Un grupo de nueve comunidades autónomas ―siete de ellas gobernadas por el PP― se ha lanzado a implantar, con diferente grado de ambición, la gratuidad de la enseñanza del ciclo de 0-3 años con planes que incluyen la subvención al 100% de plazas en escuelas infantiles privadas. La idea puede parecer buena, a primera vista, para desarrollar con rapidez una etapa que, pese a la drástica caída de la natalidad de los últimos años, está experimentando un crecimiento histórico. Sin embargo, los expertos advierten de que la estrategia esconde un grave problema de equidad social, ya que beneficia sobre todo a las clases media y altas, cuyos hijos ya están sobrerrepresentados en el primer ciclo de la educación infantil y ahora seguirán haciéndolo sin coste.
Y los expertos sostienen que, a la vez, esta medida detrae fondos que podrían destinarse a aumentar la matriculación de los niños de clases bajas, que, pese a ser los que según abundante investigación más beneficio académico obtienen a corto y largo plazo al ser escolarizados de forma temprana, tienen una presencia más reducida en las aulas de la etapa.
A diferencia de otras etapas en las que también se subvenciona al 100% la enseñanza en centros privados ―como primaria y la ESO―, en el 0-3 España está lejos de haber alcanzado la universalización. Es decir, de tener una oferta capaz de cubrir toda la demanda. El curso pasado asistieron al 0-3 el 45,6% de los niños en edad de hacerlo. En el siguiente ciclo, el 3-6, que tampoco es obligatorio, lo hizo el 97,7%. Sheila González, investigadora en educación de la Universidad de Barcelona, advierte de que el efecto negativo de financiar a la privada cuando la tasa de cobertura es todavía baja es distinto al que se produce cuando se ha alcanzado la universalización. “En ambos casos es negativo, pero no igual. Si la etapa está universalizada, la consecuencia es una segregación entre escuelas, que es lo que nos pasa en primaria. Pero si no está universalizada, como en el primer ciclo de infantil, el problema que tenemos es directamente de acceso y no acceso”.
Las primeras comunidades que aplicaron la gratuidad del 0-3 incluyendo en la ecuación a las escuelas privadas fueron La Rioja (en 2021) y Galicia (2022). La Comunidad Valenciana, que ya lo ofrecía para la clase de 2 años, anunció el lunes que lo extenderá al resto de la etapa el curso que viene. A escala más restringida, porque no aspiran de momento a subvencionar completamente todas las plazas que ya existen en la enseñanza privada, sino solo una parte, otras seis comunidades han empezado a dar pasos en la misma dirección o anunciado que lo harán a partir de septiembre. Son Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cataluña y Murcia (la comunidad con menor cobertura del 0-3, apenas el 24,5%). Euskadi constituye un caso un tanto diferente, porque centró su estrategia para la etapa en las clases de 2 años, incorporándolos a los colegios públicos y subvencionándolos en los concertados, lo que le ha permitido acercarse a la universalización en dicho nivel, con un 93% de los niños matriculados en dicho curso, muy por encima de la media española (71,2%).
La situación en el resto de comunidades varía, con diferentes fórmulas de ayudas directas a la matriculación en escuelas privadas (sin cubrir el 100%) o desgravaciones fiscales. Pero destaca el caso de las tres comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, cuyos proyectos están claramente centrados en el aumento de plazas públicas gratuitas, en línea con lo que establece la ley de educación, la Lomloe, y con la política del Gobierno, que desde 2021 ha destinado 670 millones de euros a crearlas.
La gratuidad del 0-3 es “una conquista social”, dice Vicenç Arnaiz, psicólogo y referente histórico del estudio de la educación infantil en España, pero hacerlo financiado a la privada entraña riesgos. Para empezar porque la distribución de estos centros responde a una lógica de mercado: se encuentran situados de forma desproporcionada en los barrios de clase media y alta, y quienes viven en ellos son los que más se benefician con su gratuidad. En los barrios más humildes, hay muchas menos escuelas infantiles privadas, añade Arnaiz, “entre otras cosas porque no ha habido interés para abrirlas al no haber margen de beneficio”.
Implantar la gratuidad sin llevar en cabo en paralelo políticas para incentivar la demanda entraña el peligro de “acabar financiado las plazas del alumnado de aquellas familias que se las podían pagar y ya estaban dentro del sistema”, señala la socióloga Sheila González. Sobre todo si no existen sistemas para priorizar la matrícula en función de la renta (o se fijan márgenes de ingresos muy altos), o se ponen criterios que directamente perjudican a las familia vulnerables, como el hecho de poder acreditar que los dos progenitores, si los hay, tienen empleo.
Ignacio Grima, presidente de la patronal de centros privados Acade, ofrece por su parte dos argumentos a favor de extender a estos centros la gratuidad: “Desde una perspectiva de practicidad económica tiene todo el sentido del mundo integrar a nuestra red, que ya está creada y ha demostrado su calidad. Y desde una perspectiva del mantenimiento del empleo, que en este sector es femenino en un 87%, también, ya que si no se nos tiene en cuenta puede tener un futuro complicado”.
Brecha de aprendizaje
En 2019, Save the Children publicó un informe que mostraba que solo el 26,3% de los niños de las familias españolas más pobres asistían al 0-3, frente al 62,5% de los de las familias más ricas, a pesar de que los primeros lo necesitan más. Un estudio internacional presentado por la OCDE en 2020 ―en el que España no había participado― estimó que, a los cinco años, la brecha de aprendizaje entre el alumnado favorecido y desfavorecido oscila entre los ocho y los 20 meses de desarrollo en función de la competencia educativa medida (la menor diferencia se da en “flexibilidad mental” y la mayor, en “habilidades socioemocionales”). Save the Children considera la gratuidad del 0-3 en España un objetivo a medio y largo plazo que debe ir vinculado “necesariamente” a la universalización, afirma Alfonso Echazarra, responsable educativo de la organización.
A corto plazo, prosigue Echazarra, lo prioritario debería ser universalizar el aula de 2-3 años ―aprovechando para ello entre otras cosas “los espacios que quedan libres en los colegios públicos de educación infantil y primaria” por la caída de la natalidad―. Y centrarse, en el caso de las clases de 0-2, “en subvencionar, bonificar u ofrecer gratuidad al alumnado de las familias más vulnerables, aspirando siempre a que estas ayudas se les concedan de forma automática, no a través de trámites complejos”.
La educación infantil ha despegado en España (en el curso 2007-2008 se matricularon 285.997 alumnos y en el 2022-2023, 471.099) pese a la fuerte caída de la natalidad (519.779 nacimientos en 2008; 329.251 en 2022). Ello ha sido posible por el importante aumento del porcentaje de niños en edad de estar en la etapa que lo están; hace 15 años se situaba en el 19,5% u ahora, en el 45,9%. Un crecimiento que ha ido en paralelo al desarrollo de la oferta pública, que en el mismo periodo ha pasado de matricular al 43,8% de los alumnos a acoger al 53,1%.
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