La primera vez que se habló en Alemania de crear un banco malo fue en febrero de 2003. La banca alemana invertía gran parte de los enormes superavits exportadores del país en especulación inmobiliaria y contribuía a hinchar la burbuja global. Hubo una reunión confidencial del gobierno con los representantes de la gran banca nacional en la que se barajó la cifra de 300.000 millones en activos tóxicos y se debatió la posibilidad de una crisis, así como de la creación de un depósito de basura financiera. La cosa quedó ahí.
Cuatro años después, el estallido pilló de pleno a la banca alemana. En varias ciudades de Estados Unidos, Baltimore entre ellas, el Deutsche Bank es hoy propietario de más del 10% de las casas vacías. El negocio americano que arruinó al banco Hypo Real Estate, persigue al Deutsche Bank con varios pleitos por estafa en Estados Unidos.
En España la banca alemana tenía 144.000 millones de euros expuestos en España a finales de 2011, según la cifra publicada en abril por el Banco Internacional de Pagos. Es la mayor exposición de riesgo de una banca extranjera en España. En 2008 el riesgo alemán en España era de 200.000 millones.
El discurso populista alemán sobre la eurocrisis, que ignora su interrelación y carga las tintas sobre naciones buenas y malas, ha permitido obviar el debate sobre la central contribución de la banca nacional al estallido especulativo y su coste para el ciudadano.
El primer movimiento que Alemania hizo tras el estallido de la crisis fue aprobar, en octubre de 2008, una Ley de estabilización del mercado financiero, con los votos a favor de los socialdemócratas y en contra de Verdes y Die Linke. La ley permitió que el Estado organizara un paquete de ayuda a la banca de 480.000 millones de euros, sin consulta ni control parlamentario. Fue un cheque en blanco. Cuando algunos diputados preguntaron en qué condiciones y qué cantidades se daba dinero, la respuesta fue “secreto corporativo”. Esa espesa niebla se mantiene hasta hoy.
El Hypo Real Estate (HRE), la institución más afectada por la especulación alemana en EE.UU, fue rescatada por el gobierno el 29 de septiembre de 2008. El rescate costó más caro al contribuyente que la reforma Hartz IV, el gran recorte social de 2003 que desató una polémica de años que aún continúa, sin embargo no hubo debate. Un portavoz explicó que la medida impediría “males mayores” porqué, “una quiebra habría salido mucho más cara”. Ahí quedó el asunto.
No se explicó cómo se iban a separar los malos créditos de la entidad, ni quienes eran los responsables de la gestión. La canciller Merkel invitó a los directores de los principales medios a una sesión de información confidencial en otoño de 2008. Los medios de comunicación no han hecho muchas preguntas y han esquivado las principales. La conversión de una crisis bancaria privada en una crisis de deuda pública de países que vivieron por encima de sus posibilidades, habría sido imposible sin la intensa colaboración de los principales medios de comunicación.
A principios de enero de 2009 el Estado se hizo con el 25% de Commerzbank, el segundo banco de Alemania, a cambio de una ayuda de 10.000 millones y con el 3% de Deutsche Bank, mediante la absorción del Post Bank, un banco estatal vinculado al antiguo monopolio estatal de correo. La basura financiera de los principales veinte bancos alemanes se estimaba en 400.000 millones, pero el BaFin, la institución de control financiero que dio esa cifra, decía que los bancos sólo declaraban una cuarta parte de esa cantidad. En 2009 el Bundestag redactó una ley sobre malos bancos y el HRE se nacionalizó.
A principios de 2010 se creó el banco malo de HRE: FMS Wertmanagement y en octubre, se colocaron en él 173.000 millones. Lo que pasa ahí dentro, fundamentalmente, se desconoce.
El objetivo oficial de FMS es limpiar o vender hasta el 70% de sus valores tóxicos para el año 2020. En mayo de 2011 se informó que HRE había perdido 3000 millones de euros en la primera mitad del año.
El FMS no fue el primer banco malo alemán. En diciembre de 2009 la caja regional WestLB, también gran inversora en el casino inmobiliario de EE.UU, ya había creado uno, el Erste Abwicklungsanstalt (EAA) en el que colocó 77.500 millones en papeles tóxicos, equivalente a una tercera parte de su volumen de negocios. En 2011, WestLB había recibido un total de 16.000 millones de euros del contribuyente alemán, según cifras del comisario Joaquín Almunia. La agencia dpa informó entonces que en realidad tampoco este era el primero, porque, “otras entidades ya habían organizado almacenes de títulos problemáticos, aunque sin recurrir a la ayuda del Estado”.
Leo Müller, autor de un libro sobre el sector financiero alemán, dice que, “a diferencia de otros países, como el Reino Unido, ninguna institución de gobierno o grupo de expertos ha investigado en Alemania los errores políticos y financieros que llevaron a la crisis”. “Con mi investigación comprobé que los responsables de la política financiera actuaron de forma incompetente antes y después de la crisis, sin entender del todo cómo funcionaba el mercado financiero internacional”. La inspección del Bundesbank y del Bafin, brilló por su ausencia, dice.
Peer Steinbrück, el elogiado ministro socialdemócrata de finanzas del primer gobierno de Merkel, que hoy es uno de los tres líderes del SPD que suenan como candidatos a canciller federal, afirmó ante el Bundestag, muy pocos días antes de la inyección de dinero a HRE, que la crisis era un problema de Wall Street que no afectaba a los bancos alemanes.
Müller dice que Alemania tiene, “los mayores bancos malos del mundo” y que en cifras absolutas ha gastado más dinero que Estados Unidos en rescate de sus bancos ¿Cuánto?: el gobierno no ha publicado esas cifras. Sólo se ha publicado la cifra del fondo federal de estabilización bancaria (Soffin), que no incluye todos los desembolsos de los gobiernos, federal y regionales, explica.
Rafael Poch. La Vanguardia.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/20120513/54292594711/bankia-alemana-dos-grandes-bancos-malos-niebla-espesa.html
lunes, 14 de mayo de 2012
domingo, 13 de mayo de 2012
Un acto recuerda a los 65 emigrantes lusos que los franquistas mataron en la guerra. Atila también aplastó portugueses
El rastro portugués en la Guerra Civil se perdía, hasta no hace mucho, en el bando rebelde. La columna militar de los Viriatos a modo de brigada internacional fascista, el apoyo logístico a los golpistas, corresponsales de prensa empotrados con los nacionales o la extradición de los republicanos escapados conformaban la huella lusa en el 36. Pero un grupo de investigadores —gallegos— han comenzado a destapar la historia del otro lado de la barricada. El balance, provisional, cifra en 65 los portugueses asesinados por el franquismo en Galicia en el período que va del golpe de Estado al año 1940. “Es un episodio totalmente desconocido”, afirma el historiador Dionisio Pereira. Hoy a partir de las tres, la villa de Monção, enfrente a Salvaterra de Miño, acoge un homenaje a las víctimas del fascismo al que asistirá el expresidente de la República portuguesa Mário Soares. Es la primera vez que, en Portugal, se convocan actos para recordar a sus ciudadanos muertos a manos de Franco.
Pereira, autor junto a Lourenzo Fernández Prieto de un ensayo pionero sobre la materia todavía inédito, explica como el trabajo de campo del proyecto interuniversitario Nomes e Voces ha servido para excavar en la vida y muerte de los republicanos gallego-portugueses. “La base de datos de Nomes e Voces registra, entre 1936 y 1939, más de 4.600 asesinados y 14.000 represaliados”, relata, “entre ellos, detectamos a 159 portugueses, 65 de ellos muertos”. Hay más, eso es seguro. “Los números siempre son de mínimos”, dice. De los 4.600 cadáveres que Atila dejó en Galicia, solo la tercera parte pasaron por tribunales militares. Para contrastar a los demás, los historiadores tiran de registros civiles, aunque son conscientes de que un porcentaje de las víctimas ni siquiera están ahí. Y es en el centro de todas estas incertidumbres donde se encuentran los 65 portugueses asesinados.
Pero la historia también establece conexiones, reconstruye contextos, procura causas y consecuencias de manera no mecánica. Por eso Dionisio Pereira y Fernández Prieto no olvidan remitirse al origen de la presencia portuguesa al norte del Miño. La describen así: “El trabajo de los canteros portugueses adornando con fuentes barrocas villas, pazos y ciudades gallegas en el siglo XVII o la diseminación de numerosos jornaleros por el interior de Galicia un siglo más tarde”. Esta corriente migratoria, continua hasta la guerra, no resulta demasiado visible. Y eso también dificulta la localización de las víctimas del franquismo. “Los portugueses se han integrado con la población local hasta incluso castellanizar sus nombres”, anota Pereira, “por eso tampoco es fácil ver hasta qué punto sufrieron la represión”.
Cuando los militares africanistas deciden poner fin a la democracia de la II República, los portugueses que viven y trabajan en Galicia ya son, sin embargo, otros. Mano de obra barata para el incipiente desarrollo industrial de la comarca de Vigo, peones camineros, obreros de cantera o del ferrocarril, mineros o incluso huidos para no ir a la Primera Guerra Mundial —en la que Portugal participó al lado de los ingleses. “La mayoría son”, puntualizan por escrito Pereira y Fernández Prieto, “emigrantes económicos originarios de un entorno rural”.
Y algunos de ellos, añaden, organizados en los dos grandes sindicatos de la época —el anarquista CNT y el socialista UGT— y en los partidos de izquierdas, hasta el punto de involucrase activamente en la Revolución de 1934. No todos, por supuesto. El dumping laboral funcionaba y el empresariado gallego, cuentan los historiadores, “prefería contratar mano de obra más barata y sumisa procedente de Portugal, antes que los afiliados de los sindicatos”. Incluso hubo secciones sindicales que adoptaron “actitudes apartadas del internacionalismo proletario” y defendieron restricciones a la contratación de portugueses.
Los investigadores descartan características específicas en la represión al proletariado luso. El otro, para la cruzada fascista, no era el que hablaba portugués: era la conjura judeo-masónico-comunista. “Los portugueses que sufren persecución la sufren en el mismo paquete que la anti-España, el marxismo o el poder demócrático republicano”, escriben. Solo Carlos Méixome, del Instituto de Estudos Miñoranos y una de las pocas personas que han trabajado antes sobre el particular, había detectado “indicios de xenofobia y desprecio en los registros civiles de la comarca de Vigo referidos a asesinatos”. Quedan en el aire varias incógnitas, con las que Dionisio Pereira y Lourenzo Fernández Prieto cierran su estudio: ¿la violencia contra portugueses demócratas tiene que ver con el posterior apoyo a la guerrilla del norte del país vecino o con la agitación social de la zona? ¿Las persecuciones de retaguardia en la Guerra Civil demuestran que la frontera en Galicia es más teórica que práctica.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336761925_945059.html
Pereira, autor junto a Lourenzo Fernández Prieto de un ensayo pionero sobre la materia todavía inédito, explica como el trabajo de campo del proyecto interuniversitario Nomes e Voces ha servido para excavar en la vida y muerte de los republicanos gallego-portugueses. “La base de datos de Nomes e Voces registra, entre 1936 y 1939, más de 4.600 asesinados y 14.000 represaliados”, relata, “entre ellos, detectamos a 159 portugueses, 65 de ellos muertos”. Hay más, eso es seguro. “Los números siempre son de mínimos”, dice. De los 4.600 cadáveres que Atila dejó en Galicia, solo la tercera parte pasaron por tribunales militares. Para contrastar a los demás, los historiadores tiran de registros civiles, aunque son conscientes de que un porcentaje de las víctimas ni siquiera están ahí. Y es en el centro de todas estas incertidumbres donde se encuentran los 65 portugueses asesinados.
Pero la historia también establece conexiones, reconstruye contextos, procura causas y consecuencias de manera no mecánica. Por eso Dionisio Pereira y Fernández Prieto no olvidan remitirse al origen de la presencia portuguesa al norte del Miño. La describen así: “El trabajo de los canteros portugueses adornando con fuentes barrocas villas, pazos y ciudades gallegas en el siglo XVII o la diseminación de numerosos jornaleros por el interior de Galicia un siglo más tarde”. Esta corriente migratoria, continua hasta la guerra, no resulta demasiado visible. Y eso también dificulta la localización de las víctimas del franquismo. “Los portugueses se han integrado con la población local hasta incluso castellanizar sus nombres”, anota Pereira, “por eso tampoco es fácil ver hasta qué punto sufrieron la represión”.
Cuando los militares africanistas deciden poner fin a la democracia de la II República, los portugueses que viven y trabajan en Galicia ya son, sin embargo, otros. Mano de obra barata para el incipiente desarrollo industrial de la comarca de Vigo, peones camineros, obreros de cantera o del ferrocarril, mineros o incluso huidos para no ir a la Primera Guerra Mundial —en la que Portugal participó al lado de los ingleses. “La mayoría son”, puntualizan por escrito Pereira y Fernández Prieto, “emigrantes económicos originarios de un entorno rural”.
Y algunos de ellos, añaden, organizados en los dos grandes sindicatos de la época —el anarquista CNT y el socialista UGT— y en los partidos de izquierdas, hasta el punto de involucrase activamente en la Revolución de 1934. No todos, por supuesto. El dumping laboral funcionaba y el empresariado gallego, cuentan los historiadores, “prefería contratar mano de obra más barata y sumisa procedente de Portugal, antes que los afiliados de los sindicatos”. Incluso hubo secciones sindicales que adoptaron “actitudes apartadas del internacionalismo proletario” y defendieron restricciones a la contratación de portugueses.
Los investigadores descartan características específicas en la represión al proletariado luso. El otro, para la cruzada fascista, no era el que hablaba portugués: era la conjura judeo-masónico-comunista. “Los portugueses que sufren persecución la sufren en el mismo paquete que la anti-España, el marxismo o el poder demócrático republicano”, escriben. Solo Carlos Méixome, del Instituto de Estudos Miñoranos y una de las pocas personas que han trabajado antes sobre el particular, había detectado “indicios de xenofobia y desprecio en los registros civiles de la comarca de Vigo referidos a asesinatos”. Quedan en el aire varias incógnitas, con las que Dionisio Pereira y Lourenzo Fernández Prieto cierran su estudio: ¿la violencia contra portugueses demócratas tiene que ver con el posterior apoyo a la guerrilla del norte del país vecino o con la agitación social de la zona? ¿Las persecuciones de retaguardia en la Guerra Civil demuestran que la frontera en Galicia es más teórica que práctica.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336761925_945059.html
sábado, 12 de mayo de 2012
El delito fiscal tendrá una pena más dura y los delatores serán premiados
El plazo de prescripción se amplía de 5 a 10 años en los casos más graves de fraude
El cambio legal evita que se persiga a quienes se acojan a la amnistía
Los defraudadores que denuncien a otros verán rebajada su condena. Ver en El País
Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos
Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.
Caso Gürtel.
Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.
Caso Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.
Caso Brugal.
La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.
Caso Palau de la Música.
El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.
Caso Urdangarin.
La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.
Caso Marbella.
El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito. (En El País).
Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos
Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.
Caso Gürtel.
Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.
Caso Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.
Caso Brugal.
La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.
Caso Palau de la Música.
El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.
Caso Urdangarin.
La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.
Caso Marbella.
El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito. (En El País).
El nuevo decreto del gobierno para resolver los problemas financieros de la Banca española y van cinco.
La segunda reforma financiera del Gobierno (actual) en poco más de tres meses tendrá un fuerte impacto en la cuenta de resultados de bancos y cajas, hasta el punto de que parte de ellos podría incurrir en pérdidas si no logra diferir el saneamiento gracias a una fusión.
Las nuevas exigencias de una cobertura media adicional del 23% del crédito promotor teóricamente sano pueden provocar que aumente la concentración del sector y que varias firmas, entre ellas Bankia y algunas cajas medianas, tengan que recurrir a ayudas públicas. Con datos de cierre de año, las entidades con un mayor volumen de crédito promotor normal en sus cuentas eran Bankia (con unos 19.500 millones), La Caixa (con 13.650 millones a los que sumar otros 4.650 millones de Banca Cívica) y el Banco Santander (con 12.800 millones). Esa es la foto fija de cierre de año que, en principio, sirve de referencia al decreto, pero va variando este año.
Las necesidades de provisiones, en todo caso, dependen de las garantías que haya para los créditos, algo que la mayoría de las entidades no detalla. Bankia, la entidad presidida desde esta semana por José Ignacio Goirigolzarri ya era la que tenía un mayor volumen de activos tóxicos del ladrillo (unos 31.800 millones), pero también es la que tiene más créditos considerados teóricamente sanos, que ahora deberá provisionar. Esas nuevas necesidades obligarán al Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, a solicitar más ayudas públicas para mantener su solvencia una vez nacionalizada. En el caso del crédito normal, además, el problema no está en la matriz, que actuaba como banco malo, sino en la propia Bankia.
Con Rodrigo Rato como presidente, y antes de esta nueva vuelta de tuerca al saneamiento del ladrillo, los planes de la entidad pasaban por recapitalizarse con la conversión de preferentes en acciones, con la venta de activos y aun así veía ya la necesidad de recurrir a ayudas públicas. Seguir leyendo aquí en El País
Las nuevas exigencias de una cobertura media adicional del 23% del crédito promotor teóricamente sano pueden provocar que aumente la concentración del sector y que varias firmas, entre ellas Bankia y algunas cajas medianas, tengan que recurrir a ayudas públicas. Con datos de cierre de año, las entidades con un mayor volumen de crédito promotor normal en sus cuentas eran Bankia (con unos 19.500 millones), La Caixa (con 13.650 millones a los que sumar otros 4.650 millones de Banca Cívica) y el Banco Santander (con 12.800 millones). Esa es la foto fija de cierre de año que, en principio, sirve de referencia al decreto, pero va variando este año.
Las necesidades de provisiones, en todo caso, dependen de las garantías que haya para los créditos, algo que la mayoría de las entidades no detalla. Bankia, la entidad presidida desde esta semana por José Ignacio Goirigolzarri ya era la que tenía un mayor volumen de activos tóxicos del ladrillo (unos 31.800 millones), pero también es la que tiene más créditos considerados teóricamente sanos, que ahora deberá provisionar. Esas nuevas necesidades obligarán al Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, a solicitar más ayudas públicas para mantener su solvencia una vez nacionalizada. En el caso del crédito normal, además, el problema no está en la matriz, que actuaba como banco malo, sino en la propia Bankia.
Con Rodrigo Rato como presidente, y antes de esta nueva vuelta de tuerca al saneamiento del ladrillo, los planes de la entidad pasaban por recapitalizarse con la conversión de preferentes en acciones, con la venta de activos y aun así veía ya la necesidad de recurrir a ayudas públicas. Seguir leyendo aquí en El País
viernes, 11 de mayo de 2012
Las propuestas de François Hollande son insuficientes para salir de la crisis
Antes de nada, quiero subrayar que estoy contentísimo de que François Hollande ganara las elecciones en Francia. Abre una serie de posibilidades que estaban cerradas hasta ahora. Y hay muchas propuestas de su programa que son positivas, e incluso algunas muy positivas. Ahora bien, me apena constatar que la puesta en marcha de todas ellas no será suficiente para salir de la crisis. Y ello se debe a que la economía europea no se recuperará a no ser que las políticas de austeridad que se están imponiendo en la Unión Europea (UE) se eliminen. Y Hollande no se ha comprometido a eliminarlas. A lo que sí se ha comprometido es a complementarlas con políticas de crecimiento. En otras palabras, la tesis que Hollande sostiene es que las políticas de austeridad que se están siguiendo son necesarias pero insuficientes. Según él, se deben establecer unas políticas de estímulo del crecimiento que permitan a la UE salir de la crisis. Pero el mayor problema que tiene la Unión Europea, incluyendo Francia y España, es que la principal causa hoy de la crisis y la recesión son precisamente las políticas de austeridad, dictadas por el Pacto de Estabilidad. François Hollande no ha mencionado que vaya a eliminar o modificar el Pacto de Estabilidad, que es la ley que fuerza hoy las políticas de austeridad en los países de la UE.
En realidad, el Pacto Fiscal (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the European Economic and Monetary Union –en castellano, Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y gobierno en la Unión Económica y Monetaria Europea) promovido por la canciller Merkel de Alemania todavía no se ha aplicado a ningún país de la UE. Tal pacto lleva a extremos las políticas de austeridad. Exige, por ejemplo, que los déficits estructurales de los Estados de los países miembros no sean mayores de un 0,5% del PIB (el Pacto de Estabilidad exige que no sean mayores de un 3%) en caso de que su deuda pública sea mayor del 60% del PIB (permitiendo que sea un 1% en caso de que sea menor del 60% del PIB). Se penalizará a aquellos países que no cumplan, con sanciones equivalentes a un 0,1% del PIB. Se remarca también en aquel pacto que aquellos países con deuda pública mayor del 60% tendrán que reducir cada año una cantidad equivalente a la veinteava parte de la diferencia entre la deuda existente y el 60% del PIB. (Véase Sebastian Dullien “Reinventing Europe: Explaining the Fiscal Compact”, Social Europe Journal 01.05.12). Hollande aprueba esta ley, siempre y cuando se apruebe una nueva ley que estimule la economía. Pero el problema con este enfoque es que el hecho de que España tenga que reducir su déficit de un 8% del PIB a un 3% del PIB en dos años (una reducción del 5% del PIB) no se debe al Pacto Fiscal, sino al Pacto de Estabilidad sobre el cual Hollande no ha dicho nada. Permítanme que me expanda.
La ingeniería monetaria y fiscal de la Unión Europea se basa en dos pilares. Uno, la Ley de Estabilidad que imposibilita a los Estados poder recuperarse en tiempo de crisis, como lo muestra la situación actual. Es más, su incapacidad de diferenciación entre gasto ordinario y gasto en inversiones, poniendo todo el gasto público dentro del límite de gasto permitido (el 3% del PIB) destruye la creación del futuro, pues no permite la inversión con la que se podría aumentar la producción y crecimiento económico en el futuro. No permitirle a un país que invierta en educación, en I+D, en infraestructura física y social, es condenarle a un continuo subdesarrollo social y económico. Y esto es lo que fuerza el Pacto de Estabilidad a los países ahora en estos momentos. Ahora bien, el Pacto Fiscal, que todavía no se ha aprobado, va más allá y quiere eliminar en la práctica el déficit público. Pero la austeridad que estamos sufriendo viene de aplicar el Pacto de Estabilidad, no el Pacto Fiscal, que repito, todavía no está vigente.
Y el segundo pilar de la austeridad impuesta a los países es la manera como se estableció el Banco Central Europeo (BCE), un banco que, en realidad, no es un banco central, sino un lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana. Hollande no hace ninguna propuesta de cambio de este Banco. Habla de creación de eurobonos para utilizarlos para proyectos de infraestructura a nivel europeo, lo cual me parece bien (aunque las cantidades que se manejan son muy limitadas). Pero no propone eurobonos que europeícen la deuda pública de los Estados, lo cual es fundamental para eliminar los elevados intereses de la deuda pública, previniendo la especulación de los mercados financieros.
A no ser que estos dos pilares que reflejan el dominio del pensamiento neoliberal en el diseño de la UE se cambien, Europa no se recuperará. Lo máximo que ocurrirá es que la palabra crecimiento se añadirá al término Pacto Fiscal, tal como ocurrió resultado de la presión del gobierno socialista Jospin, cuando se añadió tal término al título del Pacto de Estabilidad, sin que se ofrecieran los medios para que ocurriera tal crecimiento.
Dos últimas observaciones. La primera es repetir que quisiera que no se interpretaran mis notas críticas del plan Hollande como señal de desaprobación o desencanto con su elección. Antes al contrario, celebro, y mucho, su elección. Pero la experiencia europea muestra que, a no ser que vaya más allá y cuestione los dos pilares sobre los cuales se basa el edificio neoliberal que se llama la UE, la recuperación económica no ocurrirá, creando con ello el peligro que la enorme y justa indignación que las clases populares están desarrollando frente al establishment europeo y sus políticas de austeridad, se canalicen en el futuro, no a través de las izquierdas, sino a través de la ultraderecha. Que esto pueda ocurrir lo estamos viendo ya en la propia Francia.
La otra observación es que François Hollande irá más allá de lo que ha propuesto, moviéndose a la izquierda., sólo en caso de que haya movilizaciones que le presionen en esta dirección. No olvidemos que, como señalé en otro artículo (¿Cambios en la socialdemocracia francesa, y en la española? Sistema Digital 12.04.12), François Hollande había criticado muchas de las políticas que ahora ha adoptado (tal como la gravación con un 75% a los ingresos por encima de un millón de euros al año, habiendo llamado tal incremento un año antes, un “incremento confiscatorio”), lo cual se debió a la presión de los movimientos sociales y partidos a su izquierda. Es un buen indicador de esta posibilidad que el Frente de Izquierdas, definido predeciblemente por el corresponsal de El País en Francia, como “extremista”, alcanzara un considerable nivel de apoyo que, junto con amplios sectores dentro del partido socialista, más a la izquierda que el propio François Hollande, pueda ejercer la presión popular para que vaya desarrollando aquellas propuestas que la realidad en sí le forzará a tomar, a fin de conseguir sus objetivos: salir de la crisis. Vicenç Navarro. Público.
En realidad, el Pacto Fiscal (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the European Economic and Monetary Union –en castellano, Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y gobierno en la Unión Económica y Monetaria Europea) promovido por la canciller Merkel de Alemania todavía no se ha aplicado a ningún país de la UE. Tal pacto lleva a extremos las políticas de austeridad. Exige, por ejemplo, que los déficits estructurales de los Estados de los países miembros no sean mayores de un 0,5% del PIB (el Pacto de Estabilidad exige que no sean mayores de un 3%) en caso de que su deuda pública sea mayor del 60% del PIB (permitiendo que sea un 1% en caso de que sea menor del 60% del PIB). Se penalizará a aquellos países que no cumplan, con sanciones equivalentes a un 0,1% del PIB. Se remarca también en aquel pacto que aquellos países con deuda pública mayor del 60% tendrán que reducir cada año una cantidad equivalente a la veinteava parte de la diferencia entre la deuda existente y el 60% del PIB. (Véase Sebastian Dullien “Reinventing Europe: Explaining the Fiscal Compact”, Social Europe Journal 01.05.12). Hollande aprueba esta ley, siempre y cuando se apruebe una nueva ley que estimule la economía. Pero el problema con este enfoque es que el hecho de que España tenga que reducir su déficit de un 8% del PIB a un 3% del PIB en dos años (una reducción del 5% del PIB) no se debe al Pacto Fiscal, sino al Pacto de Estabilidad sobre el cual Hollande no ha dicho nada. Permítanme que me expanda.
La ingeniería monetaria y fiscal de la Unión Europea se basa en dos pilares. Uno, la Ley de Estabilidad que imposibilita a los Estados poder recuperarse en tiempo de crisis, como lo muestra la situación actual. Es más, su incapacidad de diferenciación entre gasto ordinario y gasto en inversiones, poniendo todo el gasto público dentro del límite de gasto permitido (el 3% del PIB) destruye la creación del futuro, pues no permite la inversión con la que se podría aumentar la producción y crecimiento económico en el futuro. No permitirle a un país que invierta en educación, en I+D, en infraestructura física y social, es condenarle a un continuo subdesarrollo social y económico. Y esto es lo que fuerza el Pacto de Estabilidad a los países ahora en estos momentos. Ahora bien, el Pacto Fiscal, que todavía no se ha aprobado, va más allá y quiere eliminar en la práctica el déficit público. Pero la austeridad que estamos sufriendo viene de aplicar el Pacto de Estabilidad, no el Pacto Fiscal, que repito, todavía no está vigente.
Y el segundo pilar de la austeridad impuesta a los países es la manera como se estableció el Banco Central Europeo (BCE), un banco que, en realidad, no es un banco central, sino un lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana. Hollande no hace ninguna propuesta de cambio de este Banco. Habla de creación de eurobonos para utilizarlos para proyectos de infraestructura a nivel europeo, lo cual me parece bien (aunque las cantidades que se manejan son muy limitadas). Pero no propone eurobonos que europeícen la deuda pública de los Estados, lo cual es fundamental para eliminar los elevados intereses de la deuda pública, previniendo la especulación de los mercados financieros.
A no ser que estos dos pilares que reflejan el dominio del pensamiento neoliberal en el diseño de la UE se cambien, Europa no se recuperará. Lo máximo que ocurrirá es que la palabra crecimiento se añadirá al término Pacto Fiscal, tal como ocurrió resultado de la presión del gobierno socialista Jospin, cuando se añadió tal término al título del Pacto de Estabilidad, sin que se ofrecieran los medios para que ocurriera tal crecimiento.
Dos últimas observaciones. La primera es repetir que quisiera que no se interpretaran mis notas críticas del plan Hollande como señal de desaprobación o desencanto con su elección. Antes al contrario, celebro, y mucho, su elección. Pero la experiencia europea muestra que, a no ser que vaya más allá y cuestione los dos pilares sobre los cuales se basa el edificio neoliberal que se llama la UE, la recuperación económica no ocurrirá, creando con ello el peligro que la enorme y justa indignación que las clases populares están desarrollando frente al establishment europeo y sus políticas de austeridad, se canalicen en el futuro, no a través de las izquierdas, sino a través de la ultraderecha. Que esto pueda ocurrir lo estamos viendo ya en la propia Francia.
La otra observación es que François Hollande irá más allá de lo que ha propuesto, moviéndose a la izquierda., sólo en caso de que haya movilizaciones que le presionen en esta dirección. No olvidemos que, como señalé en otro artículo (¿Cambios en la socialdemocracia francesa, y en la española? Sistema Digital 12.04.12), François Hollande había criticado muchas de las políticas que ahora ha adoptado (tal como la gravación con un 75% a los ingresos por encima de un millón de euros al año, habiendo llamado tal incremento un año antes, un “incremento confiscatorio”), lo cual se debió a la presión de los movimientos sociales y partidos a su izquierda. Es un buen indicador de esta posibilidad que el Frente de Izquierdas, definido predeciblemente por el corresponsal de El País en Francia, como “extremista”, alcanzara un considerable nivel de apoyo que, junto con amplios sectores dentro del partido socialista, más a la izquierda que el propio François Hollande, pueda ejercer la presión popular para que vaya desarrollando aquellas propuestas que la realidad en sí le forzará a tomar, a fin de conseguir sus objetivos: salir de la crisis. Vicenç Navarro. Público.
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jueves, 10 de mayo de 2012
¿Tiene España suficiente dinero para salvar a sus bancos?
La gran pregunta que se debe hacer España y la eurozona es si el país ibérico es una versión gigante de Irlanda, país que nacionalizó sus bancos para tapar su agujero financiero con dinero de los contribuyentes.
O podemos plantear la pregunta de otra forma: ¿Será suficiente el dinero de los contribuyentes españoles para salvar a los bancos del país?
Y si el costo es insoportablemente alto, surge la cuestión de si lo más sensato es que España solicite un rescate al Fondo Monetario Internacional o al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF, creado por la UE en 2010 para rescatar a los países con problemas).
De acuerdo con un destacado banquero, ambas preguntas tendrán una respuesta el viernes, cuando se espera un anuncio del gobierno español en el que decidirá cuántas pérdidas deberán sufrir los bancos del país en sus temerarios préstamos inmobiliarios, un añadido a las provisiones de US$64.000 millones, que ya han sido obligados a adoptar para cubrir pérdidas potenciales.
NACIONALIZACIÓN DE BANKIA
Bankia es uno de los cuatro principales bancos de España, junto con el Santander, BBVA y La Caixa. Clientes: 10 millones.
Accionistas: 400.000.
Este banquero espera que solo un puñado de bancos, de los cuales Bankia es el más importante, tendrán que reservar entre US$32.000 millones y US$38.000 millones para cubrir el costo adicional de créditos que acaben resultando fallidos. Esto irá acompañado de la nacionalización parcial de Bankia, que cuenta en sus activos con el 15% de los depósitos del país. La operación se realizará mediante la conversión en acciones de un crédito concedido por el gobierno en 2008 por US$5.800 millones. Así, el 45% de las acciones serán controladas por el gobierno.
Existen temores de que si el valor de las acciones de Bankia se hunde a causa del rescate, los ahorristas podrían dejarse llevar por la ansiedad y comenzar a retirar en masa sus depósitos, debilitando aún más el banco. clic Lea: Lo que aqueja a la economía española
Envenenados
España construyó en los últimos años enormes ciudades fantasma. ¿Pero cómo se han metido en este lío los bancos españoles? Pues bien, para comenzar hay que señalar que el Banco de España ha estimado en su último Informe sobre la Estabilidad Financiera que los bancos españoles poseen créditos inmobiliarios y de la construcción "problemáticos" por valor de US$234.000 millones, equivalentes a más del 17% del PIB español. Esos créditos son la herencia envenenada de un boom constructor e inmobiliario por el que se edificaron cinco millones de casas nuevas entre 1997 y 2007, el doble del aumento de hogares en España en ese período. Se construyeron enormes ciudades fantasma. Tan malos son esos créditos que los bancos están dando por hecho que solo recuperarán la mitad o menos de lo que prestaron. Así, cada vez estamos más cerca del momento en que los bancos admitirán el gran daño que van a sufrir en sus balances a causa de ese tipo de préstamos. Sin embargo, puede que aún no hayan hecho las provisiones adecuadas para las posibles pérdidas en otras categorías de créditos, en especial las hipotecas inmobiliarias, créditos a pequeñas empresas y créditos a grandes empresas altamente endeudadas.
Clik Cuando los vecinos se enfrentan a los bancos
Ese es el motivo por el que banqueros, reguladores y analistas temen cada vez más que los bancos no encontrarán suficiente capital entre inversores y contribuyentes para protegerse contra esas pérdidas.
Socorro
Dicho eso, España se enfrentaría a grandes costos y riesgos si toma prestado dinero del fondo de rescate de la eurozona, el FEEF, y ello sin tener en cuenta la humillación que sufriría al ver su política económica dictada desde Alemania. Un posible riesgo de tomar préstamos de rescate de la eurozona es que probablemente tendría el efecto de subordinar la deuda soberana española. O por así decirlo, el valor implícito de las deudas existentes del gobierno español se vería reducido. Y eso causaría pérdidas aún mayores, quizás calamitosas, a los bancos, que le han prestado más de US$336.000 millones al gobierno español. Así que algunos banqueros creen que sería mejor que España opte por pedirle al FMI fondos de emergencia que podrían ir directamente a los bancos, y por tanto no figurarían como un préstamo al gobierno.
Símil irlandés
La crisis de liquidez está exacerbando la recesión española. ¿Cuánto tiempo más seguirá el gobierno español recurriendo a evasivas en lugar de asegurarse de que los bancos tienen todo el capital que necesitan? Pues probablemente no mucho tiempo, porque a causa de su falta de capital los bancos españoles cada vez conceden menos préstamos y eso está dañando a la economía. Con base en los resultados publicados por los siete bancos españoles que cotizan en bolsa, el banco de inversión Morgan Stanley calcula que el flujo del crédito se está contrayendo en España a un ritmo anual de alrededor del 8%. La crisis de liquidez está exacerbando la recesión española.
Lea también: España intenta ahuyentar el fantasma del rescate
Si todo esto suena familiar es porque, en gran medida, España se enfrenta a una repetición de la crisis bancaria irlandesa. Al igual que España, Irlanda insistió durante meses en que tenía los recursos para reparar sin ayudas exteriores la dañada situación de sus bancos. Pero en el otoño de 2010, se rindió ante la horrible situación del mercado y acabó acudiendo con el rabo entre las patas a la eurozona y al FMI.
La otra lección irlandesa, dirán muchos, es que cuanto más espere un gobierno para reconocer la debilidad de sus bancos, mayores serán los costos en que tendrá que incurrir. De la BBC. Más aquí.
NACIONALIZACIÓN DE BANKIA
Bankia es uno de los cuatro principales bancos de España, junto con el Santander, BBVA y La Caixa. Clientes: 10 millones.
Accionistas: 400.000.
Este banquero espera que solo un puñado de bancos, de los cuales Bankia es el más importante, tendrán que reservar entre US$32.000 millones y US$38.000 millones para cubrir el costo adicional de créditos que acaben resultando fallidos. Esto irá acompañado de la nacionalización parcial de Bankia, que cuenta en sus activos con el 15% de los depósitos del país. La operación se realizará mediante la conversión en acciones de un crédito concedido por el gobierno en 2008 por US$5.800 millones. Así, el 45% de las acciones serán controladas por el gobierno.
Existen temores de que si el valor de las acciones de Bankia se hunde a causa del rescate, los ahorristas podrían dejarse llevar por la ansiedad y comenzar a retirar en masa sus depósitos, debilitando aún más el banco. clic Lea: Lo que aqueja a la economía española
Envenenados
España construyó en los últimos años enormes ciudades fantasma. ¿Pero cómo se han metido en este lío los bancos españoles? Pues bien, para comenzar hay que señalar que el Banco de España ha estimado en su último Informe sobre la Estabilidad Financiera que los bancos españoles poseen créditos inmobiliarios y de la construcción "problemáticos" por valor de US$234.000 millones, equivalentes a más del 17% del PIB español. Esos créditos son la herencia envenenada de un boom constructor e inmobiliario por el que se edificaron cinco millones de casas nuevas entre 1997 y 2007, el doble del aumento de hogares en España en ese período. Se construyeron enormes ciudades fantasma. Tan malos son esos créditos que los bancos están dando por hecho que solo recuperarán la mitad o menos de lo que prestaron. Así, cada vez estamos más cerca del momento en que los bancos admitirán el gran daño que van a sufrir en sus balances a causa de ese tipo de préstamos. Sin embargo, puede que aún no hayan hecho las provisiones adecuadas para las posibles pérdidas en otras categorías de créditos, en especial las hipotecas inmobiliarias, créditos a pequeñas empresas y créditos a grandes empresas altamente endeudadas.
Clik Cuando los vecinos se enfrentan a los bancos
Ese es el motivo por el que banqueros, reguladores y analistas temen cada vez más que los bancos no encontrarán suficiente capital entre inversores y contribuyentes para protegerse contra esas pérdidas.
Socorro
Dicho eso, España se enfrentaría a grandes costos y riesgos si toma prestado dinero del fondo de rescate de la eurozona, el FEEF, y ello sin tener en cuenta la humillación que sufriría al ver su política económica dictada desde Alemania. Un posible riesgo de tomar préstamos de rescate de la eurozona es que probablemente tendría el efecto de subordinar la deuda soberana española. O por así decirlo, el valor implícito de las deudas existentes del gobierno español se vería reducido. Y eso causaría pérdidas aún mayores, quizás calamitosas, a los bancos, que le han prestado más de US$336.000 millones al gobierno español. Así que algunos banqueros creen que sería mejor que España opte por pedirle al FMI fondos de emergencia que podrían ir directamente a los bancos, y por tanto no figurarían como un préstamo al gobierno.
Símil irlandés
La crisis de liquidez está exacerbando la recesión española. ¿Cuánto tiempo más seguirá el gobierno español recurriendo a evasivas en lugar de asegurarse de que los bancos tienen todo el capital que necesitan? Pues probablemente no mucho tiempo, porque a causa de su falta de capital los bancos españoles cada vez conceden menos préstamos y eso está dañando a la economía. Con base en los resultados publicados por los siete bancos españoles que cotizan en bolsa, el banco de inversión Morgan Stanley calcula que el flujo del crédito se está contrayendo en España a un ritmo anual de alrededor del 8%. La crisis de liquidez está exacerbando la recesión española.
Lea también: España intenta ahuyentar el fantasma del rescate
Si todo esto suena familiar es porque, en gran medida, España se enfrenta a una repetición de la crisis bancaria irlandesa. Al igual que España, Irlanda insistió durante meses en que tenía los recursos para reparar sin ayudas exteriores la dañada situación de sus bancos. Pero en el otoño de 2010, se rindió ante la horrible situación del mercado y acabó acudiendo con el rabo entre las patas a la eurozona y al FMI.
La otra lección irlandesa, dirán muchos, es que cuanto más espere un gobierno para reconocer la debilidad de sus bancos, mayores serán los costos en que tendrá que incurrir. De la BBC. Más aquí.
Los 7 hábitos para un corazón sano que muy pocos practican
Las autoridades sanitarias en todo el mundo nos dicen que si seguimos siete conductas podremos tener una buena salud cardiovascular y vivir más, evitando eventos como infartos, enfermedad del corazón o enfermedad cerebrovascular.
Sólo 1,2% de la población sigue las siete recomendaciones para un corazón sano.
Estos "siete hábitos para un corazón sano" son:
1. no fumar,
2. hacer ejercicio,
3. controlar cuatro factores que son la presión arterial,
4. el nivel de glucosa
5. colesterol
6. el peso corporal,
7. y consumir una dieta sana.
Sin embargo, una nueva investigación en Estados Unidos que siguió a 45.000 adultos encontró que sólo 1,2% de los participantes seguía estas conductas.
Como era de esperarse, fue este grupo el que mostró el menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o del corazón, señalan los investigadores en Journal of the American Medical Association (Revista de la Asociación Médica Estadounidense).
También se ha demostrado que reducir estos siete factores de riesgo está asociado a un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y diabetes tipo 2.
Las enfermedades cardiovasculares se han convertido ya en la primera causa de muerte en todo el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren más de 17 millones de personas a causa de estos trastornos, principalmente (80%) en países de medianos y bajos ingresos.
A pesar de que estos trastornos pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida, los resultados del estudio, llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Universidad de Emory y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), muestran que muy poca gente está llevando a cabo estos cambios.
Conductas "adversas"
Los investigadores utilizaron datos del Sondeo Nacional de Salud y Nutrición que siguió a 44.959 individuos de 20 años o más de 1988 a 1994, 1999 a 2004 y de 2005 a 2010.
Durante los tres períodos de la investigación los científicos encontraron en promedio que sólo 1,2% había cumplido con todos los siete hábitos del corazón sano.
Entre 1988 y 1994, 7.2% de los participantes habían seguido más de una de las recomendaciones y de 2005 y 2010, esa cifra aumentó ligeramente a 8,8%.
Los resultados mostraron que durante el estudio la prevalencia de tabaquismo se redujo de 28% a 23% desde 1988, pero no se notaron cambios para lograr niveles "deseables" de presión arterial, colesterol o índice de masa corporal (IMC) de los participantes.
Cuando se analizaron las tasas de mortalidad, se encontró que los que habían seguido seis o más hábitos mostraron 51% menos riesgo de morir por cualquier causa, 76% menos riesgo de morir por trastornos cardiovasculares y 70% menos riesgo de morir por cardiopatía isquémica (varios trastornos del corazón) que aquéllos que siguieron sólo uno o ningún hábito.
Asimismo, los investigadores observaron que los participantes más jóvenes, las mujeres, los individuos blancos no hispanos, y aquéllos con los niveles más altos de educación fueron los que siguieron el mayor número de hábitos para un corazón sano.
Salud y nivel educativo
En un comentario sobre el estudio, el doctor Donald Lloyd-Jones, experto de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, pregunta "¿por qué hay tan pocos estadounidenses con una salud cardiovascular ideal?".
"La respuesta es clara. Los datos de todos los estudios recientes indican que el rostro de la salud cardiovascular ideal es el de una mujer joven, educada y blanca".
La salud cardiovascular ideal, agrega el experto, "se pierde rápidamente durante la infancia, adolescencia y juventud debido a la adopción de conductas adversas de salud vinculadas a la dieta, peso y estilo de vida sedentario, particularmente en las poblaciones de niveles socioeconómicos más bajos".
El experto expresa que el problema "trasciende los servicios y sistemas de salud pública y la solución debe surgir también con la mejora en el medio ambiente que rodea al individuo y el mejor acceso a alimentos sanos y actividad física".
"Un buen comienzo -agrega el doctor Lloyd-Jones- es que cada persona se pregunte si está cuidando su salud cardiovascular".
BBC Salud.
Sólo 1,2% de la población sigue las siete recomendaciones para un corazón sano.
Estos "siete hábitos para un corazón sano" son:
1. no fumar,
2. hacer ejercicio,
3. controlar cuatro factores que son la presión arterial,
4. el nivel de glucosa
5. colesterol
6. el peso corporal,
7. y consumir una dieta sana.
Sin embargo, una nueva investigación en Estados Unidos que siguió a 45.000 adultos encontró que sólo 1,2% de los participantes seguía estas conductas.
Como era de esperarse, fue este grupo el que mostró el menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o del corazón, señalan los investigadores en Journal of the American Medical Association (Revista de la Asociación Médica Estadounidense).
También se ha demostrado que reducir estos siete factores de riesgo está asociado a un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y diabetes tipo 2.
Las enfermedades cardiovasculares se han convertido ya en la primera causa de muerte en todo el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren más de 17 millones de personas a causa de estos trastornos, principalmente (80%) en países de medianos y bajos ingresos.
A pesar de que estos trastornos pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida, los resultados del estudio, llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Universidad de Emory y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), muestran que muy poca gente está llevando a cabo estos cambios.
Conductas "adversas"
Los investigadores utilizaron datos del Sondeo Nacional de Salud y Nutrición que siguió a 44.959 individuos de 20 años o más de 1988 a 1994, 1999 a 2004 y de 2005 a 2010.
Durante los tres períodos de la investigación los científicos encontraron en promedio que sólo 1,2% había cumplido con todos los siete hábitos del corazón sano.
Entre 1988 y 1994, 7.2% de los participantes habían seguido más de una de las recomendaciones y de 2005 y 2010, esa cifra aumentó ligeramente a 8,8%.
Los resultados mostraron que durante el estudio la prevalencia de tabaquismo se redujo de 28% a 23% desde 1988, pero no se notaron cambios para lograr niveles "deseables" de presión arterial, colesterol o índice de masa corporal (IMC) de los participantes.
Cuando se analizaron las tasas de mortalidad, se encontró que los que habían seguido seis o más hábitos mostraron 51% menos riesgo de morir por cualquier causa, 76% menos riesgo de morir por trastornos cardiovasculares y 70% menos riesgo de morir por cardiopatía isquémica (varios trastornos del corazón) que aquéllos que siguieron sólo uno o ningún hábito.
Asimismo, los investigadores observaron que los participantes más jóvenes, las mujeres, los individuos blancos no hispanos, y aquéllos con los niveles más altos de educación fueron los que siguieron el mayor número de hábitos para un corazón sano.
Salud y nivel educativo
En un comentario sobre el estudio, el doctor Donald Lloyd-Jones, experto de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, pregunta "¿por qué hay tan pocos estadounidenses con una salud cardiovascular ideal?".
"La respuesta es clara. Los datos de todos los estudios recientes indican que el rostro de la salud cardiovascular ideal es el de una mujer joven, educada y blanca".
La salud cardiovascular ideal, agrega el experto, "se pierde rápidamente durante la infancia, adolescencia y juventud debido a la adopción de conductas adversas de salud vinculadas a la dieta, peso y estilo de vida sedentario, particularmente en las poblaciones de niveles socioeconómicos más bajos".
El experto expresa que el problema "trasciende los servicios y sistemas de salud pública y la solución debe surgir también con la mejora en el medio ambiente que rodea al individuo y el mejor acceso a alimentos sanos y actividad física".
"Un buen comienzo -agrega el doctor Lloyd-Jones- es que cada persona se pregunte si está cuidando su salud cardiovascular".
BBC Salud.
Un dibujo puede mostrar el riesgo de un derrame cerebral
Una simple prueba de dibujo puede predecir el riesgo de morir por un derrame cerebral o evento cerebrovascular, revela una investigación.
La prueba puede detectar lesiones "silenciosas" en el cerebro que no presentan síntomas obvios.
La prueba involucra trazar líneas de un número a otro en orden ascendente lo más rápido posible.
Entre los individuos sanos que fueron sometidos al examen, todos adultos mayores, aquéllos que mostraron las tres puntuaciones más bajas tuvieron tres veces más riesgo de morir por la enfermedad que los que lograron las tres puntuaciones más altas.
Estas puntuaciones, afirman los científicos en BMJ Open (Revista Médica Británica), son una predicción más precisa que la que ofrece una popular prueba de demencia.
La enfermedad cerebrovascular puede ser causada cuando se rompe un vaso sanguíneo en o cerca del cerebro o cuando se interrumpe la irrigación de sangre y oxigeno al cerebro.
Aunque se ha avanzado mucho en la detección y tratamiento de la enfermedad cerebrovascular, ésta sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en muchos países del mundo.
Se piensa que existe una asociación entre la disminución de las funciones cognitivas vinculadas al envejecimiento y el incremento en el riesgo de muerte o discapacidad tras uno de estos eventos.
Para comprobar este vínculo, la doctora Bernice Wiberg y su equipo de la Universidad de Uppsala en Suecia, siguieron durante 14 años a 1.000 hombres de entre 67 y 75 años de edad.
Los investigadores utilizaron los datos del llamado Estudio Longitudinal de Hombres Adultos de Uppsala, el cual ha estado analizando los diferentes factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular de 2.322 hombres desde que éstos tenían 50 años de edad.
Lesión "silenciosa".
La doctora Wiberg quería investigar específicamente si existe una forma confiable de predecir -basándose en la función cognitiva de un individuo- quién está en mayor riesgo de morir a causa de un evento cerebrovascular. Ninguno de los 1.000 individuos seleccionados para el estudio había sido diagnosticados con enfermedad cerebrovascular. Cuando los hombres cumplieron 65 y 75 años fueron sometidos a pruebas para medir su capacidad intelectual. Estas pruebas incluían la MMSE (Mini Mental State Exam), que se utiliza regularmente en muchos países para medir el riesgo de demencia, y la TMT (Trail-Making Test) o prueba de trazado. La MMSE involucra tareas generales cognitivas como orientación, memoria y conocimientos básicos de aritmética. La TMT requiere dibujar líneas con un lápiz de un número (o letras) a otro en orden ascendente lo más rápido posible. Durante los 14 años de estudio, de 1991 a 2006, 155 participantes sufrieron un primer accidente cerebrovascular grave o un evento cerebrovascular leve. De éstos 22 murieron en el mes posterior al evento y más de 50% murieron en los 2,5 años posteriores. Cuando los investigadores compararon los resultados con las puntuaciones de las pruebas -y después de tomar en cuenta factores de riesgo como hipertensión, edad avanzada, educación y estatus socioeconómico- se observó que aquéllos que habían obtenido las más bajas fueron los que más probabilidad tuvieron de morir. El vínculo no se vio con las puntuaciones de las pruebas MMSE, dicen los científicos. Tal como explica la doctora Wiberg, es probable que la prueba TMT detecte discapacidades cognitivas latentes que son causadas por una lesión cerebrovascular "silenciosa" -como daños a los vasos sanguíneos- que no produce síntomas obvios o abiertos. La investigadora señala que como la prueba TMT está ampliamente disponible, no sólo podría ser utilizada para identificar el riesgo de un evento cerebrovascular sino también puede ser utilizada para pronosticar la mortalidad después del evento. "Es una prueba simple, barata y fácilmente accesible para uso clínico, así que puede ser una herramienta valiosa, junto con los métodos tradicionales como medir la presión arterial y preguntar al paciente sobre tabaquismo, para identificar su riesgo de enfermedad cerebrovascular". "Y también puede ser un importante pronosticador de mortalidad después de un evento cerebrovascular" expresa la investigadora. Por su parte, la doctora Clare Walton, de la organización Stroke Association, señala que "este es un estudio interesante porque sugiere que puede haber cambios prematuros en el cerebro que incrementan el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular mortal". "Es un estudio pequeño y las causas de la baja capacidad para dibujar no se conocen". "Aunque es necesario llevar a cabo más estudios, la prueba tiene el potencial de identificar a quienes están en mayor riesgo de sufrir un evento cerebrovascular severo o fatal antes de que éste ocurra para que puedan beneficiarse con los tratamientos preventivos" agrega la experta. BBC Salud.
Lesión "silenciosa".
La doctora Wiberg quería investigar específicamente si existe una forma confiable de predecir -basándose en la función cognitiva de un individuo- quién está en mayor riesgo de morir a causa de un evento cerebrovascular. Ninguno de los 1.000 individuos seleccionados para el estudio había sido diagnosticados con enfermedad cerebrovascular. Cuando los hombres cumplieron 65 y 75 años fueron sometidos a pruebas para medir su capacidad intelectual. Estas pruebas incluían la MMSE (Mini Mental State Exam), que se utiliza regularmente en muchos países para medir el riesgo de demencia, y la TMT (Trail-Making Test) o prueba de trazado. La MMSE involucra tareas generales cognitivas como orientación, memoria y conocimientos básicos de aritmética. La TMT requiere dibujar líneas con un lápiz de un número (o letras) a otro en orden ascendente lo más rápido posible. Durante los 14 años de estudio, de 1991 a 2006, 155 participantes sufrieron un primer accidente cerebrovascular grave o un evento cerebrovascular leve. De éstos 22 murieron en el mes posterior al evento y más de 50% murieron en los 2,5 años posteriores. Cuando los investigadores compararon los resultados con las puntuaciones de las pruebas -y después de tomar en cuenta factores de riesgo como hipertensión, edad avanzada, educación y estatus socioeconómico- se observó que aquéllos que habían obtenido las más bajas fueron los que más probabilidad tuvieron de morir. El vínculo no se vio con las puntuaciones de las pruebas MMSE, dicen los científicos. Tal como explica la doctora Wiberg, es probable que la prueba TMT detecte discapacidades cognitivas latentes que son causadas por una lesión cerebrovascular "silenciosa" -como daños a los vasos sanguíneos- que no produce síntomas obvios o abiertos. La investigadora señala que como la prueba TMT está ampliamente disponible, no sólo podría ser utilizada para identificar el riesgo de un evento cerebrovascular sino también puede ser utilizada para pronosticar la mortalidad después del evento. "Es una prueba simple, barata y fácilmente accesible para uso clínico, así que puede ser una herramienta valiosa, junto con los métodos tradicionales como medir la presión arterial y preguntar al paciente sobre tabaquismo, para identificar su riesgo de enfermedad cerebrovascular". "Y también puede ser un importante pronosticador de mortalidad después de un evento cerebrovascular" expresa la investigadora. Por su parte, la doctora Clare Walton, de la organización Stroke Association, señala que "este es un estudio interesante porque sugiere que puede haber cambios prematuros en el cerebro que incrementan el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular mortal". "Es un estudio pequeño y las causas de la baja capacidad para dibujar no se conocen". "Aunque es necesario llevar a cabo más estudios, la prueba tiene el potencial de identificar a quienes están en mayor riesgo de sufrir un evento cerebrovascular severo o fatal antes de que éste ocurra para que puedan beneficiarse con los tratamientos preventivos" agrega la experta. BBC Salud.
miércoles, 9 de mayo de 2012
Garzón recurre al TC la condena por las escuchas del Gürtel. El juez considera que la sentencia condenatoria del Supremo es "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta"
El juez Baltasar Garzón ha recurrido hoy en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados.
El recurso, de más de doscientos folios y redactado por el despacho de abogados Amparo Legal, sostiene que la sentencia dictada por el alto tribunal es "gravísimamente inconstitucional", ya que Garzón fue condenado por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las escuchas está pendiente de una ley que las regule. Los abogados del juez recuerdan, en este sentido, que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reclamado en varias ocasiones a España que legisle en esta materia.
La defensa de Garzón concluye que esta laguna legal ha hecho que el juez fuera condenado "por ir en contra de los criterios particulares" de los magistrados que formaban el tribunal y que el Supremo construyó "a la medida" el delito de prevaricación del que el exmagistrado de la Audiencia Nacional fue declarado culpable. Según el recurso, una condena dictada en esas circunstancias "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial".
Los abogados de Garzón tachan la resolución del alto tribunal de "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta" y afirman que la sentencia "parece como si estuviera de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas y de hechos fundamentales que se probaron en el juicio".
Vulneración de derechos
El recurso, por último, señala que la condena vulnera la independencia judicial, ya que supone "la criminalización de un criterio judicial contrario al del Tribunal superior, al suponer la negación de las legítimas facultades de los jueces sobre las pruebas y de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una legislación clara".
Para sus abogados, lo que hizo Garzón al ordenar las escuchas de la Gürtel fue "cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países".
Leer aquí en Hoy.
El recurso, de más de doscientos folios y redactado por el despacho de abogados Amparo Legal, sostiene que la sentencia dictada por el alto tribunal es "gravísimamente inconstitucional", ya que Garzón fue condenado por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las escuchas está pendiente de una ley que las regule. Los abogados del juez recuerdan, en este sentido, que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reclamado en varias ocasiones a España que legisle en esta materia.
La defensa de Garzón concluye que esta laguna legal ha hecho que el juez fuera condenado "por ir en contra de los criterios particulares" de los magistrados que formaban el tribunal y que el Supremo construyó "a la medida" el delito de prevaricación del que el exmagistrado de la Audiencia Nacional fue declarado culpable. Según el recurso, una condena dictada en esas circunstancias "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial".
Los abogados de Garzón tachan la resolución del alto tribunal de "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta" y afirman que la sentencia "parece como si estuviera de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas y de hechos fundamentales que se probaron en el juicio".
Vulneración de derechos
El recurso, por último, señala que la condena vulnera la independencia judicial, ya que supone "la criminalización de un criterio judicial contrario al del Tribunal superior, al suponer la negación de las legítimas facultades de los jueces sobre las pruebas y de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una legislación clara".
Para sus abogados, lo que hizo Garzón al ordenar las escuchas de la Gürtel fue "cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países".
Leer aquí en Hoy.
martes, 8 de mayo de 2012
Uno de cada seis cánceres está causado por infecciones que se pueden evitar. La proporción aumenta hasta uno de cada tres en África
Cuando se habla de vacunas contra el cáncer se suele pensar en las específicamente dirigidas a que el sistema inmunitario ataque las células oncológicas. Pero hay otra variante, mucho más sencilla y desarrollada: las que evitan infecciones que van a ser, a su vez, causa de tumores. El caso más claro es la inmunización contra el virus del papiloma o la hepatitis. Y es que los agentes infecciosos son responsables de dos millones de casos de cáncer en el mundo. De los 7,5 millones que este conjunto de enfermedades causó en 2008 en el mundo, aproximadamente 1,5 millones se podía haber evitado combatiendo la infección previa. Los datos, que publica The Lancet Oncology, son un compendio de estudios dirigidos por Catherine de Martel y Martyn Plummer, de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de Francia (IARC por sus siglas en francés).
El hecho de que se trata de una consecuencia de una enfermedad fácilmente prevenible, como lo son muchas infecciones víricas (mediante vacunas), bacterianas (con antibióticos) o de otro origen hace que el reparto del impacto entre los países dependa de la capacidad de los sistemas sanitarios. Por eso, mientras en Australia y Nueva Zelanda la proporción de tumores de origen infeccioso es de poco más del 3%, en África llega hasta el 32,7%.
En esta línea, Goodarz Danaei, de la Facultad de Medicina de Harvard, indica que el estudio demuestra que es posible combatir el cáncer extendiendo programas preventivos sencillos, con especial incidencia en la ampliación de la cobertura para las vacunas de la hepatitis B y el papiloma, que son responsables de gran proporción de los tumores hepáticos y genitales. Ver en El País.
lunes, 7 de mayo de 2012
Desaprovechar nuestras mentes. Los jóvenes no solo son el futuro de EE UU; también son el futuro de la base tributaria.
En España, la tasa de paro entre los trabajadores menores de 25 años supera el 50%. En Irlanda, casi un tercio de los jóvenes está en paro. Aquí, en Estados Unidos, el desempleo juvenil es solo del 16,5%, lo que sigue siendo terrible (aunque podría ser peor).
Y como era de esperar, muchos políticos están haciendo todo lo que pueden por asegurarse de que, de hecho, las cosas empeoren. Hemos oído hablar mucho sobre la guerra contra las mujeres, la cual es bastante real. Pero también hay una guerra contra los jóvenes, la cual es igual de real aunque se disimule mejor. Y está haciendo un daño inmenso, no solo a los jóvenes, sino también al futuro del país.
Empecemos por los consejos que les daba Mitt Romney a los estudiantes universitarios durante una comparecencia pública la semana pasada. Tras denunciar la “actitud divisiva” del presidente Obama, el candidato republicano le decía a su público: “Proponeos algo, id a por ello, corred un riesgo, formaos, pedid dinero prestado a vuestros padres si tenéis que hacerlo, montad una empresa”.
Lo primero que a uno le llama la atención es, por supuesto, el toque Romney: la característica falta de empatía con aquellos que no han nacido en familias acomodadas, que no pueden depender el Banco de Mamá y Papá para financiar sus ambiciones. Pero el resto del comentario es igual de nefasto a su manera.
Me refiero a ¿“formaos”? ¿Y cómo van a pagarlo? Las matrículas de las universidades públicas se han disparado, en parte por las considerables reducciones de las ayudas estatales. Romney no está proponiendo nada que pueda solucionar eso; sin embargo, es un defensor acérrimo del plan presupuestario de Ryan, que recortaría drásticamente las ayudas federales a los estudiantes, lo que haría que alrededor de un millón de ellos perdiesen sus becas Pell.
Entonces ¿cómo, exactamente, se supone que van a conseguir “formarse” los jóvenes procedentes de familias sin dinero? Allá por marzo, Romney tenía la respuesta: encontrando una universidad “que tenga un precio un poco más bajo y donde se pueda obtener una buena formación”. Buena suerte con ello. Pero supongo que es divisivo señalar que las recomendaciones de Romney son inútiles para los estadounidenses que no nacieron con las mismas ventajas que él.
Sin embargo, hay un problema mayor: aun cuando los estudiantes se las arreglen, de alguna manera, para “formarse”, cosa que a menudo hacen endeudándose hasta las cejas, se licenciarán para entrar en una economía que no parece quererles. Probablemente hayan oído hablar mucho de que a los trabajadores con titulaciones universitarias les está yendo mejor en esta recesión que a aquellos que solo han terminado la enseñanza secundaria, lo cual es cierto. Pero la historia es mucho menos esperanzadora si uno se fija no en los estadounidenses de mediana edad con titulación, sino en los licenciados recientes. El paro entre estos se ha disparado; también lo ha hecho el trabajo a tiempo parcial, supuestamente un reflejo de la incapacidad de los licenciados para encontrar trabajos a jornada completa. Y, quizás lo más revelador, los ingresos han caído en picado incluso entre los licenciados que trabajan a tiempo completo, lo cual es un indicio de que muchos se han visto obligados a aceptar trabajos en los que no hacen ningún uso de su formación.
Por tanto, los licenciados universitarios están sufriendo las consecuencias de la debilidad de la economía. Y las investigaciones nos dicen que las repercusiones no son pasajeras: los estudiantes que se licencian en una economía en mala situación nunca recuperan el terreno perdido. En vez de eso, sus ingresos se reducen de por vida.
Por consiguiente, lo que más necesitan los jóvenes es un mercado laboral mejor. Las personas como Romney afirman que tienen la receta para la creación de empleo: bajarles los impuestos a las sociedades anónimas y a los ricos, y recortar drásticamente el gasto destinado a los servicios públicos y los pobres. Pero ahora tenemos una gran cantidad de pruebas sobre cómo funcionan realmente estas políticas en una economía deprimida, y está claro que destruyen empleo en vez de crearlo.
Porque cuando uno observa la devastación económica en Europa, debe tener en cuenta que algunos de los países que están experimentando los peores estragos han estado haciendo todo lo que los conservadores estadounidenses dicen que deberíamos hacer en Estados Unidos. Hace no mucho tiempo, los conservadores se deshacían en elogios con las políticas económicas de Irlanda, especialmente con los bajos impuestos de sociedades; la Fundación Heritage le daba una puntuación en “libertad económica” más alta que la de cualquier otro país occidental. Cuando las cosas se torcieron, Irlanda volvió a recibir una infinidad de elogios, esta vez por sus radicales recortes del gasto, que se suponía que inspirarían confianza y conducirían a una recuperación rápida. Y ahora, como he dicho, casi un tercio de los jóvenes de Irlanda no es capaz de encontrar trabajo.
¿Qué deberíamos hacer para ayudar a los jóvenes estadounidenses? Básicamente, lo contrario de lo que quieren Romney y sus amigos. Deberíamos estar ampliando las ayudas al estudio, no reduciéndolas. Y deberíamos dar marcha atrás en las políticas de austeridad que, a efectos prácticos, están constriñendo la economía estadounidense (los recortes estatales y locales sin precedentes que han estado castigando con especial dureza a la enseñanza).
Sí, ese cambio político radical costaría dinero. Pero negarse a gastar ese dinero es insensato y corto de miras incluso desde un punto de vista puramente fiscal. Recuerden: los jóvenes no solo son el futuro de Estados Unidos; también son el futuro de la base tributaria. Es terrible desaprovechar una mente; pero desaprovechar las mentes de toda una generación lo es todavía más. Dejemos de hacerlo. Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, es profesor de la Universidad de Princeton.
El País
domingo, 6 de mayo de 2012
Que los niños no paguen esta crisis. Es lo que debería ser si fuese justo el mundo, pero Soledad Gallego nos muestra los datos que parecen confirmar la injusticia.
Se aproxima un incendio
Los niños y jóvenes de hoy van a ser quienes paguen el agujero que ha provocado una crisis puramente financiera
“Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio”. La premio Nobel polaca Wislawa Szymborska supo crear imágenes poderosas, capaces de revelar la realidad, en pocas y sencillas palabras. Sus poemas hablan de las cuestiones más trascendentes, pero en un entorno cotidiano, “un entorno de paz vulnerable y amenazada”, como escribe Mercedes Monmany en la presentación de Instantes (Ediciones Igitur).
La cita viene a cuento de la angustia que producen los recortes que se anuncian en los presupuestos de Educación de este país. No hace ni cinco meses que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, aseguró solemnemente que “la España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo”. Habló de lo mucho que había que cambiar para, entre otras cosas, reducir el abandono educativo temprano y elevar la formación de los alumnos.
Cinco meses después, lo único que está realmente claro es que la educación en España va a sufrir un recorte inmediato de 3.623 millones de euros (más de medio billón de las antiguas pesetas) en solo un año. Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, deberán rebajar 3.000 millones y el Gobierno central otros 623 millones (el 21,9% respecto a 2011), a la espera del recorte que haya que sumar en el presupuesto de 2013.
El sistema educativo español está clavado en la tierra mientras se le aproxima el incendio. Ninguna de las medidas anunciadas pretende impedir el abandono escolar prematuro (el número de alumnos que fracasa en la secundaria es ya superior al 30%, una de las cifras más altas en la Unión Europea) ni mejorar la formación, sino, simple y directamente, rebajar el coste. No cubrir las bajas de docentes durante las dos primeras semanas, aumentar los alumnos por aula y subir el número de horas de clase que imparten los profesores perjudica la calidad de la enseñanza y solo desde el cinismo se puede decir que es posible llevar adelante un recorte presupuestario de estas proporciones sin acarrear graves consecuencias para todo el sistema.... Seguir leyendo aquí en EL País.
sábado, 5 de mayo de 2012
Existen alternativas, falta voluntad de aplicarlas, sobran fundamentalismos neoliberales que nos llevan a la ruina al 99% por la codicia del 1%.
El Libro sobre "Hay alternativas" que se presenta en el vídeo, editado y puesto en la web de Attac a disposición de todos para bajarlo gratis aquí.
Libro de Juan Torres López sobre "La crisis de las hipotecas basuras...", descargar aquí.
viernes, 4 de mayo de 2012
El fraude fiscal en España
La delicada situación económica y social que afecta a España podría poner en riesgo el mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar. Para evitarlo, es necesario obtener en los próximos años una financiación impositiva suficiente y equitativa, traducida en mayores ingresos fiscales que permitan reducir el déficit público sin recurrir a sacrificios en gastos sociales. Ello requiere una actuación verdaderamente eficiente por parte de la Administración Tributaria, que tiene que extender su actuación a la generalidad de los contribuyentes y repartiendo entre ellos, de forma equitativa, la carga impositiva conforme a su capacidad económica. Un objetivo que precisa del compromiso de las Administraciones Públicas responsables de la gestión y de toda la sociedad: gobierno, parlamento, partidos, agentes sociales y ciudadanos.
Los estudios académicos sobre el fraude fiscal han apuntado a dos conclusiones principales sobre las cuales se ha formado un amplio consenso, a saber: que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos); y que este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.
Por ello, en estos momentos de crisis económica, con un déficit cifrado a finales del año 2011 en 91.000 millones de euros y que amenaza con mantenerse en niveles elevados en los próximos años, es cuando se presenta una oportunidad excepcional y a la vez necesaria para afrontar, en positivo, una lucha eficaz para la prevención, detección y sanción del fraude fiscal.
Nuestra clase política deberá afrontar el reto de tomar decisiones trascendentes en estos momentos de dificultad y apostar valientemente por un modelo fiscal que garantice un desarrollo social y económico sostenible. Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a la Hacienda Española?
El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. Pero nunca una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de ingresos al Estado que nos permitirían costear esos servicios públicos indispensables que están siendo recortados en estos momentos, y por el otro, porque legitima una conducta defraudatoria por la cual la gente podría pensar: “todos defraudan. De manera que yo también, si puedo, defraudaré”.
Es importante delimitar si estamos o no hablando de cifras elevadas.
Los diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar una cifra de fraude fiscal en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea.
Y hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o Dinamarca. De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular.
Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades, así como cuáles son los mecanismos para eludir al Fisco. En lo que se refiere a la primera pregunta, es sin duda más fácil visualizar a quien realmente no defrauda, esto es, la clase asalariada. Actualmente, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país. En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas.
Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales.
De modo que, cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? Sin entrar en las sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas). Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales, baste con decir que la empresa de asesoramiento económico Merrill Lynch estima que unos seis billones de dólares están depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de las fortunas particulares del planeta. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) piensa que la evasión fiscal de los países que forman parte de ella y que se realiza a través de los paraísos fiscales, llega a los 600.000 millones de dólares.
Qué duda cabe de que no podemos permitirnos estos agujeros fiscales en un momento en que asistimos a un auténtico desplome de nuestros ingresos tributarios. Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga plenamente de ellos. En este sentido, España es un caso paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania. ¿Es el problema realmente grave? Sí, y espero que le lectura de este artículo ayude al lector a tener una dimensión exacta de su magnitud.
El descenso de ingresos tributarios, unido al enorme fraude fiscal existente y al inevitable aumento de gastos sociales derivado del pago de prestaciones sociales en tiempos de crisis, hacen que la situación económica del país peligre seriamente y que las necesidades de ingresos impositivos cobren una importancia primordial.
Ante tal situación, el pasado viernes 31 de marzo de 2012, el gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal que durará ocho meses y que permitirá a las empresas y personas que defraudaron regularizar su situación con el Fisco mediante una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del precio de los inmuebles y/o acciones en los que invirtieron las cantidades ocultadas. Como no podía ser de otra manera, esta amnistía viene acompañada de la clásica advertencia de aumento de sanciones, intensificación de la lucha contra el fraude y de la declaración de que “ésta será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011. Así, cualquier contribuyente, o, mejor dicho, cualquier no contribuyente podrá regularizar su situación tributaria, es decir, blanquear su dinero oculto por un pago único del 10%.
Pero hemos de ser coherentes y decir que el gran inconveniente de cualquier amnistía de este tipo es que raya los límites del principio de igualdad tributaria sancionado por el artículo 31 de la Constitución española, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y que soportan tipos superiores que llegan hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco a precio de saldo. Además, podemos señalar una serie de graves defectos que la amnistía fiscal va a provocar en el funcionamiento de nuestro sistema tributario.
Por de pronto, esta medida da a entender que el Gobierno reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la economía sumergida, lo que choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y 2008, mientras el volumen de la economía española se duplicó, la economía sumergida se multiplicó por cuatro. A mayor abundamiento, la tasa del 10% se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas defraudadas, las multas de hasta seis veces el importe de la cuota descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Es decir, la amnistía permite enjuagar los mayores fraudes cometidos.
Ante estas premisas, va a ser difícil explicar a la opinión pública los motivos por los que se suben los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueban amnistías para quienes defraudan. Pero no todo ha de ser un mensaje pesimista. Si la situación global de crisis y déficit ha propiciado una amnistía fiscal, pongámonos a trabajar por una Administración Tributaria realmente eficiente que rebaje drásticamente las cifras del fraude fiscal. Es del todo incoherente anunciar una amnistía fiscal si, al mismo tiempo, no se regula el sector como es debido para que este episodio no vuelva a repetirse y no nos viéramos obligados a hablar en futuro de una nueva amnistía a causa de la impotencia por detectar el fraude en nuestro país. Ante ello, el Gobierno está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención y Control del Fraude Fiscal, del cual podemos destacar como medidas anunciadas la prohibición del pago en metálico por importe superior a 2.500 euros, la eliminación de determinados obligados tributarios al régimen de estimación objetiva (los conocidos módulos) y un control más exhaustivo de las rentas en países terceros.
Es evidente que estas medidas no son más que una tirita aplicada a nuestra hemorragia fiscal. Sin embargo, ¿existirá voluntad política para aplicar nuevas medidas, regulaciones y reformas que permitan acabar con el fraude fiscal, o permitiremos que el fraude se mantenga y cuadraremos el déficit con recortes del gasto público?
Me permito concluir: no más recortes al gasto público y sí más recortes… al fraude fiscal. Miguel Ángel Mayo.
Miguel Ángel Mayo es coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Sostenible.
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-102/notas/el-fraude-fiscal-en-espana
Los estudios académicos sobre el fraude fiscal han apuntado a dos conclusiones principales sobre las cuales se ha formado un amplio consenso, a saber: que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos); y que este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión tributaria.
Por ello, en estos momentos de crisis económica, con un déficit cifrado a finales del año 2011 en 91.000 millones de euros y que amenaza con mantenerse en niveles elevados en los próximos años, es cuando se presenta una oportunidad excepcional y a la vez necesaria para afrontar, en positivo, una lucha eficaz para la prevención, detección y sanción del fraude fiscal.
Nuestra clase política deberá afrontar el reto de tomar decisiones trascendentes en estos momentos de dificultad y apostar valientemente por un modelo fiscal que garantice un desarrollo social y económico sostenible. Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a la Hacienda Española?
El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. Pero nunca una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de ingresos al Estado que nos permitirían costear esos servicios públicos indispensables que están siendo recortados en estos momentos, y por el otro, porque legitima una conducta defraudatoria por la cual la gente podría pensar: “todos defraudan. De manera que yo también, si puedo, defraudaré”.
Es importante delimitar si estamos o no hablando de cifras elevadas.
Los diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar una cifra de fraude fiscal en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea.
Y hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o Dinamarca. De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular.
Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades, así como cuáles son los mecanismos para eludir al Fisco. En lo que se refiere a la primera pregunta, es sin duda más fácil visualizar a quien realmente no defrauda, esto es, la clase asalariada. Actualmente, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país. En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas.
Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales.
De modo que, cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? Sin entrar en las sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas). Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales, baste con decir que la empresa de asesoramiento económico Merrill Lynch estima que unos seis billones de dólares están depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de las fortunas particulares del planeta. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) piensa que la evasión fiscal de los países que forman parte de ella y que se realiza a través de los paraísos fiscales, llega a los 600.000 millones de dólares.
Qué duda cabe de que no podemos permitirnos estos agujeros fiscales en un momento en que asistimos a un auténtico desplome de nuestros ingresos tributarios. Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga plenamente de ellos. En este sentido, España es un caso paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania. ¿Es el problema realmente grave? Sí, y espero que le lectura de este artículo ayude al lector a tener una dimensión exacta de su magnitud.
El descenso de ingresos tributarios, unido al enorme fraude fiscal existente y al inevitable aumento de gastos sociales derivado del pago de prestaciones sociales en tiempos de crisis, hacen que la situación económica del país peligre seriamente y que las necesidades de ingresos impositivos cobren una importancia primordial.
Ante tal situación, el pasado viernes 31 de marzo de 2012, el gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal que durará ocho meses y que permitirá a las empresas y personas que defraudaron regularizar su situación con el Fisco mediante una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del precio de los inmuebles y/o acciones en los que invirtieron las cantidades ocultadas. Como no podía ser de otra manera, esta amnistía viene acompañada de la clásica advertencia de aumento de sanciones, intensificación de la lucha contra el fraude y de la declaración de que “ésta será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011. Así, cualquier contribuyente, o, mejor dicho, cualquier no contribuyente podrá regularizar su situación tributaria, es decir, blanquear su dinero oculto por un pago único del 10%.
Pero hemos de ser coherentes y decir que el gran inconveniente de cualquier amnistía de este tipo es que raya los límites del principio de igualdad tributaria sancionado por el artículo 31 de la Constitución española, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y que soportan tipos superiores que llegan hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco a precio de saldo. Además, podemos señalar una serie de graves defectos que la amnistía fiscal va a provocar en el funcionamiento de nuestro sistema tributario.
Por de pronto, esta medida da a entender que el Gobierno reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la economía sumergida, lo que choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y 2008, mientras el volumen de la economía española se duplicó, la economía sumergida se multiplicó por cuatro. A mayor abundamiento, la tasa del 10% se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas defraudadas, las multas de hasta seis veces el importe de la cuota descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Es decir, la amnistía permite enjuagar los mayores fraudes cometidos.
Ante estas premisas, va a ser difícil explicar a la opinión pública los motivos por los que se suben los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueban amnistías para quienes defraudan. Pero no todo ha de ser un mensaje pesimista. Si la situación global de crisis y déficit ha propiciado una amnistía fiscal, pongámonos a trabajar por una Administración Tributaria realmente eficiente que rebaje drásticamente las cifras del fraude fiscal. Es del todo incoherente anunciar una amnistía fiscal si, al mismo tiempo, no se regula el sector como es debido para que este episodio no vuelva a repetirse y no nos viéramos obligados a hablar en futuro de una nueva amnistía a causa de la impotencia por detectar el fraude en nuestro país. Ante ello, el Gobierno está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención y Control del Fraude Fiscal, del cual podemos destacar como medidas anunciadas la prohibición del pago en metálico por importe superior a 2.500 euros, la eliminación de determinados obligados tributarios al régimen de estimación objetiva (los conocidos módulos) y un control más exhaustivo de las rentas en países terceros.
Es evidente que estas medidas no son más que una tirita aplicada a nuestra hemorragia fiscal. Sin embargo, ¿existirá voluntad política para aplicar nuevas medidas, regulaciones y reformas que permitan acabar con el fraude fiscal, o permitiremos que el fraude se mantenga y cuadraremos el déficit con recortes del gasto público?
Me permito concluir: no más recortes al gasto público y sí más recortes… al fraude fiscal. Miguel Ángel Mayo.
Miguel Ángel Mayo es coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Sostenible.
Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-102/notas/el-fraude-fiscal-en-espana
jueves, 3 de mayo de 2012
Lo que usted desconoce sobre educación
La distorsión ideológica omite la relevancia de las políticas sociales y redistributivas, haciendo creer que la solución vendrá con leyes, didáctica y mercado
El Gobierno legitima los recortes en educación acusando a nuestro sistema educativo de mediocre. Un argumento paradójico, pues no sé de sistemas educativos que mejoren con tan drástica reducción de presupuesto. Pero además, es un argumento erróneo, pues oculta hechos relevantes. Por ejemplo, no se reconoce la importante disminución de la tasa de abandono educativo en los últimos años: nunca había estado tan baja (26% en 2011). Estamos lejos del promedio de la UE, pero también del 40% de comienzos de los 90 o antes.
Pero también es cierto que con la LOGSE se interrumpió la tendencia a la disminución del abandono escolar. Posiblemente se deba a que es difícil aprobar la ESO. Con la LOGSE se amplió la escolarización obligatoria en dos años, lo cual supone más esfuerzo para llegar a los estudios post-obligatorios. Además, si comparamos el rendimiento educativo de nuestra juventud con el de otros países se observa que la proporción de alumnado de bajo nivel es similar a la de la OCDE, a Francia, Alemania o Reino Unido (uno de cada cinco). Si comparamos los resultados entre CC AA, los hechos son preocupantes, pues algunas obtienen buenos resultados en PISA, pero sus tasas de abandono son de las más altas de la UE. Es absurdo que tengamos autonomías con pocos jóvenes de bajo rendimiento educativo (menos del 15%), a los la Administración no les permite seguir estudiando. Otra prueba de la dificultad para lograr dicho título son los resultados en PISA de quienes no han repetido ningún curso, pues están por encima de la media internacional. Por tanto, el nivel exigido para cursar estudios post-obligatorios es mayor en España que en los países de nuestro entorno.
Además, la implantación de LOGSE coincidió con la burbuja de la construcción, que generó demanda de empleo de baja cualificación. Esta demanda atrajo a inmigrantes de bajo nivel educativo, y motivó que jóvenes de orígenes populares prefiriesen un salario en mano a una incierta inversión educativa. Hay dos pruebas de ello: la fuerte relación entre el peso de la construcción y la hostelería en el empleo de las Comunidades Autónomas y el abandono escolar, y que con la crisis está aumentando la matriculación.
Otro equívoco sobre nuestro sistema educativo es su equidad, que suele malinterpretase como si fuese a la baja. Nuestro sistema es igualitario porque cumple el principio de Rawls: los que están peor están mejor. Es decir, los jóvenes que provienen de familias de bajo nivel sociocultural obtienen mejores resultados que en otros países de nuestro entorno. Y además, las diferencias entre los peores y los mejores alumnos son menores que en otros países, pues las puntuaciones del mejor alumnado son más bajas en España. Aquí llegamos a otro hecho poco conocido: estas bajas puntuaciones se deben a que el nivel de competencias de los jóvenes de las familias de alto nivel sociocultural es más bajo en España que en otros países. Por tanto, nuestra diferencia no está en que tengamos más jóvenes en bajos niveles de competencia, sino en el rendimiento educativo de los hijos de familias de alto nivel sociocultural, que es más bajo, a pesar de que estudian en mayor medida en centros privados y concertados.
Otra falsedad sobre nuestro sistema educativo es la creencia de que la excelencia necesariamente implica un aumento de la desigualdad. Pero los datos muestran que en los mejores países, como Finlandia, Japón o Corea del Sur, la desigualdad educativa es baja. Afirmar que la búsqueda de la excelencia educativa es necesariamente a costa de la igualdad es una manipulación para hacer creer que la desigualdad social es natural.
En cuanto a la cuestión autonómica, se culpa a la descentralización de los desiguales resultados entre comunidades, pero se olvida que dichas diferencias eran mayores en la dictadura franquista. Por ejemplo, los resultados en PISA guardan estrecha relación con las tasas de alfabetización en 1960. Las diferencias seculares entre comunidades son tan abismales que resulta razonable que sean ellas las que decidan las políticas educativas más adaptadas a su entorno, en vez de aplicar políticas homogéneas decididas en Madrid. Otra cuestión es si el currículum debe ser igual, y en este punto nacionalismo españolista y nacionalismos periféricos estarán en desacuerdo. Pero esto no es un debate sobre cómo mejorar las competencias de nuestra juventud sino una lucha por la construcción del sentimiento nacional.
¿Por qué hechos tan relevantes son poco conocidos? Por un lado, prima la distorsión ideológica, que omite la relevancia de las políticas sociales y redistributivas, haciendo creer que la solución vendrá con leyes, didáctica y mercado. Por otro, por el sensacionalismo: cuanto más tremebunda sea la crítica con más facilidad capta la atención de los medios de comunicación.
José Saturnino Martínez García es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna.
El Gobierno legitima los recortes en educación acusando a nuestro sistema educativo de mediocre. Un argumento paradójico, pues no sé de sistemas educativos que mejoren con tan drástica reducción de presupuesto. Pero además, es un argumento erróneo, pues oculta hechos relevantes. Por ejemplo, no se reconoce la importante disminución de la tasa de abandono educativo en los últimos años: nunca había estado tan baja (26% en 2011). Estamos lejos del promedio de la UE, pero también del 40% de comienzos de los 90 o antes.
Pero también es cierto que con la LOGSE se interrumpió la tendencia a la disminución del abandono escolar. Posiblemente se deba a que es difícil aprobar la ESO. Con la LOGSE se amplió la escolarización obligatoria en dos años, lo cual supone más esfuerzo para llegar a los estudios post-obligatorios. Además, si comparamos el rendimiento educativo de nuestra juventud con el de otros países se observa que la proporción de alumnado de bajo nivel es similar a la de la OCDE, a Francia, Alemania o Reino Unido (uno de cada cinco). Si comparamos los resultados entre CC AA, los hechos son preocupantes, pues algunas obtienen buenos resultados en PISA, pero sus tasas de abandono son de las más altas de la UE. Es absurdo que tengamos autonomías con pocos jóvenes de bajo rendimiento educativo (menos del 15%), a los la Administración no les permite seguir estudiando. Otra prueba de la dificultad para lograr dicho título son los resultados en PISA de quienes no han repetido ningún curso, pues están por encima de la media internacional. Por tanto, el nivel exigido para cursar estudios post-obligatorios es mayor en España que en los países de nuestro entorno.
Además, la implantación de LOGSE coincidió con la burbuja de la construcción, que generó demanda de empleo de baja cualificación. Esta demanda atrajo a inmigrantes de bajo nivel educativo, y motivó que jóvenes de orígenes populares prefiriesen un salario en mano a una incierta inversión educativa. Hay dos pruebas de ello: la fuerte relación entre el peso de la construcción y la hostelería en el empleo de las Comunidades Autónomas y el abandono escolar, y que con la crisis está aumentando la matriculación.
Otro equívoco sobre nuestro sistema educativo es su equidad, que suele malinterpretase como si fuese a la baja. Nuestro sistema es igualitario porque cumple el principio de Rawls: los que están peor están mejor. Es decir, los jóvenes que provienen de familias de bajo nivel sociocultural obtienen mejores resultados que en otros países de nuestro entorno. Y además, las diferencias entre los peores y los mejores alumnos son menores que en otros países, pues las puntuaciones del mejor alumnado son más bajas en España. Aquí llegamos a otro hecho poco conocido: estas bajas puntuaciones se deben a que el nivel de competencias de los jóvenes de las familias de alto nivel sociocultural es más bajo en España que en otros países. Por tanto, nuestra diferencia no está en que tengamos más jóvenes en bajos niveles de competencia, sino en el rendimiento educativo de los hijos de familias de alto nivel sociocultural, que es más bajo, a pesar de que estudian en mayor medida en centros privados y concertados.
Otra falsedad sobre nuestro sistema educativo es la creencia de que la excelencia necesariamente implica un aumento de la desigualdad. Pero los datos muestran que en los mejores países, como Finlandia, Japón o Corea del Sur, la desigualdad educativa es baja. Afirmar que la búsqueda de la excelencia educativa es necesariamente a costa de la igualdad es una manipulación para hacer creer que la desigualdad social es natural.
En cuanto a la cuestión autonómica, se culpa a la descentralización de los desiguales resultados entre comunidades, pero se olvida que dichas diferencias eran mayores en la dictadura franquista. Por ejemplo, los resultados en PISA guardan estrecha relación con las tasas de alfabetización en 1960. Las diferencias seculares entre comunidades son tan abismales que resulta razonable que sean ellas las que decidan las políticas educativas más adaptadas a su entorno, en vez de aplicar políticas homogéneas decididas en Madrid. Otra cuestión es si el currículum debe ser igual, y en este punto nacionalismo españolista y nacionalismos periféricos estarán en desacuerdo. Pero esto no es un debate sobre cómo mejorar las competencias de nuestra juventud sino una lucha por la construcción del sentimiento nacional.
¿Por qué hechos tan relevantes son poco conocidos? Por un lado, prima la distorsión ideológica, que omite la relevancia de las políticas sociales y redistributivas, haciendo creer que la solución vendrá con leyes, didáctica y mercado. Por otro, por el sensacionalismo: cuanto más tremebunda sea la crítica con más facilidad capta la atención de los medios de comunicación.
José Saturnino Martínez García es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna.
miércoles, 2 de mayo de 2012
¿Hay o no hay dinero?
Rajoy sobre los recortes: "Es imprescindible. No hay dinero para los servicios públicos"
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".
La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".
La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)
LA SOCIALDEMOCRACIA EN CRISIS
El socialismo pierde vitalidad entre estructuras obsoletas y clientelismo
No solo Hollande o Rubalcaba, no solo la socialdemocracia, también las izquierdas en su conjunto deben revisar la levedad orgánica de sus proyectos. Los errores en el diagnóstico del actual capitalismo regresivo se retroalimentan con déficits organizativos y de ideas que trascienden al modo de elegir los candidatos, a veces el único test admitido de modernidad. Se sobrevaloran los problemas de comunicación. La levedad del pensamiento se confunde con la ausencia de discurso, cuando el discurso es solo la forma en que se estructura y presenta lo que uno piensa.
Las redes sociales son observadas como meros canales de información olvidando que pueden aportar una nueva dimensión orgánica a los movimientos políticos. No solo en Egipto. Cuando Chris Hughes, cofundador de Facebook, se ofrece para colaborar con Obama, éste le hace una petición que resalta el aspecto práctico de las redes: formar cuadros y grupos de apoyo para enriquecer las políticas sectoriales, financiar la campaña y ganar las elecciones. Las ganó aunque su experiencia posterior demuestra que, sin estructuras partidarias estables, sin una izquierda social bien tramada, es difícil articular la defensa del reformismo progresista, más aún, cuando se confronta con una derecha compacta y agresiva a la que hay que disputar, como reclamaba Gramsci, “la hegemonía, los consensos, el sentido común” en economía, religión, justicia, educación o medios de comunicación.
En España, el PP triplica sus militantes desde los 90, mientras el PSOE pierde vitalidad al encerrarse en agrupaciones obsoletas y métodos de trabajo clientelares. Mientras la derecha rearticula el tejido social conservador y propicia una nueva identificación entre ascenso social y poder político, la creciente estrechez orgánica socialdemócrata la desconecta de las nuevas capas profesionales. Alejados al tiempo de sindicatos y redes sociales, se encomienda al grupo parlamentario como principal estructura donde comparte la profesionalización de la política como opción vital. Incapaz de enfrentarse a la profundidad de las regresiones capitalistas que acompaña a la revolución conservadora, la socialdemocracia deja de ser, al tiempo, reformista y de masas.
La izquierda es incapaz de enfrentarse a la regresiones capitalistas de la revolución conservadora
Las pautas socialdemócratas, tradicionalmente paradigmas de realismo y pragmatismo, empiezan a derivar en idealismo inorgánico. Antonio Gutiérrez, ex de CC OO y del PSOE, se sorprende de que, incluso en los momentos álgidos de la primera legislatura de Zapatero, se “confundiera leyes con políticas” de modo que lo legislado “no fuera realmente defendido frente a la oposición doctrinaria bronquista”. La ausencia de ramificaciones orgánicas entre poder político y sociedad termina deteriorando la percepción de lo realizado y su balance: los que eran claros activos de un gobierno de izquierdas, acaban siendo percibidos en la campaña de 2008 casi como pasivos. Pero esa incapacidad se camufla como virtud: primero, sobrevalorando el poder del BOE, como si la realidad cambiara con solo legislar, después, “imaginando” al Gobierno en conexión directa con los ciudadanos, sin necesidad “del partido” ni de intermediarios sociales.
Desde posiciones opuestas, el Movimiento 15-M llega a conclusiones similares: el rechazo a partidos y sindicatos como algo “viejo” mientras reivindica “democracia real ya”. Es parte del ciberutopismo, el retorno a las ilusiones del hombre libre, del individuo común capaz de prescindir de los “profesionales del poder”. Rememoran otros momentos históricos, como la desintermediación reclamada en el “ni dios, ni reyes, ni tribunos”, incluido en el himno comunista de La Internacional. Ignoran que lo espontáneo y lo organizado (Rosa Luxemburgo dixit) forman parte de un aprendizaje colectivo hacia la política de forma que, aunque en momentos de máxima tensión, “las masas son realmente sus propios líderes”, a largo plazo lo orgánico es esencial para dar cohesión a lo disperso. Y esa es hoy la tarea.
El 15-M es parte del 'ciberutopismo', el retorno a las ilusiones del individuo
La multifragmentación del tejido productivo que caracteriza al nuevo capitalismo potencia desde hace décadas la segmentación social e ideológica. Sin una alternativa solvente que lo integre en un proyecto general, cada grupo social parece buscar su propia opción pública. El derecho a la diversidad, influencia de la cultura ecologista, estimula a todas las minorías, también las políticas, como si estuvieran en peligro de extinción. En ese contexto, dice Llamazares, la “forma partido” debe evolucionar en clave femenina, vinculada al paciente tejer desde las diferencias. Suena bonito pero anticipa un estira y afloja permanente, la preponderancia de los vínculos débiles típicos de la posmodernidad sobre la coincidencia en análisis y proyectos.
La dificultad para construir el cemento para proyectos orgánicos comunes se sustituye por las alianzas como solución, pero las dificultades subsisten. El PSC construye un tripartito incapaz de navegar por aguas turbulentas. Izquierda Unida precisa de múltiples portavoces en el Congreso para poder ser respetuosa con su pluralidad. La sensación de jaula de grillos no puede evitarse. Y lo mismo ocurre con El Olivo en Italia. La no proporcionalidad de los sistemas electorales son citados, con razón, como causa de las dificultades de esas minorías. Pero se olvida que la absoluta proporcionalidad del sistema italiano fue un regalo envenenado de Berlusconi pues facilita el sectarismo, el trafico de influencias y la ingobernabilidad de las múltiples izquierdas.
Desde diferentes posiciones, lo esencial es consensuar una causa común reformista, conectar y articular políticas sólidas para convertir lo inmaterial en material, los pensamientos en discursos, lo disperso en compacto, las ideas en seguidores, estructuras, votos o dineros. Con formas permanentes o coyunturales. Sin duda, una tarea de muchos durante mucho tiempo.
IGNACIO MURO BENAYAS, El País, 27 ABR 2012
Ignacio Muro es economista, analista social y profesor de periodismo en la Universidad Carlos III.
No solo Hollande o Rubalcaba, no solo la socialdemocracia, también las izquierdas en su conjunto deben revisar la levedad orgánica de sus proyectos. Los errores en el diagnóstico del actual capitalismo regresivo se retroalimentan con déficits organizativos y de ideas que trascienden al modo de elegir los candidatos, a veces el único test admitido de modernidad. Se sobrevaloran los problemas de comunicación. La levedad del pensamiento se confunde con la ausencia de discurso, cuando el discurso es solo la forma en que se estructura y presenta lo que uno piensa.
Las redes sociales son observadas como meros canales de información olvidando que pueden aportar una nueva dimensión orgánica a los movimientos políticos. No solo en Egipto. Cuando Chris Hughes, cofundador de Facebook, se ofrece para colaborar con Obama, éste le hace una petición que resalta el aspecto práctico de las redes: formar cuadros y grupos de apoyo para enriquecer las políticas sectoriales, financiar la campaña y ganar las elecciones. Las ganó aunque su experiencia posterior demuestra que, sin estructuras partidarias estables, sin una izquierda social bien tramada, es difícil articular la defensa del reformismo progresista, más aún, cuando se confronta con una derecha compacta y agresiva a la que hay que disputar, como reclamaba Gramsci, “la hegemonía, los consensos, el sentido común” en economía, religión, justicia, educación o medios de comunicación.
En España, el PP triplica sus militantes desde los 90, mientras el PSOE pierde vitalidad al encerrarse en agrupaciones obsoletas y métodos de trabajo clientelares. Mientras la derecha rearticula el tejido social conservador y propicia una nueva identificación entre ascenso social y poder político, la creciente estrechez orgánica socialdemócrata la desconecta de las nuevas capas profesionales. Alejados al tiempo de sindicatos y redes sociales, se encomienda al grupo parlamentario como principal estructura donde comparte la profesionalización de la política como opción vital. Incapaz de enfrentarse a la profundidad de las regresiones capitalistas que acompaña a la revolución conservadora, la socialdemocracia deja de ser, al tiempo, reformista y de masas.
La izquierda es incapaz de enfrentarse a la regresiones capitalistas de la revolución conservadora
Las pautas socialdemócratas, tradicionalmente paradigmas de realismo y pragmatismo, empiezan a derivar en idealismo inorgánico. Antonio Gutiérrez, ex de CC OO y del PSOE, se sorprende de que, incluso en los momentos álgidos de la primera legislatura de Zapatero, se “confundiera leyes con políticas” de modo que lo legislado “no fuera realmente defendido frente a la oposición doctrinaria bronquista”. La ausencia de ramificaciones orgánicas entre poder político y sociedad termina deteriorando la percepción de lo realizado y su balance: los que eran claros activos de un gobierno de izquierdas, acaban siendo percibidos en la campaña de 2008 casi como pasivos. Pero esa incapacidad se camufla como virtud: primero, sobrevalorando el poder del BOE, como si la realidad cambiara con solo legislar, después, “imaginando” al Gobierno en conexión directa con los ciudadanos, sin necesidad “del partido” ni de intermediarios sociales.
Desde posiciones opuestas, el Movimiento 15-M llega a conclusiones similares: el rechazo a partidos y sindicatos como algo “viejo” mientras reivindica “democracia real ya”. Es parte del ciberutopismo, el retorno a las ilusiones del hombre libre, del individuo común capaz de prescindir de los “profesionales del poder”. Rememoran otros momentos históricos, como la desintermediación reclamada en el “ni dios, ni reyes, ni tribunos”, incluido en el himno comunista de La Internacional. Ignoran que lo espontáneo y lo organizado (Rosa Luxemburgo dixit) forman parte de un aprendizaje colectivo hacia la política de forma que, aunque en momentos de máxima tensión, “las masas son realmente sus propios líderes”, a largo plazo lo orgánico es esencial para dar cohesión a lo disperso. Y esa es hoy la tarea.
El 15-M es parte del 'ciberutopismo', el retorno a las ilusiones del individuo
La multifragmentación del tejido productivo que caracteriza al nuevo capitalismo potencia desde hace décadas la segmentación social e ideológica. Sin una alternativa solvente que lo integre en un proyecto general, cada grupo social parece buscar su propia opción pública. El derecho a la diversidad, influencia de la cultura ecologista, estimula a todas las minorías, también las políticas, como si estuvieran en peligro de extinción. En ese contexto, dice Llamazares, la “forma partido” debe evolucionar en clave femenina, vinculada al paciente tejer desde las diferencias. Suena bonito pero anticipa un estira y afloja permanente, la preponderancia de los vínculos débiles típicos de la posmodernidad sobre la coincidencia en análisis y proyectos.
La dificultad para construir el cemento para proyectos orgánicos comunes se sustituye por las alianzas como solución, pero las dificultades subsisten. El PSC construye un tripartito incapaz de navegar por aguas turbulentas. Izquierda Unida precisa de múltiples portavoces en el Congreso para poder ser respetuosa con su pluralidad. La sensación de jaula de grillos no puede evitarse. Y lo mismo ocurre con El Olivo en Italia. La no proporcionalidad de los sistemas electorales son citados, con razón, como causa de las dificultades de esas minorías. Pero se olvida que la absoluta proporcionalidad del sistema italiano fue un regalo envenenado de Berlusconi pues facilita el sectarismo, el trafico de influencias y la ingobernabilidad de las múltiples izquierdas.
Desde diferentes posiciones, lo esencial es consensuar una causa común reformista, conectar y articular políticas sólidas para convertir lo inmaterial en material, los pensamientos en discursos, lo disperso en compacto, las ideas en seguidores, estructuras, votos o dineros. Con formas permanentes o coyunturales. Sin duda, una tarea de muchos durante mucho tiempo.
IGNACIO MURO BENAYAS, El País, 27 ABR 2012
Ignacio Muro es economista, analista social y profesor de periodismo en la Universidad Carlos III.
martes, 1 de mayo de 2012
1º de Mayo
Los motivos se agolpan. Son casi innumerables y seguramente no hace falta insistir en ellos. El salvaje e interesado ataque contra derechos y conquistas de las clases trabajadoras españolas, europeas y de muchos otros lugares del mundo -¡es la lucha de clases!: Warren Buffett dixit- no tiene casi precedentes. Lo quieren todo y lo quieren ya, y en un momento, además, en el que el desarrollo del capitalismo como sistema-mundo demuestra a las claras sus nudos más débiles, inhumanos e injustos, su inexorable irracionalidad, su ya larga macha hacia la destrucción de comunidades populares, hacia el ecosuicidio -post cambio climático- de la especie humana actual, y hacia la explotación brutal y sin compasión alguna de centenares de millones de trabajadores, por no hablar del paro masivo, de la creciente marginación de sectores sociales, de las enfermedades evitables en aumento, del infame nihilismo cultural, de la cada vez menor tolerancia represiva, de los golpes constitucionales –con nocturnidad y alevosía- de las grandes corporaciones y de la guerra y la violencia como vértices esenciales del escenario apocalíptico al que quieren conducirnos. Definitivamente, el capitalismo no es un humanismo. Pero, ¡no en nuestro nombre! ¡De ninguna manera con nuestra complicidad!Por si fuera poco, en nuestro país de países, en este territorio que una minoría quieren transformar en un cortijo de su propiedad exclusiva y excluyente, hay motivos complementarios para la indignación, la rebeldía y la protesta ciudadanas. Entre otros muchos, luchadores sindicales detenidos por la policía nacional, la guardia civil o los Mossos, tres variantes casi idénticas del mismo Dios maligno represivo; estudiantes en cárceles, en prisión punitiva, con falsarios pseudoargumentos judiciales y un horizonte a corto y medio plazo que pasa, según sus propios cálculos, por cuanto menos el sacrificio económico y social de una generación. Ni las limosnas, ni la caridad, ni las migajas de las copiosas comidas de los Señores nos están destinadas en este caso...
Por lo demás, por si lo habíamos olvidado, estamos abonando una magnífica tradición que no merece, que no es justo olvidar.
Fue hace unos setenta y cinco años. Casi un año después del levantamiento militar contra la II República española (y catalana y vasca y gallega y…), Don Antonio Machado –un poeta, un intelectual concernido, un ciudadano cada vez más imprescindible que falsea para siempre cualquier absurda y pueril identificación de España con el fascismo o la reacción- seguía creyendo que un cristianismo laico, sin Dios por supuesto, era el futuro para un mundo en paz. El amor fraternal propuesto por el cristianismo era totalmente incompatible con los ideales fascistas de aniquilación de etnias, pueblos y personas. El Juan de Mairena póstumo ya había revisado el viejo y practicado dicho romano, si vis pacem para bellum , por un “si quieres la paz, prepárate para vivir en un mundo en paz”. El buen poeta, en el sentido noble de la palabra, estaba en línea con el viejo Marx, quien había comentado a su hija Laura la que consideraba principal virtud del cristianismo: nos había enseñado el amor a los niños.
Para el autor de “Proverbios y cantares” el marxismo era entonces la praxis política que más aproximaba a las enseñanzas de Jesús. Quizás por todo ello, el 1º de Mayo de 1937, dos años antes de su muerte por tristeza y depresión, en el congreso celebrado en Valencia de las Juventudes Socialistas Unificadas, pronunció don Antonio Machado un discurso en el que al mismo tiempo que exponía y reconocía sus diferencias con alguna de las tesis que él (erróneamente) consideraba esenciales del marxismo -como el peso otorgado a los asuntos económicos en la marcha de la historia humana-, señalaba al mismo tiempo su defensa del socialismo como una esperanza para la Humanidad a la que todos, de alguna manera, deberíamos contribuir. Con sus palabras [1]:
“Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado romántico, por el influjo, acaso de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la ideal central del marxismo, me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con entera claridad, que el Socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana, basada en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia; veo claramente que es ésa la gran experiencia humana de nuestros días, a la que todos de algún modo debemos contribuir”.
Una década después, finalizada la segunda guerra mundial y también poco años antes de su fallecimiento, Albert Einstein se manifestaba también en términos similares a favor del socialismo, un socialismo que él no identificaba simplemente con la planificación económica o nacionalización de los medios de producción, servicios y financiación sino como una forma alternativa de convivencia de la humanidad [2]. Para ambos, ya entonces, otro mundo era posible y necesario.
No sería de extrañar que hoy, en este mayo de 2012, de la mano de Bertrand Russell, de Simone Weil, de Simone de Beauvoir, de Sartre, y de tantos otros, recorrieran con millones de ciudadanas-trabajadoras las calles de las ciudades y pueblos del mundo. Ni que decir tiene que Harich, Lukács, Bujarin, W. Solano, Ibárruri, López Raimundo, Guevara, Allende y Sacristán hubieran estado a su lado.
Notas:
1 Extraído de: Ian Gibson, Ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado. Madrid, Aguilar 2006, p. 573.
2. Véase Francisco Fernández Buey, Albert Einstein. Ciencia y consciencia, Retratos del Viejo Topo, Mataró (Barcelona), pp. 259-268.
(De Salvador López Arnal)
Por lo demás, por si lo habíamos olvidado, estamos abonando una magnífica tradición que no merece, que no es justo olvidar.
Fue hace unos setenta y cinco años. Casi un año después del levantamiento militar contra la II República española (y catalana y vasca y gallega y…), Don Antonio Machado –un poeta, un intelectual concernido, un ciudadano cada vez más imprescindible que falsea para siempre cualquier absurda y pueril identificación de España con el fascismo o la reacción- seguía creyendo que un cristianismo laico, sin Dios por supuesto, era el futuro para un mundo en paz. El amor fraternal propuesto por el cristianismo era totalmente incompatible con los ideales fascistas de aniquilación de etnias, pueblos y personas. El Juan de Mairena póstumo ya había revisado el viejo y practicado dicho romano, si vis pacem para bellum , por un “si quieres la paz, prepárate para vivir en un mundo en paz”. El buen poeta, en el sentido noble de la palabra, estaba en línea con el viejo Marx, quien había comentado a su hija Laura la que consideraba principal virtud del cristianismo: nos había enseñado el amor a los niños.
Para el autor de “Proverbios y cantares” el marxismo era entonces la praxis política que más aproximaba a las enseñanzas de Jesús. Quizás por todo ello, el 1º de Mayo de 1937, dos años antes de su muerte por tristeza y depresión, en el congreso celebrado en Valencia de las Juventudes Socialistas Unificadas, pronunció don Antonio Machado un discurso en el que al mismo tiempo que exponía y reconocía sus diferencias con alguna de las tesis que él (erróneamente) consideraba esenciales del marxismo -como el peso otorgado a los asuntos económicos en la marcha de la historia humana-, señalaba al mismo tiempo su defensa del socialismo como una esperanza para la Humanidad a la que todos, de alguna manera, deberíamos contribuir. Con sus palabras [1]:
“Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado romántico, por el influjo, acaso de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la ideal central del marxismo, me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con entera claridad, que el Socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana, basada en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia; veo claramente que es ésa la gran experiencia humana de nuestros días, a la que todos de algún modo debemos contribuir”.
Una década después, finalizada la segunda guerra mundial y también poco años antes de su fallecimiento, Albert Einstein se manifestaba también en términos similares a favor del socialismo, un socialismo que él no identificaba simplemente con la planificación económica o nacionalización de los medios de producción, servicios y financiación sino como una forma alternativa de convivencia de la humanidad [2]. Para ambos, ya entonces, otro mundo era posible y necesario.
No sería de extrañar que hoy, en este mayo de 2012, de la mano de Bertrand Russell, de Simone Weil, de Simone de Beauvoir, de Sartre, y de tantos otros, recorrieran con millones de ciudadanas-trabajadoras las calles de las ciudades y pueblos del mundo. Ni que decir tiene que Harich, Lukács, Bujarin, W. Solano, Ibárruri, López Raimundo, Guevara, Allende y Sacristán hubieran estado a su lado.
Notas:
1 Extraído de: Ian Gibson, Ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado. Madrid, Aguilar 2006, p. 573.
2. Véase Francisco Fernández Buey, Albert Einstein. Ciencia y consciencia, Retratos del Viejo Topo, Mataró (Barcelona), pp. 259-268.
(De Salvador López Arnal)
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