_- Jean-Luc Mercier
Rebelión
El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.
Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.
Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.
Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.
Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.
Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.
El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.
Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.
Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.
Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.
Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.
El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.
De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.
La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.
La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.
Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.
"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.
Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.
Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".
Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.
Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.
Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.
El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz
Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.
Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.
Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.
Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.
Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene,utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%..
Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.
La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.
Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.
Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.
El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”
El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informático Ecuménico y Popular.
La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.
Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.
En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.
Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según informó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).
Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.
El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).
La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.
La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).
Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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martes, 8 de enero de 2019
lunes, 8 de octubre de 2018
Imperios combatientes. La insólita coalición
CTXT
Cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se alían para torear a Trump
El lunes 24 de septiembre pasó algo curioso en Nueva York: cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron con la comisaria europea de Exteriores, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, para torear a Donald Trump. El asunto era el acuerdo con Irán.
El gobierno iraní está cumpliendo ese acuerdo firmado por todos ellos en 2015. Eso lo reconoce hasta Theresa May. Sin embargo, Estados Unidos, animado por Israel y los miembros más demenciales de su belicista administración, se ha retirado para regresar a la que ha sido su política desde que la revolución iraní derrocara al sha: el cambio de régimen. A quienes pretendan respetar lo firmado y hacer tratos con Teherán, Trump les promete sanciones a través de su control de los canales bancarios y comerciales del que su país es dueño. Los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Rusia y China, más la comisaria europea y el ministro iraní, se han rebelado contra Trump, declarando la vigencia del acuerdo: los más viejos del lugar no recuerdan nada semejante.
“Los participantes subrayan su determinación de proteger la libertad de sus operadores económicos para realizar legítimos negocios con Irán”, señala la declaración. Y su punto octavo abre a Irán el Banco Europeo de Inversiones como canal para sus negocios comerciales con el mundo. Se pondrá en marcha “un mecanismo especial para facilitar los pagos relacionados con las exportaciones de Irán, incluido el petróleo, y las importaciones, lo que ayudará y tranquilizará a los operadores económicos que realicen negocios legítimos con Irán”. Mogherini aclaró que este sistema podría abrirse a otros países fuera de la UE, y ha subrayado que todos los firmantes actuales del pacto atómico lo apoyan.
Después de que Trump manifestara ante la Asamblea General de la ONU que “los dirigentes iraníes siembran el caos, la muerte y la destrucción” en el mundo, y glosara sus sanciones (que desde abril han hecho perder más de dos tercios de su valor a la moneda local y que el 5 de noviembre aún se reforzarán más) como medio para defenderse de las “sangrientas intenciones de Teherán”, la declaración de los cuatro + dos sonó potente. En el caso de la Unión Europa casi como una verdadera declaración de independencia. ¿Verdaderamente?
Desde que Trump se fue del acuerdo y anunció sanciones para las empresas que negocien con Irán, las mayores empresas europeas con expectativas allá se han ido en estampida; PSA, Total, Renault, VW, Daimler, y diversos bancos europeos. No parece que el anuncio del lunes vaya a cambiar eso, porque los negocios de esas empresas con Estados Unidos pesan mucho más que lo que puedan ganar en Irán. Solo las pequeñas empresas sin negocios con Estados Unidos podrán correr el riesgo. Aún así, mientras los europeos no dispongan de su propio Swift, es decir de un sistema independiente de transacciones financieras fuera del alcance del dólar y de los bancos americanos, como ha mencionado el ministro alemán de exteriores, Heiko Maas, el desafío será pólvora mojada. Otra cosa sería si los gobiernos europeos de la UE fueran capaces de proteger de forma efectiva a sus empresas del abuso que representa la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos.
Pero incluso sin eso, la insólita coalición del lunes sienta un pequeño precedente. Lo que hoy no existe y convierte a esas declaraciones en algo parecido a papel mojado, puede existir mañana. Ninguna moneda ha dominado la economía mundial eternamente y el dólar no será excepción. Es más, el intento de Trump de chantajear a los demás con su moneda y su control de las redes comerciales internacionales puede volverse contra él. Y en eso estamos.
P.S. El 22 de septiembre Irán sufrió el más mortífero atentado de su última década: 25 muertos, la mitad de ellos civiles incluido un niño de cuatro años, en un ataque a un desfile militar en la ciudad de Ahvaz. Se conmemoraba el inicio de la guerra con Irak, una guerra de ocho años (1980-1988) propiciada por occidente en respuesta a la revolución de 1979 y que dejó la factura de un millón de muertos en Irán. La magnitud del atentado equivale a los vistos en París, Londres o Barcelona. El Estado islámico lo reivindicó. Pero, en vísperas de la llegada del Presidente iraní, Hasán Rohaní, a las Naciones Unidas (donde pronunció un discurso lleno de buen sentido), no se podía permitir que un atentado presentara como víctima al Irán al que se hace pasar como principal factor de terrorismo en el mundo. Así que se optó por titulares que difuminaran lo sucedido: “Los guardias revolucionarios, objetivo en un desfile militar en Ahvaz”, y similares. La compasión es selectiva.
Fuente:
https://ctxt.es/es/20180926/Politica/21926/Rafael-Poch-ONU-Consejo-de-seguridad-Trump-Iran-Hasan-Rohani.htm
jueves, 20 de septiembre de 2018
El PP respondió a la ONU que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. El relator especial de Naciones Unidas sobre los crímenes del franquismo: “O se juzga a sus responsables o se extraditan”
La Marea
“Mi más absoluta solidaridad con las víctimas”. Con esas palabras comenzaba su intervención en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados el argentino Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Invitado por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes y apoyado por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís, Salvioli abordó la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.
El relator, muy crítico con la Administración española, ha planteado que “si quienes están a cargo de las funciones del Estado” no cumplen con sus obligaciones jurídicas, “¿para qué están?”. “No sé qué otra señal” necesitan, añadió. Y aseguró que la falta de soluciones no parte de un problema de Derecho: “Lo que ha faltado es voluntad política”.
Ya en 2014, su antecesor en el cargo, el colombiano Pablo de Greiff, emitió un informe donde instaba a España a reparar a las víctimas del franquismo. La respuesta no se hizo esperar. En septiembre, tal y como ha revelado este martes el relator, el gobierno del PP indicó lo siguiente: que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. Unas declaraciones que, para el relator, “marcan un profundo desprecio por las víctimas”.
Al año siguiente, Salvioli advirtió a España ante el Comité de Derechos Humanos que debía “derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, ya que si cada país interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como quiere “entonces no hay estándares internacionales de Derechos Humanos”. Ese mismo año, recuerda el relator, el Consejo de Ministros, entonces presidido por Mariano Rajoy, rechazó las extradiciones de una veintena de imputados por la justicia argentina. Tras tacharlo de surrealista, ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar esa directriz por considerarla “jurídicamente insostenible, además de apuntar a dos únicas vías de actuación posible: “o se juzgan o se extraditan”. Para lo primero, es fundamental actuar sobre la Ley de Amnistía, “incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional”. Si no es suprimida, cree que “igual no debería ser tenida en cuenta” porque “sus efectos jurídicos son nulos”, afirmó. Sin embargo, durante la intervención de los distintos grupos políticos, el representante socialista se mostró contrario a esa petición por “todo lo que conlleva” y por lo que “en su día significó”.
Pide exhumar de una vez a las víctimas y rechaza la reconciliación. Asimismo, considera importante la decisión de exhumar del Valle de los Caídos los restos de Franco, pero mantiene que debe ser “complementado por otras cosas” porque sigue “revictimizando a las víctimas”, aludiendo a la simbología que profesa el mausoleo. Sobre la situación de las miles de personas que aún continúan en cunetas, ha insistido en que “la gente se está muriendo, y quiere morirse en paz”, así como tener “un lugar para llevarles una flor a un familiar; poder hacer el duelo”, ante lo que cuestiona “el grado de humanidad” de quienes hacen oídos sordos a estas demandas. A su juicio, “si el Estado fue capaz de hacer desaparecer una persona, tiene que ser capaz de decirle dónde está”.
Por otra parte, Fabián Salvioli rechaza el concepto de reconciliación de una víctima con su torturador. Una palabra cuyo sentido, señala, “se ha mal utilizado”, y que será objeto de su próximo informe, previsto para el año que viene. Para él, reconciliación es “la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado”, solo posible “a través de la restauración de la justicia”. “Cualquier otra interpretación es absolutamente perversa”. “Otra cosa es el perdón individual”.
Fuente: http://www.lamarea.com/2018/09/18/relator-naciones-unidas-crimenes-franquistas/
domingo, 5 de agosto de 2018
La ONU abre por primera vez en España una investigación sobre un bebé robado.
InfoLibre
Los tribunales españoles archivaron el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal "se mostró contrario al cierre"
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abierto por primera vez en España un procedimiento de investigación en un caso individual de bebé robado, según ha informado la Cadena Ser.
La queja fue presentada en 2017 por un matrimonio residente en Navarra al que supuestamente robaron su hijo al nacer en 1985. El presidente de la asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha sido quien ha anunciado la apertura de esta investigación.
El abogado ha recordado que los tribunales españoles archivaron el caso: "tanto el Jugado de Instrucción navarro como la Audiencia Provincial de Navarra decretaron el archivo de las actuaciones de investigación penal, pese a que no se había practicado las pruebas mínimas solicitadas por los denunciantes ni por el propio Ministerio Fiscal", que "se mostró contrario al cierre de la investigación".
Ante esta situación, se solicitó la intervención del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y este organismo internacional de defensa de los derechos humanos, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, aceptó la queja interpuesta, y abrió el primer proceso de investigación contra el Estado por un caso de supuesto robo de un niño.
En el mismo, se dio al Estado un plazo de seis meses para que diese sus explicaciones y argumentase su defensa ante su inactividad en la investigación, pero "ha pasado el plazo establecido sin que se haya contestado por parte de España", siempre según Vila.
Fuente:
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/31/la_onu_abre_por_primera_vez_espana_una_investigacion_sobre_bebe_robado_85560_1012.html
Los tribunales españoles archivaron el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal "se mostró contrario al cierre"
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abierto por primera vez en España un procedimiento de investigación en un caso individual de bebé robado, según ha informado la Cadena Ser.
La queja fue presentada en 2017 por un matrimonio residente en Navarra al que supuestamente robaron su hijo al nacer en 1985. El presidente de la asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha sido quien ha anunciado la apertura de esta investigación.
El abogado ha recordado que los tribunales españoles archivaron el caso: "tanto el Jugado de Instrucción navarro como la Audiencia Provincial de Navarra decretaron el archivo de las actuaciones de investigación penal, pese a que no se había practicado las pruebas mínimas solicitadas por los denunciantes ni por el propio Ministerio Fiscal", que "se mostró contrario al cierre de la investigación".
Ante esta situación, se solicitó la intervención del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y este organismo internacional de defensa de los derechos humanos, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, aceptó la queja interpuesta, y abrió el primer proceso de investigación contra el Estado por un caso de supuesto robo de un niño.
En el mismo, se dio al Estado un plazo de seis meses para que diese sus explicaciones y argumentase su defensa ante su inactividad en la investigación, pero "ha pasado el plazo establecido sin que se haya contestado por parte de España", siempre según Vila.
Fuente:
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/31/la_onu_abre_por_primera_vez_espana_una_investigacion_sobre_bebe_robado_85560_1012.html
viernes, 13 de julio de 2018
Lo que deberíamos aprender de Auschwitz. El mundo necesita mantener viva la memoria del pasado y de tragedias como el Holocausto. Solo así podremos vencer la apatía que nos invade y superar nuestra incapacidad para enfrentarnos a las nuevas injusticias
Hace 73 años, el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a los 7.000 prisioneros que quedaban en el campo de concentración de Auschwitz. Justo antes de su huida, los alemanes habían hecho estallar las cámaras de gas y los crematorios que seguían operativos. Además, consiguieron trasladar a 100.000 prisioneros a Alemania para seguir empleándolos como mano de obra esclava. Quienes sobrevivieron en aquel campo fueron el resto de su vida el testimonio vivo de aquellos que perecieron.
Hoy, supervivientes de varios campos como Primo Levi, Elie Wiesel, Israel Gutman, Wladyslaw Bartoszewski, Simone Weil, Imre Kertész, y muchos más, no se encuentran entre los vivos. Nosotros, la generación de la posguerra, nos hemos ido quedando cada vez más solos a la hora de transmitir aquello. Parece que aún somos incapaces de gestionar de forma adecuada esa carga. No me refiero con esto a los datos de lo que sucedió, sino más bien a que en el mundo moderno vivimos cada vez más como si no hubiéramos aprendido mucho de la Shoah y de los campos.
Se suponía que el mundo iba a ser distinto después de la guerra. Se fundaron instituciones, como Naciones Unidas, para el diálogo y la cooperación a escala mundial. En Europa occidental se impulsó un proceso de unión de Estados, naciones y sociedades, lo que ahora se conoce como la Unión Europea. Se aceptaron nuevos marcos jurídicos para perseguir crímenes contra la humanidad, y Naciones Unidas hizo una definición del delito de genocidio. La función de las organizaciones no gubernamentales era apreciada y su expansión tras la guerra reforzó la influencia de la sociedad civil en las instituciones. Después del brutal conflicto armado, parecía que había que replantearse el mundo. Debido a la tragedia que supuso la pérdida de tantos civiles, esta guerra no se parecía a ninguna otra. Auschwitz se convirtió en su símbolo más claro.
Pero en aquel momento, poco después de 1945, no hubo suficiente valentía para intentar que se hiciera justicia de verdad. De los aproximadamente 77.000 miembros de las SS que trabajaron en los campos de concentración y de exterminio, solo 1.650 fueron castigados después de la guerra. Es más, ese castigo fue, en la mayoría de los casos, obvia e irritantemente insuficiente: unos cuantos años de cárcel, a menudo reducidos. Por tanto, a nadie debería extrañarle que haya quedado cierta sensación de impunidad
Hoy vemos que los esfuerzos realizados durante la posguerra —por muy legítimos y meditados que parezcan— no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar con eficacia ante las nuevas manifestaciones de frenesí genocida. El hambre y la muerte que causan los enfrentamientos continuos entre diferentes grupos en África central no constituyen una prioridad para nuestros Gobiernos. El comercio de armas y la explotación de mano de obra crecen en las regiones más pobres del mundo. Naciones Unidas ha dejado de ser garantía de que siempre pueda haber algún tipo de esperanza en el mundo, mientras la apatía interna devora a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, en nuestras democracias aumenta el populismo, el egoísmo nacional y nuevas formas de retórica del odio extremo. Las relaciones entre los pueblos han vuelto a militarizarse y esto profana nuestras calles y ciudades. ¿Realmente hemos cambiado tanto en las dos o tres últimas generaciones.
Antes de reunirnos, dentro de dos años, para conmemorar el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz (el 27 de enero ha sido designado por la ONU como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto), deberíamos hacernos varias preguntas para intentar que no se convierta en otro acto conmemorativo más, con las mismas palabras y las mismas frases repetidas, en forma de eslóganes conmovedores.
¿Qué le ocurre a nuestro mundo? ¿Qué nos ocurre a nosotros? ¿Hemos olvidado nuestro compromiso con la memoria? Si la esperanza es lo último que se pierde, ¿dónde debe arraigar si no es en la memoria? ¿Podemos atribuir a una falta de visión la superficialidad con la que impulsamos el bien? ¿La escasez de líderes políticos con sentido de Estado explica el auge de otras voces que no asumen sus propias responsabilidades? ¿Se han convertido los sondeos de opinión y los memes en las redes sociales en un dictado permanente de nuestras decisiones? ¿En verdad están dominados los mercados por aquellos que solo buscan su propio beneficio, sin querer darse cuenta de que también tienen que cumplir con deberes, por incómodos que estos resulten? ¿Podemos ignorar nuestra responsabilidad escudándonos en nuestra “incapacidad para hacer algo”, aunque se trate de las mayores tragedias?
Los esfuerzos de la posguerra no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar ante nuevos genocidios
En una cultura que intenta vivir sin enfrentarse a la muerte, ¿queda lugar para la conmemoración de las víctimas? ¿La cacofonía que producen todas las historias personales e igualmente importantes —y a las que todo el mundo tiene derecho—aún contiene un mensaje moral liberador? ¿Es la satisfacción humana la mejor forma de medir el bien en este mundo?
Vistas las enormes disparidades que hay entre elsistema educativo y los retos a los que se debe enfrentar, ¿por qué somos incapaces de cambiarlo? ¿Está realmente justificada la proporción entre el número de clases de matemáticas frente a las de materias como la ética; frente a la enseñanza del buen uso de los medios de comunicación de masas; frente a la educación cívica y al conocimiento de las amenazas internas para la sociedad; frente al desarrollo de capacidades para formar parte de la sociedad civil? ¿Depende realmente tanto de las integrales la construcción de nuestro futuro? ¿Por qué se enseña la historia como si se tratara solo de un estudio seguro del pasado, sin ponerlo en relación con el mundo de hoy y con un futuro cada vez más inseguro?
No queremos abordar estas preguntas para poder así apartarlas, ridiculizarlas o desacreditarlas. Y da igual lo que ocurra en Congo, en Myanmar (antigua Birmania) o en el barrio de al lado. Lo cierto es que nuestros hijos —que son el futuro que importa— aprenden más sobre los sacrificios, la dignidad, la responsabilidad y los ideales con la nueva película de Star Wars que con nosotros o en el colegio.
La apatía nos invade, no porque no tengamos grandes sueños de futuro, sino porque hemos velado la imagen de nuestro pasado compartido y común, hasta del más cercano. Esta apatía es tan profunda que en la actualidad, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, a la hora de evaluar el curso de los acontecimientos en tantos lugares, lejos y cerca de nosotros, nos resulta muy difícil distinguir entre lo que sigue constituyendo la paz y lo que ya se ha convertido en guerra.
La memoria y la responsabilidad ya no coinciden. Así es como nuestra civilización se ve privada ahora, por su propio deseo, de su experiencia pasada. ¿Vamos a dejar que Auschwitz forme parte de la historia? ¿O tal vez deberíamos pasar el tema al departamento de matemáticas?
Piotr M. A. Cywinski es historiador y director del Museo de Auschwitz-Birkenau.
Hoy, supervivientes de varios campos como Primo Levi, Elie Wiesel, Israel Gutman, Wladyslaw Bartoszewski, Simone Weil, Imre Kertész, y muchos más, no se encuentran entre los vivos. Nosotros, la generación de la posguerra, nos hemos ido quedando cada vez más solos a la hora de transmitir aquello. Parece que aún somos incapaces de gestionar de forma adecuada esa carga. No me refiero con esto a los datos de lo que sucedió, sino más bien a que en el mundo moderno vivimos cada vez más como si no hubiéramos aprendido mucho de la Shoah y de los campos.
Se suponía que el mundo iba a ser distinto después de la guerra. Se fundaron instituciones, como Naciones Unidas, para el diálogo y la cooperación a escala mundial. En Europa occidental se impulsó un proceso de unión de Estados, naciones y sociedades, lo que ahora se conoce como la Unión Europea. Se aceptaron nuevos marcos jurídicos para perseguir crímenes contra la humanidad, y Naciones Unidas hizo una definición del delito de genocidio. La función de las organizaciones no gubernamentales era apreciada y su expansión tras la guerra reforzó la influencia de la sociedad civil en las instituciones. Después del brutal conflicto armado, parecía que había que replantearse el mundo. Debido a la tragedia que supuso la pérdida de tantos civiles, esta guerra no se parecía a ninguna otra. Auschwitz se convirtió en su símbolo más claro.
Pero en aquel momento, poco después de 1945, no hubo suficiente valentía para intentar que se hiciera justicia de verdad. De los aproximadamente 77.000 miembros de las SS que trabajaron en los campos de concentración y de exterminio, solo 1.650 fueron castigados después de la guerra. Es más, ese castigo fue, en la mayoría de los casos, obvia e irritantemente insuficiente: unos cuantos años de cárcel, a menudo reducidos. Por tanto, a nadie debería extrañarle que haya quedado cierta sensación de impunidad
Hoy vemos que los esfuerzos realizados durante la posguerra —por muy legítimos y meditados que parezcan— no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar con eficacia ante las nuevas manifestaciones de frenesí genocida. El hambre y la muerte que causan los enfrentamientos continuos entre diferentes grupos en África central no constituyen una prioridad para nuestros Gobiernos. El comercio de armas y la explotación de mano de obra crecen en las regiones más pobres del mundo. Naciones Unidas ha dejado de ser garantía de que siempre pueda haber algún tipo de esperanza en el mundo, mientras la apatía interna devora a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, en nuestras democracias aumenta el populismo, el egoísmo nacional y nuevas formas de retórica del odio extremo. Las relaciones entre los pueblos han vuelto a militarizarse y esto profana nuestras calles y ciudades. ¿Realmente hemos cambiado tanto en las dos o tres últimas generaciones.
Antes de reunirnos, dentro de dos años, para conmemorar el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz (el 27 de enero ha sido designado por la ONU como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto), deberíamos hacernos varias preguntas para intentar que no se convierta en otro acto conmemorativo más, con las mismas palabras y las mismas frases repetidas, en forma de eslóganes conmovedores.
¿Qué le ocurre a nuestro mundo? ¿Qué nos ocurre a nosotros? ¿Hemos olvidado nuestro compromiso con la memoria? Si la esperanza es lo último que se pierde, ¿dónde debe arraigar si no es en la memoria? ¿Podemos atribuir a una falta de visión la superficialidad con la que impulsamos el bien? ¿La escasez de líderes políticos con sentido de Estado explica el auge de otras voces que no asumen sus propias responsabilidades? ¿Se han convertido los sondeos de opinión y los memes en las redes sociales en un dictado permanente de nuestras decisiones? ¿En verdad están dominados los mercados por aquellos que solo buscan su propio beneficio, sin querer darse cuenta de que también tienen que cumplir con deberes, por incómodos que estos resulten? ¿Podemos ignorar nuestra responsabilidad escudándonos en nuestra “incapacidad para hacer algo”, aunque se trate de las mayores tragedias?
Los esfuerzos de la posguerra no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar ante nuevos genocidios
En una cultura que intenta vivir sin enfrentarse a la muerte, ¿queda lugar para la conmemoración de las víctimas? ¿La cacofonía que producen todas las historias personales e igualmente importantes —y a las que todo el mundo tiene derecho—aún contiene un mensaje moral liberador? ¿Es la satisfacción humana la mejor forma de medir el bien en este mundo?
Vistas las enormes disparidades que hay entre elsistema educativo y los retos a los que se debe enfrentar, ¿por qué somos incapaces de cambiarlo? ¿Está realmente justificada la proporción entre el número de clases de matemáticas frente a las de materias como la ética; frente a la enseñanza del buen uso de los medios de comunicación de masas; frente a la educación cívica y al conocimiento de las amenazas internas para la sociedad; frente al desarrollo de capacidades para formar parte de la sociedad civil? ¿Depende realmente tanto de las integrales la construcción de nuestro futuro? ¿Por qué se enseña la historia como si se tratara solo de un estudio seguro del pasado, sin ponerlo en relación con el mundo de hoy y con un futuro cada vez más inseguro?
No queremos abordar estas preguntas para poder así apartarlas, ridiculizarlas o desacreditarlas. Y da igual lo que ocurra en Congo, en Myanmar (antigua Birmania) o en el barrio de al lado. Lo cierto es que nuestros hijos —que son el futuro que importa— aprenden más sobre los sacrificios, la dignidad, la responsabilidad y los ideales con la nueva película de Star Wars que con nosotros o en el colegio.
La apatía nos invade, no porque no tengamos grandes sueños de futuro, sino porque hemos velado la imagen de nuestro pasado compartido y común, hasta del más cercano. Esta apatía es tan profunda que en la actualidad, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, a la hora de evaluar el curso de los acontecimientos en tantos lugares, lejos y cerca de nosotros, nos resulta muy difícil distinguir entre lo que sigue constituyendo la paz y lo que ya se ha convertido en guerra.
La memoria y la responsabilidad ya no coinciden. Así es como nuestra civilización se ve privada ahora, por su propio deseo, de su experiencia pasada. ¿Vamos a dejar que Auschwitz forme parte de la historia? ¿O tal vez deberíamos pasar el tema al departamento de matemáticas?
Piotr M. A. Cywinski es historiador y director del Museo de Auschwitz-Birkenau.
lunes, 9 de julio de 2018
La cultura del privilegio. El triángulo formado por el Estado, los ciudadanos y el mercado precisa de otro contrato social.
Muchos bienes públicos (la educación, la sanidad, el medio ambiente, la seguridad, la habitabilidad del lugar en que se vive, etcétera) y distintos derechos civiles y sociales (el conjunto del sistema de reglas que garantiza la igualdad de oportunidades) no llegan de igual manera a todos los ciudadanos. A este hecho es a lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, ha denominado “la cultura del privilegio”. Un ejemplo sería el sistema fiscal de muchos países, tan desigual en la aplicación de exenciones, elusiones, la evasión, o el diferente trato que dan a las rentas del trabajo y del capital. Ello se ha agravado en la última década.
Esta “cultura del privilegio” está desarrollada en uno de los últimos estudios de la institución que preside la mexicana Alicia Bárcenas, titulado La ineficiencia de la desigualdad, que ha sido presentado en Cuba hace unos días con el propósito de alinearse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en especial con la intención de no dejar a nadie atrás. Una reflexión oportuna es la de si sus conclusiones y sus tendencias (desde luego no sus datos concretos) valen para el resto del mundo. Entre aquellas se pueden destacar las siguientes:
-Que la desigualdad (de medios, de oportunidades, de capacidades y de procedimientos) no sólo es injusta, sino que genera límites al crecimiento, como desde hace algún tiempo muestran algunos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional en alguno de sus informes, en contra de la “gran disyuntiva” que defendió en la década de los setenta el economista Arthur Okun (un menor crecimiento es el coste que la sociedad debe pagar para reducir las desigualdades que surgen de los mercados).
-Que hay una creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas por mor de esa desigualdad creciente, que se manifiesta en la caída de los niveles de confianza en esas instituciones, en la falta de empleos de calidad (trabajo decente) y en una menor satisfacción en el funcionamiento de los principales servicios públicos del Estado de Bienestar como la salud y la educación.
Según el estudio citado, la desigualdad de renta y de riqueza potencia la desigualdad de oportunidades y limita la sostenibilidad del crecimiento. Nuevos datos sugieren que, en general, la concentración de la riqueza (lo que se posee) es superior a la de la renta (lo que se gana). Según el Informe de la Desigualdad 2018, en todos los años entre 1980 y 2016, el 1% más rico concentra entre el 16% y el 22% de la riqueza total, cuando el 75% más pobre nunca llega al 10%. En España, durante el mismo periodo, el 10% de los hogares más ricos concentran entre el 50% y el 60% de la riqueza nacional, mientras que la riqueza en manos del 50% no llega al 9% del total.
Esta desconexión debilita el contrato social existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apremia a crear uno nuevo entre el triángulo compuesto por el Estado, los ciudadanos y el mercado. La extrema polarización conduce al desastre.
https://elpais.com/economia/2018/05/20/actualidad/1526834057_589469.html
Esta “cultura del privilegio” está desarrollada en uno de los últimos estudios de la institución que preside la mexicana Alicia Bárcenas, titulado La ineficiencia de la desigualdad, que ha sido presentado en Cuba hace unos días con el propósito de alinearse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en especial con la intención de no dejar a nadie atrás. Una reflexión oportuna es la de si sus conclusiones y sus tendencias (desde luego no sus datos concretos) valen para el resto del mundo. Entre aquellas se pueden destacar las siguientes:
-Que la desigualdad (de medios, de oportunidades, de capacidades y de procedimientos) no sólo es injusta, sino que genera límites al crecimiento, como desde hace algún tiempo muestran algunos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional en alguno de sus informes, en contra de la “gran disyuntiva” que defendió en la década de los setenta el economista Arthur Okun (un menor crecimiento es el coste que la sociedad debe pagar para reducir las desigualdades que surgen de los mercados).
-Que hay una creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas por mor de esa desigualdad creciente, que se manifiesta en la caída de los niveles de confianza en esas instituciones, en la falta de empleos de calidad (trabajo decente) y en una menor satisfacción en el funcionamiento de los principales servicios públicos del Estado de Bienestar como la salud y la educación.
Según el estudio citado, la desigualdad de renta y de riqueza potencia la desigualdad de oportunidades y limita la sostenibilidad del crecimiento. Nuevos datos sugieren que, en general, la concentración de la riqueza (lo que se posee) es superior a la de la renta (lo que se gana). Según el Informe de la Desigualdad 2018, en todos los años entre 1980 y 2016, el 1% más rico concentra entre el 16% y el 22% de la riqueza total, cuando el 75% más pobre nunca llega al 10%. En España, durante el mismo periodo, el 10% de los hogares más ricos concentran entre el 50% y el 60% de la riqueza nacional, mientras que la riqueza en manos del 50% no llega al 9% del total.
Esta desconexión debilita el contrato social existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apremia a crear uno nuevo entre el triángulo compuesto por el Estado, los ciudadanos y el mercado. La extrema polarización conduce al desastre.
https://elpais.com/economia/2018/05/20/actualidad/1526834057_589469.html
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lunes, 2 de julio de 2018
"Hay que convencer a la sociedad de que exija un mundo sin armas nucleares”. La directora de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, premio Nobel de la Paz en 2017, aboga por la prohibición mundial de las bombas atómicas
Cuando Beatrice Fihn recibió la llamada del Comité Noruego del Nobel el pasado octubre creyó que alguien le estaba tomando el pelo. La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), plataforma de ONG que dirige Fihn, fue galardonada en diciembre en Oslo por su infatigable labor contra las bombas atómicas. Fihn (Gotemburgo, 1982) comenzó a trabajar en la no proliferación y el desarme con una beca en la rama sueca de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Después se trasladó a Ginebra para convertirse en la directora ejecutiva de ICAN, cargo en el que cumplió cuatro años este domingo.
El proyecto principal de ICAN gira en torno al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado en julio de 2017 en la ONU con el voto favorable de 122 de los 193 Estados. El camino de la firma y la ratificación es más complejo. Hasta la fecha, 59 países lo han suscrito y solo diez (entre ellos México, Cuba y Venezuela) lo han ratificado. “El proceso es lento y complejo, pero tendremos las 50 ratificaciones necesarias para que el tratado entre en vigor”, explica Fihn durante entrevista celebrada este miércoles en Madrid, donde se reunió con algunos diputados y fue recibida por la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.
Pregunta: ¿Cómo puede funcionar un tratado que rechazan las nueve potencias nucleares?
Respuesta: Puede funcionar con o sin ellas. El mundo ha aceptado que cinco Estados tengan armas nucleares legalmente [EE UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido] y otros cuatro de forma tácita [Israel, Corea del Norte, India y Pakistán]. El primer paso es crear la normativa que prohíba su existencia, como se ha hecho con las minas o las bombas de racimo. Luego será absolutamente necesaria la presión social para exigir la destrucción de las armas nucleares.
P: Sus defensores aseguran que su capacidad disuasoria ha evitado durante siete décadas cualquier enfrentamiento militar a gran escala entre los países que las poseen.
R: Que no haya habido una guerra entre las potencias nucleares no es evidencia de nada. La ONU ha tenido un papel fundamental en el mantenimiento de la paz. La capacidad disuasoria es un argumento que debemos rechazar por completo. Además del riesgo de que un Trump actúe instintivamente, no podemos olvidar la posibilidad de un accidente.
P: Jeremy Corbyn [líder laborista británico] ha sido un firme defensor de ICAN. ¿Sería algo distinto si él hubiera ganado las elecciones del año pasado?
R: No podemos esperar a un Corbyn, no podemos fiar el cambio a una persona o a un partido. Tenemos que llegar a todo el espectro ideológico y convencer a la sociedad globalmente de la necesidad de exigir un mundo libre de armamento nuclear.
P: Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 60% de los estadounidenses estaría a favor de matar a dos millones de iraníes con un ataque nuclear para salvar a 20.000 marines.
R: La mayoría de los ciudadanos de EE UU cree en la doctrina de que la posesión de armas nucleares les convierte en más seguros por ignorancia; ni siquiera son conscientes de los miles de norteamericanos que han padecido las consecuencias de los cientos de ensayos realizados en Nevada. Necesitamos un movimiento similar al que despertó la matanza de Parkland [tiroteo en un instituto de Florida], pero ojalá que no sea un accidente o un ataque nuclear su germen.
P: Austria ratificó en mayo el tratado convirtiéndose en el único país de la UE y de Europa, junto al Vaticano, en hacerlo. ¿Cómo se logró?
R: Es un país con una fuerte tradición pacifista y antinuclear. El nuevo Gobierno [del conservador Sebastian Kurz] nos ha apoyado en todo momento. Esto no es asunto de derechas o izquierdas.
P: ¿Cómo se fuerza el cambio en Rusia o en China?
R: En esos países nuestros equipos trabajan más en el ámbito académico. Creemos que es el primer paso.
P: ¿Y en Israel, que ni siquiera reconoce oficialmente su capacidad nuclear?
R: Nuestra función principal allí es sacar a la luz la información. Los israelíes tienen derecho a saber qué armas se almacenan en su territorio y el riesgo que implica poseerlas. Las posibilidades de catástrofe se han multiplicado en los últimos años con el terrorismo o las armas cibernéticas.
P: ¿Tiene alguna fe en la desnuclearización de Corea del Norte anunciada por Trump? ¿Cómo podría llegar a verificarse?
R: No, no creo que mucho en la hoja de ruta de Trump, pero seguro que es mejor que estar amenazando con una destrucción sin precedentes. Existe un protocolo con todos los mecanismos necesarios para verificar la desnuclearización de un país, no necesitamos un proceso ad hoc creado por Trump.
P: Todos los miembros de la Alianza Atlántica han rechazado por completo el tratado. ¿Tiene alguna esperanza de que España se adhiera?
R: España ya fue valiente al rechazar [en 1986] la instalación y almacenamiento de armas nucleares. Es hipócrita que no apoye la prohibición de estas en todo el mundo. Los miembros de la OTAN no pueden pretender ser el adalid de los derechos humanos mientras apoyen el actual statu quo.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/01/actualidad/1530452832_925923.html
El proyecto principal de ICAN gira en torno al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado en julio de 2017 en la ONU con el voto favorable de 122 de los 193 Estados. El camino de la firma y la ratificación es más complejo. Hasta la fecha, 59 países lo han suscrito y solo diez (entre ellos México, Cuba y Venezuela) lo han ratificado. “El proceso es lento y complejo, pero tendremos las 50 ratificaciones necesarias para que el tratado entre en vigor”, explica Fihn durante entrevista celebrada este miércoles en Madrid, donde se reunió con algunos diputados y fue recibida por la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.
Pregunta: ¿Cómo puede funcionar un tratado que rechazan las nueve potencias nucleares?
Respuesta: Puede funcionar con o sin ellas. El mundo ha aceptado que cinco Estados tengan armas nucleares legalmente [EE UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido] y otros cuatro de forma tácita [Israel, Corea del Norte, India y Pakistán]. El primer paso es crear la normativa que prohíba su existencia, como se ha hecho con las minas o las bombas de racimo. Luego será absolutamente necesaria la presión social para exigir la destrucción de las armas nucleares.
P: Sus defensores aseguran que su capacidad disuasoria ha evitado durante siete décadas cualquier enfrentamiento militar a gran escala entre los países que las poseen.
R: Que no haya habido una guerra entre las potencias nucleares no es evidencia de nada. La ONU ha tenido un papel fundamental en el mantenimiento de la paz. La capacidad disuasoria es un argumento que debemos rechazar por completo. Además del riesgo de que un Trump actúe instintivamente, no podemos olvidar la posibilidad de un accidente.
P: Jeremy Corbyn [líder laborista británico] ha sido un firme defensor de ICAN. ¿Sería algo distinto si él hubiera ganado las elecciones del año pasado?
R: No podemos esperar a un Corbyn, no podemos fiar el cambio a una persona o a un partido. Tenemos que llegar a todo el espectro ideológico y convencer a la sociedad globalmente de la necesidad de exigir un mundo libre de armamento nuclear.
P: Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 60% de los estadounidenses estaría a favor de matar a dos millones de iraníes con un ataque nuclear para salvar a 20.000 marines.
R: La mayoría de los ciudadanos de EE UU cree en la doctrina de que la posesión de armas nucleares les convierte en más seguros por ignorancia; ni siquiera son conscientes de los miles de norteamericanos que han padecido las consecuencias de los cientos de ensayos realizados en Nevada. Necesitamos un movimiento similar al que despertó la matanza de Parkland [tiroteo en un instituto de Florida], pero ojalá que no sea un accidente o un ataque nuclear su germen.
P: Austria ratificó en mayo el tratado convirtiéndose en el único país de la UE y de Europa, junto al Vaticano, en hacerlo. ¿Cómo se logró?
R: Es un país con una fuerte tradición pacifista y antinuclear. El nuevo Gobierno [del conservador Sebastian Kurz] nos ha apoyado en todo momento. Esto no es asunto de derechas o izquierdas.
P: ¿Cómo se fuerza el cambio en Rusia o en China?
R: En esos países nuestros equipos trabajan más en el ámbito académico. Creemos que es el primer paso.
P: ¿Y en Israel, que ni siquiera reconoce oficialmente su capacidad nuclear?
R: Nuestra función principal allí es sacar a la luz la información. Los israelíes tienen derecho a saber qué armas se almacenan en su territorio y el riesgo que implica poseerlas. Las posibilidades de catástrofe se han multiplicado en los últimos años con el terrorismo o las armas cibernéticas.
P: ¿Tiene alguna fe en la desnuclearización de Corea del Norte anunciada por Trump? ¿Cómo podría llegar a verificarse?
R: No, no creo que mucho en la hoja de ruta de Trump, pero seguro que es mejor que estar amenazando con una destrucción sin precedentes. Existe un protocolo con todos los mecanismos necesarios para verificar la desnuclearización de un país, no necesitamos un proceso ad hoc creado por Trump.
P: Todos los miembros de la Alianza Atlántica han rechazado por completo el tratado. ¿Tiene alguna esperanza de que España se adhiera?
R: España ya fue valiente al rechazar [en 1986] la instalación y almacenamiento de armas nucleares. Es hipócrita que no apoye la prohibición de estas en todo el mundo. Los miembros de la OTAN no pueden pretender ser el adalid de los derechos humanos mientras apoyen el actual statu quo.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/01/actualidad/1530452832_925923.html
jueves, 28 de junio de 2018
La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune
Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
domingo, 13 de mayo de 2018
_- La crisis de la UE, ¿irreversible o reconducible? (*)
_- I)-SOBRE EL CONTEXTO
Con 500 millones de habitantes y representando el 25% del PIB global, la Unión Europea no puede ser abordada como si se tratara de un país, sino que debe serlo como lo que es: una parte del mundo. Así que para abordar su crisis hay que situarla primero en el momento general del mundo. Ese “momento mundial” contiene dos tendencias muy relacionadas; 1-El paso a la multipolaridad que ahora vivimos -lleno de tensiones bélicas, y 2- Las enmiendas a la globalización actualmente en curso.
Sobre lo primero, venimos de una realidad bipolar, la de la guerra fría, inquietante pero relativamente estable. Hemos pasado por el desastroso intermedio del ensayo de una hegemonía en solitario de Estados Unidos (desde Afganistán a Libia, pasando por Iraq) y nos dirigimos hacia una situación de multipolaridad, a un mundo con diversos centros de poder.
Este cambio en la correlación de fuerzas, afecta a la globalización, tal como ha sido entendida en los últimos 30 años, y así entramos en lo segundo.
La globalización del libre cambio va bien cuando se es el más fuerte. Por eso durante mucho tiempo ese concepto fue una especie de seudónimo del dominio mundial de Estados Unidos. Ahora el marco ha cambiado.
Algunos emergentes (China es el caso más flagrante) han realizado la proeza de fortalecerse jugando hábilmente en esa globalización que era el terreno de juego creado por occidente contra el mundo en desarrollo (un “occidente” entendido como “la tríada” de Samir Amin; Estados Unidos+EU+Japón). Además, aunque ese occidente siga siendo el más fuerte en todos los terrenos (económico, militar, industria cultural, mediático…) ya no es lo que era antes:
Cuando se diseñaron las actuales instituciones, la economía de EEUU representaba el 40% del PIB mundial y chinos e indios no pesaban casi nada en el mundo. Ahora la economía de Estados Unidos representa el 15%. No es lo mismo.
Por eso, tanto los EE.UU de Trump como el brexit (los anglosajones) y la Europa del Este están acometiendo una enmienda a la globalización tal como se entendía, un regreso al énfasis en la soberanía nacional y el proteccionismo: a una globalización atenta a los intereses nacionales (“pro-trade nationalism”). Hay que decir que China se metió en la globalización ya desde esa enmienda, por lo que hay que considerarla como la verdadera anticipadora de esa mudanza.
Hemos dicho que esas dos tendencias de cambio están interrelacionadas y sus señales aparecen por doquier:
-Con el “América first” de Trump y sus nuevos aranceles a la producción importada.
-Cuando China presiona a Arabia Saudí para que le venda su petróleo en yuanes a fin de convertir el yuan en moneda de referencia internacional a partir de este año, aprovechando que la demanda energética de Asia Oriental es más importante para los países del Golfo que la de Estados Unidos. Todo eso debilita al dólar, aun dominante y responsable del 42% de las transacciones generales realizadas en el mundo.
-Con los nuevos desafíos al hegemonismo americano/atlantista en America Latina (Mercosur, Alba…), ahora algo eclipsados por el golpe de estado en curso en Brasil, la erosión del chavismo en Venezuela, el gobierno de Macri en Argentina y los cambios en Ecuador…, lo que no impide que siga siendo difícil imaginar un regreso al estado de cosas vigente en el subcontinente en los años setenta.
-En Eurasia, donde por primera vez en treinta años se ha visto (en Ucrania) una respuesta militar rusa (Crimea, Donbas) al expansionismo occidental, algo que explica la demonización mediática de Putin mucho más que cualquiera de sus desmanes autocráticos.
-En el Mar de China Meridional, donde se ven claras actitudes de advertencia ante el pivot to Asia de Estados Unidos (desplazamiento allí del grueso de su fuerza aeronaval): China advierte que no se va a dejar acosar por más que Estados Unidos y Japón utilicen el espantajo norcoreano como excusa para construir y mantener el mismo círculo de hierro que atosiga a Rusia en su entorno. El fortalecimiento del liderazgo de Xi Jingping, tiene que ver con eso y no con las simplezas que se dicen sobre el “nuevo Mao”, ignorando los cambios que la sociedad china ha experimentado desde entonces…
-Vemos la sorprendente, arriesgada y de momento exitosa intervención militar rusa en Siria, que ha impedido una nueva operación de cambio de régimen allí, sobre el estremecedor panorama de ruinas y matanza en aquel país. Esa victoria ha eclipsado en gran parte el papel de Estados Unidos en la región, activando importantes actores regionales (Turquía, Irán) y rompiendo alineamientos como el de Turquía con la OTAN…
Todo eso son contracciones del parto de la multipolaridad.
La pregunta que se presenta es la de si esta reconfiguración, a la vez geopolítica y económica, desembocará en un nuevo consenso multilateralista-multipolar, en el que los diversos actores mundiales, tradicionales y emergentes, alcanzarán nuevas normas y acuerdos de coexistencia consensuados, o si por el contrario nos dirigimos hacia una dinámica bélica de imperios combatientes.
Este me parece que es el contexto que define y sitúa la crisis de la Unión Europea: 1-su no participación en el tránsito a la multipolaridad como sujeto autónomo y 2-su mala posición para las enmiendas a la globalización actualmente en curso.
El primer punto no precisa mayor explicación: la UE no tiene política exterior propia. Es una orquesta desafinada (en gran parte por la OTAN) que va a remolque de Estados Unidos, no sin contradicciones (que van a más: por ejemplo el pleito con el gaseoducto Nord Stream que enfrenta a Alemania y grandes compañías europeas con Trump, o con la ruptura del acuerdo con Irán donde Alemania y Francia tienen grandes negocios).
El segundo punto necesita más detenimiento porque es el que explica mejor la actual espiral desintegradora de la UE.
II) ESPIRAL DESINTEGRADORA
En su última encarnación, entre 1990 y 2000, la Europa alemana de Maastrich (1992: euro, BCE, primacía del derecho europeo sobre el nacional), fue la locomotora de la globalización neoliberal. Representaba la organización supranacional más integrada del mundo. Su diseño fue muy rígido, a la medida del interés nacional de Alemania, de su estrategia exportadora y de su demografía menguante de ancianos rentistas con fondos de pensiones colocados en las burbujas bancarias. Eso explica muchas de las enormes dificultades actuales de la UE, tanto hacia fuera como hacia adentro:
Hacia fuera: ante las enmiendas a la globalización para la que fue rígidamente diseñada. Hacia adentro: ante toda una serie de países cuyos intereses nacionales son diferentes de los alemanes y chocan con ellos en el interior de la UE.
Se impone un cambio. Cierta deconstrucción, pero la UE se parece a un vehículo obligado a retroceder para reubicarse pero que carece de marcha atrás. Comparado con cualquiera de los otros actores (EE.UU, China, etc) ese vehículo parece muy mal dotado para las enmiendas a la globalización. Cada movimiento que se efectúa para adaptarse a la realidad, cerrando fronteras ante la emigración exterior o restringiendo movimientos y posibilidades laborales en su interior, genera disconformidades y tensiones soberanistas desintegradoras de distinto signo en los estados-nación.
Nada más lógico teniendo en cuenta el espectacular encogimiento de las soberanías nacionales de los Estados de la UE que hemos citado en tantas ocasiones:
-Los bancos centrales son “independientes”, la moneda común impide ajustes y devaluaciones, los ministerios de economía son meros ejecutores de directivas decididas en la UE, la OMC, el FMI…
-El derecho europeo tiene mayor rango que el nacional, pese a carecer de un fundamento democrático: es legal, pero no legítimo.
-Y la política exterior y de defensa viene encuadrada por una estrategia (americana) organizada a través de la OTAN que es no solo exterior a la nación, sino a la propia UE.
-¿Qué le queda a la soberanía popular, al sujeto que vota en unas elecciones nacionales? Muy poco. Y encima, esa desposesión ha sido santuarizada, blindada en normas y tratados para hacerla irreversible.
En época de vacas gordas todo esto no era demasiado problema (aunque en los países democráticamente más exigentes y despiertos hubo toda una serie de referéndums que cuestionaron aspectos de la construcción: ocho referéndums, todos, menos el británico ignorados), pero la crisis financiera y sus recetas lo cambiaron todo. Cuando de lo que se trata es de cambiar cosas fundamentales, todo se descompone.
Además la “idea europea” sufre cierta muerte espiritual. Después de haber sido atracados en nombre de Europa (rescate bancos, conversión de deuda privada en deuda pública, drásticos recortes en el estado social…) y después de constatar que no hay soberanía en decisiones fundamentales, muchos europeos, incluso los que recibimos fondos de cohesión, miran a la UE con otros ojos. Donde antes se veían ventajas y progresos, ahora se abren paso desventajas y retrocesos. Eso tiene diversas manifestaciones, en el Norte, en el Sur, en el Este y en el Oeste, pero se produce un poco por todas partes; referéndums, “populismos”, avances de la extrema derecha y -más débiles- nuevos altermundismos y eurocriticismos de izquierda.
Para impedir, para salir al paso de todo eso, habría que corregir, cuestionar y cambiar las normas de funcionamiento de esta UE neoliberal, que provocan todos esos descontentos, esas involuciones sociales y esos referéndums de contestación, pero:
– ¿Cómo hacerlo si sus tratados fundamentales, se diseñaron para eso y además están blindados (“No hay democracia fuera de los tratados europeos”, ha dicho Juncker).
-Parece que para cambiar las cosas, la UE, tal como la conocemos, debería negarse a si misma, pero, ¿puede un establishment administrativo no electo, al servicio de los intereses oligárquicos, practicar tal ejercicio desde Bruselas?
-Y si eso no es posible sin la ciudadanía, ¿cómo puede intervenir una ciudadanía, el pueblo, en el marco europeo, si la ciudadanía europea y el pueblo europeo no existen? (existen el pueblo francés, español, húngaro, pero no el “pueblo europeo”)
-¿Está entonces la respuesta a este embrollo en los Estados es decir allí donde hay soberanía y elecciones?
-¿Sería, por tanto, la suma de toda una serie de respuestas ciudadanas estatales la solución para generar una reforma en profundidad de la UE…?
Mientras esas preguntas no se responden, constatamos que la Unión Europea está estancada: No está siendo un factor de la reconfiguración en curso. No está participando como actor autónomo en ese parto de la multipolaridad que antes describíamos. Geopolíticamente va a remolque y el gran vector que apunta sugiere que más bien se dirige y contribuye a un escenario de los imperios combatientes: La “Europa de la defensa”, con mayor gasto militar (ver las últimas cifras del SIPRI) y protagonismo intervencionista para garantizar el “acceso” a recursos disputados y vías comerciales amenazadas…
Tampoco está creando enmiendas a la globalización desde sus instituciones. Esas enmiendas ocurren desordenada y unilateralmente en los estados nacionales; Polonia no acepta esto, Hungría aquello, Alemania decide en solitario abrirse a los emigrantes y luego decide cerrar sus puertas, los británicos votan irse, los franceses murmuran, los italianos, los catalanes…Y todo eso crea conflictos y tensiones de signo desintegrado que configuran un panorama de cinco brechas que sugiere una balcanización disgregadora:
III) CINCO BRECHAS
1-La brecha del eje franco-alemán (intereses nacionales divergentes han acabado con tal eje. Hay una sumisión de Francia a Alemania a costa de sus intereses nacionales. El Presidente Macron, última esperanza, propone más inversión pública, más flexibilidad, presupuesto común y ministro de finanzas común, parlamento de la zona euro…cosas que Alemania no está dispuesta a conceder, y ahora menos todavía con un Bundestag lleno de ultraderechistas. Y ese fracaso era la compensación ofrecida a los franceses a cambio de destruir su estado social y sus servicios públicos -entre los mejores del continente- en línea con las exigencias de la política germano-europea.
2-La brecha Norte/Sur entre los Pigs y países beneficiarios del euro
3-La del brexit. Aquí hay que decir que el propósito de Bruselas de que la salida británica salga ejemplarmente mal, no está garantizado, pues el Reino Unido es duro de pelar negociará con brío y tiene bazas notables como la city y el vínculo directo con Washington. Por todo ello vale la pena preguntarse qué pasaría si al Reino Unido le fueran bien las cosas fuera de la UE y que mensaje lanzará eso a otros países europeos…
4-La Este/oeste (Visegrad, desencanto, nueva dependencia a 25 años de la emancipación de la tutela soviética del antiguo bloque).
5-La brecha regional: No solo Escocia o Catalunya, sino también y sobre todo multitud de tensiones nacionales y regionales en los Balcanes y en Europa Central/Oriental: posibles roces de Rumanía con Ucrania por la Bukovina, de Hungría con Ucrania por Rutenia, de Hungría con Eslovaquia (por los derechos de la minoría magiar) y con Rumania por Transilvania, la tensión bélica de Ucrania con Rusia en Donbas y Crimea, la voluntad del norte de Kosovo de unirse a Serbia, de los serbios y croatas de Bosnia por configurar sus propias repúblicas, las tensiones en Macedonia… ¿Quién se atrevería en este contexto a abrir la caja de Pándora del “derecho a la autodeterminación” en Europa?
La suma de estas cinco brechas producto del estancamiento es una crisis fenomenal ¿Es reconducible o es irreversible? Les adelanto que no voy a responder a la cuestión que da título a esta intervención, por simple humildad, pero sí diré que, subjetivamente, a mí me parece irreversible. Quizá por haber ya presenciado algo impensable: la disolución de un superestado como era la URSS. Claro que las circunstancias y contextos eran diferentes, pero la impresión en el espectador queda ahí…No lo puedo evitar.
Por otro lado, pienso que el vacío no existe. Con la UE estancada, otras fórmulas europeas ocuparían su lugar, nuevas asociaciones, etc. Por ahí veo un vector reconducible. No creo en un escenario de disolución, un 8 de diciembre de 1991 en Bruselas (el día en que tres presidentes de repúblicas soviéticas declararon disuelta la URSS, no me imagino algo así con Alemania, Francia e Italia, por ejemplo), porque la necesidad de organizar vínculos entre los estados europeos permanecerá de una u otra forma.
Lo más probable parece una especie de regreso al consenso entre estados en detrimento de lo supranacional. Así lo sugiere el fracaso manifiesto de Macron con sus propósitos federalizantes (presupuesto europeo significativo, ministro de finanzas común, listas transnacionales en el parlamento europeo, etc.) que Alemania no piensa aceptar. Ahí está el manifiesto del 8 de marzo de ocho estados del norte -Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Irlanda, Estonia, Lituania y Letonia- contra cualquier reforma del euro sobre bases supranacionales: “la toma de decisiones debe mantenerse firmemente en las manos de los estados miembros”, señala el manifiesto que Alemania ha bendecido…
Pero en cualquier caso, la actual inoperancia de la UE la aparta de los grandes vectores de nuestro tiempo y recuerda a la de un muerto viviente. Eso me hace pensar en el precedente de la Sociedad de Naciones (1918-1946).
La Sociedad de Naciones fue inoperante para los retos de su tiempo; para Abisinia, Libia, la China invadida por Japón, para los sudetes y el Anschluss de Hitler, para la enormidad de la II Guerra Mundial… y cuando se disolvió, en 1946, nadie la echó a faltar porque era un cadáver. Pero, claro, aquel cadáver dio lugar a otro sujeto: la ONU. Esta es la analogía que se me ocurre con la UE que hoy tenemos y que vemos apagarse mientras va perdiendo los trenes del tiempo mundial.
(*) Publicado en Contexto. Este artículo sigue el hilo de la conferencia pronunciada el 20 de abril en el Forum de Debats de Vic.
https://rafaelpoch.com/2018/05/10/la-crisis-de-la-ue-irreversible-o-reconducible/
Con 500 millones de habitantes y representando el 25% del PIB global, la Unión Europea no puede ser abordada como si se tratara de un país, sino que debe serlo como lo que es: una parte del mundo. Así que para abordar su crisis hay que situarla primero en el momento general del mundo. Ese “momento mundial” contiene dos tendencias muy relacionadas; 1-El paso a la multipolaridad que ahora vivimos -lleno de tensiones bélicas, y 2- Las enmiendas a la globalización actualmente en curso.
Sobre lo primero, venimos de una realidad bipolar, la de la guerra fría, inquietante pero relativamente estable. Hemos pasado por el desastroso intermedio del ensayo de una hegemonía en solitario de Estados Unidos (desde Afganistán a Libia, pasando por Iraq) y nos dirigimos hacia una situación de multipolaridad, a un mundo con diversos centros de poder.
Este cambio en la correlación de fuerzas, afecta a la globalización, tal como ha sido entendida en los últimos 30 años, y así entramos en lo segundo.
La globalización del libre cambio va bien cuando se es el más fuerte. Por eso durante mucho tiempo ese concepto fue una especie de seudónimo del dominio mundial de Estados Unidos. Ahora el marco ha cambiado.
Algunos emergentes (China es el caso más flagrante) han realizado la proeza de fortalecerse jugando hábilmente en esa globalización que era el terreno de juego creado por occidente contra el mundo en desarrollo (un “occidente” entendido como “la tríada” de Samir Amin; Estados Unidos+EU+Japón). Además, aunque ese occidente siga siendo el más fuerte en todos los terrenos (económico, militar, industria cultural, mediático…) ya no es lo que era antes:
Cuando se diseñaron las actuales instituciones, la economía de EEUU representaba el 40% del PIB mundial y chinos e indios no pesaban casi nada en el mundo. Ahora la economía de Estados Unidos representa el 15%. No es lo mismo.
Por eso, tanto los EE.UU de Trump como el brexit (los anglosajones) y la Europa del Este están acometiendo una enmienda a la globalización tal como se entendía, un regreso al énfasis en la soberanía nacional y el proteccionismo: a una globalización atenta a los intereses nacionales (“pro-trade nationalism”). Hay que decir que China se metió en la globalización ya desde esa enmienda, por lo que hay que considerarla como la verdadera anticipadora de esa mudanza.
Hemos dicho que esas dos tendencias de cambio están interrelacionadas y sus señales aparecen por doquier:
-Con el “América first” de Trump y sus nuevos aranceles a la producción importada.
-Cuando China presiona a Arabia Saudí para que le venda su petróleo en yuanes a fin de convertir el yuan en moneda de referencia internacional a partir de este año, aprovechando que la demanda energética de Asia Oriental es más importante para los países del Golfo que la de Estados Unidos. Todo eso debilita al dólar, aun dominante y responsable del 42% de las transacciones generales realizadas en el mundo.
-Con los nuevos desafíos al hegemonismo americano/atlantista en America Latina (Mercosur, Alba…), ahora algo eclipsados por el golpe de estado en curso en Brasil, la erosión del chavismo en Venezuela, el gobierno de Macri en Argentina y los cambios en Ecuador…, lo que no impide que siga siendo difícil imaginar un regreso al estado de cosas vigente en el subcontinente en los años setenta.
-En Eurasia, donde por primera vez en treinta años se ha visto (en Ucrania) una respuesta militar rusa (Crimea, Donbas) al expansionismo occidental, algo que explica la demonización mediática de Putin mucho más que cualquiera de sus desmanes autocráticos.
-En el Mar de China Meridional, donde se ven claras actitudes de advertencia ante el pivot to Asia de Estados Unidos (desplazamiento allí del grueso de su fuerza aeronaval): China advierte que no se va a dejar acosar por más que Estados Unidos y Japón utilicen el espantajo norcoreano como excusa para construir y mantener el mismo círculo de hierro que atosiga a Rusia en su entorno. El fortalecimiento del liderazgo de Xi Jingping, tiene que ver con eso y no con las simplezas que se dicen sobre el “nuevo Mao”, ignorando los cambios que la sociedad china ha experimentado desde entonces…
-Vemos la sorprendente, arriesgada y de momento exitosa intervención militar rusa en Siria, que ha impedido una nueva operación de cambio de régimen allí, sobre el estremecedor panorama de ruinas y matanza en aquel país. Esa victoria ha eclipsado en gran parte el papel de Estados Unidos en la región, activando importantes actores regionales (Turquía, Irán) y rompiendo alineamientos como el de Turquía con la OTAN…
Todo eso son contracciones del parto de la multipolaridad.
La pregunta que se presenta es la de si esta reconfiguración, a la vez geopolítica y económica, desembocará en un nuevo consenso multilateralista-multipolar, en el que los diversos actores mundiales, tradicionales y emergentes, alcanzarán nuevas normas y acuerdos de coexistencia consensuados, o si por el contrario nos dirigimos hacia una dinámica bélica de imperios combatientes.
Este me parece que es el contexto que define y sitúa la crisis de la Unión Europea: 1-su no participación en el tránsito a la multipolaridad como sujeto autónomo y 2-su mala posición para las enmiendas a la globalización actualmente en curso.
El primer punto no precisa mayor explicación: la UE no tiene política exterior propia. Es una orquesta desafinada (en gran parte por la OTAN) que va a remolque de Estados Unidos, no sin contradicciones (que van a más: por ejemplo el pleito con el gaseoducto Nord Stream que enfrenta a Alemania y grandes compañías europeas con Trump, o con la ruptura del acuerdo con Irán donde Alemania y Francia tienen grandes negocios).
El segundo punto necesita más detenimiento porque es el que explica mejor la actual espiral desintegradora de la UE.
II) ESPIRAL DESINTEGRADORA
En su última encarnación, entre 1990 y 2000, la Europa alemana de Maastrich (1992: euro, BCE, primacía del derecho europeo sobre el nacional), fue la locomotora de la globalización neoliberal. Representaba la organización supranacional más integrada del mundo. Su diseño fue muy rígido, a la medida del interés nacional de Alemania, de su estrategia exportadora y de su demografía menguante de ancianos rentistas con fondos de pensiones colocados en las burbujas bancarias. Eso explica muchas de las enormes dificultades actuales de la UE, tanto hacia fuera como hacia adentro:
Hacia fuera: ante las enmiendas a la globalización para la que fue rígidamente diseñada. Hacia adentro: ante toda una serie de países cuyos intereses nacionales son diferentes de los alemanes y chocan con ellos en el interior de la UE.
Se impone un cambio. Cierta deconstrucción, pero la UE se parece a un vehículo obligado a retroceder para reubicarse pero que carece de marcha atrás. Comparado con cualquiera de los otros actores (EE.UU, China, etc) ese vehículo parece muy mal dotado para las enmiendas a la globalización. Cada movimiento que se efectúa para adaptarse a la realidad, cerrando fronteras ante la emigración exterior o restringiendo movimientos y posibilidades laborales en su interior, genera disconformidades y tensiones soberanistas desintegradoras de distinto signo en los estados-nación.
Nada más lógico teniendo en cuenta el espectacular encogimiento de las soberanías nacionales de los Estados de la UE que hemos citado en tantas ocasiones:
-Los bancos centrales son “independientes”, la moneda común impide ajustes y devaluaciones, los ministerios de economía son meros ejecutores de directivas decididas en la UE, la OMC, el FMI…
-El derecho europeo tiene mayor rango que el nacional, pese a carecer de un fundamento democrático: es legal, pero no legítimo.
-Y la política exterior y de defensa viene encuadrada por una estrategia (americana) organizada a través de la OTAN que es no solo exterior a la nación, sino a la propia UE.
-¿Qué le queda a la soberanía popular, al sujeto que vota en unas elecciones nacionales? Muy poco. Y encima, esa desposesión ha sido santuarizada, blindada en normas y tratados para hacerla irreversible.
En época de vacas gordas todo esto no era demasiado problema (aunque en los países democráticamente más exigentes y despiertos hubo toda una serie de referéndums que cuestionaron aspectos de la construcción: ocho referéndums, todos, menos el británico ignorados), pero la crisis financiera y sus recetas lo cambiaron todo. Cuando de lo que se trata es de cambiar cosas fundamentales, todo se descompone.
Además la “idea europea” sufre cierta muerte espiritual. Después de haber sido atracados en nombre de Europa (rescate bancos, conversión de deuda privada en deuda pública, drásticos recortes en el estado social…) y después de constatar que no hay soberanía en decisiones fundamentales, muchos europeos, incluso los que recibimos fondos de cohesión, miran a la UE con otros ojos. Donde antes se veían ventajas y progresos, ahora se abren paso desventajas y retrocesos. Eso tiene diversas manifestaciones, en el Norte, en el Sur, en el Este y en el Oeste, pero se produce un poco por todas partes; referéndums, “populismos”, avances de la extrema derecha y -más débiles- nuevos altermundismos y eurocriticismos de izquierda.
Para impedir, para salir al paso de todo eso, habría que corregir, cuestionar y cambiar las normas de funcionamiento de esta UE neoliberal, que provocan todos esos descontentos, esas involuciones sociales y esos referéndums de contestación, pero:
– ¿Cómo hacerlo si sus tratados fundamentales, se diseñaron para eso y además están blindados (“No hay democracia fuera de los tratados europeos”, ha dicho Juncker).
-Parece que para cambiar las cosas, la UE, tal como la conocemos, debería negarse a si misma, pero, ¿puede un establishment administrativo no electo, al servicio de los intereses oligárquicos, practicar tal ejercicio desde Bruselas?
-Y si eso no es posible sin la ciudadanía, ¿cómo puede intervenir una ciudadanía, el pueblo, en el marco europeo, si la ciudadanía europea y el pueblo europeo no existen? (existen el pueblo francés, español, húngaro, pero no el “pueblo europeo”)
-¿Está entonces la respuesta a este embrollo en los Estados es decir allí donde hay soberanía y elecciones?
-¿Sería, por tanto, la suma de toda una serie de respuestas ciudadanas estatales la solución para generar una reforma en profundidad de la UE…?
Mientras esas preguntas no se responden, constatamos que la Unión Europea está estancada: No está siendo un factor de la reconfiguración en curso. No está participando como actor autónomo en ese parto de la multipolaridad que antes describíamos. Geopolíticamente va a remolque y el gran vector que apunta sugiere que más bien se dirige y contribuye a un escenario de los imperios combatientes: La “Europa de la defensa”, con mayor gasto militar (ver las últimas cifras del SIPRI) y protagonismo intervencionista para garantizar el “acceso” a recursos disputados y vías comerciales amenazadas…
Tampoco está creando enmiendas a la globalización desde sus instituciones. Esas enmiendas ocurren desordenada y unilateralmente en los estados nacionales; Polonia no acepta esto, Hungría aquello, Alemania decide en solitario abrirse a los emigrantes y luego decide cerrar sus puertas, los británicos votan irse, los franceses murmuran, los italianos, los catalanes…Y todo eso crea conflictos y tensiones de signo desintegrado que configuran un panorama de cinco brechas que sugiere una balcanización disgregadora:
III) CINCO BRECHAS
1-La brecha del eje franco-alemán (intereses nacionales divergentes han acabado con tal eje. Hay una sumisión de Francia a Alemania a costa de sus intereses nacionales. El Presidente Macron, última esperanza, propone más inversión pública, más flexibilidad, presupuesto común y ministro de finanzas común, parlamento de la zona euro…cosas que Alemania no está dispuesta a conceder, y ahora menos todavía con un Bundestag lleno de ultraderechistas. Y ese fracaso era la compensación ofrecida a los franceses a cambio de destruir su estado social y sus servicios públicos -entre los mejores del continente- en línea con las exigencias de la política germano-europea.
2-La brecha Norte/Sur entre los Pigs y países beneficiarios del euro
3-La del brexit. Aquí hay que decir que el propósito de Bruselas de que la salida británica salga ejemplarmente mal, no está garantizado, pues el Reino Unido es duro de pelar negociará con brío y tiene bazas notables como la city y el vínculo directo con Washington. Por todo ello vale la pena preguntarse qué pasaría si al Reino Unido le fueran bien las cosas fuera de la UE y que mensaje lanzará eso a otros países europeos…
4-La Este/oeste (Visegrad, desencanto, nueva dependencia a 25 años de la emancipación de la tutela soviética del antiguo bloque).
5-La brecha regional: No solo Escocia o Catalunya, sino también y sobre todo multitud de tensiones nacionales y regionales en los Balcanes y en Europa Central/Oriental: posibles roces de Rumanía con Ucrania por la Bukovina, de Hungría con Ucrania por Rutenia, de Hungría con Eslovaquia (por los derechos de la minoría magiar) y con Rumania por Transilvania, la tensión bélica de Ucrania con Rusia en Donbas y Crimea, la voluntad del norte de Kosovo de unirse a Serbia, de los serbios y croatas de Bosnia por configurar sus propias repúblicas, las tensiones en Macedonia… ¿Quién se atrevería en este contexto a abrir la caja de Pándora del “derecho a la autodeterminación” en Europa?
La suma de estas cinco brechas producto del estancamiento es una crisis fenomenal ¿Es reconducible o es irreversible? Les adelanto que no voy a responder a la cuestión que da título a esta intervención, por simple humildad, pero sí diré que, subjetivamente, a mí me parece irreversible. Quizá por haber ya presenciado algo impensable: la disolución de un superestado como era la URSS. Claro que las circunstancias y contextos eran diferentes, pero la impresión en el espectador queda ahí…No lo puedo evitar.
Por otro lado, pienso que el vacío no existe. Con la UE estancada, otras fórmulas europeas ocuparían su lugar, nuevas asociaciones, etc. Por ahí veo un vector reconducible. No creo en un escenario de disolución, un 8 de diciembre de 1991 en Bruselas (el día en que tres presidentes de repúblicas soviéticas declararon disuelta la URSS, no me imagino algo así con Alemania, Francia e Italia, por ejemplo), porque la necesidad de organizar vínculos entre los estados europeos permanecerá de una u otra forma.
Lo más probable parece una especie de regreso al consenso entre estados en detrimento de lo supranacional. Así lo sugiere el fracaso manifiesto de Macron con sus propósitos federalizantes (presupuesto europeo significativo, ministro de finanzas común, listas transnacionales en el parlamento europeo, etc.) que Alemania no piensa aceptar. Ahí está el manifiesto del 8 de marzo de ocho estados del norte -Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Irlanda, Estonia, Lituania y Letonia- contra cualquier reforma del euro sobre bases supranacionales: “la toma de decisiones debe mantenerse firmemente en las manos de los estados miembros”, señala el manifiesto que Alemania ha bendecido…
Pero en cualquier caso, la actual inoperancia de la UE la aparta de los grandes vectores de nuestro tiempo y recuerda a la de un muerto viviente. Eso me hace pensar en el precedente de la Sociedad de Naciones (1918-1946).
La Sociedad de Naciones fue inoperante para los retos de su tiempo; para Abisinia, Libia, la China invadida por Japón, para los sudetes y el Anschluss de Hitler, para la enormidad de la II Guerra Mundial… y cuando se disolvió, en 1946, nadie la echó a faltar porque era un cadáver. Pero, claro, aquel cadáver dio lugar a otro sujeto: la ONU. Esta es la analogía que se me ocurre con la UE que hoy tenemos y que vemos apagarse mientras va perdiendo los trenes del tiempo mundial.
(*) Publicado en Contexto. Este artículo sigue el hilo de la conferencia pronunciada el 20 de abril en el Forum de Debats de Vic.
https://rafaelpoch.com/2018/05/10/la-crisis-de-la-ue-irreversible-o-reconducible/
domingo, 1 de abril de 2018
El tratado sobre la prohibición de las armas nucleares del 2017: un breve balance
_- Nicolas Boeglin
En julio del 2017, se celebró la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de un nuevo instrumento internacional en materia de desarme, tendiente a prohibir la fabricación y uso de armas nucleares: se trata de un texto (véase versión en español) de 20 artículos que busca prohibir este tipo de armas, y que fue objeto de todo tipo de intentos para frenar su adopción por parte de las potencias nucleares y sus aliados. Constituye el primer tratado multilateral sobre armas nucleares adoptado en los últimos 20 años por la comunidad internacional.
De algunos intentos previos
Como bien se sabe, el Tratado de No Proliferación Nuclear (más conocido como TNP) de 1968 ha sido ratificado por 191 Estados, con la notable excepción de Israel, India y Pakistán (véase estado oficial firmas y ratificaciones) y fue denunciado por Corea del Norte para poder relanzar su programa nuclear en el 2003.
Resulta oportuno recordar cuál fue el orden de adquisición de las armas nucleares y de donde nació la idea del TNP: lo inició Estados Unidos (1945), seguido por Rusia (1949, en aquel momento URSS), Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964). Una vez completada la posesión de armas nucleares por parte de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, se consideró necesario impedir a toda costa que otros Estados la adquirieran: es así como fue adoptado el tratado sobre no proliferación de armas nucleares en 1968. No obstante, el aumento significativo de ogivas nucleares en Estados Unidos y Rusia, seguidos por China le resta validez al concepto de no proliferación como tal.
Otro intento en los años 90 fue el siguiente: para producir bombas nucleares, se requiere proceder cada cierto tiempo a ensayos, por lo que la prohibición de los ensayos nucleares también fue una opción que se perfiló. En 1993, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó un informe muy detallado (véase texto) sobre el impacto en la salud y en el ambiente de este tipo de armas. En 1996, se adoptó un tratado para prohibir no las armas, sino los ensayos nucleares de forma total (véase texto): pese a contar con 166 Estados Partes (véase lista oficial), aún no ha entrado en vigor, en razón de lo estipulado en el inciso 2 del artículo XIV con relación al Anexo 2.
No obstante, este instrumento adoptado en 1996 ha permitido establecer la "Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares" (OTPCE o en inglés CTBTO, "Comprehensive Test-Ban-Treaty Organization" - véase sitio oficial), la cual dispone de satelites y sensores desplegados en varios puntos del planeta para detectar explosiones de cierta importancia. Sus registros fueron, por ejemplo, recientemente usados en la búsqueda de un submarino en Argentina (véase artículo de prensa y reciente nota nota de La Nación en Argentina).
La imperiosa necesidad de revisar el marco legal existente en materia de armas nucleares se dió en el 2014 a partir de una propuesta de Austria: lo que en la literatura especializada se conoce como el “Austrian Pledge” de diciembre del 2014 puede ser leído en este enlace oficial de Austria (véase también, en español, artículo que detalla la audaz propuesta austriaca del 2014). La propuesta se dió ante el aumento de ogivas nucleares en Estados Unidos, Rusia y China: estos tres Estados destinan programas cada vez más costosos para reforzar sus programas nucleares. Los datos aportados por el SIPRI en su informe del 2017 titulado “Trends in world nuclear forces, 2017” (véase texto integral) indican que : “The current US administration is continuing the ambitious nuclear modernization plans set out by President Barack Obama“. Se trata de un plan de modernización de unos 400 billones de US$ para el 2017-2026.
El destacado papel de Costa Rica
La adopción en julio del 2017 de este nuevo instrumento fue celebrada con júbilo en Costa Rica: véase, entre muchas otras, nota del programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, que recoge las reacciones de profunda satisfacción de las autoridades costarricenses.
En efecto, la delegación de Costa Rica fue la llamada, en febrero del 2017, a presidir la recta final de estas arduas negociaciones. ¿Un Estado que abolió el ejército en 1948 y que se ha destacado en el plano internacional por limitar el comercio de armas y por abogar en favor de la desmilitarización? Efectivamente, Costa Rica cuya tradición en este ámbito es ampliamente reconocida - y poco conocido un insólito episodio provocado por algunos entusiastas funcionarios a cargo de su comercio exterior, resuelto por su justicia constitucional (Nota 1) - fue la designada por los demás integrantes de la comunidad internacional para proceder a ultimar estas delicadas negociaciones multilaterales y llevarlas a feliz puerto.
Una férrea oposición del "club nuclear" y de sus aliados
Estas últimas concluyeron formalmente el 7 de julio del 2017, con una extraña maniobra por parte de Países Bajos: la solicitud expresa a la mesa de la puesta a votación del texto por parte del delegado de Países Bajos, cuando todas las demás se disponían a adoptarlo por consenso. La votación (véase tablero oficial ) registró un solo voto en contra (Países Bajos), una abstención (Singapur) y 122 votos a favor (véase breve nota nuestra al respecto del 7/7/2017). Raramente un Estado como Países Bajos solicita exhibir su soledad de esta manera, y no se tiene claridad sobre los créditos obtenidos por la diplomacia holandesa a raíz de semejante resultado.
Este mismo 7 de julio del 2017, Estados Unidos, Francia y Reino Unido circularon un comunicado conjunto en el que expresaron las razones por las que se oponían a esta iniciativa (Nota 2). Francia optó por expresarse también a título individual (Nota 3). Sobre la pertinencia y solidez de algunos de los argumentos de los Estados poseedores de arsenal nuclear, referimos a una interesante opinión elaborada por el representante de México ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Lomónaco, titulada "Hacia la prohibición de las armas nucleares" y publicada en la Revista Mexicana de Política Exterior, en la que se lee que:
"el argumento de Estados Unidos y Reino Unido resulta por lo menos curioso, al ilustrar contradicciones profundas entre la aseveración de que el tratado no servirá a ningún propósito y el reconocimiento implícito de que desataría fuerzas conducentes al desarme y sería, por tanto, un paso significativo hacia la eliminación de las armas nucleares, como sostenemos insistentemente los promotores de la iniciativa. En cualquier caso y a la luz de las consideraciones antes descritas, resulta pertinente preguntarse por qué la firme y, en ocasiones, agresiva oposición de los poseedores al inicio de negociaciones de un tratado de prohibición de armas nucleares. Si la seguridad de los poseedores, el TNP y el régimen de no proliferación no están en riesgo, si un tratado de prohibición no destruirá una sola ojiva, ¿por qué oponerse incluso al inicio de negociaciones?" (p. 92).
La sensibilidad de los Estados nucleares en sí puede también ser capitalizada por la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares: como se puede leer en las conclusiones de este estudio del UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) sobre la prohibición de las armas nucleares,
"... the degree of sensitivity of the nuclear-armed states and some of their allies about the prohibition approach is itself cause for some optimism. It indicates that like-minded processes are able to re-capture the attention and imagination of policy makers and public alike as a catalyst for more concerted international efforts towards the shared goal of a nuclear-weapon free world" (p. 58).
Un tratado abierto a la firma y ratificación de todos los Estados
El texto del tratado adoptado el 7 de julio fue abierto a la firma y posterior ratificación por parte de los Estados Miembros de Naciones Unidas, en el mes de setiembre del 2017, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General que se celebra en Nueva York. El artículo 15 del tratado dispone que entrará en vigor tres meses después de reunida la ratificación número 50.
Durante la ceremonia oficial de la firma del tratado realizada en Nueva York el 20 de setiembre, el Presidente de Costa Rica señaló que:
"Lamentamos que los países nucleares y aquellos miembros de alianzas de seguridad, hayan decidido desvincularse de este proceso. En desarme nuclear la inacción no es una opción. El mantenimiento del status quo solo lleva a una situación cada vez más peligrosa de seguridad internacional y a la humanidad más cerca de la aniquilación. Sabemos que es falsa la premisa de que la seguridad surge de la fuerza de las armas. Por ello, ahora les exhorto vehementemente a dar pasos concretos para dar vida al imperativo humano, político y jurídico del desarme nuclear, establecido desde 1946 con la primera resolución aprobada por la Asamblea General, reforzado por el Artículo VI del Tratado de no proliferación nuclear, por la Corte Internacional de Justicia y ahora por el Tratado de Prohibición de las armas nucleares" (véase texto integral de su alocución).
Por su parte, la Embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra externó (denunció) la existencia de presiones recibidas por diversos Estados para impedir la firma del tratado (véase nota de La Nación titulada "Embajadora tica denuncia presiones para boicotear tratado contra armas nucleares", edición del 20 de setiembre del 2017).
El estado actual de firmas y ratificaciones
A seis meses de la ceremonia de firma de este instrumento, el estado de firma y ratificación arroja el siguiente dato: 57 firmas y 5 ratificaciones, de las cuales 3 se registran en el hemisferio americano: Cuba, Guyana y México (véase estado oficial de firma y ratificaciones).
El caso de América Latina
La ratificación el 16 de enero del 2018 por parte de México constituye la primera ratificación en América Latina, seguida por Cuba, dos semanas después (30 de enero del 2018).
Nótese que, en América Latina, Argentina, Bolivia, y Colombia han optado por no firmar, al momento de redactar estas breves líneas, este tratado multilateral: estos tres Estados votaron en favor del texto el 7 de julio del 2017 en Nueva York (véase registro de votos). En el caso de Argentina, esta omisión difiere de lo expuesto por su delegación en un segmento de alto nivel al que participó en Naciones Unidas (Nota 4).
Es de recordar que tempranamente, América Latina y el Caribe lanzaron una clara señal al mundo en materia de desarme nuclear: el pasado 14 de febrero del 2017, se celebró el 50 aniversario de la apertura a firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y en el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco (véase informe preparado por el Senado de México para esta conmemoración).
El caso de Europa
Recientemente, el jefe de la diplomacia española reafirmó que España no firmará tan siquiera el tratado sobre prohibición de armas nucleares adoptado en el 2017, "por solidaridad con sus socios de la OTAN" (véase nota de prensa de EuropaPress). Las únicas firmas de Estados europeos que se registran son las de Austria, Irlanda, Liechtenstein, San Marino, así como la del Vaticano, que ha ratificado también el tratado. No se registran aún las firmas de los demás Estados europeos que sí votaron a favor del texto el 7 de julio con los Estados antes citados, a saber Chipre, Malta, Moldavia, Suecia y Suiza
Cabe recordar que la ONG ICANW (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) recibió en diciembre del 2017 en Estocolmo el Premio Nobel de la Paz (véase sitio oficial de ICANW).
A modo de conclusión
Al cumplirse en estos días seis meses desde la ceremonia de la firma de este instrumento, este primer balance evidencia que las potencias nucleares y sus aliados mantienen una activa oposición a esta iniciativa multilateral y que, al parecer, sus justificaciones para mantenerla siguen prevaleciendo entre los decisores políticos.
Es de esperar que, pese a presiones de diversa índole que puedan estar recibiendo algunos Estados en aras de no firmar (ni ratificar) este tratado, se logre reunir un número mayor de adhesiones en setiembre próximo, al cumplirse un año desde que fue abierto a la firma y ratificación de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas.
Para ello, la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares debe redoblar sus esfuerzos, campaña a la que los Estados de América Latina podrían contribuir significativamente.
---
Notas
Nota 1:
Cabe recordar que un “Decreto de Armas” adoptado el 30 de junio del 2006 fue anulado por la Sala Constitucional en el 2008 a solicitud de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) particularmente vigilante, Luis Roberto Zamora Bolaños: el “derecho humano a la paz” sirvió de fundamento para pedir la anulación de este decreto adoptado por el Ministerio de Salud, que promovía en Costa Rica la extracción y la producción de material nuclear con fines bélicos. En el texto de la sentencia Res. Nº 2008-14193, se concluye que: “Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando” (véase nota de prensa). El mismo estudiante había logrado en el 2004, mediante un recurso ante el juez constitucional, que el Ejecutivo retirara a Costa Rica de una “Coalición en guerra contra Iraq” liderada por Estados Unidos (véase sentencia 2004-09992 de la Sala Constitucional, cuya lectura se recomienda). Sobre el derecho humano a la paz en la justicia constitucional costarricense, remitimos al estudio del mismo Luis Roberto Zamora Bolaños editado en el 2010: ZAMORA BOLAÑOS L. R., “Reconocimiento y aplicación judicial del derecho humano a la paz en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Costa Rica”, in VILLAN DURAN C. FALEH PEREZ C. (Ed.), Contribuciones regionales para una Declaración Universal sobre el Derecho a la Paz, AEDIDH, Narcea Ed., Madrid, 2010, pp. 419-433 (texto integral de esta publicación disponible aquí).
Nota 2:
El comunicado conjunto circulado se lee así (véase enlace):
"Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons
July 7, 2017 FOR IMMEDIATE RELEASE
France, the United Kingdom and the United States have not taken part in the negotiation of the treaty on the prohibition of nuclear weapons. We do not intend to sign, ratify or ever become party to it. Therefore, there will be no change in the legal obligations on our countries with respect to nuclear weapons. For example, we would not accept any claim that this treaty reflects or in any way contributes to the development of customary international law. Importantly, other states possessing nuclear weapons and almost all other states relying on nuclear deterrence have also not taken part in the negotiations.
This initiative clearly disregards the realities of the international security environment. Accession to the ban treaty is incompatible with the policy of nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North Asia for over 70 years. A purported ban on nuclear weapons that does not address the security concerns that continue to make nuclear deterrence necessary cannot result in the elimination of a single nuclear weapon and will not enhance any country’s security, nor international peace and security. It will do the exact opposite by creating even more divisions at a time when the world needs to remain united in the face of growing threats, including those from the DPRK’s ongoing proliferation efforts. This treaty offers no solution to the grave threat posed by North Korea’s nuclear program, nor does it address other security challenges that make nuclear deterrence necessary. A ban treaty also risks undermining the existing international security architecture which contributes to the maintenance of international peace and security.
We reiterate in this regard our continued commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and reaffirm our determination to safeguard and further promote its authority, universality and effectiveness. Working towards the shared goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament must be done in a way that promotes international peace and security, and strategic stability, based on the principle of increased and undiminished security for all.
We all share a common responsibility to protect and strengthen our collective security system in order to further promote international peace, stability and security."
Nota 3:
Se lee en esta declaración del portavoz de la diplomacia gala (véase enlace oficial) que:
"Déclaration de la porte-parole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Adoption d’un traité d’interdiction des armes nucléaires New York, le 7 juillet 2017
Un traité d’interdiction des armes nucléaires a été adopté le 7 juillet à New York.
Il s’agit d’un texte inadapté au contexte sécuritaire international, caractérisé par des tensions croissantes et la prolifération des armes de destruction massive, dont témoigne notamment la menace nucléaire nord-coréenne. La France n’a pas participé aux négociations de ce traité et elle n’entend pas y adhérer. Ce traité ne nous lie pas et ne crée pas de nouvelles obligations. La décision d’un grand nombre d’Etats, dotés, possesseurs ou non d’armes nucléaires, de ne pas participer aux négociations, en Europe et en Asie notamment, illustre avec force ce décalage.
La politique de sécurité et de défense de la France, tout comme celle des alliés et d’autres partenaires proches, repose sur la dissuasion nucléaire. La dissuasion vise à protéger notre pays de toute agression d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne, et quelle qu’en soit la forme. Le contexte international n’autorise aucune faiblesse. Un traité d’interdiction des armes nucléaires risque à cet égard d’affecter la sécurité de la région euro-atlantique et la stabilité internationale. Ce traité est également susceptible de fragiliser le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération.
Le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit. La France demeure pour sa part déterminée à mettre en oeuvre les prochaines étapes concrètes du désarmement nucléaire, conformément à ses engagements au titre du traité sur la non-prolifération des armes.
Les prochaines étapes prioritaires du désarmement nucléaire sont la négociation d’un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires et l’entrée en vigueur rapide du traité d’interdiction complète des essais nucléaires. La réduction des arsenaux nucléaires russes et américains, qui représentent 90% du stock mondial d’armes nucléaires, est un autre objectif important.
La France a déjà pris des mesures concrètes et substantielles de désarmement nucléaire, notamment en réduisant de moitié son arsenal nucléaire, en arrêtant les essais nucléaires, en ratifiant le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, et en fermant de manière irréversible ses installations de production de matières fissiles pour des armes nucléaires. Nous poursuivrons également nos efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité internationales, y compris dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive."
Nota 4:
Se lee en este discurso que para Argentina,
"The Delegation of Argentina would like to align itself with the statement delivered by Cuba on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States. At the same time we would like to add some remarks in our national capacity.
Argentina considers that the total elimination of weapons of mass destruction should constitute the main priority of the international community, since their consequences reach beyond the field of disarmament and seriously impact in the international peace and security area".
Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com
En julio del 2017, se celebró la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de un nuevo instrumento internacional en materia de desarme, tendiente a prohibir la fabricación y uso de armas nucleares: se trata de un texto (véase versión en español) de 20 artículos que busca prohibir este tipo de armas, y que fue objeto de todo tipo de intentos para frenar su adopción por parte de las potencias nucleares y sus aliados. Constituye el primer tratado multilateral sobre armas nucleares adoptado en los últimos 20 años por la comunidad internacional.
De algunos intentos previos
Como bien se sabe, el Tratado de No Proliferación Nuclear (más conocido como TNP) de 1968 ha sido ratificado por 191 Estados, con la notable excepción de Israel, India y Pakistán (véase estado oficial firmas y ratificaciones) y fue denunciado por Corea del Norte para poder relanzar su programa nuclear en el 2003.
Resulta oportuno recordar cuál fue el orden de adquisición de las armas nucleares y de donde nació la idea del TNP: lo inició Estados Unidos (1945), seguido por Rusia (1949, en aquel momento URSS), Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964). Una vez completada la posesión de armas nucleares por parte de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, se consideró necesario impedir a toda costa que otros Estados la adquirieran: es así como fue adoptado el tratado sobre no proliferación de armas nucleares en 1968. No obstante, el aumento significativo de ogivas nucleares en Estados Unidos y Rusia, seguidos por China le resta validez al concepto de no proliferación como tal.
Otro intento en los años 90 fue el siguiente: para producir bombas nucleares, se requiere proceder cada cierto tiempo a ensayos, por lo que la prohibición de los ensayos nucleares también fue una opción que se perfiló. En 1993, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó un informe muy detallado (véase texto) sobre el impacto en la salud y en el ambiente de este tipo de armas. En 1996, se adoptó un tratado para prohibir no las armas, sino los ensayos nucleares de forma total (véase texto): pese a contar con 166 Estados Partes (véase lista oficial), aún no ha entrado en vigor, en razón de lo estipulado en el inciso 2 del artículo XIV con relación al Anexo 2.
No obstante, este instrumento adoptado en 1996 ha permitido establecer la "Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares" (OTPCE o en inglés CTBTO, "Comprehensive Test-Ban-Treaty Organization" - véase sitio oficial), la cual dispone de satelites y sensores desplegados en varios puntos del planeta para detectar explosiones de cierta importancia. Sus registros fueron, por ejemplo, recientemente usados en la búsqueda de un submarino en Argentina (véase artículo de prensa y reciente nota nota de La Nación en Argentina).
La imperiosa necesidad de revisar el marco legal existente en materia de armas nucleares se dió en el 2014 a partir de una propuesta de Austria: lo que en la literatura especializada se conoce como el “Austrian Pledge” de diciembre del 2014 puede ser leído en este enlace oficial de Austria (véase también, en español, artículo que detalla la audaz propuesta austriaca del 2014). La propuesta se dió ante el aumento de ogivas nucleares en Estados Unidos, Rusia y China: estos tres Estados destinan programas cada vez más costosos para reforzar sus programas nucleares. Los datos aportados por el SIPRI en su informe del 2017 titulado “Trends in world nuclear forces, 2017” (véase texto integral) indican que : “The current US administration is continuing the ambitious nuclear modernization plans set out by President Barack Obama“. Se trata de un plan de modernización de unos 400 billones de US$ para el 2017-2026.
El destacado papel de Costa Rica
La adopción en julio del 2017 de este nuevo instrumento fue celebrada con júbilo en Costa Rica: véase, entre muchas otras, nota del programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, que recoge las reacciones de profunda satisfacción de las autoridades costarricenses.
En efecto, la delegación de Costa Rica fue la llamada, en febrero del 2017, a presidir la recta final de estas arduas negociaciones. ¿Un Estado que abolió el ejército en 1948 y que se ha destacado en el plano internacional por limitar el comercio de armas y por abogar en favor de la desmilitarización? Efectivamente, Costa Rica cuya tradición en este ámbito es ampliamente reconocida - y poco conocido un insólito episodio provocado por algunos entusiastas funcionarios a cargo de su comercio exterior, resuelto por su justicia constitucional (Nota 1) - fue la designada por los demás integrantes de la comunidad internacional para proceder a ultimar estas delicadas negociaciones multilaterales y llevarlas a feliz puerto.
Una férrea oposición del "club nuclear" y de sus aliados
Estas últimas concluyeron formalmente el 7 de julio del 2017, con una extraña maniobra por parte de Países Bajos: la solicitud expresa a la mesa de la puesta a votación del texto por parte del delegado de Países Bajos, cuando todas las demás se disponían a adoptarlo por consenso. La votación (véase tablero oficial ) registró un solo voto en contra (Países Bajos), una abstención (Singapur) y 122 votos a favor (véase breve nota nuestra al respecto del 7/7/2017). Raramente un Estado como Países Bajos solicita exhibir su soledad de esta manera, y no se tiene claridad sobre los créditos obtenidos por la diplomacia holandesa a raíz de semejante resultado.
Este mismo 7 de julio del 2017, Estados Unidos, Francia y Reino Unido circularon un comunicado conjunto en el que expresaron las razones por las que se oponían a esta iniciativa (Nota 2). Francia optó por expresarse también a título individual (Nota 3). Sobre la pertinencia y solidez de algunos de los argumentos de los Estados poseedores de arsenal nuclear, referimos a una interesante opinión elaborada por el representante de México ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Lomónaco, titulada "Hacia la prohibición de las armas nucleares" y publicada en la Revista Mexicana de Política Exterior, en la que se lee que:
"el argumento de Estados Unidos y Reino Unido resulta por lo menos curioso, al ilustrar contradicciones profundas entre la aseveración de que el tratado no servirá a ningún propósito y el reconocimiento implícito de que desataría fuerzas conducentes al desarme y sería, por tanto, un paso significativo hacia la eliminación de las armas nucleares, como sostenemos insistentemente los promotores de la iniciativa. En cualquier caso y a la luz de las consideraciones antes descritas, resulta pertinente preguntarse por qué la firme y, en ocasiones, agresiva oposición de los poseedores al inicio de negociaciones de un tratado de prohibición de armas nucleares. Si la seguridad de los poseedores, el TNP y el régimen de no proliferación no están en riesgo, si un tratado de prohibición no destruirá una sola ojiva, ¿por qué oponerse incluso al inicio de negociaciones?" (p. 92).
La sensibilidad de los Estados nucleares en sí puede también ser capitalizada por la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares: como se puede leer en las conclusiones de este estudio del UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) sobre la prohibición de las armas nucleares,
"... the degree of sensitivity of the nuclear-armed states and some of their allies about the prohibition approach is itself cause for some optimism. It indicates that like-minded processes are able to re-capture the attention and imagination of policy makers and public alike as a catalyst for more concerted international efforts towards the shared goal of a nuclear-weapon free world" (p. 58).
Un tratado abierto a la firma y ratificación de todos los Estados
El texto del tratado adoptado el 7 de julio fue abierto a la firma y posterior ratificación por parte de los Estados Miembros de Naciones Unidas, en el mes de setiembre del 2017, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General que se celebra en Nueva York. El artículo 15 del tratado dispone que entrará en vigor tres meses después de reunida la ratificación número 50.
Durante la ceremonia oficial de la firma del tratado realizada en Nueva York el 20 de setiembre, el Presidente de Costa Rica señaló que:
"Lamentamos que los países nucleares y aquellos miembros de alianzas de seguridad, hayan decidido desvincularse de este proceso. En desarme nuclear la inacción no es una opción. El mantenimiento del status quo solo lleva a una situación cada vez más peligrosa de seguridad internacional y a la humanidad más cerca de la aniquilación. Sabemos que es falsa la premisa de que la seguridad surge de la fuerza de las armas. Por ello, ahora les exhorto vehementemente a dar pasos concretos para dar vida al imperativo humano, político y jurídico del desarme nuclear, establecido desde 1946 con la primera resolución aprobada por la Asamblea General, reforzado por el Artículo VI del Tratado de no proliferación nuclear, por la Corte Internacional de Justicia y ahora por el Tratado de Prohibición de las armas nucleares" (véase texto integral de su alocución).
Por su parte, la Embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra externó (denunció) la existencia de presiones recibidas por diversos Estados para impedir la firma del tratado (véase nota de La Nación titulada "Embajadora tica denuncia presiones para boicotear tratado contra armas nucleares", edición del 20 de setiembre del 2017).
El estado actual de firmas y ratificaciones
A seis meses de la ceremonia de firma de este instrumento, el estado de firma y ratificación arroja el siguiente dato: 57 firmas y 5 ratificaciones, de las cuales 3 se registran en el hemisferio americano: Cuba, Guyana y México (véase estado oficial de firma y ratificaciones).
El caso de América Latina
La ratificación el 16 de enero del 2018 por parte de México constituye la primera ratificación en América Latina, seguida por Cuba, dos semanas después (30 de enero del 2018).
Nótese que, en América Latina, Argentina, Bolivia, y Colombia han optado por no firmar, al momento de redactar estas breves líneas, este tratado multilateral: estos tres Estados votaron en favor del texto el 7 de julio del 2017 en Nueva York (véase registro de votos). En el caso de Argentina, esta omisión difiere de lo expuesto por su delegación en un segmento de alto nivel al que participó en Naciones Unidas (Nota 4).
Es de recordar que tempranamente, América Latina y el Caribe lanzaron una clara señal al mundo en materia de desarme nuclear: el pasado 14 de febrero del 2017, se celebró el 50 aniversario de la apertura a firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y en el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco (véase informe preparado por el Senado de México para esta conmemoración).
El caso de Europa
Recientemente, el jefe de la diplomacia española reafirmó que España no firmará tan siquiera el tratado sobre prohibición de armas nucleares adoptado en el 2017, "por solidaridad con sus socios de la OTAN" (véase nota de prensa de EuropaPress). Las únicas firmas de Estados europeos que se registran son las de Austria, Irlanda, Liechtenstein, San Marino, así como la del Vaticano, que ha ratificado también el tratado. No se registran aún las firmas de los demás Estados europeos que sí votaron a favor del texto el 7 de julio con los Estados antes citados, a saber Chipre, Malta, Moldavia, Suecia y Suiza
Cabe recordar que la ONG ICANW (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) recibió en diciembre del 2017 en Estocolmo el Premio Nobel de la Paz (véase sitio oficial de ICANW).
A modo de conclusión
Al cumplirse en estos días seis meses desde la ceremonia de la firma de este instrumento, este primer balance evidencia que las potencias nucleares y sus aliados mantienen una activa oposición a esta iniciativa multilateral y que, al parecer, sus justificaciones para mantenerla siguen prevaleciendo entre los decisores políticos.
Es de esperar que, pese a presiones de diversa índole que puedan estar recibiendo algunos Estados en aras de no firmar (ni ratificar) este tratado, se logre reunir un número mayor de adhesiones en setiembre próximo, al cumplirse un año desde que fue abierto a la firma y ratificación de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas.
Para ello, la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares debe redoblar sus esfuerzos, campaña a la que los Estados de América Latina podrían contribuir significativamente.
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Notas
Nota 1:
Cabe recordar que un “Decreto de Armas” adoptado el 30 de junio del 2006 fue anulado por la Sala Constitucional en el 2008 a solicitud de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) particularmente vigilante, Luis Roberto Zamora Bolaños: el “derecho humano a la paz” sirvió de fundamento para pedir la anulación de este decreto adoptado por el Ministerio de Salud, que promovía en Costa Rica la extracción y la producción de material nuclear con fines bélicos. En el texto de la sentencia Res. Nº 2008-14193, se concluye que: “Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando” (véase nota de prensa). El mismo estudiante había logrado en el 2004, mediante un recurso ante el juez constitucional, que el Ejecutivo retirara a Costa Rica de una “Coalición en guerra contra Iraq” liderada por Estados Unidos (véase sentencia 2004-09992 de la Sala Constitucional, cuya lectura se recomienda). Sobre el derecho humano a la paz en la justicia constitucional costarricense, remitimos al estudio del mismo Luis Roberto Zamora Bolaños editado en el 2010: ZAMORA BOLAÑOS L. R., “Reconocimiento y aplicación judicial del derecho humano a la paz en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Costa Rica”, in VILLAN DURAN C. FALEH PEREZ C. (Ed.), Contribuciones regionales para una Declaración Universal sobre el Derecho a la Paz, AEDIDH, Narcea Ed., Madrid, 2010, pp. 419-433 (texto integral de esta publicación disponible aquí).
Nota 2:
El comunicado conjunto circulado se lee así (véase enlace):
"Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons
July 7, 2017 FOR IMMEDIATE RELEASE
France, the United Kingdom and the United States have not taken part in the negotiation of the treaty on the prohibition of nuclear weapons. We do not intend to sign, ratify or ever become party to it. Therefore, there will be no change in the legal obligations on our countries with respect to nuclear weapons. For example, we would not accept any claim that this treaty reflects or in any way contributes to the development of customary international law. Importantly, other states possessing nuclear weapons and almost all other states relying on nuclear deterrence have also not taken part in the negotiations.
This initiative clearly disregards the realities of the international security environment. Accession to the ban treaty is incompatible with the policy of nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North Asia for over 70 years. A purported ban on nuclear weapons that does not address the security concerns that continue to make nuclear deterrence necessary cannot result in the elimination of a single nuclear weapon and will not enhance any country’s security, nor international peace and security. It will do the exact opposite by creating even more divisions at a time when the world needs to remain united in the face of growing threats, including those from the DPRK’s ongoing proliferation efforts. This treaty offers no solution to the grave threat posed by North Korea’s nuclear program, nor does it address other security challenges that make nuclear deterrence necessary. A ban treaty also risks undermining the existing international security architecture which contributes to the maintenance of international peace and security.
We reiterate in this regard our continued commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and reaffirm our determination to safeguard and further promote its authority, universality and effectiveness. Working towards the shared goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament must be done in a way that promotes international peace and security, and strategic stability, based on the principle of increased and undiminished security for all.
We all share a common responsibility to protect and strengthen our collective security system in order to further promote international peace, stability and security."
Nota 3:
Se lee en esta declaración del portavoz de la diplomacia gala (véase enlace oficial) que:
"Déclaration de la porte-parole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Adoption d’un traité d’interdiction des armes nucléaires New York, le 7 juillet 2017
Un traité d’interdiction des armes nucléaires a été adopté le 7 juillet à New York.
Il s’agit d’un texte inadapté au contexte sécuritaire international, caractérisé par des tensions croissantes et la prolifération des armes de destruction massive, dont témoigne notamment la menace nucléaire nord-coréenne. La France n’a pas participé aux négociations de ce traité et elle n’entend pas y adhérer. Ce traité ne nous lie pas et ne crée pas de nouvelles obligations. La décision d’un grand nombre d’Etats, dotés, possesseurs ou non d’armes nucléaires, de ne pas participer aux négociations, en Europe et en Asie notamment, illustre avec force ce décalage.
La politique de sécurité et de défense de la France, tout comme celle des alliés et d’autres partenaires proches, repose sur la dissuasion nucléaire. La dissuasion vise à protéger notre pays de toute agression d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne, et quelle qu’en soit la forme. Le contexte international n’autorise aucune faiblesse. Un traité d’interdiction des armes nucléaires risque à cet égard d’affecter la sécurité de la région euro-atlantique et la stabilité internationale. Ce traité est également susceptible de fragiliser le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération.
Le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit. La France demeure pour sa part déterminée à mettre en oeuvre les prochaines étapes concrètes du désarmement nucléaire, conformément à ses engagements au titre du traité sur la non-prolifération des armes.
Les prochaines étapes prioritaires du désarmement nucléaire sont la négociation d’un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires et l’entrée en vigueur rapide du traité d’interdiction complète des essais nucléaires. La réduction des arsenaux nucléaires russes et américains, qui représentent 90% du stock mondial d’armes nucléaires, est un autre objectif important.
La France a déjà pris des mesures concrètes et substantielles de désarmement nucléaire, notamment en réduisant de moitié son arsenal nucléaire, en arrêtant les essais nucléaires, en ratifiant le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, et en fermant de manière irréversible ses installations de production de matières fissiles pour des armes nucléaires. Nous poursuivrons également nos efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité internationales, y compris dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive."
Nota 4:
Se lee en este discurso que para Argentina,
"The Delegation of Argentina would like to align itself with the statement delivered by Cuba on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States. At the same time we would like to add some remarks in our national capacity.
Argentina considers that the total elimination of weapons of mass destruction should constitute the main priority of the international community, since their consequences reach beyond the field of disarmament and seriously impact in the international peace and security area".
Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com
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