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miércoles, 31 de enero de 2024

Entrevista al abogado de DD.HH. Francis Boyle «Tenemos que presionar al Gobierno de Biden para que ordene a Israel que detenga el genocidio»

 

Fuentes: Democracy Now!.


El abogado de DD.HH. Francis Boyle analiza la importancia de que Sudáfrica, un país que vivió un régimen de apartheid, haya denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia

Sudáfrica ha presentado una demanda ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en la que acusa a Israel de cometer actos de genocidio en Gaza. “Creo que Sudáfrica logrará obtener una orden para que Israel cese y desista de cometer todos los actos de carácter genocida contra los palestinos”, dice Francis Boyle, un abogado internacional de derechos humanos que presentó con éxito ante la CIJ, en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, dos solicitudes de medidas provisionales de protección en nombre de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia. Boyle dice que Israel tiene un historial de escuchar las órdenes de Estados Unidos de detener sus asaltos a los territorios palestinos ocupados. “Aquí en Estados Unidos tenemos el poder de detener esto”.

Transcripción
AMY GOODMAN: El número de muertos que han dejado los bombardeos israelíes en Gaza desde el ataque que Hamás realizó el 7 de octubre contra Israel ha superado los 22.000. Sudáfrica ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la ciudad de La Haya, en la que acusa a Israel de genocidio y de buscar “destruir a los palestinos de Gaza”. Esto se produce al tiempo que otro tribunal, la Corte Penal Internacional, está investigando presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por Hamás.

En los documentos presentados ante la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, Sudáfrica alega que “los actos y omisiones de Israel denunciados por Sudáfrica son de carácter genocida, porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”. Sudáfrica acusó a Israel de violar la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la cual Israel ha firmado.

Israel dijo en respuesta que la acusación presentada “no tiene fundamento legal”. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó a Sudáfrica de “colaborar con un grupo terrorista que busca la aniquilación de Israel”.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha comparado el trato de Israel a los palestinos en los territorios ocupados con el sistema racista de apartheid en su propio país, al cual se puso fin en 1994 después de casi medio siglo. En noviembre, Ramaphosa respondió al asalto de Israel sobre Gaza retirando a los diplomáticos sudafricanos de Israel.

PRESIDENTE CYRIL RAMAPHOSA: El castigo colectivo contra civiles palestinos mediante el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel constituye un crimen de guerra. La negación deliberada de medicamentos, combustible, alimentos y agua a los habitantes de Gaza equivale a un genocidio.

AMY GOODMAN: Por otro lado, en octubre, el legislador sudafricano y nieto de Nelson Mandela, Nkosi Mandela, se unió a una manifestación en solidaridad con Palestina en Ciudad del Cabo.

NKOSI ZWELIVELILE MANDELA: Los palestinos cuentan con que todos y cada uno de nosotros nos pongamos de pie y alcemos nuestra voz. Ellos estuvieron junto a nosotros codo a codo cuando luchábamos por la liberación de nuestro país

AMY GOODMAN: Para más información, nos acompaña Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. Boyle presentó con éxito, en nombre de Bosnia y en virtud de la Convención sobre el Genocidio, dos solicitudes de medidas provisionales de protección ante la CIJ contra Yugoslavia. Él piensa que lo mismo podría aplicarse en este contexto. Sus libros incluyen “The Bosnian People Charge Genocide” (El pueblo de Bosnia presenta cargos de genocidio), “Palestine, Palestinians, and International Law” (Palestina, palestinos, y el derecho internacional), y “World Politics, Human Rights, and International Law” (Política mundial, derechos humanos, y derecho internacional).

Profesor Boyle, bienvenido de nuevo a Democracy Now! Nos complace tenerle con nosotros en este nuevo año, aunque en circunstancias muy graves. ¿Puede explicar por qué Sudáfrica es el país que está presentando estos cargos y qué es exactamente la Corte Internacional de Justicia, cómo encaja en el sistema de justicia mundial? Hable sobre la acusación de genocidio.

FRANCIS BOYLE: Bueno, muchas gracias por invitarme, Amy. Saludos cordiales a su audiencia.

No es mi intención alardear, pero yo fui el primer abogado que ganó algo en virtud de la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyos orígenes se remontan a 1921. Pude obtener por mi propia cuenta dos órdenes de la Corte Internacional a favor de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia para que ésta cesara y desistiera de cometer todos los actos de carácter genocida.

Y, de acuerdo con mi cuidadosa revisión de todos los documentos presentados hasta ahora por la República de Sudáfrica, creo que Sudáfrica logrará obtener una orden para que Israel cese y desista de cometer todos los actos de carácter genocida contra el pueblo palestino. Y luego tendremos una determinación oficial por parte de la misma Corte Internacional de Justicia, la máxima autoridad legal en el sistema de las Naciones Unidas, de que se está cometiendo un genocidio. Y, en virtud del Artículo I de la Convención sobre el Genocidio, todas las Partes contratantes, 153 Estados, estarán entonces obligadas “a prevenir” el genocidio por parte de Israel contra los palestinos.

En segundo lugar, cuando la Corte Mundial emita esta orden de cese y desistimiento contra Israel, el Gobierno de Biden deberá ser condenado en virtud del artículo III, párrafo (e), de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica como delito la complicidad en el genocidio. Y claramente sabemos que el Gobierno de Biden ha instigado y ha sido cómplice de los actos de genocidio por parte de Israel contra los palestinos por mucho tiempo. Esto también ha sido planteado por mis colegas en el Centro para los Derechos Constitucionales y en el Gremio Nacional de Abogados en una demanda contra Biden, Blinken y Austin.

Por lo tanto, creo que podremos usar la orden de la Corte Mundial. En este momento mis fuentes me dicen que la audiencia tendrá lugar el 11 y el 12 de enero. Según mi experiencia con los bosnios, podría haber una orden en el transcurso de una semana tras las audiencias.

Con respecto al Gobierno de Biden, también diría que actualmente está violando la Ley de Implementación de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica el genocidio como un delito bajo la ley federal de Estados Unidos. Y, de nuevo, una vez que Sudáfrica obtenga esta orden, el Gobierno de Biden también será acusado de violar la Ley de Implementación de la Convención sobre el Genocidio.

Creo que esta es la dirección en la que nos encaminamos desde hoy hasta, yo diría, finales de este mes. Y depende de todos nosotros, como ciudadanos estadounidenses, entender y apoyar lo que Sudáfrica está haciendo ante la Corte Internacional de Justicia.

JUAN GONZÁLEZ: Francis Boyle, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que ya está considerando las acusaciones de crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por grupos armados palestinos?

FRANCIS BOYLE: Sí, Juan. La Corte Internacional de Justicia tiene sus orígenes en 1921, cuando su predecesor se estableció legalmente. Y fue en ella donde presenté el caso de genocidio. Fui el primer abogado en obtener dos órdenes en un caso de genocidio desde la fundación de la Corte Mundial en 1921, y fue sobre la base de la Convención sobre el Genocidio. La Corte Penal Internacional es una organización internacional separada, establecida en el año 2000.

El problema, Juan, es el siguiente: en 2009, después de la Operación Plomo Fundido, yo le sugerí al presidente palestino, Mahmoud Abbas, que aceptara la jurisdicción de la Corte Internacional… de la Corte Penal Internacional en Palestina, lo cual hizo. Y lamento informar que la Corte Penal Internacional no ha hecho una condenada cosa para ayudar a los palestinos desde 2009. La Corte Penal Internacional tiene toda la sangre del pueblo palestino en sus manos desde 2009. Y, Juan, por eso iniciamos una campaña para encontrar un Estado dispuesto a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Mundial.

La Corte Penal Internacional opera básicamente a instancias de sus financiadores, fundadores y amos, que son Estados Unidos, los Estados de la OTAN, los Estados europeos, etc. Antes de la rápida acusación contra el presidente Putin, en el marco de la guerra legal de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, la Corte Penal Internacional no había acusado a ningún estadounidense, o un europeo, o un británico, o un ciudadano de un Estado de la OTAN, o un israelí, o una persona blanca.

Así que estamos organizando una campaña ahora para apoyar a la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Damos inicio hoy a esta campaña. Yo formo parte de una coalición con la cual empezamos esta campaña para buscar que las partes contratantes de la Convención sobre el Genocidio presenten declaraciones de intervención ante la Corte Mundial en apoyo y solidaridad con Sudáfrica contra Israel y en apoyo a los palestinos. Esperamos que ese material se presente hoy.

JUAN GONZÁLEZ: Francis, quería preguntarle sobre Joan Donoghue, quien preside actualmente la Corte Internacional de Justicia. Ella trabajó anteriormente en el Departamento de Estado de Estados Unidos ¿Cómo cree que abordará la solicitud presentada por Sudáfrica? ¿Qué poder tiene para dictar cómo se realizan los procedimientos?

FRANCIS BOYLE: Esa es una buena pregunta, Juan. Sí, durante mucho tiempo, Donoghue hizo carrera como una burócrata del aparato legal del Departamento de Estado de Estados Unidos Y así fue como llegó a su cargo actual. Y estoy seguro de que ella está en contacto en este momento con el Departamento de Estado de Estados Unidos, manteniéndolos al tanto de todo lo que pasa allí en La Haya tras bastidores. Ella se ceñirá a los lineamientos del Departamento de Estado en este proceso. Temo decir que la presidenta tiene mucho poder allí para dictar el curso del proceso. Y sospecho que usará ese poder para encaminar el proceso en favor de Israel.

Sin embargo, también me han informado que la República de Sudáfrica ha nominado en este momento a un juez “ad hoc”. Ese es su derecho en virtud del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Todavía no tengo un nombre, pero espero que el juez sudafricano ad hoc hará todo lo posible para tratar de mantener a Donoghue a raya.

AMY GOODMAN: Quiero hablar de nuevo sobre Sudáfrica, que ha presentado esta acusación de genocidio. En 2008, tuve la oportunidad de hablar con el ícono sudafricano en la lucha contra el apartheid, premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu. Pude entrevistarlo en la residencia del vicecónsul sudafricano en Nueva York, justo antes de que el arzobispo Tutu recibiera el premio Global Citizens Circle. Le pregunté sobre Palestina.

AMY GOODMAN: ¿Compararía la ocupación de Gaza y Cisjordania con el apartheid en Sudáfrica?

ARZOBISPO DESMOND TUTU: Tengo que hablar sobre lo que sé. Quiero decir, la mayoría de la gente… Un judío generalmente hablará sobre sus experiencias y tal vez comparará lo que sea que esté sucediendo con lo que sucedió en los días del Holocausto. Para mí, venir de Sudáfrica y pasar por… y ver los puntos de control y la arrogancia de esos jóvenes soldados, tal vez temerosos, tal vez escondiendo su aprensión, no veo por qué no habría de decir, y por supuesto, eso es una verdad, que me recuerda… me hace recordar el tipo de experiencias a las que fuimos sometidos.

AMY GOODMAN: Ese era el arzobispo Desmond Tutu. Francis Boyle, hable sobre la importancia de que sea Sudáfrica y lo que significa que un Estado presente una acusación contra otro Estado. ¿Quiénes son los firmantes aquí? ¿Y qué tan vinculante es esto? Explique lo que sucedió, por ejemplo, en Bosnia.

FRANCIS BOYLE: Claro. Bueno, primero, la conexión con el fallecido gran arzobispo Tutu, el equipo legal en la demanda que presentó Sudáfrica está encabezado por el profesor John Dugard, un viejo amigo mío. El profesor Dugard fue uno de los muy pocos valientes profesores blancos de derecho internacional que se opusieron internacionalmente al sistema criminal de apartheid en Sudáfrica, poniendo en riesgo su vida. En segundo lugar, más tarde, el profesor Dugard se convirtió en relator especial de la ONU para Palestina. Yo leí todos sus informes. Son excelentes. El corazón y la cabeza del profesor Dugard están en el lugar correcto con relación a los palestinos, y él es uno de los mejores profesores de derecho internacional en el mundo.

Entonces, hay una comparación directa entre el sistema de apartheid israelí que rige sobre todos los palestinos, incluidos los ciudadanos palestinos de Israel, y lo que sucedió en la Sudáfrica del apartheid. De hecho, el profesor Dugard ha escrito que el sistema israelí de apartheid contra el pueblo palestino es peor que el apartheid que los afrikáneres aplicaron a la población negra en Sudáfrica.

Yo estuve involucrado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y llegué a la misma conclusión. De hecho, esos paralelismos me llevaron, en noviembre de 2000, a hacer un llamado, en un discurso, para establecer una campaña de desinversión contra Israel, por las mismas razones que tuvimos una campaña de desinversión contra el régimen criminal de apartheid en Sudáfrica. Y luego, en 2005, la sociedad civil palestina me contactó para que me uniera a ellos en la implementación de la campaña por parte de Palestina de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, contra el apartheid de Israel, por la misma razón que tuvimos una campaña de BDS contra el régimen criminal de apartheid en Sudáfrica.

Así que Tutu, Dugard y yo, además de Ramaphosa y la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, quien ha dado discursos contundentes, todos entendemos lo que está pasando aquí y lo que está en juego.

AMY GOODMAN: Y el tema del genocidio en Bosnia, ¿puede explicarlo para quienes no están familiarizados con el caso? ¿Qué resultados produjeron las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia?

FRANCIS BOYLE: Sí. Bueno, Yugoslavia exterminó a unos 200.000 bosnios, violó a unas 40.000 mujeres bosnias. Yo los representé legalmente a todos ellos y argumenté su caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y gané estas dos órdenes el 8 de abril de 1993 y el 13 de septiembre de 1993. Antes de obtener esa orden del 8 de abril de 1993, todo el mundo negaba que estuviera ocurriendo un genocidio. Y una vez que gané dicha orden, en una victoria enorme y contundente a favor de los bosnios, ya nadie podía negar que se estaba llevando a cabo un genocidio.

En cuanto a la efectividad, cuando salí de la Corte Internacional de Justicia el 8 de abril de 1993, tras obtener esa orden, entré en el vestíbulo fuera de la gran sala del tribunal. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban allí. Y en ese momento dije: “La Corte Mundial acaba de determinar que se está llevando a cabo un genocidio en Bosnia y Herzegovina. En virtud del Artículo I, todos los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio tienen la obligación de prevenir el genocidio en Bosnia. Y de este modo me permito solicitar la intervención militar directa por parte de Estados Unidos y de los Estados de la OTAN para salvar a los bosnios del genocidio”. Más tarde ese día, Estados Unidos y la OTAN anunciaron que estaban estableciendo una zona de exclusión aérea, imponiendo una zona de exclusión aérea sobre Bosnia. Así que estas órdenes de la Corte Mundial pueden tener consecuencias.

Y dependerá de nosotros aquí en Estados Unidos concebir una estrategia en la que haya consecuencias para el Gobierno de Biden, porque tenemos que presionar al Gobierno de Biden para que ordene a Israel que detenga el genocidio. Ellos harán lo que los estadounidenses les digamos que hagan. Durante la Operación Plomo Fundido, que había estado en curso por un tiempo bajo la presidencia de Bush Jr., Obama y su equipo se aprestaban para llegar al poder. Obama estaba a punto de tomar posesión. Y para no estropear la ceremonia de investidura de Obama, el Gobierno de Estados Unidos le dijo a Israel que detuviera la Operación Plomo Fundido. Así que tenemos que entender que aquí en Estados Unidos de América tenemos el poder de detener esto. Pero tenemos que buscar la forma de poder usar la orden que Sudáfrica obtendrá y aplicarla aquí en Estados Unidos.

Esto es exactamente lo que sucedió en Nicaragua. Usted recordará, Amy, que yo estuve involucrado en el asesoramiento de casi todas las organizaciones y abogados pacifistas aquí en Estados Unidos sobre las cuestiones legales con respecto a la guerra de Reagan contra Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Mi maestro, mentor y amigo, el difunto y genial Abe Chayes de la Facultad de Derecho de Harvard, ganó una orden ante la Corte Mundial contra el Gobierno de Reagan en 1984, y luego también una sentencia de fondo en 1986. Nosotros aquí en Estados Unidos usamos esa orden de la Corte Mundial y la sentencia de fondo para detener la guerra de Reagan contra Nicaragua. Lamentablemente, 16.000…

AMY GOODMAN: Tenemos 20 segundos.

FRANCIS BOYLE: Lamentablemente, 16.000 nicaragüenses fueron asesinados, incluido el ciudadano estadounidense Ben Linder, pero pudimos poner fin a eso. Y creo que con esta orden de la Corte Mundial que Sudáfrica obtendrá, podremos detener lo que Israel está haciendo contra los palestinos.

AMY GOODMAN: Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. Sus libros incluyen “The Bosnian People Charge Genocide” (El pueblo de Bosnia presenta cargos de genocidio), “Palestine, Palestinians, and International Law” (Palestina, palestinos, y el derecho internacional), así como “World Politics, Human Rights, and International Law” (Política mundial, derechos humanos, y derecho internacional).

Traducido y editado por Iván Hincapié y Clara Ibarra.

Fuente:

jueves, 25 de enero de 2024

Tenemos que presionar al Gobierno de Biden para que ordene a Israel que detenga el genocidio.

El abogado de DD.HH. Francis Boyle analiza la importancia de que Sudáfrica, un país que vivió un régimen de apartheid, haya denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia

Sudáfrica ha presentado una demanda ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en la que acusa a Israel de cometer actos de genocidio en Gaza. “Creo que Sudáfrica logrará obtener una orden para que Israel cese y desista de cometer todos los actos de carácter genocida contra los palestinos”, dice Francis Boyle, un abogado internacional de derechos humanos que presentó con éxito ante la CIJ, en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, dos solicitudes de medidas provisionales de protección en nombre de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia. Boyle dice que Israel tiene un historial de escuchar las órdenes de Estados Unidos de detener sus asaltos a los territorios palestinos ocupados. “Aquí en Estados Unidos tenemos el poder de detener esto”.

Para ver la entrevista en inglés, haga clic aquí.

Transcripción
AMY GOODMAN: El número de muertos que han dejado los bombardeos israelíes en Gaza desde el ataque que Hamás realizó el 7 de octubre contra Israel ha superado los 22.000. Sudáfrica ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la ciudad de La Haya, en la que acusa a Israel de genocidio y de buscar “destruir a los palestinos de Gaza”. Esto se produce al tiempo que otro tribunal, la Corte Penal Internacional, está investigando presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por Hamás.

En los documentos presentados ante la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, Sudáfrica alega que “los actos y omisiones de Israel denunciados por Sudáfrica son de carácter genocida, porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”. Sudáfrica acusó a Israel de violar la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la cual Israel ha firmado.

Israel dijo en respuesta que la acusación presentada “no tiene fundamento legal”. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó a Sudáfrica de “colaborar con un grupo terrorista que busca la aniquilación de Israel”.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha comparado el trato de Israel a los palestinos en los territorios ocupados con el sistema racista de apartheid en su propio país, al cual se puso fin en 1994 después de casi medio siglo. En noviembre, Ramaphosa respondió al asalto de Israel sobre Gaza retirando a los diplomáticos sudafricanos de Israel.

PRESIDENTE CYRIL RAMAPHOSA: El castigo colectivo contra civiles palestinos mediante el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel constituye un crimen de guerra. La negación deliberada de medicamentos, combustible, alimentos y agua a los habitantes de Gaza equivale a un genocidio.

AMY GOODMAN: Por otro lado, en octubre, el legislador sudafricano y nieto de Nelson Mandela, Nkosi Mandela, se unió a una manifestación en solidaridad con Palestina en Ciudad del Cabo.

NKOSI ZWELIVELILE MANDELA: Los palestinos cuentan con que todos y cada uno de nosotros nos pongamos de pie y alcemos nuestra voz. Ellos estuvieron junto a nosotros codo a codo cuando luchábamos por la liberación de nuestro país

AMY GOODMAN: Para más información, nos acompaña Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. Boyle presentó con éxito, en nombre de Bosnia y en virtud de la Convención sobre el Genocidio, dos solicitudes de medidas provisionales de protección ante la CIJ contra Yugoslavia. Él piensa que lo mismo podría aplicarse en este contexto. Sus libros incluyen “The Bosnian People Charge Genocide” (El pueblo de Bosnia presenta cargos de genocidio), “Palestine, Palestinians, and International Law” (Palestina, palestinos, y el derecho internacional), y “World Politics, Human Rights, and International Law” (Política mundial, derechos humanos, y derecho internacional).

Profesor Boyle, bienvenido de nuevo a Democracy Now! Nos complace tenerle con nosotros en este nuevo año, aunque en circunstancias muy graves. ¿Puede explicar por qué Sudáfrica es el país que está presentando estos cargos y qué es exactamente la Corte Internacional de Justicia, cómo encaja en el sistema de justicia mundial? Hable sobre la acusación de genocidio.

FRANCIS BOYLE: Bueno, muchas gracias por invitarme, Amy. Saludos cordiales a su audiencia.

No es mi intención alardear, pero yo fui el primer abogado que ganó algo en virtud de la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyos orígenes se remontan a 1921. Pude obtener por mi propia cuenta dos órdenes de la Corte Internacional a favor de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia para que ésta cesara y desistiera de cometer todos los actos de carácter genocida.

Y, de acuerdo con mi cuidadosa revisión de todos los documentos presentados hasta ahora por la República de Sudáfrica, creo que Sudáfrica logrará obtener una orden para que Israel cese y desista de cometer todos los actos de carácter genocida contra el pueblo palestino. Y luego tendremos una determinación oficial por parte de la misma Corte Internacional de Justicia, la máxima autoridad legal en el sistema de las Naciones Unidas, de que se está cometiendo un genocidio. Y, en virtud del Artículo I de la Convención sobre el Genocidio, todas las Partes contratantes, 153 Estados, estarán entonces obligadas “a prevenir” el genocidio por parte de Israel contra los palestinos.

En segundo lugar, cuando la Corte Mundial emita esta orden de cese y desistimiento contra Israel, el Gobierno de Biden deberá ser condenado en virtud del artículo III, párrafo (e), de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica como delito la complicidad en el genocidio. Y claramente sabemos que el Gobierno de Biden ha instigado y ha sido cómplice de los actos de genocidio por parte de Israel contra los palestinos por mucho tiempo. Esto también ha sido planteado por mis colegas en el Centro para los Derechos Constitucionales y en el Gremio Nacional de Abogados en una demanda contra Biden, Blinken y Austin.

Por lo tanto, creo que podremos usar la orden de la Corte Mundial. En este momento mis fuentes me dicen que la audiencia tendrá lugar el 11 y el 12 de enero. Según mi experiencia con los bosnios, podría haber una orden en el transcurso de una semana tras las audiencias.

Con respecto al Gobierno de Biden, también diría que actualmente está violando la Ley de Implementación de la Convención sobre el Genocidio, que tipifica el genocidio como un delito bajo la ley federal de Estados Unidos. Y, de nuevo, una vez que Sudáfrica obtenga esta orden, el Gobierno de Biden también será acusado de violar la Ley de Implementación de la Convención sobre el Genocidio.

Creo que esta es la dirección en la que nos encaminamos desde hoy hasta, yo diría, finales de este mes. Y depende de todos nosotros, como ciudadanos estadounidenses, entender y apoyar lo que Sudáfrica está haciendo ante la Corte Internacional de Justicia.

JUAN GONZÁLEZ: Francis Boyle, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que ya está considerando las acusaciones de crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por grupos armados palestinos?

FRANCIS BOYLE: Sí, Juan. La Corte Internacional de Justicia tiene sus orígenes en 1921, cuando su predecesor se estableció legalmente. Y fue en ella donde presenté el caso de genocidio. Fui el primer abogado en obtener dos órdenes en un caso de genocidio desde la fundación de la Corte Mundial en 1921, y fue sobre la base de la Convención sobre el Genocidio. La Corte Penal Internacional es una organización internacional separada, establecida en el año 2000.

El problema, Juan, es el siguiente: en 2009, después de la Operación Plomo Fundido, yo le sugerí al presidente palestino, Mahmoud Abbas, que aceptara la jurisdicción de la Corte Internacional… de la Corte Penal Internacional en Palestina, lo cual hizo. Y lamento informar que la Corte Penal Internacional no ha hecho una condenada cosa para ayudar a los palestinos desde 2009. La Corte Penal Internacional tiene toda la sangre del pueblo palestino en sus manos desde 2009. Y, Juan, por eso iniciamos una campaña para encontrar un Estado dispuesto a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Mundial.

La Corte Penal Internacional opera básicamente a instancias de sus financiadores, fundadores y amos, que son Estados Unidos, los Estados de la OTAN, los Estados europeos, etc. Antes de la rápida acusación contra el presidente Putin, en el marco de la guerra legal de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, la Corte Penal Internacional no había acusado a ningún estadounidense, o un europeo, o un británico, o un ciudadano de un Estado de la OTAN, o un israelí, o una persona blanca.

Así que estamos organizando una campaña ahora para apoyar a la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Damos inicio hoy a esta campaña. Yo formo parte de una coalición con la cual empezamos esta campaña para buscar que las partes contratantes de la Convención sobre el Genocidio presenten declaraciones de intervención ante la Corte Mundial en apoyo y solidaridad con Sudáfrica contra Israel y en apoyo a los palestinos. Esperamos que ese material se presente hoy.

JUAN GONZÁLEZ: Francis, quería preguntarle sobre Joan Donoghue, quien preside actualmente la Corte Internacional de Justicia. Ella trabajó anteriormente en el Departamento de Estado de Estados Unidos ¿Cómo cree que abordará la solicitud presentada por Sudáfrica? ¿Qué poder tiene para dictar cómo se realizan los procedimientos?

FRANCIS BOYLE: Esa es una buena pregunta, Juan. Sí, durante mucho tiempo, Donoghue hizo carrera como una burócrata del aparato legal del Departamento de Estado de Estados Unidos Y así fue como llegó a su cargo actual. Y estoy seguro de que ella está en contacto en este momento con el Departamento de Estado de Estados Unidos, manteniéndolos al tanto de todo lo que pasa allí en La Haya tras bastidores. Ella se ceñirá a los lineamientos del Departamento de Estado en este proceso. Temo decir que la presidenta tiene mucho poder allí para dictar el curso del proceso. Y sospecho que usará ese poder para encaminar el proceso en favor de Israel.

Sin embargo, también me han informado que la República de Sudáfrica ha nominado en este momento a un juez “ad hoc”. Ese es su derecho en virtud del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Todavía no tengo un nombre, pero espero que el juez sudafricano ad hoc hará todo lo posible para tratar de mantener a Donoghue a raya.

AMY GOODMAN: Quiero hablar de nuevo sobre Sudáfrica, que ha presentado esta acusación de genocidio. En 2008, tuve la oportunidad de hablar con el ícono sudafricano en la lucha contra el apartheid, premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu. Pude entrevistarlo en la residencia del vicecónsul sudafricano en Nueva York, justo antes de que el arzobispo Tutu recibiera el premio Global Citizens Circle. Le pregunté sobre Palestina.

AMY GOODMAN: ¿Compararía la ocupación de Gaza y Cisjordania con el apartheid en Sudáfrica?

ARZOBISPO DESMOND TUTU: Tengo que hablar sobre lo que sé. Quiero decir, la mayoría de la gente… Un judío generalmente hablará sobre sus experiencias y tal vez comparará lo que sea que esté sucediendo con lo que sucedió en los días del Holocausto. Para mí, venir de Sudáfrica y pasar por… y ver los puntos de control y la arrogancia de esos jóvenes soldados, tal vez temerosos, tal vez escondiendo su aprensión, no veo por qué no habría de decir, y por supuesto, eso es una verdad, que me recuerda… me hace recordar el tipo de experiencias a las que fuimos sometidos.

AMY GOODMAN: Ese era el arzobispo Desmond Tutu. Francis Boyle, hable sobre la importancia de que sea Sudáfrica y lo que significa que un Estado presente una acusación contra otro Estado. ¿Quiénes son los firmantes aquí? ¿Y qué tan vinculante es esto? Explique lo que sucedió, por ejemplo, en Bosnia.

FRANCIS BOYLE: Claro. Bueno, primero, la conexión con el fallecido gran arzobispo Tutu, el equipo legal en la demanda que presentó Sudáfrica está encabezado por el profesor John Dugard, un viejo amigo mío. El profesor Dugard fue uno de los muy pocos valientes profesores blancos de derecho internacional que se opusieron internacionalmente al sistema criminal de apartheid en Sudáfrica, poniendo en riesgo su vida. En segundo lugar, más tarde, el profesor Dugard se convirtió en relator especial de la ONU para Palestina. Yo leí todos sus informes. Son excelentes. El corazón y la cabeza del profesor Dugard están en el lugar correcto con relación a los palestinos, y él es uno de los mejores profesores de derecho internacional en el mundo.

Entonces, hay una comparación directa entre el sistema de apartheid israelí que rige sobre todos los palestinos, incluidos los ciudadanos palestinos de Israel, y lo que sucedió en la Sudáfrica del apartheid. De hecho, el profesor Dugard ha escrito que el sistema israelí de apartheid contra el pueblo palestino es peor que el apartheid que los afrikáneres aplicaron a la población negra en Sudáfrica.

Yo estuve involucrado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y llegué a la misma conclusión. De hecho, esos paralelismos me llevaron, en noviembre de 2000, a hacer un llamado, en un discurso, para establecer una campaña de desinversión contra Israel, por las mismas razones que tuvimos una campaña de desinversión contra el régimen criminal de apartheid en Sudáfrica. Y luego, en 2005, la sociedad civil palestina me contactó para que me uniera a ellos en la implementación de la campaña por parte de Palestina de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, contra el apartheid de Israel, por la misma razón que tuvimos una campaña de BDS contra el régimen criminal de apartheid en Sudáfrica.

Así que Tutu, Dugard y yo, además de Ramaphosa y la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, quien ha dado discursos contundentes, todos entendemos lo que está pasando aquí y lo que está en juego.

AMY GOODMAN: Y el tema del genocidio en Bosnia, ¿puede explicarlo para quienes no están familiarizados con el caso? ¿Qué resultados produjeron las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia?

FRANCIS BOYLE: Sí. Bueno, Yugoslavia exterminó a unos 200.000 bosnios, violó a unas 40.000 mujeres bosnias. Yo los representé legalmente a todos ellos y argumenté su caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y gané estas dos órdenes el 8 de abril de 1993 y el 13 de septiembre de 1993. Antes de obtener esa orden del 8 de abril de 1993, todo el mundo negaba que estuviera ocurriendo un genocidio. Y una vez que gané dicha orden, en una victoria enorme y contundente a favor de los bosnios, ya nadie podía negar que se estaba llevando a cabo un genocidio.

En cuanto a la efectividad, cuando salí de la Corte Internacional de Justicia el 8 de abril de 1993, tras obtener esa orden, entré en el vestíbulo fuera de la gran sala del tribunal. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban allí. Y en ese momento dije: “La Corte Mundial acaba de determinar que se está llevando a cabo un genocidio en Bosnia y Herzegovina. En virtud del Artículo I, todos los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio tienen la obligación de prevenir el genocidio en Bosnia. Y de este modo me permito solicitar la intervención militar directa por parte de Estados Unidos y de los Estados de la OTAN para salvar a los bosnios del genocidio”. Más tarde ese día, Estados Unidos y la OTAN anunciaron que estaban estableciendo una zona de exclusión aérea, imponiendo una zona de exclusión aérea sobre Bosnia. Así que estas órdenes de la Corte Mundial pueden tener consecuencias.

Y dependerá de nosotros aquí en Estados Unidos concebir una estrategia en la que haya consecuencias para el Gobierno de Biden, porque tenemos que presionar al Gobierno de Biden para que ordene a Israel que detenga el genocidio. Ellos harán lo que los estadounidenses les digamos que hagan. Durante la Operación Plomo Fundido, que había estado en curso por un tiempo bajo la presidencia de Bush Jr., Obama y su equipo se aprestaban para llegar al poder. Obama estaba a punto de tomar posesión. Y para no estropear la ceremonia de investidura de Obama, el Gobierno de Estados Unidos le dijo a Israel que detuviera la Operación Plomo Fundido. Así que tenemos que entender que aquí en Estados Unidos de América tenemos el poder de detener esto. Pero tenemos que buscar la forma de poder usar la orden que Sudáfrica obtendrá y aplicarla aquí en Estados Unidos.

Esto es exactamente lo que sucedió en Nicaragua. Usted recordará, Amy, que yo estuve involucrado en el asesoramiento de casi todas las organizaciones y abogados pacifistas aquí en Estados Unidos sobre las cuestiones legales con respecto a la guerra de Reagan contra Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Mi maestro, mentor y amigo, el difunto y genial Abe Chayes de la Facultad de Derecho de Harvard, ganó una orden ante la Corte Mundial contra el Gobierno de Reagan en 1984, y luego también una sentencia de fondo en 1986. Nosotros aquí en Estados Unidos usamos esa orden de la Corte Mundial y la sentencia de fondo para detener la guerra de Reagan contra Nicaragua. Lamentablemente, 16.000…

AMY GOODMAN: Tenemos 20 segundos.

FRANCIS BOYLE: Lamentablemente, 16.000 nicaragüenses fueron asesinados, incluido el ciudadano estadounidense Ben Linder, pero pudimos poner fin a eso. Y creo que con esta orden de la Corte Mundial que Sudáfrica obtendrá, podremos detener lo que Israel está haciendo contra los palestinos.

AMY GOODMAN: Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. Sus libros incluyen “The Bosnian People Charge Genocide” (El pueblo de Bosnia presenta cargos de genocidio), “Palestine, Palestinians, and International Law” (Palestina, palestinos, y el derecho internacional), así como “World Politics, Human Rights, and International Law” (Política mundial, derechos humanos, y derecho internacional).

Traducido y editado por Iván Hincapié y Clara Ibarra.

Fuente: 

jueves, 16 de febrero de 2023

El impagable favor de Biden a la teoría económica

Durante muchas décadas la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de las grandes potencias han repetido una misma cantinela inspirada por los economistas convencionales: el proteccionismo es malo y lo mejor es que los países abran de par en par sus fronteras al comercio y a los capitales. Los economistas críticos (no necesariamente de izquierdas) han denunciado esa idea no sólo porque es falsa y no tiene fundamento científico sino porque, además, es lo contrario de lo que ellos mismos practicaban.

Efectivamente, la teoría económica nunca ha podido demostrar que el librecambio sea más ventajoso que el proteccionismo salvo que se den una serie de condiciones tan estrictas que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que se produzcan (las explico con detalle en mi libro Econofakes). Como ha escrito Paul Krugman (a quién le dieron el Premio del Banco de Suecia equipado al Nobel precisamente por sus estudios sobre el comercio internacional) «la teoría económica dice que el libre comercio normalmente hace a un país más rico, pero no dice que normalmente sea bueno para todos».

También es un hecho que ninguna de las economías que ha llegado a convertirse en país desarrollado y menos aún las grandes potencias, ha practicado en algún momento el librecambio. Todas ellas se han protegido y lo siguen haciendo, a través de aranceles, contingentes, ayudas, subsidios, o medidas más sutiles que suponen barreras infranqueables para los productos provenientes de otros países.

La constante a lo largo de la historia es clara: librecambio en la teoría para conseguir que los demás se abran de par en par y se desprotejan, y proteccionismo a mansalva de los ricos.

El lenguaje de los dirigentes políticos ha sido siempre doble e inmoral y cuando alguien osaba poner en cuestión la falsedad sobre la que se basaba la realidad del comercio internacional y la necesidad de proteger los intereses nacionales eran condenado o ridiculizado.

Hace unos años, Pablo Iglesias criticó la ideología del librecambio y uno de los más conocidos economistas de nómina españoles, José Carlos Díez, le espetó en Twitter: «Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libre comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento».

Es una de las típicas descalificaciones que hace este economista, carentes de fundamento y cargadas solamente de maldad. Por un lado, porque la puesta en cuestión de las ventajas del librecambio no es algo propio de Marx, salvo que se crea que Krugman es marxista. Y, por otro, porque la alternativa que defienden quienes hoy día criticamos la falsedad del librecambio y el doble discurso de quienes lo defienden practicando lo contrario, no es la autarquía y ni siquiera el proteccionismo de antaño, sino un nuevo tipo de regulación comercial internacional que proporcione seguridad, eficiencia, equilibrio, cuidado del medio ambiente y equidad.

Tanto es así, que ha sido nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos quien ha reivindicado hace unos días, sin ningún pudor y expresamente, el proteccionismo económico.

Que un presidente de Estados Unidos tome medidas proteccionistas, como las que ha adoptado Biden en su ley contra la inflación y que ahora defiende, no es ninguna novedad. Todos, absolutamente todos los presidentes anteriores lo han hecho, como he señalado. Lo interesante es que ya no se mantenga el discurso falso habitual, que expresen abiertamente sus propósitos y no tengan miedo de mostrar al mundo que la defensa del librecambio y la reivindicación de sus ventajas es un cuento.

Hace Biden un favor impagable a la teoría económica cuando se expresa en estos términos porque ayudará a que cada día queden más en evidencia los economistas y políticos que defienden lo que la realidad a todas luces contradice. ¿O es que se han vuelto locos los dirigentes estadounidenses y defienden para su economía la peor de las opciones? ¿Cómo es que no optan por el librecambio, si es tan ventajoso, a la hora de diseñar sus políticas industriales? ¿Por qué no protestan las empresas de Estados Unidos cuando el gobierno anuncia docenas de miles de millones de dólares en ayudas y subsidios para que no tengan que depender de la producción extranjera? ¿Alguien puede creer que el librecambio tenga las ventajas que dicen sus defensores y que la primera potencia mundial no lo adopte como estrategia? ¿Es fruto de la casualidad que no sólo Estados Unidos, sino todas las grandes potencias se protejan y que, al mismo tiempo, reclaman a las economías más atrasadas que se abran para que sus capitales las penetren sin freno y para invadirlas con sus productos subsidiados? ¿Seguro que no hay gato encerrado en la defensa a ultranza del librecambio?

Y lo sorprendente de todo esto es que, mientras que Biden se quita la máscara, los dirigentes de la Unión Europea se escandalicen por sus palabras y se empeñen en mantener el doble lenguaje, porque lo cierto es que Europa ha sido y es tan proteccionista o más que Estados Unidos. Otra cosa es a quién protege cada uno y por qué.

Si el puro pragmatismo de los ricos había demostrado que el proteccionismo (como dije, solo equivalente a autarquía para los malvados o ignorantes) es realmente más ventajoso, la pandemia y los problemas de suministro e inseguridad subsiguientes lo han dejado mucho más claro aún.

Las economías que opten por enfrentarse a lo que viene a pecho descubierto, sin defenderse ni protegerse van a resultar heridas sin remedio. El comercio internacional es imprescindible y hay que fortalecerlo, pero debe hacerse sobre bases equilibradas, sin imponer a los demás lo que uno no cumple y garantizando la seguridad y la generación de ingreso. La protección de los intereses nacionales, garantizar el suministro de productos esenciales, promover una reindustrialización orientada a las transiciones que son imprescindibles y salvar el tejido empresarial, el empleo y el bienestar no es una opción, es una exigencia en la economía de nuestro tiempo. Sin ese nuevo tipo de proteccionismo será imposible hacer frente a la crisis que viene. Y, a los economistas que sigan empeñados en defender el cuento del librecambio, terminarán diciéndoles lo mismo que le ha dicho Biden a quienes le criticaban por su defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos: «¡Al infierno con eso!» 

sábado, 15 de mayo de 2021

No. Ni Vicenç Navarro ni yo hemos escrito el discurso de Biden. Es solo que llevábamos razón

Juan Torres López.

Escribo este artículo tan solo para aclarar muy brevemente un bulo que podrían estar divulgando los economistas ultraliberales.

Verán.
Uno de esos economistas españoles, Xavier Sala i Martí, escribió en 2004: «Sólo los ultra-radicales (como Vicenç Navarro y otros soldados derrotados del marxismo universitario), siguen hablando del aumento de impuestos, del gasto público y del intervencionismo público tal como hacían en los años setenta» (aquí).

Pues bien, en las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado programas y anunciado en su discurso sobre el estado de la Nación del pasado 29 de abril propuestas o leyes como las siguientes:

Aumento de 2,3 billones de dólares de gasto público para infraestructuras.
Aumento de 1,8 billones dólares de gasto público para programas sociales.
Aumento de impuestos para las grandes corporaciones.
Aumento de impuestos para el 1% más rico de Estados Unidos.
Impuesto internacional sobre los beneficios de las empresas multinacionales.
Ley para proteger el derecho a sindicarse.
Aumento del salario mínimo a 15 euros la hora.
Ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres.
Evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido en la pandemia cuando unos 600 multimillonarios han aumentado su riqueza en 1 billón de dólares mientras 20 millones de trabajadores perdían su empleo.
Fijación de precios más bajos de los medicamentos.
Ley de cuidado de la salud a bajo precio para ampliar la cobertura de Medicare (programa de Seguridad Social para mayores de 65 años y jóvenes y otras personas discapacitadas).
Ayudas para poder evitar que los inmigrantes tengan que dejar sus países huyendo de la pobreza y a los nacidos en Estados Unidos como inmigrantes sin papeles.
A la vista de estas propuestas del presidente de Estados Unidos que, además, están siendo reproducidas por otros organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, simplemente quiero hacer público lo siguiente: Ni Vicenç Navarro ni yo hemos sido contratados por Biden ni por ninguno de esos organismos para escribir sus discursos o hacerles sus programas.

Los grandes parecidos que existen entre las propuestas de estos dirigentes y las que venimos escribiendo en nuestros libros, por ejemplo en Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, y en multitud de artículos, se deben simple y llanamente a que llevábamos razón.

Como hemos demostrado numerosas veces en los últimos años, las privatizaciones del capital y las empresas públicas, los recortes de gasto público en medio de las recesiones, bajar impuestos a los ricos y subir los de las clases medias y trabajadoras, la moderación salarial, la disminución de la inversión pública, el desmantelamiento de los servicios públicos… no sirven nada más que para darle más dinero a los ricos y para destruir empresas productivas que crean empleo.

Nos alegramos profundamente de que por fin comiencen a reconocer los errores cometidos en la anterior crisis económica y que nos hagan un poco de caso. Las ideas que defendemos y que Sala i Martí creyó haber matado gozan de excelente salud: se ha demostrado que son las imprescindibles para sacar a las economías de las crisis sin lesionar el bienestar y para salvar la vida de las personas y de las empresas. Quien no quiera seguir destruyéndolas, no tendrá más remedio que aplicarlas, por convicción ideológica o por simple pragmatismo.

Fuente: https://blogs.publico.es/juantorres/2021/05/07/no-ni-vicenc-navarro-ni-yo-hemos-escrito-el-discurso-de-biden-es-solo-que-llevabamos-razon/

sábado, 1 de mayo de 2021

El cambio que impulsa Biden en la economía de EE.UU. supone "una ruptura con el neoliberalismo".

El presidente Biden planteo un plan significativo de gasto publico ante el Congreso.

El primer discurso formal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso será recordado por varias razones, y una de ellas es sin dudas su propuesta de cambiar la relación entre el gobierno y la sociedad.

Biden detalló en su mensaje del miércoles frente a los legisladores un programa económico que suma US$4 billones en ayudas sociales e inversiones públicas para generar trabajo, poniendo al Estado en el centro de los esfuerzos de reactivación.

Las propuestas incluyen un "Plan de Empleo" por US$2,3 billones para construir desde carreteras hasta aeropuertos y mejorar el acceso al agua potable, entre otras medidas.

El mandatario ha planteado además un "Plan de Familias" por US$1,8 billones para ampliar el acceso a programas de educación y cuidado infantil.

Ambas iniciativas se financiarían con un aumento de impuestos a las corporaciones y los más ricos, y se suman al "Plan de Rescate" por US$1,9 billones aprobado en marzo, que contempla pagos directos a los estadounidenses y beneficios adicionales de desempleo.

Un programa económico de estas características habría sido impensable hasta poco tiempo atrás en EE.UU., donde el sector privado -y no el Estado- suele ser el motor clave de la economía.

"El cambio es lo suficientemente grande como para describirlo como una ruptura con el neoliberalismo", sostiene J.W. Mason, un profesor de economía en el John Jay College de Nueva York y miembro del Instituto Roosevelt, enuna entrevista con BBC Mundo.

A su juicio, estas medidas son proporcionales a la magnitud de la crisis que atraviesa EE.UU. tras la pandemia de coronavirus y el colapso económico con millones de empleos perdidos.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Mason, editada por motivos de claridad.

J.W. Mason, un profesor de economía en el John Jay College de Nueva York y miembro del Instituto Roosevelt

¿Cuál es el cambio más significativo que Biden produjo en sus primeros 100 días como presidente desde un punto de vista económico?

Lo que ha cambiado fundamentalmente es la voluntad de tener un grado de gasto público proporcional al nivel de crisis que enfrentamos.

En la última generación hubo una vacilación en hacer que el sector público hiciera lo que requería la situación en la que nos encontrábamos, debido a temores a la deuda pública, a dañar el incentivo de las personas para trabajar o por otras razones.

Y esta vez no se ve eso.

¿Esto marca un cambio de paradigma en términos de pensamiento económico desde la Casa Blanca?

Absolutamente. La otra cara de eso es una expansión en las ideas de la gente sobre lo que el gobierno es capaz de hacer.

Algo de esto lo hemos visto con la respuesta al covid, que por supuesto fue muy mala al inicio, pero con la financiación pública al desarrollo de las vacunas y la velocidad con la que se han implementado, es una especie de ejemplo de lo que puede hacer el gobierno cuando funciona bien.

Y creo que hay una voluntad de mirar cosas como la política climática y ver un papel mucho más importante y directo para el sector público de lo que la gente hablaba hace unos años.

¿Diría que hay una ruptura con el neoliberalismo de parte del gobierno de EE.UU.?

Sí, diría eso. Por supuesto que no es 100%, nunca es día y noche, y puedes señalar continuidades.

Pero creo que el cambio es lo suficientemente grande como para describirlo como una ruptura con el neoliberalismo.

¿Puede dar algunos ejemplos de lo que señala en términos de gasto público?

Hace unos años, el consenso sobre la política climática en una suerte de élite de Washington y el Partido Demócrata era que la solución básica pasaba por el precio del carbono: si ponías un impuesto lo suficientemente alto al carbono, el sector privado sabría qué hacer.

Si vemos lo que se propone ahora sobre el clima, el precio del carbono ni siquiera es parte de la conversación. Se trata de inversión pública directa.

Y hay un reconocimiento de que en realidad los precios no son suficientes, que hay problemas de coordinación que el mercado privado no resuelve muy bien.

Varias de las propuestas de Biden requieren aprobación del Congreso, donde el Partido Demócrata tiene una ajustada mayoría.

Otro ejemplo: los cambios que se hicieron al seguro de desempleo en el último año y al crédito tributario por hijos que está en el plan de rescate, que con suerte se convertirán en permanentes.

Eso es un alejamiento de la noción de que siempre tenemos que preocuparnos por si alguien que no lo merece va a obtener beneficios, que siempre tenemos que preservar los incentivos laborales.

Teníamos una estructura loca donde si no ganas dinero y, por lo tanto, estás entre las personas más pobres de la sociedad, tampoco obtienes ningún beneficio porque eso no recompensaría el trabajo.

Hay un reconocimiento de que eso es tonto, contraproducente y dañino, que se debería estar dando un crédito incluso a personas sin ingresos laborales.

Eso es un giro real porque parte del modelo neoliberal era pensar en cómo obligamos a la gente a trabajar, cómo evitamos que la gente se aproveche del sistema. Ahora se reconoce que eso no es lo más importante para preocuparse.

Usted menciona ejemplos como la ley Plan de Rescate de EE.UU. por US$1,9 billones, que incluye pagos directos a familias con hijos. Pero algunas ideas, como la asignación universal por hijo, podrían verse como normales en otros países. Entonces, ¿qué alcance tiene el cambio propuesto para EE.UU.?

Aunque ciertamente hay áreas como el apoyo a las familias donde los países de Europa y otras partes del mundo lo hicieron mucho mejor que EE.UU., en algunas áreas EE.UU. está avanzando.

Por ejemplo, en política climática creo que la atención en Europa sigue en el precio del carbono. El gobierno de EE.UU. está liderando al cambiar el enfoque de su pensamiento hacia la inversión pública y la descarbonización.

La pobreza y el hambre aumentaron en Estados Unidos durante la pandemia.

Tiene razón, una asignación universal por hijo es básica en muchas partes del mundo. Pero si el crédito tributario por hijos se hace permanente (en EE.UU.), se acerca bastante a una asignación universal por hijo.

Eso es algo que otros países han tenido durante mucho tiempo, pero es una ruptura real con lo que históricamente se consideró razonable en EE.UU.

Estas medidas tienen que pasar por el Congreso y aún está por verse si se aprueba la propuesta de la Casa Blanca de ampliar el acceso a la educación y programas de cuidado infantil. ¿Hasta dónde puede ir este movimiento a la izquierda en la política económica?

Hay muchas preguntas políticas cuyas respuestas desconocemos. Alguien en el Senado podría enfermarse mañana, no votar y eso podría cambiar el cálculo de todos.

Pero creo que uno de los cambios reales que estamos viendo es el reconocimiento de que cuando haces cosas a gran escala que son visibles e impactan directamente en la vida de las personas, eso es popular y crea espacio para más acción.

Creo que durante muchos años tuvimos esta idea de un capital político que tienes que gastar con mucho cuidado porque si gastas en una cosa, no estará disponible para otra.

Y nos estamos dando cuenta de que el apoyo político no es así, o tal vez es como un capital en el sentido de que hay que invertirlo para obtener un rendimiento. Entonces, hay un reconocimiento de que si realmente haces cosas a gran escala, eso generará apoyo para hacer aún más.

Creo que hay potencial para un cambio mayor del que hemos visto hasta ahora.

Los críticos dicen que todo esto minimiza las limitaciones de los déficits fiscales, la deuda pública o la inflación, pero tarde o temprano será necesario reconocerlas y ajustar la política económica a objetivos específicos, por ejemplo, para evitar un riesgo de sobrecalentamiento de la economía y mayor inflación. ¿No es esto un problema para las políticas del presidente Biden?

Si algo realmente aprendimos durante los últimos 12 o 15 años en términos de deuda pública, es que los temores fueron simplemente exagerados.

Un país como Japón, que ha duplicado la relación deuda pública-PIB que tenemos, no ha visto ninguno de los problemas que se supone que eso causa: están luchando contra la deflación, desearían tener algo de inflación, sus tipos de interés son extremadamente bajos...

Biden plantea financiar parte de sus planes con un aumento de impuestos a los ricos, un viejo reclamo de los progresistas en EE.UU.

Se demostró que es falsa la teoría de que la deuda pública genera costos económicos, al menos para países como EE.UU. o Japón.

Sí podemos ver algo de inflación si tenemos un auge real en la economía de EE.UU., y espero que lo veamos en los próximos años.

Podríamos ver que la inflación aumenta un poco y creo que deberíamos pensar en cómo lidiar con eso. Pero sería incorrecto decir: "Oh no, aumentará la inflación, así que tenemos que cancelar todos nuestros planes, no podemos tener universidad gratuita, atención médica universal, un plan de vivienda, ni hacer frente a la emergencia climática, porque la inflación ha subido un par de puntos".

¿Podría este cambio económico en EE.UU. abrir espacio para un nuevo consenso que por ejemplo influya a países de América Latina?

Eso espero. Hasta ahora ha sido un poco decepcionante, con todo el cambio que está ocurriendo en política económica, ver muy pocos cambios en la postura de la administración Biden hacia gobiernos del resto del mundo.

Dicho esto, creo que si EE.UU. da un ejemplo de un gran sector público activo que gasta dinero a una escala acorde con los problemas que enfrenta, si eso es políticamente popular, viable y no tiene los costos que la gente ha dicho que tendría, creo que será un ejemplo que el resto del mundo va a querer seguir.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56925193