La inteligencia artificial está llegando a un desarrollo tan intenso que inquieta incluso a sus investigadores por el mal uso que se puede hacer de ella. Más de 1.000 científicos y expertos en inteligencia artificial y otras tecnologías han firmado una carta abierta contra el desarrollo de robots militares que sean autónomos y prescindan de la intervención humana para su funcionamiento. El físico Stephen Hawking, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el de PayPal, Elon Musk, figuran entre los firmantes del texto, que se presentó ayer en Buenos Aires en la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial, un congreso donde se presentan más de 500 trabajos de esta especialidad y a la que acuden varios de los firmantes del manifiesto.
El documento no se refiere a los drones ni misiles comandados por humanos, sino a armas autónomas que dentro de pocos años podrá desarrollar la tecnología de inteligencia artificial y que supondrían una “tercera revolución en las guerras, después de la pólvora y el armamento nuclear”.
Los expertos reconocen que existen argumentos a favor de los robots militares, como el hecho de que reducirían las bajas humanas en conflictos bélicos. A diferencia de las armas nucleares, las autónomas no requieren altos costes ni materias primas difíciles de obtener para su construcción, según los firmantes. Por eso advierten de que es “solo cuestión de tiempo” que esta tecnología aparezca en el “mercado negro y en manos de terroristas, dictadores y señores de la guerra”. “Son ideales para asesinatos, la desestabilización de naciones, el sometimiento de poblaciones y crímenes selectivos de determinadas etnias”, alertan los científicos, que proponen que la inteligencia artificial se use para proteger a los humanos, en especial a los civiles, en los campos de batalla. “Empezar una carrera militar de armas de inteligencia artificial es una mala idea”, advierten. Comparan esta tecnología con las bombas químicas o biológicas.
“No se trata de limitar la inteligencia artificial, sino de introducir límites éticos en los robots, lograr que sean capaces de vivir en sociedad y, eso sí, rechazar de forma clara las armas autónomas sin control humano”, explica Francesca Rossi, presidenta de la conferencia internacional y una de las firmantes del texto. “Con la carta queremos tranquilizar a la gente que desde fuera de este mundo mira la inteligencia artificial con una preocupación a veces exagerada. A nosotros también nos interesan los límites éticos. Queremos reunir no solo a expertos en este asunto, sino a filósofos y psicólogos para lograr límites éticos en los robots similares a los de los humanos”, señala.
El peligro de reprogramar
El argentino Guillermo Simari, de la Universidad Nacional del Sur, organizador del congreso, comparte la filosofía de la carta. “Las máquinas pueden tomar decisiones con las que el humano no está de acuerdo. Los hombres tenemos filtros éticos. Se puede programar un filtro ético a la máquina, pero es muy fácil quitarlo”. Simari cree que el gran problema es la facilidad con la que puede reprogramarse una máquina. “Para hacer una bomba atómica uno necesita uranio enriquecido, que es muy difícil de conseguir. Para reprogramar una máquina militar basta con alguien con un ordenador escribiendo software”.
En el congreso también hay quien se sitúa en contra de la filosofía de la carta. “Aquí estamos los que creemos que hay que seguir desarrollando la inteligencia artificial y que puede ser controlada”, explica Ricardo Rodríguez, profesor de la Universidad de Buenos Aires y organizador del encuentro. El debate entre los científicos está vivo y ahora pasará a toda la sociedad.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/28/actualidad/1438078885_287962.html
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viernes, 7 de agosto de 2015
lunes, 3 de agosto de 2015
Entrevista a Aitor Martínez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe “Masacre de Curuguaty” “Paraguay es uno de los países de América Latina con más líderes campesinos asesinados”
Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
lunes, 29 de junio de 2015
La gigantesca fábrica de refugiados
La guerra es un acto monstruoso contra la humanidad en interés de los financieros de Wall Street
— Charles Schenck, 1919
Irak afronta sin recursos una ola de refugiados que huyen del EI
El desamparo de tres millones de suníes, vistos con recelo por los chiíes del país, amenaza con dar alas a los yihadistas. - ÁNGELES ESPINOSA Bagdad
La cifra de desplazados alcanza el nivel máximo desde la II Guerra Mundial En 2014, los huidos de sus casas sumaban casi 60 millones de personas, según ACNUR
Récord de desplazados forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. -MARÍA SOSA TROYA Madrid 19 JUN 2015 -
Desde hace catorce años, cada 20 de junio el mundo celebra el Día Mundial de los Refugiados. Los gobernantes, los políticos y las celebridades compiten en sus discursos en el apoyo y prometen hacer todo lo posible para poner fin a los conflictos armados, la injusticia y a la violencia que día a día convierten a miles de personas en refugiados, desplazados internos o solicitantes de asilo.
Terminados los discursos, la situación no solamente no mejora sino se pone más trágica cada año. Mientras tanto el pueblo globalizado del planeta, inmerso en sus propios problemas individuales, queda impávido frente a los clamores de los que ya lo han perdido todo.
Actualmente estamos frente a una catástrofe de proporciones bíblicas. Resulta, según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) "Tendencias Globales: Mundo en Guerra 2014", que actualmente existen 59,5 millones de personas forzadas a abandonar sus lugares. Si a todos los desplazados del mundo los hubiéramos juntado en un territorio, formarían un país que sería el número 24 por la población en la lista de las Naciones Unidas detrás de Italia y adelantando a Sudáfrica. Ellos representan el 8 por ciento de los habitantes del planeta. Hace 14 años eran 37,5 millones de personas refugiadas. Entre 2013 y 2014 se ha producido el mayor incremento anual jamás registrado de 8,3 millones.
El informe del ACNUR aclara que de "estos 59,5 millones de personas, 13,9 millones fueron nuevos desplazados; 19,5 millones eran refugiados, 38,2 millones desplazados internos y 1,8 millones solicitantes de asilo. Más de la mitad de los refugiados son menores de edad". Resulta que la "permanente guerra preventiva", que inició Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas en 2001, fue la causa principal de estos casi 60 millones de refugiados. Lo trágico que el 60 por ciento de los desplazados en 2014 fueron civiles de tan sólo cinco países: Irak, Siria, Sudán del Sur, la República Democrática de Congo y Nigeria.
La prensa globalizada siempre utiliza el terrorismo, la religión o conflictos étnicos para explicar las causas de las guerras. Sin embargo, detrás de un conflicto armado siempre se esconden otros intereses. La superiora del orden de los misioneros Combonianos en África, Carmina Ballesteros afirma que "no hay guerra donde el subsuelo carezca de riquezas". Inclusive existe un "mapa de guerra" trazado en subsuelo. Los 143 mil millones de barriles de petróleo fueron la causa principal de la intervención militar norteamericana y de sus aliados en Irak cuyas consecuencias se siguen agravando. Para este pretexto no solamente invadieron el país, sino crearon la guerra civil entre sunitas, shiitas y curdos, logrando balcanizar el país. Posteriormente, Washington creó el Estado Islámico (EI) para dividir a Irak aún más. A finales de 2014, la cifra total de desplazados internos en el país era de 3,6 millones. A la vez la cifra de los muertos iraquíes y en especial de hombres, mujeres inocentes y niños supera sin duda alguna un millón.
Antes del derrumbe de las Torres Gemelas el 9-11-2001 Washington ya tenía un plan para invadir a siete países que no estaban sometidos al control financiero, político y militar norteamericano en el Medio Oriente y en África y que además poseían o grandes recursos energéticos o eran de vital importancia para los intereses geoeconómicos de Norteamérica. Siria, junto con Irak, Libia, Somalia, Líbano, Sudán e Irán estaban en esta lista. Ellen Brown en su libro "Haciendo del Mundo un Lugar seguro para los banksters: Siria en la mira", explicó que EEUU necesita destruir el actual gobierno de Siria y colocar en el poder un títere islamista, lo que no solamente sometería este país a la hegemonía de los bancos norteamericanos sino le abriría el camino para preparar la conquista de Irán y empezar el acoso real de Rusia y China.
Debido a escalada de guerra en Siria, auspiciada por Estados Unidos e Israel y que comenzó en 2011, este país fue el que más generó los desplazados forzados: 3,8 millones de refugiados y 7,6 millones de desplazados internos. Pero esto no es todo. De acuerdo al Observatorio Sirio de los derechos Humanos (OSDH), "se ha contabilizado la muerte de 202.354 personas en Siria, 63.074 de los muertos son civiles, entre ellos 10.377 niños y hay miles de desaparecidos imposible de registrar como en otros países donde pisaron el suelo las botas de los soldados norteamericanos o de sus aliados o de sus muyahidines, talibanes, miembros de al-Qaeda, al-Nuzra y el de su nueva creación monstruosa: el Estado Islámico.
En África desde la formación del Mando África del Departamento de Estado de Estados Unidos (AFRICOM) en 2007, responsable de las operaciones militares de EEUU en 54 países africanos, el número de conflictos étnicos o religiosos se incrementó significativamente. Mientras en 2008 AFRICOM realizó 108 misiones en África Subsahariana, en 2014 su número se incrementó a 674, incluyendo la intervención en Libia. En esta parte de África el número de refugiados alcanzó 3,7 millones y 11,4 millones de desplazados internos de los cuales 4,5 millones eran nuevos desplazados en 2014.
Según el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bashir, "la CIA y Mossad son responsables de la agudización de los conflictos étnicos" que han traído la muerte a más de 50.000 personas. Estados Unidos e Israel apoyaron el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS) en el sur del país en su lucha contra el gobierno de Sudán y financiaron la formación en 2011 del Estado 54 en África, Sudán del Sur.
Por supuesto el petróleo y el rechazo de Washington a la presencia de China en Sudán motivaron la guerra civil y la escisión del Sudán del Sur. El nuevo estado posee el 75 por ciento de reservas de petróleo que cuentan con 6,4 mil millones de barriles. China importó en 2014 de Sudán el 7 por ciento del petróleo que consume. El problema que actualmente tiene EEUU en Sudán consiste en que mientras los yacimientos del oro negro se encuentran en Sudán del Sur, las refinerías, los oleoductos y el puerto están ubicados en el norte de Sudán que está fuera del control norteamericano. A la vez el presidente de Sudán al-Bashir tiene excelentes relaciones con China. Entonces la respuesta norteamericana está orientada a generar una nueva escalada del conflicto interno. A nivel internacional el Departamento de Estado norteamericano logró convencer a la Corte Penal Internacional (Corte de Haya) que declare al presidente al-Bashir responsable del genocidio en el país y ordene su detención. Entonces habrá que esperar más sangre, muertos y nuevos refugiados en esta región.
En otro país africano, Nigeria hubo un incremento del 17 por ciento de refugiados en 2014 en comparación con el 2013, siendo la causa principal los recursos energéticos. Jacques Bergier y Bernard Tomas en su libro "La Guerra Secreta de Petróleo" escribieron que "una vez que las petroleras han obtenido informaciones sobre el lugar exacto donde se podría perforar con toda probabilidad de éxito, las corporaciones en sintonía con sus gobiernos pueden pasar a la acción: pueden provocar una modificación de fronteras como fue el caso de Monte Siinai y hasta hacer que surja un país enteramente nuevo. Sucedió en Sudán y en Nigeria, Biafra quiso independizarse en un baño de sangre con pretexto de una rivalidad étnica entre ibos y husos. Pero la verdadera razón fue el petróleo cuyas reservas alcanzan 36,8 mil millones de dólares. Estados Unidos planificó importar de Nigeria en 2020 cerca de 8 mil millones de barriles pero los chinos han sido más activos y efectivos han invertido cerca de 20 mil millones de dólares en Nigeria y crearon 200.000 puestos de trabajo. Lo mismo hicieron en Sudán y Angola. Todo esto constituye un motivo para Washington de promover nuevos conflictos internos, el terrorismo, ataques de drones, revoluciones de colores, caos y como resultado nuevos miles de desplazados.
Ya vemos sus consecuencias en Ucrania, donde según ACNUR el número de refugiados alcanzó ya 1,1 millones y el número de personas que solicitaron asilo, permisos de residencia y otras formas de estancia legal en países vecinos es de 674.300, incluyendo 542.800 en Rusia y 80.700 en Bielorrusia. Además más de 6.000 personas perdieron la vida en Ucrania y todo debido a la voluntad de los "iluminados" globalizadores norteamericanos de aislar a Rusia y expandir el poder financiero llamado globalizado pero en realidad dominado por Norteamérica y sus megabancos y megacorporaciones.
La tendencia del incremento de refugiados no variará en los próximos años debido al plan maquiavélico de los cuatro megabancos norteamericanos (Black Rock, StateStreet Corporation, Fidelity, Vanguard Group), manejados por unas 10 familias y que quieren someter el mundo a su control usando el poder bélico, diplomático, financiero y cultural norteamericano. No les importa el precio que ya están pagando los soldados norteamericanos que participaron en la guerra de Afganistán e Irak y en otros lugares del planeta. Los médicos, a base de la experiencia de los militares norteamericanos en Corea y Vietnam, consideran que las consecuencias físicas y psicológicas como estragos de guerra empiezan a manifestarse en el promedio de 8 años después del retiro.
Actualmente, según The New York Times (20 de junio 2015), la lista de espera para ser atendido en el Hospital Militar de Veterano es de 30 días y en total el número de citas médicas aumentó en 2,7 millones en comparación con el año pasado y 900.000 pacientes fueron persuadidos recibir el tratamiento fuera del hospital. En total la capacidad de atención médica aumentó a 7 millones de citas al año. Otras publicaciones hablan que de los 2 millones de soldados que hicieron rotación en Irak y Afganistán, unos 600.000 padecen el Desorden de Estress Post Traumático (PTSD) y la lista de espera para ser tratados es de 6 meses. Actualmente los que más tienen problemas psíquicos son los pilotos de drones que en los últimos tres años causaron la muerte a más de 6.000 personas inocentes en Irak, Afgnistán, Paquistán, Yemen, Somalia, Libia y Siria.
Los problemas de los refugiados, la muerte de los inocentes y la tragedia de los mismos victimarios no le interesa al pueblo norteamericano o europeo pues los medios de comunicación globalizados lograron convertir a la mayoría de los estadounidenses o europeos en zombis. Como dijo alguna vez el escritor británico Aldous Huxley (1894-1963), "la ignorancia es arma de la política y el placer es una forma de control".
Entonces la colectividad, que sería la única capaz de poner fin a las guerras, a la injusticia y a la deshumanización de la sociedad a las que arrastran los poderosos de este planeta, no existe. Por ello, lo que queda a los conscientes del planeta es crear medios alternativos y métodos asimétricos para hacerla revivir.
Vicky Peláez. Sputnik
— Charles Schenck, 1919
Irak afronta sin recursos una ola de refugiados que huyen del EI
El desamparo de tres millones de suníes, vistos con recelo por los chiíes del país, amenaza con dar alas a los yihadistas. - ÁNGELES ESPINOSA Bagdad
La cifra de desplazados alcanza el nivel máximo desde la II Guerra Mundial En 2014, los huidos de sus casas sumaban casi 60 millones de personas, según ACNUR
Récord de desplazados forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. -MARÍA SOSA TROYA Madrid 19 JUN 2015 -
Desde hace catorce años, cada 20 de junio el mundo celebra el Día Mundial de los Refugiados. Los gobernantes, los políticos y las celebridades compiten en sus discursos en el apoyo y prometen hacer todo lo posible para poner fin a los conflictos armados, la injusticia y a la violencia que día a día convierten a miles de personas en refugiados, desplazados internos o solicitantes de asilo.
Terminados los discursos, la situación no solamente no mejora sino se pone más trágica cada año. Mientras tanto el pueblo globalizado del planeta, inmerso en sus propios problemas individuales, queda impávido frente a los clamores de los que ya lo han perdido todo.
Actualmente estamos frente a una catástrofe de proporciones bíblicas. Resulta, según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) "Tendencias Globales: Mundo en Guerra 2014", que actualmente existen 59,5 millones de personas forzadas a abandonar sus lugares. Si a todos los desplazados del mundo los hubiéramos juntado en un territorio, formarían un país que sería el número 24 por la población en la lista de las Naciones Unidas detrás de Italia y adelantando a Sudáfrica. Ellos representan el 8 por ciento de los habitantes del planeta. Hace 14 años eran 37,5 millones de personas refugiadas. Entre 2013 y 2014 se ha producido el mayor incremento anual jamás registrado de 8,3 millones.
El informe del ACNUR aclara que de "estos 59,5 millones de personas, 13,9 millones fueron nuevos desplazados; 19,5 millones eran refugiados, 38,2 millones desplazados internos y 1,8 millones solicitantes de asilo. Más de la mitad de los refugiados son menores de edad". Resulta que la "permanente guerra preventiva", que inició Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas en 2001, fue la causa principal de estos casi 60 millones de refugiados. Lo trágico que el 60 por ciento de los desplazados en 2014 fueron civiles de tan sólo cinco países: Irak, Siria, Sudán del Sur, la República Democrática de Congo y Nigeria.
La prensa globalizada siempre utiliza el terrorismo, la religión o conflictos étnicos para explicar las causas de las guerras. Sin embargo, detrás de un conflicto armado siempre se esconden otros intereses. La superiora del orden de los misioneros Combonianos en África, Carmina Ballesteros afirma que "no hay guerra donde el subsuelo carezca de riquezas". Inclusive existe un "mapa de guerra" trazado en subsuelo. Los 143 mil millones de barriles de petróleo fueron la causa principal de la intervención militar norteamericana y de sus aliados en Irak cuyas consecuencias se siguen agravando. Para este pretexto no solamente invadieron el país, sino crearon la guerra civil entre sunitas, shiitas y curdos, logrando balcanizar el país. Posteriormente, Washington creó el Estado Islámico (EI) para dividir a Irak aún más. A finales de 2014, la cifra total de desplazados internos en el país era de 3,6 millones. A la vez la cifra de los muertos iraquíes y en especial de hombres, mujeres inocentes y niños supera sin duda alguna un millón.
Antes del derrumbe de las Torres Gemelas el 9-11-2001 Washington ya tenía un plan para invadir a siete países que no estaban sometidos al control financiero, político y militar norteamericano en el Medio Oriente y en África y que además poseían o grandes recursos energéticos o eran de vital importancia para los intereses geoeconómicos de Norteamérica. Siria, junto con Irak, Libia, Somalia, Líbano, Sudán e Irán estaban en esta lista. Ellen Brown en su libro "Haciendo del Mundo un Lugar seguro para los banksters: Siria en la mira", explicó que EEUU necesita destruir el actual gobierno de Siria y colocar en el poder un títere islamista, lo que no solamente sometería este país a la hegemonía de los bancos norteamericanos sino le abriría el camino para preparar la conquista de Irán y empezar el acoso real de Rusia y China.
Debido a escalada de guerra en Siria, auspiciada por Estados Unidos e Israel y que comenzó en 2011, este país fue el que más generó los desplazados forzados: 3,8 millones de refugiados y 7,6 millones de desplazados internos. Pero esto no es todo. De acuerdo al Observatorio Sirio de los derechos Humanos (OSDH), "se ha contabilizado la muerte de 202.354 personas en Siria, 63.074 de los muertos son civiles, entre ellos 10.377 niños y hay miles de desaparecidos imposible de registrar como en otros países donde pisaron el suelo las botas de los soldados norteamericanos o de sus aliados o de sus muyahidines, talibanes, miembros de al-Qaeda, al-Nuzra y el de su nueva creación monstruosa: el Estado Islámico.
En África desde la formación del Mando África del Departamento de Estado de Estados Unidos (AFRICOM) en 2007, responsable de las operaciones militares de EEUU en 54 países africanos, el número de conflictos étnicos o religiosos se incrementó significativamente. Mientras en 2008 AFRICOM realizó 108 misiones en África Subsahariana, en 2014 su número se incrementó a 674, incluyendo la intervención en Libia. En esta parte de África el número de refugiados alcanzó 3,7 millones y 11,4 millones de desplazados internos de los cuales 4,5 millones eran nuevos desplazados en 2014.
Según el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bashir, "la CIA y Mossad son responsables de la agudización de los conflictos étnicos" que han traído la muerte a más de 50.000 personas. Estados Unidos e Israel apoyaron el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS) en el sur del país en su lucha contra el gobierno de Sudán y financiaron la formación en 2011 del Estado 54 en África, Sudán del Sur.
Por supuesto el petróleo y el rechazo de Washington a la presencia de China en Sudán motivaron la guerra civil y la escisión del Sudán del Sur. El nuevo estado posee el 75 por ciento de reservas de petróleo que cuentan con 6,4 mil millones de barriles. China importó en 2014 de Sudán el 7 por ciento del petróleo que consume. El problema que actualmente tiene EEUU en Sudán consiste en que mientras los yacimientos del oro negro se encuentran en Sudán del Sur, las refinerías, los oleoductos y el puerto están ubicados en el norte de Sudán que está fuera del control norteamericano. A la vez el presidente de Sudán al-Bashir tiene excelentes relaciones con China. Entonces la respuesta norteamericana está orientada a generar una nueva escalada del conflicto interno. A nivel internacional el Departamento de Estado norteamericano logró convencer a la Corte Penal Internacional (Corte de Haya) que declare al presidente al-Bashir responsable del genocidio en el país y ordene su detención. Entonces habrá que esperar más sangre, muertos y nuevos refugiados en esta región.
En otro país africano, Nigeria hubo un incremento del 17 por ciento de refugiados en 2014 en comparación con el 2013, siendo la causa principal los recursos energéticos. Jacques Bergier y Bernard Tomas en su libro "La Guerra Secreta de Petróleo" escribieron que "una vez que las petroleras han obtenido informaciones sobre el lugar exacto donde se podría perforar con toda probabilidad de éxito, las corporaciones en sintonía con sus gobiernos pueden pasar a la acción: pueden provocar una modificación de fronteras como fue el caso de Monte Siinai y hasta hacer que surja un país enteramente nuevo. Sucedió en Sudán y en Nigeria, Biafra quiso independizarse en un baño de sangre con pretexto de una rivalidad étnica entre ibos y husos. Pero la verdadera razón fue el petróleo cuyas reservas alcanzan 36,8 mil millones de dólares. Estados Unidos planificó importar de Nigeria en 2020 cerca de 8 mil millones de barriles pero los chinos han sido más activos y efectivos han invertido cerca de 20 mil millones de dólares en Nigeria y crearon 200.000 puestos de trabajo. Lo mismo hicieron en Sudán y Angola. Todo esto constituye un motivo para Washington de promover nuevos conflictos internos, el terrorismo, ataques de drones, revoluciones de colores, caos y como resultado nuevos miles de desplazados.
Ya vemos sus consecuencias en Ucrania, donde según ACNUR el número de refugiados alcanzó ya 1,1 millones y el número de personas que solicitaron asilo, permisos de residencia y otras formas de estancia legal en países vecinos es de 674.300, incluyendo 542.800 en Rusia y 80.700 en Bielorrusia. Además más de 6.000 personas perdieron la vida en Ucrania y todo debido a la voluntad de los "iluminados" globalizadores norteamericanos de aislar a Rusia y expandir el poder financiero llamado globalizado pero en realidad dominado por Norteamérica y sus megabancos y megacorporaciones.
La tendencia del incremento de refugiados no variará en los próximos años debido al plan maquiavélico de los cuatro megabancos norteamericanos (Black Rock, StateStreet Corporation, Fidelity, Vanguard Group), manejados por unas 10 familias y que quieren someter el mundo a su control usando el poder bélico, diplomático, financiero y cultural norteamericano. No les importa el precio que ya están pagando los soldados norteamericanos que participaron en la guerra de Afganistán e Irak y en otros lugares del planeta. Los médicos, a base de la experiencia de los militares norteamericanos en Corea y Vietnam, consideran que las consecuencias físicas y psicológicas como estragos de guerra empiezan a manifestarse en el promedio de 8 años después del retiro.
Actualmente, según The New York Times (20 de junio 2015), la lista de espera para ser atendido en el Hospital Militar de Veterano es de 30 días y en total el número de citas médicas aumentó en 2,7 millones en comparación con el año pasado y 900.000 pacientes fueron persuadidos recibir el tratamiento fuera del hospital. En total la capacidad de atención médica aumentó a 7 millones de citas al año. Otras publicaciones hablan que de los 2 millones de soldados que hicieron rotación en Irak y Afganistán, unos 600.000 padecen el Desorden de Estress Post Traumático (PTSD) y la lista de espera para ser tratados es de 6 meses. Actualmente los que más tienen problemas psíquicos son los pilotos de drones que en los últimos tres años causaron la muerte a más de 6.000 personas inocentes en Irak, Afgnistán, Paquistán, Yemen, Somalia, Libia y Siria.
Los problemas de los refugiados, la muerte de los inocentes y la tragedia de los mismos victimarios no le interesa al pueblo norteamericano o europeo pues los medios de comunicación globalizados lograron convertir a la mayoría de los estadounidenses o europeos en zombis. Como dijo alguna vez el escritor británico Aldous Huxley (1894-1963), "la ignorancia es arma de la política y el placer es una forma de control".
Entonces la colectividad, que sería la única capaz de poner fin a las guerras, a la injusticia y a la deshumanización de la sociedad a las que arrastran los poderosos de este planeta, no existe. Por ello, lo que queda a los conscientes del planeta es crear medios alternativos y métodos asimétricos para hacerla revivir.
Vicky Peláez. Sputnik
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sábado, 24 de enero de 2015
Atocha. En su día olía a trabajador del metal y de la construcción. Y olía a comunista
Hace ya 38 años que una banda de pistoleros fascistas asesinó en un despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid a cinco de sus trabajadores e hirió gravemente a otros cuatro. Atocha fue para España lo que Charlie Hebdo ha sido para Francia, aunque las connotaciones son muy distintas.
Atocha en 1977 era una calle que olía a calamares. Desde la estación, pasando por debajo del escalextric, hasta después de Antón Martín, los bares, más que en toda Escandinavia junta, le daban ese aroma que comenzaba y todavía comienza en El Brillante y se cerraba cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Atocha olía entonces a trabajador del metal y de la construcción. Y olía a comunista. En aquel piso del número 55, los fascistas dieron sin quererlo la gran oportunidad para que la hoy denostada Transición se pudiera acometer con éxito.
¿Cómo se puede decir, si uno es un bien nacido, que aquello fue un pacto de élites? ¿Cómo se puede decir eso de un proceso que se cimentó en la sangre de toda aquella gente?
Porque Atocha sigue oliendo a calamares y todavía huele algo a una cosa que parece del pasado: a clase obrera, a trabajadores organizados, a gente que les defienda de una reforma laboral que tiene solo una cara: el abaratamiento de la mano de obra.
Dentro de dos días se conmemora el aniversario de aquella matanza. El edificio está vacío a la espera de una declaración de ruina, y el monumento basado en un cuadro de Genovés aparece cada día cubierto de pintadas que ignoran qué significa.
Pongámonos en lo peor, en que nada de todo aquello haga falta. Nos ponemos en eso, pero también en que en ese sitio habitaban la solidaridad y el ansia de libertad de todo un pueblo.
Hoy je suis CC OO.
Fuente: JORGE M. REVERTE 22 ENE 2015 http://elpais.com/elpais/2015/01/21/opinion/1421833777_763315.html
Atocha en 1977 era una calle que olía a calamares. Desde la estación, pasando por debajo del escalextric, hasta después de Antón Martín, los bares, más que en toda Escandinavia junta, le daban ese aroma que comenzaba y todavía comienza en El Brillante y se cerraba cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Atocha olía entonces a trabajador del metal y de la construcción. Y olía a comunista. En aquel piso del número 55, los fascistas dieron sin quererlo la gran oportunidad para que la hoy denostada Transición se pudiera acometer con éxito.
¿Cómo se puede decir, si uno es un bien nacido, que aquello fue un pacto de élites? ¿Cómo se puede decir eso de un proceso que se cimentó en la sangre de toda aquella gente?
Porque Atocha sigue oliendo a calamares y todavía huele algo a una cosa que parece del pasado: a clase obrera, a trabajadores organizados, a gente que les defienda de una reforma laboral que tiene solo una cara: el abaratamiento de la mano de obra.
Dentro de dos días se conmemora el aniversario de aquella matanza. El edificio está vacío a la espera de una declaración de ruina, y el monumento basado en un cuadro de Genovés aparece cada día cubierto de pintadas que ignoran qué significa.
Pongámonos en lo peor, en que nada de todo aquello haga falta. Nos ponemos en eso, pero también en que en ese sitio habitaban la solidaridad y el ansia de libertad de todo un pueblo.
Hoy je suis CC OO.
Fuente: JORGE M. REVERTE 22 ENE 2015 http://elpais.com/elpais/2015/01/21/opinion/1421833777_763315.html
miércoles, 21 de enero de 2015
El exterminio en Navas del Madroño. En enero de 1937, 68 venteros fueron fusilados en Cáceres sin saber por qué los mataban
Entre el 27 de diciembre de 1937 y mediados de enero de 1938, los 68 venteros, que así se llaman los de Navas, fueron detenidos sin explicaciones y trasladados a la cárcel de Cáceres. El 9 de enero de 1937 fue especialmente kafkiano: llegaron varios camiones cargados de guardias y de falangistas, detuvieron a medio centenar de vecinos y se los llevaron. Los presos tranquilizaban a sus mujeres y a sus hijos. Es una equivocación, decían. No pasará nada. Pero pasó.
Antes de que acabara aquel terrible mes de enero del 37, los 68 venteros habían sido fusilados. Solo el día 15, los pelotones acabaron con la vida de 54 hombres de Navas. Y murieron sin saber por qué morían.
«Manuel Conde Paz, Antonio Conde Paz, Benigno Corchado Canales.». Mediodía del sábado 17 de enero de 2015. Unas 60 personas rodean a Ana María García Cava. Es la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo en Navas del Madroño, constituida en 2012 y formada por representantes de 30 familias que padecieron aquel exterminio sin explicación. Ana lee la lista de los 68 fusilados ante el monumento erigido en su honor en el cementerio del pueblo. Hace un frío que congela hasta las palabras. Menos mal que, cada 10 o 15 nombres, Flora Talavera lee un poema dedicado a las víctimas y pone un poco de calor en el ambiente. Flora es ama de casa y nieta de Juan Canales, uno de los fusilados sin saber por qué.
«La mañana estaba clara, ella estaba blanqueando», recita Flora y los presentes vuelven a imaginar aquel inexplicable 9 de enero, que tantas veces les contaron sus madres y sus abuelas en la clandestinidad de la lumbre de invierno. «Gracias, señor Chaves, por habernos dado voz», declama otro verso. Entre los presentes, el historiador Julián Chaves, que ha investigado el exterminio de Navas y lo ha referido en varios libros.
Del camposanto a la Casa de Cultura. Conferencia del profesor José Hinojosa, que aporta nuevos datos para entender lo que los fusilados no comprendieron. El desencadenante del exterminio en Navas fue la famosa lista de Máximo Calvo, que sería como la de Schindler, pero al revés: los que en ella aparecían, no se salvaban. Este activista comunista fue muerto tras un tiroteo en Almoharín el 27 de diciembre de 1937. Llevaba unos papeles cifrados en su cartera. El 28 se descifraron. En ellos aparecía una relación de vecinos de Navas susceptibles de ser convencidos para la causa. Ni Máximo los conocía ni los vecinos sabían quién era Máximo. Pero fueron exterminados. Por si acaso.
Espinosa matiza la explicación de la lista como único desencadenante. Entre 1931 y 1936, Navas fue un pueblo particularmente luchador, muy azotado por el paro, con episodios de tensión social que no se dieron en el resto de Extremadura como un conato revolucionario en octubre de 1934, al tiempo que los mineros se levantaban en Asturias. «Esto sí pudo marcar los fusilamientos», resume el historiador.
Los venteros interiorizaron aquel intento de exterminio hasta bien entrada la democracia. Solo se exteriorizaba en síntomas como que las películas que siempre triunfaban en Navas, según me contaba un empresario cinematográfico que proyectaba filmes por las cárceles y los pueblos de España, eran las que acababan con una venganza. Pero el drama 'La taberna de Cadalso' de Miguel Murillo, sobre la vida de Máximo Calvo y los sucesos de Navas, tardó años en representarse en un pueblo al que le costaba enfrentarse cara a cara con su tragedia. Ahora, por fin, empieza a conocerse la verdad del exterminio.
Fuente: Diario Hoy. J. R. ALONSO DE LA TORRE.
http://www.hoy.es/hemeroteca/Exterminio%20en%20Navas%20del%20Madro%C3%B1o.html?
domingo, 24 de agosto de 2014
Un mínimo de humanidad. Ante la brutalidad de las guerras de hoy, deben respetarse los Convenios de Ginebra
Hace exactamente 150 años se adoptó la primera Convención de Ginebra para aliviar la suerte de los militares heridos en campaña, que consagraba en derecho internacional la idea de que, incluso en tiempos de guerra, es indispensable preservar un mínimo de humanidad. Actualmente, Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en aquel entonces contribuyeron a impulsar el derecho internacional humanitario en el plano internacional, trabajan para promover el respeto de este principio en todo el mundo, dado que siguen sin existir mecanismos eficaces que garanticen su cumplimiento.
Evidentemente, las guerras contemporáneas no tienen ya nada que ver con las masacres del siglo XIX. Los combates, que antaño se libraban en campos de batalla bien circunscritos, se han ido desplazando a los núcleos habitados. La guerra tradicional entre ejércitos de Estados beligerantes es ahora la excepción; la regla son los conflictos no internacionales. Y la población civil es la víctima principal de los conflictos armados.
El derecho internacional humanitario se ha adaptado a esta evolución. Los Estados, sobrecogidos por el sufrimiento y la locura destructiva de la II Guerra Mundial, se pusieron de acuerdo en 1949 para consagrar en los cuatro Convenios de Ginebra una protección exhaustiva de todas las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, como los soldados heridos o enfermos, los prisioneros de guerra y los civiles. En 1977 y en 2005, tres Protocolos adicionales vinieron a completar esta piedra angular del derecho internacional humanitario. En la actualidad, el empleo de armas específicas, como las armas biológicas y químicas, las municiones en racimo y las minas antipersonas, está ampliamente condenado. El derecho prevé suficientes restricciones para proteger a las personas más vulnerables de la brutalidad de las guerras. Asimismo, se han registrado algunos progresos en su aplicación, por ejemplo, en la instrucción de los soldados o en el enjuiciamiento penal de los crímenes de guerra más graves, gracias, sobre todo, a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI).
A pesar de ello, todos los días nos llegan de todo el mundo noticias e imágenes abominables que testimonian el sufrimiento indescriptible generado por los conflictos armados. Con demasiada frecuencia, ese sufrimiento es fruto de violaciones graves del derecho internacional humanitario, debidas a un fallo colectivo. En el artículo primero, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los Estados se comprometieron a respetar y hacer respetar las disposiciones en todas las circunstancias. Sin embargo, hasta el presente, han desatendido la necesidad de dotarse de los medios necesarios para cumplir su compromiso. Desde el principio, el derecho internacional humanitario ha estado desprovisto de mecanismos efectivos que lo hagan respetar. A menudo, esta ineficacia siembra la muerte y la desolación en las poblaciones castigadas por la guerra.
Los principios del derecho internacional humanitario tienen validez universal. Sin embargo, su existencia no está garantizada indefinidamente y requiere esfuerzos constantes. Un derecho que es infringido con regularidad, sin que ello suscite una verdadera reacción, corre el riesgo de ir perdiendo su validez... DIDIER BURKHALTER / PETER MAURER 22 AGO 2014
Fuente: El País.
Evidentemente, las guerras contemporáneas no tienen ya nada que ver con las masacres del siglo XIX. Los combates, que antaño se libraban en campos de batalla bien circunscritos, se han ido desplazando a los núcleos habitados. La guerra tradicional entre ejércitos de Estados beligerantes es ahora la excepción; la regla son los conflictos no internacionales. Y la población civil es la víctima principal de los conflictos armados.
El derecho internacional humanitario se ha adaptado a esta evolución. Los Estados, sobrecogidos por el sufrimiento y la locura destructiva de la II Guerra Mundial, se pusieron de acuerdo en 1949 para consagrar en los cuatro Convenios de Ginebra una protección exhaustiva de todas las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, como los soldados heridos o enfermos, los prisioneros de guerra y los civiles. En 1977 y en 2005, tres Protocolos adicionales vinieron a completar esta piedra angular del derecho internacional humanitario. En la actualidad, el empleo de armas específicas, como las armas biológicas y químicas, las municiones en racimo y las minas antipersonas, está ampliamente condenado. El derecho prevé suficientes restricciones para proteger a las personas más vulnerables de la brutalidad de las guerras. Asimismo, se han registrado algunos progresos en su aplicación, por ejemplo, en la instrucción de los soldados o en el enjuiciamiento penal de los crímenes de guerra más graves, gracias, sobre todo, a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI).
A pesar de ello, todos los días nos llegan de todo el mundo noticias e imágenes abominables que testimonian el sufrimiento indescriptible generado por los conflictos armados. Con demasiada frecuencia, ese sufrimiento es fruto de violaciones graves del derecho internacional humanitario, debidas a un fallo colectivo. En el artículo primero, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los Estados se comprometieron a respetar y hacer respetar las disposiciones en todas las circunstancias. Sin embargo, hasta el presente, han desatendido la necesidad de dotarse de los medios necesarios para cumplir su compromiso. Desde el principio, el derecho internacional humanitario ha estado desprovisto de mecanismos efectivos que lo hagan respetar. A menudo, esta ineficacia siembra la muerte y la desolación en las poblaciones castigadas por la guerra.
Los principios del derecho internacional humanitario tienen validez universal. Sin embargo, su existencia no está garantizada indefinidamente y requiere esfuerzos constantes. Un derecho que es infringido con regularidad, sin que ello suscite una verdadera reacción, corre el riesgo de ir perdiendo su validez... DIDIER BURKHALTER / PETER MAURER 22 AGO 2014
Fuente: El País.
miércoles, 18 de septiembre de 2013
viernes, 30 de agosto de 2013
El ‘crowdfunding’ permite exhumar los restos de un represaliado del franquismo. La familia del represaliado del franquismo reúne 6.850 euros gracias a 299 donaciones a través de Internet
A José Valls Casanova lo fusilaron un 2 de septiembre de 1938 en Borriol (Castellón). Tenía 48 años. Su hija Antonia, que tenía once cuando le mataron, lo explica en un video para captar la ayuda de desconocidos con la que exhumar su cuerpo. “Ahora está enterrado como un perro”, dice. La familia sabe que yace junto a otro represaliado del franquismo en una zona del cementerio del pueblo porque así se lo dijo el enterrador a Antonia a los pocos días del fusilamiento. Su hija, la única viva, tiene ahora 86 años y su deseo era sacar a su padre de la fosa para enterrarlo junto a su madre. Pero la esperanza de juntarlos se quebró con la retirada de las subvenciones a los proyectos de recuperación de la memoria histórica. Sin fondos, sólo quedaba el camino de la solidaridad. Y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) acudió al ‘crowdfunding’ con la sorpresa de recaudar en pocos días los 6.850 euros necesarios para los trabajos que realizarán, también de forma altruista, un grupo de quince voluntarios. “La solidaridad ha funcionado y esto demuestra que existe una sensibilidad y apoyo que no ha tenido el Gobierno”, explica Matías Alonso, portavoz del GPRMH en la Comunidad Valenciana. En la tarde del jueves obtuvieron el permiso del Ayuntamiento de Borriol, el único que les faltaba para iniciar los trabajos.
La fosa común de Borriol será la primera que se exhume con las donaciones de personas anónimas (299 han apoyado la campaña), con el esfuerzo de voluntarios y el empeño de la familia. “Un trabajo como este necesita de entre 20.000 a 40.000 euros, lo vamos a hacer sin cobrar (salvo un mínimo importe en dos casos) y con la manutención de los familiares”, explica Miguel Mezquida, director del grupo de arqueólogos. En un principio, incluso se habían planteado vivir en la casa de los Valls. “Finalmente nos han buscado una casa rural en la que alojarnos durante la semana que durarán los trabajos”, apunta.
Carlos Balaguer es bisnieto de José Valls. Apenas ha hablado durante todo este proceso porque su objetivo era cumplir el deseo de Antonia y sacar a su padre de la fosa común en la que yace junto a Luis Meseguer. Los únicos que fueron fusilados a primera hora de ese 2 de septiembre de 1938 en Borriol. “Estamos muy agradecidos al alcalde (Adelino Santamaría, del PP) por su apoyo. Ya se lo hemos dicho a Antonia, está muy contenta”, dice parcamente. No quiere remover más la historia ni hablar de su bisabuelo, del que solo sabe lo que de él pone en el proceso sumarísimo. “Y ahí ponían cualquier cosa”. Los silencios en casa se encargaron de borrar la memoria.
Balaguer pudo leer en ese proceso que a su bisabuelo lo detuvieron junto a otros siete vecinos el 12 de junio de 1938, el mismo día en que las tropas franquistas entraron en el pueblo. “Los familiares saben que era una persona comprometida, de izquierdas, y poco más”, detalla Matías Alonso. El procedimiento sumarísimo se instruyó el 28 de junio. El 19 de julio su sentencia a muerte se hizo firme. Sus familiares explican que José Valls y Luis Meseguer fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser fusilados. El lugar exacto se lo contó quien fue el enterrador a Antonia poco después del ajusticiamiento: un camino que dividía el cementerio.
A sus 86 años, y cuando se van a cumplir 75 años del crimen, Antonia verá cumplido su sueño. Su nieto Carlos respira: “Ahora, después de tanto tiempo, lo podrá ver”. Fuente: El País.
La fosa común de Borriol será la primera que se exhume con las donaciones de personas anónimas (299 han apoyado la campaña), con el esfuerzo de voluntarios y el empeño de la familia. “Un trabajo como este necesita de entre 20.000 a 40.000 euros, lo vamos a hacer sin cobrar (salvo un mínimo importe en dos casos) y con la manutención de los familiares”, explica Miguel Mezquida, director del grupo de arqueólogos. En un principio, incluso se habían planteado vivir en la casa de los Valls. “Finalmente nos han buscado una casa rural en la que alojarnos durante la semana que durarán los trabajos”, apunta.
Carlos Balaguer es bisnieto de José Valls. Apenas ha hablado durante todo este proceso porque su objetivo era cumplir el deseo de Antonia y sacar a su padre de la fosa común en la que yace junto a Luis Meseguer. Los únicos que fueron fusilados a primera hora de ese 2 de septiembre de 1938 en Borriol. “Estamos muy agradecidos al alcalde (Adelino Santamaría, del PP) por su apoyo. Ya se lo hemos dicho a Antonia, está muy contenta”, dice parcamente. No quiere remover más la historia ni hablar de su bisabuelo, del que solo sabe lo que de él pone en el proceso sumarísimo. “Y ahí ponían cualquier cosa”. Los silencios en casa se encargaron de borrar la memoria.
Balaguer pudo leer en ese proceso que a su bisabuelo lo detuvieron junto a otros siete vecinos el 12 de junio de 1938, el mismo día en que las tropas franquistas entraron en el pueblo. “Los familiares saben que era una persona comprometida, de izquierdas, y poco más”, detalla Matías Alonso. El procedimiento sumarísimo se instruyó el 28 de junio. El 19 de julio su sentencia a muerte se hizo firme. Sus familiares explican que José Valls y Luis Meseguer fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser fusilados. El lugar exacto se lo contó quien fue el enterrador a Antonia poco después del ajusticiamiento: un camino que dividía el cementerio.
A sus 86 años, y cuando se van a cumplir 75 años del crimen, Antonia verá cumplido su sueño. Su nieto Carlos respira: “Ahora, después de tanto tiempo, lo podrá ver”. Fuente: El País.
miércoles, 28 de agosto de 2013
De profesión, genocidas. El documental ‘The act of killing’, de Joshua Oppenheimer, entrevista a los asesinos de 500.000 indonesios en la masacre de 1965
El documental The act of killing está conmocionando Indonesia hasta el punto que su director, Joshua Oppenheimer (Texas, 1974), quiere creer en ello. Después de rodar su filme, que ofrece los testimonios de los verdugos que perpetraron la masacre de al menos medio millón de supuestos comunistas de 1965 a 1966, el cineasta confía en que la tremenda reacción que está teniendo la película tendrá su efecto. Para evitar que el gobierno prohibiera su obra, Oppenheimer reunió a los principales medios de comunicación indonesios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para una proyección de la película. La reacción fue unánime. “Me dijeron que esto era un antes y después para Indonesia. Que ya no podía ignorarse el genocidio tras un filme así”.
La revista de referencia en la nación, Tempo, dedicó un especial de 75 páginas a la película y a los testimonios de los asesinos contratados por el gobierno para las matanzas. Agotó tres ediciones. Y en este 2013, The act of killing ha encontrado finalmente hueco en las salas. “De 60 sesiones en 13 ciudades en diciembre pasamos a 500 en 95 ciudades. Y la película se convertirá en gratuita para todos los indonesios a partir del 30 de septiembre, fecha del inicio de la masacre”. En España, donde recibió el primer premio del jurado y el reconocimiento del público en Documenta Madrid 2013, se estrena el próximo viernes.
Pero antes de alcanzar esta catarsis, Oppenheimer vivió voluntariamente en un infierno al obligarse a retratar de cerca a los gánsteres que se ensuciaron las manos en las purgas de comunistas. “Podía ser tan directo como para decir: ‘Has formado parte de uno de los mayores genocidios en la humanidad, ¿qué te hace sentir?’. Y no se trataba de darles la cuerda suficiente para que se colgaran sino de entender quiénes son, el papel que juegan en la sociedad y cómo esta reacciona a ese papel”. Los asesinos se encuentran tan desinhibidos que describen sin problemas el método exacto para perpetrar la masacre. En una secuencia de la versión extendida del filme, con una hora de metraje más, uno de ellos dice que su mayor disfrute eran las violaciones.
En cambio, su lado más humano emerge constantemente, como cuando Anwar Congo, gángster ya anciano, rompe a llorar al ver una escena en la que él interpreta el papel de la víctima que va a ser liquidada por comunista: “Lo entiendo, Joshua, lo entiendo. Entiendo el dolor de las víctimas”. Y el director, que le filma en el salón de su casa, contesta: “No, no lo entiendes. Tú sabías que esto era una actuación y ellos sabían que iban a morir”.
De los asesinos que Oppenheimer entrevistó, Anwar fue el elegido para cargar sobre sus hombros el peso de la película. “Su dolor estaba más cerca de la superficie”, revela el documentalista. “Para mí fue tan duro como para el público ver la película. No sé filmar una historia sobre una persona sin intimar con ella. Un ser humano es algo tan complejo que solo puede entenderse si llegas a conocerle muy bien. Me obligué a verle como un hombre. Y lo hice por una razón: es un ser humano. Todos lo son. El hecho de que no se demonice a nadie, que se les muestre con el mismo amor por su humanidad ha causado que los medios y la discusión social en Indonesia no se centre en señalar a los culpables, sino en reconocer el pasado y mirar juntos hacia el futuro”.
Allí también apunta la mirada del cineasta, que ya se encuentra preparando su próxima película, también en Indonesia y también relacionada con el drama que se relata en El acto de matar. “Estoy montando otra película sobre un grupo de supervivientes que descubrieron quién mató a su hijo a través de mi investigación con los ejecutores. Y es algo muy doloroso, porque reúno a las víctimas y al verdugo para que se vean cara a cara”. A pesar de las pesadillas que le han durado años por The Act of Killing, Oppenheimer no se ha cansado de hacer cine. Tal vez sea por lo que piensa sobre el séptimo arte: “Creo que el cine ha sido parte de nuestra alienación. Pero creo que también lo puede ser de nuestro despertar”.
Leer más aquí en la BBC.
miércoles, 27 de octubre de 2010
City of Life and Death. Ciudad de vida y muerte
Ayer martes vimos en el cine-club City of Life and Death (chino: 南京! 南京!, pinyin: Nánjīng! Nánjīng!) en pocas palabras, una extraordinaria película, para mi a no perderse. Comentando a la salida con los amigos "debería ser más difundida" "para ver absolutamente". Es la tercera película del director chino Lu Chuan. Trata sobre la batalla de Nankín y los sucesos posteriores, conocidos como el "saco de Nankín" o la masacre de Nankín durante la segunda Guerra Sino-Japonesa. La película también se conoce como Nanking! Nanking! o Nanjing! Nanjing!.
La música, en la que los tambores juegan un importante papel, sencillamente genial. La fotografía, los movimientos de masas y el guión son toda una lección de buen cine. Es una película que muestra la guerra, la terrible guerra, para ir en contra de todas las guerras y a favor de la paz y la vida, aunque como dice un protagonista "a veces sea más fácil morir que vivir". Un papel importante lo juega el alemán John Rabe, (sobre el que se ha estrenado hace poco otra película) representante de los intereses de la empresa alemana Siemens en Nankin, como ocurrió en la vida real, ya que fue elegido representante de los extranjeros en la ciudad al pertenecer al partido nazi y ser alemán, con la esperanza de que pudiese mantener buenas relaciones con sus aliados japoneses, para que respetaran la zona de protección que establecieron. No fue así
No ha sido elegida por China para competir en los Oscars a Mejor Película de Habla No Inglesa. Fue olvidada por varios festivales importantes, como Cannes o Venecia. Y fue San Sebastián la que le ofreció el escaparate que se merece este sobrecogedor filme chino que retrata la masacre de Nanking, la capital china en aquella época, a manos del ejército japonés en la II Guerra Mundial.
Desde que se proyectó en el Zinemaldia, estaba claro que este filme tenía que salir ganador del festival, y así fue porque se llevó una merecida Concha de Oro. Más aquí.
Críticas.
Escalofriante (...) Si el arranque posee el poder de conmoción del mejor cine bélico, el desarrollo de la tragedia te pone los pelos de punta." (Carlos Boyero: Diario El País)
"Lu Chuan decide 'spielbergizar', en el mejor sentido de la palabra, su modo de narrar el episodio. No es 'La lista de Schindler', ni tampoco 'Salvar al soldado Ryan', pero hay tramos de este espectáculo cinematográfico que no tienen que envidiar en nada a ninguna de ellas." (E. Rodríguez Marchante: Diario ABC)
"Una producción sencillamente impresionante (...) Desde el primer segundo, la cinta se desentiende de la verdad, por sí sola brutal, para entregarse al menos noble arte de desenterrar cadáveres. Hablamos de propaganda." (Luis Martínez: Diario El Mundo) (Crítica sencillamente impresentable por lo que se ve en la película y lo que se sabe históricamente, entre otros documentos, por el diario del propio John Rabe. Así se escriben las críticas, por otra parte, en contradicción con otras que aquí se exponen.)
"Cine grandioso y contenido al mismo tiempo, impresionante en las formas, respetuoso con lo que cuenta." (Ricardo Aldarondo: Fotogramas)
No ha sido elegida por China para competir en los Oscars a Mejor Película de Habla No Inglesa. Fue olvidada por varios festivales importantes, como Cannes o Venecia. Y fue San Sebastián la que le ofreció el escaparate que se merece este sobrecogedor filme chino que retrata la masacre de Nanking, la capital china en aquella época, a manos del ejército japonés en la II Guerra Mundial.
Desde que se proyectó en el Zinemaldia, estaba claro que este filme tenía que salir ganador del festival, y así fue porque se llevó una merecida Concha de Oro. Más aquí.Críticas.
Escalofriante (...) Si el arranque posee el poder de conmoción del mejor cine bélico, el desarrollo de la tragedia te pone los pelos de punta." (Carlos Boyero: Diario El País)
"Lu Chuan decide 'spielbergizar', en el mejor sentido de la palabra, su modo de narrar el episodio. No es 'La lista de Schindler', ni tampoco 'Salvar al soldado Ryan', pero hay tramos de este espectáculo cinematográfico que no tienen que envidiar en nada a ninguna de ellas." (E. Rodríguez Marchante: Diario ABC)
"Una producción sencillamente impresionante (...) Desde el primer segundo, la cinta se desentiende de la verdad, por sí sola brutal, para entregarse al menos noble arte de desenterrar cadáveres. Hablamos de propaganda." (Luis Martínez: Diario El Mundo) (Crítica sencillamente impresentable por lo que se ve en la película y lo que se sabe históricamente, entre otros documentos, por el diario del propio John Rabe. Así se escriben las críticas, por otra parte, en contradicción con otras que aquí se exponen.)
"Cine grandioso y contenido al mismo tiempo, impresionante en las formas, respetuoso con lo que cuenta." (Ricardo Aldarondo: Fotogramas)
Otras críticas aquí de Página 12.
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