Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) pero no lo es.

En las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, los partidos independentistas consiguieron una mayoría parlamentaria que presentan como prueba de que “tienen un mandato del pueblo catalán” para independizarse y separarse de España, y ello a pesar de que la mayoría del voto expresado en las urnas aquel día no fue para partidos independentistas, sino para partidos no independentistas. Ni que decir tiene que los primeros consiguieron un voto minoritario muy elevado, pero, a pesar de ser muy elevado, no fue la mayoría del pueblo catalán. Tenemos así una situación en la que las opciones políticas hoy mayoritarias en el Parlamento catalán no tienen el apoyo de la mayoría del electorado catalán para alcanzar su principal promesa programática –la independencia de Catalunya-. Su constante énfasis en que sí que tienen un mandato mayoritario no se apoya en lo que los catalanes votaron en aquellas elecciones. En realidad, consiguieron una mayoría parlamentaria como consecuencia de que la ley electoral catalana (que es prácticamente idéntica a la española) es de las menos proporcionales que existen en Europa, realidad que he estado denunciando desde hace tiempo. Tanto en España como en Catalunya, los gobiernos constantemente aplican leyes aduciendo un mandato popular que no se corresponde con los deseos de la mayoría de la población.

Uno de los muchos indicadores del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado es precisamente el sesgo antidemocrático de las leyes electorales, que discriminan claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y otras clases sociales, discriminando a las ciudades (a favor de las zonas rurales) y a la clase trabajadora (a favor de otras clases sociales). Y un ejemplo de ello son las últimas elecciones en Catalunya. La mayoría de los no independentistas reside en las grandes ciudades de Catalunya, y muy en especial en los barrios obreros. Y ahí están las bases del diferencial entre voto y escaños parlamentarios. El punto débil del independentismo es su limitado atractivo entre las clases trabajadoras en Catalunya debido, en parte, a la mayor identificación con España entre estos sectores de la población y también al hecho de que el movimiento independentista está liderado por un gobierno liberal que ha apoyado las medidas (como la reforma laboral y los recortes de gasto público) que han perjudicado con mayor intensidad a las clases populares.

El sesgo de la ley electoral española (y de la catalana) tenía y continúa teniendo el propósito de discriminar a la clase trabajadora

Este sesgo antidemocrático no es casualidad, pues el objetivo de dicha ley electoral fue precisamente este: el de frenar al Partido Comunista (cuya base electoral era mayoritariamente de clase trabajadora), condición que impuso la asamblea del Movimiento Nacional en las últimas etapas de la dictadura antes de disolverse. Tal condición era el establecimiento de una ley electoral que discriminara a las zonas urbanas a costa de favorecer a las zonas rurales, de claro cariz conservador. El hecho de que incluso hoy se requieran casi 49.000 votos para conseguir elegir a un parlamentario en Barcelona, y solo 21.000 votos en Lleida, se debe a esta decisión política. Otro tanto ocurre en el resto de España.

Esta motivación en el diseño de la ley electoral ha sido reconocido por dirigentes de la derecha española que jugaron un papel clave en la Transición, como el Sr. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y el que fue presidente del mayor partido de derechas (que se definía como de centro, como las derechas siempre se han definido en España) durante aquel periodo, el Sr. Leopoldo Calvo Sotelo. Este último, el mismo año de su fallecimiento, subrayó que el diseño de la ley electoral (que se inició en las últimas fases de la dictadura) tuvo como objetivo la intención de frenar la presencia del Partido Comunista en las instituciones que llamaron representativas, forzando un sistema que tuvo poco de representativo.

Una consecuencia de ello es que, como he documentado en varias ocasiones (ver mi artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo”, El Viejo Topo, julio-agosto 2008), en todas las elecciones generales durante el período democrático desde 1977 a 2008, la suma de votos a partidos de izquierdas en España había dado una cifra superior a los partidos de derechas (excepto en 1977, las primeras elecciones democráticas, en 1979, y en 2000, debido a la enorme abstención). Otros estudios más recientes confirman este análisis de la situación. En un excelente artículo de la ley electoral española aparecido en la revista El Siglo (“Una democracia por mejorar”, 09.11.15) se muestra que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008.

Muchas son las consecuencias de esta realidad, desde el enorme subdesarrollo y subfinanciación del Estado del Bienestar español (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006), hasta el enorme fraude fiscal y las regresivas políticas tributarias. Añádase a esta situación de escasa calidad democrática, la escasísima diversidad ideológica de los medios de información que sistemáticamente discriminan a las izquierdas (ver mi artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”, Público, 19.11.15), siendo el gran apoyo de los mayores medios al nuevo partido de derechas Ciudadanos (la esperanza de las derechas) frente a la gran hostilidad hacia el nuevo partido Podemos y hacia IU, un indicador de ello.

Y la escasa proporcionalidad del sistema electoral se ha ido acentuando con añadidos y modificaciones a la ley electoral que hacen más difícil el ejercicio del voto. Un caso claro es la reforma del año 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (aprobada por el gobierno Zapatero con el apoyo del PP, de CiU y del PNV) que tuvo como consecuencia aumentar la dificultad para votar a los ciudadanos españoles que viven en el extranjero (1.875.272 ciudadanos españoles que viven o están fuera de España del total de 36,5 millones de personas que tienen derecho al voto en España). Es un ejemplo más de clara manipulación mediática del gobierno conservador-neoliberal de la Generalitat de Catalunya, que acusó al gobierno central del partido conservador-neoliberal español de dificultar las votaciones de los catalanes que vivían o estaban en el extranjero, cuando, en realidad, ambos partidos –el español y el catalán- habían dificultado, con la nueva ley, el ejercicio de tal derecho.

Las muy insuficientes reformas del supuesto sistema democrático
La gran mayoría de reformas que se están proponiendo por parte de los partidos políticos se basan en deseados cambios en la gestión de los partidos, lo cual es importante, pero muy insuficiente. Que los partidos políticos españoles (incluyendo los catalanes) son partidos con escasa vocación democrática, queda ilustrado en el estudio Ranking 2015 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles, que muestra que solo dos partidos (ambos de izquierda), Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego, pueden ser considerados como partidos -en términos comparativos con los existentes en el Reino Unido y Alemania- merecedores de ser considerados partidos con democracia interna. Ni que decir tiene que incluso estos dos partidos tienen todavía un largo recorrido para alcanzar los niveles de democracia que deberían exigirse. Pero están claramente en la dirección de alcanzarlo. No así en el resto de partidos.

Ahora bien, otro tema esencial para que el sistema electoral pudiera definirse como democrático, sería conseguir que todo ciudadano tuviera la misma potestad de configurar la gobernanza del país (es decir, conseguir la representatividad proporcional). Esta es una reforma urgente y necesaria y que tendría un enorme impacto en la vida política del país. Pero se requeriría otra reforma igualmente necesaria y urgente, que es el establecimiento de formas de democracia directa, como los referéndums, a todos los niveles del Estado, desde el central, al autonómico y municipal. Y ahí estamos en pañales.

Existe una oposición antidemocrática por parte de los establishments político-mediáticos –lo que se define como la casta- hacia el ejercicio del derecho a decidir a todos los niveles. La oposición a que el pueblo catalán pueda ejercer tal derecho -que la mayoría de la población en Catalunya apoya- es un ejemplo de ello. La derecha española, PP y Ciudadanos, y la dirección del PSOE (de escasa vocación democrática), se oponen a dicho ejercicio. El PP y el PSOE, los máximos beneficiarios del sistema bipartidista, bases del Estado español, han sido los que se han opuesto más a la democratización del Estado. Ambos partidos de baja calidad democrática, se oponen al ejercicio de estas formas de democracia directa, que debilitarían su protagonismo. Y Ciudadanos se opone también, aunque por motivos diferentes. Su oposición al derecho a decidir es porque desea conseguir rentabilidad política de su supuesta defensa de la “unidad de España” (aunque el ejercicio de tal derecho resolvería precisamente las tensiones artificiales creadas por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y también por CDC en Catalunya, pues tal deseo mostraría que la voluntad de la mayoría de los catalanes es permanecer en España, desmontando así los argumentos independentistas). Son precisamente estos partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) –que Pablo Iglesias ha definido correctamente como el búnquer- los que están incrementando el hastío y frustración en Catalunya hacia el Estado central, aumentando el independentismo.

Esta breve crítica del sistema llamado democrático aparece con plena evidencia en la nula diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información (tanto públicos como privados) españoles, instrumentalizados por los poderes económicos y financieros y por los gobiernos, y que no ofrecen la pluralidad, veracidad y rigor que un sistema democrático exige. El artículo del New York Times que ha creado un gran revuelo en España no descubre nada que la mayoría de la población no conociera ya en España, pero que los medios continúan negando. Tanto los medios televisivos como la prensa en papel carecen de credibilidad en España, otro tema que he estado denunciando por mucho tiempo. En el último programa de Salvados, los dirigentes de los medios entrevistados atribuyeron el resultado de una encuesta realizada en Europa (que mostraba que la ciudadanía española era la que desconfiaba más de sus medios) a que los ciudadanos españoles tienen una vocación más crítica que los ciudadanos de otros países. No aceptaron –a pesar de la enorme evidencia de lo contrario- que el problema mayor era la abusiva instrumentalización de los medios por el poder financiero (la banca) con el cual están endeudados, y por los partidos gobernantes. Hoy, tales medios son un enorme obstáculo para el pleno desarrollo democrático de España. En realidad, el programa La Sexta Noche es un programa que –sin quererlo y sin ser su intención- muestra claramente el bajo nivel de democracia existente en España. Lo que se presenta como un debate, es una sarta de insultos, mezquindades, gritos y un largo etcétera (procedentes en su mayoría de los tertulianos de derechas) que muestra muy bien, por desgracia, la escasa calidad democrática existente en España. Así de claro.
Vicenç Navarro. Autor de Ataque a la democracia y al bienestar (Anagrama, 2015)

Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2015/11/23/le-llaman-democracia-en-espana-incluyendo-catalunya-pero-no-lo-es/

Vicenç Navarro

Público.es

La reproducción del dogma neoliberal en el PSOE, PP, Ciudadanos, CDC y UPyD

El público español no es plenamente consciente de que se está desarrollando un consenso (o al menos un acuerdo amplio) en la comunidad científica internacional en las áreas económicas y sociales que considera que las políticas neoliberales impuestas (y digo impuestas, pues no estaban en sus programas electorales) por los partidos gobernantes liberales en España y en Catalunya (como el PP en España y CDC en Catalunya) y otros partidos de sensibilidad conservadora-liberal que gobiernan gran parte de los países de la Eurozona han sido un desastre (y no hay otra manera de decirlo), y muy en especial un desastre para las clases populares de los países de la periferia de la Eurozona, como es España, incluyendo Catalunya. Estas políticas, promovidas por los mayores centros de decisión en la Eurozona, tales como el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea (todos ellos altamente influenciados por el capital financiero), han tenido un impacto sumamente negativo en el bienestar de las poblaciones.

Las reformas laborales de clara orientación liberal, que se vendieron y promocionaron a través de los medios de información (ellos mismos altamente influenciados por tal capital financiero, como resultado de su profundo endeudamiento) como necesarias para crear ocupación, consiguieron, sin embargo, lo contrario. En realidad destruyeron empleo, deteriorando los mercados de trabajo, a fin de conseguir lo que nunca explicitaron, y que era la bajada de los salarios (bajada que los partidos gobernantes creían necesaria para aumentar la competitividad de los países). En realidad, esta bajada de salarios ha creado un enorme problema de falta de demanda doméstica y nulo estímulo económico, contribuyendo a la Gran Recesión.

A esta situación de escaso, nulo o incluso de crecimiento negativo contribuyeron también los recortes del gasto público (con especial énfasis en el gasto público social), que se presentaron como necesarios para reducir el déficit público y la deuda pública del Estado. En realidad, el objetivo de la reducción del gasto público social era debilitar a las clases trabajadoras (debilitando su protección social) y también privatizar los servicios públicos y las pensiones para dar oportunidades de expansión al capital financiero (a través de las compañías de aseguramiento) y a las empresas privadas. Mientras tanto, la deuda pública no ha descendido, sino que ha aumentado, alcanzando niveles nunca vistos antes.

El drama social creado
Podría asumirse que, a la luz de estos datos, y del casi consenso alcanzado en la comunidad científica internacional, estas políticas neoliberales estarían totalmente desacreditadas y los profesionales (que en España son predominantemente los gurús economistas de gran visibilidad mediática) responsables de su promoción, estarían desacreditados. La situación, sin embargo, es la opuesta. Spain continúa siendo different. Tales políticas continúan siendo promocionadas, tanto por los partidos liberales, socioliberales y conservadores responsables de la aplicación e imposición de dichas políticas, como por los grandes medios de información del país que ellos influencian.

Por ejemplo, si ustedes leen los borradores de los programas electorales del partido socialdemócrata en España, el PSOE, y analizan sus áreas económicas, encuentran poquísima variación respecto a las políticas de austeridad que inició el gobierno Zapatero en la última etapa de su mandato, y que más tarde fueron continuadas y expandidas por el Partido Popular. Vemos todavía el mismo apego a la corrección del déficit, sin ninguna variación del nefasto cambio constitucional que fuerza al Estado a anteponer el pago de los intereses de la deuda por encima de todo lo demás, escribiendo en piedra, además, el Pacto Fiscal que condena a los Estados a no poder endeudarse. Imagínese usted qué pasaría si a las familias de España se les prohibiera endeudarse. Esto es lo que se ha estado proponiendo. Se le prohíbe al Estado invertir en el futuro del país. Son medidas que responden a proyectos ideológicos (en contra del sector público) que no tienen ninguna base científica.

El continuismo en el PSOE aparece también en su extraordinaria arrogancia e imposibilidad de ejercer una autocrítica. De ahí que haya una continuidad directa en la línea política de sus anteriores asesores y los de ahora. En realidad, el jefe de su equipo económico asesor, Jordi Sevilla, es el mismo economista que asesoró a Zapatero y se hizo famoso con su libro De nuevo socialismo en el que escribía “¿Quién a estas alturas pide que se aumente el gasto público?”. Y ello lo escribía en el país que tiene menor gasto público de la UE-15 (ver artículo El fracaso del socialismo liberal, Público, 23.08.13). Como consecuencia, solo una de cada diez personas adultas en España, incluyendo Catalunya, trabaja en el Estado del Bienestar. Si fuera uno de cada cinco como en Suecia, se eliminaría gran parte del desempleo. Y por si fuera poco, Pedro Sánchez acaba de fichar a la persona que desreguló el mercado financiero en EEUU, contribuyendo a le enorme crisis financiera del mundo occidental, el Sr. Lawrence Summers, que fue Secretario del Tesoro, es decir, Ministro de Hacienda del gobierno Clinton, y que es considerado en Estados Unidos como uno de los mayores responsables del colapso del sistema financiero en aquel país (ver el excelente artículo de Juan Torres, Las malas compañías del PSOE, Público, 08.09.15).

En realidad, el programa del PSOE está, en el abanico de la socialdemocracia europea, a la derecha de la mayoría y en las antípodas del nuevo Partido Laborista que, por fin, ha abandonado el blairismo, que continúa presente en el PSOE. Sería de desear que hubiera una revuelta de las bases de tal partido, hecho que es difícil que ocurra debido al enorme control del aparato sobre este partido.

Esta ideología aparece también en el PP y en Ciudadanos, y también en el partido liberal gobernante en la Generalitat de Catalunya, CDC, partido que ha tenido que camuflar su visión política detrás de una coalición electoral, Junts pel Sí, que se centra exclusivamente en la estrategia de mantenerse en el poder a base de ocultar su liberalismo detrás de su llamada a la independencia para Catalunya. No hay plena consciencia de que los mayores medios de información de la Generalitat de Catalunya (abusivamente manipulados por el partido liberal CDC) han estado promoviendo, no solo el independentismo, sino también el neoliberalismo, justificando unas veces, y ocultando otras, el enorme daño que las políticas del partido gobernante han causado en las clases populares de Catalunya.

Una situación casi idéntica está ocurriendo en el PP y en CDC, y también en Ciudadanos, cuyo asesor económico es el profesor Luis Garicano, uno de los fundadores del blog ultraliberal Nada es gratis, financiado durante mucho tiempo por Fedea, el think tank del IBEX-35, la gran banca y las grandes empresas que dominan el país. Nos encontramos, pues, con que, una vez más, el dominio de las derechas explica en estancamiento del pensamiento económico dominante en Catalunya y en el resto de España. Es un indicador del enorme poder que tiene el gran capital en España y en Catalunya (IBEX-35) que el pensamiento económico dominante esté todavía estancado en un dogma cuya aplicación ha sido tan desastrosa para el bienestar de las clases populares de los distintos pueblos y naciones en España.

Fuente: http://www.caffereggio.net/2015/09/17/la-reproduccion-del-dogma-neoliberal-en-el-psoe-pp-ciudadanos-cdc-y-upyd-de-vicenc-navarro-en-publico/#

La inmoralidad e ilegalidad de la deuda pública griega

Vicenç Navarro
El pasado 4 de abril el Estado griego nombró un Comité parlamentario, The Debt Truth Commitee (Comité de la Verdad sobre la Deuda), para analizar los orígenes de la deuda pública y por qué ha ido aumentando considerablemente durante los años de la Gran Recesión. Este Comité está compuesto por expertos nacionales e internacionales para asesorar en temas de financiación de la deuda pública. Otra dimensión importante de tal Comité es también analizar la legalidad de tal deuda, es decir, ver si los mecanismos que se utilizaron para su establecimiento eran legales o ilegales, tal como se concluyó que fueron en el análisis de las deudas públicas en casos anteriores, como en Cuba en 1898, en Irak en 2003 y en Ecuador en 2007. En estos casos la deuda pública se anuló precisamente por haberse demostrado que en ninguno de ellos se había respetado la legalidad internacional (ver Ozlem Onaran, “Should Greece Pay Back its Debt?”, Social Europe Journal, 23 de abril de 2015). El Comité establecido en el pasado abril debe, pues, ver si el Estado griego respetó la legalidad internacional cuando se endeudó y cuando, más tarde, pagó los intereses de la deuda así como la deuda en sí. Y en la misma línea, el Comité debe también analizar si los que compraron deuda pública griega (fueran los bancos públicos o privados, o los Estados) respetaron las leyes internacionales que rigen tal tipo de compras y ventas.

Pues bien, parece que, como señala Ozlem Onaran en el citado artículo, hay abundante evidencia de que tales leyes internacionales tampoco fueron respetadas en el establecimiento y crecimiento de la deuda pública griega, unas leyes reconocidas por las Naciones Unidas y por la propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así, las leyes que rigen el establecimiento de la Seguridad Social Europea han sido violadas sistemática y continuamente en el inicio y engrandecimiento de tal deuda pública. Y todas estas leyes tienen en común un principio básico y es que el Estado no puede intervenir para infringir los derechos humanos de su población. La evidencia acumulada es que durante los años de la Gran Recesión, gran número de Estados –incluido el griego- han tenido un efecto muy negativo sobre estos derechos humanos (como el de la salud y bienestar de sus ciudadanos) con la aplicación de sus políticas.

La violación de los derechos humanos en Grecia y otros países de la Eurozona
Hoy, en la Eurozona, como resultado de las políticas de austeridad, justificadas para reducir la deuda pública, hemos visto:
1. El desmantelamiento de los convenios de negociación colectiva, causando en Grecia un descenso de un 25% del salario real por hora durante el periodo de aplicación de tales políticas.

2. El descenso del salario mínimo griego a niveles de los años setenta.

3. Una reducción de las pensiones públicas griegas, alcanzando las más reducidas unos niveles por debajo del umbral de la pobreza.

4. La extensión de la pobreza al 35,7% de la población, y al 44% de los niños entre 11 a 15 años.

5. Un aumento sin precedentes de las tasas de suicidio.

6. Una disminución del nivel de riqueza del país, con un descenso de un 25% de su PIB durante los años de su recesión, una situación sin precedentes en Europa en tiempos de paz.

Todos estos indicadores –y muchos otros- muestran la violación de las condiciones acordadas en tales leyes, que determinan que los préstamos a un Estado no pueden desestabilizar las sociedades ni afectar negativamente sus derechos humanos. En realidad, estudios han mostrado que si no se hubieran aplicado las políticas de austeridad para pagar la deuda, la economía griega no hubiera perdido el 25% de su PIB como ha ocurrido. Las enormes crisis humanas creadas por estas políticas de austeridad están violando los derechos humanos de la población afectada por ellas.

Soy consciente de que algunos lectores expresarán dudas de la eficacia de tales argumentos legales pues, en general, los derechos de propiedad siempre se respetan más que los derechos humanos. Pero un principio que, al menos en teoría, se aplica para que un Estado permanezca en la Unión Europea, es precisamente el respeto a la democracia y a los derechos humanos, derechos que hoy están siendo abusivamente infringidos en Europa. La pérdida de legitimidad de las instituciones de gobernanza de la Unión Europea se basa, precisamente, en la amplia percepción de que estos principios –que no son solo morales, sino también legales- se están violando sistemáticamente.
Vicenç Navarro
Público

Fuente original: http://www.caffereggio.net/2015/05/14/la-inmoralidad-e-ilegalidad-de-la-deuda-publica-griega-de-vicenc-navarro-en-publico/

¿Qué está pasando en Baltimore y otros centros urbanos en EEUU?

Vicenç Navarro
Público.es

Para explicar la agitación social que está ocurriendo en EEUU (siendo los hechos acecidos en Baltimore el último ejemplo de ello), la mayoría de los medios de información en España, se ha centrado en el tema racial, presentando dicha agitación como un caso más de conflicto racial entre blancos y negros. Tal énfasis en el tema racial es importante pero, sin embargo, insuficiente para entender lo que está ocurriendo en EEUU. En Baltimore, la mayoría del establishment político –incluyendo la alcaldesa y el Consejo Municipal- y la mayoría de policías son de raza negra. Y, sin embargo, la gente que está protestando -la mayoría también de raza negra- lo hace frente y en oposición a este establishment y a esta policía. Veamos los datos.

En primer lugar, es cierto que la raza juega un papel clave en la vida política, cultural y social de aquel país. Es una variable –la raza- que configura predominantemente dos países: el EEUU blanco y el EEUU negro. Según una encuesta publicada recientemente en el Washington Post (citada en “Race, Hope and Organizing in the Rust Belt”, Z Commentaries, 28.04.15), el 75% de los estadounidenses de raza blanca no tiene en su red de amigos a ninguna persona negra (o asiática o hispana), un porcentaje idéntico, por cierto, al que indican los estadounidenses de raza negra en cuanto a tener amigos blancos. Para valorar estos datos es importante saber que los negros en EEUU pasan nueve veces más tiempo con blancos que estos con negros (“pasan” incluye relaciones de trabajo, en el comercio o de ocio). Estos datos muestran claramente que hay dos Estados Unidos, el blanco y el negro, con una difícil relación entre ellos.

Ahora bien, esta manera de ver EEUU (que es la mayoritaria en los medios) es insuficiente, pues no incluye otra variable que debería considerarse, y que es la clase social de unos y otros. Y aquí quisiera aclarar que, en contra de lo que indica la sabiduría convencional en aquel país (que es la producida y promocionada por la estructura de poder de EEUU), que niega la existencia de clases sociales (reduciendo la estructura social a “ricos”, “clase media” y “pobres”, poniendo a la gran mayoría de la población en la categoría clase media), EEUU tiene una estructura social muy semejante a la de cualquier país europeo, es decir, tiene una clase capitalista (a la que se conoce en EEUU como Corporate Class), una pequeña burguesía, una clase media y una clase trabajadora (que es, tanto objetiva como subjetivamente, la mayoría de la población, tanto negra como blanca. Así es como se define la mayoría de la población de ambas razas cuando se les pregunta por su pertenencia a la “clase alta”, “clase media” o “clase trabajadora”).

El gran deterioro del bienestar de la clase trabajadora blanca y, sobre todo, negra
Lo que hemos estado viendo en estos años de crisis y supuesta recuperación en EEUU es también lo que veremos (en realidad, ya lo estamos viendo) en la Unión Europea, incluyendo en España. Y no es ni más ni menos que una enorme polarización de las rentas (con un enorme crecimiento de las rentas del capital a costa de un enorme decrecimiento de las rentas del trabajo, es decir, de la mayoría de la población). Jack Rasmus, uno de los economistas más interesantes hoy en EEUU, acaba de publicar unos datos sobre la evolución de las rentas del capital y las rentas del trabajo durante la llamada Recuperación, que son impactantes y abrumadores (“USA: How the Rich Get Richer”). El promedio de las rentas familiares que derivan sus rentas del trabajo (es decir, de los salarios) ha ido bajando y bajando desde el año 2009 cuando, en teoría, la economía estadounidense inició su recuperación. Este descenso ha sido particularmente acentuado entre los 100 millones de familias trabajadoras, que han visto cómo se reducía, además de su estabilidad laboral (aumentando su precariedad), su trabajo, consecuencia de que se han estado destruyendo puestos de trabajo, lo que ha determinado que el porcentaje de la población ocupada (tasa de ocupación) haya bajado. La gran mayoría de la población negra (conocida como afroamericana) pertenece a los sectores con menor nivel salarial entre la población ocupada, habiendo sido particularmente afectada por este declive tan notable del mundo del trabajo. Barrios de clase trabajadora negra, cuya población trabajaba en la manufactura y la construcción (como ocurre en muchos barrios obreros negros en Baltimore), hoy están enormemente deteriorados. Es más, la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación de raza, paradójicamente, ha contribuido más a este deterioro, pues ha facilitado que las familias negras pertenecientes a la pequeña burguesía y a la clase media de renta media alta hayan abandonado los barrios donde estaban ubicados antes (y donde convivían con la clase trabajadora), desplazándose a los suburbios donde las clases más pudientes están ubicadas. Donde antes había suburbios blancos, ahora hay suburbios blancos y suburbios negros. Como consecuencia, los barrios tradicionalmente negros son más uniformes en cuanto a su clase social: la mayoría es clase trabajadora ocupada y, sobre todo, desocupada.

Por otra parte, las rentas del capital se han disparado. El 1% de las familias, las más pudientes, que derivan sus rentas del capital, han aumentado sus ingresos de una manera casi obscena por su cantidad. Estas rentas derivan en gran parte del enorme incremento de los beneficios empresariales, habiéndose incrementado 3.7 billones de dólares (trillones en EEUU) durante los años de crisis. Estos beneficios son de las empresas que producen bienes y servicios, y se han conseguido a base de la disminución de los salarios y de lo que llaman aumento de productividad, que ha significado un enorme incremento de la tasa de explotación, y que ha incluido una gran destrucción de puestos de trabajo y la sustitución de buenos salarios por bajos salarios. De nuevo, las familias negras han sido las más afectadas, pero no han sido las únicas.

Pero a estos 3.7 billones se debe añadir otro billón de dólares (trillón en EEUU) que procede de las rentas derivadas de la actividad financiera, cuya rentabilidad se ha disparado debido a la enorme especulación con los productos financieros. Los super-ricos, que obtienen beneficios como consecuencia de una enorme explotación del mundo del trabajo, no invierten en actividades que puedan crear empleo, sino en actividades especulativas, alcanzando un total de ingresos de 4.7 billones, que están arruinando el país y el bienestar de la mayoría de la población.

El problema no es solo el 1%, como dice el Occupy Wall Street Movement
Naturalmente que este 1% requiere para mantener su enorme dominio en la sociedad, tanto sobre el Estado como sobre la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación, de otro 10 ó 15% de la población (pequeña burguesía y clase media de renta alta), que juega un papel clave en la reproducción del poder de ese 1%. Y este es el grupo más beneficiado por la ley antidiscriminatoria, consecuencia de lo cual hoy tiene su sector de raza negra. El Presidente Obama, que era un abogado, más tarde senador, y ahora Presidente, es un claro ejemplo de ello. Esta clase media profesional de renta alta tiene intereses de clase comunes con sus homólogos de raza blanca. Hoy, la estructura de poder político en la ciudad de Baltimore es de raza negra y la mayoría de la policía es también de raza negra, así como lo son la alcaldesa y el jefe de la policía. Y la policía es percibida en estos barrios obreros negros como una institución de represión, lo que explica las tensiones frecuentes en estos barrios, donde la criminalidad es la respuesta individual, antisocial e incívica del joven negro que no ve ningún otro futuro. Vean la excelente serie “The Wire”, y entenderán mejor lo que pasa en estos barrios.

Este artículo no puede terminar aquí, pues hay también cambios que permiten un atisbo de esperanza. En realidad, la crítica que puede hacerse a “The Wire” es que transmite una sensación extremadamente pesimista, pues aquellos barrios de Baltimore fueron también los que iniciaron el movimiento –que se extendió al resto de EEUU- para el salario decente, categoría distinta y superior al salario mínimo, exigiendo a las autoridades públicas que en sus contratos incluyeran salarios decentes. Lucharon y ganaron. Y lo hicieron aliándose con trabajadores blancos, siguiendo la filosofía política de la Rainbow Coalition, iniciada y liderada por Jesse Jackson (el discípulo predilecto de Martin Luther King), que consistió en establecer alianzas entre todos los grupos sociales, razas y etnias que consiguieron una movilización sin precedentes en EEUU (causa de que el candidato Jesse Jackson ganara el 40% de los delegados al Congreso del Partido Demócrata en 1984). Fui asesor de Jesse Jackson en aquellos años y pude ver con mis propios ojos lo que puede ocurrir en EEUU cuando los distintos componentes raciales y étnicos del mundo del trabajo se alían. Y lo que ocurrió con la campaña del salario decente es un ejemplo de ello. En este aspecto, el racismo es el mayor obstáculo para que dicha alianza se establezca. Pero la agitación social y racial que ocurre hoy en los centros urbanos de EEUU muestra también los límites de las políticas representativas simbólicas, que llevaban a la conclusión de que elegir a un Presidente negro beneficiaría a la población negra, o que la posible elección de una Presidenta beneficiará a las mujeres. Sin desmerecer la importancia de los símbolos, la realidad muestra que estas políticas son dramáticamente insuficientes. Necesarias, pero, repito, muy insuficientes, puesto que la realidad muestra que la mayoría de la clase trabajadora negra no se ha beneficiado necesariamente de haber tenido un Presidente negro. Sin desmerecer algunas de las políticas sociales progresistas de la Administración Obama, el hecho es que la situación del mercado de trabajo se ha deteriorado de una manera muy marcada durante la crisis, incluyendo los años de gobierno del Presidente Obama, y las desigualdades sociales y de renta se han disparado, como consecuencia de tal deterioro. Es más, los rescates bancarios, que han favorecido claramente a las altamente concentras rentas del capital financiero, han disparado todavía más tales desigualdades, habiendo generado una protesta generalizada que ha llevado a una situación conflictiva que ha abierto toda una serie de interrogantes.

Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.
Fuente: http://www.caffereggio.net/2015/04/30/que-esta-pasando-en-baltimore-y-otros-centros-urbanos-en-eeuu-de-vicenc-navarro-en-publico/

Los costes del nazismo alemán para Grecia (y para España)

Para entender la crisis existente en la Unión Europea, ayuda el conocer la que ocurrió en los años treinta en Europa,

Y como ambas crisis han afectado la relación de Alemania -el centro del sistema económico europeo- con la periferia, centrándonos en este artículo en Grecia, y con algunas notas también de la relación de Alemania con España en ambos periodos históricos.

En Alemania, la primera crisis, generada en parte por la enorme deuda pública acumulada, resultado de las exigencias de los países vencedores de la I Guerra Mundial de que este país pagara las reparaciones por los daños infligidos a los países enemigos durante el conflicto bélico, determinó la elección de un gobierno Nazi liderado por Hitler. La enorme austeridad de gasto público, con los grandes recortes realizados con el objetivo de pagar la deuda, y las reformas del mercado laboral que contribuyeron al crecimiento del desempleo generado por aquellos recortes, causaron un rechazo de la población hacia los partidos que impusieron tales medidas y llevaron a la primera elección de un gobierno Nazi en Europa. Hay que recordar que el nazismo alcanzó el poder en Alemania por la vía democrática (1) debido a su atractivo electoral (y también a la división de las izquierdas, concretamente entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista).

El nazismo sacó a Alemania de la crisis económica mediante la militarización de su economía (keynesianismo militar) y al expolio de los países periféricos, incluyendo Grecia. La ocupación de Grecia (1941-1945) fue de las más brutales que hayan existido en Europa. Aquel periodo se caracterizó por un sinfín de atrocidades. Pueblos y ciudades fueron testigos de aquellas brutalidades. Mousiotitsa (153 hombres, mujeres y niños), Kommeno (317 hombres, mujeres y niños, donde incluso 30 niños de menos de un año fueron asesinados y 38 personas fueron quemadas vivas en su casa), Kondomari (60 asesinados), Kardanos (más de 180), Distomo (214 muertos), y así una larga lista. Más de 460 poblaciones fueron destruidas y más de 130.000 civiles fueron asesinados, además, de más de 60.000 judíos que representaban la mayoría de la población judía en Grecia. El sacrificio humano fue enorme. Y la represión estaba encaminada a sostener una enorme explotación y latrocinio. En realidad, el III Reich robó el equivalente en moneda alemana de 475 millones de marcos, que significaría en moneda actual 95.000 millones de euros. Ante esta situación, ¿cómo puede pedírsele a las clases populares, que fueron las que sufrieron en mayor medida la represión, que olviden esta etapa de su vida? (ver Conn Hallinan: “Greece: Memory and Debt”, Znet Magazine, 18.03.15, de donde extraigo la mayoría de datos de este artículo).

Y lo que es importante subrayar es que los responsables de tanta brutalidad, los militares que dirigieron los asesinatos, el expolio y el latrocinio, recibieron sanciones menores en Alemania, muy por debajo de lo que la población griega exigía. El General Hubert Lanz, que dirigió una de las divisiones responsables de tales atropellos, pasó solo tres años en prisión, llegando luego a ser asesor en temas de seguridad del Partido Liberal alemán. La tolerancia, cuando no complicidad, de los gobiernos occidentales (que ayudaron más tarde a las derechas griegas –que anteriormente habían colaborado con el nazismo- a derrotar a las milicias antinazis en lo que se llamó la Guerra Civil) con los dirigentes nazis, es también conocida y recordada. Los gobiernos occidentales, que se presentaban y autodefinían como democráticos, ayudaron, como también pasó en España, a que se mantuvieran las mismas estructuras oligárquicas que han mantenido a Grecia en la pobreza y en la miseria por tantos años. En la Alemania Oriental (bajo ocupación soviética), sin embargo, los militares nazis sufrieron penas mayores. El General Karl von Le Suire (el carnicero de Kalavryta) fue capturado por la Unión Soviética y murió en un campo de concentración en 1954, y el General Friedrich Wilhelm Müller (que ordenó las masacres de Viannos) fue ejecutado por los propios griegos en 1947.

Las supuestas reparaciones del gobierno alemán
El gobierno alemán nunca ha aceptado la demanda del gobierno griego de pagarle 677.000 millones de euros para compensar todos los daños causados en su ocupación devolviendo, además, los recursos –incluyendo el dinero del Banco Central griego- que habían robado las tropas alemanas. Solo en 1960 el gobierno alemán pagó 115 millones de marcos alemanes, una cantidad insignificante a la luz del daño causado. Durante el periodo en que Alemania estaba dividida, la postura del gobierno alemán era la de que no podía hablarse de pago por reparaciones hasta que hubiera de nuevo una Alemania unida. Y cuando la hubo (en 1990), el argumento fue de que ya habían pasado muchos años, y que ya se le habían pagado a Grecia los 115 millones de marcos alemanes. ¿Cómo puede pedírsele al pueblo griego que se olvide de su enorme sacrificio y de los recursos que le robaron?

Ver estas demandas que está haciendo el gobierno Syriza como mera táctica de negociación con el gobierno alemán en la renovación del segundo rescate (aprobado por el gobierno anterior) es trivializar el significado de la ocupación nazi en Alemania y el enorme sufrimiento y pobreza que esta impuso al pueblo griego. El gobierno Syriza es el primer gobierno progresista y de izquierdas, claramente representante de las clases que sufrieron más la represión nazi, y es de justicia que una de las primeras reivindicaciones sea recuperar la memoria histórica de los vencidos y exigir reparaciones. Ver esa reivindicación como mera táctica de negociación con Alemania, como los mayores medios de comunicación españoles lo han presentado, es desconocer la historia de Grecia y de Europa, lo cual, por cierto, es muy común entre tales medios.

La doble moralidad de los países llamados democráticos
Es importante destacar también, además de la enorme insensibilidad del gobierno alemán hacia tal sufrimiento, el contraste entre como se resolvía el gran problema de la deuda pública que el gobierno alemán debía a los aliados después de la II Guerra Mundial, y lo que el gobierno alemán ha intentado imponer al gobierno griego en el pago de su deuda a los bancos alemanes (entre otros) que prestaron dinero a Grecia (para muchos proyectos que, por cierto, les originaron grandes beneficios, sin que beneficiaron en nada o en muy poco a las clases populares griegas). Los aliados en 1953 (en el Tratado de Londres) le perdonaron al Estado alemán el 50% de toda la deuda, condicionando además su pago a la existencia de un crecimiento económico que facilitara tal pago, precisamente la misma petición que está ahora haciendo el gobierno Syriza. El gobierno alemán se ha opuesto duramente a que se tratara a Grecia como se les trató a ellos en su momento. Syriza pedía las mismas condiciones, y fue el gobierno alemán el que dirigió la oposición a que tal propuesta incluso fuera considerada. ¿Cómo se le puede pedir al pueblo griego que no mire al pasado para resolver el futuro? Esta petición tiene dimensiones de cinismo. Las declaraciones del portavoz de la Canciller Merkel de que “Grecia debería concentrarse en temas actuales, mirando el futuro” es de una enorme insensibilidad, preñada de cinismo. La Sra. Merkel ignora u oculta que gran parte de los problemas existentes en Grecia se basan en lo que ocurrió en el pasado.

El nazismo y su influencia en España
La petición de la Sra. Merkel es semejante a la petición de las derechas españolas, hoy dirigidas por el Sr. Rajoy (el gran aliado de la Sra. Merkel), herederas de los que vencieron la mal llamada Guerra Civil (pues fue un golpe de Estado que venció como consecuencia de la ayuda militar del gobierno Nazi alemán e impuso una de las dictaduras más brutales que hayan existido en Europa), pidiendo a las víctimas de aquel genocidio que se olviden del pasado, mirando solo al futuro. Se ha intentado por todos los medios hacerle olvidar al pueblo español que en España hubo un golpe militar dirigido por el Ejército y por el Partido Fascista (junto con la Iglesia) que inició cuarenta años de una enorme represión (España es, después de Camboya uno de los países que tiene un mayor porcentaje de personas asesinadas y desaparecidas por motivos políticos), imponiendo un enorme subdesarrollo económico, social y cultural del país. Y nunca debería olvidarse que la victoria del golpe militar nunca hubiera existido sin la ayuda de la Alemania nazi. El gobierno nazi jugó un papel clave en garantizar la superioridad militar de los golpistas españoles. Y fueron las estructuras de poder dominantes del Estado español las que –como he mostrado en mis escritos- han sido responsables de la enorme pobreza del Estado español, de su carácter eminentemente represivo, con escasa conciencia social, y muy poco redistributivo, altamente corrupto y poco sensible a su plurinacionalidad (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España: causas y consecuencias). Aparecieron cambios, sobre todo en su etapa después de la Transición democrática, pero debido al gran desequilibrio que hubo en el periodo de la Transición entre las derechas –que controlaban al Estado y la gran mayoría de los medios- y las izquierdas –que lideraron las fuerzas democráticas- la democracia fue muy limitada. Y como consecuencia, el Estado español continúa teniendo estas mismas características. España y Grecia tienen el mayor número de policías y agentes del orden por cada 10.000 habitantes, y el menor número de adultos trabajando en su Estado del Bienestar, las mayores tasas de fraude fiscal y corrupción, y el gasto público social más bajo.

Otra Europa, otra Alemania, otra Grecia y otra España (y otra Catalunya) son posibles.
La situación actual en Europa es el resultado de una alianza entre los establishments financieros, económicos y políticos que gobiernan la vida política, financiera y económica (y mediática) de la Eurozona, frente a las clases populares de tales países, mayores recipientes de las políticas de austeridad y reformas laborales que se están imponiendo a la población sin ningún mandato popular, a costa de un enorme coste humano. Lo que se requiere es una alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales que se opongan a tales políticas, para desarrollar otra Europa que cambie la relación centro-periferia que está dañando tanto a las clases populares de la periferia como también del centro.

En este aspecto hay que saludar y aplaudir el apoyo que la izquierda alemana que, en representación de la clase trabajadora alemana (cuyas condiciones se han deteriorado considerablemente con las medidas adoptadas de los gobiernos Schröder y Merkel) han aprobado la petición del gobierno Syriza de que el gobierno alemán pague al gobierno griego las reparaciones debidas a este pueblo. Este signo de solidaridad es el mejor indicador de la posibilidad de establecer alianzas transnacionales, impidiendo y dificultando que el establishment alemán pueda utilizar tópicos casi racistas (como que los pensionistas alemanes están pagando las vacaciones de los trabajadores griegos que, además, son vagos), que reproducen los medios de mayor difusión alemanes. Hay que evitar presentar el conflicto actual como el conflicto entre el pueblo alemán por un lado, y el español y griego por otro. Verlo y presentarlo de esta manera es dificultar enormemente la necesaria alianza para construir otra Europa. El conflicto es entre las minorías financieras, económicas, políticas y mediáticas que dominan y gobiernan la gran mayoría de países de la Eurozona por un lado, y las clases populares de tales países por el otro, que están dañando el bienestar y calidad de vida de todas ellas. El elevado nivel de deterioro del mercado de trabajo alemán es un claro ejemplo de ello. El “éxito exportador alemán”, como bien ha documentado Oskar Lafontaine (que fue en su día Ministro de Finanzas del gobierno Schröder), se basa precisamente en unos salarios que están muy por debajo de lo que deberían, forzando una situación de competitividad entre los países de la Eurozona para que bajen los salarios. Mientras tanto, se le dice al trabajador alemán que el problema se debe al obrero griego que es poco disciplinado en su trabajo. Y así los medios del establishment alemán, con una narrativa incluso racista, como durante el nazismo, ofenden diariamente al obrero griego (y al alemán).

De ahí la urgencia de que se redescubran en los análisis políticos categorías de análisis olvidados desde hace bastante tiempo (como la existencia de clases y de conflicto entre ellas, que existen en cada país) que permitan establecer alianzas transnacionales de las clases populares que impidan que se utilicen narrativas orientadas a dividirlas.
Vicenç Navarro.
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Público.es

Fuente original:
http://www.caffereggio.net/2015/03/24/los-costes-del-nazismo-aleman-para-grecia-y-para-espana-de-vicenc-navarro-en-publico/

(1) Ver aquí más detalladamente como impusieron a Hitler las clases dominantes de Alemania.

También se puede documentar en el libro de Enzo Collotti. La Alemania Nazi. Alianza Ed. 1972.

Los mitos neoliberales que alimentan las políticas fiscales del gobierno Rajoy

Uno de los mitos que se reproduce con mayor frecuencia en el conocimiento económico neoliberal (y que los gobiernos conservadores y neoliberales –como el gobierno Rajoy- aplican constantemente en sus políticas públicas) es que la bajada de impuestos a las personas más pudientes de la sociedad (lo que a nivel popular se conoce como los ricos y super-ricos) beneficia a toda la población, pues dicho acto discriminatorio a favor de las rentas superiores estimula la economía y facilita el crecimiento económico y la producción de empleo. Se supone que el dinero que se ahorran los ricos y super-ricos (al pagar menos impuestos) lo invierten, y, como resultado, crecen la producción y el empleo.

Tal mito (en realidad, dogma) del pensamiento neoliberal se repite constantemente en los medios de información y persuasión económicos, a pesar de que la evidencia científica no avala ese supuesto. En realidad, la evidencia publicada en las revistas científicas más creíbles muestra los datos que desmerecen dicho mito. Así, en EEUU, el tipo impositivo marginal (marginal tax rate) máximo del impuesto sobre la renta fue, hasta los años 70, del 70% de los ingresos por encima de 250.000 dólares de la época. A partir de la segunda mitad de la Administración Carter (el Presidente demócrata más conservador que EEUU haya tenido desde la II Guerra Mundial) y de la Administración republicana presidida por Ronald Reagan, dicho tipo marginal máximo se redujo espectacularmente, de manera que alcanzó la tasa más baja en 1990, durante la Administración republicana del Presidente Bush padre. Subió algo más tarde bajo la Administración Clinton, pero nunca lo hizo por encima del 40%. Tal reducción, sin embargo, no se tradujo en ningún aceleramiento del crecimiento económico, en un aumento de las inversiones, o en un crecimiento de la productividad.

Algo parecido ocurre cuando se consideran no solo cambios en el tipo impositivo marginal del impuesto sobre la renta, sino en el total de impuestos que pagan los ricos y super-ricos por su renta total. Estos impuestos, incluidos los aplicados a las rentas derivadas del capital, han ido bajando desde la II Guerra Mundial, de tal manera que hoy los ricos y super-ricos pagan porcentajes menores de los que paga el contribuyente normal y corriente (ver Gerald Friedman “The Great Tax-Cut Experiment” Dollar and Sense, Jan./Feb. 2013). Este descenso de los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital ha ido acompañado de un aumento de los impuestos sobre las rentas del trabajo y, muy en particular, de las contribuciones a la Seguridad Social, habiendo sido el Presidente Reagan, el gurú de los economistas neoliberales, el que subió más dichos impuestos. En realidad, este Presidente fue uno de los que, junto con el Presidente Bush hijo, más bajó la carga impositiva de las rentas superiores y fue el que (desde la II Guerra Mundial) subió más la carga impositiva de las rentas del trabajo.

¿Qué impacto tuvieron las reducciones de impuestos a los super-ricos?
En realidad, la economía estadounidense creció más durante los periodos en los que la totalidad de los impuestos a los ricos y super-ricos crecieron más. Y al revés, la economía creció mucho menos (como durante los grandes recortes de los impuestos a las rentas superiores realizadas por el Presidente republicano Bush hijo) cuando tales impuestos se redujeron, manteniéndose muy bajos. En realidad, se ha calculado que cada incremento de un 10% de los impuestos a las rentas superiores determinaría un incremento de la tasa de crecimiento económico de un 1% (ver el artículo antes citado de Friedman).

Tampoco es cierto que una reducción de los impuestos a los ricos y super-ricos conduzca a un incremento en las inversiones... Fuente: Vicenç Navarro, Público.es, Aquí

Lo que no se dice sobre el crecimiento de las desigualdades sociales

Por fin, el gran crecimiento de las desigualdades que hemos estado experimentando en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte ha pasado a ser noticia, con un número cada vez mayor de fórums y conferencias dedicando atención a este tema, presentándolo como un problema. Incluso el Foro de Davos, uno de los centros de reflexión neoliberal con mayor impacto mediático, dedicó este año a este tema un espacio importante de su programa. Es interesante notar, sin embargo, que lo que ha estado ocurriendo con el tema de las desigualdades es muy semejante a lo que ha ocurrido con el cambio climático. Como en el caso de este último, la sabiduría convencional en aquellos países (dominada desde los años ochenta por el dogma neoliberal) negaba, al principio, su existencia. Se decía que, en contra de lo que aseguraban algunos “radicales extremistas” (el menos ofensivo de toda una larga retahíla de insultos), no había ningún cambio climático. Cuando la evidencia de que sí había tal cambio era ya abrumadora, la sabiduría convencional lo admitió, tras mucha resistencia y recelo, pero añadió –inmediatamente– que este no era causado por la intervención humana. Se debía –decía la sabiduría convencional– a cambios cíclicos de la naturaleza sobre los que la intervención humana tenía poco que hacer.

Una evolución similar ha ocurrido ahora con el crecimiento de las desigualdades. Primero se negó que existiera, acusándonos, a aquellos que señalábamos que era una realidad con terribles consecuencias sociales y económicas, de “radicales aguafiestas”. Más tarde, ante la evidencia abrumadora que cuestionaba este dogma, admitieron su existencia, pero negaron que se debiera a decisiones políticas concretas tomadas por instituciones públicas altamente influenciadas por los grupos financieros y económicos (que configuraban la sabiduría convencional neoliberal del conocimiento económico), atribuyendo dicho cambio a hechos como “la globalización de la actividad económica”, “la introducción de nuevas tecnologías” u otras argumentaciones, hechos que se consideraban (erróneamente) apolíticos, determinados por la propia lógica y dinámica del sistema económico. En realidad, cada uno de estos hechos supuestamente apolíticos era resultado de decisiones políticas tomadas por los Estados, cada uno de ellos influenciado por aquellos grupos financieros y económicos, que dominaban el proceso de gobernanza de cada país.

¿Por qué han crecido las desigualdades?

En realidad, la fuerza más determinante en la evolución de las desigualdades sociales y de su crecimiento ha sido el grado de influencia que los propietarios y gestores del gran capital (es decir, del mundo de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios, y que incluye personas e instituciones que obtienen sus ingresos a partir de la propiedad del capital) han tenido sobre sus Estados. Cuanto mayor ha sido su influencia sobre el Estado, mayor han sido las desigualdades en un país. Cuanto, por el contrario, mayor ha sido la influencia del mundo del trabajo (es decir, de la mayoría de la población que deriva sus rentas del trabajo, con escasa propiedad) sobre los Estados, menores han sido las desigualdades. La evidencia de que ello es así es abrumadora. Durante el periodo 1947-1979 (el llamado “periodo dorado del capitalismo”), cuando el mundo del trabajo tenía más poder, el crecimiento de la riqueza de los países se repartió más igualitariamente que no durante el periodo 1979-2013, cuando –con la revolución neoliberal iniciada por el Presidente Reagan y la Sra. Thatcher– el mundo del capital fue el que claramente dominó las instituciones del Estado. Durante este último periodo, como resultado del crecimiento de la productividad, hubo un aumento de la riqueza, que se concentró en los sectores más pudientes de la población que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital.

Estos datos muestran que las causas del crecimiento de las desigualdades son primordialmente políticas, es decir, que derivan de decisiones tomadas por el Estado como resultado del grado de influencia diferencial que tienen sobre ese Estado el mundo del capital y el mundo del trabajo. La época neoliberal (1980-2013) ha sido la época de mayor dominio del Estado por parte del capital, habiéndose alcanzado unos niveles nunca vistos desde principios del siglo XX. En EEUU, por ejemplo, el 10% más rico de la población posee el 77,1% de toda la riqueza, mientras que el 90% restante posee el 22,9%. En realidad, el 40% de la población no tiene ninguna propiedad; todo lo contrario, está endeudada. El 20% que le sigue tiene solo un 3,3% de toda la riqueza, seguido de otro 20% que tiene un 10% de toda la propiedad. La suma de ello (40+20+20) muestra que el 80% tiene solo un 13,3% de la riqueza. (Los datos que presento en este artículo proceden de John Schmitt “The Economy and the Evolution of Income and Wealth”. Public Policy Program. The Johns Hopkins University. 20 de febrero de 2014)

Esta enorme concentración de la riqueza, causa mayor del crecimiento de las desigualdades, ha motivado el movimiento popular de protesta conocido en EEUU como el Occupy Wall Street (claramente influenciado por el movimiento de los indignados, el 15-M, de España), que denuncia al 1% de la población (que controla, en gran medida, la propiedad de los medios financieros –basados en Wall Street) como el centro del poder financiero y económico, y por lo tanto, político y mediático del país.

No es el 99% contra el 1%, sino el 90% contra el 10%

Ahora bien, aun cuando el número de 1% -que incluye el grupo dominante del poder financiero, económico, político y mediático del país- es un número muy gráfico y didáctico para mostrar el grado de concentración del poder en EEUU, es una cifra que subestima el problema político al que tiene que hacer frente cualquier estrategia encaminada a revertir dicha concentración. Este 1%, que controla el 35,6% de toda la riqueza, va seguido de un 9% que controla otro 39,5%. El problema, pues, no es solo el 1%, sino que incluye también al otro 9%, que juntos suman en total un 77,1% de toda la riqueza. Este 9% son los grandes propietarios del capital industrial y de servicios, así como los sectores sociales que se benefician claramente del sistema de propiedad actual, y que incluye, entre otros, a los dirigentes mediáticos, la intelectualidad del régimen, la clase dirigente del funcionariado y la mayoría de la clase política gobernante, todos ellos sirvientes de las estructuras del poder. Junto al 1% del capital financiero representan lo que en Estados Unidos se llama la Corporate Class. De ahí que el conflicto no es del 99% de la población contra el 1%, sino del 90% contra el 10%, teniendo este último un enorme poder. Los grandes gurús mediáticos, por ejemplo, no son parte del 1%, pero si del otro 9% que sirve al sistema controlado por el 1%, y que se opondrá por todos los medios a que cambie el sistema que los beneficia.

El declive del sistema democrático

Esta enorme concentración de la riqueza ha sido consecuencia de las intervenciones del Estado, que han favorecido sistemáticamente y abusivamente desde los años ochenta al capital a costa del mundo del trabajo. Y cuando digo a costa quiero decir que las rentas del capital han subido como consecuencia de que las rentas del trabajo han disminuido. En otras palabras, el crecimiento de la riqueza, como resultado del aumento de la productividad (incluida la productividad laboral), no ha repercutido tanto en el mejoramiento de las rentas del trabajo como en el crecimiento desmesurado de las rentas del capital. En realidad, el salario por hora (controlado por inflación y tipo de trabajo) en EEUU fue menor en 2013 que en el año 1978.

La situación en España es muy semejante a la que ocurre en EEUU. La enorme influencia del 10% más rico de la sociedad (tanto en el Estado como en la sociedad civil) está causando el enorme crecimiento de las desigualdades. Y ello ocurre, tanto directamente como indirectamente, a través de las políticas públicas del Estado. Entre las directas están las políticas fiscales, por ejemplo, que benefician sistemáticamente al capital a costa del trabajo. Y entre las indirectas, está el gasto público. Por ejemplo, la reducción del empleo público y de la capacidad adquisitiva del empleado público (y con ello, el descenso de la renta nacional que va al mundo del trabajo) se hace para poder pagar los rescates a la banca y pagar la deuda pública (propiedad, en su gran mayoría, de la banca), con lo cual se está haciendo una transferencia de fondos públicos del 90% de la población española, cuya renta procede del trabajo, al 1% que deriva sus ingresos de la propiedad del capital financiero (del cual depende el otro 9%, que está al servicio del 1%) que controla el sistema de gobernanza del país.

Y es esta enorme concentración de la riqueza la que está destruyendo la democracia. Pero le aseguro a usted que no leerá todo esto en los medios. Un artículo como este no se puede publicar en los cinco rotativos más importantes del país. Le ruego que lo distribuya.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/9270/lo-que-no-se-dice-sobre-el-crecimiento-de-las-desigualdades-sociales/
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Falsedades del pensamiento económico dominante

Vicenç Navarro. Público.es

Permítame, Sr. lector, que le hable como si estuviéramos tomando un café, explicándole algunas de las mayores falsedades que se le presentan a diario en la prensa económica. Debería ser consciente de que gran parte de los argumentos que se presentan en los mayores medios de información y persuasión económicos del país para justificar las políticas públicas que se están llevando a cabo, son posturas claramente ideológicas que no se sustentan en base a la evidencia científica existente. Le citaré algunas de las más importantes, mostrándole que los datos contradicen lo que dicen. Y también intentaré explicarle por qué se continúan repitiendo estas falsedades, a pesar de que la evidencia científica las cuestiona, y con qué fin se le presentan diariamente a usted y al público.

Comencemos por una de las falsedades más importantes, que es la afirmación de que los recortes de gasto público en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, vivienda social, y otros (que están perjudicando enormemente el bienestar social y calidad de vida de las clases populares), son necesarios para que no aumente el déficit público. Y se preguntará usted, “y, ¿por qué es tan malo que crezca el déficit público?”. Y los reproductores de la sabiduría convencional le responderán que la causa de que haya que reducir el déficit público es porque el crecimiento de este déficit determina el crecimiento de la deuda pública, que es lo que el Estado tiene que pagar (predominantemente a la banca, que tiene algo más de la mitad de la deuda pública en España) por haber pedido prestado dinero a la banca para cubrir el agujero creado por el déficit público. Se subraya así que la deuda pública (que se considera una carga para las generaciones venideras, que tendrán que pagarla) no puede continuar creciendo, debiéndose reducir recortando el déficit público, lo cual quiere decir para ellos recortar, recortar y recortar el Estado del Bienestar, hasta el punto de acabar con él, que es lo que está ocurriendo en España.

Los argumentos que se utilizan para justificar los recortes no son creíbles.
El problema con esta postura es que los datos (que la sabiduría convencional oculta o ignora) muestran precisamente lo contrario. Los recortes son enormes (nunca se habían visto durante la época democrática unos tan grandes), y en cambio, la deuda pública continúa y continúa creciendo. Mire lo que está pasando en España, por ejemplo, con la sanidad pública, uno de los servicios públicos más importantes y mejor valorados por la población. El gasto público sanitario como porcentaje del PIB se redujo alrededor de un 3,5% en el periodo 2009-2011 (cuando debería haber crecido un 7,7% durante el mismo periodo para llegar al gasto promedio de los países de semejante desarrollo económico al nuestro), y el déficit público se redujo, pasando del 11,1% del PIB en 2009 al 10,6% en 2012, y en cambio la deuda pública no bajó, sino que continuó aumentando, pasando del 36% del PIB en 2007 al 86% en 2012. En realidad, la causa de que la deuda pública esté aumentando se debe, en parte, a los recortes del gasto público.

¿Cómo puede ser eso?, se preguntará usted. Pues la respuesta es fácil de ver. El descenso del gasto público implica que disminuye la demanda pública y con ello el crecimiento y la actividad económica, con lo cual el Estado recibe menos ingresos por vía de impuestos y tasas. Y al recibir menos impuestos, el Estado debe endeudarse más, con lo cual la deuda pública continúa creciendo. Ni que decir tiene que el mayor o menor impacto estimulante del gasto público depende del tipo de gasto. Pero se está recortando en los servicios públicos del Estado del Bienestar, que son los que crean más empleo y que están entre los que estimulan más la economía. Permítame que repita esta explicación debido a su enorme importancia.

Cuando el Estado (tanto central como autonómico y local) aumenta el gasto público, aumenta la demanda de productos y servicios, y con ello el estímulo económico. Cuando baja, disminuye la demanda y desciende el crecimiento económico, con lo cual el Estado recibe menos fondos. Es lo que en la terminología macroeconómica se conoce como el efecto multiplicador del gasto público. La inversión y el gasto públicos facilitan la actividad económica, lo cual es negado por los economistas neoliberales (que se promueven en la gran mayoría de medios de mayor información y persuasión del país), y ello a pesar de la enorme evidencia publicada en la literatura científica (ver mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar, Ariel Económica, 1997).

Otra farsa: nos gastamos más de lo que tenemos
La misma sabiduría convencional le está diciendo también que la crisis se debe a que hemos estado gastando demasiado, muy por encima de nuestras posibilidades. De ahí la necesidad de apretarse el cinturón (que quiere decir recortar, recortar y recortar el gasto público). Por regla general, esta postura va acompañada con el dicho de que el Estado tiene que comportarse como las familias, es decir “en ningún momento se puede gastar más de lo que se ingresa”. El Presidente Rajoy y la Sra. Merkel han repetido esta frase miles de veces.

Esta frase tiene un componente de hipocresía y otro de falsedad. Déjeme que le explique el por qué de cada uno. Yo no sé cómo usted, lector, compró su coche. Pero yo, como la gran mayoría de españoles, compro el coche a plazos, es decir, a crédito. Todas las familias se han endeudado, y así funciona su presupuesto familiar. Pagamos nuestras deudas a medida que vamos ingresando los recursos que, para la mayoría de españoles, proceden del trabajo. Y de ahí deriva el problema actual. No es que la gente haya ido gastando por encima de sus posibilidades, sino que sus ingresos y sus condiciones de trabajo han ido deteriorándose más y más, sin que la población sea responsable de ello. En realidad, los responsables de que ello ocurra son los mismos que le están diciendo que tienen que recortarse los servicios públicos del Estado del Bienestar y también bajar los salarios. Y ahora tienen la osadía (para ponerlo de una manera amable) de decir que la culpa la tenemos usted y yo, porque hemos estado gastando más y más. Yo no sé usted, pero le garantizo que la mayoría de las familias no han estado comprando y amasando bienes como locos. Todo lo contrario.

La misma hipocresía existe en el argumento de que el Estado ha estado gastando demasiado. Fíjese usted, lector, que el Estado español ha estado gastando, no mucho más, sino mucho menos de lo que han gastado otros países de similar nivel de desarrollo económico. Antes de la crisis, el gasto público representaba solo el 39% del PIB, cuando el promedio de la UE-15 era un 46% del PIB. Ya entonces, el Estado debería haberse gastado como mínimo 66.000 millones de euros más en gasto público social para haberse gastado lo que le correspondía por su nivel de riqueza. No es cierto que ni las familias ni el Estado se hayan gastado más de lo que deberían. Y a pesar de ello, le continuarán diciendo que la culpa la tiene la mayoría de la población que ha gastado demasiado y ahora tiene que apretarse el cinturón.

También habrá usted escuchado que estos sacrificios (los recortes) hay que hacerlos “para salvar al euro”.
De nuevo, esta cantinela de que “estos recortes son necesarios para salvar al euro” se reproduce constantemente Ahora bien, en contra de lo que constantemente se anuncia, el euro no ha estado nunca en peligro. Ni tampoco hay la más mínima posibilidad de que algunos países periféricos (los PIGS, que incluyen a España) de la Eurozona sean expulsados del euro. En realidad, uno de los problemas de los muchos que tienen estos países es que el euro está demasiado fuerte y sano. Su cotización ha estado siempre por encima del dólar y su elevado poder dificulta la economía de los países periféricos de la Eurozona. Y otro problema es que el capital financiero alemán les ha prestado, con amplios beneficios, 700.000 millones de euros y quiere ahora que los países periféricos los devuelvan. Si alguno de ellos dejara el euro, la banca alemana podría colapsar. Esta banca (cuya influencia es enorme) no quiere ni oír hablar de que estos países deudores se vayan del euro. Les aseguro que es lo último que desean.

Esta observación, que es obvia, no es un argumento, por cierto, a favor de permanecer en el euro. En realidad, creo que los países PIGS deberían amenazar con salirse del euro. Pero es absurdo el argumento que se utiliza de que España tenga que ver reducido el tiempo de visita al médico todavía más para salvar al euro (que es el código para decir, “salvar a la banca alemana y devolverle el dinero” que prestó consiguiendo enormes beneficios).

Estas son las falacias que constantemente se le exponen. Pero le aseguro que se le presentan sin que exista ninguna evidencia que las avale. Así de claro.

La causa de los recortes
Y se preguntará usted, ¿por qué se hacen entonces estos recortes? Y la respuesta es fácil de ver, aunque raramente la verá en aquellos medios de información y persuasión. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”, pero ahora aquellos medios no utilizan esta expresión por considerarla “anticuada”, “ideológica”, “demagógica” o cualquier epíteto que utilizan para mostrar el rechazo y deseo de marginalización de aquellos que ven la realidad según un criterio distinto, e incluso opuesto, al de los que definen la sabiduría convencional del país.

Pero, por mucho que lo quieran ocultar, esa lucha existe. Es la lucha (lo que mi amigo Noam Chomsky llama incluso guerra de clases –como expone en su introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo) de una minoría (los propietarios y gestores del capital, es decir, de la propiedad que genera rentas) contra la mayoría de la población (que obtiene sus rentas a partir de su trabajo).

Ni que decir tiene que esta lucha de clases ha ido variando según el periodo en el que uno vive. Era distinta en la época de nuestros padres y abuelos de la que está ocurriendo ahora. En realidad, ahora es incluso más amplia, pues no es solo de las minorías que controlan y gestionan el capital contra la clase trabajadora (que continúa existiendo), sino que incluye también a grandes sectores de las clases medias, formando lo que se llaman las clases populares, conjuntamente con la clase trabajadora. Esta minoría es enormemente poderosa y controla la mayoría de los medios de información y persuasión, y tiene también una gran influencia sobre la clase política.

Y este grupo minoritario desea que se bajen los salarios, que la clase trabajadora esté atemorizada (de ahí la función del desempleo) y que pierda los derechos laborales y sociales. Y está reduciendo los servicios públicos como parte de esta estrategia para debilitar tales derechos. También es un factor importante la privatización de los servicios públicos, que es consecuencia de los recortes, y que permite la entrada del gran capital (y muy en particular del capital financiero-banca y de las compañías de seguros) en estos sectores, aumentando sus ganancias.

Usted habrá leído cómo en España las compañías privadas de seguros sanitarios se están expandiendo como nunca antes lo habían conseguido. Y muchas de las empresas financieras de alto riesgo (que quiere decir, altamente especulativas) están hoy controlando grandes instituciones sanitarias del país gracias a las políticas privatizadoras y de recortes que los gobiernos están realizando, justificándolo todo con la farsa (y créanme que no hay otra manera de decirlo) de que tienen que hacerlo para reducir el déficit público y la deuda pública.
Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=10378

El ataque a la Catalunya social

Los últimos datos del Eurostat, la agencia de recogida de datos de la Unión Europea (UE), y del Idescat, la agencia de recogida de datos de Catalunya (con datos homologables a los del Eurostat), permiten conocer la situación social de España, incluyendo Catalunya. Tales datos muestran un gran deterioro de la situación social en España y en Catalunya. En este artículo me centro en Catalunya, donde tal deterioro ha sido incluso más acentuado, y en las razones para tal deterioro comparando la situación de Catalunya con el promedio de los países de la UE-15.

Empecemos por el mercado de trabajo. La tasa de ocupación de la población es mucho más baja en Catalunya que en el grupo de países de la UE de similar desarrollo económico al nuestro (es decir, a la UE-15), y esto se debe a la escasa disponibilidad y gran destrucción de puestos de trabajo que caracterizan el espectacular deterioro del mercado de trabajo. Esto también explica la elevadísima desocupación (especialmente elevada entre los jóvenes), una de las más altas de la UE-15, una situación que no cambia. El porcentaje de personas que están paradas durante más de un año es casi tres veces más elevado en Catalunya que en la UE-15. Catalunya es también uno de los países de la UE-15 con mayor precariedad entre los trabajadores. Es más, y en contra de la opinión de los economistas ultraliberales que tienen gran visibilidad en los medios de información, tanto privados como públicos, incluyendo los medios públicos catalanes, como TV3 y Catalunya Ràdio, Catalunya es uno de los países con mayor flexibilidad laboral, como lo muestra el hecho de que Catalunya tenga uno de los porcentajes más bajos de trabajadores con contrato fijo de la UE-15. Y es también uno de los que tiene salarios más bajos (y que han bajado incluso más durante los años de crisis).

Una situación igualmente preocupante aparece en cuanto al gasto público social (que financia la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos, las escuelas de infancia públicas, los servicios de dependencia públicos, la vivienda social, y un largo etcétera). Catalunya tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, y esto a pesar de ser uno de los países más ricos de la UE-15 (su PIB per cápita es el 110% del de la media de la UE-15). Este menor gasto público no se debe al hecho de que Catalunya tenga menos necesidades. Todo lo contrario. En educación, por ejemplo, el porcentaje de la población de 20 a 64 años que ha conseguido al menos la enseñanza secundaria es de los más bajos de la UE-15. Una cosa parecida ocurre en la sanidad pública, una de las sanidades europeas con menor gasto público sanitario por habitante.

Y en contra de lo que la sabiduría convencional mediática y política promueve en Catalunya, la mayor causa de este deterioro de la Catalunya social no se debe primordialmente al déficit fiscal (llamado belicosamente por los independentistas catalanes “expolio de Catalunya por el Estado español”) –que existe, aunque en cantidades menores de las que se presentan por ellos, como he documentado en mis trabajos–, sino en el “expolio de una clase (las clases populares) por una minoría (que vive en Catalunya y es catalana)”. Las leyes que han causado este deterioro de la situación social de Catalunya, perjudicando a las clases populares (con las sucesivas reformas laborales y los recortes sociales), las han aprobado partidos políticos catalanes en las Cortes españolas, que sistemáticamente han favorecido a una minoría a costa de la mayoría de la población. Y algunos de ellos (representantes de las minorías), como CiUhan prometido, como ocurrió hace unos días, al mundo empresarial que cuando consigan la independencia bajarán sus impuestos, mientras que algunos de los gurús ultraliberales independentistas que aparecen en TV3 son conocidos defensores de la total privatización de las pensiones públicas.

La mayor causa del atraso histórico de la Catalunya social es el enorme dominio que las fuerzas conservadoras y liberales (en alianza con las fuerzas políticas de la misma sensibilidad política existentes en el Estado español) han tenido en la vida política y mediática de Catalunya (y España, de la cual Catalunya es parte) desde los años cuarenta, tanto durante la dictadura como durante el periodo democrático. No es por casualidad que los países que están también a la cola de la UE-15, que son Grecia y Portugal, hayan sido países que han tenido dictaduras ultraconservadoras sustituidas por democracias muy limitadas, altamente influenciadas por intereses económicos y financieros que han configurado sus políticas públicas. Hablar solo de nación sin hablar de clase es insuficiente para entender el problema social de Catalunya. Esta es la realidad ignorada, cuando no ocultada, en los mayores medios de información y persuasión en Catalunya.
Vicenç Navarro.
El Plural

Dos versiones distintas de lo que es España

Vicenç Navarro
El Plural

En España ha habido siempre dos concepciones de España. Una que monopoliza el concepto de nación, “patria indivisible de todos los españoles” y que, centrada en Madrid, su capital, excluye y niega que haya otras naciones, a las cuales considera en la práctica como regiones de España. Tiene una visión radial de España, y es heredera de la España de siempre, la España imperial que conquistó América Latina e impuso su cultura, lengua y civilización. Originalmente, tenía una concepción racista, lo cual se reflejó en el hecho de que durante muchos años se definiera el Día Nacional, el 12 de octubre, como el Día de la Raza, celebrando así la conquista de América Latina.

Los máximos herederos de esta versión de España han sido el Ejército y la Iglesia española, aunque una versión más moderada está ampliamente extendida en los establishments políticos y mediáticos españoles, basados en Madrid. Esta visión, profundamente nacionalista y excluyente, fue la que ganó la Guerra Civil, y era la de los que se llamaron a sí mismos “los nacionales”, que consideraban que defendían a la Patria española contra “los rojos” y contra “los separatistas”, definiendo como tales a aquellos que no eran nacionalistas españolistas (ver mi artículo El nacionalismo españolista en www.vnavarro.org). La mayoría de las derechas en España han promovido siempre este nacionalismo españolista, aunque sectores de las izquierdas también han hecho suya una versión ligeramente modificada de esta España. Es esta España la que aparece en la Constitución, que la define como una nación única, patria indivisible de los españoles, asignando al Ejército (es decir, a la fuerza física) la misión de imponer esta concepción de España.

Pero ha habido en la historia de España otra visión de España, la España con raíces republicanas que se creía constituida por varias naciones, con una visión no radial sino policéntrica y poliédrica, en la que distintos pueblos y naciones pudieran convivir fraternalmente sin exclusiones, y con el respeto a la diversidad, acentuando la riqueza de dicha diversidad. Esta visión veía a España como una España plurinacional y policéntrica. Como ocurre en varios países federales y confederales en los que he vivido, las administraciones del Estado central pueden estar en otras capitales distintas a las del centro (en EEUU, la Seguridad Social no tiene la sede en Washington, sino en Baltimore. Y el Centro Federal de Investigación y Vigilancia Sanitaria en Atlanta. Y así un largo etcétera). Hay una larga historia de esta otra versión, más arraigada en las izquierdas, por cierto, que en las derechas, y, como es de esperar, más desarrollada en la periferia que en el centro.

En Catalunya, históricamente todas las tradiciones de izquierda, desde la anarcosindicalista a la socialista y comunista, han tenido esta otra visión de España, en la que la pertenencia de Catalunya a esta España estaría corroborada por la voluntad democrática de su pueblo. Históricamente, todas las mayores fuerzas de izquierda catalanas han defendido la autodeterminación de Catalunya (sorprenderá a muchos lectores que las izquierdas en España también habían apoyado este derecho durante la clandestinidad). En su versión más reciente, el Presidente de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall fue la figura más visible de esta visión de España, y fue su intento, fallido, el de convencer al socialismo español de aceptar la posibilidad de establecer esta otra versión de España. Sus dificultades fueron enormes, pues casi nadie, en realidad nadie en el socialismo español, quería hablar de esta otra versión, lo cual no deja de ser sorprendente porque, tal como acabo de resaltar, el PSOE, durante su clandestinidad, había aceptado esta versión poliédrica, plurinacional, de España. Y lo mismo había ocurrido con el Partido Comunista español.

El hecho de que abandonaran dicha versión de España se debió primordialmente a las presiones de la Monarquía, heredera de la Dictadura, y del Ejército (el heredero del Ejército golpista del 36). La Transición, lejos de ser modélica, fue muy inmodélica, pues se hizo en términos de un desequilibrio enorme de fuerzas, ya que las fuerzas ultraconservadoras que habían controlado el Estado durante la dictadura tenían un enorme dominio de tal Estado y de la mayoría de medios de información. Las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas, sin embargo, acababan de salir de la clandestinidad. La Transición no fue, por lo tanto, resultado de un proceso equilibrado, sino de un proceso dominado por las fuerzas ultraconservadoras y supervisado por la Monarquía y por el Ejército. De ahí que la Constitución fuera resultado de ese desequilibrio.

Es lógico que en estas circunstancias las fuerzas conservadoras impusieran su versión de España, la nacionalista españolista. Repito, pues, que la España de la Constitución es la España de una sola nación (por mucho que hable de nacionalidades), patria indivisible de todos los españoles, negando el carácter plurinacional del Estado español. Asignaba al Ejército la responsabilidad de garantizar esta unidad y esta visión nacional y nacionalista del Estado español. La constante referencia a la Constitución como la pared que no se puede saltar, frenando todo proceso de cambio de aquella visión de España, y la constante cantinela de que “no está en la Constitución” o “la Constitución no lo permite”, son la excusa para la perpetuación de este nacionalismo. Y cada vez que se pronuncia, está la imagen del Ejército, que no permitiría otra España.

Es más que paradójico y sumamente incoherente que este argumento lo utilicen también voces de izquierda. Esta alianza pseudopatriótica ente los herederos de los vencedores y estas voces de izquierda (excluyendo como españoles a los miles que lucharon por otra España) es un escarnio a los que lucharon contra la Dictadura para establecer una España republicana, que la había derrotado para impedir la aparición de esta otra versión de España. En realidad, este bloque supuestamente superpatriota es un bloque que defiende intereses particulares bien visibles y reconocibles. Tienen su centro en el establishment madrileño, uno de los mayores beneficiarios de aquel nacionalismo españolista que tiene una concepción radial del Estado. Hoy, ir en tren de Barcelona a Madrid lleva poco más de dos horas. Ir de Barcelona a Bilbao, la misma distancia, lleva algo más de seis horas. Naturalmente que el establishment españolista, basado en Madrid, no ve ninguna explotación en este hecho (y me estoy refiriendo críticamente al establishment españolista basado en Madrid y no a la excelente población madrileña a la que tengo en mayor estima y aprecio).

El hartazgo con el nacionalismo españolista
El comportamiento de la derecha postfranquista, hoy en el gobierno central, con la ayuda de las voces del nacionalismo excluyente de izquierdas (que cepillaron el Estatuto para que estuviera conforme con la Constitución supervisada por el Ejército) ha ha creado un hartazgo tal en Catalunya que solo una minoría de la población está a favor de mantener la situación tal como está. Y un 82% desea tener voz para decidir cuál es la articulación institucional deseada entre Catalunya y el resto de España. Y es obvio que la intransigencia del establishment político-mediático españolista está radicalizando a la población. Hay muchísima gente que se siente tanto española como catalana, y que hoy está concluyendo que no quiere ser parte de este Estado español que no acepta ninguna otra versión de España que la que existe hoy. Y de ahí surge el enorme crecimiento del movimiento independentista. El establishment españolista basado en Madrid es una fábrica de independentistas. Es interesante ver el miedo de dicho establishment a que haya un referéndum en Catalunya para conocer lo que la población catalana desea. La gran mayoría de gente en Catalunya desea que se realice tal referéndum. ¿Por qué el gobierno central y el PSOE tienen tanto miedo a ese referéndum? Supongo que debe ser porque asumen que ganaría la independencia. Personalmente, no creo que el resultado fuera este. Pero lo que sí sé es que si saliera independencia, sería resultado del enorme hartazgo, bien merecido, del enorme domino del nacionalismo españolista en el Estado español. No es en Catalunya, sino en el resto de España, donde hay que buscar las causas del crecimiento del independentismo. Esto es también obvio. Pero, predeciblemente, esto es demasiado complejo para que el establishment político-mediático españolista lo entienda.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

¿Por qué los salarios se reducen?

Uno de los movimientos sociales más importantes que ha ocurrido en EEUU, que ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles, ha sido el movimiento de los trabajadores de los establecimientos de comidas baratas (como McDonalds), conocidos como fast food , demandando un incremento salarial, para alcanzar lo que llaman un ”salario digno”. Estos trabajadores están entre los peor pagados en EEUU. Se considera, erróneamente, que la mayoría de estos trabajadores son gente joven, estudiantes la mayoría, que no trabajan por mucho tiempo en esos establecimientos.

Esta percepción, sin embargo, está equivocada. Dos de los expertos más importantes de EEUU en temas del mercado laboral, John Schmitt y Janelle Jones, han documentado que dicha percepción corresponde solo a un treinta por ciento de los trabajadores de tal sector. La mayoría son trabajadores adultos, que están estancados en su vida laboral en tales puestos de trabajo, que se pagan a nueve dólares por hora, solo ligeramente por encima del salario mínimo legal (7,25 dólares). Y como Schmitt y Jones muestran, estos salarios tan bajos están convirtiéndose en los salarios de grandes sectores del mercado laboral de EEUU. Son los tipos de salarios (low-paid jobs) que están creciendo más rápidamente en EEUU. Y la expresión “estancados” refleja el hecho de que no se estén creando trabajos mejor pagados que permitan a estos trabajadores realizar tareas mejor retribuidas. En realidad, la mitad de los empleados que tienen títulos universitarios indican que el trabajo que realizan no requiere los estudios universitarios que tienen.

Dos argumentos que se han dado para explicar este fenómeno han sido, por un lado, la introducción de avanzada tecnología en el proceso del trabajo que, supuestamente, lo simplifica, convirtiendo al trabajador (incluso al empleado cualificado con educación universitaria) en una pieza de una máquina o de un proceso automatizado. Otro argumento es la falta de articulación ( mismatch ) entre el sistema educativo y formativo, por un lado, y las necesidades del mundo empresarial por el otro. Ahora bien, ninguno de estos dos argumentos puede explicar la enorme polarización social y salarial, ni la enorme concentración de las rentas en EEUU (que, como en otros países, incluyendo España) ha estado ocurriendo.

La enorme concentración de las rentas
Como bien decía Mark Weisbrot en su artículo “Fast Food Workers are Fighting for the Majority of U.S. Employees”. Newsday (del cual extraigo la mayoría de estos datos), el 1% de la población de renta superior, con mayor capacidad adquisitiva, ha pasado de tener el 10% de toda la renta nacional en el año 1980 al 22,4% en el año 2012. Ello quiere decir que el aumento de la riqueza consecuencia del aumento de la productividad no se ha distribuido equitativamente, sino que se ha ido concentrando en las rentas superiores, que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital. Es decir, los capitalistas (término casi abandonado en la narrativa mediática por considerarse “anticuado”) han visto sus rentas incrementadas a costa de las rentas del trabajo. Una situación idéntica ha ocurrido en España. En otras palabras, los salarios han ido bajando y los beneficios han ido subiendo tanto en EEUU como en España. Por primera vez desde la instauración de la democracia en España, las rentas derivadas del capital son mayores que las derivadas del mundo del trabajo.

Uno de los factores que ha facilitado esta realidad ha sido el estancamiento del salario mínimo legal. De hecho, si este salario en EEUU hubiera crecido de la misma manera que ha crecido la productividad y la inflación, el salario mínimo en EEUU debería ser de 17 dólares por hora en lugar de los 7,25 actuales. Y este estancamiento salarial se debe primordialmente a factores políticos, es decir, al debilitamiento de los sindicatos y fortalecimiento de la patronal. La evidencia es abrumadora en este sentido.

Una situación idéntica ocurre en España. Todas las reformas laborales que se presentaron con el supuesto objetivo de crear empleo, tenían, en realidad, el propósito de bajar los salarios mediante la destrucción de empleo, creando desempleo, el mejor instrumento que la patronal tiene para atemorizar a los sindicatos y al mercado del trabajo y forzarles a que acepten lo que debería ser inaceptable (una consecuencia de lo cual ha sido el espectacular crecimiento del endeudamiento de la población, tema que he desarrollado en otros artículos). Se olvida con excesiva frecuencia que la tasa de desempleo es una variable más política que económica. El desempleo es el arma que utiliza el mundo del capital para debilitar y atemorizar al mundo del trabajo. De ahí que las políticas actuales (que deliberadamente están destruyendo empleo) sean parte de un proyecto político que está logrando sus objetivos.

Por eso la respuesta a la bajada de salarios y al desempleo que la facilita, debería ser más política que económica: la movilización política en contra del desempleo, la precariedad y bajos salarios. Puesto que la mayoría de la ciudadanía deriva sus ingresos del trabajo, este movimiento social en EEUU de los “low-paid workers” ha sido enormemente popular (de lo cual tampoco se ha informado a la ciudadanía en España), forzando a la patronal a ceder a estas demandas e incrementar sus salarios. Ello determinó que los sindicatos del país (AFL-CIO) tomaran nota y en su último Congreso en Los Ángeles concluyeran que el futuro de los sindicatos dependería de sus alianzas con los movimientos sociales, estableciendo un abanico (rainbow) popular de carácter reformista que (consecuencia del gran debilitamiento de las izquierdas políticas en EEUU) pudiera convertirse en una especie de “ Solidarnos” a la americana. Existe hoy una gran agitación social en EEUU (que se desconoce también en España) que ofrece un gran potencial para el futuro en aquel país.
Fuente: Vicenç Navarro. (Cuadro: Tarde de sol en el Alcazar de Sevilla. Acuarela de Sorolla)

¿Fascismo en EEUU? El caso del "Tea Party"

Existe una percepción generalizada en los mayores medios de información españoles de que el Tea Party en EEUU es un movimiento social de sensibilidad libertaria que surgió en respuesta a lo que se percibía por amplios sectores de la población estadounidense como un aumento del intervencionismo del Estado federal en EEUU bajo la Presidencia de Barack Obama. El corresponsal Antonio Caño de El País en EEUU ha sido un promotor de esta visión, que es también la promovida por dicho movimiento y por los medios conservadores y ultraliberales que simpatizan con él.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. Tanto sus orígenes como su práctica actual señalan otro tipo de movimiento, que tiene por objetivo defender los intereses económicos y financieros de grupos empresariales concretos (que incluyen desde empresas tabacaleras a compañías de seguros, banca y empresas petrolíferas). Es un movimiento cuya base social es clase media de renta alta y sectores de las clases pudientes que creen que sus impuestos van a sostener a las minorías pobres del país. Está extraordinariamente bien financiado, con gran riqueza de medios procedentes de grupos financieros y económicos que gozan de grandes recursos políticos y mediáticos. Su poder político deriva de que están controlando el sistema electoral a través de la redefinición de los distritos electorales que son diseñados por las cámaras legislativas de los Estados controladas por el Partido Republicano, favoreciendo la elección de políticos ultraliberales, de nula sensibilidad democrática.

Sus miembros tienen características comunes con el nacional catolicismo español. Se consideran parte de una patria escogida por Dios, un nacionalismo extremo que tiene también la misión de salvar a EEUU de ”ideologías antiamericanas”, liberándolo del gobierno federal controlado ahora por un anti-Cristo. El 62% de los miembros del Tea Party (según Public Policy Polling ) cree que el Presidente Obama quiere instaurar el socialismo en EEUU; el 42% creen que el Presidente Obama es musulmán y quiere imponer la ley musulmana en el sistema judicial americano; el 21% creen que el gobierno federal está matando a gente para estimular el miedo a las armas (sí, ha leído bien la frase) y un largo etcétera de obvias falsedades, trasmitidas por un enorme sistema de adoctrinamiento, semejante a tener 20 Losantos –en prime time - a lo largo del territorio estadounidense: Rush Limbaugh, Glenn Beck, Michael Savage y la Fox News. La cantidad de dinero que estos aparatos tienen a su disposición es enorme. Es el movimiento de la ultraderecha más cercana al fascismo europeo, aún cuando tiene características propias que le distinguen.

Su poder deriva de su control de grandes recursos (financiados por esos grupos empresariales) y de gran número de cámaras legislativas de los Estados que son, como indiqué anteriormente, las que definen los distritos electorales de las elecciones federales. Ello explica que, aun cuando el Partido Demócrata ganó las últimas elecciones al Congreso (más de un millón y medio más de votos que los republicanos), hoy el Congreso esté en manos del Partido Republicano, controlado por el Tea Party.

Su eficacia se debe también a su profundo sentido de militancia y a su activa participación en el proceso electoral. Puesto que la abstención es enorme en las elecciones al Congreso (una de las instituciones más desprestigiadas en EEUU), un grupo muy minoritario, como el Tea Party, puede ganar las elecciones fácilmente. En las elecciones al Congreso solo el 30% del electorado vota (en las elecciones presidenciales, que coinciden con las del Congreso, lo hizo el 52%), con lo cual, un grupo muy movilizado puede acabar (con un 16% del voto) controlando las ramas legislativas del Estado y del Congreso. Su motivación es muy acentuada, pues tienen un fanatismo religioso que sostiene su convencimiento de que están luchando contra el anti Cristo, siendo altamente manipulables por los grupos económicos que los financian. Su fanatismo es complementarlo por una enorme ignorancia, pues creen, por ejemplo, que la parálisis del gobierno federal y su inviabilidad de pagar la deuda mejorarán la economía estadounidense. De ahí que su control del Congreso, vía el Partido Republicano, representa una amenaza para el sistema económico de EEUU, incluso para el sistema económico mundial. La situación referente a la deuda pública es un ejemplo de ello, pues están intentando chantajear al Presidente Obama a fin de acabar con las reformas sanitarias de la Administración demócrata y las pensiones públicas de aquel país. Su discurso es semejante al utilizado por los establishments europeos y españoles que, bajo la excusa de disminuir el déficit público, está eliminando el Estado del Bienestar, imponiendo políticas que están beneficiando al mundo empresarial y a las clases pudientes.
Vicenç Navarro. Sistema Digital.