Los estudios académicos sobre el fraude fiscal han apuntado a dos conclusiones principales sobre las cuales se ha formado un amplio consenso, a saber: que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos); y que este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.
Por ello, en estos momentos de crisis económica, con un déficit cifrado a finales del año 2011 en 91.000 millones de euros y que amenaza con mantenerse en niveles elevados en los próximos años, es cuando se presenta una oportunidad excepcional y a la vez necesaria para afrontar, en positivo, una lucha eficaz para la prevención, detección y sanción del fraude fiscal.
Nuestra clase política deberá afrontar el reto de tomar decisiones trascendentes en estos momentos de dificultad y apostar valientemente por un modelo fiscal que garantice un desarrollo social y económico sostenible. Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a la Hacienda Española?
El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. Pero nunca una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de ingresos al Estado que nos permitirían costear esos servicios públicos indispensables que están siendo recortados en estos momentos, y por el otro, porque legitima una conducta defraudatoria por la cual la gente podría pensar: “todos defraudan. De manera que yo también, si puedo, defraudaré”.
Es importante delimitar si estamos o no hablando de cifras elevadas.
Los diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar una cifra de fraude fiscal en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea.
Y hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o Dinamarca. De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular.
Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades, así como cuáles son los mecanismos para eludir al Fisco. En lo que se refiere a la primera pregunta, es sin duda más fácil visualizar a quien realmente no defrauda, esto es, la clase asalariada. Actualmente, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país. En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas.
Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales.
De modo que, cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? Sin entrar en las sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas). Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales, baste con decir que la empresa de asesoramiento económico Merrill Lynch estima que unos seis billones de dólares están depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de las fortunas particulares del planeta. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) piensa que la evasión fiscal de los países que forman parte de ella y que se realiza a través de los paraísos fiscales, llega a los 600.000 millones de dólares.
Qué duda cabe de que no podemos permitirnos estos agujeros fiscales en un momento en que asistimos a un auténtico desplome de nuestros ingresos tributarios. Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga plenamente de ellos. En este sentido, España es un caso paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania. ¿Es el problema realmente grave? Sí, y espero que le lectura de este artículo ayude al lector a tener una dimensión exacta de su magnitud.
El descenso de ingresos tributarios, unido al enorme fraude fiscal existente y al inevitable aumento de gastos sociales derivado del pago de prestaciones sociales en tiempos de crisis, hacen que la situación económica del país peligre seriamente y que las necesidades de ingresos impositivos cobren una importancia primordial.
Ante tal situación, el pasado viernes 31 de marzo de 2012, el gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal que durará ocho meses y que permitirá a las empresas y personas que defraudaron regularizar su situación con el Fisco mediante una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del precio de los inmuebles y/o acciones en los que invirtieron las cantidades ocultadas. Como no podía ser de otra manera, esta amnistía viene acompañada de la clásica advertencia de aumento de sanciones, intensificación de la lucha contra el fraude y de la declaración de que “ésta será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011. Así, cualquier contribuyente, o, mejor dicho, cualquier no contribuyente podrá regularizar su situación tributaria, es decir, blanquear su dinero oculto por un pago único del 10%.
Pero hemos de ser coherentes y decir que el gran inconveniente de cualquier amnistía de este tipo es que raya los límites del principio de igualdad tributaria sancionado por el artículo 31 de la Constitución española, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y que soportan tipos superiores que llegan hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco a precio de saldo. Además, podemos señalar una serie de graves defectos que la amnistía fiscal va a provocar en el funcionamiento de nuestro sistema tributario.
Por de pronto, esta medida da a entender que el Gobierno reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la economía sumergida, lo que choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y 2008, mientras el volumen de la economía española se duplicó, la economía sumergida se multiplicó por cuatro. A mayor abundamiento, la tasa del 10% se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas defraudadas, las multas de hasta seis veces el importe de la cuota descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Es decir, la amnistía permite enjuagar los mayores fraudes cometidos.
Ante estas premisas, va a ser difícil explicar a la opinión pública los motivos por los que se suben los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueban amnistías para quienes defraudan. Pero no todo ha de ser un mensaje pesimista. Si la situación global de crisis y déficit ha propiciado una amnistía fiscal, pongámonos a trabajar por una Administración Tributaria realmente eficiente que rebaje drásticamente las cifras del fraude fiscal. Es del todo incoherente anunciar una amnistía fiscal si, al mismo tiempo, no se regula el sector como es debido para que este episodio no vuelva a repetirse y no nos viéramos obligados a hablar en futuro de una nueva amnistía a causa de la impotencia por detectar el fraude en nuestro país. Ante ello, el Gobierno está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención y Control del Fraude Fiscal, del cual podemos destacar como medidas anunciadas la prohibición del pago en metálico por importe superior a 2.500 euros, la eliminación de determinados obligados tributarios al régimen de estimación objetiva (los conocidos módulos) y un control más exhaustivo de las rentas en países terceros.
Es evidente que estas medidas no son más que una tirita aplicada a nuestra hemorragia fiscal. Sin embargo, ¿existirá voluntad política para aplicar nuevas medidas, regulaciones y reformas que permitan acabar con el fraude fiscal, o permitiremos que el fraude se mantenga y cuadraremos el déficit con recortes del gasto público?
Me permito concluir: no más recortes al gasto público y sí más recortes… al fraude fiscal. Miguel Ángel Mayo.
Miguel Ángel Mayo es coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Sostenible.
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-102/notas/el-fraude-fiscal-en-espana
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