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domingo, 15 de septiembre de 2013

El Gobierno aprueba el primer paso para devaluar las pensiones

CC OO calcula que los jubilados perderán hasta un 28% de su poder adquisitivo en 15 años 
La ministra Báñez se declara abierta a hacer cambios en su oferta


El Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% anual, incluso en los años malos para la Seguridad Social (como el actual y, muy probablemente, los próximos). “Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre”, ha defendido este viernes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, después de que el Consejo de Ministros estudiara un informe sobre la reforma de pensiones. Pero ese suelo no garantiza el poder adquisitivo. Al contrario. Un ejemplo: de haber estado en vigor la reforma de pensiones ahora sobre la mesa en 2013 —cuando la inflación “es muy baja”, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, y se situará en torno al 1% a finales de año— las pensiones habrían perdido poder adquisitivo, es decir, se habrían devaluado. La crisis económica y las tendencias demográficas amenazan con que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sea sistemática con la nueva fórmula.
El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe con una doble propuesta de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, una nueva fórmula de actualización anual, basada en la salud de las cuentas de la Seguridad Social, y que afecta a todos los pensionistas (presentes y a los futuros) ya que pretende desvincularla del IPC en 2014. No obstante, el resultado de la ecuación está limitado: si una vez despejada la incógnita el resultado es negativo, las pensiones subirán al menos el 0,25%; si es positivo, nunca podrán subir 0,25 puntos más que el IPC.

MÁS INFORMACIÓN

Más en El País.

lunes, 17 de junio de 2013

¿Es España una democracia? El caso de las pensiones

A primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados.

Veamos un ejemplo.
Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión
Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona, en su artículo “El Estado de Bienestar, más allá de las pensiones” (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los inevitables recortes en pensiones” (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.

Además de esta campaña propagandística a favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un plan de jubilación privado. El título de esta presentación era “¿Quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”. El aristócrata indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos, deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los salarios estaban demasiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito que los salarios solo puedan subir? (…) Los salarios deberían poder descender”. Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.

Este artículo es la guinda que termina la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que caracteriza al establishment español. La arrogancia de este establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos, en realidad, son más de persuasión que de información.

En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas, pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura ideológico-intelectual, que promueven los medios.
Vicenç Navarro. Público.es. Fuente original: www.publico.es

viernes, 11 de enero de 2013

Nuevo año, nuevo recorte de pensiones

Durante las pasadas elecciones generales Rajoy repitió incansablemente que no tocaría las pensiones. Y sin embargo lo ha hecho. El Gobierno cruza con ello la que era su última línea roja. Con su decisión de no cubrir la desviación respecto de la inflación en 2012, el ejecutivo hace retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Estos dejan de ingresar unos 220 euros de media en 2012, al tiempo que dicho recorte se consolida en años sucesivos al no incorporarse la actualización a la base de cálculo de las pensiones en 2013.

Se recortan de este modo los ingresos del sector más vulnerable de la sociedad, ingresos de los que hoy día dependen no sólo los propios pensionistas, sino millones de familias desempleadas. El Gobierno atiende así a las presiones de la patronal y la troika, que abogaban por congelar las pensiones para cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. Como elocuente señalaba el ministro Gallardón hace unos días: “Gobernar, a veces, es repartir dolor”.

No obstante, este recorte de las pensiones públicas no es el único que figura en la agenda del ejecutivo. El Gobierno del Partido Popular prepara para este año un endurecimiento de algunos de los recortes ya contenidos en la reforma que en 2011 acordaron el Gobierno de Zapatero, CCOO, UGT y la patronal.

Esta reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contempla como es sabido elementos muy lesivos para las y los trabajadores: de forma general, eleva la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67, aumenta el periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora (hasta los 37 años en lugar de los 35 actuales), e incrementa los años para el cómputo de la pensión desde los 15 actuales hasta 25. Así, esta reforma establece un listón inalcanzable para millones de trabajadores (especialmente mujeres y jóvenes) que, con carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, verán notablemente mermadas sus futuras pensiones.

El Gobierno de Rajoy ha anunciado su intención de retrasar la edad de las jubilaciones anticipadas, elevando las forzosas hasta los 63 años y las voluntarias hasta los 65. Además, el Gobierno quiere acelerar el ritmo al que se tiene previsto implantar la elevación de la edad de jubilación a los 67 años (transición que debería completarse en 2027).

Esta nueva agresión contra el sistema público de pensiones se prepara con los mismos argumentos que han dirigido las reformas anteriores: se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los datos hablan por sí mismos.

En primer lugar, la jubilación anticipada no cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que quienes se acogen a ella sufren una reducción en su pensión –durante toda la duración de la prestación– del 7% por año de adelanto. Por otro lado, la pretensión de acercar la edad real de jubilación a la edad legal debiera tener en cuenta que la primera se sitúa en España en los 63 años, una de las más altas de la Unión Europea (cuya media está en los 61,5 años).

Según datos de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la UE. El gasto público español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en España entre 2007 y 2012 (incrementándose en un 2% aproximadamente) no se debe a la “insostenibilidad” del sistema, sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Así, son las medidas de recorte fiscal que imponen el Gobierno y Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo, las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema público de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso acumuló importantes superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula aún 66.000 millones de euros, equivalente al 6,5% del PIB).

Además, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite directamente al debate de qué modelo de distribución de la renta queremos tener.

A comienzos de la década de 1970 había en el Estado español dos millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el 3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de recortes– con los superávits anteriormente mencionados. ¿Cómo ha sido posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual). No existe –en contra de las proyecciones generalmente interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad.

Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos. Por ejemplo, la retirada de las políticas de recortes y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalización de la educación infantil desde los cero años, facilitarían que más mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupación femenina alcanzase los estándares de la UE.

Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca.

En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una cuestión técnica, sino política (¿Qué recursos queremos destinar a sostener a quienes ya han trabajado toda una vida?). ¿O es que acaso el Gobierno pretende hacernos creer que hay dinero suficiente para rescatar al sistema bancario, pero no para garantizar nuestra futura vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan la estabilidad del ciclo macroeconómico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen un derecho social conquistado después de toda una vida de trabajo, así como un bien público que garantiza la solidaridad, la cohesión y la justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.

Dicha defensa debería estar encabezada por las organizaciones sindicales. Por ello, nuestros dirigentes sindicales, que en su momento no quisieron ver el enorme error estratégico que significaba firmar la reforma que ahora entra en vigor, harían bien en no tratar de “poner en valor” acríticamente dicho pacto. Por el contrario, su papel debiera ser el de preparar y organizar la respuesta frente a cualquier nueva agresión que pueda sufrir el sistema público de pensiones. 
Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/496/nuevo-ano-nuevo-recorte-de-pensiones/
Nacho Álvarez es Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Miembro del Consejo Asesor de la Fundación VientoSUR

martes, 8 de enero de 2013

El gobierno usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana

España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación que plantea dudas sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones.

La maniobra, que ha pasado casi desapercibida, está por concluir ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos 90% del fondo de 65.000 millones de euros, unos US$85.700 millones, han sido invertidos en deuda española cada vez más riesgosa, de acuerdo a cifras oficiales, y el gobierno ha comenzado a retirar dinero para realizar pagos de emergencia.

Aunque la tendencia ha generado poca atención o controversia, preocupa a los relativamente pocos analistas financieros independientes que estudian el Fondo, quienes indican que el gobierno se quedará con un lugar menos al que acudir para financiarse cuando enfrenta otro año de recesión y severas medidas de austeridad.

Algunos analistas opinan que esta presión podría obligar al gobierno encabezado por Mariano Rajoy a solicitar un rescate este año del fondo de la Unión Europea, una gestión que acarrea un alto riesgo político y que busca evadir.

También existen preocupaciones de que las reservas de la Seguridad Social para pagar a los futuros pensionados se están agotando más rápido de lo previsto.

El gobierno retiró en noviembre 4.000 millones de euros del fondo de reserva para pagar pensiones, la segunda vez en la historia en que lo ha hecho. La primera fue en septiembre, cuando sacó 3.000 millones de euros para cubrir necesidades no especificadas.

Los dos retiros de emergencia combinados rebasaron el límite legal anual, por lo que el gobierno tuvo que aumentarlo temporalmente.

"Estamos muy preocupados por esto", indicó Dolores San Martín, presidenta de la mayor asociación de pensionados en Asturias, una región que cuenta con uno de los porcentajes más altos de jubilados de España.

"Simplemente no sabemos quién pagará las pensiones de los que ahora son más jóvenes", aseveró.

 En los años previos a la crisis mundial de 2008, algunos países como España, Finlandia y Francia crearon fondos de estabilización de las pensiones con el dinero sobrante del pago de algunas pensiones. Las reservas serían guardadas para años futuros.

Tras el comienzo de la crisis, algunos de estos países comenzaron a utilizar los fondos para otros fines, como compensar la caída en la demanda de los inversionistas extranjeros por sus bonos soberanos.

"El fondo [español] es un truco contable", dijo Javier Díaz-Giménez, profesor de economía de la escuela de negocios IESE.

"El gobierno está prestando dinero a otro poder del gobierno".

Los funcionarios españoles defienden la inversión en los bonos soberanos por parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Aseguran que la práctica es sostenible siempre y cuando España no pierda acceso a los mercados de capital.

Pero algunos analistas indican que a España no le será fácil encontrar compradores para los cerca de 207.000 millones de euros en deuda que planea emitir en 2013 para costear las operaciones del gobierno central, los vencimientos de deuda de 17 gobiernos regionales y las facturas de energía retrasadas. "Mientras los inversionistas extranjeros se marginen del mercado de deuda española, necesitarán todo el apoyo que puedan reunir de las empresas locales", puntualizó Rubén Segura-Cayuela, de Bank of America-Merrill Lynch. David Román. The Wall Street Journal.

Fuente: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323374504578220273069774076.html

viernes, 21 de septiembre de 2012

Rajoy maneja varias alternativas para reducir el gasto en pensiones

Anular la revalorización por el desvío sobre el IPC ahorraría unos 4.000 millones
 El Gobierno puede echar mano del fondo de reserva si hay déficit estructural en el sistema
La reforma para condicionar los pagos a la esperanza de vida permitiría ahorros a medio plazo

El Gobierno tiene sobre la mesa desde hace semanas varias alternativas para reducir el gasto en pensiones, la única gran partida presupuestaria que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha salvaguardado de los recortes. La próxima semana será crucial para determinar si esto sigue siendo así. Aun en la fórmula de rescate más suave, la que propugna España, el Eurogrupo planteará negociar nuevas condiciones. Y la Comisión Europea quiere ir más allá de la reforma aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero, en 2011, que eleva, de forma gradual, la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró a sus colegas en la última reunión del Eurogrupo que la próxima semana se anunciarán más reformas. En los mismos días, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará el proyecto de Presupuestos para 2013, lo que incluye una revisión de cómo van las cuentas públicas este año. Ambas citas son esenciales para comprobar si el Gobierno se decanta ya por una rebaja a medio plazo del gasto en pensiones, vía reformas, por un ajuste inmediato o por ambas cosas a la vez.

 Para el problema más acuciante, cómo cubrir el desfase entre ingresos y gastos este año –un déficit tapado por los adelantos de la Administración central-, la Seguridad Social ha echado mano del dinero sobrante por las mutuas de accidentes laborales durante años (4.400 millones de euros). Y el Gobierno pone ya más de la mitad de los 7.000 millones que cuestan los complementos a las pensiones más bajas. Pero la mala evolución de las cotizaciones apunta a que hará falta más. A bote pronto, al Ejecutivo le queda la opción de no pagar la desviación de la subida de las pensiones (1%) sobre la inflación (que cerrará el año cerca del 3%). Sería un ahorro de 4.000 millones —la mitad se computaría en este ejercicio, el resto en 2013—. También una promesa incumplida a las puertas de nuevos comicios electorales (en Galicia, País Vasco, y presumiblemente, Cataluña)... más en El País.

sábado, 23 de julio de 2011

Reforma de las pensiones: un paso atrás para todos y muy especialmente para las mujeres

El Congreso aprueba la Ley de Modernización del Sistema de la Seguridad Social tras aceptar las cuarenta enmiendas incorporadas en el Senado.

Esta nueva norma implica el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años y el alargamiento del período de cómputo para calcular la pensión de 15 a 25 años. El manifiesto firmado por numerosas asociaciones de mujeres titulado, ‘Por la igualdad de género en el sistema de pensiones’, explica que la menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la feminización del cuidado de hijos, hijas y familiares dependientes, provoca en las mujeres ‘lagunas de cotización’.
Este fenómeno, unido a los restos del franquismo que excluyó a las casadas del empleo, lleva a que la pensión media de las mujeres sea actualmente de 599 euros, casi un 40 por ciento inferior a la de los hombres. Además, la Pensión No Contributiva en España (PNC) es de unos 340 euros mensuales y son mujeres más del 70 por ciento de las personas beneficiarias de dichas pensiones. Todos estos factores unidos explican que una de cada cuatro mujeres en este país viva bajo el umbral de la pobreza (401 euros mensuales).
Incrementar de 15 a 25 años el período de cálculo incrementará la discriminación de las mujeres debido a esas ‘lagunas’ cuya mayor penalización, dice Pazos Morán, sería razonable si se eliminasen “las causas de esas lagunas que luego se penalizan. Desgraciadamente, ese no es el enfoque”.
Nina Infante, del Fórum de Política Feminista, considera que esta reforma supone un absoluto trato discriminatorio para las mujeres. “Nos hemos incorporado más tarde al trabajo y trabajamos mucho más a tiempo parcial debido a ese tradicional esquema del cuidado. Con esta ampliación, tendremos que cubrir muchos más años que los hombres para alcanzar la misma pensión”, explica.
Leer más aquí.

lunes, 19 de julio de 2010

Otras formas de reformar las pensiones sin recortes ni cogelaciones.

Otros expertos hacen propuestas alternativas al plan del Gobierno y la UE. Denuncian sesgo en el debate oficial. Un resumen de sus propuesta podemos ver a continuación:
1. Guarderías. La clave olvidada
Puede parecer una provocación, pero Esping-Andersen lleva muchos años estudiándolo: "La reforma de las pensiones debe empezar con los bebés y las guarderías".
La secuencia de Esping-Andresen es la siguiente, ya muy demostrada en los países escandinavos: una buena red de guarderías públicas aumenta la tasa de ocupación, tanto por la contratación de educadores como por la facilidad de conciliación de madres y padres, lo que aumenta las cotizaciones.
La mejoría es especialmente importante en la tasa de ocupación femenina, que en España se sitúa en apenas el 56,3%, seis puntos por debajo de la media europea. Y a casi 20 puntos de Suecia.
Además, las guarderías contribuyen al aumento de la tasa de fecundidad, otro elemento clave para las pensiones...
2. Más empleo. La base del modelo
"No tenemos un problema con el sistema de pensiones, sino con el mercado de trabajo", apunta Miren Etxezarreta, quien añade: "Lo que es insostenible no es que cada vez vivamos más años, una magnífica noticia, sino tener 4,5 millones de parados. A eso habría que dedicar pues todo el esfuerzo del Gobierno".
El modelo público de pensiones descansa en el mercado de trabajo: los trabajadores de hoy cotizan para pagar a los jubilados, quienes años atrás pagaron a los de la generación precedente. Por tanto, elevar la tasa de ocupación, que en España está en el 63%, seis puntos por debajo de la media de la UE y a 15 puntos de Suecia, es básico para las cotizaciones y las pensiones.
3. Más años cotizando. Jóvenes y veteranos
Ajá: ¿los que defienden reformas alternativas admiten que no hay más remedio que retrasar la edad de jubilación? No necesariamente: en lo que están todos de acuerdo es en que hay que cotizar más años sin que ello implique a la fuerza jubilarse después de los 65...
4. Retraso selectivo. Los ricos, a los 67 años
Esping-Andersen y otros expertos de la escuela socialdemócrata no se cierran a retrasar la edad de jubilación. Pero rechazan la fórmula universal: sugieren explorar una edad legal de jubilación a la carta, "en función de los ingresos acumulados en la vida laboral". A mayores ingresos, jubilación más tardía.
La lógica de la propuesta es de equidad y viabilidad: hay suficiente evidencia empírica que prueba que la probabilidad de vivir más años tras la jubilación y, por tanto, de cobrar pensión es muy superior para los más ricos.
Según el catedrático Vicenç Navarro, la diferencia de esperanza de vida entre los ciudadanos del segmento de renta superior y los del inferior es de 15 años en EEUU y de 7 en la UE. La media la sitúa en 10.
"Es injusto pedir a un trabajador no cualificado que continúe trabajando dos años más (y algunos piden cinco) para pagar las pensiones de un banquero que le sobrevivirá diez años",...
5. Eliminar el tope. Más de 3.198 euros
En el modelo actual, la cotización de las rentas altas es superior a la de las bajas. Pero hay un tope: nadie, por rico que sea o por estratosférica que sea su nómina, paga una cotización superior a los 3.198 euros.
"En el fondo es un sistema muy regresivo, que sólo beneficia a los fuertes del mercado laboral. ¿Por qué tiene que existir este tope de cotización?", se pregunta Esping-Andersen.
"El tope máximo es muy bajo le secunda Etxezarreta. Si los salarios altos cotizaran de forma realmente progresiva, el aumento de los ingresos del sistema iría muy bien para reforzarlo",...
6. Un impuesto. La presión fiscal es baja
"¿Dónde está escrito que las cotizaciones deben financiar el sistema de pensiones?", se pregunta Zubiri. Y plantea otra pregunta retórica: "¿Por qué tenemos un modelo público? ¿Sólo por eficiencia?".
Su respuesta: "El sector público no tiene por qué actuar como una empresa privada, sino que su objetivo debe ser conseguir los niveles de bienestar decididos socialmente. Por tanto, lo lógico sería que las pensiones se financiaran con impuestos".
Así sucede ya parcialmente en otros países europeos. En España, el margen es muy superior al de la mayoría de sus socios porque su presión fiscal es menor: recauda en impuestos el equivalente al 33,1% de su PIB, cuatro puntos por debajo de la media de la UE.
7. Presupuesto. Como todo lo demás
Este es el punto que más indigna a Etxezarreta: "¿Alguien me puede explicar por qué las pensiones no se financian como cualquier otro servicio del Estado; es decir, a través de los presupuestos?".
La catedrática emérita considera que la conexión entre las cotizaciones y las pensiones a través de un presupuesto propio que necesariamente debe estar equilibrado es "una de las grandes trampas" del debate planteado.
Sus ejemplos son rotundos: "Por la misma regla de tres, los soldados deberían cotizar para que exista el ejército. ¿Y por qué no inventamos cotizaciones para que los monárquicos financien a la monarquía?".
En su opinión, y en ello coincide con Torres, la financiación de las pensiones debería proceder del presupuesto público, como todo servicio de la Administración. La separación de las cuentas de la Seguridad Social y el imperativo de autofinanciarse fueron en su opinión "un error" en el que cayeron los sindicatos...
8. Productividad. No sólo para exportar
A menudo cuando se habla de mejorar la productividad se asocia a facilitar las exportaciones o a hacer las empresas más rentables. Pero su mejora es también un elemento clave para las pensiones, subrayan los expertos.
En la década de 1950, el gasto en pensiones en España suponía apenas el 3% del PIB. Ahora se acerca al 9% y no por ello el modelo es menos sostenible: el truco es el aumento de la productividad. Y por ello, a catedráticos como Juan Torres no les preocupa que la cifra llegue al 15% en 2060.
Su explicación: "Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que en 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB de 2007 como 100, el de 2060 sería de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas). Por tanto, 91,6. En 2060 los recursos a los pensionistas serían el 15,1% de 223, es decir 33, lo que daría para los no pensionistas 223 menos 33. Es decir, 192: ¡más del doble que en 2007!"...
Seguir leyendo el artículo completo en "El Público" aquí.

domingo, 16 de mayo de 2010

Sueldos récord en plena crisis

Los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron un millón de euros de media en el peor año de la recesión 

El presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, saltó a la fama por llevar su empresa a la mayor suspensión de pagos en la historia empresarial española. Martín, sin embargo, sigue presidiendo su empresa y el año pasado ganó 2,6 millones de sueldo. Los altos directivos de las empresas españolas han pasado por la crisis de puntillas. Su retribución alcanzó niveles récord en 2009, el peor año de la crisis, y eso pese a la caída de los beneficios.
Los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros, según los cálculos realizados por EL PAÍS con los informes de las propias compañías. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo. Supone 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite dentro de la élite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.
...Hay grandes diferencias, no obstante, entre quienes están en lo más alto de la pirámide y el resto. Los 83 consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex, entre los que se encuentran los presidentes, consejeros delegados y otros ejecutivos que forman parte de los órganos de administración, ganaron en 2009 una media de 2,7 millones. Dentro de este grupo están los directivos mejor pagados de España, con Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, a la cabeza con 10,2 millones. Le sigue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con 5,34 millones más otros 3,05 millones de "gratificación por consecución de objetivos estratégicos plurianuales y situaciones excepcionales y puntuales". Tras él están el presidente del BBVA, Francisco González, con 5,3 millones más 2,8 millones en acciones, y otros dos directivos del Santander: Francisco Luzón (5,8 millones) y Matías Rodríguez Inciarte (5,3 millones). El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ganó 4,2 millones. El de Telefónica, César Alierta, no publica su retribución.
Los otros 501 altos directivos costaron a las empresas una media de 700.000 euros. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues las empresas tienen diferente vara de medir al clasificar a sus empleados como altos directivos. Así, Mapfre declara tener sólo dos y ACS, 50; la pequeña Grifols pone la etiqueta de alto directivo al triple de personas que el gigante Telefónica. Los altos directivos mejor pagados fueron los del Banco Santander, con 3,54 millones de media, seguidos por los de Telefónica (2,73 millones) y de los de BBVA (2,04 millones).

Pensiones multimillonarias
...En el BBVA se jubiló anticipadamente el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, para el que el consejo de administración del banco fijó unos derechos de pensión de 68,7 millones de euros. Asimismo, al cumplir los 65 años, el consejo fijó la pensión del presidente del BBVA, Francisco González, en 79,8 millones, que se externalizaron en una póliza de seguro.
En el Santander, el presidente, Emilio Botín, y el consejero delegado, Alfredo Sáenz, que tenían superada la edad de jubilación, ejercitaron también en 2009 la opción para recibir sus pensiones en forma de capital en la fecha de jubilación efectiva. Al primero le corresponderán 24,6 millones y al segundo, 85,7.
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