JOSEPH E. STIGLITZ
12 ENE 2020 -
Hay una dimensión de la justicia a la que los políticos dedican a menudo cuatro palabras, pero poco más que eso: el bienestar de las generaciones futuras. La reforma tributaria de 2017 [en EE UU] generará enormes déficits fiscales y aumentará la deuda del Gobierno. Irónicamente, los republicanos en el Congreso argumentaban contra una deuda excesiva —que sería una carga para las futuras generaciones, decían— hasta que tuvieron la oportunidad de enriquecer a las corporaciones y los multimillonarios. Hay tres aspectos de la justicia intergeneracional a los que se ha conferido escasa relevancia y que una agenda progresista debe corregir.
Primero, lo que verdaderamente supone una carga para las generaciones futuras es la falta de inversión, tanto pública como privada (...). Si no brindamos a nuestros jóvenes la educación adecuada, a la larga serán incapaces de alcanzar todo su potencial. Y si no invertimos en infraestructura y tecnología, el mundo que heredarán no será capaz de sostener los niveles de vida que nosotros hemos disfrutado.
Segundo, nuestro planeta es insustituible. Si las cosas no funcionan bien aquí, no hay ningún otro sitio al que podamos ir. Aun así, estamos expoliando nuestro mundo, y aún más peligrosamente con el cambio climático en ciernes. El daño aumenta cada año, de un modo que ahora resulta predecible. Incluso la forma en que el Gobierno reflexiona acerca del medio ambiente y toma decisiones al respecto resulta injusta para nuestros niños. Recordemos lo dicho (...): siempre que el Gobierno considera una regulación, debe hacer un análisis de los costes y los beneficios. Parte de este análisis implica comparar, digamos, el coste de una regulación medioambiental hoy con los beneficios que tendrá hoy y en un futuro. Si restringimos, por ejemplo, las contaminantes centrales eléctricas a base de carbón, los costes pueden aumentar hoy, pero los beneficios de una mejor salud y de reducir el cambio climático se extenderán a lo largo de los años. El factor clave para realizar estos análisis de los costes y los beneficios es: ¿cómo comparamos un dólar de beneficios futuros con un dólar de costes actuales? Con los procedimientos de la Administración de Trump, un dólar (“real”) equivaldrá en cincuenta años, cuando nuestros hijos estén en la flor de la vida, a solo tres centavos. En esencia, la Administración se limita a estafar al futuro. A menos que el beneficio de una regulación ambiental sea para nuestros hijos más de treinta veces mayor que el coste hoy, la Administración cree que no debería adoptarse. Con este cálculo, que apenas tiene en cuenta a nuestros hijos, no debe sorprendernos que no haya interés alguno en hacer algo respecto al cambio climático.
Tercero, por varias razones, grandes proporciones de gente joven no cuentan con las oportunidades que, digamos, tuve yo mismo cuando empecé. Millones de ellos cargan ya con la pesada deuda estudiantil, que obstaculiza su habilidad de elegir con libertad —están constantemente pensando en los pagos que deben— o hasta de crear una familia o comprar una casa. Entretanto, los precios de la vivienda, relativos a los ingresos, han subido por los efectos del dinero fácil, una normativa tributaria pobremente diseñada y la desregulación financiera. Nuestra generación disfrutó de las ganancias del capital. La siguiente tiene que idear la forma de conseguir una vivienda asequible. Esta brecha en el bienestar intergeneracional es de las cuestiones más problemáticas a las que nos enfrentamos. Los padres que hicieron fortuna en el sector de los bienes inmobiliarios pueden compartir esa riqueza con sus hijos, quienes pueden a su vez traspasarla a los suyos. Pero los que no poseen ningún bien inmobiliario tienen poco o nada que legar a sus hijos y nietos, y eso deja a sus herederos expuestos. Así, las desigualdades en esta generación pueden verse amplificadas en la siguiente. Los cambios en la política tributaria (…) y los programas de crédito hipotecario y estudiantil (…) brindan una salida.
Tributación
Un sistema tributario progresivo, justo y eficaz debería ser parte importante de una sociedad dinámica y justa. Hemos descrito las actividades relevantes que el Gobierno tiene que asumir, como la enseñanza pública, la salud, la investigación y el desarrollo de infraestructuras; la gestión de un buen sistema judicial y la garantía de una mínima Seguridad Social.
Para todo esto se necesitan recursos, es decir, impuestos. Lo justo es que sean quienes tienen mayor capacidad de pago—y que suelen obtener más de nuestra economía— quienes tributen más. Pero (…) quienes se sitúan en la cima de la pirámide pagan una tasa impositiva menor que aquellos con ingresos más bajos. De esta y otras formas, las cosas solo han empeorado en las últimas tres décadas: la reforma tributaria de 2017, y su aumento de los impuestos a una mayoría de las capas medias para financiar los recortes impositivos a las corporaciones y los multimillonarios, se ha convertido quizá en la peor legislación tributaria aplicada hasta ahora.
Simplemente exigir a las corporaciones e individuos acaudalados que paguen los impuestos que deben —un cambio modesto en nuestro actual sistema de carácter regresivo— podría por sí solo generar un par de trillones de dólares en un lapso de diez años. Esto implica no solo subir los impuestos, sino eliminar la panoplia de vacíos legales que los grupos de presión a favor de intereses específicos han ayudado a incorporar a nuestro código tributario. En vez de fijar impuestos a los bienes inmuebles con tasas preferenciales (como hizo la ley de 2017), las rentas del suelo deberían tributar a una tipo más alto. Cuando se cobra impuestos a los trabajadores puede ocurrir que no se esfuercen igual en su labor; cuando se cobra impuestos al capital puede ocurrir que vaya a parar a otro lugar o que la gente no ahorre tanto. No es así en el caso de la tierra, que está ahí, se le cobren impuestos o no. De hecho, el gran economista del siglo xix, Henry George, aseguraba que las rentas del suelo deberían tributar un ciento por ciento. Los impuestos sobre las rentas pueden generar una economía más productiva. Ahora bien, una vasta porción de los ahorros va a la tierra en lugar de a activos productivos (inversiones en investigación, fábricas y equipamiento). Fijar impuestos a las ganancias de capital por la tierra y las rentas incentivaría un mayor ahorro, que podría destinarse a capital productivo.
Hay otros impuestos que pueden potenciar de manera simultánea el rendimiento económico y aumentar las rentas. Por ejemplo, uno sobre las emisiones de carbono les recordaría a los hogares y las empresas que debemos reducir nuestras propias emisiones. En ausencia de tales impuestos, los individuos no tienen en cuenta el coste social de sus actividades emisoras de carbono. Incentivarían a la vez las inversiones y la innovación para reducir tales emisiones y podrían desempeñar un papel fundamental en alcanzar las metas tan importantes fijadas en las cumbres internacionales de París (2015) y Copenhague (2009) para limitar el calentamiento global. Sin un impuesto de esa índole, será difícil que se consigan esos objetivos, lo cual tiene un coste enorme: ya en 2017, el mundo experimentó una cifra récord de pérdidas por desastres naturales relacionados con el clima, tales como los 245.000 millones de dólares en pérdidas a causa de los huracanes Harvey, Irma y María, una expresión clara de la creciente variabilidad climática asociada al calentamiento global.
Este extracto es un adelanto editorial de ‘Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar’, que la editorial Taurus publica el próximo 16 de enero. Joseph E. Stiglitz (Indiana, 1943) es catedrático de la Universidad de Columbia (EE UU), fue asesor del Gobierno de Bill Clinton y obtuvo en 2001 el Premio Nobel de Economía.
https://elpais.com/elpais/2020/01/10/ideas/1578646387_428635.html
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