Cada año, el 6 de agosto, Japón conmemora el aniversario de la destrucción de Hiroshima por la bomba atómica estadounidense que arrasó la ciudad, en un abrir y cerrar de ojos, y se llevó por delante las vidas de decenas de miles de personas.
Sin duda, el 70º aniversario, que se cumple este año, se conmemorará con ganas. En esta ocasión la palabra clave es paz. La ceremonia tendrá lugar en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, construido en 1954 cerca del punto donde estalló la bomba. A las 8.15, hora en que tuvo lugar el bombardeo, el primer ministro, Shinzo Abe, y otros dignatarios se unirán a los ciudadanos de a pie en oraciones silenciosas. Seguirá el repique de las “campanas de la paz”, la lectura de una “declaración de paz”, y se echarán a volar palomas al cielo que un día cubrió la nube en forma de hongo.
La paz es, por sí misma, una condición difícil de objetar. Puede actuar como el mínimo común denominador que une a personas con convicciones políticas dispares e incluso antiguos enemigos. Las plegarias por la paz, que aluden sobre todo al abrumador sufrimiento infligido a las víctimas de las bombas de Hiroshima y Nagasaki (atacada el 9 de agosto), también permiten a muchos japoneses eludir una tarea aún más difícil: reconciliar las interpretaciones opuestas sobre las causas que llevaron a la guerra y desencadenaron la mayor hecatombe nuclear de la historia.
Es fácil olvidar que, en 1945, las armas nucleares eran vistas como una prolongación natural de las preferencias estratégicas de un país para enfrentarse al enemigo. Bajo la doctrina de la guerra total, los civiles que estaban en la retaguardia, incluidas las mujeres y los niños, también eran considerados combatientes. El bombardeo alemán de Gernika de 1937 conmocionó al mundo, pero con el tiempo todas las potencias aceptaron la idea de que las víctimas civiles formaban parte integrante de aquella guerra total, bien porque los bombardeos de precisión contra objetivos militares se consideraban demasiado complejos, bien porque convertir a los civiles en un blanco se consideraba una estrategia desmoralizadora eficaz, o bien, y cada vez más a medida que la guerra se prolongaba, por ambas razones.
Japón se anticipó al Blitz [el bombardeo continuado de Reino Unido por parte de la Alemania nazi] y fue uno de los primeros países en lanzar bombas sobre civiles, en particular en Chongqing, adonde Chang Kai-shek había trasladado la capital china, desde finales de 1938. Cuando las fuerzas aliadas también empezaron a hacerlo, lo llevaron hasta sus últimas consecuencias en Hamburgo, Berlín y otros muchos lugares de Alemania, alcanzando su punto culminante con el lanzamiento de bombas incendiarias sobre ciudades japonesas. Tokio sufrió el mayor ataque aéreo del 9 al 10 de marzo de 1945 (entre 80.000 y 100.000 muertos en una noche).
Cuando Tokio se rindió, el 15 de agosto de 1945, más de 200 ciudades japonesas habían sido bombardeadas. Los que vivían en los centros urbanos huían en masa al campo, echando por tierra la idea de los planificadores de la guerra total de que todos y cada uno de los japoneses lucharían hasta el final. Okinawa había caído, y a la población civil se la dejó morir de hambre debido a una red de minas submarinas sembradas por Estados Unidos que impedían el transporte de los ya escasos suministros de alimentos. Sobre todo, la entrada de la Unión Soviética en la guerra el 9 de agosto convirtió la invasión desde dos frentes, el soviético y el estadounidense en una perspectiva aterradora para los líderes japoneses.
Es posible que las bombas atómicas precipitasen el ritmo de los acontecimientos, pero el temor a la Unión Soviética e incluso a una situación revolucionaria en Japón eran motivos convincentes para que el país se rindiese.
El Japón más conservador cree que mientras se hable de paz se evitará el examen de sus propias agresiones
Así pues, nació el nuevo Japón, con una Constitución pacifista en la que renunciaba a la guerra. El borrador fue redactado por Estados Unidos, si bien gran parte de la burocracia de los tiempos de guerra permaneció intacta, y algunos de los líderes de esa época no tardaron en volver a ocupar cargos públicos. Sobre todo llama la atención que el emperador Hirohito, en cuyo nombre se libró la guerra, se convirtiese en símbolo de la paz. Las autoridades estadounidenses de ocupación temían, tal vez injustificadamente, que sin él se produjesen disturbios, y más tarde necesitaban a Japón como aliado estable en la época de la Guerra Fría. Con el emperador de la guerra aún en el trono, se convirtió en imposible discutir abiertamente las fuentes de la responsabilidad de las autoridades japonesas durante la época bélica (con atrocidades cometidas en China, Vietnam o Indonesia a raíz del afán imperialista del régimen, pero también las consecuencias brutales que tuvo para el pueblo japonés entrar en la guerra).
En todo caso, Japón demostró ser un valioso aliado de Estados Unidos, y con la ayuda de una rápida recuperación económica, pronto sintió la tentación de olvidar el oscuro pasado bélico. No es de extrañar que en el país no haya habido el equivalente a la “genuflexión” de Willy Brandt, cuando el canciller de la República Federal de Alemania se arrodilló espontáneamente ante el monumento al levantamiento del gueto de Varsovia en una demostración inequívoca del arrepentimiento alemán.
El Japón más conservador y oficialista, todavía dominado por la extrema derecha, continúa dando por sentado que, mientras se siga hablando de paz, podrá evitar hacer un examen de otros aspectos más sórdidos de su historia agresiva e imperialista, dicho sea sin perjuicio de algunas admirables iniciativas civiles, periodísticas, artísticas y académicas emprendidas a lo largo del tiempo para dar pie a un debate público sincero. Existe una clara división entre aquellos que consideran la guerra como un noble, aunque fallido, intento de defender los intereses del país y los que la ven como un trágico error.
El uso frívolo de un lenguaje pacifista tiene sus riesgos. El 15 de julio, el Gobierno de Shinzo Abe impuso en el Congreso un nuevo proyecto de ley de seguridad que permitiría a Japón enviar ayuda militar a sus aliados como parte de la seguridad colectiva. Esto ha hecho caer en picado el índice de aprobación del primer ministro. Ante el temor de que la normativa pueda involucrar a Japón en el uso de la fuerza militar activa que el país ha rechazado como una cuestión de identidad nacional de la época de posguerra, alrededor de 150 intelectuales, entre ellos un premio Nobel de física y una conocida académica feminista, se han opuesto conjuntamente a la legislación calificándola de equivocada y despótica. Al mismo tiempo, decenas de miles de personas han salido a las calles en una imagen que recuerda a las manifestaciones antinucleares que siguieron al desastre de Fukushima.
La triple catástrofe del terremoto, el tsunami y la explosión de los reactores nucleares que sacudió el noreste de Japón en marzo de 2011 es profundamente relevante para la actual retórica popular, ya que sirvió como llamada de atención para muchos japoneses, a los que con frecuencia se acusa de pasividad fatalista e indiferencia ante la política. Puede que los dos primeros fuesen desastres naturales, pero el tercero fue claramente causado por la mano del hombre, consecuencia de años de mala gestión y de la decidida presión del régimen conservador a favor de la energía nuclear desde mediados de la década de 1950.
En tiempos más ingenuos, el Gobierno casi había convencido a los ciudadanos de que la energía nuclear era “segura”, y de que Japón, siendo como era el único país de la historia víctima de un bombardeo nuclear, mostraría al resto del mundo cómo emplearla con un fin pacífico. El fiasco de Fukushima puso de manifiesto que lo que tanto tiempo se había calificado de “seguro” no lo era en absoluto. Y cuando se trata del uso de la fuerza militar, muchos japoneses también ponen objeciones a la versión de la paz del Gobierno de Abe. Por lo tanto, es posible que los que este año pronunciarán una oración por la paz en Hiroshima aparentemente unidos, al fin y al cabo no lo estén tanto.
Eri Hotta es historiadora japonesa y autora de Japón 1941 / El camino a la infamia: Pearl Harbor (Galaxia Gutenberg, 2015).
jueves, 6 de agosto de 2015
Más de 3,7 millones de parados no perciben prestación alguna. Solo el 27,8% de desempleados percibe de algún tipo de seguro de desempleo, según la EPA
Esta cifra deja en un 27,8% el porcentaje de parados con ayudas. La tasa oficial de cobertura que elabora el Ministerio de Empleo es más alta: en mayo, último dato disponible, ascendía al 54,5%. Esta diferencia tiene varias causas. La primera que el número de parados del INE (5,1 millones) es mucho mayor que el del Ministerio de Empleo, que solo cuenta a los registrados en sus oficinas (4,1 millones).
La otra es que en la cifra de beneficiarios de prestaciones de Empleo hay receptores que la EPA no considera parados (trabajadores a tiempo parcial con prestación, afectados por regulaciones temporales de empleo, prejubilados). En cambio, el INE para averiguar si un desempleado percibe ayudas pregunta directamente al encuestado si percibe prestación o subsidio.
El Ministerio de Empleo ha admitido esta misma diferencia en una pregunta parlamentaria efectuada por el parlamentario socialista Antonio Pradas, que fue publicada en el Boletín de las Cortes del pasado 3 de junio. En ella, el departamento dirigido por Fátima Báñez repasa los datos de la encuesta de población activa de finales de 2014 y reconoce que el número de parados que en ese momento no percibía prestación alguna ascendía a 3.747.000. También apunta que, partiendo de esa fuente, el porcentaje de quienes no recibían nada era del 30,3%, frente al 56,49% de la cifra oficial de Empleo correspondiente a enero.
Más de 3,7 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación del Ministerio de Empleo, según la EPA del segundo trimestre de este año. La cifra ha bajado en los últimos meses, pero aún está por encima de los 1,3 millones de 2007. En resumen, solo percibe algún tipo de subsidio el 27,8% de parados. Hay que tener en cuenta que 561.000 del total no ha trabajado nunca y no han generado el derecho para percibir cobrar ayudas.
La mejora laboral ha reducido el número de parados que no recibe ayuda alguna procedente el Ministerio de Empleo. Pero todavía no lo hace con la suficiente fuerza como para reducir uno de los problemas graves que se han generado por la larga duración de la crisis: la gran cantidad de parados que han agotado el seguro de desempleo en todas sus modalidades, no encuentran un trabajo y no reciben ayuda alguna del Ministerio de Empleo. Este colectivo asciende a más de 3,1 millones de parados, a los que hay que sumar los 561.000 parados que no han trabajado nunca. La suma arroja un resultado de 3.711.680, según la extracción de los microdatos de la encuesta de población activa que elabora trimestralmente el investigador Enrique Negueruela para la Fundación Primero de Mayo, vinculada a CC OO.
Esta cifra deja en un 27,8% el porcentaje de parados con ayudas. La tasa oficial de cobertura que elabora el Ministerio de Empleo es más alta: en mayo, último dato disponible, ascendía al 54,5%. Esta diferencia tiene varias causas. La primera que el número de parados del INE (5,1 millones) es mucho mayor que el del Ministerio de Empleo, que solo cuenta a los registrados en sus oficinas (4,1 millones).
La otra es que en la cifra de beneficiarios de prestaciones de Empleo hay receptores que la EPA no considera parados (trabajadores a tiempo parcial con prestación, afectados por regulaciones temporales de empleo, prejubilados). En cambio, el INE para averiguar si un desempleado percibe ayudas pregunta directamente al encuestado si percibe prestación o subsidio.
El Ministerio de Empleo ha admitido esta misma diferencia en una pregunta parlamentaria efectuada por el parlamentario socialista Antonio Pradas, que fue publicada en el Boletín de las Cortes del pasado 3 de junio. En ella, el departamento dirigido por Fátima Báñez repasa los datos de la encuesta de población activa de finales de 2014 y reconoce que el número de parados que en ese momento no percibía prestación alguna ascendía a 3.747.000. También apunta que, partiendo de esa fuente, el porcentaje de quienes no recibían nada era del 30,3%, frente al 56,49% de la cifra oficial de Empleo correspondiente a enero.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/07/26/actualidad/1437938831_440383.html
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miércoles, 5 de agosto de 2015
martes, 4 de agosto de 2015
El Pinoso, Alicante. Restaurante de paco Gandía. Una sencilla y excelsa paella. Josefa Navarro cocina en Pinoso el arroz que vuelve locos a Adrià o a Arzak
Contaba Josep Pla, ese punto de vista andante con boina, como le definía Manuel Vázquez Montalbán, que de vez en cuando hay que zamparse una paella como Dios manda para saber cómo sabe realmente la buena, pero, también, para ser conscientes de cuáles son las malas.
España es cuna de grandes maneras de hacer arroz, pero a menudo se dan en llamar paellas a lo que sólo resultan simulacros. Es algo que vino a deducir el escritor catalán con hartas dosis de seso, hace ya unos cuantos años, en ese librito cocido con ironía y seny que tituló Lo que hemos comido. El virus de las malas paellas no ha remitido, sino que ha ido lamentablemente en aumento. Pero también es cierto que un buen puñado de restaurantes, conscientes de los crímenes que se cometen en su nombre, se han esmerado por rescatarlo de su contagiosa mediocridad.Para recuperar pertinentemente las esencias del arte arrocero conviene parar en Pinoso (Alicante) y recalar en el templo de fuego que cada día aviva como una faquir Josefa Navarro en Paco Gandía, el restaurante que desde hace 30 años regentan ella y su marido.
Su receta es sencilla. Nos devuelve al arroz que los campesinos apañaban en sus respectivos entornos sin más ingredientes que los animales de campo de que disponían. Pero la mecánica diaria que aplica en sus fogones comporta riesgos parecidos a los de una producción siderúrgica en serie. Cada mediodía de su vida, esta mujer con aires de serena sacerdotisa soporta paciente temperaturas de 70 grados o más al acercarse a retirar en plena ebullición de la pira alimentada por ella las paellas que sirve Gandía en la sala.
“El arroz debe ser sénia bahía, de los más difíciles de cocinar”
“Mañana viene Joël Robuchon”, comenta Paco Gandía sin darle más importancia que el acontecimiento de una visita anual. Uno de los sumos sacerdotes de la post nouvelle cuisine acude cada verano al local. Entre el minimalismo de su predicamento y la propuesta paellera del restaurante alicantino puede haber una diferencia de varios centímetros de diámetro. Pero cuando sacan el recipiente en círculo a la mesa y uno empieza a rascar con la cuchara sin necesidad de bajarlo al plato, la distancia se disipa en el paladar con la contundencia sencilla de los grandes manjares.
Al caldo mañanero del caracol y el conejo le han seguido 20 minutos —o menos—, de cocción a un fuego salvaje, furibundo, enardecido. La proteína del mero campo junto al arroz, el azafrán, el aceite, la sal y un poquito de tomate, “sin que se note”. Antes le han precedido unas entradas que nos muestran el producto de otra manera y que pueden ir desde caracoles a la brasa a un hígado encebollado, revuelto de morcilla o unos taquitos de conejo con ajos tiernos.
Paco Gandía quiere analizar los ingredientes por partes: “El arroz debe ser sénia bahía, de los más difíciles de cocinar. No es blanco, tiene unas pintitas negras; si lo filtras mucho le quitas propiedades”, afirma. “El conejo lo compramos en los mataderos y tiene que haberse sacrificado dos o tres días antes. No queremos que nadie lo manipule desde ese momento, salvo nosotros”. En cuanto a los caracoles… “De aquí, que tenemos cuatro sierras alrededor. Pueden ser distintos, pero el mejor se da donde abunda el romero y el tomillo. La época para recolectarlos, primavera y otoño, cuando el monte y los campos están más plenos”. No puede faltar el toque que muchas veces marca la diferencia: “El azafrán tiene que ser bueno, de los que existen en el mercado en torno a los 6.000 euros el kilo, y no podemos cambiar ni la sal ni el agua. Cuando lo hemos hecho por necesidad, se nota”.
Gandía lo cuenta. Pero dentro de la cocina, Josefa lo pone en práctica y no permite que nadie interfiera en su método: “Aquí somos yo y mi relación con el fuego”. Así es cuando, un tanto apartado del aquelarre, alguien la observa. Vestida de blanco, penetra entre las llamas para esparcir los ingredientes: un puñado de sal, un golpe de azafrán, una cucharada robada para comprobar el equilibrio de los sabores.
Los aromas le son tan mecánicamente familiares que si va a cualquier restaurante, los huye. “Ni se me ocurre pedir arroz en ningún sitio. ¿Para qué si es lo que pruebo cada día en mi cocina?”. No mueve un dedo pues por una paella, pero sí la clientela que tienen en 100 kilómetros a la redonda, dentro de un vértice al que llegan comensales de Murcia o la Comunidad Valenciana, dispuestos a pagar 18 euros por ración.
Por no hablar de los peregrinos como el citado Robuchon o también Ferran Adrià y Juan Mari Arzak, igual de asiduos al arte entroncado con los ritos del fuego que les ofrece Josefa en la mesa. Su dominio es absoluto: ella mete la mano y las llamas se apartan.
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/02/actualidad/1438541325_691697.htm
España es cuna de grandes maneras de hacer arroz, pero a menudo se dan en llamar paellas a lo que sólo resultan simulacros. Es algo que vino a deducir el escritor catalán con hartas dosis de seso, hace ya unos cuantos años, en ese librito cocido con ironía y seny que tituló Lo que hemos comido. El virus de las malas paellas no ha remitido, sino que ha ido lamentablemente en aumento. Pero también es cierto que un buen puñado de restaurantes, conscientes de los crímenes que se cometen en su nombre, se han esmerado por rescatarlo de su contagiosa mediocridad.Para recuperar pertinentemente las esencias del arte arrocero conviene parar en Pinoso (Alicante) y recalar en el templo de fuego que cada día aviva como una faquir Josefa Navarro en Paco Gandía, el restaurante que desde hace 30 años regentan ella y su marido.
Su receta es sencilla. Nos devuelve al arroz que los campesinos apañaban en sus respectivos entornos sin más ingredientes que los animales de campo de que disponían. Pero la mecánica diaria que aplica en sus fogones comporta riesgos parecidos a los de una producción siderúrgica en serie. Cada mediodía de su vida, esta mujer con aires de serena sacerdotisa soporta paciente temperaturas de 70 grados o más al acercarse a retirar en plena ebullición de la pira alimentada por ella las paellas que sirve Gandía en la sala.
“El arroz debe ser sénia bahía, de los más difíciles de cocinar”
Josefa Navarro, cocinera de Paco Gandía
“Hacia las siete y media voy cociendo en los pucheros el conejo y los caracoles. Ese caldo necesita un reposo de unas cuatro horas antes de pasar a cocerse con el arroz”. Lo comenta al tiempo que va metiendo sobre las brasas los matojos atados de sarmiento. En la calle de su discreto Pinoso pueden lamentarse sin exagerar los 38 o 40 grados de este verano interminable. Pero a Josefa, por el contrario, cuando sale de la cocina, le alivian. De un golpe, puede bajar unos cuantos celsius la angustiosa presión de su hábitat.
“Mañana viene Joël Robuchon”, comenta Paco Gandía sin darle más importancia que el acontecimiento de una visita anual. Uno de los sumos sacerdotes de la post nouvelle cuisine acude cada verano al local. Entre el minimalismo de su predicamento y la propuesta paellera del restaurante alicantino puede haber una diferencia de varios centímetros de diámetro. Pero cuando sacan el recipiente en círculo a la mesa y uno empieza a rascar con la cuchara sin necesidad de bajarlo al plato, la distancia se disipa en el paladar con la contundencia sencilla de los grandes manjares.
Al caldo mañanero del caracol y el conejo le han seguido 20 minutos —o menos—, de cocción a un fuego salvaje, furibundo, enardecido. La proteína del mero campo junto al arroz, el azafrán, el aceite, la sal y un poquito de tomate, “sin que se note”. Antes le han precedido unas entradas que nos muestran el producto de otra manera y que pueden ir desde caracoles a la brasa a un hígado encebollado, revuelto de morcilla o unos taquitos de conejo con ajos tiernos.
Paco Gandía quiere analizar los ingredientes por partes: “El arroz debe ser sénia bahía, de los más difíciles de cocinar. No es blanco, tiene unas pintitas negras; si lo filtras mucho le quitas propiedades”, afirma. “El conejo lo compramos en los mataderos y tiene que haberse sacrificado dos o tres días antes. No queremos que nadie lo manipule desde ese momento, salvo nosotros”. En cuanto a los caracoles… “De aquí, que tenemos cuatro sierras alrededor. Pueden ser distintos, pero el mejor se da donde abunda el romero y el tomillo. La época para recolectarlos, primavera y otoño, cuando el monte y los campos están más plenos”. No puede faltar el toque que muchas veces marca la diferencia: “El azafrán tiene que ser bueno, de los que existen en el mercado en torno a los 6.000 euros el kilo, y no podemos cambiar ni la sal ni el agua. Cuando lo hemos hecho por necesidad, se nota”.
Gandía lo cuenta. Pero dentro de la cocina, Josefa lo pone en práctica y no permite que nadie interfiera en su método: “Aquí somos yo y mi relación con el fuego”. Así es cuando, un tanto apartado del aquelarre, alguien la observa. Vestida de blanco, penetra entre las llamas para esparcir los ingredientes: un puñado de sal, un golpe de azafrán, una cucharada robada para comprobar el equilibrio de los sabores.
Los aromas le son tan mecánicamente familiares que si va a cualquier restaurante, los huye. “Ni se me ocurre pedir arroz en ningún sitio. ¿Para qué si es lo que pruebo cada día en mi cocina?”. No mueve un dedo pues por una paella, pero sí la clientela que tienen en 100 kilómetros a la redonda, dentro de un vértice al que llegan comensales de Murcia o la Comunidad Valenciana, dispuestos a pagar 18 euros por ración.
Por no hablar de los peregrinos como el citado Robuchon o también Ferran Adrià y Juan Mari Arzak, igual de asiduos al arte entroncado con los ritos del fuego que les ofrece Josefa en la mesa. Su dominio es absoluto: ella mete la mano y las llamas se apartan.
Treinta años de secretos
No es solo el tipo de arroz, preferentemente bomba o sénia bahía, como el que prescriben Josefa Navarro y Paco Gandía. El primero da un margen extra de cocción que puede ser fundamental. Como resulta primordial un sofrito esmerado que debe hacerse horas antes con una base de aceite, ajo, cebolla y pimiento verde. Los ingredientes deben ser frescos y ahí se deja, lejos de la ortodoxia, al gusto de quien la vaya a cocinar. Al fin y al cabo, la paella no deja de ser un variado arroz con cosas. Durante la cocción debe medirse el agua, siempre doble que la cantidad de arroz y añadirse la sal y el mejor azafrán posible. En eso hay que esmerarse y no dejarse timar por vendedores de colorante con disfraz de esta especia tan delicada como fundamental. El fuego debe ser conocido y regulable. Muchas se estropean por cocerse en fogones extraños al manejo habitual de los mismos. Finalmente, el reposo, mínimo de tres minutos…
Restaurante Paco Gandía - Pinoso - arroz con conejo y caracoles
www.pacogandia.com/- Dirección: Calle San Francisco, 10, 03650 El Pinós, AlicanteAbierto todos los días a medio día excepto los lunes.
- Pinoso
- Superficie: 126,9 km²
- Tiempo: 30 °C, viento SE a 11 km/h, 49 % de humedad
El hombre endeudado. La deuda de España ha pasado del 253% del PIB al 320% en siete años. ¿Qué austeridad es esta?
Un congreso sobre toda la deuda europea, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, porque la reestructuración de la mayor parte de la deuda, no solo de Grecia sino de varios países europeos, es inevitable. Esta es la principal propuesta que hace el economista francés Thomas Piketty en una entrevista dedicada a analizar “la ideología alemana” del primer tercio del siglo XXI.
Las declaraciones tienen valor porque se han hecho en la prensa germana y porque Piketty ha puesto negro sobre blanco lo que muchos piensan pero nadie se atreve a decir en voz alta: la imposibilidad de pagar los gigantescos volúmenes de deuda, pública y privada, interna y externa, acumulada en muchos países como factor determinante del modelo de crecimiento desde mucho antes de la crisis.
Los datos los acaba de publicar Analistas Financieros Internacionales (AFI) en un informe para la Fundación de las Cajas de Ahorro (“Endeudamiento de España: ¿quién debe a quién”?). Desde 2007 a 2014 la deuda mundial ha continuado creciendo, tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas. En estas últimas, la deuda agregada ha pasado de representar el 230% del PIB al inicio de la crisis al 272% a finales del año pasado, 42 puntos más.
En España, por poner el ejemplo más cercano, esa evolución ha sido aún peor: del 253% al inicio, al 320% del PIB en 2014, ¡67 puntos de PIB más de deuda! Curiosos casos de “austeridad expansiva” con estancamiento (o recesión), enormes recortes presupuestarios, reducción de los déficit... y aumento desaforado de la deuda, que habrán de pagar nuestros descendientes si no se produce esa reestructuración por la que clama Piketty (“Los griegos, sin duda, ha cometido muchos errores; hasta 2009 el Gobierno de Atenas falsificaba sus cuentas, pero a pesar de ello la nueva generación de griegos no tiene mayor responsabilidad por los errores de los más viejos que la nueva generación alemana en los cincuenta y en los sesenta (...) Europa se fundó sobre el perdón de las deudas no sobre la idea de la penitencia eterna”).
En La fábrica del hombre endeudado (Amorrortu Editorial), el sociólogo italiano Maurizio Lazzarato descubre el estupor de que quienes hasta el año 2007 estimularon los créditos para mantener el consumo y la apariencia de una cierta igualdad en los signos externos de los ciudadanos sean ahora los mismos que denuncian sus consecuencias nefastas; cómo experimentar vergüenza y culpa por estar endeudado cuando poco antes la acumulación de préstamos en buenas condiciones (bajos tipo de interés y periodos largos) era una señal de ser buen ciudadano económico.
Lazzarato dice que se ha sustituido la figura del “homo economicus” (aquel que era racional en sus decisiones económicas) por la del “hombre endeudado” cuya vida entera (bancos, aseguradoras, empresas de servicios,...) es su fábrica cotidiana de producción de devoluciones de préstamos.
Más:
Estancamiento autoinfligido
Las recesiones parecen fenómenos naturales, ajenos a la mano del hombre
Creadores de escasez.
Tras las políticas de austeridad el panorama es desolador: se multiplica el paro, la exclusión y mueren miles de empresas.
Las declaraciones tienen valor porque se han hecho en la prensa germana y porque Piketty ha puesto negro sobre blanco lo que muchos piensan pero nadie se atreve a decir en voz alta: la imposibilidad de pagar los gigantescos volúmenes de deuda, pública y privada, interna y externa, acumulada en muchos países como factor determinante del modelo de crecimiento desde mucho antes de la crisis.
Los datos los acaba de publicar Analistas Financieros Internacionales (AFI) en un informe para la Fundación de las Cajas de Ahorro (“Endeudamiento de España: ¿quién debe a quién”?). Desde 2007 a 2014 la deuda mundial ha continuado creciendo, tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas. En estas últimas, la deuda agregada ha pasado de representar el 230% del PIB al inicio de la crisis al 272% a finales del año pasado, 42 puntos más.
En España, por poner el ejemplo más cercano, esa evolución ha sido aún peor: del 253% al inicio, al 320% del PIB en 2014, ¡67 puntos de PIB más de deuda! Curiosos casos de “austeridad expansiva” con estancamiento (o recesión), enormes recortes presupuestarios, reducción de los déficit... y aumento desaforado de la deuda, que habrán de pagar nuestros descendientes si no se produce esa reestructuración por la que clama Piketty (“Los griegos, sin duda, ha cometido muchos errores; hasta 2009 el Gobierno de Atenas falsificaba sus cuentas, pero a pesar de ello la nueva generación de griegos no tiene mayor responsabilidad por los errores de los más viejos que la nueva generación alemana en los cincuenta y en los sesenta (...) Europa se fundó sobre el perdón de las deudas no sobre la idea de la penitencia eterna”).
En La fábrica del hombre endeudado (Amorrortu Editorial), el sociólogo italiano Maurizio Lazzarato descubre el estupor de que quienes hasta el año 2007 estimularon los créditos para mantener el consumo y la apariencia de una cierta igualdad en los signos externos de los ciudadanos sean ahora los mismos que denuncian sus consecuencias nefastas; cómo experimentar vergüenza y culpa por estar endeudado cuando poco antes la acumulación de préstamos en buenas condiciones (bajos tipo de interés y periodos largos) era una señal de ser buen ciudadano económico.
Lazzarato dice que se ha sustituido la figura del “homo economicus” (aquel que era racional en sus decisiones económicas) por la del “hombre endeudado” cuya vida entera (bancos, aseguradoras, empresas de servicios,...) es su fábrica cotidiana de producción de devoluciones de préstamos.
Más:
Estancamiento autoinfligido
Las recesiones parecen fenómenos naturales, ajenos a la mano del hombre
Creadores de escasez.
Tras las políticas de austeridad el panorama es desolador: se multiplica el paro, la exclusión y mueren miles de empresas.
YANIS VAROUFAKIS EXMINISTRO DE FINANZAS GRIEGO Y DIPUTADO DE SYRIZA. “El tercer rescate de Grecia está diseñado para fracasar”
El exministro de Finanzas opina que España corre el riesgo de acabar igual que su país
De su cabeza perfectamente rasurada no dejan de brotar ideas y alguna que otra contradicción. El tercer rescate a Grecia, vaticina, no va a funcionar; “está diseñado para fracasar” y es el punto final a una especie de “golpe de Estado” de los acreedores. Berlín tiene un plan para llevar a la troika hasta París, “el premio gordo”. Y la Europa que atemoriza con la salida de Grecia del euro, sostiene, va camino de convertirse en una idea siniestra, con fuertes dosis de prejuicios morales y un pésimo diagnóstico de la crisis que ha llevado a recetar políticas profundamente equivocadas una y otra vez.
Pregunta. Dejó el ministerio hace poco. ¿Cómo es su día a día?
Respuesta. Los periodistas sospechan que estoy desanimado, pero no entré en política para hacer carrera. Entré para intentar cambiar las cosas. Y hay que pagar un precio por tratar de hacerlo.
P. ¿Cuál es ese precio?
R. El desdén, el profundo odio del establishment. Si uno llega a la política sin querer hacer carrera acaba metiéndose en problemas.
P. ¿Tiene la sensación de haber logrado cambiar las cosas?
R. Por supuesto. ¿Por qué si no ha venido usted a verme? El Gobierno griego fue elegido para negociar duro, con argumentos que no eran aceptables para la eurozona. El mandato de Syriza era claro: conseguir un pacto con Europa con la idea de decirles a los socios que no podían seguir ahogando a Grecia de esa forma inhumana. Los griegos nos lanzamos con una fuerza imparable contra un Eurogrupo con una lógica inamovible e irracional. El resultado ha sido un montón de ruido. Y espero que también algo de luz.
P. En su último libro, Economía sin corbata, le explica la crisis a su hija. Con el tercer rescate, Grecia seguirá bajo tutela de la extroika hasta mediados de siglo; hasta que su hija tenga más o menos su edad. ¿Cómo lleva eso?
R. Se equivoca. No es la antigua troika: la troika ha vuelto.
P. ¿Y qué le parece que los hombres de negro vayan a seguir en Atenas hasta que sus nietos sean adultos?
R. No lo harán. El acuerdo no tiene futuro. Se basa en proseguir con la farsa de la patada hacia adelante: prorrogar la crisis con nuevos préstamos insostenibles, y fingir que eso resuelve el problema.
España y el riesgo de ser como Grecia
C. P., ATENAS
Preguntado por las declaraciones en las que Mariano Rajoy sugiere que otros países pueden tomar la misma deriva que Grecia si ganan peso opciones similares a Syriza, Varoufakis apunta que el país heleno “se ha convertido en una especie de pelota de fútbol para los políticos de derechas, que insisten en asustar con Grecia a la población”.
“Los españoles tienen que mirar su situación económica y social y sobre eso valorar qué es lo que su país necesita independientemente de lo que pase en Grecia o donde sea.
El peligro de convertirse en Grecia siempre sigue ahí y se hará real si siguen repitiéndolos mismos errores que se impusieron en Grecia
”, dice el exministro. “Castigar el orgullo de un país para atemorizar a otros no es la idea de Europa por la que lucharon Felipe González, Valéry Giscard d’Estaing o Helmut Schmidt. Tenenos que recuperar el significado de ser europeo, encontrar maneras para recrear el sueño de combinar prosperidad con democracia”.
Varoufakis no cree que Podemos haya perjudicado a su Gobierno: “Nunca diría que Podemos ha sido un problema para nosotros. Puede haber intensificado el proceso. Pero sin Podemos, Europa habría usado la misma estrategia del miedo”.
P. ¿Qué espera entonces de los próximos meses? ¿Nada bueno?
R. El tercer rescate está diseñado para fracasar. Seamos sinceros: el ministro alemán, Wolfgang Schäuble, nunca estuvo interesado en pactar nada que pueda funcionar. Su plan es rediseñar la eurozona: parte de ese rediseño es echar a Grecia. Creo que está completamente equivocado, pero tiene mucho poder. Una de las falacias de estos días es presentar el pacto entre Atenas y los acreedores como una alternativa al plan de Schäuble. No es así: el acuerdo es parte del plan de Schäuble.
P. ¿Da por seguro el Grexit?
R. Ojalá no sea así. Pero habrá mucho ruido, retrasos, incumplimiento de objetivos, más recesión, problemas políticos. Cuando llegue el momento se verá si Europa quiere o no seguir adelante con el programa de Schäuble.
P. Berlín acaba de sugerir un plan para aplicar las reglas del euro aún con más dureza.
R. Schäuble quiere dejar de lado a la Comisión y crear una especie de autoridad fiscal con capacidad para echar abajo los presupuestos nacionales, incluso en países que no estén bajo programa. Es como poner a todos los socios bajo programa. El plan Schäuble es imponer la troika en todas partes. En Madrid y en Roma. Pero especialmente en París.
P. ¿París?
R. París es el premio gordo, el destino final de la troika. El Grexit se usará para crear el miedo necesario en Madrid, Roma y París.
"El 'plan Schäuble' es imponer la troika en todas partes. Sobre todo, en París"
P. ¿Sacrificar Grecia para cambiar la fisonomía de Europa?
R. Es una demostración: esto es lo que pasa si no os sometéis a la troika. Lo ocurrido en Grecia es un golpe de Estado: la asfixia de un país a través de restricciones de liquidez. En Bruselas nunca hubo interés por ofrecer un pacto mutuamente beneficioso. Las ayudas no llegaban; había que hacer frente a continuos pagos al FMI y al BCE, y al final nos quedamos sin dinero. Luego nos dieron un ultimátum y nos vimos obligados a cerrar los bancos. El resultado es el mismo que haber derrocado a un Gobierno o haberle forzado a derrocarse a sí mismo.
P. ¿En qué lugar queda Europa en ese relato?
R. Nadie puede ser libre si una sola persona está esclavizada: esa es la paradoja de Hegel. España y los demás socios no pueden prosperar, ser libres o cuidar de su soberanía y sus democracias si se impide a otro socio la prosperidad, la soberanía o la democracia.
P. Nadie discute que la austeridad era excesiva ni la necesidad de reestructurar la deuda: se discute su estrategia negociadora.
R. Nada de lo relacionado con la austeridad y el alivio de la deuda era indiscutible en enero: es indiscutible ahora, porque pusimos ese debate sobre la mesa. A todos los que me dicen que hemos fracasado, les diría que hemos logrado abrir un debate no solo sobre Grecia, sino sobre Europa, que vale su peso en oro.
"En Bruselas nunca hubo interés en un pacto mutuamente beneficioso"
P. ¿Le satisface el resultado?
R. El euro estaba mal diseñado, como se vio tras el colapso de Lehman. Desde entonces, Europa vive en estado de negación y ha hecho lo contrario de lo que debía. Un país como Grecia, con apenas el 2% del PIB europeo, eligió a un Gobierno que ha puesto sobre la mesa asuntos cruciales; tras seis meses de lucha hemos perdido la batalla. Pero ganamos la guerra: hemos cambiado el debate.
P. ¿Entonces le basta con eso?
R. Por supuesto. No puedo cuantificar ese resultado; no puedo decirle cuántos miles de millones vale transformar el debate. Pero hay cosas que se miden por su valor, no solo por su precio.
P. Usted tenía un plan B: una moneda paralela dentro del euro. ¿Aún puede activarse?
R. Vamos a separar dos cosas. Había un esquema, denominado plan X, un plan de contingencia para responder a los actos de agresión por parte del BCE, el Eurogrupo y demás instituciones. Y un diseño para un nuevo sistema de pagos a través de la oficina de impuestos. Este sistema se debería haber aplicado de todos modos; debería aplicarse mañana. Pero el plan X ya es historia.
P. Según Tsipras, no había alternativa al pacto. ¿Con el plan B está usted diciendo lo contrario?
R. Desde joven he rechazado esa idea thatcheriana de que no hay alternativa. Siempre la hay.
P. Ha hablado de terrorismo monetario y de tortura fiscal. ¿Esa retórica no fue muy nociva?
R. Esa idea de la tortura fiscal es una descripción exacta de lo sucedido. La idea es que al torturado se le mete la cabeza en el agua; antes de que se asfixie, se le permite respirar para después volver a sumergírsela, y así hasta que confiese. A Grecia se le asfixia con la falta de liquidez. Incluso tras el rescate, los socios han dado solo 7.000 millones, lo justo para pagar al FMI y al BCE: de esa manera el Gobierno sigue bajo absoluto control. En cuanto al terrorismo, el 25 de junio los acreedores nos obsequiaron con una propuesta para cinco meses, a sabiendas de que era imposible cumplir las condiciones. Decidimos someterla a referéndum, y pedimos una extensión del rescate de dos semanas para votar en paz. El Eurogrupo nos negó esa ampliación; nos obligó a cerrar los bancos. En una economía moderna, cerrar los bancos es la peor forma de terrorismo monetario. ¿Qué es el terrorismo, sino perseguir una agenda política mediante el miedo? Eso hicieron: aterrorizar a la gente sobre los efectos de votar no. Si en Bruselas se hubieran abstenido de asustar a los griegos, yo no habría usado esa palabra.
P. ¿Llamar criminal al FMI, como hizo Tsipras, favoreció en algo las condiciones del acuerdo?
R. Seamos precisos: Tsipras habló de un programa de negligencia criminal que impuso a los griegos una crisis monumental, incluida una crisis humanitaria. No subimos el nivel de nuestra retórica hasta final de junio. Hasta ahí fuimos extremadamente corteses, pese a la increíble hostilidad del Eurogrupo. Para entonces, Tsipras había acordado el 90% del programa. ¿Qué hicieron los acreedores? Dar marcha atrás y volver a plantear medidas inaceptables, por ejemplo en el IVA. Ese fue un acto de agresión: ahí hablamos de negligencia criminal.
"Lo ocurrido es un golpe de Estado: la asfixia de un país a través de restricciones de liquidez"
P. Si el acuerdo es tan malo, ¿por qué lo aceptó Tsipras?
R. Eso debe preguntárselo a él.
P. ¿Por qué no consiguió un solo aliado en el Eurogrupo?
R. Esa idea de que el Eurogrupo son 18 contra uno es ilusoria. Hay una pequeña minoría que cree en la austeridad. Hay un grupo mayor de Gobiernos que no creen en la austeridad, pero están obligados a defenderla porque la impusieron. Y todavía un tercer grupo, con Francia, que ni cree en la austeridad ni la practica.
P. ¿Los griegos que votaron a un partido de izquierdas entienden las fotos en Paris Match?
R. Dese un paseo conmigo por las calles y verá. Aun así, me arrepiento de esa sesión fotográfica, por lo demás estéticamente terrible. Puede que no me crea, pero cuando acepté no conocía Paris Match. Cometí el error de aceptar la sesión de fotos. Pido disculpas.
P. Una vez dijo que el legado de Thatcher fue la peligrosa financiarización de la economía y, sobre todo, Tony Blair. ¿Qué legado dejará Angela Merkel?
R. Europa corre el riesgo de convertirse en una jaula de hierro: espero que la canciller Merkel no quiera dejar esa herencia.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/01/actualidad/1438462320_301878.html
lunes, 3 de agosto de 2015
Entrevista a Aitor Martínez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe “Masacre de Curuguaty” “Paraguay es uno de los países de América Latina con más líderes campesinos asesinados”
Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrático en Paraguay, en el año 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, según el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas más elevadas de América Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del país. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martínez, autor del informe “Masacre de Curuguaty” (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabajó en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió contra Paraguay, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está pendiente de resolución.
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
Aitor Martínez es también abogado coordinador de la querella por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y en el despacho jurídico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzón. “El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay”, afirma Aitor Martínez, “el país más desigual de América Latina”. Un país que tiene como fuente económica principal el sector agrícola-ganadero, y que presenta tal concentración de tierras, “genera un conflicto social imposible de contener”. Algo más del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un país que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la región, también es uno de los países con mayor malnutrición. “Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Stroessner”, remata el abogado.
P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Por los hechos, que terminaron en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningún miembro de las fuerzas policiales). ¿Por qué se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algún interés en ello? ¿Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?
La investigación de los hechos está llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elevó a juicio oral en situación precaria.
Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abrió la P-417/14 actualmente en curso).
Entre otras graves irregularidades, se alertó del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasión de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que había accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusación sin que exista la mínima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusación en inquisitoria.
Es difícil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente produciría la nulidad del mismo. No sé si se producirá un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero también puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situación y se celebre finalmente.
Me gustaría asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisión de Familiares Víctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situación de la tierra. Ha sido la víctima 18 de este luctuoso hecho.
P-Como autor del informe “Masacre de Curuguaty” y abogado de las víctimas, ¿observaste alguna relación entre la escabechina y la destitución del expresidente Fernando Lugo?
Desde que Lugo llegó al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarquía para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al país en esa fecha y ser raro el día que no había rumores de un golpe. Su promesa de una distribución más equitativa de la tierra era una amenaza que debía ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de políticos “colorados” que venían planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializó el 15 de junio de 2012.
Cuando ese día se produjo la masacre, los medios de comunicación “cerraron” inmediatamente una versión oficial: los campesinos, radicalizados por las políticas de la distribución de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Policía. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos había emboscado a la Policía y había producido la masacre. Los medios sentaban una versión oficial sin investigación alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir así a Fernando Lugo, un outsider de la política que había llegado al poder después de más de 60 años de monopolio político del Partido Colorado.
Lugo era una amenaza para el “statu quo” de Paraguay, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, donde una pequeña oligarquía disfruta de una masiva concentración de la riqueza. Los principales medios de comunicación y la jerarquía política colorada son esa oligarquía que tenía como objetivo la destitución de Lugo para acabar con sus planes de distribución de la tierra a través de la recuperación de las tierras malhabidas.
Esto sentó las bases para que se planteara un juicio político de urgencia contra el Presidente de la República, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, sólo 7 días después de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigación (incluso se negó al Presidente crear una comisión de investigación), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
P-¿Afectó la defenestración de Lugo a la investigación posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, ¿han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?
Lo peor es que con la destitución de Lugo, se sentó una verdad en sede legislativa que ya no podía ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se había descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales habían relatado, se caería toda una destitución presidencial; desde ese momento había que asegurar que la investigación posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.
Y es ahí donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegué a Paraguay a investigar la masacre, la verdad “oficial” estaba asentada, pero a medida que investigábamos, descubríamos que nada era como se había afirmado. Fuimos desmontando la versión oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscalía en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentación de nuestro informe.
Por ejemplo, encontramos un vídeo en el que se observa que no se había producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y niños en medio del recibimiento a la comitiva policial. Además, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.
Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que había instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pública y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. También pudimos determinar que la Fiscalía venía solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de título de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.
Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, según las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no habían sido disparadas, es decir, no tenían resto de pólvora, excepto una de ellas, que aunque tenía restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Además, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no habían disparado armas.
Por otro parte, encontramos que se habían introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparición había sido denunciada una semana después. Además, se habían ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vídeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurrió con la cámara del helicóptero que sobrevolaba la zona, que también desapareció sin ninguna explicación. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.
P-¿Qué conclusiones pueden extraerse del accionar de la policía?
Desde un primer momento se afirmó que los policías habían accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vídeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automático que abría la balacera. El Fiscal siempre negó que ahí hubieran comenzado disparos automáticos, aunque posteriormente acreditamos que había escondido los casquillos de armamento automático que le entregaron (grabado en un vídeo que puede consultarse).
Tampoco se investigó el accionar policial en relación a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fría. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el cráneo a cañón tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecución, entre otros muchos casos.
Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el día siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se habían desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicación registraron cómo encontraron cuerpos de campesinos que habían sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Luís Paredes y De los Santos Agüero habían sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisión de desaparición forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.
P-¿Cómo se produjeron las detenciones?
Los propios campesinos denunciaron que se habían cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jamás habían estado en esa finca. La orden de detención se había librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequeña lista que los campesinos tenían dentro de la finca para los pequeños aportes de alimentación del asentamiento (aunque la defensa jamás la ha visto, ya que parece ser que un Policía se cayó al agua con ella y se destruyó, lo que no evitó que se memorizaran todos los nombres).
Con una orden de detención tan genérica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policías, el fiscal jamás procedió a investigar. Por ejemplo, conseguimos vídeos donde se grababa a policías deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policías que se veían en el vídeo y al Policía que había falseado ese informe de detención, negándose a ello.
A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegación de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigación fotografías donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policías cerraron la puerta del vehículo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atención médica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoció los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policías que se veían en las imágenes e igualmente se negó.
P-Ante todas estas denuncias, ¿de qué modo ha obrado la Fiscalía?
Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, ¿quién es el fiscal de la causa? Pues bien, lo más importante que hay que señalar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidió que se iba a hacer juicio político a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entregó unilateralmente la investigación a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo íntimo de Blas N. Riquelme, el también ex Presidente del Partido Colorado que había usurpado esas tierras y había accionado el desalojo sin ser legítimo propietario. Por si fuera poco, además, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena íntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantenía una relación sentimental, foto tomada sólo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.
Es decir, el padre del fiscal Rachid, íntimo amigo de Blas N. Riquelme, decidía en el máximo órgano de dirección del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio político, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicación alguna al cargo de la investigación. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.
Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recusó y en dos ocasiones fue negada su separación de la causa por parte de la Fiscalía General del país. Evidentemente no se debería ni haber llegado a plantear la recusación, simplemente porque él se debería haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses políticos, y en la que su padre cerró una versión oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consiguió. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.
P-¿Apunta directamente el “Caso Curuguaty” a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o además se señalan otros intereses?
El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el país con la mayor desigualdad de América Latina (según el índice Gini). Un país que se dedica básicamente a la exportación de producción agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentración de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.
Es decir, el único medio de producción del país está en manos de poco más del 2% del país, mientras el resto sólo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minoría oligárquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la región, pero el que mayor malnutrición registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mínima alimentación. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.
P-¿Cuál es el origen de este modelo de distribución desigual?
Este modelo de inequidad se gestó en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que más duró en el poder en toda América Latina entregó unilateralmente y sin arreglo a ningún procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al régimen. La Comisión de Verdad y Justicia, órgano encargado de investigar los crímenes de la dictadura, determinó que aproximadamente 8 millones de Hectáreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarquía terrateniente paraguaya, pagada por favores al régimen dictatorial.
Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un líder religioso, Fernando Lugo, llegó sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo ganó las elecciones y trató de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribución de la tierra, como única forma de conseguir una justa distribución de la riqueza del país.
P-¿Amenazó el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarquía terrateniente?
Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarquía como una amenaza que ponía en peligro sus históricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarquía, lo tildaban de “radical” y “comunista” al que había que apartar del poder de cualquier forma posible.
Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, por haber sido ilegítimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplácito del INDERT, órgano encargado de gestionar esa distribución. Y una fiscalía que de manera clientelar venía recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el título de propiedad de los registros públicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.
Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el también ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qué su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.
P-¿Es receptiva la opinión pública urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? ¿Qué idea ofrecen los medios de comunicación convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?
La división social entre el mundo urbano en Asunción y la realidad rural del interior del país es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas más desfavorecidas del país. Lo que no quiere decir que en Asunción no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.
A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicación, vehículos privilegiados de transmisión de la información en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaña de criminalización de los campesinos. Es común vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.
P-¿Continúan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedió en Curuguaty? ¿Existe alguna contabilización de las víctimas en los últimos años?
En Paraguay se registra uno de los números más elevados de asesinatos de líderes campesinos de toda América Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.
Según el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.
En la mayoría de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podrían entender que la forma más fácil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al líder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pública es en la práctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.
P-¿Es un reduccionismo afirmar que el país está controlado por una oligarquía de la soja? ¿Qué peso tienen las compañías transnacionales?
En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un análisis estructural del país, efectivamente estamos ante un país netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Además, con un modelo de producción latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en términos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportación.
A lo anterior se une el drama de los agrotóxicos. Para una eficiente producción de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este químico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infértil, además tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.
P-¿Y en cuanto al narcotráfico?
Si a este modelo latifundista sojero, de concentración de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotóxicos, le unimos el negocio del narcotráfico, tendremos un escenario desolador en el interior del país. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilícita. Fortunas que están empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del país que vienen denunciando esta actividad, como sucedió recientemente con el periodista Pablo Medina.
P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se presentó en Argentina, en agosto de 2013, por los crímenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). ¿En qué consistieron estos crímenes?
Paraguay sufrió la dictadura más larga de toda Latinoamérica, 35 largos años entre 1954 y 1989. Un régimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como “unidad granítica”: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.
El stronismo estableció un sistema político orweliano, de absoluto control de la ciudadanía, con un férreo sistema de vigilancia social a través de los conocidos como pyragues (del guaraní espías, chivatos o confidentes), allegados al régimen que se esparcían por todo el país alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversión al dictador.
Esta estructura totalitaria estableció una maquina de represión jerárquica, sistemática y planificada que cometió masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el régimen dictó el Estado de sitio permanente, a través de continuadas prórrogas, lo que permitía el uso de la detención arbitraria para la posterior tortura, ejecución, desaparición o expulsión del país. Además, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologías progresistas.
P-¿Hay cifras contrastadas sobre estos crímenes/violaciones de los derechos humanos?
Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisión Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufrió una violación de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisarías policiales; Paraguay contaba con los presos políticos de más larga duración de Latinoamérica, hacinados por más de 20 años en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.
Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, básicamente porque el régimen practicó preferentemente la desaparición forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una práctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el país con centros especializados de tortura como la Dirección General de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica”, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del país a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la práctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 años en dependencias del régimen, para ser sistemáticamente violadas por los jerarcas del país, como salió a la luz durante los trabajos de la Comisión Verdad y Justicia.
P-¿Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histórica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinión pública?
Después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuración política del país. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represión anterior siguieron en la mayoría de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policías de rango inferior, la impunidad fue la norma en el país.
Sin embargo, las victimas seguían presentando querellas, señalando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el “cajoneo” de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya más de 25 años.
Esta situación conllevó condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia de algunas víctimas. Además, la Comisión Interamericana recomendó a Paraguay que abriera una Comisión de la Verdad que documentara los crímenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscalía para que actuara contra los responsables.
De esta forma, y gracias a la presión de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableció en el año 2003 la Comisión Verdad y Justicia, que trabajó en la documentación de los crímenes de la dictadura hasta el año 2008. Recogió miles de testimonios, accedió a documentación clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abrió contra la dictadura) e incluso investigó en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentación de la represión que el régimen quería destruir pero que un activista, Martín Almada, descubrió en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.
La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos con la publicación de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuación penal contra estas personas. La Fiscalía sigue sin proceder contra ellos y las causas están paralizadas.
P-¿Algún organismo internacional ha señalado la responsabilidad del Estado de Paraguay?
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Paraguay por falta de persecución de estos crímenes en 2013. El Comité contra las Desapariciones Forzadas condenó igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar así su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparición forzada.
P-¿Cómo surgió la idea de la “querella argentina”?
Ante esta situación de impunidad, se decidió acudir a la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el país donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.
La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondió por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado nº5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitándole información.
P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Aché. ¿Cuáles son las características básicas de este pueblo y en qué consistió su persecución?
Efectivamente, la querella fue ampliada con relación a los crímenes cometidos contra la etnia Aché.
Durante los años ´70 un proceso de expansión de carreteras del país hacia el norte cortó en dos los bosques de Canindeyú, donde vivían los Aché, una comunidad indígena no contactada. La principal característica de este grupo era su carácter nómada, es decir, vagaban por esos bosques en los que habían vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.
Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar producción agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Aché, que seguían con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jamás habían escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.
Los terratenientes de la zona protestaron enérgicamente y la solución dictada por el régimen dictatorial fue aprobar la “sedentarización forzada” de la etnia Aché, sacándolos a la fuerza del monte y concentrándolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayakí, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas, organización militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.
P-¿Cómo se produjo este proceso de sedentarización?
Fue traumático. Las cacerías humanas de Aché se sucedieron durante años, en ocasiones a través de Achés sedentarizados que se utilizaban como señuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participación del propio Ejército. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaquí, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez allí solían ser vendidos como mano de obra prácticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a día de hoy se tenga noticia de muchos de esos niños, ya que sólo se han podido recuperar una pequeña parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afectó a la Colonia y devastó a gran parte de los Aché, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentación necesaria. Todo este traumático proceso ha sido documentado por diversos antropólogos, de entre los que destaca el alemán Marl Münzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llevó a cabo diversas denuncias internacionales.
P-¿Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Aché?
Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisión de esos crímenes con la intención de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, étnico o nacional. En la querella se aplica la fórmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instrucción se califiquen los hechos en uno u otro sentido.
En mi opinión, los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza étnica de una zona, además de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo serían también de genocidio. La intención del régimen no fue el exterminio de la comunidad Aché en términos físicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Aché, trasladando a sus niños a familias de culturas paraguayas, impidiéndoles sus prácticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al “culturizarlos”, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impedía el desarrollo económico en términos occidentales de una región del país.
P-Por último, ¿en qué punto se encuentra querella? ¿Cuál está siendo la posición del estado de Paraguay ante la misma?
Desde que se presentó la querella en agosto de 2013, se abrió la Causa 7300/2013 y comenzó a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente allí se estaban investigando esos hechos.
En un primer momento Paraguay se negó a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante más de un año se negó a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presión internacional hizo que finalmente se respondiera, remitiéndose una simple comunicación donde se afirmaba que esos crímenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando allí, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdicción universal.
Sin embargo, el juzgado argentino reiteró un segundo exhorto en el que solicitaba más información, al que todavía no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperación judicial.
La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los víctimas, la documentación probatoria, y se dicte orden de detención internacional, para empezar, contra los 18 represores que están vivos y que han sido identificados por la Comisión Verdad y Justicia, así como las víctimas que son querellantes en Argentina.
Enric Llopis
Los casos de las fundaciones AVINA y Ashoka en España. La exquisita penetración del gran capital en los movimientos sociales
AVINA y Ashoka, dos fundaciones filantrópicas arquetípicas, son especialmente conocidas en Latinoamérica aunque su presencia en España no ha dejado de notarse.
Su vinculación a los intereses del gran capital está ampliamente documentada, especialmente a dos rubros tan sensibles a los movimientos sociales como son el amianto y los transgénicos.
Sus estrategias contemplan la penetración en los movimientos sociales, y más recientemente en las escuelas (http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150621/otra-forma-ensenar-posible-8582.html), para realizar sus fines de negocios y de mercantilización de la sociedad. Pero como apuntan alto se han de presentar como entidades verdes y sociales. Así logran persuadir a demasiadas gentes.
Hemos realizado un audiovisual que, en la primera parte, despeja la verdadera naturaleza de AVINA y Ashoka; y en la segunda parte pone algunos ejemplos concretos, con nombres y apellidos, de cómo están penetrando en España en los movimientos sociales relacionados con la economía social (REAS) y con la banca ética (Fiare). Para aviso de las gentes que luchan con decencia en estos movimientos y para que logren desacreditarlos y expulsarlos de sus ámbitos.
Como primera aproximación damos la opinión que de Ashoka y AVINA tienen más de doscientas organizaciones alternativas de Latinoamérica y España, firmantes de un manifiesto promovido por Ecologistas en Acción en 2012, en el que prometían que “Las organizaciones que firman este manifiesto (…) declaran que seguirán luchando contra las empresas transnacionales como Monsanto y contra iniciativas como AGRA. También contra las fundaciones que alientan de forma más o menos enmascarada estas iniciativas, como AVINA y Ashoka.”
El reciente libro de Naomi Klein, “Esto lo cambia todo”, dedica un capítulo de unas cien páginas a lo que llama la “desastrosa fusión entre la gran empresa y las grandes organizaciones ecologistas”. Nuestro trabajo tiene la misma perspectiva y preocupación que el de ella.
El audiovisual que presentamos se puede ver y escuchar en la siguiente dirección: https://vimeo.com/126501725
Escrito por Isidro Bustamante y Paco Puche
Su vinculación a los intereses del gran capital está ampliamente documentada, especialmente a dos rubros tan sensibles a los movimientos sociales como son el amianto y los transgénicos.
Sus estrategias contemplan la penetración en los movimientos sociales, y más recientemente en las escuelas (http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150621/otra-forma-ensenar-posible-8582.html), para realizar sus fines de negocios y de mercantilización de la sociedad. Pero como apuntan alto se han de presentar como entidades verdes y sociales. Así logran persuadir a demasiadas gentes.
Hemos realizado un audiovisual que, en la primera parte, despeja la verdadera naturaleza de AVINA y Ashoka; y en la segunda parte pone algunos ejemplos concretos, con nombres y apellidos, de cómo están penetrando en España en los movimientos sociales relacionados con la economía social (REAS) y con la banca ética (Fiare). Para aviso de las gentes que luchan con decencia en estos movimientos y para que logren desacreditarlos y expulsarlos de sus ámbitos.
Como primera aproximación damos la opinión que de Ashoka y AVINA tienen más de doscientas organizaciones alternativas de Latinoamérica y España, firmantes de un manifiesto promovido por Ecologistas en Acción en 2012, en el que prometían que “Las organizaciones que firman este manifiesto (…) declaran que seguirán luchando contra las empresas transnacionales como Monsanto y contra iniciativas como AGRA. También contra las fundaciones que alientan de forma más o menos enmascarada estas iniciativas, como AVINA y Ashoka.”
El reciente libro de Naomi Klein, “Esto lo cambia todo”, dedica un capítulo de unas cien páginas a lo que llama la “desastrosa fusión entre la gran empresa y las grandes organizaciones ecologistas”. Nuestro trabajo tiene la misma perspectiva y preocupación que el de ella.
El audiovisual que presentamos se puede ver y escuchar en la siguiente dirección: https://vimeo.com/126501725
Escrito por Isidro Bustamante y Paco Puche
domingo, 2 de agosto de 2015
DAVID CARD | PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO. FUNDACIÓN BBVA: “La mayoría no sabe lo grande que es la diferencia con los más ricos”. El economista de la Universidad de Berkeley señala que "sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos".
David Card (Canadá, 1956) es un peculiar buscador de tesoros. Su recompensa son los filones de datos que proporcionan las situaciones reales, que explota con herramientas econométricas. Así encuentra pistas de cómo funciona el mercado laboral, ya sea cuando se aplica el salario mínimo o cuando incorpora inmigrantes. Pistas que abundan en los últimos estudios del Fondo Monetario Internacional sobre desigualdad. El catedrático de la Universidad de Berkeley estuvo en Madrid hace unas semanas para recoger el Premio Fronteras del Conocimiento que le otorgó la Fundación BBVA, junto al británico Richard Blundell, en la categoría de Economía.
Pregunta. Estados Unidos va por delante en la recuperación del empleo, pero allí y en España, el tipo de trabajo que se crea es de baja calidad y peor pagado. ¿Es una respuesta temporal a la crisis, o cree que hay algo más?
Respuesta. Desde hace 15 años, antes incluso de la recesión, las condiciones del trabajo no mejoran. En Estados Unidos se han ofrecido varias explicaciones, como la pérdida de empleos en la industria por la irrupción de China, o el débil crecimiento de la productividad. Y luego está la cuestión de que, sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos. Las condiciones de los trabajadores de bajos ingresos, una definición que incluye cada vez a más gente, no van bien. Los salarios reales de ese colectivo apenas crecen en los últimos 15 años.
El salario real de los que están peor pagados no ha crecido en 15 años
P. ¿Cree que el cambio tecnológico influye?
R. Puede ser parte de la historia, pero no creo que nadie sepa aún en qué medida. En lo que sí creo es en la relevancia del marco institucional en la fijación de salarios, y aquí hay fuerzas más débiles que en los años ochenta. En Estados Unidos, los sindicatos casi han desaparecido, el salario mínimo se ha reducido o eliminado, los empresarios han tenido gran discrecionalidad para fijar sueldos. Hice un estudio sobre Alemania hace un par de años. Y algo parecido empezó a ocurrir allí más tarde, a partir de los noventa.
P. Los organismos internacionales coinciden ahora en advertir que el aumento de la desigualdad puede dañar el propio crecimiento económico, ¿coincide con esa apreciación?
El aumento de la desigualdad salarial apenas acaba de empezar en España
R. Sí, hasta el FMI está preocupado (risas). Lo que sí se puede ver claramente en muchos países es que las familias con más bajos ingresos están cada vez más alejadas de la política, no piensan que el debate político les afecte, que afronte sus problemas. Y muchos creen que sus hijos van a tener menos oportunidades que ellos. Yo creo que eso es más importante que el efecto económico. En realidad, hay mucha más desigualdad de lo que la gente piensa, no creo que la mayoría sepa realmente lo grande que es la diferencia con los más ricos. Las élites deberían pensar en esto mucho más de lo que lo hacen ahora. Hubo momentos como éste en otros periodos de la historia y el resultado no fue nada bueno.
P. En España, la reforma laboral persigue dar más poder de negociación a las empresas para ajustar las condiciones laborales a la situación económica.
R. Lo que quiere decir que los trabajadores con menos ingresos van a recibir un golpe considerable. En Alemania, sufrieron un recorte muy importante. En términos relativos, la mitad de la población con ingresos más bajos en Alemania está mucho peor pagada ahora que hace 20 años. En esas dos décadas, su salario real no ha crecido en absoluto. Y eso es realmente llamativo.
P. Pero con esas reformas, Alemania vadeó la crisis con un 5% de paro, mientras España enseguida se fue al 25%.
R. No sé si esa aproximación es correcta, soy bastante escéptico al respecto. Pero entiendo que sea convincente para mucha gente. Y desde luego los alemanes creen que eso es lo que España debería hacer. Pero, en realidad, yo diría que el aumento de la desigualdad salarial apenas acaba de comenzar aquí.
P. En Alemania, ese aumento de la desigualdad que describe no parece haber generado mucha contestación social.
R. Durante un tiempo, nadie se dio cuenta de que ese proceso estaba en marcha, no hubo reacción. En parte porque los sindicatos alemanes son bastante pasivos en este tema, históricamente han estado más preocupados por los empleos que por los salarios. Y con la incorporación de Alemania del Este, grandes compañías llevaron su producción allí y luego a República Checa, Hungría o Rumanía, en una carrera de costes a la baja. Pero acaban de establecer un salario mínimo generalizado en Alemania, lo que creo que es una señal de que esto empieza a preocupar.
P. Entonces, menos poder sindical y menos salario mínimo, ¿se traduciría, según usted, en más desigualdad?
R. En el aumento de la desigualdad influyen muchas cosas, el cambio tecnológico, la globalización, pero sí, son dos factores importantes para el 15% o el 20% de trabajadores con menos ingresos. Es más difícil de concluir si hay efecto en la clase media, que es a donde dirigen los políticos la mayoría de sus mensajes.
En el euro, los ajustes se pagan caro
Una de las investigaciones más citadas de Card es aquella en la que relacionó ingresos con nivel educativo. “Todavía sigue siendo mejor tener un alto nivel de educación para lograr un trabajo mejor pagado. Aunque también es cierto que cada vez más jóvenes licenciados en la Universidad solo logran trabajos basura”, matiza el investigador norteamericano. El catedrático de Berkeley cree que el aumento de la economía sumergida “es un indicador de cómo de pobres son las oportunidades de trabajo”, ya sea en España o en EE UU.
Sobre la diferencia en el ritmo de recuperación a ambos lados del Atlántico, Card subraya que los creadores del euro minusvaloraron la importancia de que los países perdiesen la opción de devaluar la moneda para reaccionar en tiempos de crisis. La única alternativa, añade, es ajustar precios y salarios. “Y siempre es más fácil pagar menos a quien logra un nuevo trabajo”, acota sobre lo que ocurre en el mercado laboral español.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/07/26/actualidad/1437936380_722077.html
Pregunta. Estados Unidos va por delante en la recuperación del empleo, pero allí y en España, el tipo de trabajo que se crea es de baja calidad y peor pagado. ¿Es una respuesta temporal a la crisis, o cree que hay algo más?
Respuesta. Desde hace 15 años, antes incluso de la recesión, las condiciones del trabajo no mejoran. En Estados Unidos se han ofrecido varias explicaciones, como la pérdida de empleos en la industria por la irrupción de China, o el débil crecimiento de la productividad. Y luego está la cuestión de que, sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos. Las condiciones de los trabajadores de bajos ingresos, una definición que incluye cada vez a más gente, no van bien. Los salarios reales de ese colectivo apenas crecen en los últimos 15 años.
El salario real de los que están peor pagados no ha crecido en 15 años
P. ¿Cree que el cambio tecnológico influye?
R. Puede ser parte de la historia, pero no creo que nadie sepa aún en qué medida. En lo que sí creo es en la relevancia del marco institucional en la fijación de salarios, y aquí hay fuerzas más débiles que en los años ochenta. En Estados Unidos, los sindicatos casi han desaparecido, el salario mínimo se ha reducido o eliminado, los empresarios han tenido gran discrecionalidad para fijar sueldos. Hice un estudio sobre Alemania hace un par de años. Y algo parecido empezó a ocurrir allí más tarde, a partir de los noventa.
P. Los organismos internacionales coinciden ahora en advertir que el aumento de la desigualdad puede dañar el propio crecimiento económico, ¿coincide con esa apreciación?
El aumento de la desigualdad salarial apenas acaba de empezar en España
R. Sí, hasta el FMI está preocupado (risas). Lo que sí se puede ver claramente en muchos países es que las familias con más bajos ingresos están cada vez más alejadas de la política, no piensan que el debate político les afecte, que afronte sus problemas. Y muchos creen que sus hijos van a tener menos oportunidades que ellos. Yo creo que eso es más importante que el efecto económico. En realidad, hay mucha más desigualdad de lo que la gente piensa, no creo que la mayoría sepa realmente lo grande que es la diferencia con los más ricos. Las élites deberían pensar en esto mucho más de lo que lo hacen ahora. Hubo momentos como éste en otros periodos de la historia y el resultado no fue nada bueno.
P. En España, la reforma laboral persigue dar más poder de negociación a las empresas para ajustar las condiciones laborales a la situación económica.
R. Lo que quiere decir que los trabajadores con menos ingresos van a recibir un golpe considerable. En Alemania, sufrieron un recorte muy importante. En términos relativos, la mitad de la población con ingresos más bajos en Alemania está mucho peor pagada ahora que hace 20 años. En esas dos décadas, su salario real no ha crecido en absoluto. Y eso es realmente llamativo.
P. Pero con esas reformas, Alemania vadeó la crisis con un 5% de paro, mientras España enseguida se fue al 25%.
R. No sé si esa aproximación es correcta, soy bastante escéptico al respecto. Pero entiendo que sea convincente para mucha gente. Y desde luego los alemanes creen que eso es lo que España debería hacer. Pero, en realidad, yo diría que el aumento de la desigualdad salarial apenas acaba de comenzar aquí.
P. En Alemania, ese aumento de la desigualdad que describe no parece haber generado mucha contestación social.
R. Durante un tiempo, nadie se dio cuenta de que ese proceso estaba en marcha, no hubo reacción. En parte porque los sindicatos alemanes son bastante pasivos en este tema, históricamente han estado más preocupados por los empleos que por los salarios. Y con la incorporación de Alemania del Este, grandes compañías llevaron su producción allí y luego a República Checa, Hungría o Rumanía, en una carrera de costes a la baja. Pero acaban de establecer un salario mínimo generalizado en Alemania, lo que creo que es una señal de que esto empieza a preocupar.
P. Entonces, menos poder sindical y menos salario mínimo, ¿se traduciría, según usted, en más desigualdad?
R. En el aumento de la desigualdad influyen muchas cosas, el cambio tecnológico, la globalización, pero sí, son dos factores importantes para el 15% o el 20% de trabajadores con menos ingresos. Es más difícil de concluir si hay efecto en la clase media, que es a donde dirigen los políticos la mayoría de sus mensajes.
En el euro, los ajustes se pagan caro
Una de las investigaciones más citadas de Card es aquella en la que relacionó ingresos con nivel educativo. “Todavía sigue siendo mejor tener un alto nivel de educación para lograr un trabajo mejor pagado. Aunque también es cierto que cada vez más jóvenes licenciados en la Universidad solo logran trabajos basura”, matiza el investigador norteamericano. El catedrático de Berkeley cree que el aumento de la economía sumergida “es un indicador de cómo de pobres son las oportunidades de trabajo”, ya sea en España o en EE UU.
Sobre la diferencia en el ritmo de recuperación a ambos lados del Atlántico, Card subraya que los creadores del euro minusvaloraron la importancia de que los países perdiesen la opción de devaluar la moneda para reaccionar en tiempos de crisis. La única alternativa, añade, es ajustar precios y salarios. “Y siempre es más fácil pagar menos a quien logra un nuevo trabajo”, acota sobre lo que ocurre en el mercado laboral español.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/07/26/actualidad/1437936380_722077.html
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