Desde el tribunal eclesiástico que juzgó a Galileo para hacerle desistir de sus conclusiones experimentales, la ciencia lleva más de cuatro siglos dándose de bofetadas con los señores del lado oscuro. Visto desde hoy, cuesta imaginar por qué las teorías de Copérnico, Kepler y el propio Galileo no fueron aceptadas de inmediato por su inmenso poder explicativo. Como decía el astrofísico Carl Sagan: “Me pregunto cómo es que apenas ninguna religión ha mirado a la ciencia y ha concluido: ‘¡Esto es mejor que lo nuestro! ¡El universo es mucho mayor de lo que dijeron nuestros profetas, más sutil y elegante!”.
Sagan, un inteligente físico y genial divulgador, dedicó media actividad profesional a la búsqueda de vida inteligente en la galaxia y la otra mitad a mejorar la inteligencia de los terrícolas. Luchar contra la irracionalidad es una función importante de la divulgación científica. Otro campeón de esa contienda ha sido Richard Dawkins, centrado sobre todo en desarmar a los creacionistas, con libros enteros dedicados a derribar la idea de Dios y campañas de autobuses ateos que ríete tú de los buses de la trama y de la vulva. De entre todas las irracionalidades habidas y por haber, la religión ha sido tradicionalmente el enemigo número uno del avance científico.
Por ejemplo, Dawkins desarrolló en los años ochenta un argumento chispeante contra el “diseñador inteligente” de los nuevos creacionistas, que deducen la existencia de Dios a partir de la complejidad de sus criaturas. Pero un diseñador inteligente, aduce Dawkins, debe ser aún más complejo que las criaturas a las que pretende dar explicación, luego no les da ninguna. Es un razonamiento brillante, a la altura de su autor.
El problema con todo esto, naturalmente, es que un individuo irracional no atiende a razones. Las personas religiosas se basan en la fe, no en el argumento. Y este mismo es el problema con las otras religiones, las creencias modernas que han sustituido la catequesis por una serie de credos laicos, como la fe en la madre naturaleza, el repudio a la tecnología opresora y los hechos alternativos que emanan de la Casa Blanca como versículos del Evangelio. Los meros argumentos racionales no van a parar esto. No lo han hecho nunca, y no lo van a hacer ahora.
“Os metéis con la homeopatía cuando no le ha hecho nada a nadie”, decía un whatsapp que circulaba el otro día. No sé quién es su autor, pero tiene una exquisita mala uva. La homeopatía, en efecto, no le ha hecho nada a nadie, ni podría hacérselo. Un producto homeopático, según los textos fundacionales de esta sandez, no es más que agua pura y cristalina, con algo de cloro si sale del grifo. Esta religión moderna consiste en diluir una sustancia dañina en tantos órdenes de magnitud que al final no puede quedar una sola molécula de ella. Es increíble que una idea tan estúpida se haya generalizado de tal forma. Pero así es (véase artículo adjunto).
La homeopatía no es más que una estafa. Una cuestión más grave, por supuesto, es que el chamán convenza al paciente de que tiene que dejar su tratamiento médico para abrazar el elixir fraudulento. Ahí muere gente, y los tribunales pueden actuar. Pero, cuando no se llega a esos extremos, o no muy frecuentemente, los productos homeopáticos seguirán gozando de una estantería vistosa en la farmacia. Es avalar una estafa, pero los políticos parecen estar acostumbrados a esa práctica, a juzgar por sus (nulas) iniciativas para erradicarla. Fácil: la mayoría de los españoles creen en la homeopatía, y no están los tiempos para perder votos.
El rechazo a las vacunas es a la vez más complicado y más grave. Hace décadas que los abogados de colmillo más aguzado aguardan apostados a la salida de los hospitales norteamericanos a que salgan los familiares de los pacientes que han muerto. Una vacuna puede proteger al 80% o al 90% de quienes la reciben, y eso deja un margen jugoso del 10% o el 20% al que los letrados pueden agarrarse para plantear una demanda. Contra el médico, contra el hospital o contra la empresa farmacéutica que ha descubierto la vacuna.
Si nada de eso funciona, el abogado siempre puede aducir cualquier falacia que circule por la Red o sus alcantarillas, como por ejemplo que la vacuna que le han puesto a tu hijo causa autismo. Es mentira, y de la peor clase —ignorante e interesada—, pero ha causado unos daños profundos al sistema global de salud. En los años 2000, estas prácticas de leguleyos llegaron a vaciar a Estados Unidos de las firmas farmacéuticas que, como Pasteur o Glaxo, habían apostado por las vacunas. Esto fue un desastre que todavía no hemos superado del todo.
La esperanza media de vida de los países occidentales se duplicó en el siglo XX (de los 45 a los 90, redondeando un poco) debido a las tres patas esenciales de la lucha contra la infección: el alcantarillado, los antibióticos y las vacunas (hoy habría que añadir los condones, seguramente). Las zonas deprimidas de África y Asia siguen necesitando esos avances, contra las enfermedades antiguas y contra las que puedan surgir, y sin la investigación privada no parece posible.
Además, los gestores de la salud pública coinciden en que sin medicina preventiva no hay futuro. La esperanza media de vida occidental sigue aumentando a un ritmo lento pero constante de un par de años por década, pero la razón principal es la mejora en el tratamiento del infarto (que sigue siendo el gran matarife en el mundo desarrollado, por encima de todos los cánceres juntos). Esos sistemas son caros e imperfectos, pues rara vez devuelven al paciente su calidad de vida anterior. El sistema sanitario actual, sea público o privado, no es sostenible. Hay que apostar a fondo por la medicina preventiva.
Y las vacunas son medicina preventiva por definición. Se las pinchas a la población de riesgo y evitas que desarrollen unas enfermedades que, de haberse producido, habrían supuesto un tormento para el paciente y una sangría para los presupuestos sanitarios. Las artimañas jurídicas de los tiburones significarán a la larga un horrible aumento del gasto público y un estorbo para el avance de la investigación biomédica. Es obvio que los políticos pueden hacer mucho para animar a la Big Pharma a investigar en vacunas. También lo es que no está en su agenda de prioridades.
Lo que hasta ahora está salvando a estos abogados, y a los padres que se niegan a vacunar a sus hijos, de un buen embrollo civil o incluso penal es un efecto estadístico bien conocido de los epidemiólogos. Frenar la propagación de un virus no requiere vacunar a toda la población. Basta con vacunar a tres de cada cuatro. Lo que haga el cuarto individuo da igual a efectos epidemiológicos. Así que los hijos de los antivacunas están protegidos contra las principales enfermedades infecciosas gracias a los demás padres, los que sí vacunan a sus hijos. Puede parecer una paradoja, pero no son más que matemáticas.
El rechazo a los alimentos transgénicos (*) —otra de las religiones de nuestro tiempo— plantea cuestiones aún más complejas e interesantes que el creacionismo, los pseudofármacos y las vacunas. Es curioso que una humilde semilla sea más importante que Dios padre, pero así son las cosas.
La mayor parte de la gente cree que hay una polémica científica sobre la seguridad para la salud de los transgénicos. No la hay. Todos los científicos y biotecnólogos de plantas coinciden en que los transgénicos son seguros para la salud, y también para el medio ambiente. Si llevan décadas investigando en ellos es porque, además de haber descartado esos riesgos, están convencidos de que los transgénicos son el mejor modo de incrementar el contenido de vitamina A del arroz — la base de la alimentación de media Asia, pobre en ese compuesto esencial—, crear variedades de las principales plantas de cultivo tropicales que sean resistentes a la sequía, y que por tanto gasten menos agua, ralentizar la oxidación que arruina la fruta, para una gestión más eficaz y sostenible de muchas plagas, sobre todo las enfermedades virales que arruinan las cosechas de varios países africanos, en fin.
En el caso del rechazo irracional a los transgénicos, los grandes responsables han sido los grupos ecologistas, con especial mención a Greenpeace, que lleva décadas poniéndolos entre sus tres o cuatro líneas estratégicas, a la altura de los residuos nucleares o el cambio climático. “Los ecologistas se oponen a los transgénicos porque tienen la panza llena”, me dijo en una entrevista el padre de la revolución verde, Norman Borlaug.
Tenía razón. Greenpeace ha conseguido intoxicar (ideológicamente) a la población occidental, y que Europa tenga una legislación absurda y retrógrada sobre los transgénicos. En el fondo eso da igual. Los países que verdaderamente los necesitan, como China y varios de África tropical, llevan años investigando en sus propios transgénicos. El largo brazo de Greenpeace no llega allí. Malo para la contaminación, bueno para la ciencia.
El negacionismo climático no es muy distinto de las religiones anteriores. Todas consisten en cegarse a la evidencia, inventar una realidad paralela e infectar a la mayor parte posible de la población con ella. Todas acabarán fracasando —la realidad es tozuda—, pero nadie sabe cuándo. Nuestro cerebro no está hecho para el pensamiento científico: pensar así nos cuesta Dios y ayuda, y poca gente está dispuesta a esa tortura. Habrá que inventar algo.
http://elpais.com/elpais/2017/06/16/ciencia/1497616571_649155.html
(*) La cuestión de los transgénicos no es tan sencilla como aquí se introduce y da por sentado. Son el resultado de una manipulación genética, cuyo uso no está suficientemente estudiado y cuyas consecuencias desconocemos a medio y largo plazo. Se saben varias cosas que no son neutrales: Son propiedad privada y patentadas de multinacionales cuyo único objetivo no es el bien común y su difusión gratuita "para todos", sino el enriquecimiento y el adueñarse del mercado para especular, dominarlo y seguir aumentando las ganancias. Lo trabajan como monopolio, lo cual dista de ser ciencia, es simple economía especulativa. La sola presencia de las semillas en los campos contamina a otras semillas genéticamente durante la polinización, con lo cual su extensión no es fácil de controlar y las consecuencias de ello son en su mayor parte desconocidas.
La impresión, en este caso, es que junto a otros temas claros, se mete de soslayo esta cuestión de los transgénicos, como si fuese solamente una cuestión puramente científica, cuando es un tema controvertido y con claros objetivos económicos y político de dominio del mercado agrícola y alimentario.
El precio de la incultura científica
Michael Bublé
When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more
Like a flower bending in the breeze
Bend with me, sway with ease
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me
Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have that magic technique
When we sway I go weak
I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have that magic technique
When we sway I go weak
I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
jueves, 22 de junio de 2017
miércoles, 21 de junio de 2017
_- Irene Montero recita de la A a la Z 65 casos de corrupción del PP en 85 segundos.
_- El discurso de Irene Montero contra la corrupción, en el debate sobre la moción de censura de Unidos Podemos a Mariano Rajoy, ha tenido uno de los puntos más llamativos cuando ha recitado, casi en orden alfabético, 65 casos de corrupción en los que ha sido investigado el PP. Le ha llevado 85 segundos, 1:25 minutos.
Montero ha comenzado por los casos más recientes y llamativos, como la trama Gürtel y la Púnica, para luego repasar en orden alfabético otras tramas. Aunque la mayoría eran de los últimos años, ha citado algunas que se remontan a los años 90. No todas atañen solo a políticos del Partido Popular. Estas son las que ha nombrado, con enlace a las noticias publicadas sobre ellas en EL PAÍS.
1. Gürtel. Una investigación que comenzó en 2008 y en cuyo juicio tendrá que declarar Rajoy como testigo.
2. Púnica. El caso en el que está implicado Francisco Granados, antiguo ‘número 2’ del PP en la Comunidad de Madrid.
3. Lezo. Operación contra el desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II, que supuso el arresto de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la dimisión de Esperanza Aguirre de todos sus cargos políticos.
4. Acuamed. Este caso supone la investigación de seis personas vinculadas a la gestión de una compañía dependiente del Ministerio de Agricultura. El alcalde de Algeciras y senador del PP José Ignacio Landaluce mantuvo conversaciones con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para acelerar la adjudicación de unas obras.
5. Nóos. Se condenó al expresidente de Baleares Jaime Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.
6. Andratx. Supuso el paso por la cárcel de varios dirigentes del PP en Baleares.
7. Arena. Tras la tragedia del Madrid Arena, que supuso la muerte de cinco personas en 2012, se criticó la actitud de la entonces alcaldesa Ana Botella. Siete personas acabaron en la cárcel (ningún alto cargo del PP entre ellas).
8. Auditorio. Juzga la corrupción en torno a la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, donde era alcalde Pedro Antonio Sánchez, quien tuvo que dimitir recientemente como presidente de Murcia.
9. Baltar. Se condenó a José Luis Baltar por haber enchufado en la Diputación de Ourense que presidía a 104 personas durante las semanas previas al congreso provincial del PP que ganó su hijo, en 2010. Este hijo, José Manuel Baltar, está siendo investigado por haber ofrecido un empleo a cambio de sexo.
10. Bárcenas. Investigación a Luis Bárcenas, extesorero del PP y responsable de su caja B.
11. Biblioteca. Supuso la compra de facturas falsas creadas para enmascarar las comisiones pagadas al alcalde y al teniente de Urbanismo de Librilla (Murcia). Tuvo segunda parte.
13. Bon Sosec. Un cementerio de lujo que se construyó los años 90 con inversión del Gobierno de Baleares.
14. Bomsai. Un nuevo caso de corrupción en Baleares, en el que un empresario conseguía contratos públicos a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales.
15. Brugal. Caso de tráfico de influencias y adjudicaciones de contratos públicos en Alicante. Está inculpada Sonia Castedo, exalcaldesa de la ciudad.
16. Caballo de Troya. Este entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Entre los implicados está Ángel de Cabo, testaferro del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
17. Camps. Aquí se puede leer una cronología de este caso ligado a la trama Gürtel que implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que fue declarado no culpable.
18. Campeón. 13 acusados en la investigación de una trama que supuestamente defraudaba subvenciones públicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
19. Carioca. Un caso de trata de mujeres y prostitución ilegal en el que estaban implicados agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lugo.
20. Carmelitas. Luis Fernando Cartagena Travesedo, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, ingresó en prisión en 2008 para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas de las Hermanas Carmelitas al Ayuntamiento de Orihuela.
21. Castellano. Según esta investigación, Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, habría recibido 163.736 euros de la trama del fuego, un presunto cártel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales que trucó concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo.
22. Catis. Una red en Cádiz, Canarias y Badajoz se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna. Los títulos los emitía un sindicato en Cádiz y los validaban organismos oficiales, incluido el Gobierno de Canarias.
23. Ciudad del Golf. En 2012, la Audiencia absolvió al alcalde de Las Navas del Marqués, el popular Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de Vega, y al promotor Francisco Gómez, El Paloma, que habían impulsado una urbanización en un pinar protegido y que fue declarada ilegal.
24. Caso de la construcción. En 1994 se inhabilitó al exalcalde de Burgos, José María Peña San Martín, por la concesión irregular de licencias municipales.
25. Caso del lino. El Supremo absolvió en 2008 a los 18 acusados de estafa en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.
26. El Robledillo. El exalcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, fue imputado en 2013 por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación con la promoción urbanística de El Roblecillo.
27. Emarsa. En el llamado “saqueo” de la planta depuradora de Valencia está implicado el exdirigente del PP Enrique Crespo, que se enfrenta a una posible condena de 14 años de cárcel.
28. Caso Eólico Canarias. Se trata de una red de favores entre funcionarios, políticos y empresarios para hacerse con concesiones de instalación de aerogeneradores en Canarias.
29. Faycan. La exalcaldesa de Telde (Gran Canaria) se enfrenta a una pena de prisión de cinco años por malversación, fraude y falsedad en esta trama en la que había otros concejales y técnicos municipales del PP implicados.
30. Fitur. Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes fueron condenados a 13 años de cárcel a cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. Hubo otros 8 condenados.
31. Funeraria. En 2008 se condenó al exconcejal del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso Funeraria, en el que se juzgó la privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992.
32. Guateque. Supuestos pagos ilegales a funcionarios para agilizar licencias urbanísticas en Madrid. Hay 30 procesados esperando sentencia.
33. Ibatur. Un caso de desvío de fondos y amaños desde el Instituto Balear de Turismo por el que también se imputó a Matas.
34. Imelsa. El principal acusado de esta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales es Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, y presidente de la diputación de Valencia entre 2007 y 2015.
35. Inestur. Una trama de contratos y financiación ilegal que supuso la expulsión de Unión Mallorquina del Gobierno de Baleares en 2010. Este partido era el heredero de la UCD en las islas y apoyaba al Gobierno de Francesc Antich, del PSOE.
36. Lasarte. Una docena de cargos políticos y de altos funcionarios de Castilla y León habían estado usando sus cargos públicos para crear empresas, a veces a nombre de sus familiares, y pedirse autorización a sí mismos para instalar placas solares, aprovechando las primas que entonces se pagaban a la producción de energía fotovoltaica.
37. Líber. Una trama de corrupción en Librilla (Murcia).
38. Madeja. Un caso de cobro de comisiones a cambio de contratos en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, además del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y la empresa pública Adif. Hay 96 imputados.
39. Marchelo. El juez imputa cinco delitos al concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández, del PP: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público.
40. Mercamadrid. El Ayuntamiento de Madrid elevó ante la fiscalía un informe jurídico sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos en Mercamadrid durante la época en la que Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública.
41. Caso Naseiro. Caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento de algunos de los implicados. Se conoció poco después de que José María Aznar fuera nombrado presidente del partido en 1989.
42. Novo Carthago. Un caso de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor (Murcia).
43. Ópera. Es la supuesta malversación de 1,2 millones de euros para crear un teatro de la ópera en Palma diseñado por Santiago Calatrava que jamás se construyó. Jaume Matas está inculpado. Forma parte del caso Palma Arena (ver más abajo).
44. Orquesta. Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos, y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores gallegos inculpados de participar en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y de desviar de dinero destinado a la organización de fiestas locales.
45. Over Marketing. Empresa balear que organizaba eventos gracias a contratos obtenidos de forma irregular y que también está señalada como señalada como una de las vías de financiación irregular del PP madrileño en el caso Púnica.
46. Palma Arena. Caso de corrupción en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas.
47. Patos. Una trama de amaños y favores en la adjudicación de al menos una veintena de obras públicas en Galicia. La investigación implica a 50 personas.
48. Piscina. Un caso de adjudicación ilegal ocurrido en 2011 en Málaga. Manuel Díaz, concejal de Urbanismo del PP, adjudicó la construcción de una piscina municipal a un amigo de su familia.
49. Pokémon. Es una trama de corrupción repartida por Galicia y que ha salpicado también a otras comunidades como Murcia. Se destapó en 2014. Entre los implicados se encuentra el exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco, que recibía pagos mensuales de 2.000 euros de la sociedad de empresas de mantenimiento Vendex.
50. Porto. Enrique Porto, Director de Urbanismo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, fue denunciado por Anticorrupción en 2007 por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas con funcionarios. Junto al exalcalde de Villanueva de la Cañada Luis Partida, facilitaron un pelotazo urbanístico con el que se obtuvieron unas plusvalías de 4´6 millones de euros
51. Rasputín. Este caso se produjo en 2004, cuando un alto cargo del ejecutivo del gobierno de Baleares cargó a las arcas públicas seis entradas a un club de alterne en Moscú, Rusia.
52. Scala. Un caso en el que se desviaron cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007, y más de dos millones en presuntos sobornos en el Partido Popular de Ibiza. El principal imputado fue el exconseller balear José Juan Cardona, que ingresó en prisión en 2013.
53. Taula. Las supuestas prácticas corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por este partido. Todavía no está cerrado y siguen apareciendo nuevas vías de financiación irregular vinculadas a la trama. Fue el primer caso de corrupción del PP Valenciano que llevó a los tribunales a la fallecida Rita Barberá.
54. Terra Natura Benidorm. Se refiere a un caso de irregularidad de pagos de 2011, cuando la Generalitat Valenciana aceptó que el parque temático Terra Natura de Benidorm pagara el alquiler anual del terreno, de 1,2 millones de euros, con entradas del parque. El PP Valenciano rechazó una comisión de investigación por este pago por considerarlo “claro y transpartente”.
55. Torres de Calatrava. Fue un pago de 15 millones del gobierno de la Generalitat Valenciana (con Francisco Camps de Presidente) al arquitecto Santiago Calatrava por unas torres que nunca se construyeron. Aquí la noticia. Fue denunciado en 2011 por varios diputados autonómicos de Esquerra Unida, pero la Fiscalía Provincial de Valencia archivó la denuncia.
56. Torrevieja. Se refiere al caso de corrupción en esta ciudad alicantina que llevó a la cárcel en 2014 a Pedro Ángel Hernández, exalcalde del municipio y exdiputado autonómico del PP. Adjudicó, en 2004, el mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja: el servicio de basura por 96 millones de euros.
57. Tótem. También conocido como Caso Totana, un caso de corrupción urbanística por el que el exalcade de esta localidad murciana (Juan Morales) pretendía obtener 3 millones de euros de comisiones por el Plan General de Ordenación Urbana. Se destapó en 2008 y tuvo como momento culminante 2014, cuando Morales se entregó a la justicia tras ocho días huido.
58. Troya. Un caso que llevó a la suspensión en 2012 de Juan Martín Serón, por aquel entonces alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), por cobrar 13 sobornos a cambio de actos propios de su cargo. Regresó a su la alcaldía tras cumplir su condena.
59. Túnel de Sóller. Caso de adjudicación irregular en Mallorca, iniciado en 1995. Por la adjudicación, un empresario pagó 50 millones de pesetas al PP Balear, que se usaroin para financiar sus campañas electorales.
60. Turismo Joven. El Consorcio de Turismo Joven en Baleares es una empresa pública que llegó a malversar cerca de tres millones de euros durante el gobierno de Jaume Matas. El caso fue destapado en 2008.
61. Umbra. Todo lo publicado en EL PAÍS sobre este caso de corrupción urbanística en Murcia, que tuvo en 2010 y por el que fueron imputados, entre otros, el Secretario Regional del PP Miguel Ángel Cámara, que por aquel entonces era también alcalde de la ciudad.
62. Uniformes. Un caso por el que fueron imputados 17 ediles del Ayuntamiento de Rota en 2014, incluidos la por aquel entonces alcaldesa, Eva Corrales. Se les investigó por comprar con dinero público uniformes a la empresa del exalcalde, Lorenzo Sánchez, del partido independiente Roteños Unidos.
63. Zeta. Una trama empresarial para defraudar subvenciones públicas a cursos de empleo. Fue destapada en 2014 en Galicia y alcanzó a amigos cercanos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El principal imputado fue Gerardo Crespo, militante del PP
64. Caso Parques Eólicos. Es el nombre con el que se conoce el proceso a Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, por las que recibió comisiones ilegales desde Suiza.
65. Cooperación. También conocido como Caso Blasco por tener al portavoz del PP en la Cortes Valencianas Rafael Blasco como principal imputado. Se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, con Francisco Camps de presidente de la Generalitat.
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/13/articulo/1497357773_974257.html
martes, 20 de junio de 2017
Una historia increíble de la miseria intelectual del postmodernismo. El pene conceptual como un constructo social: un engaño al estilo Sokal sobre estudios de género.
El engaño
El supuesto científico y metacientífico androcéntrico de que el pene es el órgano reproductor masculino es apabullante y, en gran parte, indiscutible.
Así es como empezamos, usamos esta oración absurda para presentar un «artículo» de 3.000 palabras que no es sino un completo sinsentido disfrazado de erudición académica y que, posteriormente, una revista académica del ámbito de las ciencias sociales con revisión por pares aceptó y publicó.
Este artículo nunca debería haberse publicado. Con el título «El pene conceptual como un constructo social», nuestro trabajo «argumenta» que «El pene con respecto a la masculinidad es una construcción incoherente. Se defiende así que el pene conceptual se comprende mejor no como un órgano anatómico, sino más bien como una construcción social performativa y un constructo difundido a nivel social». Todo ello con el objetivo de demostrar la afirmación del filósofo David Hume de que existe una profunda brecha entre lo que es y lo que debería ser. Nuestro artículo, ese que nunca debería haberse publicado, se publicó con acceso abierto, lo que significa que está disponible para todos los lectores y no está sujeto a pago, en la revista con revisión por pares Cogent Social Sciences. En caso de que se elimine el PDF, lo tenemos guardado.
Con los seudónimos de «Jamie Lindsay» y «Peter Boyle», y enmarcado en el ficticio «Grupo de Investigación Social Independiente del Sureste», escribimos un artículo absurdo con base en la teoría del género discursivo posestructuralista. El artículo era ridículo adrede, pues nuestra argumentación se basaba esencialmente en que los penes no debían considerarse como órganos genitales masculinos, sino como construcciones sociales perjudiciales. Ni siquiera nos molestamos en saber qué significa realmente la «teoría del género discursivo posestructuralista», dimos por hecho que si dejábamos meramente claro que nuestras implicaciones morales se basaban en que la masculinidad es intrínsecamente mala y que el pene está, de alguna manera, en la raíz de todo ello, conseguiríamos que nos publicasen el artículo en alguna revista respetable.
Estas características irrecusables de nuestro engaño restan importancia a la falta de aptitud de nuestro artículo para ser incluido como publicación académica. No intentamos hacer un artículo coherente, simplemente lo llenamos de vocablos de la jerga («discursivo» e «isomorfismo»), tonterías (como argumentar que los hombres hipermasculinos están dentro y fuera de ciertos discursos al mismo tiempo), frases clave (sociedad prepospatriarcal), referencias lascivas a los términos relativos al pene, insultos hacia los hombres (incluido el de hacer referencia a algunos hombres que eligen no tener hijos como «incapaces de forzar a una compañera») y alusiones a la violación del espacio o despatarre –quejarse de que los hombres se sienten con las piernas abiertas– es «similar» a violar el espacio a su alrededor». Después de redactar el artículo, lo leímos con atención para asegurarnos de que no decía nada significativo y, como ninguno de nosotros pudo determinar de qué trataba realmente, lo consideramos un éxito.
A continuación proporcionamos algunos ejemplos, como un párrafo de la conclusión, el cual ambos revisores consideraron como muy positivo.
Concluimos así que la mejor forma de comprender el concepto de pene no es como un órgano sexual masculino, o como un órgano reproductor masculino, sino como una construcción social promulgada que es, a la vez, perjudicial y problemática para la sociedad y las futuras generaciones. El pene conceptual presenta problemas significativos para la identidad de género y la identidad reproductiva dentro de la dinámica social y familiar, tiene un carácter excluyente en las comunidades marginadas basadas en el género o la identidad reproductiva, es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género, es el origen performativo de la violación, y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático.
Sí, lo ha leído bien, afirmamos que el cambio climático lo causan «conceptualmente» los penes. ¿Cómo defendimos esa afirmación? De la siguiente forma:
Los enfoques hegemónicamente masculinos destructivos e insostenibles de las políticas y acciones ambientales más urgentes son el resultado predecible de una violación de la naturaleza por una mentalidad dominada por los hombres. Esta mentalidad se refleja mejor si reconocemos el papel del pene conceptual en la psicología masculina. Cuando se aplica a nuestro entorno natural, especialmente a ambientes vírgenes que se pueden expoliar fácilmente por sus recursos materiales, y los cuales quedan dilapidados y reducidos después de que los enfoques patriarcales con base en el beneficio económico hayan robado su valor esencial, la extrapolación de la cultura de la violación inherente al pene conceptual se hace evidente.
Y así, lo que argumentamos se deduce de lo anterior por medio de una cita sin sentido generada algorítmicamente a partir de un artículo ficticio, al que nos referimos y citamos explícitamente en el artículo:
La significancia de la hipermasculinidad tóxica deriva directamente del pene conceptual y se basa en sí misma para apoyar el materialismo neocapitalista, motor fundamental del cambio climático, especialmente en lo que se refiere al uso desenfrenado de las tecnologías basadas en combustibles fósiles que emiten carbono y en la dominación de los entornos naturales vírgenes. No consideramos necesario profundizar en las críticas del objetivismo dialéctico ni en sus relaciones con tropos masculinos, como el pene conceptual, para hacer una crítica efectiva del objetivismo dialéctico (excluyente). Todas las perspectivas importan.
Si tiene problemas para entender lo que significa, hay dos puntos importantes que se deben considerar. En primer lugar, nosotros tampoco lo entendemos. Nadie lo hace. Esto debería haber bastado para que cualquier revista con revisión por pares decidiese no publicarlo. En segundo lugar, estos ejemplos son los más lúcidos en comparación con el resto del documento. Por ejemplo, considere este ejemplo final:
En la medida en que la masculinidad es esencialmente performativa, también lo es el pene conceptual. El pene, según Judith Butler, «solo puede entenderse por referencia a lo que se excluye del significante dentro del dominio de la legibilidad corporal» (Butler, 1993). El pene no debe entenderse como una expresión honesta de la intención del intérprete si se presenta en una actuación de masculinidad o hipermasculinidad. Así, el isomorfismo entre el pene conceptual y lo que se denomina en la literatura feminista discursiva como «hipermasculinidad tóxica» se define con base en un vector del machismo cultural masculino braggadocio con el pene conceptual en el papel de sujeto, objeto y verbo de acción. El resultado de esta tricotomía de papeles es posicionar a los hombres hipermasculinos tanto dentro como fuera de discursos competidores cuya dinámica, como se observa en el análisis posestructuralista del discurso, promueve una interacción sistemática de poder en la que los hombres hipermasculinos usan el pene conceptual para pasar de sujetos impotentes a sujetos poderosos (consultar a Foucault, 1972).
Nadie sabe qué significa esto porque es un completo disparate. Quien diga que lo entiende, miente. Punto final.
Pero aún va a peor. No solo el texto es ridículo, sino también las referencias. La mayoría de ellas son citas a artículos y cifras de este ámbito que apenas tienen sentido en el marco del texto. Otras se obtuvieron mediante la búsqueda de palabras clave y artículos que, aparentemente, estaban relacionados con las palabras que citamos. De todas estas fuentes no leímos absolutamente ninguna, adrede, pues formaba parte del engaño. Y todavía va a peor...
Algunas referencias citan el Postmodern Generator, un sitio web codificado en la década de 1990 por Andrew Bulhak que presenta un algoritmo basado en el método de Alan Sokal (NYU) para engañar a una revista de estudios culturales llamada Social Text y que genera un «artículo» posmoderno cada vez que la página se carga. Gran parte de nuestras citas y referencias proceden del Postmodern Generator. Entre ellas se incluyen citas sin sentido incorporadas en el cuerpo del documento que remiten a cinco «artículos» diferentes generados en tan solo unos minutos.
Cinco referencias a artículos falsos en revistas que no existen es algo increíble por sí mismo pero lo que es aún más asombroso es que el artículo original que presentamos solo tenía dieciséis referencias en total (ahora tiene veinte, después de que un revisor pidió más ejemplos). Casi un tercio de nuestras referencias remite a fuentes falsas de un sitio web. Todo ello nos da pie a mofarnos de que este tipo de sinsentidos tienen cabida, sobre todo, en los campos «académicos» corrompidos por el posmodernismo. Hablaremos de ello más adelante.
Dos de las revistas falsas citadas son Deconstructions from Elsewhere y And/Or Press, que se obtuvieron directamente a partir de citas ficticias generadas algorítmicamente en el Postmodern Generator. Otra de las citas se remite al investigador ficticio «S. Q. Scameron», cuyo nombre, completamente inventado, aparece en el cuerpo del artículo varias veces. En respuesta a esto, los revisores consideraron que nuestras referencias eran «sólidas», incluso después de un control de referencias cruzadas aparentemente meticuloso llevado a cabo en la fase final de aprobación editorial. No importa el esfuerzo que se haga, parece que uno simplemente no puede superar al genio de Cogent Social Sciences.
Sin embargo, en un principio no pretendíamos engañar a Cogent Social Sciences. Si lo hubiéramos hecho, esta historia no sería tan interesante ni tan fulminante. Otra revista NORMA: International Journal for Masculinity Studies, una revista del grupo editorial Taylor & Francis, nos recomendó Cogent Social Sciences. NORMA rechazó «El pene conceptual como un constructo social», pero pensó que encajaría bien en la Serie Cogent, que trabaja de forma independiente dentro del grupo Taylor & Francis. En su carta de rechazo, los editores de NORMA escribieron:
Consideramos que su artículo sería muy adecuado para nuestra Serie Cogent, una plataforma multidisciplinaria y abierta para difundir de forma rápida investigaciones revisadas por pares en todas las disciplinas.
Si reenvía su artículo:
· Ahorrará tiempo, ya que no es necesario volver a formatearlo ni reenviar su trabajo manualmente.
· Conseguirá que su artículo se publique más rápido, puesto que, junto con él, se reenviarán también las revisiones anteriores.
En el caso de que se acepte su artículo, y para garantizar que todos los lectores podrán acceder a él de forma abierta, la Serie Cogent le invita a realizar una contribución «pague lo que considere» para cubrir los costes de la publicación en acceso abierto. Tanto usted, como autor, como la institución o entidad que haya financiado la investigación puede realizar este pago. Actualmente muchas instituciones y entidades de financiación proporcionan apoyo económico para publicar en acceso abierto.
Entonces, decidimos hacerles caso y Cogent Social Sciences aceptó «El pene conceptual como un constructo social». Los revisores nos animaron muchísimo y nos evaluaron de forma muy positiva en casi todas las categorías. Por ejemplo, un revisor calificó nuestra propuesta de tesis como «sólida» y la elogió de la siguiente forma: «Capta [sic] la cuestión de la hipermasculinidad a través de un proceso multidimensional y no lineal», lo que nosotros interpretamos como que vaga sin rumbo a través de muchas capas de jerga y tonterías. El otro revisor calificó la tesis, junto con el artículo completo, como «destacable» en cada una de las categorías.
Sin embargo, no aceptaron el artículo del todo...
http://www.sinpermiso.info/textos/una-historia-increible-de-la-miseria-intelectual-del-postmodernismo-el-pene-conceptual-como-un
El supuesto científico y metacientífico androcéntrico de que el pene es el órgano reproductor masculino es apabullante y, en gran parte, indiscutible.
Así es como empezamos, usamos esta oración absurda para presentar un «artículo» de 3.000 palabras que no es sino un completo sinsentido disfrazado de erudición académica y que, posteriormente, una revista académica del ámbito de las ciencias sociales con revisión por pares aceptó y publicó.
Este artículo nunca debería haberse publicado. Con el título «El pene conceptual como un constructo social», nuestro trabajo «argumenta» que «El pene con respecto a la masculinidad es una construcción incoherente. Se defiende así que el pene conceptual se comprende mejor no como un órgano anatómico, sino más bien como una construcción social performativa y un constructo difundido a nivel social». Todo ello con el objetivo de demostrar la afirmación del filósofo David Hume de que existe una profunda brecha entre lo que es y lo que debería ser. Nuestro artículo, ese que nunca debería haberse publicado, se publicó con acceso abierto, lo que significa que está disponible para todos los lectores y no está sujeto a pago, en la revista con revisión por pares Cogent Social Sciences. En caso de que se elimine el PDF, lo tenemos guardado.
Con los seudónimos de «Jamie Lindsay» y «Peter Boyle», y enmarcado en el ficticio «Grupo de Investigación Social Independiente del Sureste», escribimos un artículo absurdo con base en la teoría del género discursivo posestructuralista. El artículo era ridículo adrede, pues nuestra argumentación se basaba esencialmente en que los penes no debían considerarse como órganos genitales masculinos, sino como construcciones sociales perjudiciales. Ni siquiera nos molestamos en saber qué significa realmente la «teoría del género discursivo posestructuralista», dimos por hecho que si dejábamos meramente claro que nuestras implicaciones morales se basaban en que la masculinidad es intrínsecamente mala y que el pene está, de alguna manera, en la raíz de todo ello, conseguiríamos que nos publicasen el artículo en alguna revista respetable.
Estas características irrecusables de nuestro engaño restan importancia a la falta de aptitud de nuestro artículo para ser incluido como publicación académica. No intentamos hacer un artículo coherente, simplemente lo llenamos de vocablos de la jerga («discursivo» e «isomorfismo»), tonterías (como argumentar que los hombres hipermasculinos están dentro y fuera de ciertos discursos al mismo tiempo), frases clave (sociedad prepospatriarcal), referencias lascivas a los términos relativos al pene, insultos hacia los hombres (incluido el de hacer referencia a algunos hombres que eligen no tener hijos como «incapaces de forzar a una compañera») y alusiones a la violación del espacio o despatarre –quejarse de que los hombres se sienten con las piernas abiertas– es «similar» a violar el espacio a su alrededor». Después de redactar el artículo, lo leímos con atención para asegurarnos de que no decía nada significativo y, como ninguno de nosotros pudo determinar de qué trataba realmente, lo consideramos un éxito.
A continuación proporcionamos algunos ejemplos, como un párrafo de la conclusión, el cual ambos revisores consideraron como muy positivo.
Concluimos así que la mejor forma de comprender el concepto de pene no es como un órgano sexual masculino, o como un órgano reproductor masculino, sino como una construcción social promulgada que es, a la vez, perjudicial y problemática para la sociedad y las futuras generaciones. El pene conceptual presenta problemas significativos para la identidad de género y la identidad reproductiva dentro de la dinámica social y familiar, tiene un carácter excluyente en las comunidades marginadas basadas en el género o la identidad reproductiva, es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género, es el origen performativo de la violación, y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático.
Sí, lo ha leído bien, afirmamos que el cambio climático lo causan «conceptualmente» los penes. ¿Cómo defendimos esa afirmación? De la siguiente forma:
Los enfoques hegemónicamente masculinos destructivos e insostenibles de las políticas y acciones ambientales más urgentes son el resultado predecible de una violación de la naturaleza por una mentalidad dominada por los hombres. Esta mentalidad se refleja mejor si reconocemos el papel del pene conceptual en la psicología masculina. Cuando se aplica a nuestro entorno natural, especialmente a ambientes vírgenes que se pueden expoliar fácilmente por sus recursos materiales, y los cuales quedan dilapidados y reducidos después de que los enfoques patriarcales con base en el beneficio económico hayan robado su valor esencial, la extrapolación de la cultura de la violación inherente al pene conceptual se hace evidente.
Y así, lo que argumentamos se deduce de lo anterior por medio de una cita sin sentido generada algorítmicamente a partir de un artículo ficticio, al que nos referimos y citamos explícitamente en el artículo:
La significancia de la hipermasculinidad tóxica deriva directamente del pene conceptual y se basa en sí misma para apoyar el materialismo neocapitalista, motor fundamental del cambio climático, especialmente en lo que se refiere al uso desenfrenado de las tecnologías basadas en combustibles fósiles que emiten carbono y en la dominación de los entornos naturales vírgenes. No consideramos necesario profundizar en las críticas del objetivismo dialéctico ni en sus relaciones con tropos masculinos, como el pene conceptual, para hacer una crítica efectiva del objetivismo dialéctico (excluyente). Todas las perspectivas importan.
Si tiene problemas para entender lo que significa, hay dos puntos importantes que se deben considerar. En primer lugar, nosotros tampoco lo entendemos. Nadie lo hace. Esto debería haber bastado para que cualquier revista con revisión por pares decidiese no publicarlo. En segundo lugar, estos ejemplos son los más lúcidos en comparación con el resto del documento. Por ejemplo, considere este ejemplo final:
En la medida en que la masculinidad es esencialmente performativa, también lo es el pene conceptual. El pene, según Judith Butler, «solo puede entenderse por referencia a lo que se excluye del significante dentro del dominio de la legibilidad corporal» (Butler, 1993). El pene no debe entenderse como una expresión honesta de la intención del intérprete si se presenta en una actuación de masculinidad o hipermasculinidad. Así, el isomorfismo entre el pene conceptual y lo que se denomina en la literatura feminista discursiva como «hipermasculinidad tóxica» se define con base en un vector del machismo cultural masculino braggadocio con el pene conceptual en el papel de sujeto, objeto y verbo de acción. El resultado de esta tricotomía de papeles es posicionar a los hombres hipermasculinos tanto dentro como fuera de discursos competidores cuya dinámica, como se observa en el análisis posestructuralista del discurso, promueve una interacción sistemática de poder en la que los hombres hipermasculinos usan el pene conceptual para pasar de sujetos impotentes a sujetos poderosos (consultar a Foucault, 1972).
Nadie sabe qué significa esto porque es un completo disparate. Quien diga que lo entiende, miente. Punto final.
Pero aún va a peor. No solo el texto es ridículo, sino también las referencias. La mayoría de ellas son citas a artículos y cifras de este ámbito que apenas tienen sentido en el marco del texto. Otras se obtuvieron mediante la búsqueda de palabras clave y artículos que, aparentemente, estaban relacionados con las palabras que citamos. De todas estas fuentes no leímos absolutamente ninguna, adrede, pues formaba parte del engaño. Y todavía va a peor...
Algunas referencias citan el Postmodern Generator, un sitio web codificado en la década de 1990 por Andrew Bulhak que presenta un algoritmo basado en el método de Alan Sokal (NYU) para engañar a una revista de estudios culturales llamada Social Text y que genera un «artículo» posmoderno cada vez que la página se carga. Gran parte de nuestras citas y referencias proceden del Postmodern Generator. Entre ellas se incluyen citas sin sentido incorporadas en el cuerpo del documento que remiten a cinco «artículos» diferentes generados en tan solo unos minutos.
Cinco referencias a artículos falsos en revistas que no existen es algo increíble por sí mismo pero lo que es aún más asombroso es que el artículo original que presentamos solo tenía dieciséis referencias en total (ahora tiene veinte, después de que un revisor pidió más ejemplos). Casi un tercio de nuestras referencias remite a fuentes falsas de un sitio web. Todo ello nos da pie a mofarnos de que este tipo de sinsentidos tienen cabida, sobre todo, en los campos «académicos» corrompidos por el posmodernismo. Hablaremos de ello más adelante.
Dos de las revistas falsas citadas son Deconstructions from Elsewhere y And/Or Press, que se obtuvieron directamente a partir de citas ficticias generadas algorítmicamente en el Postmodern Generator. Otra de las citas se remite al investigador ficticio «S. Q. Scameron», cuyo nombre, completamente inventado, aparece en el cuerpo del artículo varias veces. En respuesta a esto, los revisores consideraron que nuestras referencias eran «sólidas», incluso después de un control de referencias cruzadas aparentemente meticuloso llevado a cabo en la fase final de aprobación editorial. No importa el esfuerzo que se haga, parece que uno simplemente no puede superar al genio de Cogent Social Sciences.
Sin embargo, en un principio no pretendíamos engañar a Cogent Social Sciences. Si lo hubiéramos hecho, esta historia no sería tan interesante ni tan fulminante. Otra revista NORMA: International Journal for Masculinity Studies, una revista del grupo editorial Taylor & Francis, nos recomendó Cogent Social Sciences. NORMA rechazó «El pene conceptual como un constructo social», pero pensó que encajaría bien en la Serie Cogent, que trabaja de forma independiente dentro del grupo Taylor & Francis. En su carta de rechazo, los editores de NORMA escribieron:
Consideramos que su artículo sería muy adecuado para nuestra Serie Cogent, una plataforma multidisciplinaria y abierta para difundir de forma rápida investigaciones revisadas por pares en todas las disciplinas.
Si reenvía su artículo:
· Ahorrará tiempo, ya que no es necesario volver a formatearlo ni reenviar su trabajo manualmente.
· Conseguirá que su artículo se publique más rápido, puesto que, junto con él, se reenviarán también las revisiones anteriores.
En el caso de que se acepte su artículo, y para garantizar que todos los lectores podrán acceder a él de forma abierta, la Serie Cogent le invita a realizar una contribución «pague lo que considere» para cubrir los costes de la publicación en acceso abierto. Tanto usted, como autor, como la institución o entidad que haya financiado la investigación puede realizar este pago. Actualmente muchas instituciones y entidades de financiación proporcionan apoyo económico para publicar en acceso abierto.
Entonces, decidimos hacerles caso y Cogent Social Sciences aceptó «El pene conceptual como un constructo social». Los revisores nos animaron muchísimo y nos evaluaron de forma muy positiva en casi todas las categorías. Por ejemplo, un revisor calificó nuestra propuesta de tesis como «sólida» y la elogió de la siguiente forma: «Capta [sic] la cuestión de la hipermasculinidad a través de un proceso multidimensional y no lineal», lo que nosotros interpretamos como que vaga sin rumbo a través de muchas capas de jerga y tonterías. El otro revisor calificó la tesis, junto con el artículo completo, como «destacable» en cada una de las categorías.
Sin embargo, no aceptaron el artículo del todo...
http://www.sinpermiso.info/textos/una-historia-increible-de-la-miseria-intelectual-del-postmodernismo-el-pene-conceptual-como-un
lunes, 19 de junio de 2017
Economía. La Plataforma por una Educación en Economía Crítica, PLEEC, una magnífica -y necesaria- iniciativa político-cultural contra la penetración educativa neoliberal.
Rosa Guevara Landa
La Plataforma por una Educación en Economía Crítica (PLEEC) convocó una conferencia de prensa el pasado jueves 1 de junio de 2017. El motivo: responder a las declaraciones públicas sobre la supuesta "necesidad" de educación financiera (visión bancaria y afines) en España. Su razonamiento, sus motivos:
Martes 24 de mayo, TV3 emitió una noticia en el informativo a raíz de los "malos" resultados de España en la encuesta PISA, en el apartado sobre educación financiera (estudio realizado en 2015). El mismo día diferentes medios de prensa escrita publicaron también noticias que alertaban sobre la "peligrosidad" del analfabetismo financiero, alegando los mismos resultados de la encuesta PISA. Ante estas declaraciones de los medios de comunicación, desde la PLEEC queremos denunciar la estrategia seguida por las autoridades públicas y las entidades financieras para hacer llegar un mensaje equívoco a la población: que nos es necesaria a los ciudadanos este tipo de formación y que la solución son los planes de educación financiera que se están desarrollando por entidades privadas -y no por el profesorado- en toda España en los últimos años.
Quisieron poner también de manifiesto la extensión y el trabajo que la PLEEC ha hecho durante este último curso:
[…] las entidades que apoyan (más de 140 organizaciones, sindicatos, plataformas, asociaciones vecinales y de familias de alumnos, centros de investigación y el movimiento de la economía social y solidaria) y las estrategias que de cara al futuro pensamos seguir para acabar con el programa y sus efectos, (Educación Financiera a las Escuelas de Cataluña) que realiza el Instituto de Estudios financieros con el apoyo del Departamento de Enseñanza de Cataluña.
A la PLEEC, con razón razones, le parece del todo intolerable lo que está sucediendo y quieren seguir denunciando públicamente que el gobierno de la Generalidad de Cataluña no sólo enmascara, que lo hace, las intenciones de fondo que tienen las entidades financieras para poder hacer llegar sus “productos” a las escuelas e institutos y, por tanto, a los "futuros consumidores" (y generaciones), la forma “ económica” en que ellos consideran a nuestro alumnado al igual que al profesorado, sino que “aliente este tipo de programas que suponen una intromisión de las entidades privadas y sus intereses en el sistema público”. Otro nudo más de la creciente privatización institucional y cultural de nuestro sistema de enseñanza. También aquí, como en tantas otras cosas, el camino del gobierno de Junts pel sí es idéntico al emprendido por el gobierno PP y las fuerzas que le dan apoyo .
Considera PLEEC que la educación sostenida con fondos públicos -tampoco la concertada por tanto- no se puede alinear con el discurso de las entidades financieras privadas que han sido uno -acaso el más importante- de los elementos responsables de la crisis-estafa-agresión- expropiación en la que seguimos inmersos. ¿Gentes así, estos intereses de privilegiados y élites, deben regir en la instrucción pública? La PLEEC defiende, con razones muy atendibles, que, por el contrario, “las perspectivas de la economía crítica, la solidaria, la feminista y la ecológica” son las deberían ser integradas en el currículo oficial y ser impartidas por el profesorado del Departamento de Enseñanza, no por personal técnico (prejubilados o voluntarios) de las empresas financieras.
Yo misma, que he sido profesora durante unos 10 años en ciclos formativos de grado medio y superior de una asignatura netamente ideológica como es Economía e Iniciativa Emprendedora (otra cara del mismo poliedro neoliberal, desinformado y privatizador) cuyas consecuencias -sin giros creativos del profesorado- pueden ser nefastas para la vida y formación de nuestros estudiantes, no puedo sino aplaudir entusiasmada la posición crítica de esta plataforma y la bondad y justificación de su demanda: ¡debemos integrar la formación en una economía crítica, informada, solidaria, feminista, obrera y ecológica en el currículo oficial de la formación e instrucción de nuestros estudiantes (incluso de las familias), materia que debe ser impartida por el profesorado del Departamento de Enseñanza formado a tal efecto (no basta con títulos de Economía o similares). No por empresas ni, tampoco, en empresas (enseñanza dual) ni tampoco por técnicos al servicio de estas corporaciones imbuidos de la cabeza a los pies, y acríticamente, del neoliberalismo y sus complementos culturales anexos: la pasta, la empresa, los emprendedores, la pasta, lo privado, lo público es inútil e ineficaz, todo por la pasta. Como diría, como de hecho ha dicho: Trump, ¡vivan los vencedores (como él)! ¡a la hoguera con los perdedores (la mayoría del género humano en su cosmovisión!
¡Fuera la enseñanza financiera neoliberal de nuestro sistema de enseñanza! ¡Fuera la actual EIE de los ciclos! Por una enseñanza económica al servicio de las personas y del mundo de trabajo (especialmente, del trabajo femenino).
La Plataforma por una Educación en Economía Crítica (PLEEC) convocó una conferencia de prensa el pasado jueves 1 de junio de 2017. El motivo: responder a las declaraciones públicas sobre la supuesta "necesidad" de educación financiera (visión bancaria y afines) en España. Su razonamiento, sus motivos:
Martes 24 de mayo, TV3 emitió una noticia en el informativo a raíz de los "malos" resultados de España en la encuesta PISA, en el apartado sobre educación financiera (estudio realizado en 2015). El mismo día diferentes medios de prensa escrita publicaron también noticias que alertaban sobre la "peligrosidad" del analfabetismo financiero, alegando los mismos resultados de la encuesta PISA. Ante estas declaraciones de los medios de comunicación, desde la PLEEC queremos denunciar la estrategia seguida por las autoridades públicas y las entidades financieras para hacer llegar un mensaje equívoco a la población: que nos es necesaria a los ciudadanos este tipo de formación y que la solución son los planes de educación financiera que se están desarrollando por entidades privadas -y no por el profesorado- en toda España en los últimos años.
Quisieron poner también de manifiesto la extensión y el trabajo que la PLEEC ha hecho durante este último curso:
[…] las entidades que apoyan (más de 140 organizaciones, sindicatos, plataformas, asociaciones vecinales y de familias de alumnos, centros de investigación y el movimiento de la economía social y solidaria) y las estrategias que de cara al futuro pensamos seguir para acabar con el programa y sus efectos, (Educación Financiera a las Escuelas de Cataluña) que realiza el Instituto de Estudios financieros con el apoyo del Departamento de Enseñanza de Cataluña.
A la PLEEC, con razón razones, le parece del todo intolerable lo que está sucediendo y quieren seguir denunciando públicamente que el gobierno de la Generalidad de Cataluña no sólo enmascara, que lo hace, las intenciones de fondo que tienen las entidades financieras para poder hacer llegar sus “productos” a las escuelas e institutos y, por tanto, a los "futuros consumidores" (y generaciones), la forma “ económica” en que ellos consideran a nuestro alumnado al igual que al profesorado, sino que “aliente este tipo de programas que suponen una intromisión de las entidades privadas y sus intereses en el sistema público”. Otro nudo más de la creciente privatización institucional y cultural de nuestro sistema de enseñanza. También aquí, como en tantas otras cosas, el camino del gobierno de Junts pel sí es idéntico al emprendido por el gobierno PP y las fuerzas que le dan apoyo .
Considera PLEEC que la educación sostenida con fondos públicos -tampoco la concertada por tanto- no se puede alinear con el discurso de las entidades financieras privadas que han sido uno -acaso el más importante- de los elementos responsables de la crisis-estafa-agresión- expropiación en la que seguimos inmersos. ¿Gentes así, estos intereses de privilegiados y élites, deben regir en la instrucción pública? La PLEEC defiende, con razones muy atendibles, que, por el contrario, “las perspectivas de la economía crítica, la solidaria, la feminista y la ecológica” son las deberían ser integradas en el currículo oficial y ser impartidas por el profesorado del Departamento de Enseñanza, no por personal técnico (prejubilados o voluntarios) de las empresas financieras.
Yo misma, que he sido profesora durante unos 10 años en ciclos formativos de grado medio y superior de una asignatura netamente ideológica como es Economía e Iniciativa Emprendedora (otra cara del mismo poliedro neoliberal, desinformado y privatizador) cuyas consecuencias -sin giros creativos del profesorado- pueden ser nefastas para la vida y formación de nuestros estudiantes, no puedo sino aplaudir entusiasmada la posición crítica de esta plataforma y la bondad y justificación de su demanda: ¡debemos integrar la formación en una economía crítica, informada, solidaria, feminista, obrera y ecológica en el currículo oficial de la formación e instrucción de nuestros estudiantes (incluso de las familias), materia que debe ser impartida por el profesorado del Departamento de Enseñanza formado a tal efecto (no basta con títulos de Economía o similares). No por empresas ni, tampoco, en empresas (enseñanza dual) ni tampoco por técnicos al servicio de estas corporaciones imbuidos de la cabeza a los pies, y acríticamente, del neoliberalismo y sus complementos culturales anexos: la pasta, la empresa, los emprendedores, la pasta, lo privado, lo público es inútil e ineficaz, todo por la pasta. Como diría, como de hecho ha dicho: Trump, ¡vivan los vencedores (como él)! ¡a la hoguera con los perdedores (la mayoría del género humano en su cosmovisión!
¡Fuera la enseñanza financiera neoliberal de nuestro sistema de enseñanza! ¡Fuera la actual EIE de los ciclos! Por una enseñanza económica al servicio de las personas y del mundo de trabajo (especialmente, del trabajo femenino).
La enseñanza concertada, obligada a dar un paso atrás. Varias autonomías, con la Comunidad Valenciana en cabeza, limitan las aulas privadas subvencionadas. Sus defensores llevan la medida a los tribunales.
Un enorme cuadro de Carlos III preside el despacho de la directora. Carmina Valiente, al frente del instituto público Lluís Vives desde hace nueve años, usa este lienzo para recordar algo importante: “Este lugar es público gracias a la desamortización”. Su centro se convirtió en el símbolo valenciano de las protestas en defensa de la escuela pública. En 2012, en los alrededores, hubo hasta cargas policiales contra los alumnos que clamaban contra los recortes que dejaron este instituto con 13 profesores menos de una plantilla de más de 90. En los años duros de la crisis, entre 2009 y 2015, el gasto público en España se desplomó un 12%, mientras que la partida para conciertos subió a su cifra récord. Pero las tornas han cambiado.
Ahora, quienes protestan junto a los muros del Lluís Vives piden que la educación concertada (privada sostenida con fondos públicos y mayoritariamente religiosa) no se toque. De ahí el juego con la desamortización y el monarca. Las caras de las manifestaciones han cambiado en un debate profundamente politizado, a pesar de que los centros afectados reclaman que los partidos se queden al margen.
Los Gobiernos de izquierdas que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden la educación pública con una red concertada subsidiaria, que llegue a donde la otra, más costosa, no puede alcanzar. El centro derecha se ha situado a la cabeza de las manifestaciones reclamando la “libertad de elección” de las familias de la concertada, que ven como un modelo complementario de pleno derecho.
En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y Compromís gobernando en coalición tras 20 años de Ejecutivos del PP, el giro ha sido muy sonado. Su promesa electoral fue “reducir progresivamente los conciertos”. Y en eso están. El Gobierno valenciano ha ordenado retirar para el curso que viene el concierto en 27 aulas de bachillerato —el 6,2% de las 437 existentes—. Es una etapa educativa no obligatoria que conciertan de forma generalizada esta comunidad, Baleares, Navarra y País Vasco y de manera puntual otras ocho regiones, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Enseñanza (Aesece). El Gobierno calcula un ahorro con la retirada de conciertos de 2,5 millones de euros que se destinará a alumnos con necesidades educativas especiales —los que van más rezagados o tienen más dificultades— tanto en la red pública como en la concertada. Pero ha encontrado una respuesta inesperada en las calles.
El año pasado, cuando anunciaron los primeros cierres que no se materializaron, salieron a manifestarse más de 40.000 personas. Este curso, la protesta multitudinaria se repitió con el anuncio del recorte en bachillerato. Sujetando las pancartas, dirigentes del PP y de Ciudadanos. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, viajó incluso a Madrid a mediados de mayo para pedir amparo al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ante la “angustia y la incertidumbre” de las familias de la concertada.
El apoyo explícito del PP, sin embargo, no se ve como una ventaja desde una parte de la concertada. “En la concentración de 2016 estaba la cúpula del PP, hasta el eurodiputado Esteban González Pons. Parecía un acto de partido aunque en realidad era a favor de la libertad y la educación”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de la patronal Escuelas Católicas en Valencia.
“Me gustaría que no se vinculara a ningún partido el tema educativo. Yo no me caso ni con unos ni con otros”, reflexiona en su soleado despacho Francisco Tos, director del centro concertado Domus, con 900 alumnos desde infantil a bachillerato. En el centro, decorado con coloridos murales de los estudiantes, se imparten clases en el patio y se explora en la innovación educativa. Está en Godella, un próspero municipio del área metropolitana, conectado por metro con el centro de Valencia. Aquí priman las urbanizaciones y las escuelas, sobre todo de un tipo. Hay cinco centros concertados frente a dos públicos, estos últimos solo de primaria. El instituto público más cercano está en el siguiente pueblo, Burjassot.
El Domus tiene ideario católico y es uno de los afectados por el decreto valenciano. El curso que viene, perderán el concierto de sus dos aulas de 1º de Bachillerato. Tos explica que esa retirada supondrá que cada alumno tenga que pagar unos 370 euros al mes frente a los 27,5 actuales. “Las únicas familias que no van a poder elegir son las que no tienen recursos económicos. No podrán pagar y se irán”, lamenta.
Mola Ibáñez, que trabaja de contable como su marido, está en esa situación. “Somos trabajadores muy normales”, explica la mujer. Su hijo pequeño, de 16 años, cambiará en septiembre de centro —han pedido plaza en otro concertado de Godella— tras cursar sus estudios desde infantil en el Domus, igual que su otro hijo y, antes, la propia Ibáñez y su hermana. “Estoy orgullosa de la disciplina, de los valores y de la forma de enseñar de este colegio, incluida la religión”, señala esta madre. Considera que esa educación gratis forma parte de “los derechos” de sus hijos. Para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, se trata en cambio de “privilegios sostenidos con fondos públicos”, como el punto extra que se permitía a los aspirantes que tienen familia en el centro y que su Gobierno ha eliminado. Ibáñez asistió con sus hijos, sus padres y su hermana a las dos grandes manifestaciones de la concertada. Asegura que seguirá yendo todas las veces que le llamen. Para la secretaria de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, es una vía agotada.
“La primera protesta llamó la atención de todo el mundo porque somos más del diálogo que de la calle. Abrimos los telediarios y le dijimos al consejero: ‘Está usted retirando conciertos que son necesarios”, señala en su despacho, junto al estadio de Mestalla. “Pero ahora tienen que ser los tribunales quienes nos den la razón o nos la quiten”.
La veintena de centros afectados por la retirada de conciertos han iniciado ya ese camino judicial, en el que lleva años la educación segregada sostenida con fondos públicos, que el Supremo acaba de respaldar a la espera de que se pronuncie de forma definitiva el Constitucional. El Domus de Godella pidió la paralización cautelar de la medida, pero el juez lo rechazó.
Marzà asegura que, tras este recorte, la concertada no tiene motivo de zozobra para los próximos años. Los conciertos de bachillerato que quedan se mantendrán, al menos, los cuatro años que duran los convenios. “No tenemos en mente terminar con la concertada porque vemos que, de momento, presta un servicio público que es necesario”. Respecto a las aulas perdidas, son los tribunales, de nuevo, los que tienen la última palabra.
VIGILANDO LAS CUOTAS VOLUNTARIAS
En el Domus de Godella, como en otros concertados, los padres aportan dinero. Son las llamadas cuotas voluntarias, un aspecto que no siempre queda bien reflejado. Las cantidades, que no están reguladas, pueden superar los 100 euros sin que se avise a las familias de que pueden no pagar. En este centro valenciano, la cuota es de 32 euros al mes. “En la crisis hubo familias que dejaron de pagar y no pasó nada”, asegura el director del centro, Francisco Tos. La concertada justifica estas cuotas señalando que la Administración ajusta su presupuesto a la baja.
“En el decreto de admisión dejamos claro que los colegios no pueden discriminar a quienes no paguen”, explica el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà. Añade que han recibido una decena de denuncias de las familias por pagos irregulares: “La inspección está revisando con más detenimiento porque nos han llegado informaciones de muchos más”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/17/actualidad/1497713903_899393.html
Ahora, quienes protestan junto a los muros del Lluís Vives piden que la educación concertada (privada sostenida con fondos públicos y mayoritariamente religiosa) no se toque. De ahí el juego con la desamortización y el monarca. Las caras de las manifestaciones han cambiado en un debate profundamente politizado, a pesar de que los centros afectados reclaman que los partidos se queden al margen.
Los Gobiernos de izquierdas que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden la educación pública con una red concertada subsidiaria, que llegue a donde la otra, más costosa, no puede alcanzar. El centro derecha se ha situado a la cabeza de las manifestaciones reclamando la “libertad de elección” de las familias de la concertada, que ven como un modelo complementario de pleno derecho.
En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y Compromís gobernando en coalición tras 20 años de Ejecutivos del PP, el giro ha sido muy sonado. Su promesa electoral fue “reducir progresivamente los conciertos”. Y en eso están. El Gobierno valenciano ha ordenado retirar para el curso que viene el concierto en 27 aulas de bachillerato —el 6,2% de las 437 existentes—. Es una etapa educativa no obligatoria que conciertan de forma generalizada esta comunidad, Baleares, Navarra y País Vasco y de manera puntual otras ocho regiones, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Enseñanza (Aesece). El Gobierno calcula un ahorro con la retirada de conciertos de 2,5 millones de euros que se destinará a alumnos con necesidades educativas especiales —los que van más rezagados o tienen más dificultades— tanto en la red pública como en la concertada. Pero ha encontrado una respuesta inesperada en las calles.
El año pasado, cuando anunciaron los primeros cierres que no se materializaron, salieron a manifestarse más de 40.000 personas. Este curso, la protesta multitudinaria se repitió con el anuncio del recorte en bachillerato. Sujetando las pancartas, dirigentes del PP y de Ciudadanos. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, viajó incluso a Madrid a mediados de mayo para pedir amparo al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ante la “angustia y la incertidumbre” de las familias de la concertada.
El apoyo explícito del PP, sin embargo, no se ve como una ventaja desde una parte de la concertada. “En la concentración de 2016 estaba la cúpula del PP, hasta el eurodiputado Esteban González Pons. Parecía un acto de partido aunque en realidad era a favor de la libertad y la educación”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de la patronal Escuelas Católicas en Valencia.
“Me gustaría que no se vinculara a ningún partido el tema educativo. Yo no me caso ni con unos ni con otros”, reflexiona en su soleado despacho Francisco Tos, director del centro concertado Domus, con 900 alumnos desde infantil a bachillerato. En el centro, decorado con coloridos murales de los estudiantes, se imparten clases en el patio y se explora en la innovación educativa. Está en Godella, un próspero municipio del área metropolitana, conectado por metro con el centro de Valencia. Aquí priman las urbanizaciones y las escuelas, sobre todo de un tipo. Hay cinco centros concertados frente a dos públicos, estos últimos solo de primaria. El instituto público más cercano está en el siguiente pueblo, Burjassot.
El Domus tiene ideario católico y es uno de los afectados por el decreto valenciano. El curso que viene, perderán el concierto de sus dos aulas de 1º de Bachillerato. Tos explica que esa retirada supondrá que cada alumno tenga que pagar unos 370 euros al mes frente a los 27,5 actuales. “Las únicas familias que no van a poder elegir son las que no tienen recursos económicos. No podrán pagar y se irán”, lamenta.
Mola Ibáñez, que trabaja de contable como su marido, está en esa situación. “Somos trabajadores muy normales”, explica la mujer. Su hijo pequeño, de 16 años, cambiará en septiembre de centro —han pedido plaza en otro concertado de Godella— tras cursar sus estudios desde infantil en el Domus, igual que su otro hijo y, antes, la propia Ibáñez y su hermana. “Estoy orgullosa de la disciplina, de los valores y de la forma de enseñar de este colegio, incluida la religión”, señala esta madre. Considera que esa educación gratis forma parte de “los derechos” de sus hijos. Para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, se trata en cambio de “privilegios sostenidos con fondos públicos”, como el punto extra que se permitía a los aspirantes que tienen familia en el centro y que su Gobierno ha eliminado. Ibáñez asistió con sus hijos, sus padres y su hermana a las dos grandes manifestaciones de la concertada. Asegura que seguirá yendo todas las veces que le llamen. Para la secretaria de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, es una vía agotada.
“La primera protesta llamó la atención de todo el mundo porque somos más del diálogo que de la calle. Abrimos los telediarios y le dijimos al consejero: ‘Está usted retirando conciertos que son necesarios”, señala en su despacho, junto al estadio de Mestalla. “Pero ahora tienen que ser los tribunales quienes nos den la razón o nos la quiten”.
La veintena de centros afectados por la retirada de conciertos han iniciado ya ese camino judicial, en el que lleva años la educación segregada sostenida con fondos públicos, que el Supremo acaba de respaldar a la espera de que se pronuncie de forma definitiva el Constitucional. El Domus de Godella pidió la paralización cautelar de la medida, pero el juez lo rechazó.
Marzà asegura que, tras este recorte, la concertada no tiene motivo de zozobra para los próximos años. Los conciertos de bachillerato que quedan se mantendrán, al menos, los cuatro años que duran los convenios. “No tenemos en mente terminar con la concertada porque vemos que, de momento, presta un servicio público que es necesario”. Respecto a las aulas perdidas, son los tribunales, de nuevo, los que tienen la última palabra.
VIGILANDO LAS CUOTAS VOLUNTARIAS
En el Domus de Godella, como en otros concertados, los padres aportan dinero. Son las llamadas cuotas voluntarias, un aspecto que no siempre queda bien reflejado. Las cantidades, que no están reguladas, pueden superar los 100 euros sin que se avise a las familias de que pueden no pagar. En este centro valenciano, la cuota es de 32 euros al mes. “En la crisis hubo familias que dejaron de pagar y no pasó nada”, asegura el director del centro, Francisco Tos. La concertada justifica estas cuotas señalando que la Administración ajusta su presupuesto a la baja.
“En el decreto de admisión dejamos claro que los colegios no pueden discriminar a quienes no paguen”, explica el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà. Añade que han recibido una decena de denuncias de las familias por pagos irregulares: “La inspección está revisando con más detenimiento porque nos han llegado informaciones de muchos más”.
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