Atilio A. Boron
Rebelión
El trágico golpe de estado en Bolivia me apartó momentáneamente del cuidadoso seguimiento que venía haciendo de la heroica lucha del pueblo chileno por darse una constitución democrática y decididamente pospinochetista y por construir una sociedad justa e igualitaria. Proseguí pese a ello consultando las fuentes y conversando y chateando con muchas compañeras y compañeros de Chile, pero la masacre en curso en Bolivia y la escandalosa defección de una parte significativa de la intelectualidad “progre” de ese país y de Latinoamérica -que con su silencio o con su explícitas declaraciones respaldó el golpe de Estado de los lacayos del imperio- absorbieron gran parte de mi tiempo y de mis energías. Hoy, próximo a cumplirse un mes del inicio de las grandes movilizaciones populares que abrieron para siempre “las grandes alamedas” con las que soñara Salvador Allende retomo ese escrito a medio terminar y que tiene por objeto examinar la perplejidad de la derecha, en la pluma de su vocero mayor, Mario Vargas Llosa, ante el furioso despertar del pueblo chileno[1]. Y, de paso, hacer públicas las dudas que me genera el “acuerdo” logrado, a puertas cerradas entre el Gobierno y la partidocracia, para poner fin a las protestas populares, restablecer la “paz social” (es decir, desmovilizar a la población) y avanzar hacia la creación de una nueva constitución.
En relación al estallido social chileno hay que comenzar señalando su carácter realmente excepcional (por lo inesperado y arrollador) y ante el cual un maestro consumado en el manejo del lenguaje como el novelista peruano se quedó sin palabras, estupefacto, atónito. A la hora de caracterizar lo ocurrido sólo atina a confesar que está en presencia de un hecho misterioso, enigmático, sorprendente. Es comprensible: la súbita toma de conciencia y la extraordinaria movilización de chilenas y chilenos fue un cañonazo político mortal que destruyó los vistosos artificios propagandísticos del “modelo chileno” y del cual Vargas Llosa fue su principal y más eficaz apologista durante décadas. Pero ahora no encuentra palabras para explicar lo que para él es un “enigma sorprendente”. No debería llamarnos la atención tamaña perplejidad cuando se observa el rudimentario instrumental teórico y metodológico del que dispone y que sólo le permite acceder a una comprensión muy superficial de los procesos históricos. A diferencia de los notables recursos con que cuenta para sus ficciones, a la hora de internarse en el análisis de la realidad sus herramientas conceptuales son un revoltijo de los clichés más convencionales del pensamiento burgués, forjados y difundidos masivamente desde la segunda posguerra hasta nuestros días. Un pensamiento conservador y colonial, fervorosamente capitalista, rabiosamente anticomunista y crítico de cualquier proceso social que se aparte de la defensa irrestricta del orden social burgués o que insinúe una crítica a la sociedad norteamericana, sus instituciones, valores y políticas. Víctima de esta obtusa cosmovisión el capitalismo es concebido como el remate virtuoso de la naturaleza esencialmente egoísta y adquisitiva del ser humano, y por lo tanto someterlo a discusión es tan fútil como insensato sería tratar de persuadir a un pez de que demasiada agua podría ser lesiva para su salud. El imperialismo es una palabra prohibida y su existencia negada apriorísticamente: lo que hay es un mundo globalizado en el cual, al decir de Henry Kissinger, “Honduras depende de las computadoras de Estados Unidos tanto como éste de las bananas hondureñas”. Huelgan los comentarios sobre este célebre aforismo del criminal de guerra. Y de la lucha de clases y su papel como fuerza motriz de la historia no se puede ni hablar, como tampoco se admitiría considerar la naturaleza clasista del Estado. ¿Cómo comprender la realidad sin contar con estas categorías teóricas? Víctima de estas insanables limitaciones la lectura que el novelista peruano hace de la insurrección popular chilena -que ya se prolonga por cuatro semanas- tenía que resultar lo que fue: una torpe simplificación en donde un pueblo, y no sólo las capas medias como él dice, se rebela y enfrenta un feroz aparato represivo que al momento de escribir estas líneas había ya ocasionado veintitrés muertos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país al día de hoy, 17 de Noviembre, los detenidos por los Carabineros ascienden a 6.362 (759 de los cuales son niños o adolescentes), 2.381 heridos de los cuales 866 fueron alcanzados por disparos de perdigones y 407 por arma de fuego no identificada. Se estima que unas 250 personas perdieron un ojo durante los incidentes [2]. Agréguense a lo anterior decenas de desaparecidos, de hombres y mujeres violados por las “fuerzas de seguridad” y el ensañamiento con que los represores les disparaban perdigones y bombas de gases lacrimógenos a la cara y todo esto, supuestamente… ¡porque el “régimen” de Sebastián Piñera había decretado un aumento de 30 pesos (unos 5 centavos de dólares) en la tarifa del metro de Santiago! Revuelta absolutamente desproporcionada ante la nimiedad del factor precipitante y aún más incomprensible en la medida en que Vargas Llosa imagina a Chile como un país “casi” desarrollado, con un elevado ingreso per cápita, una población que disfruta del pleno empleo y que ha sido bendecida por la afluencia de inversiones extranjeras. Todo este cúmulo de bondades se tradujo, según el novelista, en un “desarrollo extraordinario" y un rápido crecimiento del nivel de vida general de la población. ¿Cómo explicar pues este estallido social? Se trata de un “hecho misterioso”, nos dice, que nada tiene que ver con otros acontecimientos que signaron una “catastrófica quincena” en la cual se produjo la derrota de Mauricio Macri y el retorno de Cristina en la política argentina, el “fraude escandaloso en las elecciones bolivianas que permitirán al demagogo Evo Morales eternizarse en el poder” (otra calumnia imperdonable) y, poco antes, las “agitaciones revolucionarias de los indígenas en Ecuador”. Sí se emparenta, en cambio, con la protesta de los “chalecos amarillos” en Francia: una reacción de una sociedad inclusiva pero cuyo Estado no logra impedir el aumento de la desigualdad económica y social. Por eso plantea, erróneamente, que lo de Chile es “una movilización de clases medias” ajena a las rebeliones latinoamericanas protagonizadas por quienes “se sienten excluidos del sistema” (¿no lo están, acaso, con independencia de que adoctrinados por la ideología dominante no caigan en cuenta de ello?). En Chile, continúa el novelista, “nadie está excluido del sistema, aunque, desde luego, la disparidad entre los que tienen y los que apenas comienzan a tener algo sea grande. Pero esta distancia se ha reducido mucho en los últimos años”. Es obvio que la afirmación anterior sólo es concebible en alguien que no tiene la más pálida idea de lo que realmente ha venido ocurriendo en Chile desde el derrocamiento de Salvador Allende hasta nuestros días. Decir que en ese país “nadie está excluido del sistema” revela o bien un notable desconocimiento de los datos más elementales disponibles en infinidad de estudios y publicaciones que retratan con elocuencia los alcances de la exclusión económica y social y del gran aumento de la desigualdad experimentado por Chile, o bien un empecinamiento ideológico que le impide tomar contacto con el mundo real. Excluidos son los millones que no tienen acceso a la salud y la educación públicas o a la seguridad social porque estos antiguos derechos se convirtieron en costosas mercancías gracias a las políticas inauguradas por la dictadura del General Pinochet y profundizadas -¡sí, profundizadas!- por gobiernos como los de la Concertación o de la Nueva Mayoría que el autor de La Casa Verde considera a “de izquierda”. Asegura y se equivoca al decir que “en 29 años de democracia la derecha apenas ha gobernado cinco años y la izquierda -es decir, la Concertación- 24”.
Es increíble la fuerza que tiene la ideología para ofuscar la mente de un intelecto privilegiado como el de nuestro autor y llevarlo a creer que una serie de gobiernos que, repito, mantuvieron y profundizaron las políticas de Pinochet, puedan ser caracterizados como “de izquierda”. Así como no percibe los alcances de la exclusión económica y social existente en Chile y evidente para todos sus habitantes, que por eso salieron en masivas manifestaciones de protesta día tras día, tampoco cae en la cuenta de que gobiernos que privatizaron todo -desde el agua en sus fuentes de origen hasta el litoral chileno pasando por la salud, la educación, la seguridad social y el transporte- y que convirtieron al mercado en el árbitro inapelable de la distribución de la riqueza y que hicieron de su sometimiento a los dictados de la Casa Blanca la estrella polar de su política exterior sólo pueden ser caracterizados como de izquierda por un aficionado. Gobiernos que privatizaron buena parte de la producción del cobre, que estaba en su totalidad en manos del Estado durante el gobierno de Salvador Allende y en la actualidad apenas resta el 31 por ciento; que convirtieron a Chile en uno de los ocho países más desiguales del mundo, compartiendo ese poco honorable lugar con Ruanda; que produjeron un fenomenal endeudamiento de los hogares chilenos obligados a pagar por servicios que antes eran parte constitutiva del contrato social en su condición de ciudadanos. “La mayoría de quienes apoyan la protesta son familias trabajadoras para las cuales la vida se ha vuelto cada vez más cara” –observa un calificado analista de la realidad chilena- “y que deben soportar vivir en barrios inseguros, trasladarse horas en condiciones de ganado para llegar al trabajo, usar créditos de consumo para llegar a fin de mes y hacerse cargo de abuelos con jubilaciones miserables” [3].
Frente a este demoledor diagnóstico el consejo del novelista es tan rotundo como absurdo: redoblar la medicina, aunque esté matando al paciente. Por eso dice que lo peor sería “dar marcha atrás -como piden algunos enloquecidos que quisieran que Chile retrocediera hasta volverse una segunda Venezuela- en sus políticas económicas, sino completar estas y enriquecerlas con reformas en la educación pública, la salud y las pensiones”. ¿Y esto como se lograría? ¿Apelando a la sensibilidad, al altruismo de quienes han saqueado al país y su gente durante medio siglo, súbitamente convertidos en buenas almas democráticas deseosas de establecer la justicia social en la sociedad que ha caído bajo sus garras? ¿Podrán los lamentos y exhortaciones de Vargas Llosa obrar el milagro de ablandar el corazón de quienes conforman el 1 por ciento más rico del país, que se apropia del 26 por ciento del ingreso nacional? La complaciente partidocracia que ha regentado y coparticipado de este saqueo, ¿abrazará ahora la causa de una real democratización de la vida chilena abriendo el paso a una Asamblea Constituyente que siente las bases de un régimen político genuinamente postpinochetista? ¿Y qué decir de los medios hegemónicos, que han venido destilando un veneno paralizante y embotador de las conciencias durante décadas? ¿Se convertirán todos ellos en fervientes demócratas, ansiosos por fundar un orden basado en la recuperación de los derechos ciudadanos y en la desmercantilización de la salud, la educación y la seguridad social, por mencionar tan sólo lo más elemental? Las respuestas son obvias. Pero es preciso tener en cuenta que la gran movilización popular está lejos de haber triunfado por completo. Los reflejos conservadores de una partidocracia que hace décadas usufructúa del poder a su antojo y de un Gobierno y una institucionalidad estatal diseñados para frustrar el protagonismo ciudadano si bien se vieron superados por la crisis fueron capaces en los últimos días de pergeñar una respuesta tramposa que en apariencia recoge el clamor de la calle pero que, en su esencia, contiene un Caballo de Troya que amenaza con frustrar las heroicas jornadas de lucha y hacer que tanta muerte, dolor y vejaciones puedan haber sido en vano. En primer lugar, porque se posterga hasta abril del próximo año una elementalísima consulta popular con dos papeletas (¿quiere usted una nueva constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución: Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional?) que podría realizarse en pocas semanas si existiera la voluntad política de recoger el mensaje de las multitudinarias y heteróclitas protestas.
Ante esto varios comentarios: primero, nótese que la expresión “Asamblea Constituyente” es eliminada de la comunicación oficial, y esto no por casualidad. La expresión siempre fue considerada peligrosísima por la dirigencia política chilena desde hace más de un siglo, y lo actuado por el Gobierno de Piñera y sus compinches se inscribe en esa misma tradición. Segundo, que tampoco es casual que se proponga una fórmula “mixta” en donde la “Asamblea Constituyente” podría estar compuesta por partes iguales por representantes del voto popular y por los personeros de la corrupta partidocracia gobernante, causante de la crisis, con lo cual toda tentativa de cambio profundo sería abortada de inmediato; tercero, que para una tan elemental consulta ciudadana deba esperarse nada menos que ¡cinco meses!, haciendo posible que en el intertanto el oficialismo y sus aliados puedan poner en práctica toda clase de tramoyas tendientes a burlar la voluntad popular. Es en razón de lo anterior, así como del hecho de que este arreglo pomposamente bautizado como “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” haya sido plasmado de espaldas al pueblo, que el mismo haya sido enfáticamente rechazado por la Unidad Social, entidad que agrupa a más de 200 organizaciones de base que estuvieron en las calles y plazas y cuya voz, previsiblemente, no fue escuchada por el Gobierno y los partidos cómplices de su accionar. Es preciso reconocer, no obstante, que hubo unos pocos partidos o líneas dentro de las fuerzas de izquierda (el Partido Comunista, algunas fracciones del Partido Socialista y del Frente Amplio) que se oponen a ese arreglo y que, por eso mismo, gozan de un reconocimiento social que las otras tiendas políticas no tienen. En el documento que fundamenta su rechazo categórico a aquel engendro “gatopardista”, donde algo cambia para que todo siga igual, la Unidad Social denuncia el “quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías; la discriminación de menores de 18 años, protagonistas notables de las luchas; no se contempla mecanismo alguno de participación plurinacional y de paridad de género y, por último, establece un mecanismo de representación y elección que es funcional a los partidos políticos, que han sido responsables de la actual crisis política y social”. Por ello no sorprende el llamado de ese enorme conglomerado de movimientos sociales a proseguir la lucha con huelgas y jornadas de protesta para hacer realidad las consignas que movilizaron durante semanas a millones de chilenas y chilenos. Sin duda que se ha abierto una ventana de oportunidad, que sería imprudente despreciar. Es cierto que lo viejo no termina de morir, aunque su muerte será inevitable más pronto que tarde. El tan afamado “modelo chileno”, alabado por todo el pensamiento neoliberal y sus agentes (FMI, Banco Mundial, los grandes medios de comunicación, una abrumadora mayoría de la colonizada academia, etcétera) como la única vía correcta para salir del desarrollo y la dictadura yace en ruinas y no habrá poder humano capaz de resucitarlo. Resta por ver qué es lo que la creatividad, la conciencia, la capacidad de organización y de lucha de las grandes mayorías nacionales serán capaces de inventar para dejar definitivamente atrás una oscura página de la historia chilena.
[1] “El enigma Chileno”, en El País (Madrid) 3 de Noviembre de 2019.
[2] https://www.lagaceta.com.ar/nota/825316/actualidad/chile-muertos-ya-son-23.html El diario chileno La Nación informa asimismo que Departamento de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Chile determinó que el material de los perdigones de Carabineros se compone solo de 20% de caucho y que el resto son minerales o metales de alta dureza, lo que explica la proliferación de lesiones oculares.
[3] Pablo Ortúzar, “¡Quieren todo gratis!” (Diario Financiero), 8 de Noviembre de 2019.
miércoles, 20 de noviembre de 2019
“La justicia española, en gran medida, aún es franquista”. Entrevista a Roldan Jimeno
Roldan Jimeno (Pamplona, Navarra, 1973) es historiador y jurista. Autor de numerosas obras de investigación, su último libro, Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español (Pamiela, 2018), tiene por objeto la Ley de amnistía, de 15 de octubre de 1977, pilar del actual régimen español, y las políticas de memoria aplicadas desde entonces en el Estado español, sin perder de vista la perspectiva internacional.
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
martes, 19 de noviembre de 2019
Construido por uno, el muro fue un asunto de dos. El muro fue consecuencia de Hitler (I)
Rafael Poch de Feliu
Blog personal
Alemania fue responsable de su división
La ocupación militar de Alemania en 1945, con los aliados occidentales en el Oeste y los soviéticos en el Este y la capital dividida en cuatro sectores, no fue un resultado del estalinismo, sino de Hitler. La Alemania nazi desencadenó la Segunda Guerra Mundial, invadió, ocupó y destruyó países. Aniquiló a millones de civiles desde su ideología racista y supremacista. Lo demás fueron consecuencias. El mismo escenario de ocupación militar compartida con la capital divida en cuatro sectores, también se había producido en Austria, pero allí los soviéticos accedieron a retirarse a cambio de la neutralidad del país. Ese trato no se aceptó en el caso de Alemania y la consecuencia fue la división con la creación de dos estados alemanes. En el Oeste se instauró una mezcla de capitalismo y democracia. En el Este se afirmó una mezcla de socialismo y dictadura. Dos fórmulas igualmente contradictorias de la misma civilización industrial.
Con 30 millones de muertos y la parte europea de su territorio devastada por la guerra, los soviéticos no estaban bien predispuestos hacia Alemania al fin de la guerra. Mientras en Estados Unidos el “Plan Marshall” se concebía como un incentivo a la propia economía, que brindó una asistencia masiva de 4.000 millones de dólares y un ejército de técnicos al sector occidental de Alemania, en el sector oriental la URSS practicaba el ejercicio inverso: extraía medios, desmontando fábricas y llevándose recursos para paliar su propia ruina.
La vida en los cincuenta fue de una dureza extrema en las dos Alemanias, y no solo ahí, pero atendiendo a ese contexto, el verdadero “milagro económico alemán” se produjo en la RDA.
La RDA se desangra
Aquel Estado estalinoide impuesto a una sociedad ex nazi, logró organizar el trabajo, los servicios y la cultura, entre las ruinas y sin ayudas. El nivel de vida, la oferta de consumo y alimentación, los salarios y el pulso de la vida en general, eran más altos, más ricos y más atractivos en el Oeste. En ese contexto comenzó un gran flujo de emigración desde el Este al Oeste.
“La RDA experimentaba una fuga de cerebros, de técnicos y de mano de obra, la mayor parte de los que se iban era gente que buscaba una vida mejor. La propaganda occidental los presentaba como huidos de la represión roja, pero no más del 5% podían considerarse refugiados políticos”, explica en sus memorias el periodista de la agencia Reuters John Peet, corresponsal en Berlín.
Era la época en la que el Secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles hablaba de “desalojar” al socialismo de Europa del Este, el Bundeswehr se constituía en la RFA bajo el mando de generales de Hitler y cuando los principales partidos políticos en Bonn reclamaban para Alemania el tercio occidental del territorio polaco y un trozo de la URSS, recuerda Peet. Una época en la que la guerra fría del Oeste hacia el Este incluía aspectos bastante calientes hoy olvidados, como el sabotaje industrial, con explosivos, descarrilamientos, incendios provocados, etc., contra todo tipo de infraestructuras de la RDA a cargo de grupos como el de los “Combatientes contra la inhumanidad” o el “Comité Nacional para una Europa Libre”, sostenidos por la CIA y la Fundación Ford, bajo la propaganda de “Radio Free Europe”, incomparable, por su eficacia, dotación presupuestaria y efectos, respecto a sus homólogos del Este.
Para mediados de 1961, 300.000 ciudadanos de la RDA emigraban anualmente a la RFA. En Berlín se acumulaban aritméticamente los problemas económicos para el gobierno de la RDA. Mucha gente del Este cruzaba a los sectores occidentales para trabajar y luego regresaba al sector oriental y cambiaba el dinero en el mercado negro al precio de un marco occidental por cuatro del Este, lo que disparaba la inflación. La frontera interalemana estaba más o menos cerrada desde 1952, pero Berlín, sometida a un acuerdo especial, era un desagüe por el que la RDA se desangraba. La decisión de levantar el infame Muro de Berlín se tomó en ese contexto, pensando en que la RDA se podía ir al traste. Para el régimen estalinista de Walter Ulbricht, la única manera de impedirlo fue algo tan kafkiano como encerrar con llave a su población.
El muro como solución
El politólogo y pastor protestante Paul Oestreicher, que entonces era corresponsal de la BBC en Berlín, explica su entrevista de septiembre de 1961, un mes después de que se erigiera el Muro, con el jefe militar del sector británico de Berlín Oeste. “Oficialmente, su declaración condenó el levantamiento del Muro como violación del acuerdo de las cuatro potencias sobre Berlín, violación de los derechos humanos, etc., etc.”. A continuación, “off the record” y con la condición de no escribir ni radiar una sola palabra sobre el asunto, el militar le explicó la realidad: “Las potencias occidentales hemos recibido el Muro como alivio. A medio plazo, Berlín Oeste se ha estabilizado. La corriente de emigrantes se estaba haciendo insoportable y desestabilizadora. Una quiebra económica de Alemania del Este habría desencadenado una reacción soviética incalculable. Se ha despejado por fin de una vez el peligro de una guerra. Claro que nos ha sorprendido el momento de su construcción, pero no el Muro como tal. Los soviéticos sabían que no habría ninguna contramedida occidental”. Y, finalmente, “con el Muro nos han dado una nueva arma de propaganda”.
Walter Ulbricht, el dirigente oriental que había declarado públicamente poco antes, “nadie tiene intención de construir un muro”, acuñó para su nefasta obra el término “muralla de protección antifascista” (“Antifaschistischer Schutzwall“). Poco después, Ulbricht recibió a Oestreicher en su despacho de Berlín Este. También en condiciones de “off the record”, sus declaraciones fueron igual de sinceras y reveladoras de la mentalidad de la época:
“Mi Estado estaba en peligro. Nuestra población educada en el mundo burgués que aun no ha desarrollado ninguna comprensión del socialismo, estaba huyendo en estampida. Los hospitales se vaciaban de médicos, toda nuestra economía estaba amenazada. En aras de la salvación del campo socialista y de la paz mundial, el Muro se ha hecho una trágica necesidad”.
A Ulbricht se le preguntó si no se podría haber conseguido lo mismo con una política de paz como la que el deshielo de Jrushov apuntaba desde la URSS, explica Oestreicher. Su respuesta fue:
“Claro, los que están ahí detrás pueden permitírselo todo. Yo estoy en primera línea y el soldado que está en la trinchera ni siquiera puede encender un cigarrillo. Solo así podemos salvar el socialismo, cuyos resultados disfrutarán las futuras generaciones. Yo no viviré para verlo y tengo que acarrear con el odio de mis ciudadanos”.
Preguntado por los tiros contra la gente que intentaba cruzar el muro, añadió, “Tampoco en eso tengo elección. Como la estadística muestra, no se dispara siempre, pero sin la orden de disparar (contra los tránsfugas) el Muro no habría tenido sentido. Cada disparo en el Muro es un disparo contra mí. Con ello damos al enemigo de clase el mejor recurso propagandístico, pero poner en juego el socialismo y la paz costaría infinitamente muchas más muertes”.
La historia la escriben los vencedores y estos hechos, naturalmente, se olvidan hoy, pero la realidad es que el Muro, construido por uno, fue un asunto de dos.
El sufrimiento del Este
Un asunto de dos, pero que sufrieron sobre todo unos, los alemanes orientales. Para los dieciséis millones de ciudadanos de la RDA, la posibilidad de salir del país era un sueño sin parangón con los de sus semejantes de otros países del Este. Desde 1972 se podía viajar a Polonia y Checoslovaquia con el DNI, pero a partir de 1980 la aparición de Solidarnosc eliminó a Polonia. Para ir a Hungría, Rumania y Bulgaria se precisaba de un permiso de la policía que salvo sospecha de disidencia casi siempre se otorgaba al solicitante. Con la excepción de la corona checa, el cambio de moneda se limitaba a una pequeña cantidad, lo que convertía el turismo en ejercicio de precariedad y lo condenaba a prácticas de intercambio. Los viajes a otros países del bloque, desde la URSS a Vietnam pasando por Cuba, eran complicados, casi siempre organizados y oficiales. El viaje a la Alemania Occidental (RFA) era capítulo aparte.
Desde 1964, los jubilados con parientes en el otro lado podían visitar la RFA una vez al año, posibilidad a la que se acogían 1,3 millones de jubilados al año. A partir de 1972 varios miles de jóvenes podían también viajar por “razones familiares especiales” como, bautismos, bodas, enfermedades o fallecimientos de parientes del otro lado. En 1986, por ejemplo, Angela Merkel, que entonces trabajaba en un Instituto científico de Berlín Este, viajó a Hamburgo para asistir a la boda de su prima, lo que aprovechó para recorrer la RFA de punta a punta. El año anterior, 185.000 ciudadanos de la RDA habían utilizado esa posibilidad, que, como la de los jubilados, era consecuencia de iniciativas negociadas por los políticos de la RFA. En la misma época se registraban entre tres y ocho millones de visitas a la RDA desde la RFA y Berlín Oeste.
La media de ciudadanos de la RDA huidos ilegalmente a través de la frontera era de unos 3.000 anuales entre 1980 y 1985. Antes, la menor sofisticación del muro interalemán había permitido huir a más gente. Hasta la construcción del Muro de Berlín, de 155 kilómetros, en 1961, y de la frontera interalemana, de 1.390 kilómetros, tres millones de ciudadanos del Este pasaron al Oeste, la inmensa mayoría porque se vivía mejor y había más oportunidades económicas. Desde 1962 hasta la caída del Muro, en 1989, 600.000 personas de la RDA pudieron emigrar, oficial o ilegalmente, a la RFA, incluidas 33.000 de ellas encarceladas que el gobierno de la RDA vendió, a un precio que en 1988 alcanzó los 100.000 euros por cabeza.
La frontera interalemana se cobró más de 1200 vidas de gente que intentó cruzarla por los medios más diversos, desde túneles hasta globos, a nado o metidas en paquetes y maletas. Entre ellos, varios centenares, el número exacto se desconoce, murieron tiroteados por guardias fronterizos o instalaciones de disparo automático del Este.
(Publicado en Ctxt)
Fuente:
https://rafaelpoch.com/2019/11/07/el-muro-fue-consecuencia-de-hitler-i/
Blog personal
Alemania fue responsable de su división
La ocupación militar de Alemania en 1945, con los aliados occidentales en el Oeste y los soviéticos en el Este y la capital dividida en cuatro sectores, no fue un resultado del estalinismo, sino de Hitler. La Alemania nazi desencadenó la Segunda Guerra Mundial, invadió, ocupó y destruyó países. Aniquiló a millones de civiles desde su ideología racista y supremacista. Lo demás fueron consecuencias. El mismo escenario de ocupación militar compartida con la capital divida en cuatro sectores, también se había producido en Austria, pero allí los soviéticos accedieron a retirarse a cambio de la neutralidad del país. Ese trato no se aceptó en el caso de Alemania y la consecuencia fue la división con la creación de dos estados alemanes. En el Oeste se instauró una mezcla de capitalismo y democracia. En el Este se afirmó una mezcla de socialismo y dictadura. Dos fórmulas igualmente contradictorias de la misma civilización industrial.
Con 30 millones de muertos y la parte europea de su territorio devastada por la guerra, los soviéticos no estaban bien predispuestos hacia Alemania al fin de la guerra. Mientras en Estados Unidos el “Plan Marshall” se concebía como un incentivo a la propia economía, que brindó una asistencia masiva de 4.000 millones de dólares y un ejército de técnicos al sector occidental de Alemania, en el sector oriental la URSS practicaba el ejercicio inverso: extraía medios, desmontando fábricas y llevándose recursos para paliar su propia ruina.
La vida en los cincuenta fue de una dureza extrema en las dos Alemanias, y no solo ahí, pero atendiendo a ese contexto, el verdadero “milagro económico alemán” se produjo en la RDA.
La RDA se desangra
Aquel Estado estalinoide impuesto a una sociedad ex nazi, logró organizar el trabajo, los servicios y la cultura, entre las ruinas y sin ayudas. El nivel de vida, la oferta de consumo y alimentación, los salarios y el pulso de la vida en general, eran más altos, más ricos y más atractivos en el Oeste. En ese contexto comenzó un gran flujo de emigración desde el Este al Oeste.
“La RDA experimentaba una fuga de cerebros, de técnicos y de mano de obra, la mayor parte de los que se iban era gente que buscaba una vida mejor. La propaganda occidental los presentaba como huidos de la represión roja, pero no más del 5% podían considerarse refugiados políticos”, explica en sus memorias el periodista de la agencia Reuters John Peet, corresponsal en Berlín.
Era la época en la que el Secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles hablaba de “desalojar” al socialismo de Europa del Este, el Bundeswehr se constituía en la RFA bajo el mando de generales de Hitler y cuando los principales partidos políticos en Bonn reclamaban para Alemania el tercio occidental del territorio polaco y un trozo de la URSS, recuerda Peet. Una época en la que la guerra fría del Oeste hacia el Este incluía aspectos bastante calientes hoy olvidados, como el sabotaje industrial, con explosivos, descarrilamientos, incendios provocados, etc., contra todo tipo de infraestructuras de la RDA a cargo de grupos como el de los “Combatientes contra la inhumanidad” o el “Comité Nacional para una Europa Libre”, sostenidos por la CIA y la Fundación Ford, bajo la propaganda de “Radio Free Europe”, incomparable, por su eficacia, dotación presupuestaria y efectos, respecto a sus homólogos del Este.
Para mediados de 1961, 300.000 ciudadanos de la RDA emigraban anualmente a la RFA. En Berlín se acumulaban aritméticamente los problemas económicos para el gobierno de la RDA. Mucha gente del Este cruzaba a los sectores occidentales para trabajar y luego regresaba al sector oriental y cambiaba el dinero en el mercado negro al precio de un marco occidental por cuatro del Este, lo que disparaba la inflación. La frontera interalemana estaba más o menos cerrada desde 1952, pero Berlín, sometida a un acuerdo especial, era un desagüe por el que la RDA se desangraba. La decisión de levantar el infame Muro de Berlín se tomó en ese contexto, pensando en que la RDA se podía ir al traste. Para el régimen estalinista de Walter Ulbricht, la única manera de impedirlo fue algo tan kafkiano como encerrar con llave a su población.
El muro como solución
El politólogo y pastor protestante Paul Oestreicher, que entonces era corresponsal de la BBC en Berlín, explica su entrevista de septiembre de 1961, un mes después de que se erigiera el Muro, con el jefe militar del sector británico de Berlín Oeste. “Oficialmente, su declaración condenó el levantamiento del Muro como violación del acuerdo de las cuatro potencias sobre Berlín, violación de los derechos humanos, etc., etc.”. A continuación, “off the record” y con la condición de no escribir ni radiar una sola palabra sobre el asunto, el militar le explicó la realidad: “Las potencias occidentales hemos recibido el Muro como alivio. A medio plazo, Berlín Oeste se ha estabilizado. La corriente de emigrantes se estaba haciendo insoportable y desestabilizadora. Una quiebra económica de Alemania del Este habría desencadenado una reacción soviética incalculable. Se ha despejado por fin de una vez el peligro de una guerra. Claro que nos ha sorprendido el momento de su construcción, pero no el Muro como tal. Los soviéticos sabían que no habría ninguna contramedida occidental”. Y, finalmente, “con el Muro nos han dado una nueva arma de propaganda”.
Walter Ulbricht, el dirigente oriental que había declarado públicamente poco antes, “nadie tiene intención de construir un muro”, acuñó para su nefasta obra el término “muralla de protección antifascista” (“Antifaschistischer Schutzwall“). Poco después, Ulbricht recibió a Oestreicher en su despacho de Berlín Este. También en condiciones de “off the record”, sus declaraciones fueron igual de sinceras y reveladoras de la mentalidad de la época:
“Mi Estado estaba en peligro. Nuestra población educada en el mundo burgués que aun no ha desarrollado ninguna comprensión del socialismo, estaba huyendo en estampida. Los hospitales se vaciaban de médicos, toda nuestra economía estaba amenazada. En aras de la salvación del campo socialista y de la paz mundial, el Muro se ha hecho una trágica necesidad”.
A Ulbricht se le preguntó si no se podría haber conseguido lo mismo con una política de paz como la que el deshielo de Jrushov apuntaba desde la URSS, explica Oestreicher. Su respuesta fue:
“Claro, los que están ahí detrás pueden permitírselo todo. Yo estoy en primera línea y el soldado que está en la trinchera ni siquiera puede encender un cigarrillo. Solo así podemos salvar el socialismo, cuyos resultados disfrutarán las futuras generaciones. Yo no viviré para verlo y tengo que acarrear con el odio de mis ciudadanos”.
Preguntado por los tiros contra la gente que intentaba cruzar el muro, añadió, “Tampoco en eso tengo elección. Como la estadística muestra, no se dispara siempre, pero sin la orden de disparar (contra los tránsfugas) el Muro no habría tenido sentido. Cada disparo en el Muro es un disparo contra mí. Con ello damos al enemigo de clase el mejor recurso propagandístico, pero poner en juego el socialismo y la paz costaría infinitamente muchas más muertes”.
La historia la escriben los vencedores y estos hechos, naturalmente, se olvidan hoy, pero la realidad es que el Muro, construido por uno, fue un asunto de dos.
El sufrimiento del Este
Un asunto de dos, pero que sufrieron sobre todo unos, los alemanes orientales. Para los dieciséis millones de ciudadanos de la RDA, la posibilidad de salir del país era un sueño sin parangón con los de sus semejantes de otros países del Este. Desde 1972 se podía viajar a Polonia y Checoslovaquia con el DNI, pero a partir de 1980 la aparición de Solidarnosc eliminó a Polonia. Para ir a Hungría, Rumania y Bulgaria se precisaba de un permiso de la policía que salvo sospecha de disidencia casi siempre se otorgaba al solicitante. Con la excepción de la corona checa, el cambio de moneda se limitaba a una pequeña cantidad, lo que convertía el turismo en ejercicio de precariedad y lo condenaba a prácticas de intercambio. Los viajes a otros países del bloque, desde la URSS a Vietnam pasando por Cuba, eran complicados, casi siempre organizados y oficiales. El viaje a la Alemania Occidental (RFA) era capítulo aparte.
Desde 1964, los jubilados con parientes en el otro lado podían visitar la RFA una vez al año, posibilidad a la que se acogían 1,3 millones de jubilados al año. A partir de 1972 varios miles de jóvenes podían también viajar por “razones familiares especiales” como, bautismos, bodas, enfermedades o fallecimientos de parientes del otro lado. En 1986, por ejemplo, Angela Merkel, que entonces trabajaba en un Instituto científico de Berlín Este, viajó a Hamburgo para asistir a la boda de su prima, lo que aprovechó para recorrer la RFA de punta a punta. El año anterior, 185.000 ciudadanos de la RDA habían utilizado esa posibilidad, que, como la de los jubilados, era consecuencia de iniciativas negociadas por los políticos de la RFA. En la misma época se registraban entre tres y ocho millones de visitas a la RDA desde la RFA y Berlín Oeste.
La media de ciudadanos de la RDA huidos ilegalmente a través de la frontera era de unos 3.000 anuales entre 1980 y 1985. Antes, la menor sofisticación del muro interalemán había permitido huir a más gente. Hasta la construcción del Muro de Berlín, de 155 kilómetros, en 1961, y de la frontera interalemana, de 1.390 kilómetros, tres millones de ciudadanos del Este pasaron al Oeste, la inmensa mayoría porque se vivía mejor y había más oportunidades económicas. Desde 1962 hasta la caída del Muro, en 1989, 600.000 personas de la RDA pudieron emigrar, oficial o ilegalmente, a la RFA, incluidas 33.000 de ellas encarceladas que el gobierno de la RDA vendió, a un precio que en 1988 alcanzó los 100.000 euros por cabeza.
La frontera interalemana se cobró más de 1200 vidas de gente que intentó cruzarla por los medios más diversos, desde túneles hasta globos, a nado o metidas en paquetes y maletas. Entre ellos, varios centenares, el número exacto se desconoce, murieron tiroteados por guardias fronterizos o instalaciones de disparo automático del Este.
(Publicado en Ctxt)
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¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada?
Participe y responda a la pregunta que esta semana plantea el Foro de Educación de EL PAÍS
¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.
Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.
https://elpais.com/formularios/foro_de_educacion.pl
¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.
Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.
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lunes, 18 de noviembre de 2019
El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia
¿A quién se le ocurrió que la contención salarial y el menor gasto público podían contribuir a mejorar los niveles de vida?
JOSEPH E. STIGLITZ 17 NOV 2019 - 00:16 CET
Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado The End of History? (¿El fin de la historia?), donde sostenía que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo.
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica...
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos 40 años.
Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuatro décadas debilitando la democracia.
La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados para controlar una parte importante de su propio destino, como Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, explicó con mucha claridad, y como yo mismo sostengo en mis libros recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. Los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía.
Incluso en los países ricos se decía a los ciudadanos: “No es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) “porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán”.
En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales.
Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la “investigación basada en la evidencia”. Pues bien, 40 años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y Bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba en vez de derramarse hacia abajo.
¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados.
Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: desconfianza en las élites, en la “ciencia” económica en la que se basó el neoliberalismo y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible.
La realidad es que, pese a su nombre, la era del neoliberalismo no tuvo nada de liberal. Impuso una ortodoxia intelectual con guardianes totalmente intolerantes del disenso. A los economistas de ideas heterodoxas se los trató como a herejes dignos de ser evitados o, en el mejor de los casos, relegados a unas pocas instituciones aisladas. El neoliberalismo se pareció muy poco a la “sociedad abierta” que defendió Karl Popper. Como recalcó George Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro conocimiento en la conducta del sistema.
La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de los mercados y su desestimación de las externalidades cual inexistentes o insignificantes llevaron a la desregulación, que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, con intentos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente.
Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas.
La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Roosevelt Institute.
https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.html?prod=REGCRART&o=cerrado#&event_log=fa&event_log=fa
JOSEPH E. STIGLITZ 17 NOV 2019 - 00:16 CET
Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado The End of History? (¿El fin de la historia?), donde sostenía que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo.
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica...
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos 40 años.
Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuatro décadas debilitando la democracia.
La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados para controlar una parte importante de su propio destino, como Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, explicó con mucha claridad, y como yo mismo sostengo en mis libros recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. Los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía.
Incluso en los países ricos se decía a los ciudadanos: “No es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) “porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán”.
En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales.
Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la “investigación basada en la evidencia”. Pues bien, 40 años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y Bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba en vez de derramarse hacia abajo.
¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados.
Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: desconfianza en las élites, en la “ciencia” económica en la que se basó el neoliberalismo y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible.
La realidad es que, pese a su nombre, la era del neoliberalismo no tuvo nada de liberal. Impuso una ortodoxia intelectual con guardianes totalmente intolerantes del disenso. A los economistas de ideas heterodoxas se los trató como a herejes dignos de ser evitados o, en el mejor de los casos, relegados a unas pocas instituciones aisladas. El neoliberalismo se pareció muy poco a la “sociedad abierta” que defendió Karl Popper. Como recalcó George Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro conocimiento en la conducta del sistema.
La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de los mercados y su desestimación de las externalidades cual inexistentes o insignificantes llevaron a la desregulación, que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, con intentos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente.
Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas.
La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Roosevelt Institute.
https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.html?prod=REGCRART&o=cerrado#&event_log=fa&event_log=fa
La izquierda en la encrucijada. Reflexiones sobre el acuerdo PSOE-Unidas Podemos
Jordi Escuer
Rebelión
La derecha ya ha descargado toda su ira ante el preacuerdo para un gobierno de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en el comedor de gala del Congreso. Perplejos, los que se negaban a apoyar a Sánchez cuando este se lo pedía denodadamente, ahora braman indignados por su acuerdo con los “comunistas” de Unidas Podemos. La patronal, partidaria primero de un gobierno del PSOE con Ciudadanos, después de un acuerdo PSOE-PP con la fórmula que fuese posible, se encuentran ahora que sus representantes políticos naturales han “empujado” a Pedro a los brazos de Pablo. Dejemos a la derecha que ajuste sus cuentas.
El resultado electoral del 10 de noviembre abocaba a Sánchez a un acuerdo con Podemos o a repetir unas nuevas elecciones, lo que hubiera supuesto su suicidio político y la puerta a una previsible victoria de la derecha. El hundimiento de Ciudadanos, y sus peores resultados, han mandado al traste sus planes iniciales.
La inmensa mayoría de los votantes de Unidas Podemos y del PSOE ven con ilusión la posibilidad del gobierno de coalición, que aún tiene que lograr apoyos suficientes para formarse, aunque es probable que los consiga ante las alternativas que existen.
Es fácil entender esas esperanzas, pero ni el ruido de la caverna ni las comprensibles ilusiones deben impedirnos reflexionar sobre lo que ha pasado estos meses, las alternativas que sí había a este acuerdo, y los riesgos que conllevará para la clase trabajadora y ante los que hay que prepararse. La militancia de IU debe reunirse, debatir y tomar una decisión, como debería hacer toda la militancia de las distintas organizaciones de UP.
El contenido del preacuerdo
El preacuerdo plantea generalidades cuya concreción puede tomar derroteros muy distintos. Pero en algunas cosas sí que es concreto: “El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales” (el subrayado es nuestro).
Los “acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa” fueron los que llevaron a la modificación del artículo 135 de la Constitución, que dio amparo a los recortes sociales. La Comisión Europea está pidiendo un nuevo recorte del gasto público de 15.000 millones de euros [1].
Una política que la dirección del PSOE ya respalda plenamente desde la época de Rodríguez Zapatero, pionero de los recortes. Nadia Calviño, anunciada vicepresidenta económica, ex alto cargo de la Comisión Europea y ex candidata a presidir el Fondo Monetario Internacional, va a ser la guardiana de la ortodoxia económica y de la caja.
Nos basta recordar lo que sucedió con el acuerdo de presupuestos. El PSOE incumplió buena parte pero, aunque se hubiese llevado a cabo, suponía un incremento del gasto público totalmente insuficiente para atender las necesidades. ¿Podrá más UP ahora con 35 diputados que entonces con 71?
En la cuestión catalana se suscribe que todo lo que se haga debe ser “siempre dentro de la Constitución”, lo que implica la renuncia a defender el derecho de autodeterminación, sin el cual, no se puede dar una salida al conflicto político catalán.
Consecuencias de que UP esté en el gobierno
Si la izquierda transformadora no tiene mayoría suficiente para tomar las riendas del gobierno, es preferible estar en la oposición por la izquierda. En julio se debía haber votado SÍ a Sánchez en la investidura y pasar a la oposición. Eso es lo que habría que hacer ahora. Que el PSOE cumpla con sus compromisos de izquierdas va a depender más de la movilización social que de la presencia de UP en el gobierno, al que se le deberá “cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental”, como se recoge en el preacuerdo, algo que Sánchez se encargará de recordar cuando haga falta.
Y ese es el quid de la cuestión: estar dentro de un gobierno del Estado en minoría tenderá a atarnos las manos para la movilización. Pablo Iglesias escribe a la militancia: “Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas” [2]. Es cuestión de tiempo que a los dirigentes de UP se les presente el dilema: o con el pueblo o con la “lealtad” debida al gobierno. Los dirigentes del PSOE lo resolvieron hace años cuando optaron por la reconversión industrial, aprobaron los contratos basura o las ETTS, recortes sociales, etcétera. El respaldo entusiasta que Felipe González cosechó en 1982, con 202 diputados, una mayoría absoluta que nadie más ha logrado, se dilapidó en los siguientes 14 años y preparó el terreno para la vuelta de la derecha, como los recortes de Zapatero abrieron la puerta al regreso de Rajoy.
No cabe duda de que los dirigentes de UP desean honestamente llevar adelante políticas de izquierdas, pero la entrada en los gobiernos, sin la fuerza suficiente para aplicar dichas políticas, nos aboca al riesgo de acabar poniendo en práctica la política del “mal menor”. ¿Se van a aceptar hacer recortes cuando Nadia Calviño exija mantenerse “dentro de los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”? Por eso Pedro Sánchez no quería un acuerdo con UP.
La participación de IU en gobiernos conjuntos con el PNV en el País Vasco o en Andalucía con el PSOE, tuvo sobre todo el efecto de fortalecer al PSOE y al PNV mientras debilitaba a la izquierda.
Pero más cercana aún es la experiencia del Ayuntamiento de Madrid, cuando el intento de emplear íntegramente los recursos municipales en interés de la mayoría social le costó el cese al delegado de Hacienda de IU, no por Cristóbal Montoro sino por la propia Manuela Carmena. Los ministros y ministras de UP se enfrentarán al mismo problema y sólo podrán mantenerse firmes en defensa de los intereses de las clase trabajadora, además de por sus propias convicciones, si hay una fuerte presión desde abajo que contrarreste la de la derecha.
Cuando esos choques se den, entonces, como pasó en el grupo municipal de Ahora Madrid, habrá una enorme presión para tapar las diferencias con el argumento de no favorecer a la derecha, que atacará al gobierno con todas sus fuerzas, que son muchas. El mayor riesgo de la participación de UP en el ejecutivo de Sánchez es acabar justificando políticas de recortes con el argumento de que la derecha aún sería peor. Si eso sucediera dejaríamos huérfana de alternativa a la clase trabajadora y estaríamos propiciando una victoria de la derecha, de Vox en particular, en el futuro. Hay que trabajar para evitar eso a toda costa.
La entrada en el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que tantas ilusiones despertó, no fue capaz de llevar a cabo su programa porque renunció a la movilización social y a enfrentarse al adversario. Debemos tener claro que la dirección del PSOE no sólo no alentará la movilización social en apoyo de un cambio, sino que se opondrá a ella. UP debe prepararse para un escenario muy complicado, pues será atacada por la derecha y, también, por la dirección del PSOE.
Cómo deberíamos actuar
Por todo lo expuesto debería haberse reconocido desde el principio que UP no tiene suficiente fuerza para formar gobierno y que hay diferencias de fondo con el PSOE, y que era mucho mejor darle la investidura “gratis” y pasar a la oposición. Pero parece claro que la dirección de Podemos no tiene intención de dar marcha atrás. Por eso IU, tras votar a favor de la investidura de Sánchez, no debe entrar en el ejecutivo sino poner todo el esfuerzo en construir organización, empezando por la propia UP. Hay que evitar lo que ya hemos vivido tantas veces en el pasado, volcar a todos los cuadros en la labor institucional, abandonando la organización y movilización.
Es más, es vital que las organizaciones que componen UP defiendan a toda costa la libertad de crítica interna, pues va a ser la única forma de controlar la participación en el gobierno, que debe valorarse periódicamente, y contrapesar la presión institucional. Hemos de tomar precauciones contra la tentación de los grupos institucionales de evitar la crítica interna a su labor, que puede lleva a convertir en muy difícil la vida cotidiana de la militancia, a la que se acaba despojando de cualquier capacidad real de decisión en los temas importantes. Una organización viva, con una militancia crítica y con poder real, es imprescindible.
Y el objetivo central de nuestra organización debe ser alentar la movilización social, lo único que puede contrarrestar la enorme presión que vendrá de las grandes empresas y de la derecha, la mejor forma de empujar al gobierno a aplicar políticas de izquierdas o impedirle hacer recortes. Hay que promover la unión de todos los conflictos actuales por la educación, la sanidad, la dependencia, el transporte público, la vivienda, las condiciones de trabajo, las pensiones, el medioambiente, los derechos democráticos… en una sola gran movilización.
Una gran lección de la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid es que, cuando gobiernan los nuestros, es precisamente cuando hay que movilizarse más para vencer la resistencias a la aplicación de un programa de izquierdas. Como ha popularizado la ejemplar lucha de los pensionistas: “gobierne quien gobierno, las pensiones se defienden”. Ese lema debe inspirarnos. Los ministros y ministras de UP deberán ser las más interesadas en esa movilización, pues va a ser su mejor punto de apoyo para defender el programa en el gobierno.
En la cuestión catalana, podríamos darle la vuelta a los argumentos de la derecha, y de la dirección del PSOE. Si se quiere respetar la opinión de quienes viven y trabajan en Cataluña hay una opción dentro de la Constitución, celebrar una consulta en base al artículo 92, comprometerse a respetar lo que se decida y, en base al resultado, iniciar los cambios necesarios en la carta constitucional para aplicar la voluntad del pueblo catalán. Ahí está una opción “constitucional” para dar una salida al conflicto político. Sin olvidar que, en este terreno, al final, lo determinante también será la movilización, en Cataluña y en todo el Estado. Por eso hay que unir la lucha por los derechos sociales y democráticos, incluido el derecho de autodeterminación.
Construir una alternativa al capitalismo
Pero exige, además, cambiar el sistema económico de arriba abajo, y debemos ser capaces de explicarlo. El programa de UP es básicamente un programa de reformas cuya base es aumentar los impuestos a las rentas más altas e incrementar el gasto social, y fortalecer los derechos laborales y democráticos. Todo eso es imprescindible, pero para funcionar debe ir unido a una transformación económica de fondo.
El gobierno recibirá una presión directa de la CEOE, con la que Sánchez ya había llegado a un acuerdo antes de las elecciones [3] . El programa de la patronal [4] es seguir reduciendo el gasto público pero, a la vez, reduciendo los impuestos y los costes sociales a las empresas, mantener las contrarreformas laborales anteriores y retrasar más la edad de jubilación, mantener la conciertos con empresas privadas en todos los ámbitos, etcétera. Es la política que cabe esperar de quienes defienden el capitalismo, y que supone un incremento de la explotación de la clase trabajadora.
Hay que explicar que el capitalismo es el problema. La ironía es que, por más que la izquierda se modere, se la acusa de “comunismo radical” a la menor ocasión. No vamos a convencer a los capitalistas de que nuestra propuesta es más razonable, hay que cambiar el sistema.
La izquierda transformadora necesita abordar seriamente la elaboración una alternativa de sociedad, no quedarse en la mera gestión del sistema. Por mucho que tu subas los impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas, las decisiones de inversión están en sus manos. Desde el gobierno, y si hay presión social, se podrán arrancar concesiones al principio, que serán bienvenidas. Pero si la desaceleración se va transformando en recesión, la inversión caerá y el paro aumentará, y será aún más difícil hacer frente al pago de las pensiones y los servicios públicos.
La deuda pública pesa como una espada de Damocles sobre cualquier gobierno, con más fuerza en una nueva recesión. Es urgente su auditoría y plantear una quita, como defendían los dirigentes de Podemos en 2014 [5] . Pero eso tiene que ir unido a la nacionalización los sectores estratégicos de la economía, para evitar estar en manos de los bancos y las grandes empresas privadas. Sin olvidar que la estructura del Estado está estrechamente vinculada a la económica, por infinidad de cauces. Un cambio así sólo puede ser producto de una inmensa y profunda movilización social. Ni siquiera basta con nacionalizar, sólo es la primera condición, hace falta un control democrático de esos medios de producción. La clase trabajadora debe tomar las riendas de la economía, ser capaz de hacerla funcionar de forma muy distinta a cómo lo hace el sistema, con criterios sociales y respetando los límites medioambientales.
En América Latina hemos sido testigos de cómo la izquierda conquistó los gobiernos en muchos países, impulsada por una gran movilización social. Pero también hemos comprobado que, si no se consigue cambiar el sistema, éste espera a que el desgaste que se sufre les permita recuperar el gobierno e, incluso, no duda en organizar golpes de estado como el de Bolivia. Y aún así, el pueblo vuelve a la lucha, como vemos en Ecuador, Argentina, Chile y la propia Bolivia. Tenemos que mucho que aprender de la experiencia latinoamericana. Y en Europa hemos presenciado como, en Grecia, Syriza ha pasado de ser considerado el enemigo por las instituciones europeas a un socio leal, que administra los recortes.
Nos vamos a adentrar en una nueva fase de la crisis económica con dramáticas consecuencias sociales. La extensión de las tecnologías digitales, en manos capitalistas, son un medio de intensificar la explotación a base de crear más paro y precariedad [6] . Pero todo eso, también empujará a luchar y buscar una salida, y posibilitará que una transformación socialista y democrática de la sociedad puedan conquistar el apoyo de las masas. Un proyecto capaz de ganar las elecciones con el respaldo movilizado y consciente de la clase trabajadora. No es imposible. Si volviéramos a índices de participación de la clase trabajadora como los que hubo en 1982, podríamos ganar a la derecha de calle.
Hay que empujar al actual gobierno hacia la izquierda con la movilización, al tiempo que preparamos una alternativa por la izquierda, capaz de conquistar la mayoría aplastante de la sociedad. Para eso necesitamos una alternativa al sistema. Los medios de producción y los conocimientos científicos actuales, usados de forma muy distinta a cómo lo hace el capitalismo, permitirían garantizar pan, techo, trabajo y dignidad a todo el mundo, y luchar de forma real contra el cambio climático. Un programa y una alternativa de sociedad, socialista y democrática, cambiaría radicalmente el enfoque de la lucha cotidiana en todos los terrenos: vecinal, sindical, social, democrático… Nos daría la fuerza de saber que tenemos la capacidad real de construir una sociedad distinta.
Notas
[1] “España deja por fin atrás una década de austeridad. Bruselas ha dado este miércoles luz verde al informe que recomienda su salida del brazo correctivo de la UE. Los países miembros ratificarán, con toda probabilidad, la decisión la semana que viene. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha felicitado a España y la ha alentado a seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria”. Tras salir de ese corsé, Bruselas exige a España un ajuste de 15.000 millones en dos años, con cierta flexibilidad. Como ha avanzado este miércoles EL PAÍS, la Comisión advierte de un “riesgo significativo de desviación” de los objetivos para 2019 y 2020. https://elpais.com/economia/2019/06/05/actualidad/1559753975_870396.html
[2] https://elpais.com/politica/2019/11/14/actualidad/1573759607_849802.html
[3] https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-psoe-ceoe-gobierno-podemos/6511641/
[4] https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-propone-una-nueva-agenda-de-reformas-tras-las-elecciones-para-afrontar-los-desafios-de-la-economia-espanola
[5] "No saldremos de esta crisis sin una quita"
https://www.elmundo.es/economia/2014/09/06/540a1531268e3e96148b456f.html
[6] El 36% de los puestos de trabajo en España son susceptibles de ser automatizados (informe de CCOO Industria sobre la digitalización en la Industria)
Jordi Escuer, miembro de la Coordinadora de IU Madrid
Rebelión
La derecha ya ha descargado toda su ira ante el preacuerdo para un gobierno de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en el comedor de gala del Congreso. Perplejos, los que se negaban a apoyar a Sánchez cuando este se lo pedía denodadamente, ahora braman indignados por su acuerdo con los “comunistas” de Unidas Podemos. La patronal, partidaria primero de un gobierno del PSOE con Ciudadanos, después de un acuerdo PSOE-PP con la fórmula que fuese posible, se encuentran ahora que sus representantes políticos naturales han “empujado” a Pedro a los brazos de Pablo. Dejemos a la derecha que ajuste sus cuentas.
El resultado electoral del 10 de noviembre abocaba a Sánchez a un acuerdo con Podemos o a repetir unas nuevas elecciones, lo que hubiera supuesto su suicidio político y la puerta a una previsible victoria de la derecha. El hundimiento de Ciudadanos, y sus peores resultados, han mandado al traste sus planes iniciales.
La inmensa mayoría de los votantes de Unidas Podemos y del PSOE ven con ilusión la posibilidad del gobierno de coalición, que aún tiene que lograr apoyos suficientes para formarse, aunque es probable que los consiga ante las alternativas que existen.
Es fácil entender esas esperanzas, pero ni el ruido de la caverna ni las comprensibles ilusiones deben impedirnos reflexionar sobre lo que ha pasado estos meses, las alternativas que sí había a este acuerdo, y los riesgos que conllevará para la clase trabajadora y ante los que hay que prepararse. La militancia de IU debe reunirse, debatir y tomar una decisión, como debería hacer toda la militancia de las distintas organizaciones de UP.
El contenido del preacuerdo
El preacuerdo plantea generalidades cuya concreción puede tomar derroteros muy distintos. Pero en algunas cosas sí que es concreto: “El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales” (el subrayado es nuestro).
Los “acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa” fueron los que llevaron a la modificación del artículo 135 de la Constitución, que dio amparo a los recortes sociales. La Comisión Europea está pidiendo un nuevo recorte del gasto público de 15.000 millones de euros [1].
Una política que la dirección del PSOE ya respalda plenamente desde la época de Rodríguez Zapatero, pionero de los recortes. Nadia Calviño, anunciada vicepresidenta económica, ex alto cargo de la Comisión Europea y ex candidata a presidir el Fondo Monetario Internacional, va a ser la guardiana de la ortodoxia económica y de la caja.
Nos basta recordar lo que sucedió con el acuerdo de presupuestos. El PSOE incumplió buena parte pero, aunque se hubiese llevado a cabo, suponía un incremento del gasto público totalmente insuficiente para atender las necesidades. ¿Podrá más UP ahora con 35 diputados que entonces con 71?
En la cuestión catalana se suscribe que todo lo que se haga debe ser “siempre dentro de la Constitución”, lo que implica la renuncia a defender el derecho de autodeterminación, sin el cual, no se puede dar una salida al conflicto político catalán.
Consecuencias de que UP esté en el gobierno
Si la izquierda transformadora no tiene mayoría suficiente para tomar las riendas del gobierno, es preferible estar en la oposición por la izquierda. En julio se debía haber votado SÍ a Sánchez en la investidura y pasar a la oposición. Eso es lo que habría que hacer ahora. Que el PSOE cumpla con sus compromisos de izquierdas va a depender más de la movilización social que de la presencia de UP en el gobierno, al que se le deberá “cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental”, como se recoge en el preacuerdo, algo que Sánchez se encargará de recordar cuando haga falta.
Y ese es el quid de la cuestión: estar dentro de un gobierno del Estado en minoría tenderá a atarnos las manos para la movilización. Pablo Iglesias escribe a la militancia: “Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas” [2]. Es cuestión de tiempo que a los dirigentes de UP se les presente el dilema: o con el pueblo o con la “lealtad” debida al gobierno. Los dirigentes del PSOE lo resolvieron hace años cuando optaron por la reconversión industrial, aprobaron los contratos basura o las ETTS, recortes sociales, etcétera. El respaldo entusiasta que Felipe González cosechó en 1982, con 202 diputados, una mayoría absoluta que nadie más ha logrado, se dilapidó en los siguientes 14 años y preparó el terreno para la vuelta de la derecha, como los recortes de Zapatero abrieron la puerta al regreso de Rajoy.
No cabe duda de que los dirigentes de UP desean honestamente llevar adelante políticas de izquierdas, pero la entrada en los gobiernos, sin la fuerza suficiente para aplicar dichas políticas, nos aboca al riesgo de acabar poniendo en práctica la política del “mal menor”. ¿Se van a aceptar hacer recortes cuando Nadia Calviño exija mantenerse “dentro de los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”? Por eso Pedro Sánchez no quería un acuerdo con UP.
La participación de IU en gobiernos conjuntos con el PNV en el País Vasco o en Andalucía con el PSOE, tuvo sobre todo el efecto de fortalecer al PSOE y al PNV mientras debilitaba a la izquierda.
Pero más cercana aún es la experiencia del Ayuntamiento de Madrid, cuando el intento de emplear íntegramente los recursos municipales en interés de la mayoría social le costó el cese al delegado de Hacienda de IU, no por Cristóbal Montoro sino por la propia Manuela Carmena. Los ministros y ministras de UP se enfrentarán al mismo problema y sólo podrán mantenerse firmes en defensa de los intereses de las clase trabajadora, además de por sus propias convicciones, si hay una fuerte presión desde abajo que contrarreste la de la derecha.
Cuando esos choques se den, entonces, como pasó en el grupo municipal de Ahora Madrid, habrá una enorme presión para tapar las diferencias con el argumento de no favorecer a la derecha, que atacará al gobierno con todas sus fuerzas, que son muchas. El mayor riesgo de la participación de UP en el ejecutivo de Sánchez es acabar justificando políticas de recortes con el argumento de que la derecha aún sería peor. Si eso sucediera dejaríamos huérfana de alternativa a la clase trabajadora y estaríamos propiciando una victoria de la derecha, de Vox en particular, en el futuro. Hay que trabajar para evitar eso a toda costa.
La entrada en el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que tantas ilusiones despertó, no fue capaz de llevar a cabo su programa porque renunció a la movilización social y a enfrentarse al adversario. Debemos tener claro que la dirección del PSOE no sólo no alentará la movilización social en apoyo de un cambio, sino que se opondrá a ella. UP debe prepararse para un escenario muy complicado, pues será atacada por la derecha y, también, por la dirección del PSOE.
Cómo deberíamos actuar
Por todo lo expuesto debería haberse reconocido desde el principio que UP no tiene suficiente fuerza para formar gobierno y que hay diferencias de fondo con el PSOE, y que era mucho mejor darle la investidura “gratis” y pasar a la oposición. Pero parece claro que la dirección de Podemos no tiene intención de dar marcha atrás. Por eso IU, tras votar a favor de la investidura de Sánchez, no debe entrar en el ejecutivo sino poner todo el esfuerzo en construir organización, empezando por la propia UP. Hay que evitar lo que ya hemos vivido tantas veces en el pasado, volcar a todos los cuadros en la labor institucional, abandonando la organización y movilización.
Es más, es vital que las organizaciones que componen UP defiendan a toda costa la libertad de crítica interna, pues va a ser la única forma de controlar la participación en el gobierno, que debe valorarse periódicamente, y contrapesar la presión institucional. Hemos de tomar precauciones contra la tentación de los grupos institucionales de evitar la crítica interna a su labor, que puede lleva a convertir en muy difícil la vida cotidiana de la militancia, a la que se acaba despojando de cualquier capacidad real de decisión en los temas importantes. Una organización viva, con una militancia crítica y con poder real, es imprescindible.
Y el objetivo central de nuestra organización debe ser alentar la movilización social, lo único que puede contrarrestar la enorme presión que vendrá de las grandes empresas y de la derecha, la mejor forma de empujar al gobierno a aplicar políticas de izquierdas o impedirle hacer recortes. Hay que promover la unión de todos los conflictos actuales por la educación, la sanidad, la dependencia, el transporte público, la vivienda, las condiciones de trabajo, las pensiones, el medioambiente, los derechos democráticos… en una sola gran movilización.
Una gran lección de la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid es que, cuando gobiernan los nuestros, es precisamente cuando hay que movilizarse más para vencer la resistencias a la aplicación de un programa de izquierdas. Como ha popularizado la ejemplar lucha de los pensionistas: “gobierne quien gobierno, las pensiones se defienden”. Ese lema debe inspirarnos. Los ministros y ministras de UP deberán ser las más interesadas en esa movilización, pues va a ser su mejor punto de apoyo para defender el programa en el gobierno.
En la cuestión catalana, podríamos darle la vuelta a los argumentos de la derecha, y de la dirección del PSOE. Si se quiere respetar la opinión de quienes viven y trabajan en Cataluña hay una opción dentro de la Constitución, celebrar una consulta en base al artículo 92, comprometerse a respetar lo que se decida y, en base al resultado, iniciar los cambios necesarios en la carta constitucional para aplicar la voluntad del pueblo catalán. Ahí está una opción “constitucional” para dar una salida al conflicto político. Sin olvidar que, en este terreno, al final, lo determinante también será la movilización, en Cataluña y en todo el Estado. Por eso hay que unir la lucha por los derechos sociales y democráticos, incluido el derecho de autodeterminación.
Construir una alternativa al capitalismo
Pero exige, además, cambiar el sistema económico de arriba abajo, y debemos ser capaces de explicarlo. El programa de UP es básicamente un programa de reformas cuya base es aumentar los impuestos a las rentas más altas e incrementar el gasto social, y fortalecer los derechos laborales y democráticos. Todo eso es imprescindible, pero para funcionar debe ir unido a una transformación económica de fondo.
El gobierno recibirá una presión directa de la CEOE, con la que Sánchez ya había llegado a un acuerdo antes de las elecciones [3] . El programa de la patronal [4] es seguir reduciendo el gasto público pero, a la vez, reduciendo los impuestos y los costes sociales a las empresas, mantener las contrarreformas laborales anteriores y retrasar más la edad de jubilación, mantener la conciertos con empresas privadas en todos los ámbitos, etcétera. Es la política que cabe esperar de quienes defienden el capitalismo, y que supone un incremento de la explotación de la clase trabajadora.
Hay que explicar que el capitalismo es el problema. La ironía es que, por más que la izquierda se modere, se la acusa de “comunismo radical” a la menor ocasión. No vamos a convencer a los capitalistas de que nuestra propuesta es más razonable, hay que cambiar el sistema.
La izquierda transformadora necesita abordar seriamente la elaboración una alternativa de sociedad, no quedarse en la mera gestión del sistema. Por mucho que tu subas los impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas, las decisiones de inversión están en sus manos. Desde el gobierno, y si hay presión social, se podrán arrancar concesiones al principio, que serán bienvenidas. Pero si la desaceleración se va transformando en recesión, la inversión caerá y el paro aumentará, y será aún más difícil hacer frente al pago de las pensiones y los servicios públicos.
La deuda pública pesa como una espada de Damocles sobre cualquier gobierno, con más fuerza en una nueva recesión. Es urgente su auditoría y plantear una quita, como defendían los dirigentes de Podemos en 2014 [5] . Pero eso tiene que ir unido a la nacionalización los sectores estratégicos de la economía, para evitar estar en manos de los bancos y las grandes empresas privadas. Sin olvidar que la estructura del Estado está estrechamente vinculada a la económica, por infinidad de cauces. Un cambio así sólo puede ser producto de una inmensa y profunda movilización social. Ni siquiera basta con nacionalizar, sólo es la primera condición, hace falta un control democrático de esos medios de producción. La clase trabajadora debe tomar las riendas de la economía, ser capaz de hacerla funcionar de forma muy distinta a cómo lo hace el sistema, con criterios sociales y respetando los límites medioambientales.
En América Latina hemos sido testigos de cómo la izquierda conquistó los gobiernos en muchos países, impulsada por una gran movilización social. Pero también hemos comprobado que, si no se consigue cambiar el sistema, éste espera a que el desgaste que se sufre les permita recuperar el gobierno e, incluso, no duda en organizar golpes de estado como el de Bolivia. Y aún así, el pueblo vuelve a la lucha, como vemos en Ecuador, Argentina, Chile y la propia Bolivia. Tenemos que mucho que aprender de la experiencia latinoamericana. Y en Europa hemos presenciado como, en Grecia, Syriza ha pasado de ser considerado el enemigo por las instituciones europeas a un socio leal, que administra los recortes.
Nos vamos a adentrar en una nueva fase de la crisis económica con dramáticas consecuencias sociales. La extensión de las tecnologías digitales, en manos capitalistas, son un medio de intensificar la explotación a base de crear más paro y precariedad [6] . Pero todo eso, también empujará a luchar y buscar una salida, y posibilitará que una transformación socialista y democrática de la sociedad puedan conquistar el apoyo de las masas. Un proyecto capaz de ganar las elecciones con el respaldo movilizado y consciente de la clase trabajadora. No es imposible. Si volviéramos a índices de participación de la clase trabajadora como los que hubo en 1982, podríamos ganar a la derecha de calle.
Hay que empujar al actual gobierno hacia la izquierda con la movilización, al tiempo que preparamos una alternativa por la izquierda, capaz de conquistar la mayoría aplastante de la sociedad. Para eso necesitamos una alternativa al sistema. Los medios de producción y los conocimientos científicos actuales, usados de forma muy distinta a cómo lo hace el capitalismo, permitirían garantizar pan, techo, trabajo y dignidad a todo el mundo, y luchar de forma real contra el cambio climático. Un programa y una alternativa de sociedad, socialista y democrática, cambiaría radicalmente el enfoque de la lucha cotidiana en todos los terrenos: vecinal, sindical, social, democrático… Nos daría la fuerza de saber que tenemos la capacidad real de construir una sociedad distinta.
Notas
[1] “España deja por fin atrás una década de austeridad. Bruselas ha dado este miércoles luz verde al informe que recomienda su salida del brazo correctivo de la UE. Los países miembros ratificarán, con toda probabilidad, la decisión la semana que viene. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha felicitado a España y la ha alentado a seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria”. Tras salir de ese corsé, Bruselas exige a España un ajuste de 15.000 millones en dos años, con cierta flexibilidad. Como ha avanzado este miércoles EL PAÍS, la Comisión advierte de un “riesgo significativo de desviación” de los objetivos para 2019 y 2020. https://elpais.com/economia/2019/06/05/actualidad/1559753975_870396.html
[2] https://elpais.com/politica/2019/11/14/actualidad/1573759607_849802.html
[3] https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-psoe-ceoe-gobierno-podemos/6511641/
[4] https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-propone-una-nueva-agenda-de-reformas-tras-las-elecciones-para-afrontar-los-desafios-de-la-economia-espanola
[5] "No saldremos de esta crisis sin una quita"
https://www.elmundo.es/economia/2014/09/06/540a1531268e3e96148b456f.html
[6] El 36% de los puestos de trabajo en España son susceptibles de ser automatizados (informe de CCOO Industria sobre la digitalización en la Industria)
Jordi Escuer, miembro de la Coordinadora de IU Madrid
domingo, 17 de noviembre de 2019
¿Quiénes son los responsables del golpe en Bolivia?
Alfredo Serrano Mancilla
Rebelión
Un golpe de Estado jamás está constituido por un hecho aislado. No existe un momento puntual que pueda ser definido como el generador definitivo de una ruptura democrática. Cualquier golpe es un proceso acumulativo en el que el “marco” es fundamental para crear las condiciones necesarias y suficientes que garanticen su efectividad. La erosión de legitimidad del objetivo a derrocar se hace por múltiples vías que abonan un campo en el que luego las acciones destituyentes procuran ser presentadas como democráticas. Por el carácter multidimensional del proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news.
En Bolivia, el golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, también contó con muchos partícipes, cada cual en su justa condición; unos como colaboradores y otros como cómplices; los hubo más pasivos o más activos; algunos planificaron desde el inicio y otros se fueron sumando a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos.
He aquí un recuento breve, pero preciso, de quiénes fueron todos los corresponsables del golpe de Estado en Bolivia, con nombres y apellidos:
1. El fascismo de los comités cívicos, especialmente el de Santa Cruz. Este movimiento político, tan violento como racista, no es nuevo, sino que viene desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camacho, quien no se presentó a elecciones, quien no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país.
2. La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones. Fundamentalmente, Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara.
4. La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Siempre presente cada vez que existe un proceso de desestabilización antidemocrático. Esta vez lo hizo de forma directa, participando en el proceso electoral. Primero, fue con el informe preliminar de la misión electoral, que sin base alguna, anunció que era “recomendable una segunda vuelta”. Segundo, con un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante). Y es que a la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.
5. El Gobierno de los Estados Unidos. Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe, reaparece precipitadamente reconociendo al nuevo presidente autoproclamado. Aunque esta vez, desde inicios de este año, diferentes autoridades del Departamento de Estado -por ejemplo, Kimberly Breier- ya habían declarado que el proceso electoral boliviano estaba repleto de irregularidades, usando incluso el término de “potencial fraude”; además, plantearon más de una vez que se debía de estudiar el desconocimiento de los resultados que de la cita electoral se desprendieran.
6. La policía. Es la segunda vez que lo hace. En el año 2008 se amotinó y desconoció al presidente Evo, provocando inseguridad ciudadana y desestabilización política y social. No prosperó en ese entonces, pero ahora lo repitió en un momento de gran caos y estado de terror provocado por el movimiento fascista en las calles. Fue un actor clave en la última fase del golpe de Estado.
7. Las Fuerzas Armadas. Seguramente este es el actor más difícil de descifrar en este golpe. Actuó en forma muy particular: hasta el último momento no se pronunció ante la grave situación. En primer lugar, cuando todo comenzaba a estar al límite, emitieron un comunicado escueto pero con un párrafo último muy ambiguo. Después, en uno de los momentos de mayor tensión, se mantuvieron en silencio hasta que, al final, salieron a pedir la renuncia del presidente Evo. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya. Las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, sin querer aprovecharse del vacío institucional de poder existente, y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Sin embargo, esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada en cuanto a su papel en los próximos días y semanas. Hasta el momento, la autoproclamada presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de la ascendencia de éste sobre otros mandos intermedios.
8. Ciertos medios de comunicación. Jamás pueden faltar en cada golpe. Son claves para construir el marco de referencia antes, durante y después. Uno de los principales responsables en esta tarea en Bolivia es Página Siete. Un ejemplo es suficiente para demostrar cuál fue su forma de generar el máximo nivel de zozobra: desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude a pesar que ya había sido publicado oficialmente el cómputo preliminar y definitivo. Este medio siempre fue el máximo exponente del marco del fraude, antes y después, defendiendo el desconocimiento de los resultados desde el inicio y saliendo rápidamente a avalar la transición no democrática. Además, hay otros actores involucrados. No podemos obviar el rol del “periodista” Carlos Valverde, quién en la previa del referéndum del 2016, fue responsable de la campaña sucia en base al “caso Zapata”, orientada a erosionar la imagen de Evo Morales.
9. Los actores económicos. Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica. Es por ello que esta vez no está tan claro que este golpe de Estado tenga su raíz en su posición en contra del modelo económico boliviano. El eje explicativo central de este golpe definitivamente reside en el racismo que posee una clase boliviana que no acepta a lo indígena, esencia de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los grandes grupos económicos del país tampoco están ajenos a esta cuota de desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Es por ello que, seguramente, buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles.
10. Los oportunistas de siempre. No falta el títere de turno que siempre quiere la foto como presidente, aunque sea en condición de autoproclamado. Esta vez este papel, a lo Guaidó, lo desempeña la opositora beniana Añez, que obtuvo algo menos de 50.000 votos para obtener su banca de senadora. De todas formas, lo que es seguro es que ella, a pesar que se auto promulgue y algunos otros lo repitan, jamás será la Presidenta del país.
Alfredo Serrano Mancilla, Director CELAG
Rebelión
Un golpe de Estado jamás está constituido por un hecho aislado. No existe un momento puntual que pueda ser definido como el generador definitivo de una ruptura democrática. Cualquier golpe es un proceso acumulativo en el que el “marco” es fundamental para crear las condiciones necesarias y suficientes que garanticen su efectividad. La erosión de legitimidad del objetivo a derrocar se hace por múltiples vías que abonan un campo en el que luego las acciones destituyentes procuran ser presentadas como democráticas. Por el carácter multidimensional del proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news.
En Bolivia, el golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, también contó con muchos partícipes, cada cual en su justa condición; unos como colaboradores y otros como cómplices; los hubo más pasivos o más activos; algunos planificaron desde el inicio y otros se fueron sumando a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos.
He aquí un recuento breve, pero preciso, de quiénes fueron todos los corresponsables del golpe de Estado en Bolivia, con nombres y apellidos:
1. El fascismo de los comités cívicos, especialmente el de Santa Cruz. Este movimiento político, tan violento como racista, no es nuevo, sino que viene desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camacho, quien no se presentó a elecciones, quien no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país.
2. La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones. Fundamentalmente, Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara.
4. La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Siempre presente cada vez que existe un proceso de desestabilización antidemocrático. Esta vez lo hizo de forma directa, participando en el proceso electoral. Primero, fue con el informe preliminar de la misión electoral, que sin base alguna, anunció que era “recomendable una segunda vuelta”. Segundo, con un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante). Y es que a la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.
5. El Gobierno de los Estados Unidos. Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe, reaparece precipitadamente reconociendo al nuevo presidente autoproclamado. Aunque esta vez, desde inicios de este año, diferentes autoridades del Departamento de Estado -por ejemplo, Kimberly Breier- ya habían declarado que el proceso electoral boliviano estaba repleto de irregularidades, usando incluso el término de “potencial fraude”; además, plantearon más de una vez que se debía de estudiar el desconocimiento de los resultados que de la cita electoral se desprendieran.
6. La policía. Es la segunda vez que lo hace. En el año 2008 se amotinó y desconoció al presidente Evo, provocando inseguridad ciudadana y desestabilización política y social. No prosperó en ese entonces, pero ahora lo repitió en un momento de gran caos y estado de terror provocado por el movimiento fascista en las calles. Fue un actor clave en la última fase del golpe de Estado.
7. Las Fuerzas Armadas. Seguramente este es el actor más difícil de descifrar en este golpe. Actuó en forma muy particular: hasta el último momento no se pronunció ante la grave situación. En primer lugar, cuando todo comenzaba a estar al límite, emitieron un comunicado escueto pero con un párrafo último muy ambiguo. Después, en uno de los momentos de mayor tensión, se mantuvieron en silencio hasta que, al final, salieron a pedir la renuncia del presidente Evo. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya. Las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, sin querer aprovecharse del vacío institucional de poder existente, y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Sin embargo, esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada en cuanto a su papel en los próximos días y semanas. Hasta el momento, la autoproclamada presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de la ascendencia de éste sobre otros mandos intermedios.
8. Ciertos medios de comunicación. Jamás pueden faltar en cada golpe. Son claves para construir el marco de referencia antes, durante y después. Uno de los principales responsables en esta tarea en Bolivia es Página Siete. Un ejemplo es suficiente para demostrar cuál fue su forma de generar el máximo nivel de zozobra: desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude a pesar que ya había sido publicado oficialmente el cómputo preliminar y definitivo. Este medio siempre fue el máximo exponente del marco del fraude, antes y después, defendiendo el desconocimiento de los resultados desde el inicio y saliendo rápidamente a avalar la transición no democrática. Además, hay otros actores involucrados. No podemos obviar el rol del “periodista” Carlos Valverde, quién en la previa del referéndum del 2016, fue responsable de la campaña sucia en base al “caso Zapata”, orientada a erosionar la imagen de Evo Morales.
9. Los actores económicos. Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica. Es por ello que esta vez no está tan claro que este golpe de Estado tenga su raíz en su posición en contra del modelo económico boliviano. El eje explicativo central de este golpe definitivamente reside en el racismo que posee una clase boliviana que no acepta a lo indígena, esencia de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los grandes grupos económicos del país tampoco están ajenos a esta cuota de desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Es por ello que, seguramente, buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles.
10. Los oportunistas de siempre. No falta el títere de turno que siempre quiere la foto como presidente, aunque sea en condición de autoproclamado. Esta vez este papel, a lo Guaidó, lo desempeña la opositora beniana Añez, que obtuvo algo menos de 50.000 votos para obtener su banca de senadora. De todas formas, lo que es seguro es que ella, a pesar que se auto promulgue y algunos otros lo repitan, jamás será la Presidenta del país.
Alfredo Serrano Mancilla, Director CELAG
sábado, 16 de noviembre de 2019
La enorme crisis social en Catalunya ignorada u ocultada en el debate electoral
Vicenç Navarro
Público.es
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas –la pública– ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas –municipales y autonómicas– .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya –por “Catalunya” se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán– absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema “España-Catalunya” desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que “España nos roba” ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como “trabajadores de la producción” y “trabajadores de servicios”. Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/06/la-enorme-crisis-social-en-catalunya-ignorada-u-ocultada-en-el-debate-electoral/
Público.es
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas –la pública– ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas –municipales y autonómicas– .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya –por “Catalunya” se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán– absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema “España-Catalunya” desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que “España nos roba” ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como “trabajadores de la producción” y “trabajadores de servicios”. Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.
Fuente:
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/11/06/la-enorme-crisis-social-en-catalunya-ignorada-u-ocultada-en-el-debate-electoral/
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