Por qué EE.UU. es el único país del mundo que se niega a ratificar la Convención de los Derechos del Niño

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El 20 de noviembre de 1989, apenas 11 días después de la caída del Muro de Berlín, la Organización de Naciones Unidas aprobó uno de sus acuerdos más exitosos y emblemáticos: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

El tratado, diseñado para proteger a los menores, fue el primero que reconoció que los niños y adolescentes tienen derechos propios y que los adultos son responsables de garantizarlos.

A partir de la firma, los Estados miembro de la ONU comenzaron a ratificar la CDN a través de votaciones en sus respectivos Parlamentos.

A día de hoy, 196 países han sancionado la Convención, convirtiéndola en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia.

Sin embargo, hay un solo país que no ha completado este proceso y que, por ende, no está comprometido legalmente a acatar el acuerdo: Estados Unidos.

Aquí te explicamos cuál es la importancia de la CDN, por qué a 35 años de su aprobación EE.UU. sigue sin ratificarla y qué impacto tiene esa decisión.

¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño?

Se trata de un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños, definidos como personas menores de 18 años.

Hasta la firma de este acuerdo los niños no eran reconocidos como sujetos de derecho. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial se consideraba legal que trabajasen a la par de los adultos en muchos países.

La CDN no sólo estableció los derechos básicos a los que deben acceder todos los niños, sino que también hizo a las personas adultas responsables de esos derechos.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), "la convención ve al niño como individuo y como miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo".

Dos niños refugiados somalíes 

 

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La Convención busca proteger a los niños en todo el mundo.

Definida por el organismo como una "ley internacional", brinda los siguientes derechos a "todos los niños, sin discriminación de ninguna clase":

• Medidas especiales de protección y asistencia
• Acceso a la educación y la atención de la salud
• Que puedan desarrollar plenamente sus personalidades, capacidades y talentos
• Que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión
• Que reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa

¿Por qué no lo ratifica EE.UU.?

A pesar de que Washington firmó la CDN en 1995, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, el país nunca cumplió con la obligación de ratificar el tratado a través de su Congreso.

Ninguno de los gobernantes que lideraron el país en estas casi tres décadas desde la firma, ya sean demócratas o republicanos, enviaron el tratado ante el Senado para su ratificación, dejando su aplicación inválida desde el punto legal.

El último intento por llevarlo ante la Cámara Alta fue en 2020, cuando la legisladora demócrata Ilhan Omar presentó una resolución llamando a que se vote, intento que no prosperó.

La principal traba tiene que ver con el hecho de que quienes adhieren a la convención se comprometen a adecuar su marco normativo para incluir los 54 artículos que conforman la CDN, y así garantizar su aplicación en ese país, un paso que EE.UU. nunca ha dado.

Los defensores del tratado en ese país sostienen que la convención representa un estándar internacional básico de protección infantil y advierten que la falta de ratificación deja a EE.UU. en una posición única y aislada a nivel mundial.

Sin embargo, hasta ahora los partidarios de la convención no han logrado reunir el consenso necesario para que sea tratado por el Senado.

Incluso a pesar de que muchos gobiernos estadounidenses han dicho que respaldan los derechos descritos en la CDN.

La diputada demócrata Ilhan Omar

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La diputada demócrata Ilhan Omar intentó ratificar la convención en 2020. 

Uno de los principales escollos que enfrentan quienes abogan por su ratificación es que, para que un tratado internacional sea ratificado en EE.UU., se necesita el apoyo de una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta, un consenso difícil de lograr dadas las objeciones de quienes temen que la CDN pueda limitar la autoridad del país en ciertos temas.

Tres preocupaciones

Los grupos que se resisten a la ratificación, principalmente alineados con el Partido Republicano, consideran que suscribir legalmente la Convención podría llevar a interferencias en tres áreas:

1. Autoridad parental

La CDN incluye derechos como el de los niños a expresar sus opiniones en asuntos que los afectan (Artículo 12), lo que algunos grupos conservadores interpretan como una amenaza a la autoridad parental.

Estos objetores creen que otorgar a los niños derechos legales podría interferir en la capacidad de los padres para tomar decisiones en la crianza y educación de sus hijos.

Según la ONG Parental Rights, la convención le da demasiado poder al Estado, haciendo que los padres "pierdan su derecho a ser padres", y "socava" a la familia con resultados frecuentemente "trágicos y devastadores" para los mismos niños.

"(La CDN) establece que 'en todos los asuntos relacionados con los niños, la consideración primordial será el interés superior del niño'. Pero, ¿quién decide cuál es el 'mejor interés' de su hijo? Usted, no el gobierno", afirma el organismo en su sitio web.

Jo Becker, directora de incidencia de la división de derechos infantiles de Human Rights Watch (HRW) le dijo a BBC Mundo que "esta fuerte oposición de organizaciones conservadoras" es la principal causa por la que no se ha ratificado la CDN en EE.UU.

"Algunos críticos incluso han dicho que les daría a los asistentes sociales más poder que a los padres para decidir sobre sus hijos", señala.

"Pero esta creencia es falsa. Hay numerosas referencias en la convención a los roles y responsabilidades de los padres y la importancia de su lugar en la crianza de los niños. Así que están leyendo incorrectamente la CDR", asegura.

"Los únicos casos en los que un Estado puede suplantar el rol de los padres es cuando hay claros indicios de violencia, abandono o maltrato de niños. Y creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que en esos casos es apropiado que los niños sean puestos bajo el cuidado del Estado", afirma.

Donald Trump hablando ante la Asamblea General de la ONU en 2018

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Donald Trump cree que EE.UU. podría perder poder si ratifica un tratado que es gobernado por la ONU.

2. Soberanía nacional

Los sectores conservadores también temen que ratificar la CDN afecte la soberanía del país al permitir que una convención internacional tenga influencia sobre las leyes internas relacionadas con los derechos de los niños.

"Nunca entregaremos la soberanía de EE.UU. a una burocracia global no electa e irresponsable... EE.UU. está gobernado por estadounidenses", dijo en 2018 ante la Asamblea General de la ONU el entonces presidente Donald Trump.

"Según el Artículo VI de nuestra propia Constitución, un tratado ratificado se convierte en 'la ley suprema del país'", advierte, por su parte, Parental Rights.

El organismo resalta que, mientras que para otras naciones la ratificación de este tratado "es, en el mejor de los casos, una declaración de aspiraciones (y para muchas, como Irán, China y Corea del Norte, una mera cortina de humo política)", en EE.UU. una ratificación le daría a la convención rango de ley federal.

"Algunos, en especial miembros del Partido Republicano, están preocupados de que ratificar cualquier instrumento internacional socavará la soberanía de EE.UU., y por eso han pasado unos 20 años desde que EE.UU. ratificó cualquier tratado de derechos humanos", observa Becker, de HRW.

La experta reconoce que si EE.UU. ratificara la convención "efectivamente estaría legalmente obligado a cumplirla", pero asegura que "las leyes estadounidenses seguirían aplicando y no le daría a la ONU la autoridad para intervenir en las vidas de familias o de sustituir la ley de EE.UU.”, como temen quienes se oponen a la ratificación.

3. Impacto legal

Este teórico conflicto entre el derecho internacional y las leyes estatales y federales del país es la tercera cuestión que frena la sanción de este tratado.

En particular preocupa un tema en el que las leyes estadounidenses se contradicen con la convención.

"La CDN establece claramente que los niños nunca deben ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos antes de los 18 años y en EE.UU. aún tenemos más de 20 Estados que permiten condenas de por vida sin libertad condicional para crímenes cometidos antes de los 18", detalla la defensora de derechos infantiles.

Maños de un niño esposado

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EE.UU. permite encarcelar a los menores de edad de por vida, algo que la convención prohíbe. Sin embargo, Becker afirma que esto no debería ser una barrera para la ratificación.

"EE.UU. podría presentar una reserva sobre este tema en particular, diciendo que está preparado para cumplir con todas las otras obligaciones de la convención", sostiene.

Consecuencias

Los defensores de la CDN consideran que es fundamental para la protección de niños y niñas porque establece una obligación legal y moral de los Estados a garantizar su derecho a la salud, educación y seguridad social, y su protección contra la violencia, los conflictos armados, el matrimonio infantil y la explotación.

En ese sentido, señalan que la no ratificación de EE.UU. no solo deja a ese país a contramano del mundo, dañando su reputación internacional y socavando su autoridad en cuestiones que afectan a los niños, hasta el punto de quedar como hipócritas en esta área.

También denuncian que no adherirse a la convención deja a los menores estadounidenses desprotegidos.

"HRW realizó una evaluación de las leyes en los 50 Estados del país y podemos afirmar que ni uno solo tiene leyes que cumplan con los estándares de la convención", afirma Becker.

"Por lo tanto todos los días, los niños en EE.UU. están viviendo con menos protección legal de la que tendrían si EE.UU. ratificara la convención".

Sin embargo, algunos defensores de los derechos infantiles creen que organismos como HRW y otros que hace décadas abogan por la ratificación deberían cambiar su enfoque.

"Debido a la oposición conservadora y a la norma de política internacional de EE.UU. de no ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, es probable que EE.UU. nunca ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño", escribió en la Revista de Derechos del Niño la académica de la Universidad de Plymouth Charlotte Galvin.

"Si bien algunos activistas pueden estar en desacuerdo, probablemente sería mejor invertir los recursos en presionar al gobierno para que reforme las leyes nacionales que actualmente están en conflicto con las disposiciones de la convención", opinó.

Niños con camisetas con banderas de diferentes países, incluyendo EE.UU.

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Los defensores de la CDN sostienen que los niños estadounidenses están en desventaja por la negativa del país a ratificar el tratado.

Gaza

Por otra parte, también hay quienes relativizan la importancia de la CDN, remarcando que la ONU tiene poco poder para hacerla cumplir, incluso entre quienes la han ratificado.

El caso que hoy genera más polémica es el de Israel, país que firmó la convención en 1990 y la ratificó al año siguiente.

Según Unicef, la guerra que lleva a cabo ese país contra Hamás en la Franja de Gaza, en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023, ha causado la muerte de más de 14.000 niños palestinos.

En septiembre pasado, a Israel le tocó comparecer ante el Comité de los Derechos del Niño, el grupo de expertos que tiene la responsabilidad de supervisar de manera periódica si los países cumplen con las obligaciones legales establecidas por la convención.

En sus conclusiones, el comité realizó una condena muy enérgica de las acciones militares de Israel en Gaza e instó al país a que ponga fin de inmediato a la matanza y las lesiones de niños allí.

"La muerte atroz de niños es casi única en la historia", denunció a la prensa el vicepresidente del comité, Bragi Gudbrandsson.

Sin embargo, esta condena no ha frenado las acciones de Israel, que acusó al comité de tener una "agenda política" y responsabilizó de las muertes de niños palestinos a los dirigentes de Hamás que "se esconden" entre la población civil.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c0lpnkwy1ewo

_- Carta abierta a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Yanis Varoufakis Brian Eno 08/10/2024

_- El 7 de octubre, Brian y yo instamos a la Corte Penal Internacional a que cumpla con su deber de defender el derecho internacional, persiguiendo los evidentes crímenes de guerra en Israel-Palestina, para evitar que el genocidio se normalice en todo el mundo.

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Estimados magistrados de la Corte Penal Internacional,

Nos dio ánimo recibir la noticia en Enero de que la Corte que presiden había decidido intervenir en el asunto Israel-Palestina. La humanidad necesita una Corte Penal Internacional que defienda el Estado de derecho y esté dispuesta a investigar las acusaciones más graves de violación del derecho internacional.

Hoy, 7 de Octubre de 2024, exactamente un año tras el inicio de la fase más reciente y la más inhumana de los setenta y seis años de conflicto entre Israel y Palestina, nos parece necesario dirigirnos directamente a ustedes. No sólo debido a la crueldad creciente de lo que está ocurriendo en el Oeste del río Jordán, sino también debido al peligroso precedente sentado en caso de que se permitiera a un Estado actuar de manera tan alejada del consenso internacional que define un comportamiento aceptable durante un conflicto. Si estos actos no son penalizados por una instancia como la que presiden, los Estados podrán llevar a cabo crímenes de guerra con aún más impunidad en el futuro.

Porque ahora es indiscutible: el Gobierno de Israel ha decidido la eliminación sistemática de cualquier aspecto de la vida palestina en Gaza. Ya hemos sido testigos de:

1) El bombardeo más intensivo de una área urbana con alta densidad de población que se recuerde.

2) La peor hambruna provocada a propósito en una población desde la Segunda Guerra Mundial.

3) La destrucción sistemática del sistema de salud.

4) Una cantidad sin precedentes de periodistas y trabajadores de la ONU asesinados.

El Gobierno de Israel ha atacado escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, centros culturales, sitios del patrimonio, mezquitas e iglesias. Catedráticos y profesores han sido asesinados, junto a sus estudiantes y a menudo sus familias enteras. Mientras tanto, amparados por el conflicto de Gaza, los colonos israelíes protegidos por su ejército desahucian a los palestinos de sus tierras ancestrales, infringiendo de manera flagrante todos los principios del derecho internacional.

Todo esto no puede reducirse a simples infracciones de parte de un gobierno. La comunidad internacional no tiene la menor esperanza de que un cambio de gobierno haga que el Estado de Israel vuelva a respetar el derecho internacional. El 19 de Julio de 2024, la Corte Penal Internacional declaró ilegal la ocupación por Israel de Cisjordania, Gaza y de la parte Este de Jerusalén. Cinco días después, la Knéset, parlamento israelí, votó (65 votos a favor y 9 en contra) ignorar la resolución de la Corte Penal Internacional y de manera provocativa definió Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como parte del “País de Israel”. Como muestra de su desprecio del derecho internacional y de las instituciones creadas por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para defenderlo, el pasado martes el Gobierno de Israel negó al Secretario General de la ONU Guterres la entrada a su territorio

Por eso preguntamos: ¿Cuándo va a emitir su Corte acusaciones formales?

Hoy es el aniversario del inicio del capítulo más lúgubre de una tragedia de la que nuestra generación será responsable ante las futuras generaciones. Nunca ha sido tan necesaria para la humanidad una Corte como la suya, en la que los cerebros imparciales del derecho del mundo entero puedan alcanzar un consenso sobre las normas del comportamiento legal durante la guerra y después de ella. Su función es vital, y les imploramos para que actúen inmediatamente.

Gracias.

Brian Eno y Yanis Varoufakis

Yanis Varoufakis exministro de Finanzas de Grecia, dirigente del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.

Brian Eno célebre músico, compositor experimental, productor y artista visual británico, respalda las campañas de Artists for Palestine UK.

Fuente:
DIEM 25

https://www.sinpermiso.info/textos/carta-abierta-a-los-magistrados-de-la-corte-penal-internacional

En realidad no hay ni punto de comparación. Los crímenes de Israel son mucho peores que los de Hamás

Benjamin Netanyahu tiene razón al tachar de «absurda y falsa» la sugerencia de que existe equivalencia alguna en las atrocidades cometidas por ambos bandos.

Hay una cosa en la deberíamos estar de acuerdo con Benjamin Netanyahu: cualquier comparación entre los crímenes de guerra de Israel y los de Hamás es “absurda y falsa”, como ha dicho el primer ministro israelí, y una “distorsión de la realidad”.

He aquí por qué:

* Israel lleva cometiendo crímenes más de siete décadas, desde muchísimo antes que la creación de Hamás.

* Israel ha mantenido a los palestinos encerrados en Gaza, en un campo de concentración, durante los últimos 17 años, impidiéndoles la conexión con el mundo exterior y el acceso a las necesidades esenciales para la vida. Hamás consiguió asediar una pequeña parte de Israel durante un solo día, el 7 de octubre.

* Por cada israelí asesinado por Hamás ese 7 de octubre, Israel ha multiplicado por más de 35 el número de palestinos asesinados desde entonces. Durante décadas la proporción de muertes entre uno y otro bando ha estado similarmente sesgadas a favor de Israel.

* Israel ha masacrado a más de 15.000 menores palestinos desde octubre, y muchos otros miles están todavía bajo los escombros, mutilados o han quedado huérfanos. A inicios de abril, Israel había asesinado otros 114 menores en Cisjordania y herido a 750 más. El número de niños israelíes asesinados por Hamás el 7 de octubre fue de 33.

* Israel ha devastado la totalidad de los servicios de salud de Gaza. Ha bombardeado los hospitales y asesinado, golpeado y secuestrado a muchos cientos de trabajadores sanitarios. Hamás no ha atacado ningún hospital israelí.

* Israel ha asesinado a más de 100 periodistas en Gaza y a más de 250 trabajadores humanitarios. También ha secuestrado a 40 periodistas. Se supone que la mayoría han sido llevados a un centro de detención secreto donde se practica regularmente la tortura. Según informaciones, Hamás asesinó a un periodista el 7 de octubre y a ningún trabajador humanitario.

* Israel está matando por hambre a la población de Gaza al negarle el acceso a la comida, el agua y la ayuda. Ese es un poder –genocida– que Hamás no puede ni llegar a soñar.

* Israel ha estado expulsando de sus tierras por la fuerza a los palestinos durante más de 76 años para levantar en ellas asentamientos ilegales. Hamás no ha podido hacer limpieza étnica de un solo israelí, ni ha construido ningún asentamiento palestino en suelo israelí.

* Según informes, alrededor de 76.000 palestinos han sido tomados como rehenes y encarcelados desde 1967, un desagradable rito de iniciación para los hombres y muchachos palestinos en el que se practica la tortura de forma rutinaria y los juicios militares aseguran un índice de condenas de prácticamente el 100%. Hasta el 7 de octubre, Hamás solo había conseguido tomar como rehenes a un puñado de soldados israelíes cuya labor es oprimir a los palestinos.

* Y, mientras los estados occidentales consideran a Hamás una organización terrorista, esos mismos estados elogian a Israel, lo financian, lo arman y le proporcionan cobertura diplomática, incluso cuando el Tribunal Internacional dictamina como plausible que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza.

Desde luego, Netanyahu está en lo cierto. No hay ni punto de comparación.

Jonathan Cook ganó el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Entre sus libros destacan“Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página web es: www.jonathan-cook.net

Fuente:

https://jonathancook.substack.com/p/indeed-there-is-no-comparison-israels

¿Por qué no se castiga a Israel y sí a Cuba?

Traducido del neerlandés para Rebelión por Sven Magnus

Algunos creen y a otros les gusta proclamar que la política internacional se basa en valores y buenas intenciones. El trato que reciben Israel y Cuba destruye completamente esa creencia.

¿Dónde está la lógica? Cuba, un país que no hace daño a nadie y envía más médicos a todo el mundo que la Organización Mundial de la Salud, ha sido duramente sancionado durante más de 60 años.

En cambio, el Estado de apartheid de Israel está perpetrando un genocidio ante nuestros ojos y, sin embargo, no se le impone sanción económica ninguna. Al contrario, recibe miles de millones de dólares en ayuda y muchísimo armamento pesado para poder efectuar esas masacres.

¿Cuáles son las razones de este doble escándalo?

Castigar los ejemplos

A pesar de su carácter ilegal, el bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba ha sido el eje central de la política estadounidense respecto a la isla desde la victoria de la revolución en 1959. Esta política es lo que Chomsky describe como «la obsesión histérica de Washington por aplastar a Cuba».

Hay varias razones para esta obsesión. A finales del siglo XIX Cuba se incorporó como neocolonia a Estados Unidos, que desde entonces controló partes importantes de la economía cubana y no quería perder ese control.

Pero, sobre todo, era inaceptable que un país situado a apenas 180 km de Estados Unidos tomara un rumbo progresista. Además, esto podría animar a otros países a seguir su ejemplo. Por tanto, había que cortar de raíz esta revolución.

Según un memorándum de 1960 del Ministerio de Relaciones Exteriores, «se debían utilizar inmediatamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba.» El objetivo era «reducir los salarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno».

Poco después la administración Eisenhower impuso un embargo que más tarde se convertiría en un bloqueo económico (además de presionar a terceros países para que cesaran sus relaciones económicas con Cuba). El primer objetivo de las sanciones económicas era acabar con la revolución y, si eso fracasaba, dañar al país todo lo posible para que el socialismo cubano no fuera un ejemplo para otros países.

Y ese ejemplo no solo se aplica a América Latina, sino también al propio Estados Unidos. Una cuarta parte de los ciudadanos estadounidenses afirma que él o un miembro de su familia pospone el tratamiento de una enfermedad grave debido al coste. Estudiar está reservado solo a los más pudientes o a los estudiantes dispuestos a endeudarse mucho.

En Cuba esas situaciones son impensables; allí, estar enfermo o estudiar no son un lujo. El poder adquisitivo es mucho menor que en Estados Unidos, pero la sanidad y la educación son gratuitas. Un negro residente en Estados Unidos muere de media seis años antes que un cubano (1) y la mortalidad infantil en Cuba es inferior a la del «país de la libertad».

Por ensayo y error, Cuba ha logrado construir un proyecto de sociedad diferente que no se centra en el beneficio, sino en el desarrollo social, intelectual y cultural de su pueblo. A pesar de las severas sanciones económicas, Cuba se sitúa en torno a la media de la OCDE, el club de los países ricos, en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil, niveles de educación, etc.

Cuba alcanza esa elevada puntuación social con una renta per cápita ocho veces inferior a la de Estados Unidos. Si Cuba es capaz de lograr tanto con tan pocos recursos y a pesar del bloqueo, ¿de qué no sería capaz Estados Unidos?

Actualmente 30.000 trabajadores sanitarios cubanos llevan a cabo su labor en 66 países, entre ellos Italia. En los últimos 60 años los médicos cubanos han tratado a dos mil millones de personas en todo el mundo. Si Estados Unidos y Europa hicieran el mismo esfuerzo que Cuba, juntos enviarían a más de dos millones de médicos al mundo y la escasez de personal sanitario en el Sur se solucionaría de la noche a la mañana.

El bloqueo económico más largo y extenso de la historia

¿También por eso está Cuba tan en el punto de mira? De cualquier forma, el propio gobierno de Estados unidos declara que el bloqueo contra Cuba es «una de las sanciones más exhaustivas de Estados Unidos contra cualquier país». El objetivo es aislar económicamente la isla lo más posible del resto del mundo y perjudicarla así al máximo.

Con Trump ese aislamiento se intensificó hasta niveles sin precedentes con 243 nuevas y duras sanciones, y la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo (SSOT), que excluye a Cuba de las transacciones bancarias internacionales y dificulta cada vez más la compra de artículos de primera necesidad, como combustible, alimentos, medicinas y productos de higiene.

Biden ha mantenido bastante íntegras esas sanciones reforzadas, con consecuencias desastrosas. Como resultado ahora hay una escasez de alimentos, medicinas y energía. Durante la pandemia Estados Unidos incluso impidió que se suministraran respiradores a Cuba en un momento en que el país los necesitaba urgentemente, lo que provocó muchas muertes. Según la convención de la ONU (Artículo II, b y c), se puede calificar el bloqueo de genocidio.

El carácter extraterritorial del bloqueo hace imposible o arriesgado para las empresas o instituciones financieras europeas establecer relaciones económicas con Cuba. Se trata de una violación flagrante del Derecho Internacional y un ataque a la soberanía europea. Pero la Unión Europea se somete a esta esclavitud y se hace así cómplice del régimen de sanciones estadounidense.

En noviembre del año pasado la Asamblea General de la ONU condenó por abrumadora mayoría el bloqueo estadounidense contra Cuba por trigésimo año consecutivo. Votaron a favor 185 países, el único país que junto con Estados Unidos se negó a condenar el bloqueo fue … Israel.

Por ello es interesante examinar ese país y su relación con Estados Unidos.

Una de las campañas militares más destructivas de la historia Mientras Cuba lleva más de 60 años en el punto de mira de Estados Unidos y sufre el bloqueo económico más prolongado de la historia, el Estado judío puede permitirse casi cualquier cosa.

Según los expertos, la campaña militar en Gaza es «una de las más mortíferas y destructivas de la historia reciente». Se mata a civiles y se arrasan barrios enteros a una escala que se podría calificar de industrial y se hace con la ayuda de tecnología punta, incluida la inteligencia artificial.

En poco más de cuatro meses han muerto más niños en Gaza que en cuatro años de guerras en todo el mundo. Cifras similar se contabilizan respecto a la cantidad de periodistas asesinados.

Además de estos destructivos “bombardeos de saturación”, Israel está matando deliberadamente de hambre a la población civil palestina, según un alto experto de la ONU. Oficialmente, el objetivo es -eliminar a Hamás. Pero la ferocidad y la crueldad de la operación delatan que se trata de una excusa para hacer inhabitable la zona y deportar completamente a la población.

Sin la resistencia egipcia y la presión internacional la población de la franja de Gaza podría haber sido expulsada al desierto del Sinaí.

En enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictaminó que, en cualquier caso, existen pruebas suficientes para investigar a Israel por cargos de genocidio. Para Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios ocupados, «se ha cruzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio».

Racismo y militarismo

Esta matanza masiva no es un exceso, sino el vástago y tal vez la culminación del antiguo sueño sionista de gobernar la región desde «el mar hasta el Jordán», como figura en los estatutos del partido de Netanyahu. Este sueño sionista solo puede realizarse sobre la base del racismo y el militarismo.



Con razón, Israel ha sido calificado como «el Estado más racista del mundo». La creación del Estado judío en 1948 vino acompañada de una matanza masiva y una limpieza étnica de aproximadamente la mitad de la población palestina. A partir de entonces, el Estado israelí se esforzó por tener el menor número posible de personas palestinas en el mayor territorio anexionado posible.

Con la Guerra de los Seis Días de 1967 Israel cuadruplicó su territorio y a partir de entonces comenzó la colonización activa de Cisjordania, donde la población palestina sufren humillaciones, vejaciones y privaciones. Miles de personas palestinas, incluidos niños, han sido secuestradas y recluidas durante años sin juicio en las cárceles de Israel.

Pero eso no es nada comparado con Gaza. Su población está sometida ahí a un bloqueo total desde 2007. La franja de Gaza se convirtió nada más ni nada menos que en un campo de concentración. No en vano Amnistía Internacional calificó a Israel de un Estado de apartheid.

Israel también es probablemente el Estado más militarista del mundo. Después de Qatar, Israel es el país que más gasta per cápita en producción bélica. La sociedad civil está completamente impregnada de soldados e instalaciones militares. Con el servicio militar completo para todos los hombres y mujeres, y el servicio de reserva para toda la población judía hasta que cumplen 40 años, las y los judíos israelíes alternan constantemente entre el papel de civil y el de soldado, y la línea divisoria entre ambos se va borrando.

La industria militar es una de las más avanzadas del mundo. Su éxito se basa en dos cosas. En primer lugar, en el servicio militar obligatorio,que selecciona a las mejores mentes científicas y tecnológicas para las unidades de investigación y desarrollo de defensa.

En segundo lugar, en la política de colonización y las guerras militares regulares contra Gaza. La población palestina es un campo de entrenamiento excelente para la industria de la seguridad. Se prueban con ella los últimos artilugios de seguridad o las técnicas de ataque más recientes. En otras palabras, es armamento ‘probado en combate’. Las guerras en Gaza son excelentes ‘ejercicios prácticos’ para las últimas armas y drones del complejo militar industrial israelí.

Israel cuenta en la actualidad con unas 600 empresas que exportan tecnologías y servicios de seguridad. Anualmente exportan armas por más de 12.000 millones de dólares (lo que equivale al 2,6% del PIB). El historial de esas entregas de armas hiela la sangre.

Israel vendió armas al gobierno sudafricano del apartheid en 1975 e incluso accedió a suministrar cabezas nucleares. Se suministró napalm y otras armas a El Salvador durante las guerras contra la insurgencia entre 1980-1992, que mataron a más de 75.000 civiles (de una población de 5 millones).

Durante el genocidio de Ruanda en el que murieron al menos 800.000 personas, se utilizaron balas, rifles y granadas israelíes. Y en septiembre de 2023 Israel entregó drones, cohetes y morteros a Azerbaiyán para su campaña para retomar Nagorno-Karabaj y desplazar a 100.000 armenios.

No es solo una cuestión de exportación de armas. Desde sus inicios Israel ha apoyado a toda una serie de regímenes de derecha y dictaduras militares. El ejército israelí puso su experiencia y conocimientos acumulados a disposición de los regímenes más brutales de la época: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La participación más sangrienta se produjo en Guatemala. Israel participó entre bastidores en una de las campañas contrarrevolucionarias más violentas que ha vivido el hemisferio occidental desde la conquista. Más de 200.000 personas, en su mayoría indias, murieron en el proceso.

Durante la guerra civil en Siria Israel colaboró con combatientes yihadistas tanto de Al Qaeda como del EI. Entre otras cosas, podían contar con tratamiento médico en Israel.

¿Por qué amigos tan íntimos?

Basándose en todo ese desprestigio, cabría esperar que Estados Unidos y Occidente trataran a ese país como un Estado paria. Pero en realidad hace todo lo contrario. Desde su creación Israel ha sido el mayor receptor de ayuda exterior estadounidense. En total ha recibido unos 300.000 millones de dólares en ayuda económica y militar.

En 1989 Estados Unidos concedió a Israel el estatus de ‘principal aliado no perteneciente a la OTAN’, lo que le dio acceso a amplios sistemas de armamento. Israel fue el primer país en recibir aviones de combate F-35 de fabricación estadounidense, los más avanzados del mundo. Estados Unidos también ayudó a financiar y producir la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa antimisiles de Israel.

En cualquier caso, el apoyo extremadamente generoso de Washington ha convertido a Israel en la potencia militar más fuerte de la región, sin duda alguna. Ni siquiera el genocidio y un crimen de guerra tras otro detienen la llegada de dinero. Por el contrario, tras la guerra contra Gaza la Casa Blanca aprobó un paquete de ayuda masiva por valor de 14,5 mil millones de dólares.

Si Estados Unidos ejerce algún tipo de presión política sobre Israel, por ejemplo para que permita más ayuda humanitaria, es solo por motivos puramente electorales de Biden y para salvar la cara en la medida de lo posible ante la opinión pública mundial.

Los lazos con Europa también son sólidos. Israel tiene un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, que también es su mayor socio comercial. La colaboración científica es intensa. “Horizonte Europa” es el principal programa de financiación de la Unión Europea para investigación e innovación en Israel, con un presupuesto de 95.500 millones de euros para un periodo de siete años.

Después de todo, Europa también es un importante suministrador de armas a Israel. Casi una cuarta parte de todas las armas importadas por el Estado judío proceden de Alemania e Italia. Tras la guerra de Suez de 1956 Francia proporcionó asistencia nuclear a Israel, lo que le permitió convertirse en una potencia nuclear.

Tras el asesinato de 224 trabajadores humanitarios, al menos 93 periodistas, más de 13.000 niños de y 8.400 mujeres, y la inanición de más de dos millones de civiles, sigue ausente algún tipo de señal de sanciones por parte de Europa. ¿Qué otras atrocidades tendrá que cometer Israel para que Europa tome medidas?

Mucho ruido y pocas nueces desde Europa. Siguen saliendo armas desde los puertos europeos hacia Israel y el Estado sionista puede participar en el festival Eurovisión sin problema alguno.

Se plantea entonces la cuestión de por qué Estados Unidos y Occidente continúan apoyando incondicionalmente un régimen terrorista. La razón principal no hay que buscarla muy lejos y tiene que ver con la ubicación altamente estratégica del Estado judío. Israel está situado en Oriente Medio, región donde se encuentra el 48% de las reservas de petróleo de y el 40% de las de gas.

Esta región también conecta Europa con Asia y es crucial para el comercio internacional. Alrededor del 30% de todos los contenedores marítimos del mundo pasan por el cercano Canal de Suez. La región también es crucial para las Nuevas Rutas de la Seda de China o su homólogo, el llamado corredor económico India-Medio Oriente Europa (IMEC).

Se puede considerar a Israel una base militar avanzada de Estados Unidos dotada de un socio muy fiable, que ayuda a mantener bajo control esta región tan estratégica. Recientemente, Robert F. Kennedy Jr., sobrino del Presidente John F. Kennedy, lo expresó con agudeza : «Israel […] es casi como tener un portaaviones en Oriente Medio».

Israel hace de policía de la región. Desde su creación Israel ha librado con éxito varias guerras contra los Estados árabes vecinos. El ejército israelí realiza regularmente incursiones o ataques contra países o grupos no afines a Occidente: Siria, Irak, Líbano e Irán.

En el pasado Washington podía confiar en otros tres aliados (Irán, Arabia Saudí y Turquía) para su agenda geopolítico en la región. Desde 1979 ha perdido el apoyo de Irán, y en los últimos años Arabia Saudí y también Turquía han seguido una trayectoria cada vez más independiente. Esto deja a Israel como el único e insustituible aliado que queda en esta región fundamental. Hay que recordar que Israel es también el único país que tiene armas nucleares en Oriente Medio. Eso explica por qué el Estado judío puede permitirse casi cualquier cosa y actuar con casi total impunidad.

Farsa

Si hemos de creer a los líderes occidentales, sus políticas se basan en valores y buenas intenciones. En sus propias palabras, Biden basa sus relaciones exteriores en «defender los derechos universales, respetar el estado de derecho y tratar a todos con dignidad». El Tratado de la Unión Europea afirma que la Unión se basa en valores como «el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos».

A la luz de cómo tratan Estados Unidos y Europa a Israel y Cuba, esto es una farsa. El llamado ‘orden internacional basado en normas’ es una cortina de humo para ocultar la realidad: puros intereses económicos y geoestratégicos.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, no se anda con rodeos: «La desgarradora tragedia que sigue ocurriendo en Gaza ha puesto de manifiesto la naturaleza egoísta del tan estimado y cacareado orden basado en normas».

El tratamiento tan diferente de Cuba e Israel ilustra la quiebra moral del orden occidental, un orden que cada vez se toma menos en serio en el Sur global. Las relaciones Norte-Sur se están inclinando, no sólo económicamente, sino también ideológicamente. Comienza una nueva era.

Fuentes:

Why does the US support Israel?

US sends Israel 100+ weapons shipments. Most Americans oppose it – but Biden ignores them

Nota: (1) Financial Times, 25 de febrero de 2021, p. 1.

Artículo original: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/04/05/waarom-israel-niet-en-cuba-wel-keihard-gestraft-wordt/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la traducción.

https://rebelion.org/por-que-no-se-castiga-a-israel-y-si-a-cuba/

Comunicado del Instituto para la Prevención de Genocidio. «La retirada de fondos a UNRWA es un castigo colectivo contra los palestinos

>La retirada de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por varios países sigue generando preocupación y reacciones en el ámbito de los derechos humanos. La decisión, impulsada por Estados Unidos y seguida por otras naciones aliadas, fue anunciada el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia establecía que hay “pruebas plausibles” para investigar a Israel por genocidio en Gaza y ordenaba medidas cautelares al Gobierno de Netanyahu, que debe cumplir en el plazo de un mes. Han pasado dos semanas desde entonces. El Ejército israelí no ha detenido sus ataques sobre Gaza, ha asediado hospitales, bombardeado viviendas y edificios públicos, matado a otros mil palestinos y mantenido un contexto que facilita el hambre y las enfermedades. A ello se suma la suspensión de la financiación a la UNRWA por parte de dieciocho países, lo que supone más del 60% del presupuesto de la principal agencia de la ONU en Gaza, que facilita alimentación, educación y refugio. Su comisionado general, Philippe Lazzarini, ha advertido de que esta retirada de fondos puede llevarla “a un riesgo de colapso”.Este jueves el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha denunciado que Israel está destruyendo “todos los edificios en Gaza dentro del radio de un kilómetro de la valla” que separa este territorio de Israel. “La destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidades militares, y ejecutada de forma ilegal y sin motivo, constituye una grave violación de la Convención de Ginebra y un crimen de guerra”, ha añadido.
"Retirar los fondos a UNRWA funciona como eje para que se propaguen los actos genocidas contra los palestinos" Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio

El comunicado
En este contexto se enmarca el contundente comunicado emitido por el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, que lleva el nombre del abogado judío polaco Raphael Lemkin, padre del término y concepto de genocidio. En él se advierte de que la retirada de fondos a la UNRWA viola en sí misma el fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia y opera en sentido contrario a las medidas cautelares emitidas por este tribunal.

Además, señala que “la amenaza” de suspender dicha financiación supone “una grave escalada”, facilita “que se propaguen actos genocidas” en Gaza y “sugiere la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo palestino, mediante la destrucción de la balsa salvavidas proporcionada por la UNRWA”.

Algunos de los párrafos del comunicado son especialmente duros, como este: “[Esta retirada de fondos] representa un giro por parte de varios países desde una posible complicidad en genocidio hasta la participación directa en una hambruna diseñada. Es un ataque a lo que queda de seguridad personal, libertad, salud y dignidad en Palestina”.

"Nos preocupa que esta acción sea una represalia contra las medidas ordenadas por la Corte Internacional a Israel" 

Una represalia
Los letrados, los expertos en genocidio y en derecho internacional que integran esta organización se unen de este modo a lo que consideran “un creciente consenso de profesionales del derecho internacional y estudiosos del genocidio” que señalan que “esta acción equivale a una mayor participación en el genocidio en curso de palestinos en Gaza”.

“Nos preocupa que esta acción, programada de tal modo, sea una represalia contra la orden de medidas preventivas a Israel adoptada por la Corte Internacional de Justicia”, advierten.

Del mismo modo se ha pronunciado el abogado y director de Human Rights Watch hasta 2022, Keneth Roth, quien señala que “parte de la vendetta de Netanyahu contra la UNRWA puede deberse a que la Corte Internacional de Justicia citó extensamente a su jefe en su fallo, en el que estableció que es creíble que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza”.

 
"Nos preocupa que esta acción sea una represalia contra las medidas ordenadas por la Corte Internacional a Israel"

La misma denuncia desde otras voces
En el mismo sentido que el Instituto Lemkin, el abogado y profesor de derecho internacional Francis Boyle –el primero que ganó un caso de protección por genocidio (Bosnia)– ha denunciado que la ayuda militar a Israel puede constituir complicidad en genocidio y que la retirada de fondos a la UNRWA añade una “violación directa del artículo 2(c) de la Convención de Genocidio: ‘Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial’”.

La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, también ha indicado que esta retirada de fondos a la UNRWA supone un castigo colectivo y una probable violación de la Convención sobre Genocidio. Una posición similar defiende el profesor Alonso Gurmendi Dunkelberg, experto en derecho internacional de la Universidad de Oxford, quien considera que las amenazas a la financiación se han convertido en parte del crucial “debate de intenciones” con respecto a la aplicación de la Convención sobre Genocidio en las políticas de Israel en Gaza.

Otra voz en la misma línea es la de Christopher Gunness, portavoz de UNRWA entre 2007 y 2019, quien advierte que esta retirada de fondos constituye “una violación de la ley internacional, de las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia y de la Convención sobre Genocidio; será devastador para Gaza”.

"Sky News y Channel 4 han comprobado que el informe israelí contiene acusaciones pero no pruebas contra esos trabajadores de UNRWA"

La acusación, la reacción y la investigación
Las naciones que han retirado su financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos son Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Rumania, Suiza y Reino Unido. Justifican su decisión en base a las acusaciones presentadas por el Gobierno de Netanyahu, que afirma que doce trabajadores de UNRWA –de los 30.000 con los que cuenta, 13.000 de ellos en Gaza– habrían participado en los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Hasta la fecha, las presuntas pruebas de esas acusaciones no se han hecho públicas. Tampoco los medios de comunicación han tenido acceso a ellas. Las cadenas británicas Sky News y Channel 4, así como el diario Financial Times, sí han conseguido obtener en exclusiva el informe israelí que contiene las acusaciones. Sky News señala que dicho informe no contiene pruebas y que varias de las acusaciones ni siquiera vinculan a la UNRWA. Del mismo modo ha informado Channel 4.

El periódico Financial Times ha señalado que “la evaluación de inteligencia, a la que ha tenido acceso el Financial Times, no proporciona ninguna prueba que respalde las afirmaciones”. Lindsey Hilsum, editora de Channel 4 News International, ha formulado públicamente la siguiente pregunta: “¿Por qué los donantes, incluido Reino Unido, retiraron la financiación tras acusaciones tan endebles y no probadas antes de una investigación?”.

"La evaluación de inteligencia, a la que hemos tenido acceso, no proporciona ninguna prueba que respalde las afirmaciones"

Financial Times

A pesar de no tener acceso a las presuntas pruebas, UNRWA reaccionó de forma inmediata y despidió a nueve de estos doce trabajadores. De los tres restantes, dos están muertos y un tercero no ha podido ser identificado aún. Además, Naciones Unidas ha encargado una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos.

La directora de comunicación de UNRWA, Juliette Touma, ha explicado que en mayo, como cada año, la agencia entregó a Israel un listado con los nombres de todo el equipo de empleados, para que los servicios de inteligencia los supervisara. El Gobierno israelí no ofreció respuesta ni puso objeción alguna.

Sobre las consecuencias de la retirada de fondos, ha confesado que “no esperábamos la suspensión por parte de tantos donantes. Solo en las primeras 24 horas se retiraron nueve países, en medio de la guerra. Si esto no se revierte, a finales de febrero o principios de marzo tendremos que suspender el trabajo”.

Varios países que han anunciado su retirada de fondos admiten que no han tenido acceso a “todos los hechos”. “¿Cuán irresponsable puede ser el Gobierno australiano?”, se preguntaba este jueves el abogado Keneth Roth. “Suspendió la financiación de la UNRWA, acelerando la hambruna de los civiles palestinos, aunque ‘no tenía todos los hechos’. Sí sabía que la UNRWA inmediatamente despidió e investigó a los presuntos infractores”.

Refugiados palestinos en Rafah. El hambre está siendo usada como arma de guerra, denuncian varias organizaciones, como Human Rights Watch. Mohammed Zaanoun/MEI/AFP via Getty Images

"Si esto no se revierte, a finales de febrero o principios de marzo tendremos que suspender el trabajo"

UNRWA

La celeridad de EEUU –y de otros países– para retirar los fondos a la principal agencia de la ONU en Gaza contrasta con su negativa a paralizar su financiación militar al Ejército israelí y su apoyo diplomático al Gobierno ultraderechista de Netanyahu, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, y de que ésta haya establecido que existen pruebas verosímiles de genocidio en curso en Gaza.

El Instituto Lemkin lamenta que, lejos de empujar a Israel para que cumpla, parte de la comunidad internacional occidental esté operando en sentido contrario. La correlación de fuerzas en el escenario global sigue dificultando la defensa de los derechos de los palestinos e, incluso, en algunos espacios la estigmatiza y criminaliza.

Juristas, expertos en genocidio, organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria, así como algunos Estados –encabezados por Sudáfrica–, buscan caminos y vericuetos posibles para salvar vidas y prevenir más matanza en Gaza, cuando ya hay más de 27.000 palestinos muertos, 69.000 heridos, miles de desaparecidos y más de un millón y medio de desplazados, según datos de la ONU.

"El Instituto Lemkin denuncia que Israel tortura a presos palestinos, 'un método que produce información poco fiable'"


El hambre como arma de guerra
Uno de los puntos más desarrollados por el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio incide en el peligro de perpetuar y empeorar el contexto de hambruna que sufre Gaza.

“Más allá de las muertes por bombardeos, disparos de francotiradores, guerra química y armamento autónomo, el hambre domina la Franja de Gaza. Esto no es único: convertir el hambre en un arma está previsto específicamente por la Convención sobre Genocidio como método e indicador del crimen de genocidio”.

En sólo tres meses el deterioro en Gaza se ha multiplicado hasta tal punto que actualmente el 80% de la población mundial en riesgo de muerte por hambre se encuentra en la Franja. El economista jefe del Programa Mundial de Alimento de Naciones Unidas ha señalado que “nunca en mi vida había visto algo así en términos de gravedad, escala y velocidad”, y el experto en derecho internacional de la Universidad de Tel Aviv, Aeyel Gross, ha advertido de que la UNRWA debe ser “apoyada” y no “desfinanciada”.

Varias organizaciones, como Human Rights Watch, también alertan de que el hambre se está usando como arma de guerra en Gaza. Sobre ello, el Instituto Lemkin denuncia que “durante un período de hambruna, implementar una cancelación permanente o una pausa en la financiación pone a los Estados con fondos previamente comprometidos en una situación potencial de violación de la Convención sobre Genocidio”.

En su comunicado menciona pronunciamientos similares, como los de Noruega, que ha indicado que continuará proporcionando fondos a la agencia de la ONU en Gaza con el fin de “salvar vidas y salvaguardar las necesidades básicas y derechos; la UNRWA es la columna vertebral de los esfuerzos humanitarios en Gaza”. España se ha posicionado del mismo modo, manteniendo e incluso incrementando su financiación.

También dedica unas líneas a los medios de comunicación, lamentando que muchos no hayan “reaccionado con alarma a estas amenazas” de retirar los fondos, e insta “a periodistas y editores a que informen de forma sólida de las dimensiones humanitarias y legales que supone esta retención de ayuda humanitaria a los palestinos”.

Reparto de ayuda humanitaria en Gaza por la UNRWA. Abdel Rahim Khatib/Anadolu/Getty Images

"En dos semanas expira el plazo planteado por la Corte Internacional de Justicia para que Israel muestre que cumple"

La tortura
Hace unas semanas la antigua funcionaria del Ministerio de Exteriores israelí, Noga Arbell, instó al Gobierno de Netanyahu a tomar medidas para debilitar a la UNRWA, afirmando que “será imposible ganar la guerra si no destruimos la UNRWA, y esta destrucción debe comenzar de inmediato”. Poco antes, en el mes de diciembre, la prensa israelí se había hecho eco de un plan del Ejecutivo de Tel Aviv para deshacerse de la agencia de la ONU, cuya primera fase consistiría, precisamente, en vincularla con Hamás.

“Poco después de los comentarios de Arbell, la Agencia de Seguridad de Israel (el Shin Bet) anunció sus acusaciones contra el personal de la UNRWA”, relata el Instituto Lemkin. Según medios de comunicación israelíes, tales afirmaciones se basaron en gran parte en confesiones extraídas a través de interrogatorios a prisioneros palestinos.

El Instituto para la Prevención del Genocidio recuerda que “Israel tortura habitualmente a los presos palestinos, un método que se ha demostrado que produce información falsa y poco confiable. Tras los ataques del 7 de octubre, de hecho, el Gobierno israelí adoptó y renovó varias medidas para legalizar una política de internamiento e institucionalizar la tortura a los detenidos. (…) Antes de estas medidas, el Shin Bet era conocido incluso dentro de Israel por buscar confesiones falsas bajo tortura”.

"Tomar medidas contra la UNRWA en su conjunto intensifica las acciones contra los refugiados palestinos". 

Instituto para la Prevención del Genocidio

Asimismo, solicita que “los Estados que han optado por suspender la financiación a la UNRWA comprendan las condiciones de interrogatorio en Israel. Según el derecho internacional, las confesiones obtenidas mediante tortura no pueden contarse como pruebas”.

Por lo demás, hace también referencia a la credibilidad de las acusaciones, recordando el informe Brom, elaborado en su día para el Centro Jaffee de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv. En él, el general de brigada israelí Shlomo Brom concluyó que “los organismos gubernamentales manipularon falsamente información de inteligencia para obtener apoyo” para impulsar la invasión de Irak, debido a “las relaciones entre la Inteligencia [israelí] y los altos responsables de la toma de decisiones”.

El informe Brom mostró que cuando se preparaba la invasión de Irak se presentó una “evaluación exagerada”, “impulsada por una imagen de inteligencia que fue manipulada”. El Instituto Lemkin advierte del peligro de una dinámica similar en la actualidad. “Una prisa por emitir juicios, en lugar de una confianza en el protocolo y en una investigación metódica, puede resultar en un error con consecuencias letales”, alerta.

Por último, resalta que “Israel ha violado sistemáticamente la seguridad y la santidad del estatuto de refugiado en la región. Tomar medidas contra la UNRWA en su conjunto representa una intensificación de las acciones contra los refugiados palestinos”.

Quedan dos semanas para que se cumpla el plazo otorgado por la Corte Internacional de Justicia a Israel. El Gobierno de Netanyahu tendrá entonces que mostrar que ha cumplido las medidas cautelares ordenadas por el máximo tribunal de la ONU. Éstas ordenan que Tel Aviv facilite la llegada a Gaza de toda la ayuda humanitaria necesaria y que adopte “todas las medidas a su alcance” para evitar “matar a miembros de un grupo”, causarles daños físicos o mentales e infligirles “deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.

En los circuitos defensores de la ley internacional y los derechos humanos se advierte de que las víctimas mortales y los heridos acumulados en estos últimos quince días en Gaza, la destrucción de más viviendas e infraestructuras y el desplazamiento forzado, junto con la retirada coordinada de fondos a UNRWA, no contribuyen a ejecutar los objetivos establecidos.

Fuente original: 

https://www.eldiario.es/internacional/instituto-prevencion-genocidio-retirada-fondos-unrwa-castigo-colectivo-palestinos_1_10900915.html

Tenemos que presionar al Gobierno de Biden para que ordene a Israel que detenga el genocidio.

El abogado de DD.HH. Francis Boyle analiza la importancia de que Sudáfrica, un país que vivió un régimen de apartheid, haya denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia

Sudáfrica ha presentado una demanda ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en la que acusa a Israel de cometer actos de genocidio en Gaza. “Creo que Sudáfrica logrará obtener una orden para que Israel cese y desista de cometer todos los actos de carácter genocida contra los palestinos”, dice Francis Boyle, un abogado internacional de derechos humanos que presentó con éxito ante la CIJ, en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, dos solicitudes de medidas provisionales de protección en nombre de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia. Boyle dice que Israel tiene un historial de escuchar las órdenes de Estados Unidos de detener sus asaltos a los territorios palestinos ocupados. “Aquí en Estados Unidos tenemos el poder de detener esto”.

Para ver la entrevista en inglés, haga clic aquí.

Transcripción
AMY GOODMAN: El número de muertos que han dejado los bombardeos israelíes en Gaza desde el ataque que Hamás realizó el 7 de octubre contra Israel ha superado los 22.000. Sudáfrica ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la ciudad de La Haya, en la que acusa a Israel de genocidio y de buscar “destruir a los palestinos de Gaza”. Esto se produce al tiempo que otro tribunal, la Corte Penal Internacional, está investigando presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por Hamás.

En los documentos presentados ante la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, Sudáfrica alega que “los actos y omisiones de Israel denunciados por Sudáfrica son de carácter genocida, porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”. Sudáfrica acusó a Israel de violar la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la cual Israel ha firmado.

Israel dijo en respuesta que la acusación presentada “no tiene fundamento legal”. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó a Sudáfrica de “colaborar con un grupo terrorista que busca la aniquilación de Israel”.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha comparado el trato de Israel a los palestinos en los territorios ocupados con el sistema racista de apartheid en su propio país, al cual se puso fin en 1994 después de casi medio siglo. En noviembre, Ramaphosa respondió al asalto de Israel sobre Gaza retirando a los diplomáticos sudafricanos de Israel.

PRESIDENTE CYRIL RAMAPHOSA: El castigo colectivo contra civiles palestinos mediante el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel constituye un crimen de guerra. La negación deliberada de medicamentos, combustible, alimentos y agua a los habitantes de Gaza equivale a un genocidio.

AMY GOODMAN: Por otro lado, en octubre, el legislador sudafricano y nieto de Nelson Mandela, Nkosi Mandela, se unió a una manifestación en solidaridad con Palestina en Ciudad del Cabo.

NKOSI ZWELIVELILE MANDELA: Los palestinos cuentan con que todos y cada uno de nosotros nos pongamos de pie y alcemos nuestra voz. Ellos estuvieron junto a nosotros codo a codo cuando luchábamos por la liberación de nuestro país

AMY GOODMAN: Para más información, nos acompaña Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. Boyle presentó con éxito, en nombre de Bosnia y en virtud de la Convención sobre el Genocidio, dos solicitudes de medidas provisionales de protección ante la CIJ contra Yugoslavia. Él piensa que lo mismo podría aplicarse en este contexto. Sus libros incluyen “The Bosnian People Charge Genocide” (El pueblo de Bosnia presenta cargos de genocidio), “Palestine, Palestinians, and International Law” (Palestina, palestinos, y el derecho internacional), y “World Politics, Human Rights, and International Law” (Política mundial, derechos humanos, y derecho internacional).

Profesor Boyle, bienvenido de nuevo a Democracy Now! Nos complace tenerle con nosotros en este nuevo año, aunque en circunstancias muy graves. ¿Puede explicar por qué Sudáfrica es el país que está presentando estos cargos y qué es exactamente la Corte Internacional de Justicia, cómo encaja en el sistema de justicia mundial? Hable sobre la acusación de genocidio.

FRANCIS BOYLE: Bueno, muchas gracias por invitarme, Amy. Saludos cordiales a su audiencia.

No es mi intención alardear, pero yo fui el primer abogado que ganó algo en virtud de la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyos orígenes se remontan a 1921. Pude obtener por mi propia cuenta dos órdenes de la Corte Internacional a favor de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia para que ésta cesara y desistiera de cometer todos los actos de carácter genocida.

Y, de acuerdo con mi cuidadosa revisión de todos los documentos presentados hasta ahora por la República de Sudáfrica, creo que Sudáfrica logrará obtener una orden para que Israel cese y desista de cometer todos los actos de carácter genocida contra el pueblo palestino. Y luego tendremos una determinación oficial por parte de la misma Corte Internacional de Justicia, la máxima autoridad legal en el sistema de las Naciones Unidas, de que se está cometiendo un genocidio. Y, en virtud del Artículo I de la Convención sobre el Genocidio, todas las Partes contratantes, 153 Estados, estarán entonces obligadas “a prevenir” el genocidio por parte de Israel contra los palestinos.

En segundo lugar, cuando la Corte Mundial emita esta orden de cese y desistimiento contra Israel, el Gobierno de Biden deberá ser condenado en virtud del artículo III, párrafo (e), de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica como delito la complicidad en el genocidio. Y claramente sabemos que el Gobierno de Biden ha instigado y ha sido cómplice de los actos de genocidio por parte de Israel contra los palestinos por mucho tiempo. Esto también ha sido planteado por mis colegas en el Centro para los Derechos Constitucionales y en el Gremio Nacional de Abogados en una demanda contra Biden, Blinken y Austin.

Por lo tanto, creo que podremos usar la orden de la Corte Mundial. En este momento mis fuentes me dicen que la audiencia tendrá lugar el 11 y el 12 de enero. Según mi experiencia con los bosnios, podría haber una orden en el transcurso de una semana tras las audiencias.

Con respecto al Gobierno de Biden, también diría que actualmente está violando la Ley de Implementación de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica el genocidio como un delito bajo la ley federal de Estados Unidos. Y, de nuevo, una vez que Sudáfrica obtenga esta orden, el Gobierno de Biden también será acusado de violar la Ley de Implementación de la Convención sobre el Genocidio.

Creo que esta es la dirección en la que nos encaminamos desde hoy hasta, yo diría, finales de este mes. Y depende de todos nosotros, como ciudadanos estadounidenses, entender y apoyar lo que Sudáfrica está haciendo ante la Corte Internacional de Justicia.

JUAN GONZÁLEZ: Francis Boyle, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que ya está considerando las acusaciones de crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por grupos armados palestinos?

FRANCIS BOYLE: Sí, Juan. La Corte Internacional de Justicia tiene sus orígenes en 1921, cuando su predecesor se estableció legalmente. Y fue en ella donde presenté el caso de genocidio. Fui el primer abogado en obtener dos órdenes en un caso de genocidio desde la fundación de la Corte Mundial en 1921, y fue sobre la base de la Convención sobre el Genocidio. La Corte Penal Internacional es una organización internacional separada, establecida en el año 2000.

El problema, Juan, es el siguiente: en 2009, después de la Operación Plomo Fundido, yo le sugerí al presidente palestino, Mahmoud Abbas, que aceptara la jurisdicción de la Corte Internacional… de la Corte Penal Internacional en Palestina, lo cual hizo. Y lamento informar que la Corte Penal Internacional no ha hecho una condenada cosa para ayudar a los palestinos desde 2009. La Corte Penal Internacional tiene toda la sangre del pueblo palestino en sus manos desde 2009. Y, Juan, por eso iniciamos una campaña para encontrar un Estado dispuesto a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Mundial.

La Corte Penal Internacional opera básicamente a instancias de sus financiadores, fundadores y amos, que son Estados Unidos, los Estados de la OTAN, los Estados europeos, etc. Antes de la rápida acusación contra el presidente Putin, en el marco de la guerra legal de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, la Corte Penal Internacional no había acusado a ningún estadounidense, o un europeo, o un británico, o un ciudadano de un Estado de la OTAN, o un israelí, o una persona blanca.

Así que estamos organizando una campaña ahora para apoyar a la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Damos inicio hoy a esta campaña. Yo formo parte de una coalición con la cual empezamos esta campaña para buscar que las partes contratantes de la Convención sobre el Genocidio presenten declaraciones de intervención ante la Corte Mundial en apoyo y solidaridad con Sudáfrica contra Israel y en apoyo a los palestinos. Esperamos que ese material se presente hoy.

JUAN GONZÁLEZ: Francis, quería preguntarle sobre Joan Donoghue, quien preside actualmente la Corte Internacional de Justicia. Ella trabajó anteriormente en el Departamento de Estado de Estados Unidos ¿Cómo cree que abordará la solicitud presentada por Sudáfrica? ¿Qué poder tiene para dictar cómo se realizan los procedimientos?

FRANCIS BOYLE: Esa es una buena pregunta, Juan. Sí, durante mucho tiempo, Donoghue hizo carrera como una burócrata del aparato legal del Departamento de Estado de Estados Unidos Y así fue como llegó a su cargo actual. Y estoy seguro de que ella está en contacto en este momento con el Departamento de Estado de Estados Unidos, manteniéndolos al tanto de todo lo que pasa allí en La Haya tras bastidores. Ella se ceñirá a los lineamientos del Departamento de Estado en este proceso. Temo decir que la presidenta tiene mucho poder allí para dictar el curso del proceso. Y sospecho que usará ese poder para encaminar el proceso en favor de Israel.

Sin embargo, también me han informado que la República de Sudáfrica ha nominado en este momento a un juez “ad hoc”. Ese es su derecho en virtud del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Todavía no tengo un nombre, pero espero que el juez sudafricano ad hoc hará todo lo posible para tratar de mantener a Donoghue a raya.

AMY GOODMAN: Quiero hablar de nuevo sobre Sudáfrica, que ha presentado esta acusación de genocidio. En 2008, tuve la oportunidad de hablar con el ícono sudafricano en la lucha contra el apartheid, premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu. Pude entrevistarlo en la residencia del vicecónsul sudafricano en Nueva York, justo antes de que el arzobispo Tutu recibiera el premio Global Citizens Circle. Le pregunté sobre Palestina.

AMY GOODMAN: ¿Compararía la ocupación de Gaza y Cisjordania con el apartheid en Sudáfrica?

ARZOBISPO DESMOND TUTU: Tengo que hablar sobre lo que sé. Quiero decir, la mayoría de la gente… Un judío generalmente hablará sobre sus experiencias y tal vez comparará lo que sea que esté sucediendo con lo que sucedió en los días del Holocausto. Para mí, venir de Sudáfrica y pasar por… y ver los puntos de control y la arrogancia de esos jóvenes soldados, tal vez temerosos, tal vez escondiendo su aprensión, no veo por qué no habría de decir, y por supuesto, eso es una verdad, que me recuerda… me hace recordar el tipo de experiencias a las que fuimos sometidos.

AMY GOODMAN: Ese era el arzobispo Desmond Tutu. Francis Boyle, hable sobre la importancia de que sea Sudáfrica y lo que significa que un Estado presente una acusación contra otro Estado. ¿Quiénes son los firmantes aquí? ¿Y qué tan vinculante es esto? Explique lo que sucedió, por ejemplo, en Bosnia.

FRANCIS BOYLE: Claro. Bueno, primero, la conexión con el fallecido gran arzobispo Tutu, el equipo legal en la demanda que presentó Sudáfrica está encabezado por el profesor John Dugard, un viejo amigo mío. El profesor Dugard fue uno de los muy pocos valientes profesores blancos de derecho internacional que se opusieron internacionalmente al sistema criminal de apartheid en Sudáfrica, poniendo en riesgo su vida. En segundo lugar, más tarde, el profesor Dugard se convirtió en relator especial de la ONU para Palestina. Yo leí todos sus informes. Son excelentes. El corazón y la cabeza del profesor Dugard están en el lugar correcto con relación a los palestinos, y él es uno de los mejores profesores de derecho internacional en el mundo.

Entonces, hay una comparación directa entre el sistema de apartheid israelí que rige sobre todos los palestinos, incluidos los ciudadanos palestinos de Israel, y lo que sucedió en la Sudáfrica del apartheid. De hecho, el profesor Dugard ha escrito que el sistema israelí de apartheid contra el pueblo palestino es peor que el apartheid que los afrikáneres aplicaron a la población negra en Sudáfrica.

Yo estuve involucrado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y llegué a la misma conclusión. De hecho, esos paralelismos me llevaron, en noviembre de 2000, a hacer un llamado, en un discurso, para establecer una campaña de desinversión contra Israel, por las mismas razones que tuvimos una campaña de desinversión contra el régimen criminal de apartheid en Sudáfrica. Y luego, en 2005, la sociedad civil palestina me contactó para que me uniera a ellos en la implementación de la campaña por parte de Palestina de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, contra el apartheid de Israel, por la misma razón que tuvimos una campaña de BDS contra el régimen criminal de apartheid en Sudáfrica.

Así que Tutu, Dugard y yo, además de Ramaphosa y la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, quien ha dado discursos contundentes, todos entendemos lo que está pasando aquí y lo que está en juego.

AMY GOODMAN: Y el tema del genocidio en Bosnia, ¿puede explicarlo para quienes no están familiarizados con el caso? ¿Qué resultados produjeron las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia?

FRANCIS BOYLE: Sí. Bueno, Yugoslavia exterminó a unos 200.000 bosnios, violó a unas 40.000 mujeres bosnias. Yo los representé legalmente a todos ellos y argumenté su caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y gané estas dos órdenes el 8 de abril de 1993 y el 13 de septiembre de 1993. Antes de obtener esa orden del 8 de abril de 1993, todo el mundo negaba que estuviera ocurriendo un genocidio. Y una vez que gané dicha orden, en una victoria enorme y contundente a favor de los bosnios, ya nadie podía negar que se estaba llevando a cabo un genocidio.

En cuanto a la efectividad, cuando salí de la Corte Internacional de Justicia el 8 de abril de 1993, tras obtener esa orden, entré en el vestíbulo fuera de la gran sala del tribunal. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban allí. Y en ese momento dije: “La Corte Mundial acaba de determinar que se está llevando a cabo un genocidio en Bosnia y Herzegovina. En virtud del Artículo I, todos los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio tienen la obligación de prevenir el genocidio en Bosnia. Y de este modo me permito solicitar la intervención militar directa por parte de Estados Unidos y de los Estados de la OTAN para salvar a los bosnios del genocidio”. Más tarde ese día, Estados Unidos y la OTAN anunciaron que estaban estableciendo una zona de exclusión aérea, imponiendo una zona de exclusión aérea sobre Bosnia. Así que estas órdenes de la Corte Mundial pueden tener consecuencias.

Y dependerá de nosotros aquí en Estados Unidos concebir una estrategia en la que haya consecuencias para el Gobierno de Biden, porque tenemos que presionar al Gobierno de Biden para que ordene a Israel que detenga el genocidio. Ellos harán lo que los estadounidenses les digamos que hagan. Durante la Operación Plomo Fundido, que había estado en curso por un tiempo bajo la presidencia de Bush Jr., Obama y su equipo se aprestaban para llegar al poder. Obama estaba a punto de tomar posesión. Y para no estropear la ceremonia de investidura de Obama, el Gobierno de Estados Unidos le dijo a Israel que detuviera la Operación Plomo Fundido. Así que tenemos que entender que aquí en Estados Unidos de América tenemos el poder de detener esto. Pero tenemos que buscar la forma de poder usar la orden que Sudáfrica obtendrá y aplicarla aquí en Estados Unidos.

Esto es exactamente lo que sucedió en Nicaragua. Usted recordará, Amy, que yo estuve involucrado en el asesoramiento de casi todas las organizaciones y abogados pacifistas aquí en Estados Unidos sobre las cuestiones legales con respecto a la guerra de Reagan contra Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Mi maestro, mentor y amigo, el difunto y genial Abe Chayes de la Facultad de Derecho de Harvard, ganó una orden ante la Corte Mundial contra el Gobierno de Reagan en 1984, y luego también una sentencia de fondo en 1986. Nosotros aquí en Estados Unidos usamos esa orden de la Corte Mundial y la sentencia de fondo para detener la guerra de Reagan contra Nicaragua. Lamentablemente, 16.000…

AMY GOODMAN: Tenemos 20 segundos.

FRANCIS BOYLE: Lamentablemente, 16.000 nicaragüenses fueron asesinados, incluido el ciudadano estadounidense Ben Linder, pero pudimos poner fin a eso. Y creo que con esta orden de la Corte Mundial que Sudáfrica obtendrá, podremos detener lo que Israel está haciendo contra los palestinos.

AMY GOODMAN: Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. Sus libros incluyen “The Bosnian People Charge Genocide” (El pueblo de Bosnia presenta cargos de genocidio), “Palestine, Palestinians, and International Law” (Palestina, palestinos, y el derecho internacional), así como “World Politics, Human Rights, and International Law” (Política mundial, derechos humanos, y derecho internacional).

Traducido y editado por Iván Hincapié y Clara Ibarra.

Fuente: 

https://www.democracynow.org/es/2024/1/2/south_africa_israel_genocide_icj