¿Quién teme a la competencia y quién vive del Estado?

Juan Torres López
El diario

Afirmar que las clases trabajadoras son los grupos sociales parasitarios que viven de los demás es un mito sin fundamento: son las grandes empresas y fortunas y los bancos quienes han asaltado los Estados y conquistado el poder que les permite vivir de rentas y no de la innovación y el riesgo.

Uno de los mitos económicos que con mayor éxito se han difundido siempre es el que vincula la mayor competencia con los intereses de las empresas y su defensa con la práctica de las derechas, mientras que a los trabajadores y a sus representantes, sindicatos o partidos de izquierdas, se les achaca el querer siempre vivir a expensas del Estado y de las rentas que generan los demás.

Parece mentira que después de tantos años de poder comprobar cómo funcionan en realidad las economías capitalistas se pueda decir algo así, pero lo cierto es que se dice a diario y con un extraordinario efecto de convicción.

Parece mentira porque lo cierto es que las grandes empresas no sólo no desean la competencia, que es el principal motor de los mercados eficientes, sino que son, por regla general, la primera causa de que desaparezca. No creo que se pudiera encontrar en todo el planeta una sola gran empresa que se precie y que no tenga un departamento orientado precisamente a combatir la competencia y, más concretamente, a tratar de influir de cualquier modo para que los gobiernos legislen de la manera que les sea más conveniente, concediéndole privilegios y más poder de mercado. Se podrían contar por miles las normas legales, desde las leyes más generales a las directrices más concretas, que han salido directamente de alguno de esos departamentos sin que en los parlamentos se haya podido modificar una coma en beneficio colectivo. Quien ha tenido alguna experiencia legislativa o de gestión lo sabe perfectamente.

La colusión y los acuerdos para acabar con la competencia son la regla precisamente porque esta es el mayor enemigo de las empresas que solo buscan ganar cada vez más dinero, puesto que allí donde hay más competencia los precios son más bajos y no se disfruta de beneficios extraordinarios. Por eso, las absorciones, las fusiones, los cárteles, los holdings... las diferentes formas de concentración y centralización del capital han sido siempre el hilo conductor del capitalismo y no hay un sector económico consolidado en donde la lógica imperante no sea la de cada vez menos empresas dominando el mercado. Mercado sí, pero sin competencia y bien protegido por las normas que el Estado promulgue al dictado de la gran empresa o de la banca.

El gran Adam Smith se dio cuenta muy pronto de ello y lo expresó con palabras tan sabias como bellas: "Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías".

La competencia suele ser el caldo de cultivo de las innovaciones, del progreso y del lucro, pero la paradoja es que su efecto benéfico desaparece en la misma medida en que el afán de lucro creciente se impone y la destruye. Las empresas y bancos que quieren ser cada día más grandes y aumentar sin descanso sus cifras de resultados saben que es verdad lo que se ponía en boca del Nobel de Economía John Nash en la película Una mente maravillosa: "La competencia siempre produce perdedores". Por eso no la desean y luchan diariamente por acabar con ella.

A pesar de ello, como decía, el relato dominante es que las empresas y las derechas que defienden sus intereses buscan generalizar la competencia en los mercados mientras que los trabajadores solo quieren vivir de los demás.

Muchos datos reflejan que tampoco esto último es cierto, ni lo es ahora ni lo ha sido a lo largo de la historia.

En mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas menciono, por ejemplo, los resultados de diversas investigaciones realizadas por Anwar Shaikh y Ahmet Tonak que demuestran para Estados Unidos que quienes se "benefician" del Estado de Bienestar (que los liberales consideran como el mayor de los expolios) contribuyen a financiarlo a través de impuestos con cantidades mayores de las que suponen los beneficios que reciben. Y a conclusiones parecidas se ha llegado en otros países. Como en España, donde sabemos que las transferencias monetarias del Estado benefician en mayor medida a los grupos de mayor renta. Por no hablar de las ayudas estatales directas o indirectas de todo tipo que viene recibiendo los bancos y grandes oligopolios o, más sencillamente, las decisiones de gasto que toman los gobiernos sin otro sentido que proporcionarles negocio tras negocio. ¿Qué gran empresa, qué banco, qué gran fortuna existiría como tal en España sin la ayuda del Estado? Posiblemente sobrarían dedos de las manos para poder contarlas.

Afirmar que las clases trabajadoras son los grupos sociales parasitarios que viven de los demás no es solo un mito sin fundamento sino una contradicción en su propio término porque es materialmente imposible que se pueda crear cualquier tipo de riqueza sin el trabajo y lo cierto es que los propietarios del trabajo solo reciben una pequeña parte del valor total que generan con su colaboración de todo tipo en la producción.

Son las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas que se generan en su entorno quienes han asaltado los Estados y conquistado el poder que les permite vivir de rentas y no de la innovación y el riesgo, protegerse con normas y leyes que ellos mismos escriben y apropiarse de la riqueza de otros, limpiamente unas veces y corruptamente las más, como desgraciadamente estamos viendo día a día en nuestro país.

Dicho esto, no puede negarse, sin embargo, que si el mito se ha difundido hasta la saciedad es en cierta medida porque buena parte de las izquierdas y de la representación de las clases trabajadoras han tenido históricamente una evidente confusión sobre la realidad que hay detrás del capitalismo. Lo han vinculado equivocadamente con el mercado y no han sabido apreciar que, aunque parezca una paradoja, la competencia y la eficacia en la generación de riqueza son y deben ser perfectamente compatibles con la solidaridad, con el bienestar colectivo e incluso con la cooperación. Y han creído con demasiada frecuencia que los ingresos y la riqueza son una especie de don o que el progreso y lo revolucionario consiste en creer que todo es gratis.

Tercer artículo de la serie 'Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas'

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/teme-competencia-vive_6_640495979.html

India. La mayor huelga de la historia

Ed Sykes

The Canary

El viernes, 2 de septiembre, una de las economías más grandes del mundo registró lo que tal vez haya sido la huelga más grande de la historia. En un poderoso acto de resistencia frente al gobierno derechista de India, se calcula que participaron hasta 180 millones de personas. Sin embargo, debido a la información sesgada en los grandes medios británicos (y globales), es probable que no te hayas enterado.

¿Qué ocurrió?
Ese día, en el marco de una jornada de lucha de obreros de toda India, cerraron miles de fábricas, centrales eléctricas, oficinas públicas y bancos estatales. El transporte público también se vio afectado. Diez sindicatos, y hasta 180 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público –bancarios, mineros, maestras, trabajadores de la construcción y de correos– participaron en la huelga. Ramen Pandey, de la Confederación Nacional de Sindicatos (INTUC), dijo: “Esta huelga es la más grande que ha habido jamás en el mundo”.

En efecto, el impacto que tuvo fue enorme. Assocham, el máximo órgano de las Cámaras de Comercio de India, comunicó que el trastorno causado en las cadenas de suministro y las empresas cortaron a la economía india 180 000 millones de rupias (2 000 millones de libras esterlinas). Fue la cuarta huelga nacional en India desde 2009.

¿Por qué tuvo lugar la huelga?
Los sindicatos habían decidido responder a lo que calificaron de “políticas antiobreras y antipopulares” del primer ministro Narendra Modi. De acuerdo con el vicepresidente de la INTUC, Ashok Singh, “Modi ha dicho que lucha contra la pobreza, pero parece que en realidad lucha contra los pobres en este país”. Modi condujo al partido derechista Bharatiya Janata a una victoria arrolladora en las elecciones generales de mayo de 2014 con la promesa de impulsar la economía india. Para ello, ha tratado de incrementar la inversión extranjera y privatizar empresas públicas. Ya ha vendido acciones de empresas estatales por valor de miles de millones de libras y pretende recaudar alrededor de 8 300 millones de dólares mediante nuevas privatizaciones en 2016 y 2017.

Los sindicatos temen que las políticas neoliberales de Modi (recortes, privatizaciones, etc.) reduzcan tanto los niveles de empleo como los salarios. Por esta razón impulsaron la huelga masiva con 12 reivindicaciones, incluido el aumento del salario mínimo, la seguridad social universal y la eliminación de las inversiones extranjeras en el ferrocarril, los seguros y la industria de defensa.

Una larga incubación
Sin embargo, el neoliberalismo no es nuevo en India, pues se instauró en el país mucho antes de que gobernara Modi. Según Jayati Ghosh, profesora de economía de la Universidad Jawaharlal Nehru, Modi no ha hecho otra cosa dar continuidad a 25 años de políticas neoliberales que no han hecho más que empeorar la situación de los trabajadores: “Menos del 4 % de los trabajadores de India gozan de protección laboral, e incluso esa protección se ha ido erosionando. Cunde la sensación de que en vez de combatir la pobreza, están combatiendo a los pobres, y ha habido una rebaja real del gasto en servicios públicos esenciales.” Hay trabajadores de la sanidad en India que llevan sin cobrar desde hace meses. Los subsidios alimenticios y sistemas de distribución, mientras tanto, se han deteriorado. Ghosh insiste: “El gobierno central anima activamente a las empresas privadas que desean impedir cualquier tipo de sindicalización.”

En este contexto de continuos ataques a los derechos de los trabajadores de India por parte del régimen, parece que los sindicatos indios no hayan tenido otra salida que ir a la huelga. Y al hacerlo de una manera tan drástica el pasado 2 de septiembre, han enviado un mensaje contundente tanto el gobierno de Modi en Nueva Delhi como al mundo entero: los trabajadores no renunciarán a sus derechos sin luchar.

En el siguiente vídeo pueden verse algunas imágenes de la huelga:
http://www.thecanary.co/2016/09/15/worlds-largest-ever-strike-takes-place-gets-buried-media-video/

Traducción Viento Sur:
http://vientosur.info/spip.php?article11725#sthash.TX4OEdPO.dpuf

El sufrimiento laboral se ha convertido en un grave problema social

¿Qué ocurre en el mundo del trabajo que está destruyendo a tanta gente exhausta por ese agotamiento profesional físico y psíquico que en inglés se conoce como burn out?

Patrice, un veterano del sector del espectáculo que pedía el reconocimiento de su invalidez laboral, se prendió fuego frente a la sede del organismo de la seguridad social francesa que gestiona los retiros por enfermedad. Era un 27 de abril en la ciudad de Marsella y el hombre sufrió quemaduras de tercer grado en el 65% de su cuerpo, pero sobrevivió.

El dossier de Patrice estaba atascado en la oficina y su protesta pretendía resolver el asunto por la vía de eliminarse. En la propia oficina de la seguridad social marsellesa las condiciones de trabajo, “se han hecho terribles”, explicó una de las empleadas a la hija de Patrice. La propia funcionaria se declaraba “quemada”, profesionalmente agotada en su labor.

Cuatro meses antes el mundo hospitalario parisino se había visto conmocionado por el suicidio del doctor Jean-Louis Mégnien, un conocido cardiólogo del hospital Georges Pompidou de la capital. Padre de cinco hijos, de 54 años, aficionado a la aviación deportiva y descrito por sus compañeros como persona de carácter jovial e incluso “juerguista”, Mégnien se tiró por la ventana de su despacho, en la séptima planta, un 17 de diciembre. De este modo, ponía así fin a una crisis depresiva, vinculada a las condiciones de trabajo en el hospital.

El 21 de mayo un profesor de instituto de la ciudad de Amiens (noroeste) de 40 años, Frédéric Legris, protagonizó un drama aún más sobrecogedor: se colgó de un árbol tras haber ahorcado a su propio hijo de seis años en un bosque de Oresmaux, al sur de Amiens. También en ese caso se ha especulado con una crisis laboral.

¿Qué ocurre en el mundo del trabajo que está destruyendo a tanta gente exhausta por ese agotamiento profesional físico y psíquico que en inglés se conoce como burn out? Los expertos consultados dibujan una situación que va mucho más allá de los problemas psíquicos personales y se refieren a un verdadero problema social central que afecta a todas las categorías profesionales, especialmente desde los años noventa, cuando se produjo una “intensificación del trabajo”.

Para la psiquiatra Marie-Hélène Braudo, de la asociación contra el sufrimiento laboral 24 Millones de Asalariados, de París, el problema parte de la mentalidad del “todo es posible” que se ha impuesto en el medio laboral, donde las nuevas tecnologías y el “perverso despotismo administrativo”, con sus relaciones de poder crean un “ambiente sin límites” en el trabajo en el que todo es, o debe ser, posible. El resultado es que la mula sobrecargada se acaba desplomando.

En Francia este fenómeno tiene un coste de entre 800 y 1.600 millones de euros anuales, según la estimación del Instituto Nacional de Investigación y Seguridad para la prevención de enfermedades y accidentes laborales (INRS), un organismo de la seguridad social.

“El 22% de las declaraciones de ineptitud laboral expedidas en el 2015 han estado relacionadas con sufrimiento en el trabajo”, explica la doctora Marianne Paul, del servicio de salud de la región de Brest, en Bretaña.

Los médicos responsables de cursar las bajas por agotamiento laboral dan fe de un fenómeno apenas conocido hace diez o veinte años y que añade otros elementos a la cuestión: “pacientes que sufren verdaderos problemas de salud y que piden cualquier cosa menos una baja temporal, por temor a ser mal vistos, sancionados o despedidos”, señalaba recientemente una investigación del diario católico La Croix.

“Trátese de jóvenes en su primer empleo, en plena actividad, o veteranos, ya no podemos más de esta salvajada que rompe las solidaridades, que nos aísla y nos atemoriza, entre el miedo de perder nuestro trabajo, la sumisión a la que nos vemos obligados y la misma desorganización del trabajo, constatamos día tras día, año tras año, un atentado creciente al trabajo y a los seres humanos”, señala la asociación parisina 24 Millones de Asalariados, que apunta a una “guerra económica” que, “en nombre del beneficio por el beneficio, de la rentabilidad y de la competitividad, extiende su empresa gestionaria”.

Para los profesionales que observan el fenómeno en los barrios populares, donde el mero hecho de trabajar ya es a veces un privilegio, la despersonalización del trabajo es una causa frecuente de sufrimiento. “He asistido a varias enfermeras que trabajaban, por ejemplo, en un centro de tercera edad. Todas ellas estaban mal por la sencilla razón de que cada día se las obligaba a cambiar de servicio o de planta, para impedir que desarrollaran un vínculo personal con los ingresados, cuando para ellas es precisamente eso lo que da sentido a su trabajo”, explica en La Croix la doctora Catherine Jung, médico de cabecera en el barrio periférico de Neuhof de la ciudad de Estrasburgo.

Pero el sufrimiento no es sólo consecuencia de una administración irracional, estúpida, o particularmente despótica. El caso de la empresa France Telecom, la primera empresa de telecomunicaciones francesa, que ahora se llama Orange, demuestra que el burn out puede ser también una estrategia.

Entre el 2008 y el 2009 trabajar en France Telecom, una empresa de 110.000 empleados, se convirtió para miles de ellos en un verdadero calvario. Pero era un calvario inducido. Originariamente una empresa pública del servicio nacional de correos (PTT), el gigante fue privatizado en el 2004. El Estado perdió la mayoría en el accionariado. Una nueva dirección, atosigada por la competencia entre las grandes empresas del sector, emprendió un plan de reconversión. Había que quitar de en medio a 22.000 empleados y recolocar a otros 10.000, así que a muchos se les hizo la vida imposible. 35 cuadros de France Telecom se suicidaron en dos años, otros 12 lo intentaron. Tras siete años de investigación, la Fiscalía francesa pidió a principios de julio que se procese a esta empresa y a ocho de sus cinco altos directivos de la época. Es un caso sin precedentes que podría sentar al burn out en el banquillo.
Rafael Poch.

http://www.lavanguardia.com/vida/20160714/403189117532/el-sufrimiento-laboral-se-ha-convertido-en-un-grave-problema-social.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social

“La mejora de los salarios mínimos es la mejor herramienta para combatir la pobreza en el trabajo”. Entrevista a Joaquín Nieto, director en España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El Captor

Joaquín Nieto Sainz -Mendavia (Navarra), 1956- ocupa desde el 1 de mayo de 2011 la Dirección de la Oficina en España de la Organización del Trabajo Internacional (OIT), agencia de las Naciones Unidas (ONU) especializada en materia laboral y cuya estructura tripartita -gobierno, empresas y trabajadores- persigue el fortalecimiento del diálogo social, entre otras de sus misiones y objetivos.

Profundizamos así en la nueva sección de entrevistas que progresivamente irán publicándose en El Captor, ofreciendo en exclusiva la extensa y enriquecedora conversación mantenida hace escasas semanas con el máximo representante de uno de los más relevantes organismos institucionales en el ámbito socio-laboral de España.

Resulta un privilegio poder entrevistar al director en España de la OIT, una institución clave a nivel mundial.

Y a punto de ser centenaria. En el contexto de la preparación del centenario en 2019, la OIT ha lanzado la ‘Iniciativa sobre el futuro del trabajo’, un debate mundial para responder a preguntas como; ¿Qué va a ser del trabajo a lo largo del siglo XXI? ¿Habrá suficiente? ¿Se evitará la pérdida de toda una generación de jóvenes? ¿Cómo afectará al trabajo la evolución tecnológica? ¿Cómo la evolución demográfica? ¿Qué cambios e impactos serán debidos a la protección ambiental para evitar el desastre climático y ecológico? ¿Qué modificaciones en la organización del trabajo y la producción y en las organizaciones de empleadores y trabajadores?

Dada la magnitud de los retos, ¿poseen las instituciones llaves maestras para crear las condiciones que nos permitan afrontarlos? ¿Qué instituciones: las españolas, las europeas…? Lo que le sucede a España está íntimamente ligado de manera inmediata con lo que sucede en el mundo y en Europa. Los problemas españoles no son intrínsecamente españoles; están asociados a problemas y decisiones tomadas en Europa. Es imposible hoy hablar sólo de políticas nacionales. En nuestro informe 2016 “Tendencias y perspectivas mundiales del empleo” prevemos que la senda de la creación de empleo en España no va a estar exenta de dificultades. En la economía española hay sectores como el exportador -muy importante y dinámico- que es muy sensible a la coyuntura internacional, que presenta unas perspectivas sombrías dada la situación en los países emergentes. Otros sectores dependen más de la demanda interna, que se ve constreñida por las políticas de austeridad. El gran riesgo es que fruto de la austeridad extrema que ha provocado la caída de ingresos y la devaluación salarial, España –que está conociendo una recuperación económica pero sin recuperación social- caiga en otra crisis económica antes incluso de reiniciarse la recuperación social.

Ciertos resortes institucionales sí influyen positivamente en la recuperación de la demanda interna, como por ejemplo la modulación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por supuesto. Existen restricciones que provienen de la esfera internacional, pero existe también un margen positivo para aplicar políticas internas. Los poderes públicos influyen, es evidente. Por ejemplo, han sido ellos los que han decido aplicar políticas de austeridad extrema en Europa y en España. Eso es una opción política, activar la recuperación salarial elevando, por ejemplo, el salario mínimo, es también una opción política. Pero no todo acaba ahí. También influyen las decisiones adoptadas por las asociaciones empresariales y de trabajadores. En la activación de la demanda interna es muy importante lo que pase en la negociación colectiva, con los acuerdos salariales alcanzados en los convenios. Empresarios y sindicatos firmaron un acuerdo confederal que contemplaba una elevación moderada de los salarios. Esto ha influido positivamente en los convenios firmados que han acordado mejoras salariales. Los poderes públicos son decisivos pero no suficientes, es necesario que el conjunto de la sociedad actúe.

A veces da la sensación de que incluso las decisiones tomadas en un marco de diálogo social avanzan por una áspera deriva, me refiero al abaratamiento de los costes por cese o despido.

Esas medidas de abaratamiento de los costes del despido se han adoptado en ausencia de diálogo social, esa es la realidad. Las partes tenían distintas posiciones. Las organizaciones sindicales defendían la flexibilidad interna –para mantener al máximo el empleo en cada empresa–, pero no la flexibilidad externa, por considerar que abarata y estimula el despido favoreciendo la sustitución de trabajadores con cierta antigüedad y salarios más elevados por otros sin antigüedad y salarios menores. Lo que ha habido desde que se inició la crisis es una ausencia de diálogo social, lo que ha favorecido el abaratamiento de los despidos, la sustitución de empleos por otros de menor calidad y la reducción de la calidad del empleo.

También influirá la economía. El impacto de las reformas laborales sobre el empleo está sobrevalorado. La evolución del empleo no depende tanto de las relaciones laborales como de otros factores, como la política económica y el modelo productivo. Se crea empleo cuando hay decisiones económicas que revitalizan la economía y la inversión estimulando la creación de empleo. El modelo productivo, es decir la estructura productiva por sectores, es también decisiva. En España, sin ir más lejos, el marco regulatorio básico de las relaciones laborales es único, por ser estatal. Pero hay Comunidades autónomas con la mitad de desempleo que otras. Las diferencias se encuentran en sus modelos productivos; los más diversificados, industrializados y modernizados hacia los requerimientos internacionales de sostenibilidad tienen más empleos y éstos son más estables. Antes comentaba que el sector exportador ha tenido un comportamiento dinámico incluso durante la crisis. Que no sea el sector con empleos más precarios y de peor remuneración sino todo lo contrario, nos da pistas muy significativas. En lo que sí influye la regulación es en la calidad del empleo.

Algunas conclusiones tan evidentes luego no se plasman en la práctica. Lo cierto es que a los trabajadores se les exige flexibilidad y eso es algo muy difícil de conjugar con la estabilidad.

Cuando se habla de flexibilidad tenemos que distinguir entre flexibilidad interna y flexibilidad externa. La interna se negocia y puede ser un elemento de conservación y mantenimiento de los empleos en la empresa, mientras que la externa consiste en un marco regulatorio que permite decisiones unilaterales por parte de la empresa, que suele traer consigo más despidos y una menor estabilidad de los empleos. Detrás de los grandes términos como ‘flexibilidad’ hay que buscar mayor nivel de precisión para saber de qué se está hablando. También convendría discernir las tendencias en la evolución del empleo. No todo el empleo ha evolucionado hacia la precariedad, aunque existe una tendencia general -que es mundial- hacia una mayor precarización. Pero a la vez también existen sectores en los que el empleo va ganando mayores niveles de estabilidad. Y el potencial mundial de este proceso es inmenso. Más de la mitad de los empleos en el mundo están en la economía informal, pero se pueden formalizar. En el marco de la OIT, gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos han iniciado un camino para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal.

Aunque alguno de los últimos informes de la OCDE indica que España tiene una de las tasas de minijobs en el mercado juvenil más altas del mundo.

Sí, esta es también una tendencia general de los últimos años, la del empleo a tiempo parcial, que ha generado una especie de efecto sustitución de empleos a tiempo completo por otros a tiempo parcial y peor remunerados. Así, el número de contratos puede aumentar estadísticamente, sin que aumente el número real de empleos creados y de horas remuneradas. Lo que sí aumenta es la situación de pobreza entre los empleados. Ya no basta con tener un empleo para salir de la pobreza y cada vez hay más trabajadores pobres. En España superan en un tercio la media de la Unión Europea (12,5% versus 9,5%). Además se encuentran principalmente en los trabajadores por cuenta propia, algo a tener en consideración en el momento de alentar qué tipo de empleos se crean.

Si apostamos por un modelo de emprendedurismo masivo las tasas de fracaso serán enormes y aumentará la pobreza.

Lo importante a considerar es que a partir de ahora los gobiernos van a estar obligados tanto a reducir el desempleo como a reducir la pobreza. La agenda 2030 de Naciones Unidas en vigor desde el 1 de enero de 2016 establece en el Objetivo 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la obligación de reducir la pobreza en cada país a la mitad de su pobreza relativa (es decir de aquellas personas cuyos ingresos anuales están por debajo del 60% de la mediana). Esta nueva agenda de Naciones Unidas –los ODS– ya no está dirigida sólo a los países en desarrollo o menos desarrollados como era antes, sino que vincula también a los países desarrollados, porque existe un sur dentro del norte, y sus gobiernos van a tener que explicar qué están haciendo para reducir la pobreza y adoptar medidas coherentes.

Creo que en este sentido podríamos hablar del término “Complemento Salarial”.

Están apareciendo varias propuestas a este respecto y todas son algo confusas en relación a su modalidad y su posible aplicación.

Todas parecen ir orientadas hacia el uso de recursos públicos para complementar la remuneración de los trabajadores.

El salario es salario y las ayudas públicas son ayudas públicas. Hay una amplia red de protección social con ayudas públicas. También hay un sistema de incentivos a la contratación, reducciones y exenciones de cotización y otras subvenciones a las empresas que son ayudas públicas. En lo que se refiere a los trabajadores, la OIT considera que tienen derecho a un trabajo decente y a la protección social. Si los trabajos son decentes, es decir con salarios dignos y protección social, no sería necesario activar un sistema añadido de ingreso salarial. En cuanto a la protección social, hay numerosos mecanismos para garantizar unos ingresos mínimos para todas las personas y muchas fórmulas en debate, desde la garantía de renta mínima a las propuestas de renta básica. En cuanto a los ingresos salariales, el salario mínimo es una buena fórmula. Además, la mejora de los salarios mínimos es la mejor herramienta para combatir la pobreza en el trabajo e incluso para dinamizar la economía y la demanda interna. Nosotros creemos que en países como España hay un margen importante de mejora en este aspecto. La carta social de la UE ya apunta a un salario mínimo de al menos el 60% de la mediana de los salarios. Esto daría una buena respuesta a la situación de trabajadores pobres. Los complementos para aquellas personas que trabajan a tiempo parcial y no completan un salario mínimo mensual son parte de la esfera de la protección social. Las subvenciones a las empresas son parte de las políticas activas de empleo.

¿Qué opina sobre la posibilidad de limitar la realización de horas extraordinarias para incrementar las posibilidades de ocupación de los parados, tal y como establece el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores en España?

Dicho artículo da una posibilidad a los poderes públicos de actuar al respecto. El problema con las horas extra en España hoy está relacionado con lo que se conoce como economía sumergida, que en OIT denominamos “trabajo no declarado”. Es posible que la actividad económica no declarada no haya aumentado en tiempos de crisis y se mantenga en valores que rondan un 20%. Pero sí que se observa un desplazamiento de las modalidades del trabajo no declarado hacia las horas extras no declaradas, lo que da pie a pensar que parte de las contrataciones a tiempo parcial no son sino artificios para declarar menos a la Seguridad Social. La actuación de los poderes públicos en el sentido que usted comenta tiene su complejidad y debería empezar por hacer aflorar las horas extraordinarias realmente realizadas pero no declaradas aunque remuneradas y las no declaradas ni remuneradas. De hecho, se está dando cierto reparto del empleo, porque si comparamos el total de las horas de trabajo realizadas en 2015 en relación a las realizadas en 2011, resulta que son algo menos pero el número de ocupados ha crecido ligeramente en ese período lo que sugiere que se ha dado un cierto reparto del empleo, pero con peores salarios y menor protección social.

Respecto a lo que usted citaba sobre el “trabajo no declarado” nos enfrentamos al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La sostenibilidad del sistema de pensiones público y de reparto depende fundamentalmente del empleo, es evidente, y la mejor forma de hacer sostenible el sistema es el fortalecimiento de la población activa y la plena ocupación. No obstante, atendiendo también a variables demográficas y a las necesidades de la sociedad está claro que el sistema debe nutrirse de ingresos fiscales que provengan no solo de lo que llamamos ingresos contributivos, las cotizaciones sociales, sino también de impuestos. Si hay que mejorar los ingresos en el sistema de pensiones no necesariamente eso tiene que significar elevar las cotizaciones sociales, puede conseguirse con una mayor tributación de los beneficios u otros impuestos.

Debe de haber una reflexión sobre el conjunto del sistema fiscal. Tenemos unos sistemas de recaudación fiscal en los que el uso de los recursos humanos en forma de empleo está muy gravado a través de las cotizaciones sociales, y sin embargo los recursos humanos son abundantes y el empleo escaso. Mientras que el uso de los recursos naturales no está tan gravado, siendo recursos muy escasos pero muy empleados, cuyo consumo debería reducirse. Para estimular la eficiencia energética y de los recursos naturales por un lado y para estimular la empleabilidad por el otro, debería producirse una especie de trasvase impositivo, bajando cargas a la empleabilidad de los recursos humanos y aumentando impuestos al uso de recursos naturales, con un balance que podría ser neutro o no desde la perspectiva de los ingresos fiscales dependiendo de las necesidades de cobertura del sistema.

¿No se debería definir con mayor precisión toda propuesta de financiación alternativa? El cómo se debe hacer con detalle corresponde a las partes discutirlo y decidirlo; al gobierno, a las empresas y a los trabajadores de manera tripartita. Lo único que sí quiero añadir a esta reflexión es que cualquier nueva articulación debe ser simultánea, justa y pensada en el medio y largo plazo, no sea que la reducción de cotizaciones no sea cubierta por los nuevos impuestos y se desmorone el sistema.

También debería seguir siendo solidaria, como lo es el sistema público de reparto de pensiones, que es un sistema solidario inter-generacional e intra-generacional. Inter-generacional porque la generación laboralmente activa mantiene a las generaciones pasivas, que a su vez han contribuido en el pasado o contribuirán en el futuro a sostener el sistema. Intra-generacional porque el abanico de salarios es mucho más abierto que el de las prestaciones contributivas.

Y por supuesto debe ser el fruto del diálogo social. Si de lo que se trata es de mejorar los ingresos de manera justa, el diálogo social siempre encontrará el modo de hacerlo. Y lo mismo si hay que moderar las prestaciones. Porque entonces los distintos intereses se conjugan y aumenta la creatividad a la hora de encontrar soluciones. Si solo es una parte la que actúa, o si por ejemplo, a la hora de reformar los sistemas públicos de reparto, predominan las reflexiones y estudios y propuestas que provienen del sector privado de pensiones, entonces se producen distorsiones interesadas tanto del análisis como del diagnóstico, las previsiones y las soluciones. Hay que analizar la sostenibilidad de los sistemas públicos, pero también de los sistemas privados, porque ambos tienen fortalezas y debilidades que hay que considerar.

Fuente: http://www.elcaptor.com/economia/mejora-salarios-minimos-combatir-pobreza-trabajo
(Foto de Rosa Peña: Primavera en mi barrio. Rivermark. Santa Clara. California)

La muerte, el cuello blanco y el cuello azul. Cae la esperanza de vida del trabajador blanco estadounidense

Barbara Ehrenreich

TomDispatch

Estamos en la mala estación. Mejor no hacerse preguntas sobre ella. Racismo. Xenofobia. Palizas a los refugiados. La aparentemente desvergonzada e interminable sucesión de asesinatos (y otros tipos de maltrato) de ciudadanos negros a manos de la policía. Todo ello a la vista de cualquiera que quiera denunciarlo... o aplaudirlo. Y en los mítines de todo el país, los candidatos republicanos –sobre todo Donald Trump– son ciertamente vitoreados (y quienes se manifiesten en contrario, expulsados, escupidos y apaleados) por multitudes casi totalmente blancas por decir cualquier barbaridad en esta cuesta abajo al infierno. Incluso en la derecha algunos comentaristas y expertos están empezando a pronunciar la horrible palabra ‘fascismo’ cuando se trata de posibles registros federales de datos personales de musulmanes estadounidenses y otras personas por el estilo.

Ahora sabemos que las elecciones de 2016 son cada vez más un portal abierto a una edad dorada del lado oscuro de la esclavitud estadounidense; de la represión, el internamiento y el rechazo a cualquier ‘-ismo’ que no podría ser más nefasto. Y detrás de todo eso, cruzando como una autopista interestatal de un lado a otro de nuestra historia, está la tradicional y profundamente arraigada idea del privilegio ligado a la piel blanca, que alcanza incluso a quienes están relativamente despojados de poder. En estos días se está prestando mucha atención a la próxima declaración escandalosa –cualquiera que sea– que salga de la boca de Donald Trump, Ben Carson o Ted Cruz. Mucha menos atención se presta a quienes los aplauden en su locura colectiva o a los medios que desde la matanza de París están machacando cada hora de cada día de la semana, cuando se trata de la amenaza del terrorismo islámico que, desde el 11-S de 2001 han sido unos de los peligros menores en la vida de Estados Unidos. Esencialmente, las ‘noticias’ –una máquina de crear miedos– se han convertido en –a pesar de los ataques de Donald Trump contra ellos– en una máquina de promoción de los de su ralea.

Por supuesto, en esta campaña de 2016, no podría estar más claro que la versión multimillonaria de los privilegios blancos va con viento en popa, sin embargo para los blancos de la clase trabajadora los tiempos no son tan halagüeños. Tal como Barbara Ehrenreich, editora fundadora del Proyecto Penurias de la Información Económica (EHRP, por sus siglas en inglés), lo escribe hoy, en Estados Unidos la idea del privilegio blanco está en su momento más alto; esto no debería sorprender a nadie. Un estudio reciente comentado por ella sugiere que los blancos de mediana edad que solo han hecho la escuela secundaria tienen un índice de mortalidad que, en los países desarrollados, está muy cerca del último visto entre los hombres rusos después del colapso de la Unión Soviética. En otras palabras, muchos estadounidenses blancos tienen cada vez menos para celebrar en su vida; esto podría explicar su aplauso publico a Trump et al.

* * *

La gran extinción del obrero blanco estadounidense
La clase trabajadora blanca, que por lo general preocupa a los progresistas por su habitual y paradójica inclinación a votar al Partido Republicano, últimamente ha merecido la atención mediática por algo más que eso: según la economista Anne Case y Angus Deaton, ganador del último Nobel de Economía, los integrantes de este sector social de entre 45 y 54 años de edad están falleciendo a un ritmo en absoluto moderado. Mientras la esperanza de vida de los blancos más adinerados continúa creciendo, la correspondiente a los blancos pobres está disminuyendo. Como resultado de ello, solo en los últimos cuatro años, la diferencia de esperanza de vida entre los hombres blancos pobres y los más ricos ha aumentado hasta llegar a cuatro años. El New York Times publicó el estudio de Deaton y Case con este titular: “La brecha en los ingresos iguala a la de la longevidad”.

No se esperaba que pasara esto. Durante casi un siglo, la reconfortante narrativa estadounidense decía que la mejor alimentación y el cuidado de la salud garantizarían una vida más larga para todos. Por eso, la gran extinción del obrero ha llegado cuando menos se la esperaba y es, como dice el Wall Street Journal, “sorprendente”.

Sobre todo, no se esperaba que pasara esto con los blancos –en relación con los no blancos–, que habían tenido la ventaja de mejores sueldos, mejor acceso al sistema sanitario, barrios más seguros y, por supuesto, vivido libres de los insultos cotidianos y los daños infligidos a los de tez oscura. Ha habido una importante diferencia racial respecto de la longevidad –de 5,3 años entre hombres blancos y negros y de 3,8 entre mujeres blancas y negras–, a pesar de que esta diferencia, raramente notada, ha ido disminuyendo en los últimos 20 años. Sin embargo ahora solo los blancos de mediana edad son quienes están falleciendo en mayor número; este aumento de muertes está vinculado con los suicidios, el alcoholismo y la adicción a las drogas (generalmente, las opiáceas).

Hay algunas razones prácticas de porqué los blancos suelen ser más eficientes que los negros a la hora de darse muerte. La primera es que aquellos tienen más probabilidad de ser dueños de un arma de fuego y la preferencia del hombre blanco de un balazo como forma de suicidio. La segunda es que los médicos, a partir sin duda del estereotipo que marca a los no blancos como drogadictos, son más proclives a recetar fuertes calmantes a base de opio a los blancos que no a las personas de color (con los años, a mí me han ofrecido bastantes recetas de oxycodona como para pensar en un pequeño negocio ilegal).

El trabajo manual –el de camarero hasta el del obrero de la construcción– suele arruinar el cuerpo rápidamente, empezando por las rodillas y continuando por la espalda y las muñecas: cuando falla el Tylenol, el médico puede optar por un opiáceo solo para que usted pueda seguir viviendo.

Los salarios de la desesperación
Pero aquí también está presente algo más profundo. Tal como lo describe Paul Krugman, el columnista del New York Times, las “enfermedades” que están detrás de este exceso de muertes de trabajadores blancos son aquellas relacionadas con la “desesperación”; algunas de las causas más obvias son económicas. En las últimas décadas, las cosas no han ido bien para las personas de clase trabajadora, independientemente del color de sus piel.

Yo me hice adulta en un país –Estados Unidos– en el que un hombre con una espalda fuerte –y mejor aún, con un sindicato fuerte– podía esperar razonablemente mantener una familia con su trabajo sin necesidad de ser un graduado superior. En 2015, esos empleos hace tiempo que han desaparecido y en su lugar solo están los trabajos que antes estaban destinados a las mujeres o a las personas de color y disponibles en sectores como el comercio minorista, la jardinería o el manejo de un furgón de reparto de mercaderías. Esto quiere decir que aquellos blancos que están en el 20 por ciento de menores ingresos se enfrentan con circunstancias materiales similares a las que sufren desde hace mucho tiempo los negros pobres, entre ellas tener un empleo precario e irregular, y vivir en un lugar peligroso y superpoblado.

Sin embargo, el privilegio del blanco nunca fue solo una cuestión de ventaja económica. En 1935, el importante estudioso afro-estadounidense W.E.B. Du Bois escribió: “No debe olvidarse que el sector de los trabajadores blancos, aunque reciba una paga baja, estaba recompensado con una especie de complemento de sueldo: el reconocimiento público y psicológico”.

Hoy, algunos aspectos de este sueldo invisible suenan un tanto pintorescos, como la afirmación de Du Bois acerca de que las personas blancas pertenecientes a la clase trabajadora eran “libremente admitidas como los blancos de otras clases en los espectáculos y parques públicos, e incluso en los mejores colegios”. Hoy en día, son pocos los espacios que no están abiertos –al menos desde el punto de vista legal– a los negros, mientras que los ‘mejores’ colegios están reservados para quienes pueden pagarlos, en su mayor parte, blancos y estadounidenses de origen asiático junto con algunos negros que brinden el toque de “diversidad”. Mientras los blancos han ido perdiendo terreno en la economía, los negros han conseguido beneficios, al menos desde el punto de vista legal. Como resultado de ello, el “sueldo psicológico” concedido al blanco se ha reducido.

Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, pudo contarse con el gobierno para el mantenimiento del poder y el privilegio de los blancos, primero mediante la imposición de la esclavitud y, más tarde, la segregación. Mientras tanto, los blancos de la clase obrera se vieron obligados a defender sus cada vez más reducidos privilegios moviéndose hacia la derecha, acercándose a personajes como el gobernador de Alabama (y más tarde candidato a la presidencia) George Wallace y sus muchos seudopopulistas sucesores hasta llegar al actual Donald Trump.

Al mismo tiempo, la tarea cotidiana de conservar el poder blanco trasladado desde el gobierno estatal al de cada estado y después a los niveles locales, específicamente las policías locales, las cuales, como sabemos, se han hecho cargo de ella con tanto entusiasmo que la han convertido en un escándalo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Últimamente, por ejemplo, The Guardian lleva la cuenta del número de estadounidenses (negros, en su mayor parte) asesinados por miembros de la policía (1.209 en 2015, hasta este momento); mientras tanto, los negros que se manifiestan en el movimiento ‘La vida de los negros importa’ y una oleada de demostraciones dentro de la universidades han recuperado ampliamente el plano altamente moral que antes ocupaba el movimiento por los derechos civiles.

Además, poco a poco la cultura ha avanzado hacia la igualdad racial, e incluso en algunos pocos ámbitos, hacia la supremacía negra. Si en las primeras décadas del siglo XX la imagen estándar del “Negro” era la del trovador, el papel del simplón rural de la cultura popular fue asumido en este siglo [XXI] por los personajes de las series de la TV estadounidense Duck Dynasty y Here Comes Honey Boo Boo. Al menos en el mundo del espectáculo, generalmente el obrero blanco no está tratado como un imbécil mientras que a menudo el negro suele ser el listo del barrio, una persona que sabe expresar sus ideas y a veces es tan adinerado como [el rapero] Kanye West. No es fácil mantener la acostumbrada noción de la superioridad blanca cuando algunos medios logran hacer reír con el contraste entre el negro espabilado y el paleto rural blanco, como en la comedia de Tina Fey Umbreakable Kimmy Schmidt. La persona blanca, presumiblemente de clase media-alta, es imaginada en general a partir de esos personajes y argumentos que, a la hija de una pareja trabajadora, como es mi caso, hacen escocer con su condescendencia.

Por supuesto, también estuvo la elección del primer presidente negro de Estados Unidos. Los estadounidenses nativos blancos han empezado a hablar de “recuperar nuestro país”. Los más adinerados crearon el Tea Party, los de medios más modestos suelen contentarse con poner en su camioneta la calcomanía con la bandera de los Estados Confederados.

En la cuesta abajo de Estados Unidos
El significado de todo este es que el mantenimiento del privilegio de los blancos, sobre todo entre los menos privilegiados, se ha convertido en algo muy difícil y, por lo tanto, más urgente que nunca. Los blancos pobres siempre tuvieron el consuelo de saber que había algunos que estaban pasándolo todavía peor y que eran más despreciados que ellos; la subyugación racial era el suelo que estaba bajo sus pies, la roca sobre que se erguían, incluso mientras su propia situación estaba deteriorándose.

Si el gobierno –particularmente en el nivel federal– ya nos es tan confiable como para garantizar el privilegio blanco, aparecen las iniciativas de base encarnadas por personas individuales o pequeños grupos que ayudan a llenar ese vacío. Estas iniciativas pueden ser las pequeñas agresiones que se producen en las universidades, los insultos raciales gritados desde una furgoneta o, en el extremo más letal, los disparos contra una iglesia frecuentada por negros y renombrada por su trabajo en los tiempos de la lucha por los derechos civiles. Dylann Roof, el asesino de Charleston que hizo justamente esto, era un graduado universitario en el paro y un marginado de quien se sabía que era un gran consumidor de alcohol y drogas opiáceas. Incluso sin una sentencia de muerte esperándole, el futuro de Roof está signado por una muerte prematura.

Las agresiones raciales pueden proporcionar a sus perpetradores blancos una fugaz sensación de triunfo, aunque también exigen un esfuerzo especial. Hace falta un esfuerzo, por ejemplo, para apuntar con una pistola a un negro que está corriendo o girar bruscamente un vehículo para insultar a una negra; se necesita un esfuerzo –y un estómago a toda prueba– para pintar un insulto racial con excremento en una pared del baño de una residencia estudiantil. Los estudiantes universitarios pueden hacer cosas como estas en parte debido a su vulnerabilidad económica, porque saben que apenas se gradúen empezarán a pagar el préstamo que han pedido para pagar sus estudios. Sin embargo, más allá del esfuerzo realizado, es especialmente difícil mantener un sentimiento de superioridad racial mientras se está luchando por conservar una posición casi en el fondo de una economía fiable.

Si bien no hay evidencia médica sobre la toxicidad del racismo para quienes lo expresan –después de todo, generaciones de acomodados dueños de esclavos han sobrevivido bastante bien–, la combinación del descenso en la pirámide social y el resentimiento racial puede ser una potente invitación al tipo de desesperación que, de una u otra forma, conduce al suicidio, sea por medio de las drogas o mediante un balazo en la sien. Es imposible romper un techo de cristal si uno está parado sobre el hielo.

A la intelectualidad progre le es fácil sentirse justificada en su repugnancia respecto del racismo de los blancos de la clase más baja, pero la élite educada en la universidad que produce a esta intelectualidad también está en apuros cuando los jóvenes tienen unas perspectivas cada vez menores y una pendiente hacia abajo cada vez más marcada. Llegados los tiempos malos, profesiones enteras –desde la enseñanza universitaria hasta el periodismo y la abogacía– han caído. Una de las peores equivocaciones que esta élite relativa puede cometer es inflar su propio orgullo odiando a quienes están cayendo todavía más rápidamente, sea cual sea su color o raza.

Barbara Ehrenreich, colaboradora habitual de TomDispatch y editora fundadora de Economic Hardship Reporting Project, es autora de Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America y, más recientemente, de la obra autobiogáfica Living with a Wild God: A Nonbeliever's Search for the Truth about Everything.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176075/tomgram%3A_barbara_ehrenreich%2C_america_to_working_class_whites%3A_drop_dead%21/#more

1º de Mayo, día de manifestaciones y luchas de los trabajadores del mundo. Un día de fiesta -no en todos los países aún- gracias a la lucha de los trabajadores.

El origen del 1º de Mayo está en la reivindicación de 8 horas de trabajo por los obreros norteamericanos.

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros.

Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.

En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en inglés). El presidente estadounidense Grover Cleveland, auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo a partir de 1894.

En Extremadura habrá una manifestación en Mérida a partir de las 12
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Trabajadores

“¿Por qué el TTIP quiere proteger antes a los inversores que a los trabajadores de Europa y EEUU?”, Entrevista con Harm Schepel, profesor de Derecho Económico de la Universidad de Kent

El holandés Harm Schepel es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Kent e imparte clases en Bruselas en una de las muchas sedes que este prestigioso centro británico tiene por el mundo. Schepel, en cuyo currículum se incluye una estancia en la Universidad de Oñati (Guipúzcoa), es una de las pocas voces académicas en alzar la voz sobre el denominado ISDS: el sistema de arbitraje de conflictos entre empresas y estados incluidos en los tratados bilaterales, que actualmente se negocia en el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, más conocido como TTIP.

Schepel, una autoridad en el campo de la regulación bilateral que colabora frecuentemente con Los Verdes, aunque también con otros partidos en el Parlamento Europeo, recibe a eldiario.es en su despacho, pegado a la Universidad Libre de Bruselas. Mantiene una posición crítica sobre el TTIP y ve innecesario cualquier tribunal de arbitraje “entre dos zonas con parecido nivel de desarrollo”. “Los documentos hasta ahora publicados son muy vagos, y eso dificulta nuestro análisis sobre el TTIP y los ISDS”, lamenta.

-¿Necesitamos un sistema de arbitraje para regular las disputas entre inversores y Estados en el TTIP?
-Pues depende. ¿Por qué lo necesitaríamos y para qué? Originariamente estos tratados son instrumentales y su lógica es dar mayor seguridad a los inversores que comprometen dinero y recursos en países en vías de desarrollo, con gobiernos inestables, inseguridad jurídica y esas cosas. Pero el valor instrumental del sistema de arbitraje inversor-Estado [el citado ISDS, de sus siglas en inglés] entre la UE y Estados Unidos carece de sentido. Ya se produce una inversión de alrededor de un billón y medio de dólares entre ambos lados del Atlántico. Si preguntamos a cualquier persona de negocios de una de las dos áreas si dejaría de invertir en Europa o América porque no hay ISDS, nadie de las que yo conozco respondería con un “sí”.

-Hay un ‘boom’ de este tipo de sistemas de arbitraje en el mundo, y no solo entre países pobres y ricos. Entre Canadá y EEUU, sin ir más lejos.
-Pero recuerde que el ISDS no es solo con Canadá sino también con México, y se incluye dentro del NAFTA [Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte]. El arbitraje en el NAFTA no se firmó por Estados Unidos o por Canadá: se firmó para contener la tradición revolucionaria que tiene México. Lo gracioso aquí es que tras la firma se dispararon los litigios entre EEUU y Canadá, algo que no estaba previsto.

-La tendencia global a aplicar los ISDS es creciente, en cualquier caso.
-Así es. Hay un tratado ya listo entre la UE y Canadá, y ahora negociamos este capítulo con Estados Unidos. Pero la cuestión permanece: ¿necesitamos este sistema de arbitraje? La respuesta es que no lo necesitamos ni para incrementar las inversiones. Tenemos sistemas legales muy bien desarrollados y gobiernos más o menos estables.

-Algunas patronales europeas dicen que el ISDS protegerá mejor la inversión privada.
-Efectivamente, ese es otro argumento. Los inversores a veces se quejan de discriminación y maltrato jurídico, sea esto cierto o no. Pero aquí la pregunta es otra: ¿por qué proteger a los inversores y no a los trabajadores europeos y norteamericanos, por ejemplo? ¿Por qué no preocuparnos por ellos antes que de otros colectivos?

-¿Qué les puede pasar a los servicios públicos con el ISDS?
-Algo muy peligroso. De haber una demanda ante un tribunal de arbitraje contra, imaginemos, una empresa que gestione recursos públicos, automáticamente la demanda saldrá fuera del país hacia una especie de tribunal autónomo ‘subcontratado’. Donde normalmente un juez emite un dictamen equilibrado entre el interés público general y los derechos de propiedad individual, con el ISDS un tribunal de arbitraje cuida más por lo general los derechos de propiedad de los inversores. ¡Y no porque los tribunales de arbitraje estén compuestos de malas personas! Es que así es como trabajan, sin hacer de contrapeso entre la protección de las inversiones, por un lado, y el interés público, los servicios públicos o el medio ambiente, por destacar tres campos.

-¿En qué escenarios los servicios públicos se verían amenazados frente a los inversores?
-Un ejemplo: el Gobierno español se ha visto obligado casi por la fuerza a recortar su política de subvenciones a las renovables por los problemas presupuestarios. En esta clase de políticas siempre juegan varios intereses, que pueden ser medioambientales o sencillamente el interés de la gente cuyo dinero ha estado financiando esta clase de energía ecológica. Pero ahora además entra en juego el interés del inversor. Y en el momento en que un Estado retira las subvenciones, el inversor puede decir: ‘Miren, yo invertí en las renovables en España contando con las ayudas otorgadas por el Gobierno. Sin ellas yo no habría invertido y mi cuenta de resultados será muy diferente’.
El Gobierno de España, para bien o para mal, tiene sus propios intereses, y ante un caso así buscaría un equilibrio entre la protección jurídica y el interés general. Pero el inversor puede acudir al tribunal de arbitraje, alegar que la retirada de las subvenciones alteró su cuenta de resultados y forzar al Estado a pagar para cubrir sus pérdidas. ¿Exageración? Bueno, es que esto funciona así.

-¿Quién compone el tribunal de arbitraje?
-¿Sabe cómo funciona el ISDS? Hay un litigio entre el inversor y el Estado receptor. Y ese litigio, si lo establecen los tratados, puede resolverse por la vía del arbitraje: el inversor nombra un árbitro, el Estado nombra a otro y la clave reside entonces en quién será el tercero, a su vez presidente del tribunal. Hay varias salidas: un árbitro nombrado de mutuo acuerdo por ambas partes o, la solución más típica, alguien nombrado por una de las autoridades de arbitraje existentes. Una de estas autoridades bien podría ser el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado, perteneciente al Banco Mundial.

-¿Y de dónde proceden los árbitros?
-Gran cuestión. No son tantos. Es verdad que hay centenares de personas que han trabajado para un tribunal de arbitraje, pero la Corte de Arbitraje la forman medio centenar de expertos aproximadamente. ¿Quiénes son? Bueno, yo diría que una mayoría posee gran experiencia en arbitrajes comerciales, habiendo pasado muchos de ellos por la Cámara Internacional de Comercio, que está en París. Estos expertos están bregados en el arbitrio de las diferencias contractuales entre empresas privadas, que no estados. Por ejemplo, si hay un litigio entre una firma española y una china la empresa española no acudirá a la Justicia china porque no entenderá nada. Probablemente tampoco busque Justicia en España a un problema ocurrido en China, porque llevará mucho tiempo y dinero. Así que lo mejor es elegir un actor neutral, un árbitro que agilice las cosas.

-Expertos en litigios entre partes privadas cuyo poder aumenta con los tratados bilaterales.
-No todos, pero muchos proceden de ahí. Muchos pasan de interpretar las normas del Comercio Internacional en litigios que enfrentan a dos empresas a servirse al Derecho Público Internacional para arbitrar los conflictos empresa-estado. Hay una sagrada diferencia entre ambas jurisdicciones, si bien el procedimiento técnico de arbitraje es similar en ambos casos. Otros son abogados internacionales, académicos, ex miembros de la Corte de Justicia… Se dan casos perversos, aunque ciertamente exagerados en ocasiones porque no son tantos: algunos de los árbitros son también abogados internacionales en activo amparados por la ley. Así que pueden darse conflictos en los que una persona una vez sea juez y otra vez sea parte.
Pau Collantes eldiario.es
Fuente original: http://www.eldiario.es/economia/TTIP-inversores-trabajadores-Europa-EEUU_0_367464051.html

El BBVA pide abaratar el despido para bajar la temporalidad. Los empleados pagarían parte de la indemnización con un fondo creado con el 2,19% anual del salario

El BBVA propone una reducción de las indemnizaciones por despido procedente con la aplicación de un sistema que favorecería que buena parte de los temporales se convirtieran en indefinidos.

El método establece que el trabajador recibiría un “salario diferido” del 2,19% de su retribución total, que quedaría en un fondo para el despido. Esto supone ocho días de sueldo por año trabajado y siempre sería propiedad del empleado; si no es despedido, podría disponerlo tras su jubilación y, si cambia de empresa, se lo llevaría consigo. Este sistema es conocido como el modelo austriaco.

De esta forma, en caso de despido tras el primer año la empresa no pondría nada (frente a los 20 días actuales), el segundo año aportaría cuatro días, el tercero, ocho y, a partir del cuarto, 12 días. La indemnización inicial del contrato indefinido sería más baja que la de los temporales.

Además, el BBVA, junto con la Fundación Sagardoy, apuestan por simplificar “sustantivamente” el menú de tipos de contrato para evitar el fraude actual. Considera que se deberían reducir el número de contratos a únicamente tres: el indefinido, el temporal causal y el de formación y aprendizaje “que debería concluir en un empleo indefinido”, apunta Rafael Doménech, responsable del Servicio de Estudios para las Economías Desarrolladas del BBVA. Los partidos políticos, excepto el PP, criticaron duramente esta medida...

El PSOE rechazó de plano la propuesta y espera que no se aplique “jamás” en España, mientras que desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se exigió al BBVA que “deje de tener ideas luminosas” y se centre en cumplir su función, que no es otra que dar crédito. El secretario de Acción Sindical de CC. OO., Ramón Górriz, rechazó la propuesta porque supondría un recorte de la indemnización. El PP pidió tiempo para analizarlo.

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2014/11/13/actualidad/1415903590_290517.html

¿Jubilación laboral?

Leído el artículo titulado La jubilación del talento, lamento la foto con el perfil de tipos trajeados que han estado en despachos comiendo y bebiendo, disponiendo de coches y hoteles, contratos y seguros business, derrochando el dinero de las empresas a costa del esfuerzo de los trabajadores. ¿Ahora pretenden contribuir con lo mismo? A ellos son a los que les debían impedir trabajar y perseguir por hacerlo encubierto como hasta ahora.

A los que había que reconocer su experiencia son a aquellos a los que están entre los 60 y 65 años, con la experiencia de 46 años mínimos trabajados y cotizados, a los que incluyen un puñado de quinquenios como sueldo extra y les piden opinión cuando están perdidos. Sin embargo, por su arrogancia nos marginan. Solo ves gestos de indiferencia y si te llaman es para anotarse como suya alguna de tus sugerencias. Cuando la mayoría de las personas prefiere no trabajar tras cumplir los 65 años, no es solo por una “conquista social irrenunciable”, es porque la cultura de nuestra sociedad laboral no les acepta y han sufrido la falta de respeto en sus últimos 10 años.— P.EDRO SANZ GALLEGO Móstoles, Madrid 18 NOV 2014 - cartas al director. El País

España, el tercer país con más pobreza laboral de Europa. El 12,3% de las personas con un empleo están por debajo el umbral de la pobreza, una cifra que solo superan Rumanía y Grecia

España lidera dos de los ranking más preocupantes de Europa, uno bien conocido -el de paro- y otro cuya importancia ha ganado peso en los últimos años, el de pobreza laboral.
Los últimos datos disponibles sitúan a nuestro país como el tercero con más trabajadores pobres (un 12,3% de las personas con empleo lo son), solo superado por Rumanía (un 19,5%) y Grecia (un 15,1%), según recoge el último informe de la Fundación Primero de Mayo, vinculada al sindicato CCOO. Por el contrario, Finlandia, República Checa, Países Bajos y Bégica apenas alcanzan un 5% de pobreza laboral.

Más allá del dato general, el informe señala varias circunstancias que agravan la exclusión social de las personas con empleo. El autoempleo es, por ejemplo, un factor que aumenta la vulnerabilidad: el riesgo de pobreza entre autónomos es mayor que entre asalariados. Si la tasa de pobreza entre las personas ocupadas es del 12,3%, entre los trabajadores por cuenta propia llega al 35,5%. Solo Rumanía, con un 54%, supera a España en número de autónomos pobres.

La temporalidad y los contratos a tiempo parcial son otros dos factores que condicionan la pobreza laboral. El 16,2% de las personas con contrato temporal están bajo el umbral de la exclusión, una cifra que se reduce al 5,4% en el caso de las que están contratadas de forma indefinida. "Es una tendencia similar, aunque más acusada, de lo sucedido en el conjunto de Europa, donde las personas con contrato temporal registran una tasa de pobreza del 14% y aquellas que tienen un contrato indefinido muestran una tasa del 5,5%", dice el informe.

Tal es la tendencia, que las previsiones para el año 2013 subrayan que la pobreza entre los trabajadores fijos se reducirá "ligeramente" mientras que aumentará entre los temporales. En el caso de los contratos parciales, el riesgo de pobreza llega al 19%, una cifra nueve puntos mayor que para las personas que trabajan a tiempo completo.

Bajos salarios
"Las diversas estadísticas que registran la estructura de los salarios en España muestran que existe un proceso de empobrecimiento de la población asalariada en España, vinculado al aumento de los bajos salarios", afirma también el documento. Ha aumentado, por ejemplo, el porcentaje de población que cobra el salario mínimo (645 euros al mes), según el INE: si en 2010 era el 10,3% de la población asalariada, dos años después representaba ya el 12,3%.

Otras estadísticas muestran datos aún más elevados. Es el caso de la estadística de la Agencia Tributaria, que señala que el 33% de las personas asalariadas en España (5,6 millones de personas) cobra un sueldo igual o inferior al salario mínimo. En cualquier caso, el informe de la Fundación subraya que en los últimos años ha crecido el número de trabajadores que tiene salarios más bajos, mientras que aquellos con sueldos más altos "son menos y sus salarios crecen mucho más que el resto".

A más formación, menos pobreza
La formación es otra de las claves que inciden en la probabilidad de que un trabajador caiga en la pobreza. Las personas ocupadas que no superaron la primera etapa de la educación secundaria tienen cinco veces más probabilidades que las que alcanzaron los estudios universitarios. "Si se relaciona la elevada tasa de abandono escolar con la mayor incidencia de la pobreza en las personas con menor formación se puede señalar que la peor situación de España en la comparación internacional está lejos de solucionarse y que perdurará en el tiempo", apunta el informe.

La existencia de personas dependientes en el hogar condiciona también la pobreza laboral. Los ocupados que viven en hogares donde hay menores dependientes tienen una tasa de pobreza que duplica a la de aquellos que están en hogares donde no existe esta circunstancia.

Por otro lado, las familias donde una mujer trabaja de forma remunerada presentan menos tasas de pobreza. De hecho, el informe resalta que aunque las mujeres están más afectadas por la parcialidad, la temporalidad o los bajos salarios, tienden a presentar menores tasas de riesgo de pobreza que los hombres en su misma situación.
Fuente: El Pais,

¿Nadie llorará por los sindicatos? O cuando nos demos cuenta de lo que están haciendo con ellos y queramos reaccionar, ¿será demasiado tarde?

Isacc Rosa. Eldiario.es

Entre los derrumbes que nos rodean, está pasando desapercibido uno cuyas consecuencias aún no adivinamos: el desplome del modelo sindical que ha sido mayoritario durante casi cuatro décadas en España. El crepúsculo de CCOO y UGT parece a estas alturas tan imparable como irremediable: asfixiados económicamente por el cierre de sus fuentes de financiación, y faltos de cada vez más apoyo, su futuro no puede ser más negro. Pero no se oyen muchas voces que lo lamenten. ¿Nadie llorará por los sindicatos?

Sí, ya sé que CCOO y UGT no son los únicos sindicatos. Que los hayamos percibido así durante tanto tiempo es también parte del problema. Pero sin ignorar que hay otras organizaciones de trabajadores, y que algunas de ellas ofrecen un sindicalismo radicalmente diferente, me temo que el derrumbe de los dos grandes dejará un extenso terreno de ruinas y una polvareda que también cubrirá a esos otros sindicatos en mayor o menor medida.

Aunque muchos trabajadores hace tiempo que ya no cuentan con los sindicatos mayoritarios, y sé que hay quien bailará sobre su tumba, todavía hay quien los considera un activo en la protesta, y por eso días atrás me llegaba repetida una pregunta: “¿dónde están los sindicatos, qué hacen, por qué no se les oye?” Por ejemplo, con el último hachazo a las pensiones, ante el que CCOO y UGT no se han mostrado todo lo contundentes que la ocasión merece.

Sobre ambos sindicatos se ha formado una tormenta perfecta, que está descargando con furia sobre ellos. Una mezcla de errores propios y ajenos, estrategia equivocada, dependencias asfixiantes y falta de reacción cuando todavía estaban a tiempo, les ha convertido en presa fácil de quienes hace tiempo querían cobrarse su cabeza. El resultado, ya digo: la tormenta perfecta.

Es cierto que desde hace años hay una campaña de desprestigio contra ellos, recurriendo a métodos sucios si hace falta. Es cierto que la derecha política y mediática aceptó los sindicatos mientras le garantizaban la paz social, hasta que dejaron de serles útiles. Es cierto que el ataque a los trabajadores pasa también por arrasar toda forma de lucha colectiva, por descafeinada que sea. Y es verdad que los seis millones de parados y las dos reformas laborales últimas han destruido las bases de este sindicalismo, hundiendo la afiliación y dinamitando la negociación colectiva que les daba poder.

Pero también es cierto que estos sindicatos se lo han puesto muy fácil a sus enterradores. A nadie más que a ellos puede culparse de una vocación institucional que les ha llevado a fundirse con el sistema político que hoy se derrumba arrastrándolos en su caída (por ejemplo, en las antiguas cajas de ahorro). Solo ellos tienen la culpa de haber abandonado la calle y preferido los despachos del diálogo social, al que han seguido sentados cuando ya no había nada que dialogar, sentados ante el tablero y las fichas mientras la partida ya se jugaba en otra parte. Son ellos quienes han temido sumarse a movilizaciones más audaces, quienes han dudado cuando hacía falta ser contundentes, quienes no han sabido relacionarse con las nuevas formas de protesta ciudadana.

Son CCOO y UGT quienes han entregado su autonomía económica a un sistema de subvenciones y programas de financiación pública, que hacía posible su asfixia con solo cerrar el grifo, y que hoy los deja a merced de quien concede unos recursos que pueden mantenerlos un poco más con vida. Son también ellos quienes están despidiendo a sus propios trabajadores mediante ERE y aplicando incluso la reforma laboral que criticaban; o quienes no han sabido explicar su participación en la trama andaluza de los ERE o el caso actual de las facturas en Andalucía, aumentando la confusión en sus bases y el desprestigio entre los ciudadanos.

Sí, lo sé: en estos sindicatos, en CCOO y UGT, hay también gente muy valiosa, honesta, luchadora. No hace falta que me convenzan: conozco a muchos de ellos. Y también sé que, pese a su debilidad, todavía tienen fuerza en algunos sectores y empresas, donde no se puede plantear una acción colectiva sin contar con ellos. Pero nada de eso basta hoy, ante la tormenta perfecta que puede acabar ahogando por completo el modelo sindical mayoritario tal como lo conocíamos.

Como decía al principio, me pregunto quién llorará por estos sindicatos. Me pregunto quién siente hoy su ausencia, quién teme su desaparición. Y contesto: yo. Por mucho que me separe de ellos, por mucho que los sepa corresponsables de su propio hundimiento, lamentaré su pérdida. Por motivos históricos, porque ambos tienen detrás una historia de esperanzas colectivas y sacrificios individuales que no merece un final así. Pero sobre todo porque no tenemos un recambio. Todavía no tenemos con qué llenar un hueco tan grande. Y no están los tiempos para abandonar ni una sola trinchera, por vulnerable que nos parezca esta.

No, yo no bailaré sobre su tumba, mientras los cuervos ríen alrededor.
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/sindicatos_CCOO_UGT_declive_6_180991915.html

El 1º de Mayo y la conciencia de clase

Luis Miguel Busto Mauleón. Nuevo Claridad/Rebelión

El marco europeo
Lo que ya hace unos años calificábamos como la nueva gran estafa del sistema capitalista contra la clase trabajadora se revela en estos momentos con toda su crudeza. El proyecto europeo, tal y como se concibió en Maastrich y el posterior Tratado de Lisboa, era el proyecto de la burguesía europea y, como tal, estaba concebido para exprimir al máximo a la clase obrera. Esa burguesía, utilizando su herramienta política (los gobiernos de los diferentes estados), impidió que los pueblos se definieran a través de plebiscitos una vez visto el rechazo de holandeses (61,5%), franceses (54,68%) e irlandeses (53,4%). La democracia burguesa mostraba, con total nitidez, lo que entendía por democracia. Y revelaba su temor a que el proyecto de acumulación de capital concebido en el marco europeo quedara frenado por la voz de los pueblos.

La paralización de las consultas a los pueblos no fue acompañada por la suspensión de una legislación que les allanara el camino y ya a finales del siglo pasado se aprobaba el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios que les ponía en bandeja de plata todos los servicios públicos. El AGCS significaba la primera agresión contra los derechos adquiridos por la clase trabajadora en materia de Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Desempleo o Pensiones por jubilación. Los recortes presupuestarios, el deterioro orquestado de los servicios y la criminalización de los trabajadores de la Administración daban paso a una creciente sensación de que era necesario languidecer la intervención de los estados para ir dando paso a un empresariado que se frotaba las manos ante las nuevas oportunidades de negocio. Aquella legislación aprobada alevosamente y con total opacidad es la que quince años después sufrimos las trabajadoras y trabajadores europeos.

Han sido los países PIGS, a los que en los últimos meses se ha unido Chipre, los primeros en sufrir los desgarros de esta rapiña. En el estado español no han dejado espacio sin inmiscuirse y todas y todos conocemos los perniciosos resultados que van dejando en la Sanidad, la Educación, la gestión del agua, los Servicios Sociales o entre las personas desempleadas. Las últimas ofensivas han ido dirigidas hacia los jubilados y los hipotecados por la vivienda.

El estado español
La crisis del sistema capitalista es mas que evidente en este 1º de mayo de 2013, Día Internacional de los Trabajadores, así como el carácter clasista e internacional de una sociedad donde los ricos son cada vez mas ricos y los pobres cada vez mas pobres. La agresión de la burguesía contra los y las trabajadoras, aletargada en el estado español en los primeros años de la transición mientras la correlación de fuerzas les fue favorable a la clase obrera, ya se ha despojado de todas sus máscaras y se ha lanzado al despojo de todo lo conseguido durante muchos años de luchas obreras.

La nueva Reforma de las Pensiones de 2013 sigue la línea de recortes de los servicios públicos y el abandono a los pies de la patronal de unos recursos generados durante toda la vida laboral; la congelación de las tasas de reposición de los empleados públicos y el robo de parte de sus sueldos para pagar el rescate de la banca; el endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones de los trabajadores desempleados; la no revisión del IPC anual de los pensionistas; la verdadera trata de blancos en las zonas rurales que han convertido la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea en un fraude social que enriquece a manijeros sin escrúpulos y a la Política Agraria Común en una nueva forma de trasvase de capital hacia los grandes terratenientes; las mafiosas redes de distribución de alimentos que explotan a los agricultores, vacían los bolsillos de los consumidores y, en su lógica de obtención rápida de beneficios, prefieren deshacerse de los excedentes de alimentos mientras la población pasa hambre; la rapacería de los bancos que, sin ningún tipo de escrúpulo, siguen desahuciando de sus viviendas a la clase trabajadora sin importarles que se traten de niños, ancianos, personas con minusvalías o que la presión ejercida sobre estas personas termine con suicidios, realmente asesinatos.

Las últimas agresiones contra los trabajadores
La gran movilización de la Huelga General del 29 de setiembre de 2010, que debería haber significado un punto de inflexión en las políticas económicas y sociales, se diluyó por obra y gracia de los sindicatos del sistema con la firma, unos meses después, del Acuerdo sobre las Pensiones que rebajaba las futuras pensiones en un alto porcentaje bajo la excusa de la viabilidad del Sistema Público.

Así, el pasado 16 de marzo se aprobaba el Decreto Ley que completaba la última Reforma del Sistema Público de Pensiones y que viene a endurecer las condiciones por las que las trabajadoras y trabajadores en activo se incorporarán al mismo, elevando la edad de jubilación de 65 a 67 años y de 15 a 25 años el tiempo de referencia para el cálculo de la pensión. Pero no podemos pasar por alto que esta Reforma (propuesta por el PP) profundiza en los recortes aprobados por el gobierno anterior (PSOE) y pactado con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO). Esto viene a confirmar, una vez mas, que las estructuras de dirección y representación de UGT y CCOO se encuentran plenamente integrados en el sistema capitalista, que asumen su escala de valores y que no tienen ningún proyecto de clase sino que simplemente aspiran a ser intermediarios en la gestión de la explotación de la clase trabajadora.

A su vez, y con un descaro vergonzante, se rebajaron un 2% las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social. Meses después, estas mismas organizaciones sindicales firman el II Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva y el Empleo que vuelve a regular, a la baja, las condiciones laborales.

La otra andanada está siendo dirigida contra los desahuciados de sus viviendas. Miles de familias de trabajadores y trabajadoras están siendo expulsados de sus casas por el sector financiero y donde fueron invirtiendo sus pocos ahorros. Una necesidad básica, un derecho humano como es la vivienda sirve, una vez mas, a banqueros sin escrúpulos para expoliar a la clase obrera. Y decimos una vez mas porque todo el proceso de adquisición de la vivienda ya había sido, en años precedentes, objeto de especulación mediante la hinchazón artificial de la burbuja inmobiliaria y los altos tipos de interés que gravaban los precios. Los impagos, causados por la situación de desempleo de muchos trabajadores y trabajadoras o el encarecimiento de la vida, sirven de pretexto para expulsar a las familias de sus viviendas. Una situación con unos tintes muy dramáticos que vuelve a poner en manos de los banqueros los recursos generados por la clase trabajadora.

La tercera agresión es contra todo lo público. Por un lado se recortan los derechos adquiridos por los trabajadores. Por otro, se recortan y privatizan los servicios públicos. Las embestidas contra la Sanidad Pública, la Educación Pública, los Servicios Sociales… siguen la política coordinada desde la Unión Europea de los mercaderes que lo conciben como otro segmento del mercado de donde sacar beneficios. Políticas que se iniciaron con los recortes presupuestarios, continuaron con el deterioro de la calidad de los servicios, la criminalización de los trabajadores y el continuo martilleo mediático de que es mucho mas eficaz la gestión privada. Aunque la consecuencia no es otra que la pérdida de unos servicios públicos sufragados por todos y la necesidad de tener que pagar de nuevo para poder acceder a esos servicios ya privatizados. Al tiempo que los trabajadores públicos ven recortadas sus contrataciones, sus sueldos y sus derechos convirtiendo a la propia Administración Pública en otro elemento en manos de la patronal y causante de la profundización de la crisis.

La empresa privada, animada por el camino tomado por las diferentes administraciones públicas, no se ha quedado atrás y son continuos los Expedientes de Regulación de Empleo, los recortes salariales, la disminución de derechos laborales, la mayor explotación de trabajadoras y trabajadores… en suma, la posibilidad de volver a la época dorada de la esclavitud.

Mientras a la clase trabajadora se le exige sacrificio tras sacrificio para salir de la crisis, asistimos con verdadera indignación a un nuevo brote verde de la corrupción. Una corrupción inherente al sistema capitalista, que por su carácter siempre está presente pero que, mientras ha existido bonanza económica y sobres para todos, ha permanecido oculta. Pero el financiamiento en negro es un secreto a voces y moneda de cambio entre los partidos del capital, los sindicatos oficiales y la propia jefatura del estado, principio y origen de un sistema incapaz de funcionar sin este tipo de tejemanejes, y que salpica de una manera o de otra a todos los que están colaborando con él. El propio empresariado, elemento corruptor por antonomasia, aparece enfangado hasta el cuello con comisiones ilegales, financiamientos ilícitos y concesiones públicas a dedo.

Que hacer
Ante tamaña agresión solo cabe una respuesta organizada. Una de estas respuestas ha sido la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con la recogida de firmas suficientes para proponer una Iniciativa Legislativa Popular y los escraches que ponen en evidencia a aquellos legisladores que están permitiendo que las familias sean desahuciadas. Sus propuestas, como la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la condonación de la deuda son propuestas de acuerdos de mínimos pero no la solución definitiva. Esta solución solo puede pasar por un cambio de sistema dado el agotamiento paulatino del sistema capitalista basado en extraer al máximo los recursos no solo de las personas sino también de la naturaleza y que lo hace insostenible a medio plazo.

Es necesario, en primer lugar, denunciar el continuo trasvase de recursos de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Pero también lo es aportar a nuestra clase soluciones para una salida obrera a la crisis. Las propuestas de la burguesía solo aportan mas paro, mas miseria y mas enriquecimiento para los suyos.

Es necesaria ya la nacionalización de la banca que estamos pagando entre todos los trabajadores, trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de las rentas del trabajo; trabajo para todos y todas y, por tanto, persecución y encarcelamiento de todos quienes se hayan enriquecido a costa de ello; reducción de la jornada laboral; reposición de los derechos de las trabajadoras y trabajadores mediante un estatuto obrero, reposición y mejora del Sistema Público de Pensiones; Enseñanza Pública y sin subvenciones para la Iglesia; Sanidad Pública; paralización de los desahucios; recuperación de la actividad económica de servicios para el Sector Público, nacionalización de los sectores estratégicos de la Economía; reforma del Código Penal estableciendo medidas contra la corrupción de los empresarios así como la exclusión total de la vida pública y de las estructuras del estado de los corruptos.

Sindicatos y partidos
Pero también es necesario recuperar la dignidad de los trabajadores tras tantos años de retrocesos así como la confianza de la clase obrera en sus organizaciones tras el desbarajuste provocado por los sindicatos incrustados en el sistema y a los que se les han pegado todos los vicios y perversiones del mismo. En contraposición al pacto social que nos ha abocado a esta situación debemos plantear las relaciones como de clases enfrentadas y, por tanto, de contraposición a la patronal. Reivindicando la Huelga General como herramienta frente al pactismo, entendida de forma opuesta a la manera del sindicalismo colaboracionista que ha pervertido su uso para utilizarlo como forma de presión para continuar negociando. No hay negociación posible con quien pretende aumentar la explotación de la clase obrera. Una herramienta que no solo nos hará recuperar lo que es nuestro, a la vez que servirá al desarrollo y concienciación de clase que nuestra sociedad tanto necesita.

Si alguien ha tenido claro que la lucha de clases era un elemento objetivo en las relaciones sociales ha sido la patronal. De ahí su enconado esfuerzo en conseguir un sindicalismo domesticado a sus intereses, a la paz social y a hacer desaparecer el sentimiento de clase entre las trabajadoras y trabajadores. Solo de esa manera podría conseguir sus objetivos de acumulación de capital. Frente a este sindicalismo servil se debe enfrentar también el sindicalismo de clase, confrontando, concienciando, acumulando experiencias, hasta que llegue el momento en que una nueva correlación de fuerzas en la sociedad permita a la clase trabajadora ser dueña plena de su destino.

En 1847, cuando redactaron “El Manifiesto Comunista”, Carlos Marx y Federico Engels, señalaron que el proceso de formación de la conciencia de la clase trabajadora pasa por una serie de etapas. Al principio, cuando el trabajador carece de conciencia de clase, no comprende bien la causa de sus penurias en la sociedad capitalista, no comprende la naturaleza de la explotación a la que es sometido y muchas veces atribuye a otros trabajadores (con quienes compite) o a las máquinas, sus bajos salarios y sus malas condiciones de empleo (o desempleo).

Pero los trabajadores adquieren en el proceso un primer nivel de conciencia ("Conciencia en sí", le llaman), cuando descubren que son los patrones quienes extraen riqueza de su trabajo y que, junto a sus compañeros, constituye una clase explotada por el capital. Este primer nivel de la conciencia de los trabajadores se materializa en la formación de los sindicatos para luchar juntos, como clase, por la defensa y mejora de sus condiciones de trabajo.

En la lucha sindical los trabajadores van descubriendo que cada conquista laboral que logran (por ejemplo aumentos salariales) es efímera porque el capital, que controla todos los resortes de la sociedad, anula o arranca estas conquistas por otras vías, como la subida incesante de los precios o la imposición de leyes antiobreras. Entonces es cuando la conciencia obrera está en condiciones de alcanzar el siguiente nivel, el más elevado ("Conciencia para sí", le llamaron Marx y Engels) porque cae en cuenta que su situación no resolverá mientras los capitalistas detenten el poder político. Es cuando la clase trabajadora descubre que, para cambiar sus miserias, debe organizarse en partido político de clase y proponerse tomar el poder, desplazando a los capitalistas de él, para organizar la sociedad en función de los intereses de la mayoría, que es la propia clase trabajadora.

La desconfianza de la clase obrera no se limita a sus organizaciones sindicales, también a aquellos que les deberían representar políticamente. La evolución de la izquierda política en el estado español ha evolucionado en contra de los intereses de los trabajadores, desde la integración de sus direcciones en el sistema (dejando de jugar su papel como partidos políticos de clase y borrando sin dejar huella cualquier atisbo de los conceptos de “conciencia” que apuntaron Marx y Engels) hasta la atomización sin rumbo (que aún pretendiendo representar ideológicamente los postulados del Manifiesto Comunista se han olvidado de que la revolución solo la harán las masas).

Aquel sindicato o partido político que pretenda ser el representante de la clase obrera solo llegará a serlo cuando en su seno decida con quien está: o al servicio de los intereses de los trabajadores o al servicio de la patronal; o por la lucha de clases o por el pacto social; o por darle continuidad al sistema de explotación o por el socialismo. Quienes en estos momentos dicen representarnos están, en el mejor de los casos, a medias tintas. Y los tiempos de las medias tintas y de las tibiezas hace tiempo que terminaron.

Tampoco les vendría mal releer el Manifiesto Comunista, si alguna vez lo hicieron. Y tal vez descubramos que ese es el problema. Fuente: Nuevo Claridad/Rebelión Luis Miguel Busto Mauleón. Militante de IU Vicálvaro
Fuente: http://www.nuevoclaridad.es/revista/index.php/revista/estado-espanol/483-el-1-de-mayo-y-la-conciencia-de-clase
Leer aquí sobre la historia del 1º de mayo.

La situación de la clase trabajadora en España

El Instituto de Política Económica (The Economic Policy Institute) de EEUU es uno de los centros de análisis económicos más rigurosos existentes en aquel país. Sus informes tienen gran impacto en el establishment político del gobierno federal. Y sus trabajos tienen gran resonancia en los mayores medios de información estadounidenses. Publica cada dos años el informe The State of Working America, en el que analiza la situación de la población trabajadora en EEUU. Es, sin lugar a dudas, el estudio más elaborado y detallado del mercado laboral así como de las condiciones del trabajo en EEUU.

Incluye también datos internacionales que permiten comparar la situación de la población trabajadora, no sólo en EEUU, sino también en los países de la UE-15 así como en Canadá, en Australia, en Japón, en Noruega y en Suiza, países todos ellos de semejante nivel de desarrollo económico que EEUU. Sería de desear que tal informe se tradujera al español pues tiene gran cantidad de información relevante para España. Es hoy en día el estudio más detallado que existe de la situación laboral y social de la población empleada en aquellos países, incluida España, y muy en particular de sus clases trabajadoras, permitiendo comparaciones de gran interés.

Muestra por ejemplo que los salarios bajos (la decila inferior de la población empleada) en España son más bajos (un 79%) que los salarios más bajos de EEUU, que es a su vez, uno de los países analizados donde los salarios bajos son más bajos. La decila inferior de la población empleada tiene un salario promedio que es el 47% del salario medio en EEUU. En España es el 60%.

Esta es una de las causas de que pobreza relativa (que es la mitad de la renta media del país) sea, tanto en EEUU como en España, de las más altas (14% en España, 15,7% en EEUU) de aquellos países. La situación es incluso peor entre los infantes. La pobreza infantil es un 23,1% en EEUU y 17,1% en España, siendo estos dos países los que muestran mayor pobreza infantil. El hecho de que la pobreza sea mayor en EEUU que en España a pesar de que los salarios más bajos sean más bajos en España que en EEUU se debe, en gran parte, a que hay más personas empleadas en EEUU que en España, y ello se debe, también, en parte, a que el empleo público (empleo financiado con fondos públicos) es mayor en EEUU que en España, dato que sorprenderá a mucha gente en España, donde la sabiduría convencional económica, de talante liberal, está sistemáticamente equivocada y cree que el empleo público en nuestro país está sobredimensionado. El Estado federal de EEUU, es uno de los empleadores públicos más importante de aquellos países, resultado de la enorme extensión de sus fuerzas armadas y también de la gran extensión de la población reclusa. Si tales sectores de la población empleada no estuvieran empleados, el desempleo en EEUU sería mucho más elevado que el hoy existente (7,7%).

A pesar de tales intervenciones públicas, el hecho es que la pobreza de EEUU es, junto con la de España, de las más elevadas hoy en aquel grupo de países, y ello se debe, además de la pobreza de los salarios en ambos países, a la escasa capacidad redistributiva de sus Estados. Así en EEUU, el 27% de la población sería pobre sino interviniera el Estado federal y estatal (equivalente este último al autonómico en España). Una vez este Estado interviene, la pobreza baja a un 17,3%, es decir un bajón de 9,7 puntos. En España, tal reducción es algo mayor. Debido a la intervención del Estado, la pobreza baja 13,2 puntos, siendo una de las reducciones más limitadas y más bajas, junto a la de EEUU, entre los países estudiados. Como punto de comparación, el Estado francés reduce la pobreza 25,4 puntos, Alemania 23,6 puntos, Finlandia 22,1 puntos, y así un larga lista. El Estado redistribuye muy poco tanto en EEUU como en España. De ahí que sean los países más desiguales dentro del grupo de países analizados.

El Estado estadounidense y el Estado español se caracterizan por, además de ser poco redistributivos, tener escasa sensibilidad social. Sus gastos públicos sociales como porcentaje del PIB (22% España, 18% EEUU) son de los más bajos de la lista de Estados analizados. Francia y Suecia, por el otro lado, son los Estados que tienen mayores salarios y mayor impacto redistributivo de sus Estados, así como mayor gasto público social.

La situación se está empeorando
Hoy, la situación de la clase trabajadora española se está empeorando resultado de las políticas iniciadas por el gobierno Zapatero y acentuadas mucho más por el gobierno Rajoy, y que incluyen unas reformas laborales que tienen como objetivo la reducción de los salarios y unas políticas de austeridad que están recortando el gasto público social, incrementando incluso más su regresividad y escasa vocación redistributiva. Tales políticas se están promoviendo para aumentar la “competitividad” de la economía española y poder estimular las exportaciones que supuestamente sacarán a España de la crisis.

Tal argumento, ampliamente aceptado también por la sabiduría convencional económica neoliberal, olvida que durante estos años de crisis las exportaciones españolas han ido aumentando a la vez que los salarios han ido bajando sin que ello haya repercutido en reavivar y estimular la economía. Y ello como consecuencia de que la recesión existente en España se debe precisamente a la escasa capacidad adquisitiva de la población (resultado de la bajada de los salarios) y a la reducción del gasto público (que contribuye al descenso de la necesaria demanda). La sabiduría convencional que siempre reproduce la visión de los grupos poderosos (tanto en las esferas económicas y financieras, como en las culturales y mediáticas) que dominan la vida política y mediática del país, está profundamente equivocada. Vicenç Navarro. Fuente: Público.es
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University