EL HUEVO Y LA GALLINA, LOS BANQUEROS Y EL DINERO

Las entidades financieras españolas se han lanzado a una gran campaña de intoxicación para tratar de convencer a los ciudadanos de que los problemas de financiación que paralizan a la economía productiva española no son culpa suya. Es posible que incluso alcancen su objetivo gracias a que controlan medios de comunicación y a que tienen en sus nómina (de modo más o menos explícito) a numerosos académicos, periodistas y líderes de opinión. Pero no dicen la verdad. Su discurso ahora se centra en afirmar que disminuyen el crédito porque no hay demanda suficiente o solvente y no porque sean los propios bancos quienes lo estén racionando por otras razones.
Empezaré por final. Es posible efectivamente que cada vez haya menos demanda solvente para financiación de la actividad productiva pero eso ocurre justamente porque la falta de financiación que han provocado los bancos está ahogando rápida y generalizadamente a los empresarios y a los consumidores.
No se trata de un juego para determinar qué es primero si el huevo o la gallina. Es algo mucho más importante y que puede resolverse objetiva y rigurosamente.
En primer lugar hay que recordar un hecho principal: la banca privada española (y detrás de ella las cajas de ahorros que se han dedicado a copiar su lógica financiera en lugar de estar al servicio de un modelo productivo sostenible y socialmente satisfactorio) han provocado en los últimos años una burbuja financiera gigantesca que ahora mina su liquidez e incluso su solvencia.

LOS DATOS SON IRREFUTABLES
De 2002 a 2008 (¡sí, sólo seis años!), la cifra de crédito concedido por entidades financieras españolas ha pasado de 701.000 millones de euros a más de 1,838 billones de euros, lo que supone un incremento del 161%. Y lo que es aún más exagerado: el 70% de ese incremento se dedicó a financiar el ladrillo, pues el crédito inmobiliario pasó de 347.000 millones a 1,1 billones de euros creciendo, por tanto, un 219%.
El resultado de esta expansión vertiginosa del crédito no ha podido ser otro que una pérdida de solvencia del sector financiero español (además de crear una burbuja inmobiliaria y una especialización perversa de nuestra actividad productiva).
Sería realmente un milagro inexplicable que las familias y las empresas españolas pasaran de soportar una deuda de 700.000 millones de créditos a otra de 1,8 billones en seis años sin que se afectara su fortaleza económica y su capacidad para hacer frente a los pagos. Y de hecho, lo que ha sucedido es que el volumen de créditos de dudoso cobro ha pasado en este periodo de suponer 9.000 millones de euros a 47.000 millones y que la solvencia de las entidades financieras ha comenzado a disminuir sin remedio. Así lo demuestra, por ejemplo, que el patrimonio neto de las entidades financieras representara el 12,3% del total del crédito en 2002 y el 9,5% en el segundo semestre de 2008.
En consecuencia, es una evidencia clamorosa que la primera causa de la situación actual de restricción crediticia y financiera es que ha explotado la burbuja creada por las entidades. A ello hay que unir además que la banca y las cajas españolas se han contaminado, aunque no haya sido en la misma medida que las de otros países, por la difusión de la basura financiera que la banca estadounidense ha emitido por todo el planeta. No podía ser de otro modo en el entorno de globalización financiera en el que estamos. Y es algo que no se puede negar a la vista de tantas personas como están siendo las que pierden sus ahorros a causa de ello.
En conclusión, las entidades financieras españolas han sufrido y siguen sufriendo el mismo proceso de descapitalización que padece la banca internacional y que incluso puede llegar a calificarse de bancarrota en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, según reconoció en septiembre pasado el mismísimo Paul Volcker. Es por eso que han reducido su oferta de crédito; sencillamente, porque todos los fondos que logran captar los utilizan para tratar de salvar sus balances, bien tapando la pérdida de valor, bien huyendo hacia adelante adquiriendo nuevos activos. Eso es lo que explica, por ejemplo, que los bancos españoles reciban docenas de miles de millones de euros en préstamos del banco central pero que los utilicen para depositarlos allí mismo mientras los sujetos económicos claman por recibir créditos.
Hace unos días, se conocía que el multiplicador monetario de la economía norteamericana era ya menor que 0. En román paladino eso significa que los bancos han dejado de desempeñar la función a la que teóricamente está llamada: en lugar de dar combustible, prácticamente roban el que hay en la economía.
Los gobiernos no pueden limitarse a dar más dinero a los bancos. El agujero que los banqueros han generado yéndose al casino con el dinero de los depositantes es gigantesco. Solo sería resoluble o a base de proporcionar a los bancos descapitalizados sumas impensables que generarían una deuda de volumen hasta ahora quizá desconocido, o imponiendo una especie de “corralito” mundial pero que de llevarse a cabo seguramente provocaría una respuesta en la calle inimaginable. O se permite que el agujero siga aumentando o los gobiernos se hacen directamente con los resortes de la financiación para ponerla al servicio de empresarios y consumidores. Pero deben hacerlo directamente, sin el intermedio de los bancos y cajas, puesto que éstos están utilizando y utilizarán los recursos multimillonarios que se ponen en sus manos para disimular el desastre global que han producido. No hay más remedio. Discutir si fue antes el huevo o la gallina es gratuito. Hay que romper éstos últimos para hacer la tortilla. Juan Torre. Fuente; Sistema Digital
Más información sobre el tema Banca y España, en la misma web por Vicenç Navarro "LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES"

Origen y Causas de la actual crisis.

Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos.

Los Presupuestos del PP
El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo que se propone hacer el Gobierno.
De momento solo conocemos las grandes líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones fundamentales.

Ingresos
A pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.
Los Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, este impuesto tiene “vías de escape” que permiten que las grandes empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.
Con los cambios en este impuesto que se han aprobado, el ejecutivo pretenden incrementar la recaudación en 5.350 millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo, después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio (un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más, solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de euros).
Otra de las medidas aprobadas para aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.
Finalmente, en el capítulo de ingresos el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en su día.
Lo que se persigue con esta amnistía, según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor dicho, que vinieran no tributando) en los llamados “países de reducida tributación”, es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.
La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con confidencialidad y discreción.
Por mucho que estas amnistías puedan traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude) representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros no.

Gastos
En el capítulo de gastos es donde se contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como “presupuestos de guerra”), y aunque de momento solo conocemos la magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener sobre la economía.
Solo en los presupuestos de los ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña en relación con el conjunto del Presupuesto.
Y a eso hay que añadir el recorte del 36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída inmediata del PIB y de la creación de empleo.

Conclusiones
En mi opinión, y solo a tener de los datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y una renuncia a abordar los problemas de fondo que ocasionan el déficit público.
Además de las valoraciones que he avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes
a) Suponen unos recortes de gasto excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica.
b) Precisamente por esto último, van a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la economía española.
c) Ni siquiera van a poder reducir el déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca europea por encima de todo.
d) Estos Presupuestos responden al empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.
El error consiste en tratar de salir de la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para que la paguen de sus bolsillos.
Pero eso, además de radicalmente injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona euro.
Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos. Juan Torres López.

Al capitalismo no le sienta bien la democracia

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha escrito en su último libro y repite en varias declaraciones públicas que en Europa se está desmantelando la democracia (Ver Georg Diez, A Philosopher's Mission to Save the EU). Un juicio muy fuerte del que se hacía eco compartiéndolo alguien nada sospechoso de radicalismo y que conoce bien el continente como el ex canciller alemán Helmut Schmidt (L'Allemagne dans et avec l'Europe, L'Economie politique n° 053 - janvier 2012).
No creo que se trate de palabras vacías sino de un proceso real, ya innegable aunque desearía que no llegue a ser imparable a corto y medio plazo.
Bastó con que el ex presidente Papandreu amagara con la convocatoria de un referéndum para que se le hiciese dimitir, o que Berlusconi sacara la cabeza frente a Bruselas para que igualmente saliera por la puerta chica de donde le habían puesto, para mayor o menor fortuna, los electores italianos.
Han sido dos auténticos golpes de estado de los que nadie quiere hablar y que se ha conseguido hacer pasar como si nada en los medios de comunicación y en los debates políticos. Y el reciente acuerdo con Grecia (si es que se le puede llamar así) es el punto final al régimen democrático en aquel país, toda vez que autoridades extranjeras se han hecho ya definitivamente con el poder de facto para decidir lo que les conviene a ellas y a los poderes financieros y económicos a los que representan, sean cuales sean la opinión o las preferencias de los ciudadanos griegos. ¿Quién puede decir hay democracia en aquel país?
No es la primera vez que hemos podido comprobar que la democracia, por limitada que sea, es un escollo a veces insalvable para poner en marcha las medidas que aseguren beneficios al capital. Las políticas neoliberales que ahora sufrimos en todo su esplendor fueron puestas por primera vez gracias a golpes de estado militares que sirvieron de experiencias para ir validando el tempo de las medidas de represión social y económica que iban a ser necesarias para consolidar el nuevo régimen de competencia y beneficio en las economías capitalistas. Y eso se hizo para frenar el poder creciente que el pleno empleo y el Estado de Bienestar habían dado a los trabajadores del mundo occidental.
Desde entonces vivimos en un proceso de continuado debilitamiento de la democracia formal que cada vez más se convierte en un remedo del sistema político que garantiza que las decisiones sobre las cosas sociales y los intereses generales se tomen en función de lo que piensa y determina la mayoría de la población consultada a través de las urnas.
A ello han contribuido varias circunstancias pero creo que algunas de ellas son especialmente importantes y han tenido una particular incidencia en la crisis que estamos viviendo.
La primera es la consolidación de un poder monetario privado, al margen efectivo del debate político, que condiciona y encuadra al resto de las políticas económicas. La independencia de los bancos centrales y el fortalecimiento de la capacidad de maniobra de los fondos y entidades financieras han sido los factores que principalmente han contribuido a este fenómeno contemporáneo que hace que, en la práctica, los gobiernos tengan completamente atadas las manos frente a los mercados y los grandes propietarios de capital.
La segunda es el incremento voluntariamente planificado del desempleo y el empleo precario. De esa forma, como ya advirtiera Michal Kalecki hace ochenta años, los grandes empresarios obtienen menos beneficios (puesto que les sería económicamente más rentable el pleno empleo) pero gracias a la sumisión y a la debilidad que esas condiciones laborales generan en las masas trabajadoras, pueden disponer de más poder político que a la postre es lo que les asegura su posición de dominio social. Y a ello ha contribuido en los últimos años de modo decisivo el incremento del negocio de la deuda que los bancos han impulsado imponiendo modelos de crecimiento basados en el suministro de bienes de inversión y duraderos que generan demanda de crédito (como la vivienda o los automóviles). El crecimiento extraordinario del endeudamiento familiar no solo es una selecta fuente de ganancias para la banca sino una auténtica esclavitud contemporánea: los individuos viven para consumir y para pagar los créditos que les permiten salir adelante.
La tercera es la mixtura también creciente entre el poder económico y financiero y el mediático que el impulso de las concentraciones de capital está llevando hasta extremos realmente insospechados: uno o dos grupos empresariales, o uno, o incluso simplemente alguna persona aislada, controlan la totalidad de la oferta de medios (sobre todo audiovisuales) en muchos países, uniformando la opinión pública e imponiendo, se quiera o no, el pensamiento único que domina las decisiones económicas.
Otra circunstancia que me parece decisiva como fuente de degeneración democrática en el ámbito económico es que los partidos y las autoridades públicas están llegando a ser materialmente irresponsables. Hoy día es prácticamente imposible pedirle cuentas, sobre todo, de los incumplimientos constantes de la oferta electoral de naturaleza económica con que se presentan a las elecciones. Y es tanto el poder que ejercen sobre los medios de adoctrinamiento y tan estrechas las vías que se abren para el debate social que no es posible que los electores tomen nota de ello, lo que les impide acudir a las elecciones con la información que les permitiera algo más que optar entre opciones políticas que terminan por hacer lo mismo en materia económica.
Tan molesta está llegando a ser la democracia para los grandes poderes económicos y financieros y tanto incordio les supone la intermediación de las instituciones públicas que parece que han decidido tomar ellos mismos las riendas de los poderes públicos. Y en esta crisis se está produciendo con mucha mayor fuerza que nunca antes, la fusión entre unos y otros, por la vía incluso de la participación directa en los gobiernos que igual termina, como ya ha pasado en algún país, con la entronización en la vida pública de empresarios populistas que permitan a la clase empresarial más poderosa deshacerse de los políticos profesionales que, a veces, incluso le salen demasiado caros.
Es gracias a todo ello que las medidas que se están aplicando frente a la crisis no sean realmente las que podrían permitir mejorar la situación económica y que apenas pase nada. Es es una evidencia clamorosa: las economías europeas no están mejor que cuando se empezaron a aplicar las políticas que dicen que solucionan la crisis sino mucho peor. Crecen menos y tienen más deuda. Y es así porque estas políticas no se destinan a mejorar las condiciones económicas en general sino a aumentar el beneficio y el poder de decisión de los grandes propietarios de capital y de los financieros. Por eso el debate social plural y transparente, la igualdad de medios y condiciones para exponer opiniones, la democracia, se está convirtiendo en una incómoda piedra en el zapato del capitalismo neoliberal de nuestra época porque es lo único que podría poner en claro lo que está pasando. Y por eso se la quieren quitar de encima cuanto antes.
http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/158-impertinencias-de-febrero-de-2012/2608-al-capitalismo-no-le-sienta-bien-la-democracia-"

Los datos confirman el fracaso de las políticas europeas

Los últimos datos que acaba de presentar la oficina de estadística europea (EUROSTAT) muestran que Europa entra de nuevo en recesión. Dejando ahora de lado el hecho de que medir la evolución de la actividad económica a través del PIB desvirtúa bastante el conocimiento de lo que de verdad ocurre en las economías, lo cierto es que, incluso utilizando este indicador, la economía europea y la de la zona euro muestran su mal estado al registrar una caída del 0,3% en su actividad. Solo Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Letonia se salvan de los registros negativos. Y algunas ya empiezan a estar técnicamente en recesión (dos trimestres con crecimiento negativo). Entre ellas Bélgica, Holanda, Italia, República Checa, Dinamarca y Eslovenia. Y, por supuesto, las de Grecia, Portugal y posiblemente Irlanda cuando se conozca el dato del último trimestre.
Se trata, pues, del primer paso hacia la recesión generalizada en Europa que casi con toda seguridad podemos decir que se está ya produciéndose en el trimestre en el que ahora nos encontramos y que seguramente afectará incluso a la "locomotora" europea, pues Alemania ya registró crecimiento negativo (-0,2%) en el último trimestre de 2011, lo que demuestra que las políticas que impone a los demás ni siquiera son buenas para su propia economía porque ésta vive de la demanda ajena (de lo que está "tirando" de su actividad en los últimos meses es su sector de la construcción)... Seguir la lectura aquí. (Alberto Garzón Espinosa y Juan Torres López)

Artículos de interés de Juan Torres López.

1. Las mentiras de Botín.

2. Frustrante Izquierda Unida

Una rectificación y corrección importante a la noticia anterior aquí.

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").

Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.  Fuente: Juan Torres López http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/154-impertinencias-de-diciembre-de-2011/2543-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores

¿Por qué iré a la manifestación global de hoy 15 de octubre con el movimiento 15-M?. Juan Torres e Ignacio Escolar, lo explican bien.

951 ciudades en 82 países (por ahora) se suman a la protesta planetaria del 15-O


1. Porque no me resigno a que de esta crisis sólo podamos salir agachando la cabeza, apretando los dientes y renunciando a lo que tantos años costó construir.
2. Porque no fueron ni los trabajadores, ni los parados, ni los profesores, ni sus alumnos, ni los médicos, ni sus pacientes, ni los pensionistas, ni nuestros hijos quienes hundieron la economía. Pero no son ellos, somos nosotros, los únicos que lo vamos a pagar.
3. Porque quiero un modelo fiscal donde cada cual aporte según su capacidad y, cada cual, reciba según su necesidad. Porque exijo ese “sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad” que me prometió el artículo 31 de la Constitución.
4. Porque la Constitución también me dijo que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, no en el Banco Central Europeo o en Wall Street.
5. Porque si hay dinero público suficiente para volver a rescatar a los bancos, a las cajas o a sus millonarios directivos, también debería haberlo para ayudar a esas familias hipotecadas que lo pierden todo porque no pueden pagar al haber perdido su trabajo.
6. Porque las desigualdades económicas aumentan y me niego a que sea la eficacia, sin la equidad, el único patrón para medir el éxito de una sociedad.
7. Porque tal vez no sirva de nada. Porque tal vez nada vaya a cambiar. Porque puede que sólo nos quede la protesta y la palabra. Pero lo que es seguro que será completamente inútil es quedarse en casa y esperar sentado a que todo se solucione sin más.
Por estos siete motivos, y por otros cuantos y muchos más, este sábado 15 de octubre estaré en la calle para pedir al mundo un cambio global. Un cambio a mejor. www.15october.net e Ignacio Escolar.
http://map.15october.net

Si no se cambia, hay que salir del euro

1. Europa en el abismo.
Las autoridades europeas, la Comisión y el Banco Central Europeo, están llevando a Europa al borde del abismo. Se habla todos los días de la situación extrema de Grecia, pero no es solo ese país el que está siendo literalmente saqueado y arruinado por las desastrosas medidas que se están aplicando para salvar los intereses de los grandes grupos financieros y empresariales europeos. Son muchos más.
Las políticas “de austeridad” son meros recortes en el gasto social y en los salarios directos e indirectos y diferidos (sanidad, educación, pensiones…) orientados a limitar el disfrute de derechos sociales conquistados hace décadas con gran esfuerzo por las clases trabajadoras en beneficio de los grandes capitales. Y día a día estamos viendo que de esa manera no solo no se sale de la crisis sino que, por el contrario, están provocando una nueva recesión que incluso denuncian organismos internacionales neoliberales como el FMI o Estados Unidos porque no les conviene que Europa llegue a una situación de impago generalizado como la que se nos viene encima.
Las autoridades europeas están siendo incapaces de asegurar la financiación a las empresas a pesar de haberles dado cientos de miles de millones a los bancos, de modo que miles de ellas siguen cerrando y generando más desempleo y una situación de deterioro productivo que pronto puede llegar a ser irreversible.
Sin reformas que garanticen una nueva forma de actuar del sistema financiero y sin impulso público que sostenga a la actividad empresarial y al consumo hasta que se recuperen por sí solos, las autoridades europeas están generando un problema fatal de demanda.
Y cayendo día a día la actividad y por tanto los ingresos, la deuda sigue aumentando sin cesar mientras que la complicidad del Banco Central Europeo con los bancos privados deja a los gobiernos en manos de “los mercados”, encareciendo la ya de por sí dificultosa y escasa financiación y provocando una gigantesca amenaza que ya es prácticamente una realidad: Europa no puede pagar la deuda que acumulan sus gobiernos y empresas y familias. Es materialmente imposible que puede hacerse y mucho menos con la pérdida de ingresos que se produce en los países más endeudados como consecuencia de las políticas que se están imponiendo.
Y para colmo, no solo no se resuelven los gravísimos problemas económicos que se extienden como una mancha de aceite por toda Europa, sino que las instituciones resultan impotentes, incapaces de coordinarse con efectividad, de transmitir liderazgo y confianza a ciudadanos y empresarios y de tomar decisiones con rapidez y eficacia. La inicial crisis financiera se ha convertido finalmente en una auténtica crisis política que paraliza a Europa que pone en peligro su estabilidad social y que puede llevarnos a un conflicto de grandes proporciones.
2. No hay solución en el marco político en el que quieren moverse los dirigentes europeos.
El empecinamiento en mantener las políticas de recorte de gasto social y los privilegios a la banca impide que los problemas económicos de las economías europeas se puedan resolver, ni siquiera con los sacrificios cada vez mayores que se les están imponiendo a la población.
Que nadie se engañe. Es materialmente imposible salir del agujero en el que nos encontramos con las políticas que se están aplicando. Estrujar hasta la extenuación a los países y a los pueblos, como en Grecia, Irlanda, Portugal, Rumanía u otros muchos de la Unión solo están produciendo una destrucción fatal y quizá permanente de sus aparatos productivos y una quiebra social sin precedentes en nuestro continente. Abortando sus mecanismos de generación de ingresos es una estupidez pensar que los países endeudados puedan pagar la deuda y salir adelante.
Hablemos claro. No se trata solo de errores doctrinales. La insistencia de los grandes grupos financieros en imponer a Grecia y otros países medidas cada día más restrictivas y antisociales son ya conductas sencillamente criminales que hay que repudiar por inútiles y por salvajes. No hay derecho al ensañamiento vil de los poderes financieros. No tienen derecho a destrozar las economías y a arruinar a los pueblos de la manera en que lo están haciendo y las autoridades Europas deben dejar ya de actuar como sus siervos para imponerlas sin piedad.
Estas medidas no pueden resolver los problemas que hay sobre la mesa sencillamente porque estos derivan de fallos estructurales en la construcción de la unión monetaria, o mejor dicho de fallos “estratégicamente” estructurales porque responden a un diseño deseadamente imperfecto desde el punto del equilibrio y la justicia global pero que garantizan unas condiciones inmejorables para el capital europeo. Me refiero, por ejemplo, a la falta de mecanismos de coordinación de las políticas económicas, a la ausencia de una hacienda europea y de un presupuesto suficiente, a la renuncia de disponer de un auténtico banco central que financie a los estados cuando estos lo necesiten para no hacerlos esclavos de la banca privada, a la falta de supervisión financiera centralizada que hubiera impedido los desmanes de las entidades financieras, o de instituciones que garanticen la gobernanza democrática y el control efectivo de los poderes informales que se superponen sobre las instituciones representativas. Y eso por no hablar de la falta de pluralismo y del fundamentalismo que guía las políticas que se vienen llevando a cabo a pesar de que la realidad muestra día a día que no son las adecuadas para mejorar el rendimiento económico y mucho menos para aumentar la equidad y los equilibrios territoriales y personales en los distintos países y en el conjunto de la Unión.
3. El mal diseño del euro produce más inconvenientes que ventajas.
Los daños que está produciendo en los últimos años el defectuoso diseño de la unión monetaria, o mejor dicho, su diseño orientado simplemente a proporcionar un área de óptima rentabilización a los capitales, están empezando a ser ya insoportables.
Es verdad que la pertenencia al euro ha conllevado muchos beneficios. Ha proporcionado sinergias, ahorro de muchos costes, intercambios muy fructíferos, empuje acelerado y modernidad a estados más atrasados, referencias inexcusables para mejorar estándares de vida, de emprendimiento e innovación, e ingresos para poder abordar en muy poco tiempo transformaciones que hubiera costado decenios llevar a cabo sin el euro. Y es cierto también que ha proporcionado un encuadre más seguro a las economías más atrasadas que se han podido aprovechar de la seguridad que da “viajar” de la mano de economías tan potentes como la alemana o incluso la francesa en el seno de una zona que estaba llamada a ser uno de los grandes ejes del desarrollo y la prosperidad mundial.
Pero la realidad es que esas ventajas palidecen si se tienen en cuenta otros problemas derivados, como acabo de señalar, de haber puesto la unión monetaria al servicio de los grandes capitales y de su renuncia a avanzar hacia la conformación de un espacio auténticamente integrado y equilibrado.
Los países de la periferia hemos perdido nuestros mejores activos y el control de nuestras principales empresas y redes, que hemos tenido que vender a los capitales europeos más potentes, y así, nuestras economías son ahora mucho menos competitivas y está mucho más concentradas en torno a grupos de poder y decisión cuyos intereses nada tienen que ver con el desarrollo de nuestras capacidades productivas o con el aumento de nuestros ingresos.
Nuestras grandes empresas se han beneficiado de formar parte del espacio común que les ha dado alas para saltar al global pero eso ha supuesto pérdida de empleos, extraversión de ingresos y renuncia a nuestra capacidad de decisión sobre intereses nacionales estratégicos.
Hemos recibido muchos ingresos de Europa pero no han servido para reducir significativamente nuestros deficits sociales ni para reducir nuestras desigualdades. Todo lo contrario. Hemos perdido capacidad de maniobra y ahora hemos de nadar con las manos y pies atados justamente cuando las aguas se ponen más bravas y difíciles.
Es verdad que todo ello ha sido también por culpa nuestra. No podemos responsabilizar de todo a Europa. Pero no lo es menos que en el marco en el que actualmente se mueven las políticas europeas resulta muy difícil hacer otra cosa. El discurso oficial precisamente se basa en difundir la idea de que “lo impone Europa” y que es “imposible” llevar a cabo otras políticas que nos sean las que dictan sus autoridades.
Por eso hay que acabar con aseveraciones que solo son verdades a medias. Se podría haber avanzado por otros caminos sin necesidad de haber roto con Europa: incrementando la justicia fiscal, modificando nuestras prioridades y especialidades productivas, aumentando la inversión en el gasto público y social necesario para impulsar la actividad productiva y la vida empresarial creadora de empleo y, sobre todo, se podría haber actuado con mayor independencia respecto a los centros de poder de Europa levantando nuestra voz en lugar de limitarnos a ser siervos obedientes de los grupos de poder económico y financiero que dominan las instituciones europeos.
Dicho de otro modo: los dos partidos que se han alternado en el gobierno en estos últimos años podrían haber sido más fieles a los intereses nacionales y haberlos defendido en Europa en lugar de ceder España al capital extranjero, como han hecho de la manera más explícita mediante privatizaciones y aplicación de normas en su beneficio. Y el resto de las fuerzas sociales deberíamos haber estado más acertados a la hora de impulsar la lucha contra todas las injusticias y daños que ha provocado nuestra inadecuada entrada en el euro y los efectos que hemos venido padeciendo por culpa de ello.
4, Ha llegado el momento de hacerse oír.
La situación europea que está creando la crisis política que se añade a la financiera y económica es de emergencia.
A punto de entrar en otra recesión, con una deuda gigantesca que es imposible pagar, como he señalado, y sin capacidad efectiva de decisión política por parte de las autoridades europeas (como demuestran las idas y venidas, las contradicciones y retrasos continuos en la toma de decisiones y en su aplicación) solo queda como alternativa a corto plazo para evitar el derrumbe definitivo de Europa tomar medidas urgentes como las siguientes:
a) Que el Banco Central Europeo se haga cargo de la financiación de la deuda de los estados. Que se organice una quita o reestructuración generalizada de toda ella y que se planee un plan de pagos a medio y largo plazo que no lleve consigo la ruina de Europa sino que garantice la generación de ingresos en todos los países. Dicho con palabras que todo el mundo entiende: tal y como salvaron antes a los bancos, tienen que salvar ahora a los pueblos, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que crean empleo y a las economías en general.
b) Debe crearse una institución pública financiera en Europa que inmediatamente garantice recursos a empresas y consumidores.
c) Ha de ponerse en marcha un plan urgente de reactivación de la actividad basado en el impulso de nuevas líneas productivas. Una especie de “Plan Marshall” europeo que posiblemente debería contar con el apoyo internacional en el marco de acuerdos globales sobre nuevos estilos de gobernanza, política y justicia global.
d) Igualmente, es imperioso llevar a cabo un plan urgente de fortalecimiento democrático de las instituciones europeas y de coordinación de las políticas que permitan aplicar todo lo anterior, sobre todo, limitando el poder financiero y la influencia decisiva que viene teniendo las operaciones especulativas.
Soy consciente de la dificultad de poner en marcha planes como estos. Mejor dicho, estoy completamente seguro de que no se van a llevar a cabo mientras predominen los intereses que hoy día gobiernan Europa y mientras que los poderes que la dominan no tengan enfrente, en la calle y en las instituciones, contrapesos contundentes y de suficiente envergadura.
Por eso creo que a estas alturas ya no basta con reclamar estas medidas y ni siquiera con esperar o confiar en que la sensatez o el duro enfrentamiento con la realidad obligue a modifique su actuación a las autoridades europeas. No creo mucho en los milagros.
Hay que forzar la situación y al mismo tiempo hay que evitar que el tsunami que están provocando las desastrosas políticas de los poderes europeos nos arrastren. Por eso creo que la mejor alternativa para la economía española es salir del euro. Se que se trata de una posibilidad ni siquiera contemplada en los tratados pero que, en ese caso, se puede adoptar sencillamente como una alternativa de facto. No es ninguna opción irreal ni nos llevaría al desastre. De hecho, si no cambia la orientación de las políticas actuales (y no cambiarán sin medidas de presión como la amenaza de que países como España digan ¡Basta ya!) terminaremos todos fuera del euro. Pero saliendo deprisa y corriendo, con el rabo entre las piernas y huyendo de la quema.
Juan Torres López (www.juantorreslopez.com). Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Juan Torres López

Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa
La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública, es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última. No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la Constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.

Los ingresos y gastos de un Estado
Un Estado, como cualquier otro agente económico, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos.
Los ingresos pueden provenir de muchas fuentes, pero en la actualidad y como consecuencia de decisiones erróneas de política económica la gran mayoría se obtienen únicamente de los impuestos. En otro tiempo el Estado también obtenía cuantiosos ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero en las últimas décadas y debido a la avalancha de privatizaciones (más de 110 empresas en España) esta fuente de ingresos se ha agotado. Por otra parte, actualmente de todos los impuestos los más importantes son el de la renta (IRPF), el de sociedades (IS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Hasta 2007 también existía el impuesto del patrimonio (IP), que afectaba únicamente a las personas con más riqueza, pero fue eliminado por el gobierno actual.
Los gastos también pueden ser de diferente naturaleza. Desde el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad pública, la educación pública o el transporte) y el pago de todo el personal asociado (médicos, profesores, bomberos…), hasta el simple despilfarro y la corrupción política.
Por lo tanto tenemos que los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero éstos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios empresarial (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que en momentos de bonanza económica los ingresos del Estado serán elevados. Y con ingresos elevados se permitirá gastar más, o incluso ahorrar.
Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que la economía ha estado creciendo a ritmos muy altos debido a una burbuja inmobiliaria, que tarde o temprano tenía que estallar. Pero mientras la burbuja duraba los ingresos del Estado han sido cuantiosos porque había muchos trabajadores cobrando sueldos, las empresas ganaban mucho dinero y el consumo era muy importante (ayudado por el crédito bancario, eso sí). Sin embargo, en lugar de modificar el patrón de crecimiento y promover un modelo productivo distinto que permitiera que el país no dependiera de la existencia de una burbuja, los partidos políticos en el gobierno prefirieron (PP y PSOE) dejar pasar el tiempo y aprovechar las ventajas de un ciclo económico positivo pero ilusorio.
Además, estos gobiernos aprovecharon las circunstancias de bonanza para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades. Y al mismo tiempo iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de los países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávit en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.
Pero cuando llegó la crisis, primero por la vía del contagio financiero internacional y luego como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron feas. Los bancos dejaron de prestar dinero a empresas y hogares y se dejó de invertir y de consumir. Cayeron entonces los beneficios y el consumo, lo que llevó a la baja la recaudación por impuestos y, por lo tanto, los ingresos públicos. Pero por el contrario los gastos se incrementaron. Y se incrementaron porque el Estado tuvo que salir a ayudar a la banca, pero sobre todo porque para intentar frenar la crisis tuvo que comenzar proyectos de estímulo económico que suponían un importante gasto. Además, el Estado tiene medidas llamadas anticíclicas, como las prestaciones por desempleo, que hicieron aumentar el gasto. En definitiva, como consecuencia de la crisis el Estado vio cómo sus gastos se disparaban y sus ingresos se reducían. El Estado entraba, por lo tanto, en déficit.

Cómo pagar el déficit
Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas se han delegado en instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Así, al final la paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.
En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá pagarse de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.

Las políticas de austeridad no funcionan
El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas, en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.
La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico, como a continuación explicaremos. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Dado que como hemos visto antes los ingresos dependen de esas variables (beneficios y consumo) al final tenemos que los ingresos también caen. Así, aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello, a una población que en conjunto será más pobre (porque verá que los servicios públicos se deterioran, se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).

Se necesita más gasto público, y más eficiente
En realidad, y aunque sea "contraintuitivo", lo que se requiere es precisamente más gasto público. Porque lo que se necesita es recuperar los ingresos, no rebajar los gastos, y eso puede hacerse bien subiendo los impuestos (medida recomendable y necesaria, como recordaremos) bien incrementando la recaudación vía beneficios y consumo. O, dicho de otra forma, lo que necesitamos es crecimiento económico. Aunque no de cualquier tipo.
Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se den a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.
Lo que se requiere, entonces, es que el Estado empuje la economía a través del gasto público y de lo que se llama el “multiplicador keynesiano”. Cuando el Estado gasta dinero, por ejemplo, en construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas. Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y así sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, se puede salir de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.
Lo que importa es, por supuesto, que el gasto público tenga sentido y esté programado. El llamado “Plan E” tuvo un efecto muy temporal porque la economía estaba atrapada en los restos de la burbuja inmobiliaria y el plan lo único que hizo fue intentar resucitar esos restos. Lo que se requiere, por el contrario, es planificar un programa de gasto público potente encaminado a cambiar el modelo productivo y promover sectores como las energías renovables y las nuevas tecnologías, teniendo presente también el reciclaje del sector de la construcción.
Es importante remarcar que no cualquier gasto público es bueno, y por eso es necesario incrementar la eficiencia de dicho gasto. Eso quiere decir que hay que iniciar programas destinados a mejorar la eficiencia en la administración pública, a racionalizar mejor el dinero público y también a perseguir todos los casos de corrupción y de privilegios desorbitados de la clase política (amén del gasto militar).

La recaudación de los ingresos
Si bien los gastos, como hemos dicho ya, deben ser eficientes y bien planificados (y no basados en el derroche), a su vez los ingresos deben ser suficientes y estar igualmente bien planificados.
Los impuestos no son todos iguales ni afectan a todos los sectores y personas por igual, de modo que cualquier modificación impositiva tendrá consecuencias variadas. Por eso conviene planificar un sistema de incentivos adecuado que organice qué tipo de impuestos y qué nivel de los mismos tienen que existir.
En unos momentos como los actuales, en los que la desigualdad se ha incrementado extraordinariamente y la financiación del Estado del Bienestar depende de facto de los ingresos de las clases medias (porque las grandes fortunas evaden impuestos en paraísos fiscales) se requieren medidas de choque.
Hay que incrementar los impuestos a las rentas altas, lo que significa incrementar los tipos impositivos y también crear nuevos tramos. Simultáneamente hay que incrementar los impuestos a las rentas del capital y a las empresas, amén de recuperar el impuesto de patrimonio. Pero todo eso será insuficiente si no se combate con firmeza el sistema financiero especulativo que permite la existencia de paraísos fiscales. En definitiva y sin ánimo de profundizar en un programa detallado, hay que incrementar los impuestos a las rentas altas (que consumen menos pero especulan más) sin modificar mucho la presión fiscal de las rentas populares. Eso permitirá incrementar los ingresos del Estado sin que el consumo privado se vea mermado.

Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica
Por todo lo expuesto debe quedar claro que limitar por ley el gasto es una verdadera barbaridad, que no sólo afecta al carácter democrático del sistema político (al restringir el margen de maniobra) sino también al propio funcionamiento del sistema económico.
Los déficit son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. Es cierto que no pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficit crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficit importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.
Y en economías como la española, que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficit presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado, sino también para que las empresas obtengan beneficios no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderán empleo y riqueza en el futuro.

¿Por qué se proponen entonces este tipo de medidas que van a ser tan negativas para el conjunto de la población?
Sencillamente porque favorecen al capital privado. Por un lado, menos posibilidades de financiar servicios públicos abrirá la puerta al negocio privado en salud, educación, servicios de dependencia… Y, por otro lado, todos ellos, serán financiados por los bancos privados.
Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.

Obstáculos importantes
Para terminar debemos reconocer que España tiene dificultades añadidas porque está especialmente endeudada a nivel privado y porque tiene una camisa de fuerza muy incómoda en la Unión Europea. Para superar estas dificultades España necesita que la Unión Europea cambie su política de actuación y comience a desarrollar un programa similar al aquí apuntado pero en el marco de la Unión Europea. Además, ninguna de estas medidas será efectiva si no se regula masiva y estrictamente el sistema financiero internacional que sirve para que las grandes fortunas y las grandes empresas especulen sin fin a costa de las arcas públicas de todos los Estados y, por lo tanto, del bienestar de todos los ciudadanos. Eso supone establecer prohibiciones de prácticas como las operaciones a corto, operaciones al descubierto, el uso de instrumentos financieros altamente especulativos (como los hedge funds y los Credit Default Swap) y el establecimiento de controles de capitales en toda la Unión Europea.
En lo que a nivel privado se refiere, el endeudamiento privado puede resolverse promoviendo mayores ingresos (en este caso salarios). Por eso es necesario promover un pacto capital-trabajo basado en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, en el "refortalecimiento" del poder de negociación de los trabajadores y en la regulación de los beneficios empresariales (para que se destinen a la creación de empleo). Entramos así de lleno en el mundo de la política y las relaciones de fuerza, lo que requerirá el uso de herramientas económicas como las nacionalizaciones para imponer las condiciones a los empresarios reticentes. Con un pacto capital-trabajo y con una estrategia de coordinación salarial a nivel europeo España puede superar su alto nivel de endeudamiento privado y acabar con los desequilibrios comerciales que arrastra desde hace tanto tiempo, y sin salir del euro.
Por el contrario, aplicando el recetario neoliberal del Partido Popular y del gobierno de Rodríguez Zapatero es completamente seguro de que nuestra economía se resentirá. Se crearán más oportunidades de beneficio para el capital privado y las clases más ricas pagarán menos impuestos aún, pudiendo adquirir sus servicios de bienestar en el mercado, pero las clases populares perderán cada vez más calidad de vida.

Bibliografía complementaria:
En Octubre la editorial Aguilar publicará un libro titulado “¡Hay Alternativas!” en el que Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón explican de forma pedagógica las causas últimas de la crisis y las medidas necesarias para salir de una forma justa y social.

Debe tenerse en cuenta que la medida en este artículo analizada fue una recomendación incluida en el llamado Pacto por el Euro, que dio lugar a las movilizaciones del 19 de junio promovidas por la plataforma Democracia Real Ya y los sindicatos. Por eso es recomendable leer el artículo de Juan Torres y Alberto Garzón (19-J. Contra el Pacto del Euro. ¡Democracia real en Europa ya!) en el que criticaban con detalle los argumentos esgrimidos por los economistas neoliberales. De una forma más genérica merece la pena leer los artículos de Juan Torres titulados ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre el déficit y la deuda, de 2010, y Pacto de Estabilidad y Estado del Bienestar: una nota sobre su dudosa credibilidad, de 2005.

En lo que se refiere al comportamiento de los mercados financieros es interesante leer la descripción que hace Alberto Garzón en ¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera? y las propuestas que existen para solucionar el problema de deuda pública y desactivar el chantaje de los mercados financieros en ¿Por qué debemos reestructurar la deuda pública y cómo hacerlo?. De forma paralela el papel de la desigualdad en el crecimiento económico queda explicado en “La importancia económica de la desigualdad” que se suma al estudio de la “Evolución de los Salarios en España (1978-2011)“, donde se puede comprobar que la desigualdad es la causa principal de la crisis que padecemos. De forma más general la página personal del profesor Vicenç Navarro
http://www.vnavarro.org Contiene gran cantidad de artículos que analizan la situación actual y en particular la importancia clave de la desigualdad.

Dado que este debate no está limitado solo a España, y ni siquiera a Europa, conviene leer también los documentos académicos escritos sobre la situación de Estados Unidos. Por eso recomendamos leer el artículo de Robert Pollin "U.S. Government Deficits and Debt Amid the Great Recession: What the Evidence Shows", el de James Crotty “The Great Austerity War: What Caused the Deficit Crisis and Who Should Pay to Fix It?“ y otro de Robert Pollin “Fighting Austerity and Reclaiming a Future for State and Local Governments“.

http://juantorreslopez.com/impertinencias/137-articulos-de-opinion-y-divulgacion-2011/2466-crisis-economicas-acuerdo-psoe-pp-sobre-la-deuda-un-pacto-que-perjudica-a-espana

Hay que acabar con el terrorismo financiero

La extraordinaria subida de la prima de riesgo española y de otros países aún más cercanos al corazón de la vieja Europa nos pone al borde del límite de lo que la ciudadanía no debería consentir.
Nada ha cambiado en España en los últimos días –salvo la celebración de nuevas subastas de deuda pública, claro está– que haya podido dar a entender a “los mercados” que la situación de nuestra economía es peor que hace unas semanas y que, por tanto, justifique una subida en el tipo de interés que debamos que pagar para financiarnos. Se trata, tan solo, de nuevas operaciones de casino que apuestan sobre seguro, provocando ellas mismas los resultados que más les convienen a inversores que, por supuesto, no albergan ninguna preocupación acerca de lo que suceda en la economía real, en la vida de la gente, sino en cómo mejorar sus posiciones de apuesta para ganar más dinero.
Cuando los bancos que habían provocado la crisis que estamos viviendo necesitaron financiación, los gobiernos y el Banco Central Europeo no dudaron en acudir en su auxilio, en una ocasiones, porque decían que eran “demasiado grandes para dejarlos caer” y, en otras, porque había que “salvar al sistema financiero”. En ello se gastaron varios billones de euros; más de 800.000 millones sólo en Alemania y Francia...
Tratar de hacer frente a una situación que el propio presidente de la Junta de Andalucía calificó de “terrorismo financiero” cediendo a la extorsión, como está haciendo el Gobierno socialista, es algo peor que una simple ingenuidad. Las reformas que ha llevado a cabo sólo han servido para debilitar aún más la capacidad de generación de empleo e ingreso de nuestra economía y, al frenar la recuperación y el crecimiento de la actividad, terminarán encareciendo aún más la deuda pública a medio y largo plazo, convirtiéndose esta dinámica en un círculo vicioso que lleve a la ruina a los propios estados, a sus servicios públicos esenciales y, por ende, a toda la ciudadanía.
Leer todo aquí.
Juan Torres López, Comité Científico de ATTAC España., Carlos Martínez García, Promotora Estatal de Mesas de Convergencia. Francisco Jurado, Democracia Real Ya
Leer a Javier Cercas sobre el mismo tema.

¿Qué se debe hacer para crear empleo?

Los economistas neoliberales, representados en España por lo que trabajan alrededor de FEDEA financiados por la banca y las grandes empresas, vienen afirmando que es preciso llevar a cabo reformas laborales para combatir el desempleo.

Normalmente presentan sus propuestas como si fueran el resultado de análisis científicos rigurosos y fuera de toda duda pero es importante que la ciudadanía sepa que no cuentan con más evidencia empírica que la que tienen otros análisis que proponen fórmulas alternativas para combatir el desempleo. Y, en consecuencia, que siguiendo sus propuestas, como se viene haciendo, es completamente improbable que se pueda reducir la tasa de paro que sufrimos.

Los economistas neoliberales afirman que las instituciones del mercado de trabajo (salarios, mecanismos de negociación, sindicatos, costes de despido, formas de contratación...) son las que determinan que haya más o menos facilidad para crear empleo y que, por tanto, son las determinantes de las tasas de paro existentes. Afirman que en países como España esas instituciones constituyen rémoras que impiden que las empresas contraten a más trabajadores y que, por tanto, hay que reformarlas para hacerlas más flexibles, es decir, menos costosas y más favorables a las estrategias empresariales.

El punto de partida de estas formulaciones es considerar que el trabajo es una mercancía más, y que el paro simplemente refleja un exceso de oferta en el mercado que se puede resolver si se baja el precio del trabajo, el salario. Cuando las instituciones son rígidas o inadecuadas (como entienden que ocurre en España) no se producirá ese descenso del salario y por tanto perdurará el paro. Un paro que estos economistas denominan voluntario porque sería el resultado de que los trabajadores no aceptan otras condiciones más flexibles o menos onerosas para las empresas. Las propias clases trabajadoras, y más concretamente los sindicatos que se suponen que son quienes representan sus intereses, serían los culpable de que hubiese desempleo, de lo cual también deducen que lo deseable sería que la presencia sindical fuese mínima, bien haciéndolos desaparecer o reformando la negociación colectiva para lograr que tengan la menor influencia posible en la determinación de las condiciones de trabajo
Hace ya uno sesenta años que economistas como Keynes o Kalecki pusieron de relieve que este enfoque contenía errores de partida esenciales y que la evidencia empírica más bien mostraba que eran otros factores los que actuaban como determinantes de la tasa de paro. Pero, pese a ello, los economistas neoliberales siguen manteniendo esas hipótesis, lo que no se puede explicar sino como el resultado de una opción ideológica, legítima, pero ideológica al fin y al cabo y no científica, como siempre quieren hacer creer cuando presentan sus propuestas.

El hecho de que esta tesis haya sido sostenida por los grandes organismos económicos internacionales, por las patronales y por los grandes centros de poder es lo que ha permitido que, pesar de su falta de fundamento científico, se haya convertido en la inspiradora de las políticas laborales y económicas de los últimos años, orientadas, como se sabe a flexibilizar y liberalizar los mercados laborales.

La consecuencia de ello ha sido que, unidas estas políticas a otras igualmente desalentadoras de la actividad económica, no se han podido crear los puestos de trabajo necesarios y, sobre todo, que el empleo generado ha sido más barato y de peor calidad, lo que ha redundado en el incremento de las rentas de capital frente a la salariales.

Recientemente, mientras que los economistas neoliberales continúan insistiendo en sus propuestas de reforma laboral, se acaba de publicar un artículo en el Cambridge Journal of Economics (2011, 35; pp. 437–457) en el que de nuevo se demuestra (en este caso para la experiencia de 20 países de la OCDE incluida España) que la evidencia empírica no da apoyo a sus tesis.

En su trabajo Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run los economistas Engelbert Stockhammer y Erik Klär demuestran que los factores que tienen que ver con la acumulación de capital y con las variables macroeconómicas que actúan sobre el lado de la demanda tienen una influencia mucho más significativa que las instituciones del mercado laboral sobre las tasas de paro a medio plazo.

Se evidencia así una vez más que las propuestas de reforma de los economistas neoliberales no son las más adecuadas para generar empleo y que, por el contrario, lo mejor que se puede hacer para conseguir crear puestos de trabajo es actuar sobre el mercado de bienes y servicios para lograr que haya demanda efectiva suficiente.

La reforma laboral que proponen y que en parte ha aceptado nuestro gobierno no solo no permitirá generar más empleo (en realidad, así lo reconocieron los defensores más honestos de la propuesta) sino que, a la vista de evidencias como las que muestra este artículo, lo que hará será dificultar que se cree a medio plazo.

Las reformas laborales que plantean los neoliberales y aplicadas en los últimos años perjudican a la creación de empleo porque deprimen la demanda efectiva y, por tanto, empeoran las condiciones de la acumulación del capital. Al igual que sucede con la política monetaria que se ha venido llevando a cabo por el Banco Central Europeo y con el conjunto de políticas que han aplicado los gobiernos.
Para crear empleo hay que hacer otra cosa, según nos sugieren trabajos empíricos como el que acabo de mencionar. Hay que estimular la inversión productiva, hay que crear capital social y sostener una demanda efectiva potente que principalmente puede provenir de la masa salarial, puesto que las rentas del capital y las más altas tienden a dedicarse al ahorro en mucha mayor proporción y éste, en ausencia de las reformas necesarias del sistema financiero, es absorbido por éste último y derivado hacia la inversión especulativa.

La receta más adecuada para combatir el paro facilitando la generación de puestos empleo es crear condiciones macroeconómicas que dinamicen el mercado de bienes y servicios. Actuar sobre el mercado laboral para abaratar el empleo y para proporcionar condiciones más favorables de contratación para la gran empresa no lo garantiza a medio plazo. Podría ser una buena solución para la empresa considerada aisladamente pero no para el conjunto de ellas y, sobre todo, para las pequeñas y medianas que no disponen de la válvula de escape de los mercados globales.
Juan Torres López-
Publicado en Sistema Digital el 3 de marzo de 2011.
(Foto del autor, "Paisaje urbano de Coimbra, Portugal. 22-03-11)

La crisis y los bancos. Análisis del catedrático Juan Torres López.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: NO BASTA LA AUTOCRÍTICA

El documento que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional contiene un análisis crítico de su actitud ante la crisis que algunos han calificado como demoledor. Es así porque en él se reconocen fallos de todo tipo en su gestión de la crisis, en la percepción de los problemas que la originaron, en su tratamiento e incluso en la actitud intelectual de quienes tienen medios sobrados como para conocer bien lo que ocurre en la economía mundial.
En el documento se reconoce que no se percibió adecuadamente la naturaleza del problema que se estaba gestando porque se asumía la creencia de que los mercados financieros iban a ser suficientemente sólidos. Es decir, que simplemente se dio por buena la creencia que los economistas ortodoxos propagan sin cesar gracias al apoyo de la banca y las grandes empresas que los financian.
También se admite que no se percibió correctamente el riesgo que se acumulaba en el sistema financiero y que no se prestó suficiente atención a la supervisión para haber evitado la propagación o contagio de la crisis. Esto es, que se hizo la vista gorda ante los desmanes de los bancos para poder dejar que acumularan beneficios a sus anchas.
Se reconoce así mismo que los economistas del Fondo no fueron capaces de reconocer la magnitud de los problemas ni la urgencia de las respuestas que había que darle y que no se entendió que los desequilibrios constituían un verdadero riesgo sistémico. O sea, que no se preocuparon ni siquiera de leer a quienes mantienen posiciones distintas a su credo neoliberal, a quienes simplemente desprecian, a pesar de que éstos han demostrado haber sido capaces de analizar muchos mejor lo que estaba ocurriendo y de prever lo que se venía encima mientras que los ortodoxos se limitaban a quitarle importancia a los hechos.
Las razones que el propio Fondo da para explicar que se produjesen esos errores tan graves en la detección y tratamiento de la crisis son igualmente claros y se basan en reconocer que predominó lo que el documento llama el "pensamiento de grupo". Es decir, el sectarismo y la ceguera intelectual que tantos economistas críticos venimos denunciando desde hace años como propios de la economía ortodoxa y que sencillamente consiste en que para quienes la defienden no hay otro pensamiento ni análisis que no sea el que reafirma sus posiciones y creencias.
Se trata de una enfermedad intelectual sumamente arraigada y que no solo es propia de los economistas del Fondo. Ellos, al menos, lo acaban de reconocer. Entre nosotros están los famosos economistas reunidos en torno a FEDEA, defensores en líneas generales de exactamente las mismas posiciones y principios intelectuales "de grupo" que los del Fondo, financiados justamente por ello por la banca y las grandes empresas, y en cuyos escritos puede comprobarse paladinamente que sufren su mismo mal aunque en nuestro caso no sean capaces de reconocerlo: el desarrollo de un mismo pensamiento cerrado que nunca contempla tesis que contradigan las que interesa a sus financiadores que sostengan, lo que incluso materialmente se manifiesta en la ausencia de referencias bibliográficas o de consideraciones analíticas que sean distintas a las propias, y que es la manera más segura, como ahora reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, de alejarse de la verdad en lugar de acercarse a ella.
Finalmente, el texto del Fondo reconoce que lo que hizo que se produjeran esos fallos de análisis fue "un débil régimen de gobierno interno, la falta de incentivos para integrar el trabajo de las distintas unidades y plantear opiniones contrarias, y un proceso de revisión que no lograba atar cabos o asegurar que se siguieran todos los pasos necesarios". Algo sencillamente sorprendente y escandaloso en una institución que cuenta con recursos prácticamente ilimitados y que alardea de disponer de los mejores economistas y directivos del mundo. Una circunstancia que una vez más demuestra que las anteojeras ideológicas de la economía convencional pesan mucho más que los grandes títulos y las autoalabanzas que se da a sí misma con la ayuda de los poderes financieros que la sostienen.
Hay que reconocer que el hecho de que el Fondo haya publicado un documento de este tipo reconociendo meridianamente su incompetencia es algo valioso pero no se puede aceptar que eso baste para dejar las cosas como están.
Hay que tener en cuenta que el Fondo ha seguido manteniendo prácticamente el mismo piloto automático que lleva utilizando desde hace años a la hora de proponer políticas en plena crisis y mientras que se detectaban estos fallos. Y que este empeño ha tenido y sigue teniendo consecuencias muy graves en países enteros.
Si un documento realizado por la propia institución reconoce de modo tan flagrante su inoperancia y su incapacidad para ver lo que sucede en la economía a dos palmos de sus narices, uno realizado por expertos independientes iría más lejos y descubriría lo que de verdad hay detrás de esa incompetencia: el servilismo ante los grandes poderes financieros y ante los intereses de Estados Unidos, la falta de sustentación científica de las políticas que se proponen, la arbitrariedad con que se imponen y, lo que es más importante, el daño material que se ha hecho a millones de personas.
Cuando el propio Fondo reconoce lo que está reconociendo, se hace cada vez más urgente que la comunidad internacional se plantee la necesidad de juzgar su actuación y establecer responsabilidades. No se está hablando solo de simples errores de apreciación intelectual sino de la continua justificación sin más base que la de favorecer a los grandes poderes de políticas que han provocando y siguen provocando millones de muertes, el empobrecimiento constante de seres humanos y la ruina de países enteros para favorecer le beneficio de una minoría reducida de privilegiados.
Hay que empezar a tratar el comportamiento del Fondo Monetario como lo que efectivamente es, un crimen orquestado contra la Humanidad... Seguir leyendo a Juan Torres en Sistema

Infamia

Dos noticias:

BCE ha prestado a los bancos comerciales de la eurozona liquidez ilimitada al 1%
El tipo de interés del rescate a Irlanda será de entre el 6% y el 7%

Es decir, generosidad con los banqueros que han provocado el daño y mano dura con los pueblos que se endeudan por su culpa.
Así se escribe la infamia y eso es lo que nos estamos tragando sin apenas rechistar. (Juan Torres López)

Una crítica rigurosa a los "100 economistas"

La propuesta de los 100 economistas sobre las pensiones públicas: errores, medias verdades y silencios al servicio de la banca.Juan Torres López y Vicenç Navarro, miembros del Consejo Científico de Attac España.

Irlanda, ¿No era el ejemplo a seguir?

Irlanda como ejemplo.
Durante muchos años el "ejemplo" irlandés estuvo de moda y se ponía constantemente a los demás países: la política de bajos impuestos sobre el capital (casi la mitad de la media europea), la amplia liberalización de la actividad económica y las privatizaciones, la moderación salarial y las grandes facilidades a los capitales para que pudieran actuar a su antojo se consideraban la clave de su éxito y lo que debería hacer cualquier otra economía que quisiera ser tan próspera y dinámica como el "Tigre Celta" de entonces. Claro que se estaba hablando de un éxito que solo se medía por el incremento vertiginoso del PIB pero no en la disminución de las desigualdades o de la brecha de los estándares de bienestar del país respecto a la media europea.

Los gobiernos conservadores facilitaban la actividad de los bancos que se dispusieron a crear deuda y a financiar la actividad especulativa sin freno sin que a ni uno ni otro preocupara la generación de burbujas inmobiliarias o la escasa base real del crecimiento que se generaba.

En realidad, lo que estaba haciendo Irlanda no era otra cosa que aplicar como un alumno aventajado las políticas de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional venía proponiendo desde hacía años para favorecer el incremento de las rentas del capital. Y por eso el Fondo aplaudía lo que se estaba haciendo allí afirmando que sus políticas económicas ofrecían lecciones útiles a otros países (FMI. IMF Concludes 2004 Article IV Consultation with Ireland. En http://bit.ly/aiaxUw).

Como venimos diciendo muchos economistas críticos estas políticas neoliberales fueron la causa real de la última crisis y por eso no fue ni mucho menos una casualidad que el alumno europeo que las aplicó más fielmente fuese precisamente el primero que entró en recesión en 2008 cuando se desencadenó la crisis de las hipotecas basura.

Como tampoco es casual que la economía que primero aplicó los planes de austeridad como respuesta frente a la crisis sufra ahora un nuevo latigazo.

En realidad, Irlanda es en estos días una especie de laboratorio que permite comprobar el efecto de las políticas neoliberales de austeridad que impone el fundamentalismo dominante desde hace años en Europa.

Aunque ahora muy pocos lo recuerdan, Irlanda aprobó antes que nadie un gran programa de austeridad y recortes: hasta el 20% redujo los sueldos de los funcionarios y un 10% las prestaciones sociales, además de hacer lo mismo en un buen número de programas de gasto público y social. Aunque, eso sí, poniendo al mismo tiempo a disposición de bancos quebrados docenas de miles de millones de euros que pusieron por las nubes el déficit y la deuda del Estado.

Cuando tomó estas medidas, de nuevo el caso irlandés se puso como un ejemplo a seguir por los demás. Los medios de comunicación neoliberales, la Comisión Europea y por supuesto una vez más el Fondo Monetario Internacional alabaron su política de austeridad y recortes frente a la crisis.
Este último organismo, haciendo otra vez gala de su desvergonzada forma de hacer pronósticos económicos, afirmó, para poder aplaudirlas así con aparente fundamento, que gracias a la aplicación de estas medidas la economía irlandesa crecería un 1% en 2009.

Sin embargo, su efecto real fue otro, como los economistas críticos habían pronosticado que iba a ocurrir allí o en otros países en donde se aplicaran: en 2009 el PIB de la economía irlandesa, lejos de aumentar, bajó un 11%.

Con esa caída estrepitosa, con una reducción de la inversión del 30% y de más del 7% del consumo, la economía no pudo generar recursos suficientes, fue más difícil recaudar ingresos para hacer frente a la deuda y ésta siguió subiendo, lo que hacía, para colmo, que los mercados la castigaran subiendo los tipos a los que puede colocarse.

A eso se añade que al haber dejado sin llevar a cabo una verdadera reforma financiera la situación patrimonial de los bancos siguió agravándose y ahora les hace falta una nueva dosis de generosa inyección de liquidez para sacarlos a flote: unos 50.000 millones de euros más sólo para ellos.
Cuando todo esto ha ocurrido, de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional no ha salido ni la más mínima expresión de autocrítica: después de haber afirmado que lo que hacía Irlanda era ejemplar, no tienen nada que decir cuando su "modelo" salta por los aires, como era inevitable que ocurriera como evidente consecuencia de esas políticas. Al revés, se limitan a dar prisa para que se ponga a su pies y a advertir de antemano quién va a hacerse cargo de la factura: "La UE exigirá a Irlanda subidas de impuestos para devolver el rescate", titulan hoy los medios de comunicación europeos.

Irlanda, efectivamente, es un buen ejemplo. Pero de adónde han llevado las políticas neoliberales antes de la crisis y adónde llevan ahora, cuando vuelven a imponerse en forma de austeridad presupuestaria, por un lado, y, por otro, de plena libertad y apoyo a los bancos para que sigan actuando a su antojo. Juan Torres López.

El autor es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. www.juantorreslopez.com

La política de austeridad del gobierno español puede generar más deuda que las de estímulo fiscal

Acaba de publicarse el informe Alternativas a la austeridad fiscal en España elaborado por Mark Weisbrot y Juan Montecino, director e investigador respectivamente del Center for Economic and Policy Research, CEPR, de Washington. En él se demuestra que pueden darse escenarios muy realistas bajo los cuales las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno español darán niveles más altos de endeudamiento en comparación con lo que sucedería si se continúa con un estímulo fiscal moderado que proponen los sindicatos o economistas progresistas.
El informe señala que la notable reducción en la relación deuda/PIB y los superávit en el presupuesto del gobierno central antes de 2008 niegan la idea general de que los problemas de España son resultado del excesivo crecimiento del gobierno.
Por el contrario, el informe indica que los problemas presupuestarios de España así como el desempleo y la débil recuperación de su economía son resultado de una misma causa: el colapso de la demanda privada. En consecuencia, la política más eficiente según sus autores implicaría que el sector público compensara la falta de demanda privada hasta que la inversión privada y el consumo, y posiblemente las exportaciones netas, puedan sostener un crecimiento normal. Mientras que, por el contrario, recortar el gasto público e incrementar los impuestos bajo estas circunstancias son acciones pro cíclicas (llamadas así porque refuerza el colapso de la demanda) y se puede esperar que dichas acciones debiliten la recuperación o que hasta posiblemente reviertan a la economía a un estado de recesión.
Leer aquí todo el artículo de Juan Torres López. Foto de cola de parados (de El País)