El año en cinco escándalos empresariales

Erika González

La Marea

Los “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías.

“La misión del Grupo OHL se ha basado siempre en un absoluto compromiso con la ética, la integridad y el respeto a los derechos humanos”, afirma Juan Miguel Villar-Mir , presidente de la constructora, en el código ético de la empresa. Agbar, siguiendo una línea similar, plantea “el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad y la honradez” como los ejes fundamentales que guían su comportamiento, del mismo modo que Iberdrola sitúa la ética en el centro de su estrategia de negocio. Pero todos estos “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías. Así lo demuestra la sucesión de casos de fraude, evasión fiscal, formación de cárteles y manipulación de precios que hemos ido conociendo durante este año que ahora termina.

Iberdrola: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en diciembre de 2015 una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola por una “conducta muy grave”. Y es que dos años antes, según la CNMC, Iberdrola, “consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado”. ¿El resultado? Una subida en los precios de la electricidad que repercutió en ganancias para la compañía (21,5 millones de euros) y en un gasto de 105 millones de euros para los consumidores y consumidoras. Esta manipulación de los precios fue realizada la semana anterior y la posterior al llamado “tarifazo”, que se produjo cuando las subastas de electricidad establecieron un aumento del 11% en la tarifa eléctrica para 2014. Eso sí, el escándalo que generó esta escalada de precios en plena crisis económica, con cada vez más población sumida en la pobreza energética, hizo que el gobierno español finalmente anulara la subasta en la que se disparó la tarifa y fijase un incremento del 2,3%.

Y no ha sido el único caso en que la CNMC ha multado a grandes corporaciones por conformar cárteles para repartirse el mercado y pactar precios: las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr en el caso de la gestión de residuos urbanos; las petroleras Repsol, Cepsa, Galp, Disa y Meroil con el pacto de los precios de los carburantes; las grandes compañías de la alimentación Danone, Nestlé, Puleva, Pascual y Central Lechera Asturiana que impedían a los ganaderos establecer libremente el precio de su producto.

Aguas de Barcelona (Agbar): En el mes de septiembre se conoció públicamente la “Operación Petrum”, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varias constructoras y empresas de servicios que pagaron comisiones ilegales del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) supuestamente a cambio de millonarios contratos de la Generalitat y de Ayuntamientos de CDC. Las comisiones se hacían efectivas a través de donaciones a las fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Forum, y la compañía que más dinero aportó fue el Grupo Agbar, que “donó” 1,6 millones de euros entre 2008 y 2013. También estaban presentes en la lista de “donantes” grandes constructoras como ACS y FCC.

La obtención de contratos millonarios, para ampliar el control de la gestión del agua en Cataluña, fue el objetivo perseguido a través de estas comisiones ilegales. No hay que olvidar que el 84% de la población catalana tiene el servicio de agua privatizada y su administración está mayoritariamente en manos de Agbar. Y este no es, por cierto, el único caso donde la compañía –ahora propiedad de la transnacional francesa Suez– está siendo sometida a investigación judicial: Aquagest, una de las filiales de Agbar, también ha sido incluida en la “Operación Pokemon”. Y es que parece ser que, en 2009, la compañía había pagado viajes de placer al entonces alcalde de Oviedo y a su concejal de Hacienda para devolver un importante aval económico que el Ayuntamiento había hecho a la empresa.

OHL: En mayo, los medios de comunicación mexicanos hicieron públicas las grabaciones con las que se demostraba que directivos de OHL en México habrían pagado sobornos a las autoridades mexicanas. En ellas, uno de los principales directivos de la empresa reconocía que estaban “metiendo más goles de los normales” en las obras del Viaducto. A cambio de estos “goles”, se llevaban a cabo sobornos mediante pagos de vacaciones en hoteles de lujo para el secretario de Transporte y el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado de México. ¿El objetivo? Modificar el coste que en un principio iban a tener las obras de construcción de un tramo del Viaducto Bicentenario, adjudicado a la empresa en el año 2010: el coste inicial de la obra, situada en el noroeste de México D.F., era de 231 millones de euros; al cabo de cinco años, sin embargo, se había gastado unos 580 millones, más del doble del presupuesto original.

En realidad, los elevados sobrecostes en obras de infraestructura forman parte del “business as usual” de las grandes constructoras españolas. Sin ir más lejos, este año se conoció que la construcción del AVE a la Meca, efectuada por un consorcio del que forman parte OHL y ACS, tendrá que asumir un 60% de sobrecoste. Igualmente, Sacyr exigió el año pasado a las autoridades panameñas un 50% más del presupuesto inicial para finalizar la ampliación del Canal de Panamá.

Volkswagen: Después de más de un año y medio de investigación, los organismos reguladores estadounidenses hicieron público en septiembre el fraude cometido por Volkswagen. La compañía de automóviles manipuló los motores de 11 millones de automóviles para ocultar sus excesivas emisiones de óxido de nitrógeno, ya que emitían en carretera un 40% más de lo que se medía en los controles. Y a ello hay que sumarle otra irregularidad más: la propia compañía detectó en controles internos que 800.000 vehículos emitían más dióxido de carbono de lo indicado.

El que ha sido el mayor escándalo empresarial de 2015 no puede decirse que haya pillado por sorpresa a buena parte de las organizaciones ecologistas, que llevan tiempo señalando la ausencia de controles efectivos de las emisiones del sector automovilístico, especialmente en la Unión Europea. A raíz de este caso, sin embargo, la UE aprobó un sistema de medición de las emisiones en condiciones reales de conducción aunque, de nuevo, se otorga un trato de favor a la industria del automóvil permitiendo en una primera fase emitir el doble de óxidos de nitrógeno que el nivel legal vigente. Y es que esta industria es uno de los lobbies más poderosos de Bruselas para influir en el bloqueo de leyes que pretendan regular las emisiones de los coches: Volkswagen fue la compañía automovilística que más invirtió en actividades de lobby el año pasado.

HSBC: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), junto al diario francés Le Monde, destapó en febrero cómo la filial suiza del mayor banco de Europa estaba involucrada en una trama de evasión fiscal, que incluía también el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Fue el caso conocido como “Swiss Leaks”, que se basó en la lista elaborada por un antiguo trabajador del HSBC, Hervé Falciani, con los nombres de numerosos evasores fiscales. La llamada “Lista Falciani” contenía archivos secretos de la compañía con información (hasta 2007) de las cuentas bancarias correspondientes a 100.000 personas físicas y jurídicas procedentes de 200 países. En total, las cuentas tenían un valor de 100.000 millones de dólares y sus titulares eran políticos, monarcas, traficantes de diamantes y de armas, actores, directivos de grandes transnacionales, etc. Tras la fuerte repercusión mediática del caso, la Fiscalía de Ginebra inició actuaciones contra la filial suiza del HSBC por un posible blanqueo de capitales.

Entre las personas que utilizaban el entramado de cuentas en paraísos fiscales estaban millonarios como Emilio Botín y Alicia Koplowitz. La familia Botín tenía en sus cuentas suizas 2.000 millones de euros y utilizaba un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes. En el caso de Alicia Koplowitz, la empresaria invirtió 20 millones de euros en fondos no regulados de la filial suiza del HSBC que operaban a través de una red de paraísos fiscales.

Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Fuente: http://www.lamarea.com/2016/01/01/el-ano-en-cinco-escandalos-empresariales/

El gran negocio de Franco con la guerra. El historiador Ángel Viñas desvela en su próximo libro el origen turbio de la fortuna del dictador

Una, grande y rica

Franco hizo fortuna con la Guerra Civil. En su próximo libro, el historiador Ángel Viñas (Madrid, 1941) desvela aspectos desconocidos sobre el origen del patrimonio del dictador, fallecido hace 40 años, que desmontan el mito de su desapego hacia el dinero. Al margen de sus honorarios oficiales, Franco se enriqueció por vías que hoy acabarían ante los tribunales, como la venta de café donado en 1939 por Brasil o una “gratificación mensual” que le pagó la compañía Telefónica.

En La otra cara del Caudillo (Crítica), que se publicará el 22 de septiembre, Viñas desvela que el dictador ingresó en 1940 en una de sus cuentas 7,5 millones de pesetas, que equivalen “más o menos a 85,6 millones de euros de 2010”, por la venta de café que había donado el dictador brasileño Getúlio Vargas. “No veo la razón por la cual Vargas pudiese hacer un donativo a Franco a título personal, de dictador a dictador. Probablemente supondría que su homólogo no iba a beberse el café que pudiera obtenerse con 600 toneladas de granos. Entiendo, pues, que lo más probable es que fuese hecho implícitamente bien al pueblo o al Estado españoles”, sostiene el historiador en la obra. El café era uno de los productos que más escaseaban durante la posguerra y, por tanto, uno de los más demandados en los circuitos ilegales del estraperlo.

Bajo la dirección de Francisco Franco Salgado-Araújo, primo y responsable de la Secretaría de Estado de Franco, el café brasileño se entregó a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, organismo estatal que dependía del Ministerio de Industria y Comercio, para que lo distribuyese a los gobiernos civiles, que se encargaron de venderlo en sus provincias según el precio público marcado por la administración (12,48 pesetas por kilo). Viñas descubrió el importe total de la venta en un documento del archivo del Palacio Real, donde consta que la recaudación total ascendió a 7,5 millones de pesetas, “exactamente el importe que figura en la relación de cuentas del Caudillo cerrada a 31 de agosto de 1940”.

¿De dónde tanto dinero?
El extracto de las cuentas de Franco correspondientes a esa fecha fue difundido por la revista Tiempo en 2010, aunque no se aclaraba el origen de esos 7,5 millones. En ellas se observan salidas de dinero, que el dictador destinaba arbitrariamente a distintas obras o personas, como la reconstrucción del castillo de la Mota o la ampliación de un colegio religioso de las Adoratrices de Valladolid. Lo más sorprendente se encuentra en el capítulo de ingresos, donde consta un “donativo mensual” de 10.000 pesetas de la Compañía Telefónica Nacional, cuyo accionista principal era entonces la empresa estadounidense ITT. La cantidad equivaldría a 11.000 euros actuales, según Viñas. “Políticamente el caso es significativo. Desde antes de la Guerra Civil el Gobierno había tenido relaciones no siempre armoniosas con la ITT. Durante el conflicto, la Compañía Telefónica aseguró el servicio en las dos zonas en que quedó dividido el país, aunque el presidente de la ITT, el conocido y temido coronel Sosthenes Behn, anticomunista furibundo, no tardó en declararse a favor de los sublevados. Terminado el conflicto Franco bloqueó los esfuerzos de la ITT por reanudar sus operaciones en España”, se recoge en la obra.

Viñas no ha logrado averiguar cuándo Telefónica comienza a pagar al dictador ni durante cuánto tiempo lo hace, pero considera “totalmente improbable que actuara al margen de la ITT en este delicado asunto”. “Como es notorio, la nacionalización se retrasó”, añade.

El 31 de agosto de 1940, Franco disponía de 34,30 millones de pesetas en varias cuentas, nutridas en buena parte con aportaciones de simpatizantes de su causa tras la suscripción nacional abierta para financiar la guerra. Aunque Ángel Viñas puntualiza que Franco realizó también donativos y obras con este dinero, barrunta otra finalidad última: “Mis sospechas apuntan hacia la posibilidad de que se quedara con la mayor parte de los fondos acumulados”. En un par de años, afirma, “consiguió una fortuna nada despreciable, en parte gracias a mecanismos hasta ahora no aclarados”.

Su millonario saldo bancario en 1940 resulta sorprendente teniendo en cuenta que su nómina mensual en 1935 era de 2.493 pesetas (desvelada en marzo por EL PAÍS) y que en 1940, ya como Jefe del Estado, percibió 50.000 pesetas en concepto de salario anual. “En cualquier caso, ni ahorrando todos sus emolumentos como jefe del Estado y como capitán general, más la gratificación de Telefónica, es posible que Franco pudiera acumular los saldos bancarios de que disponía en agosto de 1940”, afirma Viñas. “Esta, verosímilmente, no pudo ser otra que la reasignación de donativos”, agrega. “La otra vía de enriquecimiento posible es que Franco se hubiese apropiado de parte de la dotación de la presidencia de Gobierno o de la Jefatura del Estado a partir de 1937. Fuese cuál fuese el origen, me parece inmoral”, explica el autor por teléfono.

A pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado notablemente en la investigación histórica sobre la guerra y la dictadura, las finanzas de Franco permanecen aún entre sombras con excepciones como la de Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco S. A. (Oberon, 2003) o el reportaje de Javier Otero en Tiempo.
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/05/actualidad/1441482173_263106.html

El todoterreno de Hitler

Desde que comenzó la guerra, Franco recibió regalos por admiración de quienes simpatizaban con su “cruzada militar” contra los republicanos y por interés de quienes deseaban buenas relaciones con España. Hitler, a pesar de que le despreciaba, le regaló en enero de 1940, nueve meses después del final de la guerra española, un todoterreno de la marca Daimler-Benz valorado en 33.597,50 marcos de entonces, “casi unos 400.000 euros hoy”, según recoge Ángel Viñas en La otra cara del Caudillo.

En el libro se recuerdan otros jugosos obsequios que agrandaron el patrimonio familiar de Franco como el Pazo de Meirás, antigua residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán, comprado en 400.000 pesetas, reunidas por numerosas aportaciones forzosas y algunas voluntarias como la del empresario Pedro Barrié de la Maza. Y también una donación menos conocida realizada por Teresa Amteller Cros el 17 de octubre de 1936, que ofreció su finca en Santa Elena de Agell “en cuanto la provincia de Barcelona fuese liberada”.

Dinero sospechoso

Café. En 1940 Franco tenía en una de sus cuentas 7,5 millones de pesetas (85,6 millones de euros de hoy) por la venta de café donado por el dictador Getúlio Vargas.

Donativo. El dictador recibía un “donativo mensual” de 10.000 pesetas (11.000 euros de hoy) de parte de la Compañía Telefónica Nacional.

Saldo. En agosto de 1940 disponía de 34,30 millones de pesetas en sus cuentas.

Ángel Viñas: “Franco se apropió de dinero que no iba dirigido a él”

El historiador desvela en "La cara oculta del Caudillo" algunas operaciones turbias que enriquecieron al dictador en la guerra.

• El gran negocio de Franco con la guerra

El nuevo libro del economista, diplomático e historiador Ángel Viñas (Madrid, 1941) saca a la luz aspectos de Franco que han permanecido entre sombras, a pesar de que el dictador falleció hace cuatro décadas. Uno de ellos es su fascinación por el nazismo: “Franco queda deslumbrado por la capacidad militar alemana, pero es un camaleón que cambia con el entorno político. Primero pronazi, luego proaliado y después proamericano; lo importante era conservar el poder”, explica a EL PAÍS.

Lo más controvertido de la obra es la información que ofrece sobre el origen de la sorprendente fortuna que Franco tenía al final de la guerra, de la que no había rastro en 1936. Viñas afirma que los 34 millones de pesetas que el dictador poseía en cuentas personales en agosto de 1940 no proceden de su sueldo. “Era imposible que hubiese ahorrado 34 millones en cuatro años”, sostiene. “Evidentemente, una parte le llega de donativos que se entregan a una suscripción nacional”, indica.

En La otra cara del Caudillo (Crítica), que será presentado en un acto público el 20 de noviembre, cuando se cumplen 40 años de la muerte de Franco, el historiador documenta una operación comercial con café que reportó al jefe del Estado 7,5 millones de pesetas en 1940. El producto había sido donado a España por el dictador brasileño Getúlio Vargas y Franco usó el aparato estatal para distribuirlo, venderlo, cobrarlo e ingresar el dinero en su cuenta corriente. “Francamente, creo que fue un corrupto, se apropió de dinero que no iba dirigido a él, aunque desde el punto de vista jurídico no hizo nada ilegal, porque él era el Derecho”, destaca el historiador.

Viñas ha investigado las leyes reservadas aprobadas durante la dictadura, una práctica que situaba en el más absoluto limbo jurídico a los españoles, sujetos a normas que ni siquiera sabían que existían. “Con ellas en la mano, Franco podía hacer literalmente lo que le viniera en gana”.

En el libro, Viñas se pregunta si su ejemplo y su práctica alentó la corrupción entre los mandos militares, tras constatar que envía a sus generales miles de cigarrillos o café: “No se trataba de pacotillas. Por conseguir cigarrillos norteamericanos la gente podía dejarse llevar a actos irracionales”.
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/28/actualidad/1443442667_099472.html

Y Luis Bárcenas llegó al cine

La película ‘B’ reconstruye con detalle la explosiva declaración del extesorero del PP ante el juez Ruz en julio de 2013

El 15 de julio de 2013, Luis Bárcenas se sentó en una sala de la Audiencia Nacional y ante el juez Pablo Ruz cambió por completo sus declaraciones precedentes. Durante más de cinco horas, el extesorero del PP desgranó el funcionamiento de la caja b de lo que él siempre denomina “el partido”, confirmando de paso todos sus papeles publicados por EL PAÍS.

Hacía mucho calor y juez, acusado, defensas, funcionarios y acusaciones particulares, unas 20 personas, se hacinaron en una salita de lo Social —la habitación de lo Penal que les hubiera correspondido estaba en obras—. Olía a combate de boxeo: un juez suplente, presionado, de 38 años, contra el exgerente y extesorero del partido en el poder. Bárcenas cogió su fusil y harto de las amenazas a su esposa —que, testificó, le llegaban desde el PP— diseccionó la doble contabilidad, la corrupción de 20 años de un partido cercano a constructores y grandes empresarios, donantes anónimos que, explicó el acusado, “no querían ser anónimos, sino que el presidente o el secretario general les recibiera”.

Muy poca gente recuerda el calibre de lo declarado aquel día por Bárcenas. Contra ese olvido, Jordi Casanovas escribió la obra Ruz-Bárcenas, con un referente claro: Frost/Nixon. Pedro Casablanc encarnó a Bárcenas y Manolo Solo, a Ruz. “Fui a ver la obra al Teatro del Barrio y salí en shock”, recuerda David Ilundain, que decidió trasladarla a la pantalla.

Nombres y cifras
El director repitió el reto —cada palabra que se escucha está en aquella declaración— y luchó por sacar adelante B, que finalmente se estrena el 18 de septiembre. “Recurrimos al crowdfunding [obtuvieron así 50.000 euros de los 200.000 del presupuesto], porque aún hoy es muy difícil hacer cine político en España”. Este verano, la relación entre Francisco Paesa y Luis Roldán, otro gran momento de la corrupción española (“algo que está en nuestros genes”, dice Casablanc), también ha pasado al cine en El hombre de las mil caras. “Nosotros rodamos en mayo en dos semanas toda la película”, prosigue Ilundain. “Hemos abierto la segunda parte a los otros personajes: aparecen el fiscal, los abogados de la defensa, de las acusaciones particulares...”.

En la película se ve arrogancia, miedo, sudor... y sobre todo se escucha. Se escucha a Bárcenas, de memoria enciclopédica, soltar nombres y cifras. “Debe de ser el personaje que más ha hablado en el cine español”, apunta entre risas Casablanc, al que sus años de teatro —“Yo no sé improvisar”— le valen para recordar todas las parrafadas. Solo explica que su Ruz “tuvo que separar el grano de la paja, la verdad de la mentira, mientras soportaba el escrutinio de toda España”. De referente, Frank Langella como Nixon en la adaptación al cine de Frost/Nixon. “No se parece a Nixon, pero te lo crees a los diez segundos. A mí me alejan de sus interpretaciones los actores que imitan y no buscan construir”. Casablanc recrea a Bárcenas de forma abrumadora. “Lo mismo un día me lo cruzo y me da un abrazo o me parte la cara”, sonríe. “Primero, es un ser humano; luego es un personaje fascinante, elegante, amante de los deportes de riesgo, que en ese momento se juega mucho. Con su memoria e inteligencia, parece Ricardo III”. Elogiosa comparación.

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/07/actualidad/1441653087_663293.html

Más aquí: Duelo de cine entre Luis Bárcenas y Pablo Ruz

La Corrupción deja a millones de personas hambrientas en India

Neeta Lal
IPS

Chottey Lal trabaja en la construcción en Noida, una localidad del norteño estado de Uttar Pradesh, en India. Este obrero de 43 años labora 12 horas diarias, pero lo que gana apenas le alcanza para alimentar a su familia de siete integrantes. Él y su esposa Subha cumplen con los requisitos para recibir la asistencia de alimentos básicos subsidiados, que deben adquirir en un comercio local específico, si todo funciona bien. Pero eso no sucede.

“Cuando vamos a la tienda, nos echan; el dueño nos dice que se quedó sin reservas y terminamos comprando alimentos en el mercado, que es caro y no nos alcanza para alimentar a toda la familia”, relató a IPS.

“Todo el mundo sabe que el comerciante vende los granos en el mercado negro. ¿Pero qué podemos hacer nosotros que somos pobres? Nos quejamos en la policía, pero no se han tomado medidas en su contra”, explicó Lal a IPS.

Savirti, de 50 años, y Kamla, de 39, también viven una situación terrible. Ambas son viudas y viven con sus hijos casados. Pero tuvieron que dedicarse a mendigar, porque los ingresos de la familia y las raciones de granos que reciben en las tiendas de precios justos no alcanzan para todos.

La corrupción que agobia al sistema público de distribución de alimentos impide que millones de personas pobres reciban los granos que les corresponden de acuerdo a la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria.

El sistema, compuesto por 60.000 comercios de precio justo, en este país de 1.200 millones de habitantes, suministra arroz, trigo, azúcar y queroseno a un precio inferior al del mercado.

El sistema procura ayudar a dos tercios de la población, con la entrega mensual de 35 kilogramos de granos subsidiados por persona, a un precio de entre una y tres rupias (entre 0,01 y 0,04 dólares) el kilogramo.

Sin embargo, solo 11 estados y territorios de la Unión implementaron la ley, aprobada por el parlamento en septiembre de 2013, mientras está pendiente en los 25 restantes.

Para peor, encuestas nacionales han revelado cómo comerciantes inescrupulosos (Qué palabra. ¡¡¡Corruptos!!! o criminales, pues cometen crímenes) desvían millones de toneladas de granos del sistema de distribución.

Los productos se terminan vendiendo en los mercados con un gran rendimiento o se exportan ilegalmente, en connivencia con funcionarios corruptos de la estatal Corporación de Alimentación de India. La mayor parte de los alimentos terminan en países vecinos como Nepal, Birmania (Myanmar), Bangladesh y Singapur.

Un estudio realizado por el gobierno el estado de Uttar Pradesh, donde vive Lal y su familia, concluyó que la superposición de agencias, la mala coordinación y la falta de responsabilidad administrativa se combinan en perjuicio del mecanismo de distribución.

El comité del juez D.P. Wadhwa, encargado por la Corte Suprema de India de supervisar sus órdenes en un caso de litigio de interés público sobre el derecho a la alimentación, emitió hace poco una dura crítica contra el sistema de distribución de alimentos.

Al investigar irregularidades en la cadena de distribución, el comité reveló que 80 por ciento de la corrupción ocurre antes de que los alimentos lleguen a las tiendas de venta al público.

Y peor aún, casi 60 por ciento de los alimentos que se distribuyen a través del sistema público o se pudren o se malversan en el camino.

“Lo que llega a los beneficiarios pobres ni siquiera suele estar en condiciones para el consumo”, explicó el especialista Devinder Sharma, quien dirige el Foro de Biotecnología y Seguridad Alimentaria, con sede en Nueva Delhi.

El creciente y sistémico abuso en la cadena de suministro de alimentos es un mal augurio para un país como India, con 194,6 millones de personas subalimentadas, el mayor número en todo el mundo, según un informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe remarca que ese número representa a 15 por ciento de la población del país, superando a China en cifras absolutas y en la proporción de personas subalimentadas.

“El mayor crecimiento económico no se ha traducido plenamente en un aumento del consumo de alimentos, y menos aún en una mejora de las dietas”, señala una parte dedicada a India del informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2015”, de la FAO.

Esa realidad, añade, “podría indicar que las personas pobres afectadas por el hambre no han conseguido beneficiarse del crecimiento general”.

Cerca de 1,3 millones de niñas y niños mueren al día en India por malnutrición, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La prevalencia de niños de bajo peso está entre las mayores del mundo, y es casi el doble de África subsahariana, lo que perjudica la morbilidad, la mortalidad, la productividad y el crecimiento económico, señala la OMS.

El Comité Shanta Kumar, encargado de revisar el sistema de distribución de alimentos, entregó a principios de este año un informe al primer ministro, Narendra Modi, en el que recomienda desarmar de forma gradual el programa y comenzar con la transferencia de dinero en efectivo.

La nueva propuesta, según el comité, permitirá disminuir de forma progresiva la dependencia de las personas más pobres en los comercios de alimentos subsidiados.

Lo graneros de India rebozan cada año de excelentes cosechas de trigo y arroz, pero los granos se roban desaparecen por culpa de intermediarios o se pudren bajo la lluvia, mientras millones de personas padecen hambre.

El gobierno también incurre en enormes gastos en los granos que suministra al sistema.

La pérdida de cereales a través del sistema de distribución de alimentos se eleva a 48 por ciento, según la encuesta, y las reservas que guarda suelen estar muy por debajo de los requisitos, lo que genera grandes costos de manutención.

Actualmente, alrededor de 23 por ciento de la población de India vive con menos de 1,25 dólares al día, el monto que mide oficialmente la pobreza.

Un ingreso que el Banco de Desarrollo Asiático considera inadecuado como medidor, que sugiere que se eleve a 1,51 dólares, lo que refleja mejor el monto necesario para mantener a una persona con un estándar mínimo de existencia.

Independientemente de cómo se mida la pobreza, está claro que en este país hay millones de personas que pasan hambre a diario. De hecho, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, las personas pobres aumentan año a año.

Para el especialista Ravi Khetrapal, alertó en diálogo con IPS que “si los pobres no acceden a la red de alimentos, morirán de hambre”.

La respuesta no es desmantelar el sistema, sino reformarlo, erradicar la corrupción y hacerlo más efectivo, sostuvo.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/07/corrupcion-deja-a-millones-de-personas-hambrientas-en-india/

Rechazar un soborno genera más estrés que aceptarlo. La amenaza del castigo basta para que la mayoría decline la oferta, según un estudio sobre la psicología de la corrupción

El nivel de sudoración y la excitación fisiológica es mayor cuando se rechaza un soborno que al aceptarlo. Es la conclusión de un estudio sobre la psicología de la corrupción desarrollado por la Universitat Jaume I del que se extrae que, en realidad, este estrés generado al actuar correctamente no tiene nada que ver con la ética, sino con un pensamiento más materialista. "Lo que desencadena la actividad emocional es la sensación de que se actúa contra el propio interés monetario", asegura Tarek Jaber-López, investigador del  grupo de Economía Experimental y Computacional, que ha desarrollado el experimento. Además, el rechazo al soborno pasa a ser mayoritario si se plantea la posibilidad de ser castigado, apunta el estudio.

"El ser humano es corrupto por naturaleza", asegura Aurora García-Gallego, coautora del trabajo y miembro del grupo de investigación. Por tanto, la investigadora apuesta por la creación de una agencia de control efectiva para conseguir minimizar este problema. "Los mecanismos que hay ahora no son contundentes", añade.

En el estudio se dividió a los sujetos en tres grupos: funcionarios y dos empresas que participaban en una hipotética subasta para conseguir la licencia de unas obras públicas. Las entidades hacían sus pujas basándose en los parámetros de calidad y transferencia (el pago que estaban dispuestos a darle al subastador). Si la transferencia era muy alta, la calidad del proyecto público se vería perjudicada porque ese dinero no estaba destinado a la obra, sino a sobornar al funcionario. El grupo medía entonces, a través de un polígrafo, el comportamiento y las reacciones emocionales de las personas  frente a una situación que podía conllevar decisiones corruptas, es decir, aceptar el proyecto que diera una cifra muy elevada, sin importar el resultado de la obra pública.

"Los resultados muestran que las personas parecen revelar valores intrínsecos que les frenan en contra de las tentaciones corruptas. Tanto empresas como funcionarios públicos se desvían de la estrategia que maximiza su beneficio monetario y optan por una estrategia más pro social", destaca García-Gallego. Sin embargo, en una segunda fase del estudio, los investigadores introdujeron la posibilidad de castigar al corrupto y el rechazo del soborno pasó a ser una decisión mayoritaria. "Esto da esperanza a la sociedad para frenar la corrupción ya que la amenaza de un castigo muestra ser lo suficientemente efectiva como para permitir que los costes de llevar a los corruptos a la cárcel no superen los costes de la ganancia", señala García-Gallego.

¿Responde entonces el corrupto a un perfil concreto? Para Alberto Soler, médico y escritor coautor del libro Golpe a la corrupción, suelen ser personas con necesidades muy concretas. "Narcisistas, con poca autoexigencia, con un código ético reprobable, pero totalmente conscientes de lo que está bien y lo que está mal", añade Soler.

Es habitual ver en la prensa todo tipo de excentricidades, como esconder el dinero en bolsas de basura o  a comprar una escobilla de más de 300 euros. Este tipo de comportamientos son propios de personas que no son capaces de alcanzar el éxito profesional gracias a su "potencial humano", explica Soler, y lo consiguen gracias a la corrupción. "Se les escapa el estrato social del que proceden. Que no es que sea humilde, sino de baja moral y ética", asegura el médico.

"En general, en la sociedad cuesta entender que los bienes públicos son de todos y esto es la base de  la corrupción Por otro lado, la población ya está acostumbrada y la acepta. Esto hace que se cree una apariencia de impunidad. Pero la corrupción es cosa de todos", concluye el escritor.

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http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/1431701095_180492.html

Algo huele a podrido en el PP

Algo huele a podrido en las raíces del Partido Popular. Y no nos referimos al franquismo. Aunque, bueno, nunca está de más recordar de qué oscura alcantarilla proceden las ratas que nos gobiernan.

El juez Ruz da por hecho que la caja B del PP existe desde 1990, con Lapuerta y luego Bárcenas como tesoreros. Pero según ha destapado eldiario.es la contabilidad paralela es una práctica cuyos inicios pueden detectarse en el período en el que el PP se llamaba Alianza Popular. Ese momento en el que la presencia de dinosaurios del régimen en el partido era tan arrolladora (empezando por Fraga) que el logo en lugar de una gaviota debía ser un pterodáctilo.

Desde el año 1987 estos listos gestionan una cuenta bancaria oculta en la que reciben financiación ilegal y salen cheques millonarios al portador con la impunidad de aquel que hace trampas al Monopoly cuando toda la familia va borracha en la comida de Navidad. No es un chiste. Por desgracia, la Transición fue incluso menos seria que una partida de Monopoly.

Esta información ha salido gracias al acceso a los papeles de Rosendo Naseiro, que en 1989 se convirtió en el primer tesorero del PP. En realidad, el escándolo relativo a los sobres, sueldos en negro y la financiación ilegal de los peperos se produjo en 1990, con el PSOE gobernando España. La policía pinchó unos teléfonos en una investigación sobre tráfico de droga y se encontró con testimonios que hablaban de los chanchullos del PP con las cuentas opacas. Si es que en este país cuando haces pop ya no hay stop.

Sin embargo, entonces el PSOE de Felipe González ya iba un poco de capa caída. Juan Guerra, hermano del vicepresidente, era sospechoso de haber usado el despacho, recursos y contactos de su cargo público para hacer negocios particulares. Pero es que entonces no existía el Facebook y los españoles teníamos otros métodos para mentener esa españolísima tradición consistente en escaquearse del curro.

La cosa fue que al PSOE no le interesaba que la oposición se cebase con ese asunto, y la oposición no le interesaba que se investigase sus cuentas opacas, así que todos callaron. Porque el bipartidismo español solo se pone de acuerdo en una ocasión: cuando se trata de tapar sus respectivas mierdas. Los jueces declararon ilegales las escuchas en las que se había obtenido la información sobre las cuentas opacas del PP y todos tan contentos.

Ellos callaron. Nosotros olvidamos. Los medios de comunicación hicieron ver que se despistaban. Y en España la democracia pudo seguir pudriéndose por dentro mientras todos nos tapábamos la nariz con los dedos.
El Jueves

Juguetes para un tiempo prohibido

La detención de Rodrigo Rato no es la demostración de que el Gobierno no se casa con nadie, es un fracaso en todos los órdenes


Cuenta Federico Trillo, que es un hombre muy sentido, que cuando Rodrigo Rato se opuso a la invasión de Irak en el Consejo de Ministros Aznar le miró con “tristeza infinita”. Es imposible que Aznar mire con “tristeza infinita” y no ver en su lugar a Manu Chao (“infinita tristesa, infinita tristesa, yo siempre estaré a tu lado, radio mano papá chango”). Sólo habían pasado dos años desde que Fraga pegase los carteles electorales bajo una lluvia de huevos y fuese corriendo Aznar a Vigo, como Hugo Sánchez, a decir que al PP no se le gana “a huevos”. Luego, con orgullo infinito, le dijo a Rato que era el “mejor ministro de Economía de la historia de España en muchos años” sin especificar cuántos: durante el aznarismo se podía ser el mejor de la historia durante algunas horas.

Rato entonces era Dios, y lo siguió siendo tras dos derrotas: la suya ante Rajoy y la de su partido ante el PSOE. Aspiraba a ser presidente del Gobierno y acabó, como premio de consolación, siendo jefe de Estado, que es el estatus del director-gerente del FMI. Del Audi al Lincoln, y de Madrid a Washington. Volvió a Estados Unidos, pero ya a la Costa Este. En su juventud, que no se acaba nunca, la poderosa familia Rato lo había enviado a estudiar a California. Rato volvió de las playas convertido en una especie de Jim Morrison, el Rey Lagarto. De la época se guardan fotografías que muestran a Rato de jipi rico consumido por la nostalgia, como si estuviese a punto de ser arrancado de un mundo al que por un instante creyó pertenecer. El sueño se derrumbó cuando empezó otro, en el momento en que Ramón Rato entró en el despacho de Fraga, tiró la chequera a la mesa y dijo: “Manolo, el chico quiere ser diputado”. Entre los años que pasaron desde que a Fraga le tiraban chequeras y empezaron a tirarle huevos Rato multiplicó panes y peces: hizo el milagro económico español, marca registrada.

En todo ese tiempo no perdió de vista su vocación, que es la de actor. Cuando dirigía el FMI se presentó en un pequeño teatro de Washington para hacer de Alfonso VII en La venganza de Don Mendo al grito de "cese ya el atambor, que están mis nobles cansados de redobles, y yo ahíto de tanto parchear y tanto pito", un lenguaje del que años después bebió el PP para anunciar los recortes. Rato fue uno de los mejores actores de la obra, o eso dijo la crítica. Iba ataviado con una capa de terciopelo, un traje azul de época con ribetes dorados, una corona de rey y una espada de plástico, ropajes que en Strauss-Kahn hubieran desatado el pánico.

Esto ocurrió en mayo de 2006, un punto de inflexión porque Rato no volvió a cambiarse de ropa. Desde entonces, cúspide de su carrera política, se apareció mentalmente a todos, incluidos sus compañeros del PP, como un rey medieval. Todo lo que sucedió luego hay que circunscribirlo a la exagerada impunidad de un monarca. En la famosa salida de Bankia a Bolsa, cuando Rato le da a la campana (doblaban por nosotros), en realidad está blandiendo la espada de plástico envuelto en su capa de terciopelo, ahíto de tanto parchear y tanto pito.

Xoguetes para un tempo prohibido es el título de una novela que Carlos Casares, el añorado y querido Carlos Casares, publicó en 1975. Habla de una generación brillante llena de sueños que se precipita contra la impotencia, la desolación y el desencanto de su época. Hay algo de eso en la burbuja económica de los noventa, la formidable tramoya sobre la que se habría de crecer España hasta convertirse en un país moralmente higiénico, desahogado de tramas perfectamente criminales, de actitudes colectivas que tenían más de sangrante en lo legal, con sus sueldos millonarios por representación, indemnizaciones excesivas pese a la incompetencia y sociedades superpuestas, que en lo ilegal, pues al fin y al cabo lo ilegal debe ocultarse y lo legal, aun repugnante, habría de ocurrir ante nuestros ojos.

La detención de Rato no es la demostración de que el Gobierno no se casa con nadie, entre otras razones porque lo que se hizo ayer fue aventar públicamente, con sobreactuación de telenovela, un divorcio. Es un fracaso en todos los órdenes, incluida la puesta en escena, esa coquetería de cortar el tráfico, avisar a la prensa y plantar doce agentes en un portal para llamar al telefonillo y decir ante los micrófonos: “somos la policía, abran” en una frase muy “Jose, ábrenos, que somos nosotras”. Y la mano en la nuca por si Rato se olvidó de saber bajar la cabeza, una mano de telediario, casi de escaleta (yo sufrí esa mano en una detención en Canarias; me bajaron la cabeza tan ostensiblemente que antes me la levantaron un poco, como para coger carrerilla, mientras los vecinos -esos terribles vecinos españoles, que dijo Max Aub- salían a los balcones a pedir que se limpiase el barrio y me llamaban “terrorista” o algo aún peor, “gallego”, y aunque fue una mano en tensión había algo de dulzura, de calambre en el roce, tanto que hasta lamenté que el agente se sentase delante).

Al final el papel de Rato, como el de Pujol, ha sido el de Boyhood: políticos cuya estatura crece de forma real hasta hacernos olvidar que se tratan de una ficción. La interpretación ha sido tan perfecta que ellos mismos dictaban la moral y las leyes en las que permanecían atrapados. Allí donde se depositó el poder de forma más ruidosa, en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en Madrid, ha ido devorándose a sí mismo bajo la perversión del "no matarás" de Hanna Arendt desplazado al séptimo mandamiento: el mal perdió la característica de ser una tentación, así que en lugar de tener la tentación de robar, lo que había era la tentación de no hacerlo. Cualquier vistazo al pasado es un ejercicio de nostalgia y horror. Ni siquiera Rato y sus antiguas declaraciones de Robin Hood superan a las del pobre maestro de yoga que dijo en El Confidencial: “Si Zapatero meditara como Rato no habría crisis económica”. O el eco de los mandamases del PP en el balcón de Génova celebrando la victoria de 2011, cuando se llenó de tal forma que alguien empezó a gritar: “¡Que se va a caer, que no aguanta tanta gente!”. Y la imagen del exvicepresidente detenido, tristeza infinita; el autor del supuesto milagro español al que le faltó gritar desde el portal, rodeado de policía, la revelación del cura de Cotobade en su lecho de muerte: “¡Todo era mentira!”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429263577_514610.html

Autobombo

Ya se acercan las elecciones y Madrid vuelve a llenarse de propaganda de autobombo del Gobierno de la Comunidad. “La mejor sanidad”, “los mejores servicios”, “la mejor comunidad”... La mejor y los mejores, ni más ni menos. Es difícil ser más soberbio, presuntuoso y descarado. Me da pena que el Gobierno de mi comunidad tome a sus ciudadanos por tontos, y me produce rabia e indignación que este despropósito se haga además con dinero público. Simplemente, lamentable.—PABLO RODRÍGUEZ CARNERO Madrid 23 MAR 2015

El gran debate es el debate que no hay

Otra vez se amanece con noticias de que no hay dinero para pagar las universidades. Que los profesores y los alumnos cuestan mucho y que no hay dinero. Mañana tocará el de la sanidad. Que los médicos y las medicinas cuestan demasiado y que los pacientes gastan mucho.

Pero nunca se plantea un debate semejante sobre si es sostenible tener un montón de Parlamentos autonómicos, uno nacional, un Senado, una monarquía con dos reyes y dos reinas, coches blindados con chófer para esas personas, aviones con catering de lujo, empleados para coser alfombras, etcétera.

A lo mejor si en un país no hay dinero hay que ser más humildes en todo, no solo en los servicios públicos, y es muy posible que si realmente hubiese una democracia y se preguntase a los ciudadanos si prefieren tener educación y sanidad o un Estado lleno de lujos y símbolos, prefiriesen lo primero.

Pero ese debate, ese, nunca se produce, pues los que se benefician de esos lujos y los que se atechan bajo esos símbolos son los mismos que impulsan los debates, mientras que los ciudadanos somos los que simplemente estamos forzados a pagar.—
PABLO BLANCO FIERO Oviedo 25 FEB 2015 

Los viajes de sus señorías

Soy médico y trabajo para la sanidad pública andaluza en exclusiva. El próximo febrero asistiré en Madrid, como cada año, a un curso de actualización en medicina de atención primaria. He estado mirando precios del AVE desde Sevilla. El billete, IVA incluido, en clase turista sale por unos 60 o 70 euros. Estoy de suerte, porque en años anteriores he llegado a pagar más de 100. Cuando voy a Barcelona por el mismo motivo lo hago en avión en una compañía low cost.El viaje es más incómodo que en AVE pero más barato. Lo mejor es cuando el curso tiene lugar en Andalucía. Voy en mi coche o en el de algún compañero y compartimos gastos.

 Y ¿cuánto dicen que se gastan sus señorías en viajes? He oído que casi ocho millones de euros al año. No puede ser. No me lo creo. Son exageraciones de los periodistas.—MARIA L. RAMOS PALMA Sevilla 18 NOV 2014 - cartas al director. El País.

Presupuestos con luces de bohemia

El Gobierno pregona la recuperación, cuando todos los datos indican un creciente empobrecimiento de la población


Últimamente el gobierno se pasea muy a menudo por el callejón del gato (aquel en el que los personajes de la novela de Valle-Inclán, se reflejaban en espejos cóncavos). Sus imágenes deformadas sobre la situación que vivimos no dejan lugar a dudas; todo es demasiado esperpéntico. La semana pasada, informes de distintas ONG ofrecieron una bofetada de realidad que quebró los espejos en los que se refleja el Gobierno cual personaje valleinclaniano. Los datos de paro registrado en octubre arrojan cifras insoportables: más de 4,5 millones de personas no tienen empleo; España ocupa el vergonzoso segundo puesto en desigualdad en Europa después de Letonia; 2,7 millones de menores viven en pobreza en nuestro país. Y, a pesar de todo ello, el Gobierno repite cual mantra que estos son los “presupuestos de la consolidación de la recuperación”. Lo dicho: esperpéntico.

El excelente informe de la Fundación Foessa presenta una realidad que no habla de recuperación sino de empobrecimiento y exclusión. Sus datos no dejan lugar a dudas: el 25% de la población española se encuentra en situación de exclusión; cinco millones de personas sufren exclusión severa. Tener un trabajo ya no significa tener cubiertas las necesidades básicas: la pobreza laboral afecta al 15% de los y las trabajadoras; los salarios son tan ínfimos que son insuficientes.

Esta situación contrasta con las cifras de concentración de la riqueza que nos ofrece el estudio Iguales de Oxfam Intermón en el que se denuncia que en España “tres individuos acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre de la población”. Una realidad que se sitúa en un contexto mundial que, lamentablemente, no es muy diferente: las 85 personas más ricas del planeta ganan medio millón de euros por minuto.

Los discursos imperantes continúan defendiendo el crecimiento económico como solución a los problemas de pobreza y desigualdad sin percatarse de que el crecimiento no garantiza el desarrollo; pero, sobre todo, que crecer sin tener en cuenta los límites del planeta nos lleva a un callejón sin salida. El pasado mes de agosto el mundo ya había consumido su capital natural para 2014. Seguir defendiendo un crecimiento sin límites que no respete los derechos humanos y no proteja los recursos del planeta es insostenible. Es una huída hacia delante de la que cada vez se benefician un número más reducido de personas y a costa de atentar contra los derechos más básicos de la inmensa mayoría de la población

Qué nos espera en 2015
Y mientras asistimos a esta “comedia bárbara”, el pseudo debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2015 continúa su curso. Montoro asegura que estos son los “presupuestos de una nueva etapa esperanzadora”. Seguramente necesite afinar bastante su análisis porque al estudiarlos con detalle, esperanza, la verdad, se ve poca. Con una deuda pública que supera por primera vez el 100% del PIB, el pago de los intereses se lleva un 10,2% del total de los presupuestos; o lo que es lo mismo: casi 100 millones diarios. Tal volumen hace que los fondos destinados a políticas sociales —ya muy debilitadas en los últimos años— queden prácticamente congelados.

Si se analizan con lupa algunas partidas, se ve con nitidez cuáles son las prioridades. La I+D militar aumenta con respecto a 2014 un 43,5%, lo que supone pasar de 507 a 727 millones de euros. El Ministerio de Defensa, a través del de Industria, contará con 563 millones solo para desarrollar un submarino, helicópteros, dos buques y un avión de transporte militar. En contraposición, la partida para ayuda humanitaria contará con 16,8 millones para todas las emergencias que surjan a lo largo del año. Estas cifras llaman profundamente la atención en un contexto internacional con más de 30 conflictos armados y un creciente número de desastres naturales, especialmente ahora que España acaba de estrenar su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y sobre todo cuando el ébola ha dejado de ser un virus que afecta a determinados países africanos para convertirse en un problema de salud pública mundial.

Mientras se incrementa el presupuesto militar (que, por cierto, cada agosto ve aumentar su importe por la puerta de atrás y por decreto), se debilitan más y más las políticas sociales. No parece que sean “presupuestos esperanzadores”, como defiende el Ministro de Economía.

Hay salidas en el callejón
El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, denuncia que un gobierno que no destina el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales puede caer en una violación de los derechos humanos. Cabría preguntarse si el gobierno español está destinando en sus presupuestos para 2015 el máximo de recursos para la protección de esos derechos.

Según informes del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), el Estado español pierde 90.000 euros al año debido al fraude fiscal, una práctica realizada en un 72% por grandes empresas y fortunas. Si se aplicaran políticas de recaudación y redistribución justas, con ese dinero podrían garantizarse los derechos de las personas. Si, además, se priorizaran políticas que protegen a las personas frente a medidas que salvaguardan a los mercados, la protección que el Estado debe a su ciudadanía podría empezar a fortalecerse.

El coste social de la corrupción ha alcanzado niveles aberrantes. Un estudio de la Universidad de las Palmas, basado en un análisis sobre el impacto que la corrupción tiene sobre la calidad de la vida de las personas, demuestra que ese coste asciende a 40.000 millones de euros anuales. ¿Se imaginan cuántas políticas sociales podrían garantizarse con ese dinero si hubiera voluntad política para aplicarlas?

El modelo de desarrollo actual es insostenible. Los niveles de desigualdad entre la minoría rica y la inmensa mayoría empobrecida son absolutamente indecentes. Como decía Max, el personaje de Luces de Bohemia, debemos “deformar la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras” y modificar un sistema que condena a millones de personas a la pobreza. Urgen cambios estructurales que ataquen las causas de la pobreza y eso pasa necesariamente por cambios radicales en las políticas fiscales, comerciales, económicas, sociales… en todos los rincones del planeta. Pero urge, sobre todo, voluntad política real para llevar a la práctica esos cambios y garantizar políticas redistributivas justas. Los PGE15 deberían apuntar hacia esa dirección y proveer, tal como Naciones Unidas exige, recursos suficientes para garantizar los derechos de las personas. Solo así podremos empezar a salir del callejón.

 
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar es presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2014/11/07/planeta_futuro/1415374782_322109.html

Granados cobró en bienes inmuebles por dar contratos a la trama Púnica

El juez Eloy Velasco también envía a la cárcel a su amigo y socio David Marjaliza, supuesto conseguidor de contratos, y al que sitúa como cerebro de la trama

Francisco Granados Lerena, de 50 años, secretario general del PP de Madrid hasta 2011, salió este viernes a las 17.30 en un furgón de la Guardia Civil con rumbo a la prisión de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó su encarcelamiento sin fianza como pieza clave de la red de tráfico de influencias y cobro de comisiones investigada en la Operación Púnica. En el mismo vehículo policial también era conducido a prisión el constructor David Marjaliza Villaseñor, de 46 años, amigo de juventud de Granados y supuesto cerebro de la red de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas.

La semana más larga de Granados y Marjaliza, detenidos el pasado lunes por la Guardia Civil en una macro-operación con 51 arrestados, terminó este viernes, tras más de 100 horas de detención, de la peor manera para ellos: con un auto de prisión incondicional bajo el brazo. El magistrado, que mantiene la causa bajo secreto, apenas dedicó en su resolución, de nueve folios, un sucinto párrafo a cada uno.

En el caso de Granados, Velasco le acusa de beneficiar a su amigo Marjaliza y a otros empresarios en materia de contratos públicos y urbanismo. El político no reservó su influencia para favorecer a otros sino que también trabajó para sí mismo: por sus gestiones, los empresarios supuestamente le pagaron con “diversas operaciones inmobiliarias”, que el auto no especifica.

El magistrado afirma que la participación de Granados en la “red de tráfico de influencias” se desarrolló “a lo largo de su carrera pública”. El ex número dos del PP madrileño —apartado del cargo orgánico por Esperanza Aguirre en 2011- ha ocupado diversos puestos de responsabilidad: alcalde de Valdemoro (1999-2003), consejero de Transportes (2003-2008) y consejero de Presidencia, Justicia e Interior (2008-2011). Tras una destitución que arrojó más dudas que certezas en 2011, Granados permaneció como diputado en la Asamblea de Madrid y senador. Y abandonó ambos escaños el 21 de febrero pasado tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza con 1,6 millones de euros.

Esta cuenta corriente es el origen de la investigación de la Unidad Central Operativa que ha acabado con Granados, Marjaliza y otras cinco personas en prisión incondicional. Pese a que la operación se bautizó como Púnica por derivación de Punica Granatum,nombre científico del árbol granado, el auténtico “núcleo de la organización criminal”, según el juez, es el empresario Marjaliza.

Este promotor inmobiliario, que presidió Nuevas Generaciones en Valdemoro y fue concejal junto a Granados en ese municipio entre 1995 y 1999, está al frente de un “amplio entramado empresarial” absolutamente dependiente de las decisiones políticas. Tener a su amigo Granados al lado le permitió hacerse con contratos públicos de obras y servicios, concesiones administrativas y promociones y recalificaciones urbanísticas. Según el magistrado, Marjaliza lograba “adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación”.

El conseguidor de contratos Marjaliza creó, según Velasco, un “complejo entramado empresarial” para “ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita, como la delictiva”. El magistrado cree que el constructor es “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas” e insiste en que hizo del delito un “modus vivendi [modo de vida]”. Velasco le imputa la lista más nutrida de delitos de toda la red: blanqueo, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.

Un furgón celular trasladó este viernes a Soto del Real a los dos amigos. O a los que, al menos hasta ahora se tenían por tal. Las distintas estrategias de defensa probablemente agrieten una amistad de años. Mientras que Marjaliza optó por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez —en coherencia con la denuncia de detención ilegal (habeas corpus) presentada por su abogado en la noche del jueves y que fue desestimada por la juez de guardia— Granados sí respondió a las preguntas del magistrado y la fiscalía.

Durante dos horas y media, el político trató de descargar toda la responsabilidad de las cuentas en Suiza en su amigo el empresario. Según fuentes de su propia defensa, Granados negó ante el magistrado el cobro de comisiones ilegales a cambio de mediar en la adjudicación de contratos públicos y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza.

Granados explicó, según las mismas fuentes, que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque el agente bancario con el que operaba hasta entonces se cambió de entidad. Y aseguró que en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito.

El exdirigente del PP madrileño rechazó también que fuera socio en negocios con su amigo constructor. Respecto a la transferencia de 1,6 millones de euros en 2013 que dio pie a que Suiza notificara a la fiscalía española la existencia de la cuenta de Granados, este explicó que en realidad se trata de un traspaso de fondos entre dos depósitos de Marjaliza, y que la cuenta de destino del dinero ya no era suya pese a figurar como titular.

Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta, como era su intención, y le exigió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio.

Granados también negó haber firmado un contrato de compra-venta con la constructora Dico, que operaba en Valdemoro, para adquirir un chalé con un precio superior a los 300.000 euros. Según fuentes de su defensa, al dirigente popular le ofrecieron el inmueble aunque lo rechazó por entender que no le convenía adquirir una vivienda tan lujosa en el municipio.

La vinculación del exdirigente popular con este inmueble fue desvelada por el director financiero de Dico, David Merino, en 2008 en una declaración realizada ante un notario. En ella sugería que el inmueble nunca fue pagado por el exalcalde.

Por otra parte, ocho de los encarcelados el miércoles y el jueves bajo la fórmula de prisión eludible bajo fianza han depositado ya la garantía y saldrán de la cárcel este viernes. Se trata de los tres directivos de Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, que han prestado 100.000 euros cada uno. En el grupo del Ayuntamiento de Valdemoro figuran Alfredo Ovejero, jefe de gabinete, que ha puesto 25.000 euros; José Javier Hernández, concejal de Hacienda (60.000 euros) y José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal (100.000 euros). Antonio Serrano (100.000 euros) y Eduardo de la Peña (50.000 euros), supuestos testaferros de Marjaliza también han prestado la fianza.

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FERNANDO J. PÉREZ Madrid 31 OCT 2014 - 

Corrupción, el costo tabú de la educación, BBC

Del desvío de fondos destinados a programas de ayuda a la compra de puestos en universidades, los sistemas de educación en el mundo entero están marcados por una palabra que nadie quiere mencionar: corrupción. Y sus efectos en la formación de mentes jóvenes -factor fundamental en el desarrollo de los países- pueden ser incalculables.

"Siempre ha habido mucha resistencia a hablar sobre este problema. Nadie quería asociar esta palabra con la educación", dice Muriel Poisson investigadora del Instituto Internacional de Planificación Educativa (IIEP), con base en París, Francia, que recientemente lanzó una iniciativa internacional para intentar prevenir la corrupción en los sistemas educativos.

El IIEP, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), creó el que se dice es el "primer centro mundial online especializado" en prevenir la corrupción en escuelas y universidades.

El centro maneja una base de datos mundial en Internet y un centro de información sobre la malversación de fondos educativos.

"No se ha solucionado el problema, pero al menos estamos hablando de ello", dice Poisson. "Cada vez está más en la agenda", dice Poisson

Fugas
No es difícil darse cuenta de por qué la corrupción en los sistemas educativos, especialmente en los países en desarrollo, ha sido un tema incómodo.
Es más complicado pedir dinero a los donantes para mejorar la educación en los países pobres si los fondos no llegan donde deben hacerlo.
La información que están recogiendo los investigadores del IIEP apunta a la existencia de "fugas" entre el dinero y el material que se aporta al sistema y lo que finalmente llega a las aulas.
Una búsqueda en la base de datos, denominada Etico, muestra que en algunos países subsaharianos pudo haber una pérdida de hasta el 80% de los fondos para comprar libros de texto en años anteriores.
Hasta un 80% de los fondos para libros de texto se perdieron en años anteriores.
"Si hablas de corrupción, estás señalando a alguien", dice Poisson.
Esto puede implicar acusaciones contra funcionarios de alto nivel. Pero también puede plantear cuestiones más complicadas sobre quién es responsable de la corrupción de bajo nivel en escuelas y países empobrecidos.

El problema de los "profesores fantasma", es decir, que se cobren salarios para puestos que no existen o que los maestros estén ausentes de puestos sí remunerados, puede llevarse hasta el 15% o el 20% del presupuesto total para los profesores en algunos países, según el IIEP.
Pero la razón por la que los profesores no están en las aulas puede ser que no han cobrado su salario durante meses y se han visto obligados a aceptar puestos en otras escuelas o lugares.

¿De quién es la culpa?
Además, puede ser que los profesores que reciben sueldos bajos se hayan acostumbrado a completar su salario cobrando a las familias cuotas no oficiales para conseguir un puesto en la escuela.

Hay muchos factores que impiden que la educación mejore en los países en desarrollo, dice Poisson. "Pero la corrupción puede ser un factor fundamental, y normalmente son los pobres los primeros afectados", añade.

Investigación
La idea detrás de la base de datos online es crear un punto de referencia digital para la investigación sobre el tema y también proporcionar ejemplos de proyectos con ideas para atajar la corrupción.

Uno de los problemas es saber cuánto dinero desapareció del sistema, según una experta.
Uno de los casos señalados es el esquema de transparencia de un colegio en Rajastán (India), donde la información sobre el dinero destinado a la escuela y a la asistencia de los maestros está escrita en uno de los lados del edificio, de forma que todo el mundo puede analizar las finanzas.
En Brasil se han creado consejos locales para supervisar el gasto en comidas de los colegios y prevenir el fraude.
Además de la reticencia para atajar el problema de la corrupción en la educación, también son escasos los datos fiables sobre la magnitud del problema, dice Poisson. Según la investigadora, se han sacado "millones de dólares" del sistema, pero no hay ninguna estimación fiable sobre cuántos millones.
"Es difícil para la gente obtener información clara. Ha estado muy desperdigada".
La página web se ha creado para poder recabar información de este tipo, ofrecer estudios de caso de tácticas anticorrupción exitosas y crear un archivo para investigadores y legisladores.
Pero se trata de un problema con muchas dimensiones. Puede ser un fraude grave, como en el caso de contratos lucrativos adjudicados de forma deshonesta o las estafas en obras, materiales de aprendizaje, contratación de personal o materiales de la escuela.

Transparencia
Puede también implicar inflar los costes de forma que se utilicen los fondos para llenar bolsillos en lugar de amueblar mentes jóvenes.

También puede ser más localizado, como los sobornos para obtener una plaza en la universidad o la compra de títulos falsos.

En cualquier caso, son prácticas que corroen la justicia y la fiabilidad de cualquier sistema educativo. Y es un obstáculo para cualquier intento de elevar el nivel.

La ONG anticorrupción Transparencia Internacional, basada en Berlín, manifestó su preocupación sobre el fraude en la educación.

Según un informe, uno de cada seis estudiantes en todo el mundo sufrió intentos de soborno durante sus estudios.

"Es muy difícil decir si la situación ha mejorado o empeorado", dice Poisson.
"Pero la lucha contra la corrupción tendría que ser una prioridad en la agenda", concluye.
Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140623_educacion_corrupcion_datos_ac.shtml

Bloomberg dice que Moncloa les pidió no emitir las preguntas sobre Bárcenas. Rajoy: “Hay cosas que no se pueden demostrar” sobre el ‘caso Bárcenas’

El presidente asegura en una entrevista con Bloomberg que "no hubo financiación ilegal"

¿Hubo destrucción de pruebas? "Lo desconozco absolutamente"

La cadena confirma las gestiones españolas para frenar esa parte de la entrevista

• El fiscal protege a Rajoy del “interés social” y rehúye citarlo
• ESPECIAL 'Caso Bárcenas'

Mariano Rajoy había tomado una decisión firme después del pleno del 1 de agosto: ni una palabra más sobre el caso Bárcenas. Preguntase lo que preguntase la prensa española, tanto él como los dirigentes del PP contestaban lo mismo: “Todo lo que tenía que decir lo dije el 1 de agosto, no tengo nada más que añadir”. Esa estrategia ha funcionado en España, pero ha fracasado en cuanto el presidente, muy interesado en tratar de difundir la recuperación española en los mercados internacionales, ha decidido conceder entrevistas a medios de EE UU en su viaje a Nueva York.

La Moncloa intentó evitar que se emitiera esta parte de la entrevista, que dura en total 22 minutos. Fuentes oficiales de la cadena Bloombergen Nueva York confirmaron a EL PAÍS que miembros del equipo de Rajoy les pidieron que no se emitieran las preguntas y respuestas sobre el caso Bárcenas, noticia que adelantó Vozpopuli. Las mismas fuentes aseguraron que la cadena contestó que no iban a suprimir esos pasajes “por criterios de integridad periodística”.

Rajoy se vio obligado en una cita con Bloomberg a hablar del caso Bárcenas con varias preguntas y repreguntas, lo que él más detesta, de ahí que conceda tan pocas entrevistas —en España hace meses que no da ninguna—. Y de nuevo volvió a lanzar una de esas frases que le perseguirán, similar a aquella de “todo es falso salvo alguna cosa”.

¿Dimitiría usted si se demuestra que algunas de sus tres campañas se financiaron de forma ilegal? Le preguntó la periodista Sara Eisen. Y Rajoy, visiblemente molesto, contestó: “Hay cosas que no se pueden demostrar; no tiene sentido decir qué haría si no se puede demostrar. No hubo financiación ilegal”. Ese confuso “hay cosas que no se pueden demostrar” generó enseguida todo tipo de comentarios. “A Rajoy le han pillado diciendo lo que piensa”, aseguró Antonio Hernando, del PSOE. La estrategia del PP en este momento pasa por confiar en que el juez Ruz concentre toda la responsabilidad penal en Bárcenas y el resto de los dirigentes queden fuera, por lo que podrán decir que la justicia les ha exonerado.

Pero también es muy novedosa la segunda parte: “No hubo financiación ilegal”. Ante la evidencia de algunos datos contrastados ya por la investigación, como la coincidencia entre los papeles de Bárcenas y algunos ingresos fraccionados en donaciones que figuran en la contabilidad oficial, el PP y el propio Rajoy hace meses que dejaron de decir esa frase. De hecho, María Dolores de Cospedal, cuando fue llamada a declarar ante el juez Ruz, no fue tajante en este punto y se limitó a decir que ella no tenía conocimiento de comportamientos irregulares, pero derivó toda la responsabilidad hacia Bárcenas y Álvaro Lapuerta, los dos últimos extesoreros, ya que dijo que ella no se encargaba de las donaciones y no las controlaba.

Rajoy, ante la pregunta repetida varias veces en los últimos meses de si estaba en condiciones de afirmar que no hubo financiación ilegal, esquivaba la respuesta. En Nueva York, ante la insistencia de la periodista de Bloomberg, se sintió forzado a contestar cosas que nunca ha contado en España.

Rajoy no habla sobre esto ni ante la prensa española ni ante los parlamentarios de su país desde el 1 de agosto. A las preguntas de la oposición en estos primeros plenos de septiembre, Rajoy ha contestado con el consabido “todo lo que tenía que decir ya lo dije”. Claro que en el Congreso español, con un reglamento rígido, no hay repreguntas. El PP ha usado además su mayoría absoluta para vetar iniciativas de la oposición que pretendían dilucidar si Rajoy ha mentido al Congreso sobre el caso Bárcenas. Pero todos esos intentos parecen inútiles. El asunto persigue al presidente allá donde vaya y la entrevista con Bloomberg deja claro que la idea que traslada La Moncloa de que fuera de España nadie inquiere sobre esta cuestión no es real.

La entrevistadora fue más lejos y le recordó a Rajoy que las encuestas dicen que el 70% de los españoles creen que no dice la verdad —“trabajo para darle la vuelta a esas encuestas”, replicó él— y le preguntó por los ordenadores de Bárcenas que el PP ha borrado. Atrapado en una entrevista que creía que solo trataría de economía —Bloomberg está especializado en este tema—, el presidente trató de eludir cualquier responsabilidad, cada vez con la expresión más molesta.

“Se ha sabido que se destruyeron algunas de las pruebas que pidió el juez. ¿Despedirá usted a los responsables?”, le preguntan. Rajoy se cierra: “Desconozco que se llevara a cabo destrucción de pruebas”. La periodista insiste: “Algunas de las pruebas que solicitó el juez no estaban en un ordenador”. El presidente trata de esquivar: “Lo desconozco absolutamente. No sé nada de eso. No sé si estaban allí, si habían estado antes o si alguien se las llevó. Ahora el caso pasará a otro tribunal y espero que lo juzgue de acuerdo a la ley y todos lo respetaremos. Pero no sé nada de eso”.

Fuente: El País.