (4) Posteriormente el militar dijo, "era menester cumplir la ley, y se cumplió".
Se ha calculado que había unos cinco mil campesinos, muchos acompañados con sus mujeres e hijos, rodeados de 300 soldados.
Los que no murieron instantáneamente fueron rematados a bayoneta, o se les enterró vivos en fosas comunes. En los trenes de la empresa se embarcaron centenares de cadáveres y llevados hasta el mar, donde se echaron como al banano de mala calidad. Tal como contara García Márquez en “Cien años de soledad”.
Se decretó la persecución para todos aquellos que quedaron vivos, sin diferenciar si trabajaban o no para la United. Otros cientos fueron brutalmente golpeados y encarcelados, mientras a los líderes se les juzgaba rápidamente en tribunales militares.
La matanza duró varios días, hasta que la noticia se expandió por el país a pesar de la censura de prensa instaurada, y se empezaron las movilizaciones de protesta. Para la United y el gobierno las cosas seguían como si nada hubiera pasado, al punto que el general Cortés firmó por los obreros un “arreglo laboral”.
Algunos trabajadores se organizaron en especie de guerrilla y quemaron plantaciones, sabotearon el servicio telegráfico, eléctrico y cortaron las carrileras de la empresa. La zona estuvo militarizada casi un año.
El general Carlos Cortés Vargas reconoció nueve muertos. El gobierno trece y 19 heridos. El 16 de enero de 1929, el diplomático estadounidense Jefferson Caffery reportó al Departamento de Estado: “Tengo el honor de informar que el representante de la United Fruit Company en Bogotá, me dijo ayer que el número de huelguistas muertos por las fuerzas militares colombianas pasa de un mil.” Pero la comisión de investigación del Congreso, encabezada por Jorge Eliécer Gaitán, descubrió fosas comunes, por lo tanto es seguro que las víctimas fueron más de 1.500.
El militar explicó su decisión argumentando que existía una situación insurreccional, que podría llevar a que tropas estadounidenses desembarcaran para proteger los intereses de la frutera. Y él quiso evitar una invasión a Colombia.
El Presidente de la república felicitó al general Cortés Vargas por haber salvado al país de la anarquía. Mientras el editorial del diario liberal El Tiempo, del 17 de diciembre decía: “resta averiguar si no hay medidas preferibles y más eficaces que las de dedicar la mitad del ejército de la República a la matanza de trabajadores.”
Durante la presentación de la investigación parlamentaria, en septiembre 1929, Jorge Eliécer Gaitán, en una enardecida denuncia señaló a la oligarquía como responsable de la masacre. Del clero dijo: “aquellos misioneros de Cristo son fariseos que traicionan su doctrina, descuidan sus deberes para entrar en la palestra de las menesterosas luchas políticas, terrenas e interesadas”.
Gaitán constataría que se había aplicado contra los huelguistas, en favor de los intereses estadounidenses, la política del “enemigo interno”: “No es que yo niegue que una gran agitación de justicia social recorre de uno a otro extremo del país para todos los espíritus. Ella existe, pero no como fruto del comunismo, sino como razón vital de un pueblo que quiere defenderse contra la casta de los políticos inescrupulosos (…) Así proceden las autoridades colombianas cuando se trata en este país de la lucha entre la ambición desmedida de los extranjeros y de la equidad de los reclamos de los colombianos (…) Naturalmente no hay que pensar que el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los obreros. Estos eran colombianos y la compañía era americana, y dolorosamente lo sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida, y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano.” (5)
La matanza de las bananeras no generó ninguna responsabilidad penal ni política. El general Carlos Cortés Vargas fue ascendido a director de la Policía Nacional. Pero ostentaba ese cargo cuando fue destituido, no por la masacre de las bananeras sino por el asesinato de un joven, el 8 de junio de 1929, durante una protesta callejera en Bogotá. Era un estudiante de la élite bogotana e hijo de un amigo del presidente Abadía Méndez. La oligarquía y el alto clero se escandalizaron. Por igual motivo también fue destituido el ministro Rengifo, el que antes había sido elogiado como el hombre providencial del régimen. (Hernando Calvo Ospina) Leer más en
"Le Monde Diplomatique"
Hace unos años, España, en su afán de parecerse a Suecia, convocó unos préstamos universitarios con condiciones muy ventajosas para los estudiantes de másteres y doctorado, de tal forma que todo estudiante podría solicitarlo y devolverlo cuando trabajara con un salario que se lo permitiera -el umbral para el reintegro era de 22.000 euros-. Pero como España ahora teme parecerse a Grecia, sorprendentemente el Ministerio de Educación amputó dichos préstamos la semana pasada, de manera que quien lo solicita debe devolverlo en un plazo de cuatro años, haya conseguido o no un trabajo, tenga o no ingresos. Esto supone que a muchos licenciados nos disuada solicitarlo porque no sabemos si podremos devolver dicho dinero ante el tenebroso mercado laboral y la alta tasa de paro entre jóvenes; pero a la vez nos encontramos con unos estudios en marcha sin saber cómo financiarlos.
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