Nunca se han visto, viven a 2.350 kilómetros y jamás han hablado, pero Camilo de Dios, exguerrillero antifranquista, gallego, de 83 años, le debe a Henning Solhaug, secretario del sindicato de electricistas noruego Elogit, de 62, el haber cumplido un deseo que ha ocupado toda su vida: recuperar los restos de su hermano, fusilado en 1950 y enterrado en una fosa en Chaherrero (Ávila). El sindicato, de 15.000 afiliados, decidió donar 6.000 euros a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al conocer que el Gobierno español ha eliminado las partidas para la apertura de fosas del franquismo. La asociación ha destinado ese dinero a tres exhumaciones este verano; la primera, la del hermano de Camilo, Perfecto de Dios.
Camilo está muy emocionado. “Impresiona mucho ver los huesos. Cómo van desenterrando los pies, la cabeza, las manos...Es una sensación agridulce, pero estoy muy agradecido por la solidaridad recibida”. Veinte voluntarios de la ARMH, como Carmen García-Rodeja y Marco González, se han desplazado a Chaherrero para arroparle, y vecinos del pueblo se acercaron a la fosa para llevar sillas y agua para todos, también para el equipo de arqueólogos, como René Pacheco, cuyo trabajo financia el sindicato noruego. “Les estoy inmensamente agradecido. Yo pedí ayuda al Ayuntamiento y al Gobierno, pero ha tenido que ser un país extranjero el que desentierre a nuestros muertos”.
Solhaug explica por qué el sindicato noruego decidió donar 6.000 euros a la ARMH. “El comité central del sindicato hizo una visita a España para estudiar el impacto de la crisis. La alta tasa de paro nos alarma, pero también la situación de las familias de los más de 100.000 desaparecidos del franquismo, cuya búsqueda, como ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, no puede ser tarea de los familiares; Es una obligación del Estado. Entendemos que la lucha de estos guerrilleros no era solo para defender la democracia española, sino que formaba parte de la lucha contra el fascismo europeo, contra Hitler y Mussolini, y estos pocos euros pagan solo una pequeña parte de nuestra deuda con los republicanos españoles”.
Perfecto de Dios tenía 19 años cuando lo mataron. Con su madre, Carmen Fernández, comunista, y otros dos guerrilleros antifranquistas había salido de los montes gallegos con la intención de llegar a Madrid y después, exiliarse. Pero en Chaherrero, donde habían parado para comprar comida, fueron detectados por la Guardia Civil, que abrió fuego contra el grupo. Perfecto cayó abatido a tiros y su madre no quiso dejarle. Los otros dos guerrilleros huyeron. Uno fue detenido poco después. Era 16 de mayo de 1950.
“Yo tenía entonces 16 años y estaba preso en El Dueso (Cantabria). Me enteré de lo sucedido por una carta de mi madre”, recuerda Camilo. Aquella fue la primera de las muchas cartas que se escribieron de penal a penal. Ambos estuvieron condenados a muerte, aunque finalmente les conmutaron la pena. “Los franquistas no miraban si eras menor o mujer. A mí me torturaron 59 días en el cuartel: te daban martillazos y cortes en las manos y en los pies, aún tengo las cicatrices... Me arrancaron las uñas...”, recuerda Camilo, que se ha sumado a la querella contra el franquismo que investiga la juez argentina María Servini de Cubría en Buenos Aires. “Mi madre estuvo 13 años presa y yo diez”. Al salir de la cárcel, Camilo vivió una temporada en Madrid, hasta que le dijeron que podía volver a su casa, en Sandiás (Ourense). “Nos la habían quitado los falangistas, que luego la pusieron a la venta. Mi familia tuvo que volver a comprar su propia casa”.
Su madre murió en 1999, con 93 años. “Le hubiera encantado vivir este momento”, declara Camilo a pie de fosa, mientras ve a los arqueólogos recuperar los restos de su hermano. “Ahora voy a poder enterrarlos juntos en un cementerio. Perfecto ya no va a estar tirado en un camino, como hasta ahora. Como siguen tantos otros, por desgracia”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2014/07/21/actualidad/1405958444_465287.html
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martes, 22 de julio de 2014
sábado, 31 de mayo de 2014
JULIÁN LÓPEZ “Hay memoriales en todas partes menos en España”. El exedil socialista lanza una ‘wikipedia’ sobre los fallecidos en la Guerra Civil
Todo empezó con un viaje a Japón. Julián López Belenguer (Huesca, 1945), jubilado de una empresa eléctrica, aprovechó en 2006 unas vacaciones en ese país, donde su hijo trabajaba como ingeniero de robótica, para ver el Monumento a la Paz en Hiroshima. Acompañado por su esposa, López quedó impresionado al ver como miles de escolares recorrían el parque consagrado a no olvidar el horror. Pero hubo algo que a este militante de base socialista —fue edil por ese partido en Tarragona en los años ochenta— le llegó al alma: el cenotafio con el nombre de cada una de las 220.000 víctimas de la explosión nuclear. Y sintió tristeza al pensar que algo así no existiera en España, tantos años después de la Guerra Civil.
“Hay memoriales en todas partes menos aquí. Es una vergüenza para la izquierda no haber hecho más por la recuperación de la memoria histórica y que debamos hacerlo entidades civiles”, dice López, afincado en Cataluña desde los años setenta mientras degusta unas croquetas en un café junto al de Paseo de Gràcia, en Barcelona.
Manos a la obra, impulsó la instalación de un monumento a las víctimas en Anya (Lleida), en memoria del abuelo de su mujer. Y, en 2009, creó la asociación Homenatge-homenaje-hommage para crear una wikipedia con el nombre de las víctimas de la contienda.
La página se llama www.enrecuerdode.com y la idea general es que se cuelgue un homenaje a las víctimas de los errores humanos. Uno de sus apartados, etiquetado como libro virtual libro virtual, está destinado a la Guerra Civil y en él figura la relación de las comunidades y pueblos de España donde se puede insertar el nombre, el lugar de nacimiento, profesión y muerte de las víctimas. Mientras el proyecto crece, Julián y nueve de sus amigos, jubilados, miembros de una coral, trabajan como hormiguitas rellenando casillas y pasando horas buceando en cientos de libros y pateando bibliotecas. “Si no escribimos el nombre de esas gentes, no quedará nada de ellas”, apunta.
Los historiadores estiman que la Guerra Civil causó 750.000 víctimas además de 150.000 desaparecidos. Hasta ahora llevan 75.000 nombres, en su mayoría de Aragón y Cataluña, por una cuestión de proximidad geográfica. El desafío es colosal, pero eso no arredrará a este hombre incansable, desengañado de la política, capaz de ser a la vez jefe de la Guardia Urbana en Tarragona y operario de una empresa eléctrica, promotor de escuelas de adultos, y que ahora invierte su tiempo en una exposición de sus esculturas en Huesca y un taller artístico con niños inmigrantes. El grupo no quiere llamar a las instituciones y aspira a tejer una red de colaboradores para alimentar la memoria.
Fuente: El País.
“Hay memoriales en todas partes menos aquí. Es una vergüenza para la izquierda no haber hecho más por la recuperación de la memoria histórica y que debamos hacerlo entidades civiles”, dice López, afincado en Cataluña desde los años setenta mientras degusta unas croquetas en un café junto al de Paseo de Gràcia, en Barcelona.
Manos a la obra, impulsó la instalación de un monumento a las víctimas en Anya (Lleida), en memoria del abuelo de su mujer. Y, en 2009, creó la asociación Homenatge-homenaje-hommage para crear una wikipedia con el nombre de las víctimas de la contienda.
La página se llama www.enrecuerdode.com y la idea general es que se cuelgue un homenaje a las víctimas de los errores humanos. Uno de sus apartados, etiquetado como libro virtual libro virtual, está destinado a la Guerra Civil y en él figura la relación de las comunidades y pueblos de España donde se puede insertar el nombre, el lugar de nacimiento, profesión y muerte de las víctimas. Mientras el proyecto crece, Julián y nueve de sus amigos, jubilados, miembros de una coral, trabajan como hormiguitas rellenando casillas y pasando horas buceando en cientos de libros y pateando bibliotecas. “Si no escribimos el nombre de esas gentes, no quedará nada de ellas”, apunta.
Los historiadores estiman que la Guerra Civil causó 750.000 víctimas además de 150.000 desaparecidos. Hasta ahora llevan 75.000 nombres, en su mayoría de Aragón y Cataluña, por una cuestión de proximidad geográfica. El desafío es colosal, pero eso no arredrará a este hombre incansable, desengañado de la política, capaz de ser a la vez jefe de la Guardia Urbana en Tarragona y operario de una empresa eléctrica, promotor de escuelas de adultos, y que ahora invierte su tiempo en una exposición de sus esculturas en Huesca y un taller artístico con niños inmigrantes. El grupo no quiere llamar a las instituciones y aspira a tejer una red de colaboradores para alimentar la memoria.
Fuente: El País.
sábado, 16 de noviembre de 2013
La ONU exige a España que elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos durante el franquismo
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana, ha dado un tirón de orejas al Estado español tras reunirse con distintas autoridades -representantes del Gobierno central y varias comunidades, el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo -y con asociaciones de víctimas del franquismo.
El objetivo de su visita era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.
En el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- se constata que en España no se tiene en cuenta "el carácter de delito de lesa humanidad" en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación", reza el texto.
En concreto, demandan al Estado crear un "plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas" que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia "se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan".
"El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa", dice el informe preliminar.
De ese modo, instan "al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de sus obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada".
En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas "no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales, y que supone un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo.
Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió "manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal", en contraste con la legislación anterior. De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado España había realizado "importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal" mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas", lo que demuestra "la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas".
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada". También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la "desaparición forzada".
En su informe también remarcan que, ante la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza al Gobierno a "prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España". Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe con "urgencia y celeridad" en esta materia.
Por último, el grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero. Además, abogan por la creación de una entidad estatal "con pleno apoyo institucional" que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.
En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco -que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo- contiene información sobre más de 114.000 victimas, "debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata".
Fuente: Publico.es
jueves, 10 de octubre de 2013
España, el país de los 200.000 desaparecidos.
Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.
En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.
Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.
A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.
Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.
Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.
Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.
Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.
Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.
Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.
Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.
La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real
El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.
De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática hasta la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune. (foto de fusilados con las manos atadas con alambre en fosa de Málaga. El País)
Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/espana-el-pais-de-los-200-000-desaparecidos.html
Jueces para la Democracia critica la "inadmisible" actitud del Gobierno con las víctimas.
domingo, 6 de octubre de 2013
El gobierno de España se resiste a juzgar el franquismo. Dos enviados de la ONU piden al Estado que colabore con la justicia argentina. El Supremo y el Parlamento se oponen a dejar sin efecto la ley de amnistía
... Dos enviados de la ONU a España, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar aquí la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.
El grupo pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde el Ministerio de Justicia prometen “estudiar con detenimiento” sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones había hecho la ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayoría del Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.
Las 204 páginas que ha redactado la juez María Servini de Cubría para pedir la detención de los torturadores españoles, acusados de crímenes contra la humanidad, colocan a España en el mismo lugar que Garzón puso a Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un asunto que allí, en su día, se intentó zanjar con dos leyes (de obediencia debida y punto final) y aquí por dos vías: la administrativa (la ley de Memoria Histórica) y la judicial (la sentencia del Supremo sobre la causa de Garzón y el auto de marzo de 2012 que cerró la vía para la investigación penal de esos crímenes en España).
Allí, tras un largo y accidentado proceso, que incluyó medidas para impedir la colaboración con la justicia española, finalmente, optaron por derogar sus leyes de amnistía. “Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros”, recordaba a EL PAÍS, tras la muerte en prisión de Videla, Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas. “En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo de ser procesados por cualquier país. La única solución era asumir la jurisdicción y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros tribunales”.
Aquí, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros países, es la ley de Amnistía. Argentina derogó las suyas con la llegada al poder de Néstor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran investigar las desapariciones forzadas de las víctimas. Perú tampoco aplica la suya. Brasil la mantiene.
Fue precisamente el auto por el que Garzón abrió, en 2008, una investigación sobre los crímenes del franquismo, el que resucitó el debate sobre la ley y provocó un juego de sillas entre partidarios y detractores de la norma: quienes con más ahínco la defendían en 1977 eran los que más empeño ponían tres décadas después en que se modificara o derogara y viceversa. Así, en 1977, era el diputado de Alianza Popular Antonio Carro quien se oponía a la ley: “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”, decía. Y casi 36 años más tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien defendía en el Congreso la vigencia de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino Camacho: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas”. El suegro del ministro, José Utrera Molina, es, por cierto, una de las imputaciones que solicitan los querellantes. ¿Qué ha pasado en 36 años para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir que “ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto final”? Estas son las distintas posiciones y argumentos.
Garzón: “No afecta a crímenes de lesa humanidad”.
El juez argumentó que los hechos denunciados por las víctimas del franquismo no entraban dentro de la ley de Amnistía porque esta norma amnistiaba “actos de intencionalidad política” y él, explicaba, estaba investigando crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Garzón apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales (el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
El Supremo: “La ley de amnistía está vigente”.
El juez del Supremo Luciano Varela calificó de “imaginación creativa” la argumentación de Garzón y en abril de 2010 abrió un caso contra él por prevaricación. El alto tribunal terminó absolviéndole, pero en la misma sentencia quiso zanjar el debate jurídico sobre la ley de Amnistía y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la fiscalía calificó los hechos de “delitos comunes” y prescritos. Y argumentaba que, aunque en otros países existían los llamados “juicios de la verdad”, en España ese papel corresponde “a los historiadores”, no a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigación cuando existe un responsable vivo. La ley de Amnistía, destacaban, “tuvo un evidente sentido de reconciliación” en la transición española, “tan alabada nacional e internacionalmente”, y “ningún juez puede cuestionar la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.
El Parlamento: la ley de amnistía no se toca.
El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan juzgar en España. El pasado septiembre, Ruiz-Gallardón recurría a Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respondía a otra pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: “Ha sido un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. El Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma”.
El PSOE tampoco es partidario de tocarla.
“Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a EL PAÍS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero. “Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia reconciliada”. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina, responde: “Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía popular. El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976”.
Gaspar Llamazares, por lado, insiste: “No hace falta derogar la ley, basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a los demás”.
La ONU: “España está obligada a investigar”.
La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó en 2009, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”, explica Ariel Dulitzky, uno de los enviados de la ONU. “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Dulitzky cree que, tarde o temprano, España tendrá que enfrentarse al problema. “La demanda de justicia de las víctimas no va a cesar. Han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”.
Fuente: El País.
martes, 1 de octubre de 2013
lunes, 9 de septiembre de 2013
Se reedita "A Short History of the Spanish Civil War" del historiador JULIÁN CASANOVA,
Que se reedite un libro sobre la guerra civil en inglés, unos meses después de salir, significa que ese acontecimiento sigue atrayendo el interés de miles de personas en todo el mundo, porque no hay mejor escenario que la España de los años treinta para examinar los conflictos sociales y las luchas políticas que marcaron el siglo XX.
Por estas tierras, sin embargo, muchos fomentan la ignorancia sobre él, lo ocultan y recurren a su sonsonete preferido: "¿otro libro sobre la guerra civil"? Mejor Viriato. Julián Casanova dixit.
A Short History of the Spanish Civil War The years of the Spanish Civil War filled twentieth-century Spain with hope, frustration and drama. Not only did it pit countryman against countryman, and neighbour against neighbour, but from 1936-39 this bitterly contended struggle sucked in competing and seemingly atavistic forces that were soon to rage across the face of Europe, and then the rest of the world: nationalism and republicanism; communism and fascism; anarchism and monarchism; anti-clerical reformism and aristocratic Catholic conservatism.
The ‘Guerra Civil’ is of enduring interest precisely because it represents much more than just a regional contest for power and governmental legitimacy. It has come to be seen as a seedbed for the titanic political struggles and larger social upheavals that scarred the entire twentieth century. In elegant and accessible prose, Julian Casanova tells the gripping story of these years of anguish and trauma, which hit the country with a force hitherto unknown at any time in Spain’s history. Charting the most significant events and battles alongside the main players in the tragedy, he provides answers to some of the pressing questions (such as the roots and extent of anticlerical violence) that have been asked in the seventy years that have passed since the painful defeat of the Second Republic.
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. (That which cannot be seen must be shown) -
Contempla aquí el vídeo en este enlace: http://vimeo.com/34218157
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. Es un documental sobre la memoria de la Transición construido a partir de ciertas producciones del cine militante que contradicen las imágenes oficiales que han elaborado nuestra memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia.
"Desde el deber de la memoria", en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción de la memoria histórica del estado español, pero su aproximación no se basa en los testimonios registrados, sino en la constatación de la falta de imágenes sobre determinados acontecimientos o problemáticas.
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación". Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. Es un documental sobre la memoria de la Transición construido a partir de ciertas producciones del cine militante que contradicen las imágenes oficiales que han elaborado nuestra memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia.
"Desde el deber de la memoria", en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción de la memoria histórica del estado español, pero su aproximación no se basa en los testimonios registrados, sino en la constatación de la falta de imágenes sobre determinados acontecimientos o problemáticas.
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación". Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Otra memoria de España es posible, porque es la verdadera, no propagandas y mentiras
Hugo Martínez Abarca
Cuarto Poder
Cada año, el 25 de agosto, París conmemora el aniversario de su liberación del fascismo. En los últimos años participa en los desfiles la bandera de la Segunda República Española, la bandera tricolor, en reconocimiento a La Nueve, la 9ª Compañía de la 2ª División Blindada de Francia, compuesta por republicanos españoles que, tras perder la Guerra Civil siguieron combatiendo por la democracia y, esta vez en Francia, protagonizaron la derrota del fascismo.
Apenas en un puñado de medios digitales hemos tenido noticia de esta conmemoración del heroísmo y la decencia protagonizado por compatriotas que tuvieron que huir de su país.
Uno de los triunfos más importantes de la derecha española y que garantiza una hegemonía cultural más sólida es habernos convencido de que el ADN de España es el vertebrado por Isabel La Católica, Torquemada, Felipe II, El Cid, Franco o Aznar. Los episodios reaccionarios de nuestra Historia constituirían, gracias a esta triunfante imagen de lo español, la normalidad; mientras que los brotes ilustrados, los episodios de democracia, de emancipación, los científicos y pensadores, los luchadores por la libertad, los episodios de convivencia entre diferentes… son anomalías dentro de una línea de continuidad en nuestra esencia reaccionaria, católica, anti-ilustrada y quema-herejes.
La memoria colectiva es lo que da identidad y consiguiendo que nuestra memoria sea la de una tradición reaccionaria se consigue que de alguna manera intuyamos que toda lucha por la emancipación es en nuestro país una lucha contra natura.
En América Latina comprendieron bien la importancia de asumir que los procesos liberadores no sólo no son una anomalía sino que forman parte de la esencia de sus pueblos. Por eso aparece la figura del libertador Bolívar como inspirador de nuevos procesos de liberación de sus pueblos. Hablan de socialismo del siglo XXI, sí, porque no son procesos tradicionalistas, pero se definen bolivarianos para situarse en el punto presente de la larga tradición de lucha por la libertad y la soberanía que definió la primera independencia de sus países.
Conseguir que el imaginario colectivo identifique una lucha como contraria a la esencia de un país es casi definitivo. Ya pueden estar regalando la economía a la troika y a Bruselas y la política exterior a Washington, que conseguirán que aparezca como antiespañol quien ose proponer un modelo de país en el que manden su pueblo y no sus curas y sus banqueros. Lo español es el vivan las caenas, lo emancipador es afrancesado y siempre antiespañol. Al fin y al cabo es en París donde se homenajea a la bandera tricolor.
Si queremos construir un nuevo país, y más nos vale quererlo, tenemos que modificar el imaginario colectivo y engarzar nuestras luchas con la memoria que adecenta nuestro país.
No sólo tenemos la II República española como fuente de ejemplos históricos, aunque también: desde la propia constitución que nos situaba en la vanguardia democrática, el voto de la mujer, el laicismo… a la resistencia antifascista con el ejemplo de solidaridad internacional más inmenso que ha conocido la humanidad, las Brigadas Internacionales, seguido por la lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial referida supra. También la propia resistencia contra la dictadura franquista es una de las herencias más dignas de las que sentirnos justos continuadores y cuyos protagonistas siguen siendo en muchísimos casos referentes de honestidad, valentía y generosidad. Son héroes que se jugaban la vida y la libertad por su país, mucho más patriotas que los felones que lo gobernaban con la palabra patria en la boca todo el día.
Las raíces de otra memoria española podrían tener muchas ramificaciones. Frente al España Una tenemos la I República Española que intentó un avanzado modelo federal de Pi i Margall (“¡España no habría perdido su imperio colonial de haber seguido sus consejos!“ reza la lápida de su tumba desmintiendo la imagen desintegradora del federalismo); también de la I República heredamos el ejemplo de Salmerón que antes que firmar una pena de muerte firmó su dimisión como presidente, ejemplo de que en nuestra historia cabe defender los derechos humanos desde el poder político e incluso dimitir. Frente a la España católica intransigente de Santiago Matamoros podemos incluso enarbolar el casi mítico Toledo de las tres culturas; frente a la España cateta tenemos una serie de pensadores musulmanes, judíos y cristianos que habitaron la península durante unos siglos.
Por supuesto a casi cada fenómeno se le pueden oponer pegas, contextos e incluso evidenciar que son sólo idealizaciones. Cómo no. La memoria es una construcción subjetiva. Como lo es la memoria de un individuo, que es la base de su identidad. De lo que se trata es de oponer una identidad distinta, emancipadora y libre, a la esencia de lo español que han conseguido que asumamos. La memoria (colectiva o individual) siempre tiene algo de mítico: lo tiene cuando la derecha reaccionaria celebra el 2 de mayo y a El Cid y lo tiene cuando la izquierda latinoamericana canoniza a Bolívar.
La identidad se nutre de diversos alimentos, pero la memoria es la base de una dieta triunfante. Por eso es tan importante para la derecha española que no tengamos una memoria democrática que rechace el genocidio franquista: es crucial que la memoria colectiva no identifique a criminales y a víctimas sino que borre de su memoria un episodio ya cicatrizado. Aznar no fue ningún imbécil cuando puso tanto empeño en promocionar una serie de intelectuales que reescribieran la Causa General franquista y confrontaran con la superioridad moral de la izquierda.
La tarea de recuperar episodios y personajes que permiten fraguar una memoria distinta es necesaria para construir un nuevo país que tenga raíces sólidas, para que como pueblo entendamos que la anomalía es entregar nuestro destino a un puñado de grandes fortunas y de élites ajenas al control popular, que lo normal, lo que llevamos en nuestro ADN, es luchar por la libertad, por la emancipación, por la soberanía popular, por los derechos humanos. Es una tarea que toca a nuestros intelectuales. Si la emprenden con éxito, el camino quedará muy allanado.
Hugo Martínez Abarca es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y autor del blog Quien mucho abarca.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/otra-memoria-de-espana-es-posible/5000
Cuarto Poder
Cada año, el 25 de agosto, París conmemora el aniversario de su liberación del fascismo. En los últimos años participa en los desfiles la bandera de la Segunda República Española, la bandera tricolor, en reconocimiento a La Nueve, la 9ª Compañía de la 2ª División Blindada de Francia, compuesta por republicanos españoles que, tras perder la Guerra Civil siguieron combatiendo por la democracia y, esta vez en Francia, protagonizaron la derrota del fascismo.
Apenas en un puñado de medios digitales hemos tenido noticia de esta conmemoración del heroísmo y la decencia protagonizado por compatriotas que tuvieron que huir de su país.
Uno de los triunfos más importantes de la derecha española y que garantiza una hegemonía cultural más sólida es habernos convencido de que el ADN de España es el vertebrado por Isabel La Católica, Torquemada, Felipe II, El Cid, Franco o Aznar. Los episodios reaccionarios de nuestra Historia constituirían, gracias a esta triunfante imagen de lo español, la normalidad; mientras que los brotes ilustrados, los episodios de democracia, de emancipación, los científicos y pensadores, los luchadores por la libertad, los episodios de convivencia entre diferentes… son anomalías dentro de una línea de continuidad en nuestra esencia reaccionaria, católica, anti-ilustrada y quema-herejes.
La memoria colectiva es lo que da identidad y consiguiendo que nuestra memoria sea la de una tradición reaccionaria se consigue que de alguna manera intuyamos que toda lucha por la emancipación es en nuestro país una lucha contra natura.
En América Latina comprendieron bien la importancia de asumir que los procesos liberadores no sólo no son una anomalía sino que forman parte de la esencia de sus pueblos. Por eso aparece la figura del libertador Bolívar como inspirador de nuevos procesos de liberación de sus pueblos. Hablan de socialismo del siglo XXI, sí, porque no son procesos tradicionalistas, pero se definen bolivarianos para situarse en el punto presente de la larga tradición de lucha por la libertad y la soberanía que definió la primera independencia de sus países.
Conseguir que el imaginario colectivo identifique una lucha como contraria a la esencia de un país es casi definitivo. Ya pueden estar regalando la economía a la troika y a Bruselas y la política exterior a Washington, que conseguirán que aparezca como antiespañol quien ose proponer un modelo de país en el que manden su pueblo y no sus curas y sus banqueros. Lo español es el vivan las caenas, lo emancipador es afrancesado y siempre antiespañol. Al fin y al cabo es en París donde se homenajea a la bandera tricolor.
Si queremos construir un nuevo país, y más nos vale quererlo, tenemos que modificar el imaginario colectivo y engarzar nuestras luchas con la memoria que adecenta nuestro país.
No sólo tenemos la II República española como fuente de ejemplos históricos, aunque también: desde la propia constitución que nos situaba en la vanguardia democrática, el voto de la mujer, el laicismo… a la resistencia antifascista con el ejemplo de solidaridad internacional más inmenso que ha conocido la humanidad, las Brigadas Internacionales, seguido por la lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial referida supra. También la propia resistencia contra la dictadura franquista es una de las herencias más dignas de las que sentirnos justos continuadores y cuyos protagonistas siguen siendo en muchísimos casos referentes de honestidad, valentía y generosidad. Son héroes que se jugaban la vida y la libertad por su país, mucho más patriotas que los felones que lo gobernaban con la palabra patria en la boca todo el día.
Las raíces de otra memoria española podrían tener muchas ramificaciones. Frente al España Una tenemos la I República Española que intentó un avanzado modelo federal de Pi i Margall (“¡España no habría perdido su imperio colonial de haber seguido sus consejos!“ reza la lápida de su tumba desmintiendo la imagen desintegradora del federalismo); también de la I República heredamos el ejemplo de Salmerón que antes que firmar una pena de muerte firmó su dimisión como presidente, ejemplo de que en nuestra historia cabe defender los derechos humanos desde el poder político e incluso dimitir. Frente a la España católica intransigente de Santiago Matamoros podemos incluso enarbolar el casi mítico Toledo de las tres culturas; frente a la España cateta tenemos una serie de pensadores musulmanes, judíos y cristianos que habitaron la península durante unos siglos.
Por supuesto a casi cada fenómeno se le pueden oponer pegas, contextos e incluso evidenciar que son sólo idealizaciones. Cómo no. La memoria es una construcción subjetiva. Como lo es la memoria de un individuo, que es la base de su identidad. De lo que se trata es de oponer una identidad distinta, emancipadora y libre, a la esencia de lo español que han conseguido que asumamos. La memoria (colectiva o individual) siempre tiene algo de mítico: lo tiene cuando la derecha reaccionaria celebra el 2 de mayo y a El Cid y lo tiene cuando la izquierda latinoamericana canoniza a Bolívar.
La identidad se nutre de diversos alimentos, pero la memoria es la base de una dieta triunfante. Por eso es tan importante para la derecha española que no tengamos una memoria democrática que rechace el genocidio franquista: es crucial que la memoria colectiva no identifique a criminales y a víctimas sino que borre de su memoria un episodio ya cicatrizado. Aznar no fue ningún imbécil cuando puso tanto empeño en promocionar una serie de intelectuales que reescribieran la Causa General franquista y confrontaran con la superioridad moral de la izquierda.
La tarea de recuperar episodios y personajes que permiten fraguar una memoria distinta es necesaria para construir un nuevo país que tenga raíces sólidas, para que como pueblo entendamos que la anomalía es entregar nuestro destino a un puñado de grandes fortunas y de élites ajenas al control popular, que lo normal, lo que llevamos en nuestro ADN, es luchar por la libertad, por la emancipación, por la soberanía popular, por los derechos humanos. Es una tarea que toca a nuestros intelectuales. Si la emprenden con éxito, el camino quedará muy allanado.
Hugo Martínez Abarca es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y autor del blog Quien mucho abarca.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/otra-memoria-de-espana-es-posible/5000
Ascensión Concheiro, ‘Chonchiña’, un siglo sobre la tierra, La gallega protagonizó una vida de novela durante la Guerra Civil y el exilio
Ahora que la única internacional en activo es el FMI, el canto de Chonchiña sonó a la manera de lo que se escucha por vez primera, como un lieder romántico en que la “joven abandonada” de Schumann serían los parias de la tierra. Ella era siempre así. La sentías así. Cercana y diferente a un tiempo. Una belleza misteriosa y transparente, que ironizaba con el paso del tiempo. Una fuerza ajena al odio, y que nacía de la ternura. Pero de una ternura firme. Valerosa. Sin tonterías. En su casa, fuese en la mejicana calle de Aguascalientes, próxima al mercado de Medellín, o en el barrio de San Bartomeu, en Tui, no había un resquicio para la injusticia.
Chonchiña regresó a México DF a finales del año pasado. Volvía a la tierra de acogida, donde había vivido con su esposo, el médico Francisco Paco Comesaña, desde 1947 hasta la muerte de Franco en 1975. Allí trabajaron y lucharon. Conocieron a gente extraordinaria, como Diego Rivera o Frida Khalo. Fueron 34 años de exilio en México, además en Cuba, adonde llegaron en 1944 a bordo del Marqués de Comillas. Chonchiña hizo la travesía embarazada y daría luz a un niño, Francisco Javier, en el hospital habanero Hijas de Galicia, y que llegaría a ser un gran violinista. La historia se repetía. El doctor Comesaña también había nacido en Cuba. Condenado a pena de muerte por su defensa del régimen legal republicano, fue esa circunstancia, la nacionalidad cubana, la que le salvó in extremis de las manos del verdugo, presionado el franquismo por una fuerte campaña de solidaridad en toda América. Venían nuevos vientos. El Eje se tambaleaba. Ya en México, nacería una niña, Mariángeles. Poeta, activista cultural, fue en su casa donde Asunción Concheiro falleció la pasada madrugada del sábado.
Es una de esas noticias que al principio tratas con incredulidad. La muerte de Chonchiña era una hipótesis que podía enunciarse, pero que parecía de naturaleza irreal. No solo por haber cruzado esa barrera de los cien años cantando La Internacional como una canción de cuna. Sino por todo lo demás. Por la manera en que ella y Paco consiguieron resistir, mantenerse abrazados tantos años, frente a la maquinaria pesada del crimen. Cuando España, como dice con precisión el verso de César Vallejo, “cayó de la tierra para abajo”.
Asunción era la séptima de una familia de doce hijos, con raíces en Ordes (Galicia). De su sensibilidad y humor, habla este fragmento que aparece en Los recuerdos que llenan mi vida (México, abril de 2013) Cuando conoció a Paco, ambos tenían 18 años. Lo contaban como un amor a primera vista. Un fogonazo fotográfico en la cámara oscura de la Alameda de Santiago. Paco empezaba entonces los estudios de Medicina, que terminó en junio de 1936. Pertenecía entonces a las Juventudes Socialistas. Sus referencias vocacionales eran las de aquellos que abrían a la medicina social, como Nóvoa Santos, Marañón o aquel médico Rodríguez, el de las cigarreras de A Coruña, que equivalía el solo a “una seguridad social”.
Cuando estalló el golpe, Comesaña se sumó a las iniciativas para defender las instituciones democráticas. El 26 de julio, se reunió con Chonchiña para presentarle a su madre. Tenían 23 años. Ella fue testigo de cómo una partida de guardias y falangistas lo detenían y lo golpeaban con saña hasta cubrirlo de sangre. Y ahí empezó su vía crucis. Las torturas, las sacas y asesinato de los compañeros, la simulación de paseos, la farsa de los juicios sumarísimos... El doctor Comesaña fue condenado a muerte. La sentencia estuvo a punto de cumplirse en varias ocasiones. Lo salvó esa campaña en la que incluso tomó parte el conservador Diario de La Habana. Como preso, vivió un peregrinaje por diferentes presidios. Chonchiña seguía esa estela. Vio como los presos recorrían cientos de kilómetros en ferrocarril, en pleno invierno, con el único alimento de una lata de sardinas (y nada para abrirla).
En esa deriva por el amor y la muerte, hay un episodio especial. El día en que dos guardias civiles, convencidos por el doctor Comesaña, acceden a que pasen su “noche de bodas” en una pensión de Vigo, antes de que Paco ingrese en el presidio de San Simón, esa “fábrica de cadáveres”. En aquella noche, también onírica, Comesaña se presentó como comandante y a los guardias como sus escoltas. Paco y Chonchiña no quisieron revelar nunca la identidad de aquellos dos hombres que se jugaron la vida por permitirles una noche de amor.
Se ha muerto Chonchiña. Se ha muerto una luciérnaga. Solo queda arrodillarse en un prado, frente al mar, mirando a México, y decir: “Amén.”
Fuente: Manuel Rivas. El País
viernes, 30 de agosto de 2013
El ‘crowdfunding’ permite exhumar los restos de un represaliado del franquismo. La familia del represaliado del franquismo reúne 6.850 euros gracias a 299 donaciones a través de Internet
A José Valls Casanova lo fusilaron un 2 de septiembre de 1938 en Borriol (Castellón). Tenía 48 años. Su hija Antonia, que tenía once cuando le mataron, lo explica en un video para captar la ayuda de desconocidos con la que exhumar su cuerpo. “Ahora está enterrado como un perro”, dice. La familia sabe que yace junto a otro represaliado del franquismo en una zona del cementerio del pueblo porque así se lo dijo el enterrador a Antonia a los pocos días del fusilamiento. Su hija, la única viva, tiene ahora 86 años y su deseo era sacar a su padre de la fosa para enterrarlo junto a su madre. Pero la esperanza de juntarlos se quebró con la retirada de las subvenciones a los proyectos de recuperación de la memoria histórica. Sin fondos, sólo quedaba el camino de la solidaridad. Y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) acudió al ‘crowdfunding’ con la sorpresa de recaudar en pocos días los 6.850 euros necesarios para los trabajos que realizarán, también de forma altruista, un grupo de quince voluntarios. “La solidaridad ha funcionado y esto demuestra que existe una sensibilidad y apoyo que no ha tenido el Gobierno”, explica Matías Alonso, portavoz del GPRMH en la Comunidad Valenciana. En la tarde del jueves obtuvieron el permiso del Ayuntamiento de Borriol, el único que les faltaba para iniciar los trabajos.
La fosa común de Borriol será la primera que se exhume con las donaciones de personas anónimas (299 han apoyado la campaña), con el esfuerzo de voluntarios y el empeño de la familia. “Un trabajo como este necesita de entre 20.000 a 40.000 euros, lo vamos a hacer sin cobrar (salvo un mínimo importe en dos casos) y con la manutención de los familiares”, explica Miguel Mezquida, director del grupo de arqueólogos. En un principio, incluso se habían planteado vivir en la casa de los Valls. “Finalmente nos han buscado una casa rural en la que alojarnos durante la semana que durarán los trabajos”, apunta.
Carlos Balaguer es bisnieto de José Valls. Apenas ha hablado durante todo este proceso porque su objetivo era cumplir el deseo de Antonia y sacar a su padre de la fosa común en la que yace junto a Luis Meseguer. Los únicos que fueron fusilados a primera hora de ese 2 de septiembre de 1938 en Borriol. “Estamos muy agradecidos al alcalde (Adelino Santamaría, del PP) por su apoyo. Ya se lo hemos dicho a Antonia, está muy contenta”, dice parcamente. No quiere remover más la historia ni hablar de su bisabuelo, del que solo sabe lo que de él pone en el proceso sumarísimo. “Y ahí ponían cualquier cosa”. Los silencios en casa se encargaron de borrar la memoria.
Balaguer pudo leer en ese proceso que a su bisabuelo lo detuvieron junto a otros siete vecinos el 12 de junio de 1938, el mismo día en que las tropas franquistas entraron en el pueblo. “Los familiares saben que era una persona comprometida, de izquierdas, y poco más”, detalla Matías Alonso. El procedimiento sumarísimo se instruyó el 28 de junio. El 19 de julio su sentencia a muerte se hizo firme. Sus familiares explican que José Valls y Luis Meseguer fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser fusilados. El lugar exacto se lo contó quien fue el enterrador a Antonia poco después del ajusticiamiento: un camino que dividía el cementerio.
A sus 86 años, y cuando se van a cumplir 75 años del crimen, Antonia verá cumplido su sueño. Su nieto Carlos respira: “Ahora, después de tanto tiempo, lo podrá ver”. Fuente: El País.
La fosa común de Borriol será la primera que se exhume con las donaciones de personas anónimas (299 han apoyado la campaña), con el esfuerzo de voluntarios y el empeño de la familia. “Un trabajo como este necesita de entre 20.000 a 40.000 euros, lo vamos a hacer sin cobrar (salvo un mínimo importe en dos casos) y con la manutención de los familiares”, explica Miguel Mezquida, director del grupo de arqueólogos. En un principio, incluso se habían planteado vivir en la casa de los Valls. “Finalmente nos han buscado una casa rural en la que alojarnos durante la semana que durarán los trabajos”, apunta.
Carlos Balaguer es bisnieto de José Valls. Apenas ha hablado durante todo este proceso porque su objetivo era cumplir el deseo de Antonia y sacar a su padre de la fosa común en la que yace junto a Luis Meseguer. Los únicos que fueron fusilados a primera hora de ese 2 de septiembre de 1938 en Borriol. “Estamos muy agradecidos al alcalde (Adelino Santamaría, del PP) por su apoyo. Ya se lo hemos dicho a Antonia, está muy contenta”, dice parcamente. No quiere remover más la historia ni hablar de su bisabuelo, del que solo sabe lo que de él pone en el proceso sumarísimo. “Y ahí ponían cualquier cosa”. Los silencios en casa se encargaron de borrar la memoria.
Balaguer pudo leer en ese proceso que a su bisabuelo lo detuvieron junto a otros siete vecinos el 12 de junio de 1938, el mismo día en que las tropas franquistas entraron en el pueblo. “Los familiares saben que era una persona comprometida, de izquierdas, y poco más”, detalla Matías Alonso. El procedimiento sumarísimo se instruyó el 28 de junio. El 19 de julio su sentencia a muerte se hizo firme. Sus familiares explican que José Valls y Luis Meseguer fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser fusilados. El lugar exacto se lo contó quien fue el enterrador a Antonia poco después del ajusticiamiento: un camino que dividía el cementerio.
A sus 86 años, y cuando se van a cumplir 75 años del crimen, Antonia verá cumplido su sueño. Su nieto Carlos respira: “Ahora, después de tanto tiempo, lo podrá ver”. Fuente: El País.
domingo, 30 de junio de 2013
Cinco familias recuperan 70 años después los restos de víctimas del franquismo
Lucía, de 10 años, nieta de un superviviente del penal: "La Guerra Civil no pasó hace tanto tiempo"
Cinco familias de presos fallecidos en la cárcel de Valdenoceda (Burgos), una prisión franquista donde se dejaba morir de hambre y frío a los reclusos, recibieron este sábado los restos identificados de sus padres y abuelos, exhumados e identificados ahora gracias a una muestra de saliva de las personas que nunca les olvidaron. Muy emocionados, los hijos y nietos subieron al escenario del Ateneo de Madrid a recoger el pequeño cofre con los restos, que ahora podrán enterrar cerca de sus familias y de sus pueblos.
Los cinco presos que ahora regresan a casa son Roque González Bueno, Pedro Blanco Cobo, Teófilo Gordillo, Miguel Carretero y Pedro Medina Lozano. El más joven tenía 38 años, y el mayor, 61. Entre los cinco dejaron 18 hijos. Casi todos murieron, según su expediente, de "colitis epidémica", un eufemismo para los estragos que causaban el hambre y el frío. en el penal, una antigua fábrica de sedas reconvertida, como tantas otras fábricas o conventos durante la posguerra, en prisión para albergar a decenas de miles de perdedores de la guerra.
José María González, presidente de la Agrupación de Familiares y amigos de Represaliados en Valdenoceda, explicó que todo empezó cuando su padre, después de 50 años de silencio -"de miedo", aclaró- le contó cómo había muerto su abuelo: hecho preso por sus ideas y enviado a la cárcel de exterminio de Valdenoceda. A finales de 2005, solicitaron la primera subvención estatal para exhumar a su abuelo y los presos que le habían acompañado hasta la muerte. En 2006 se la concedieron y la sociedad de ciencias Aranzadi recuperó, tras cinco meses de trabajo, los restos de 114, de los que de momento, han podido ser identificados y entregados a sus familias 26, incluidos los cinco de este sábado. En 2009, la agrupación solicitó una nueva subvención estatal para poder identificarlos a todos genéticamente. "Pero no conseguimos todos los permisos en plazo y perdimos la subvención. En 2012, el Gobierno nos exigió la devolución de la subvención y el pago, además, de 3.927,55 euros en concepto de intereses de demora. Fue humillante", denunció González. "El Gobierno ha reducido las subvenciones a la memoria histórica a cero mientras destina mucho dinero a la rehabiltación del Valle de los Caídos", lamentó. "No entiendo cómo un Gobierno puede dejar pasar la oportunidad histórica de acabar de una vez con las dos Españas".
Francisco Etxeberria, el forense que más fosas del franquismo ha ayudado a abrir en los últimos 12 años, declaró: "Puedo entender incluso a los que son indiferentes, pero no a los que se oponen a que se abran las fosas para que los familiares de las víctimas los entierren dignamente. En este tiempo, hemos abierto unas 300 y recuperado los restos de más de 6.000 víctimas. Pero muchas fosas no las hemos podido encontrar y muchos restos no han podido ser identificados. Por eso, cada uno, como los cinco que entregamos a sus familias hoy aquí, representa a otros muchos que no hemos podido recuperar".
Lucía, 10 años: "La Guerra Civil no pasó hace tanto tiempo"
Lucía Sempere, de diez años, nieta de Ernesto, uno de los pocos presos de aquel penal de exterminio que logró sobrevivir, explicó: “Hay personas que dicen que la guerra pasó hace mucho tiempo y que tenemos que olvidarnos de todo; que lo que hoy estamos entregando a las familias son solo unos pocos huesos, y que estamos abriendo heridas. Y yo digo que eso no es así. Yo solo tengo diez años. No sé todavía por qué unas personas son capaces de hacer tanto daño a otras. pero lo que sí sé es que todo aquello no sucedió hace mucho tiempo. Mi abuelo lo sufrió y cuando yo nací, me cogía en brazos. No pasó hace tanto tiempo. Yo he estado con mi abuelo. Él siempre decía: ‘Yo perdono, pero no olvido'. Y yo le quiero decir a todas a esas personas que dicen que tenemos que olvidarnos de aquello, que se equivocan. Porque si nos olvidamos, quizás los mayores cometan los mismos errores. Tengo 10 años. Soy una niña y quiero mirar al futuro.Sé que el futuro es lo que tengo delante de mí. Por eso quiero aprender de las personas que han vivido muchos años. Y para aprender, tengo que conocer todo lo que sucedió en el pasado. Así que para mirar adelante, primero tengo que saber lo que pasó y lo que vivieron nuestros abuelos. Y aprender de los errores".
Julián de la Morena, nieto también de un represaliado de Valdenoceda, declaró, al recoger los restos de Pedro Blanco Cobo: "Desgraciadamente, aún hoy, más de 70 años después, sigue librándose otra batalla de las dos Españas. Es la batalla de la dignidad, en la que los del bando de Pedro presentan las armas de la razón y de la libertad y el bando oponente, sus monstruosos tanques de la mezquindad y la indecencia. Un puñado de euros pueden ayudar a sanar las heridas de las familias con la recuperación de los restos de sus seres queridos represaliados, como los de Pedro, que siguen rastreramente perdidos por la piel de esta patria que debería ser común, digna y justa para todos".
martes, 18 de junio de 2013
Las Rosas de Guzmán
“Estuve escribiendo a mi madre desde septiembre de 1937 hasta que me dijeron en diciembre que la habían matado”
Pedro El Sastre se llama en realidad José Domínguez Álvarez. Este puebleño enjuto y metódico con la vida y sus recuerdos nació el 18 de mayo de 1918. Conserva probablemente una de las memorias más activas y prolíficas de la provincia de Huelva. Es capaz de lucir con asombroso sentido de la libertad que dan los años, casi un siglo, un libro maldito por siempre en esta España decimonónica y caciquil hasta la exasperación: Las ruinas de Palmira, del ilustrado Conde de Volney. Una obra condenada en la piel hispana por su espíritu irreverente y poco modélico a ojos de la ortodoxia cristianizante de la España que le tocó vivir desde 1918 hasta nuestros días y que con tanta maestría representó en su tierra, Puebla de Guzmán (Huelva), un cura que tenía por nombre Juan R. O. Hombre de cruz y de espada.
Narra en su vasto anecdotario vital un detalle que a punto estuvo de delatarle durante su pertenencia al ejército franquista. Se paró a mirar libros, su gran afición, en un puesto callejero en las inmediaciones de una Cataluña (Lleida) en guerra y descubrió entre aquellas pastas manoseadas Las ruinas de Palmira. Miró a la anciana ambulante y le espetó “si quiere conservar la vida esconda ese libro”. Así lo hizo. Y aquel sastre que lo fue de veras siguió adelante junto a los soldados de su batallón.
José Domínguez fue reclutado por los nacionales en agosto de 1937, cuando la provincia de Huelva había sido ya dominada al completo por los fascistas y solo aguantaban en los campos y montes varios cientos de huidos, la mayoría ocultos en cuevas y pozos de mina, como su paisano Rodrigo Miguela le contaría después.
Este socialista que atesora hoy uno de los carnés más antiguos del partido de Pablo Iglesias, no en vano tiene 80 años de afiliación, ingresó por la fuerza de los hechos (cumplió los años en zona Nacional y en plena Guerra Civil) en las tropas de Franco después de soportar el fusilamiento de su propio padre, Diego Domínguez Ponce, segundo teniente de alcalde en Puebla de Guzmán. Y sin poder imaginar lo que viviría al poco tiempo de enrolarse en las filas del invicto Caudillo.
Le escribía cartas a su madre desde el frente sin saber que, como su padre, había sido asesinada junto a otras ocho mujeres
Fue enviado al frente, a batallar donde operaban las tropas italianas que apoyaban a Franco en La Alcarria. Desde aquellas tierras de miel, heladas negras, de esas que se meten bajo los terruños quebrados por el frío invernal que mata hasta las lombrices, escribía cartas a su madre, María Blasa. Sin saber que sólo días después de su marcha al frente bélico había sido también asesinada, en septiembre de 1937, por los fascistas locales junto a otras ocho mujeres en un angosto callejón puebleño conocido como el de la Fuente Vieja. Rosas de Guzmán que padecieron una venganza atroz durante los muchos días, semanas y meses que permanecieron retenidas en la vieja carnicería del pueblo, utilizada como almacén municipal.
LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA NO LLEGÓ A ELLAS
Diego Domínguez Ponce y María San Blas (Blasa) Álvarez Cano tuvieron cuatro hijos: María Jesús, a la que le mataron a su novio, José, Martín y José (Pedro el Sastre). A Blasa iban dirigidas las cartas inútiles que le mandaba su hijo desde el frente. “Estuve escribiendo a mi madre desde septiembre de 1937 hasta que me dijeron en diciembre que había muerto”, recuerda ahora José en su casa de Puebla, en medio de un increíble archivo personal, ordenado recuerdo con nombres, horas, testigos y víctimas de aquellos a ños que le rompieron el corazón y le fortalecieron la memoria.
No fue hasta el último mes del 37 cuando descubre la verdadera causa de la muerte de María Blasa, su asesinato a manos de los muy activos piquetes fascistas locales. Y supo también que su madre comparte una fosa común, donde hoy todavía reposan sus restos, junto a los de otras quince mujeres puebleñas asesinadas, y a las que no recuerda ni un simple monolito de esos que florecieron al calor de la Ley de Memoria Histórica. Como tampoco lo hace ninguna metopa o similar que haga referencia al centenar de vecinos asesinados por los represores locales que se hicieran triste y desgraciadamente famosos por todo el Andévalo y que parecían poseídos y devotos del pagano y sanguinario Baal, el dios vengativo que exigía sacrificios y que cuentan crónicas y curanderos que se llegó adorar en estas tierras de Tharsis y Cabezas Rubias en otros tiempos sin civilizar. Como estos...
Leer más aquí. Fuente: http://www.andalucesdiario.es/
lunes, 3 de junio de 2013
El Defensor del Pueblo exige por primera vez a un municipio que quite las calles franquistas
Se trata de Pelayos de la Presa, una población situada al suroeste de la Comunidad de Madrid que tiene 2.572 habitantes.
El alcalde se ha negado reiteradamente a cambiar la denominación de la plaza del Generalísimo, donde se sitúa el Ayuntamiento.
El Defensor del Pueblo, institución que dirige la política del PP Soledad Becerril, ha emitido la primera resolución que avala la aplicación directa de la Ley de Memoria Histórica en España. En un escrito enviado a principios del mes de mayo, Becerril insta al ayuntamiento de la localidad madrileña de Pelayos de la Presa (2.572 habitantes) a cumplir la normativa vigente y a retirar de sus calles las denominaciones que exalten la dictadura franquista y a sus protagonistas.
Según la institución, el artículo 15.1 de la ley 52/2007 —elaborada por el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— establece "imperativamente" que las administraciones públicas tomarán medidas para retirar los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas que exalten de forma personal o colectiva la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura. Solo quedan al margen aquellas en las que no se exalte a los bandos enfrentados o aquellas que estén protegidas legalmente por razones artísticas, arquitectónicas o religiosas.
Nada más entrar en vigor la ley, el PSOE de Pelayos instó a Herminio Cercas, alcalde por el PP, a cambiar nombre de la Plaza del Generalísimo, en la que se erige el Ayuntamiento, por el de Plaza de la Constitución. Los socialistas alegaban que el órgano de gobierno democrático del municipio no podía asentarse en un lugar que homenajeaba al dictador Francisco Franco.
También solicitaron cambiar la denominación de las calles dedicadas a Calvo Sotelo, ministro durante la dictadura de Primo de Rivera y nombrado 'Protomártir del Movimiento Nacional', y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.
El alcalde, respaldado por su grupo, se negó a aceptar la propuesta alegando que el cambio no era una prioridad ni era del interés de los vecinos. Por el mismo motivo rechazó una moción similar presentada por el grupo independiente Nos Gusta Vivir Aquí.
El PSOE decidió entonces recurrir a la Defensora del Pueblo. Esta abrió un expediente que ahora queda cerrado con una última comunicación.
En ella, Soledad Becerril desestima la excusas del alcalde, que argumentó ante la defensora que "gran parte del municipio está de acuerdo con el nombre actual" —aunque no ha existido ninguna consulta pública oficial— y que "nunca" ha habido quejas por las denominaciones.
El primer edil admite, sin embargo, que el emplazamiento es conocido mayoritariamente como la "plaza del Ayuntamiento" o "plaza de la fuente" —por el surtidor que adorna la misma—, por lo que, en teoría, tampoco habría problema en rebautizarlas. El emplazamiento llegó a ser reformado con dinero de la Comunidad de Madrid, pero mantuvo su nombre. Becerril concluye ahora que Pelayos tiene que cumplir con el "deber legal" que le impone la ley. Si no lo hace, recuerda a la oposición que puede llevar la cuestión a los tribunales, puesto que el Defensor, pese a su importancia, carece de poder ejecutivo.
Recurso a la Justicia
El PSOE local volverá a presentar su moción en el pleno ordinario del mes de junio. "Estamos convencidos de que nos dirán que no. Así que ya estamos estudiando cómo presentarlo ante un juez", responde su portavoz, Mar García. Esta vía es la misma que el propio alcalde retó a tomar a la oposición si quería modificar algo.
El alcalde Herminio Cercas, no ha querido atender a 20minutos para explicar cómo procederá ahora. Su hermano es propietario del bar restaurante El Mirador, situado en el municipio. En el comedor del mismo se exhiben retratos de Franco, Primo de Rivera o el ex ministro franquista y después presidente de Galicia Manuel Fraga (imagen procedente de la web losotros.foroactivo.com). Otra de las atracciones es una figura a tamaño natural de un guardia civil.
En todo Madrid
Pelayos de la Presa no es el único municipio que conserva símbolos franquistas o calles que hacen referencia a la dictadura y la Guerra Civil.
En Madrid capital aún perduran calles como Caídos de la División Azul, unidad española que Franco envió a luchar del lado del ejército nazi durante la II Guerra Mundial, o el Parque Carlos Arias Navarro (Aluche), que el PP se negó a cambiar de nombre a pesar de estar dedicado al último presidente del gobierno franquista. El caudillo aún goza de una travesía en la ciudad.
En Boadilla del Monte, el PP tampoco quiso sustituir la Avenida del Generalísimo por la de Esperanza Aguirre. El partido Alternativa por Boadilla lo propuso con tal de evitar el nombre del dictador, pero ni aun así consiguió convencer al equipo de Gobierno.
El pasado 12 de mayo el gobierno central reconoció que no ha retirado ningún vestigio franquista de los edificios o complejos propiedad de la Administración del Estado desde que tomó posesión en diciembre de 2011.
Fuente 20minutos.es Ver la noticia aquí.
Si tenéis un momento escuchar esta maravilla que nos llega desde Galicia, España.
El alcalde se ha negado reiteradamente a cambiar la denominación de la plaza del Generalísimo, donde se sitúa el Ayuntamiento.
El Defensor del Pueblo, institución que dirige la política del PP Soledad Becerril, ha emitido la primera resolución que avala la aplicación directa de la Ley de Memoria Histórica en España. En un escrito enviado a principios del mes de mayo, Becerril insta al ayuntamiento de la localidad madrileña de Pelayos de la Presa (2.572 habitantes) a cumplir la normativa vigente y a retirar de sus calles las denominaciones que exalten la dictadura franquista y a sus protagonistas.
Según la institución, el artículo 15.1 de la ley 52/2007 —elaborada por el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— establece "imperativamente" que las administraciones públicas tomarán medidas para retirar los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas que exalten de forma personal o colectiva la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura. Solo quedan al margen aquellas en las que no se exalte a los bandos enfrentados o aquellas que estén protegidas legalmente por razones artísticas, arquitectónicas o religiosas.
Nada más entrar en vigor la ley, el PSOE de Pelayos instó a Herminio Cercas, alcalde por el PP, a cambiar nombre de la Plaza del Generalísimo, en la que se erige el Ayuntamiento, por el de Plaza de la Constitución. Los socialistas alegaban que el órgano de gobierno democrático del municipio no podía asentarse en un lugar que homenajeaba al dictador Francisco Franco.
También solicitaron cambiar la denominación de las calles dedicadas a Calvo Sotelo, ministro durante la dictadura de Primo de Rivera y nombrado 'Protomártir del Movimiento Nacional', y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.
El alcalde, respaldado por su grupo, se negó a aceptar la propuesta alegando que el cambio no era una prioridad ni era del interés de los vecinos. Por el mismo motivo rechazó una moción similar presentada por el grupo independiente Nos Gusta Vivir Aquí.
El PSOE decidió entonces recurrir a la Defensora del Pueblo. Esta abrió un expediente que ahora queda cerrado con una última comunicación.
En ella, Soledad Becerril desestima la excusas del alcalde, que argumentó ante la defensora que "gran parte del municipio está de acuerdo con el nombre actual" —aunque no ha existido ninguna consulta pública oficial— y que "nunca" ha habido quejas por las denominaciones.
El primer edil admite, sin embargo, que el emplazamiento es conocido mayoritariamente como la "plaza del Ayuntamiento" o "plaza de la fuente" —por el surtidor que adorna la misma—, por lo que, en teoría, tampoco habría problema en rebautizarlas. El emplazamiento llegó a ser reformado con dinero de la Comunidad de Madrid, pero mantuvo su nombre. Becerril concluye ahora que Pelayos tiene que cumplir con el "deber legal" que le impone la ley. Si no lo hace, recuerda a la oposición que puede llevar la cuestión a los tribunales, puesto que el Defensor, pese a su importancia, carece de poder ejecutivo.
Recurso a la Justicia
El PSOE local volverá a presentar su moción en el pleno ordinario del mes de junio. "Estamos convencidos de que nos dirán que no. Así que ya estamos estudiando cómo presentarlo ante un juez", responde su portavoz, Mar García. Esta vía es la misma que el propio alcalde retó a tomar a la oposición si quería modificar algo.
El alcalde Herminio Cercas, no ha querido atender a 20minutos para explicar cómo procederá ahora. Su hermano es propietario del bar restaurante El Mirador, situado en el municipio. En el comedor del mismo se exhiben retratos de Franco, Primo de Rivera o el ex ministro franquista y después presidente de Galicia Manuel Fraga (imagen procedente de la web losotros.foroactivo.com). Otra de las atracciones es una figura a tamaño natural de un guardia civil.
En todo Madrid
Pelayos de la Presa no es el único municipio que conserva símbolos franquistas o calles que hacen referencia a la dictadura y la Guerra Civil.
En Madrid capital aún perduran calles como Caídos de la División Azul, unidad española que Franco envió a luchar del lado del ejército nazi durante la II Guerra Mundial, o el Parque Carlos Arias Navarro (Aluche), que el PP se negó a cambiar de nombre a pesar de estar dedicado al último presidente del gobierno franquista. El caudillo aún goza de una travesía en la ciudad.
En Boadilla del Monte, el PP tampoco quiso sustituir la Avenida del Generalísimo por la de Esperanza Aguirre. El partido Alternativa por Boadilla lo propuso con tal de evitar el nombre del dictador, pero ni aun así consiguió convencer al equipo de Gobierno.
El pasado 12 de mayo el gobierno central reconoció que no ha retirado ningún vestigio franquista de los edificios o complejos propiedad de la Administración del Estado desde que tomó posesión en diciembre de 2011.
Fuente 20minutos.es Ver la noticia aquí.
Si tenéis un momento escuchar esta maravilla que nos llega desde Galicia, España.
viernes, 3 de mayo de 2013
Flamenco y Memoria Histórica, fandangos por Manuel Romero. Flamenco y cantes árabe
El flamenco canta, es decir trasforma en un cante a la alegría, al amor, a las penas, a la tragedia, a la vida y a la historia del pueblo. Últimamente, las coplas y cantes más críticos se estaban marginando.
Manuel Romero nos canta por fandangos a la Memoria Histórica.
No esta mal recuperar esta faceta del flamenco que parecía olvidado. Recuperar la conciencia de clase; quiénes somos, de donde venimos y a donde vamos, o a dónde queremos ir que es muy diferente de a donde nos quieren llevar, es decir, ser culto, saber y conocer nuestra cultura.
domingo, 24 de marzo de 2013
25 de marzo de 1936. Extremadura.
Un terremoto de proporciones desconocidas por estas latitudes sacudió Extremadura el día 25 de marzo de 1936. Durante la madrugada de ese día, bajo un aguacero, y al grito de '¡viva la República!', decenas de miles de campesinos sin tierra (próximos a los 80.000 según las fuentes más fidedignas) invadieron, de forma pacífica y sin que se produjera incidente alguno con propietarios o fuerzas del orden, en un tono festivo, más de tres mil fincas que sumaban casi 250.000 hectáreas en prácticamente todos los términos municipales de la región, en lo que, sin lugar a dudas, constituye la mayor movilización popular de nuestra historia.
Este hito sin precedentes fue organizado y alentado por los dirigentes de los consejos provinciales del Secretariado de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), adscrita a la UGT, entre los que destacaron, entre otros, Nicolás de Pablo, José Sosa o Antonio Pulgarín, y fue puesto en práctica por los centros obreros de cada localidad en unos momentos de gran efervescencia política y social, un mes después de que el Frente Popular obtuviera el triunfo en las elecciones y se abrieran nuevas perspectivas y expectativas entre las capas populares y las clases sociales más desfavorecidas, que no estaban dispuestas a permitir, de nuevo, que sus anhelos y sueños se vieran truncados por la lentitud en la puesta en práctica de las reformas.
Así pues, las masivas ocupaciones de fincas significaron que el movimiento campesino extremeño, cansado de esperar más agilidad en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, se vio obligado a consolidar por la vía de los hechos consumados lo que por otras fórmulas legalistas no se podía conseguir: mitigar la dureza imperante en las relaciones sociales de nuestro campo y hacer frente de forma taxativa a los continuos incumplimientos de la legislación laboral por una gran parte de los terratenientes que, empeñados en boicotear las medidas reformistas que el régimen republicano iba aprobando, no dudaron en sabotearlo desde sus inicios con actitudes desafiantes y frases tan lapidarias como la conocida '¡comed República!', que empleaban para dirigirse a los campesinos desesperados que les demandaban trabajo en las plazas de nuestros pueblos.
Las pacíficas ocupaciones de fincas de marzo del 36 tuvieron su contrapunto, meses más tarde, cuando el paso de la denominada columna de la muerte sembró de terror y desolación nuestra tierra. Como ha sido puesto de manifiesto recientemente (Francisco Espinosa, 'La primavera del Frente Popular') existió una relación causa-efecto entre la participación activa en estas ocupaciones primaverales y la posterior represión del verano. Miles de esos campesinos desheredados que tuvieron la osadía de cuestionar el sistema de propiedad y las relaciones sociales vigentes y que se rebelaron contra las injusticias seculares, hubieron de pagar un alto precio por ello. Muchos lo hicieron con su vida, otros con el exilio. En consecuencia, no podemos olvidar que la Guerra Civil había estallado para que la clase poseedora de España, propietaria de la tierra, de las fábricas y de los bancos, pudiese conservar sus posesiones», como dijo H. R. Southworth en "La destrucción de Guernica".
Ni antes de esa fecha, ni después de ella, en Extremadura se ha asistido a algo similar. Por ello, por nuestros antepasados que lo hicieron posible y por el legado que transmitiremos a nuestros descendientes, por la memoria de todos, no podemos dejar ese hito histórico en el olvido.
Isidoro Bohoyo Velázquez, Historiador. Socio y miembro de la ARMHEX (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura).
Fuente: http://armhex.blogspot.com.es/2011_03_01_archive.html
Buena Vista Social Club aquí:
Este hito sin precedentes fue organizado y alentado por los dirigentes de los consejos provinciales del Secretariado de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), adscrita a la UGT, entre los que destacaron, entre otros, Nicolás de Pablo, José Sosa o Antonio Pulgarín, y fue puesto en práctica por los centros obreros de cada localidad en unos momentos de gran efervescencia política y social, un mes después de que el Frente Popular obtuviera el triunfo en las elecciones y se abrieran nuevas perspectivas y expectativas entre las capas populares y las clases sociales más desfavorecidas, que no estaban dispuestas a permitir, de nuevo, que sus anhelos y sueños se vieran truncados por la lentitud en la puesta en práctica de las reformas.
Así pues, las masivas ocupaciones de fincas significaron que el movimiento campesino extremeño, cansado de esperar más agilidad en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, se vio obligado a consolidar por la vía de los hechos consumados lo que por otras fórmulas legalistas no se podía conseguir: mitigar la dureza imperante en las relaciones sociales de nuestro campo y hacer frente de forma taxativa a los continuos incumplimientos de la legislación laboral por una gran parte de los terratenientes que, empeñados en boicotear las medidas reformistas que el régimen republicano iba aprobando, no dudaron en sabotearlo desde sus inicios con actitudes desafiantes y frases tan lapidarias como la conocida '¡comed República!', que empleaban para dirigirse a los campesinos desesperados que les demandaban trabajo en las plazas de nuestros pueblos.
Las pacíficas ocupaciones de fincas de marzo del 36 tuvieron su contrapunto, meses más tarde, cuando el paso de la denominada columna de la muerte sembró de terror y desolación nuestra tierra. Como ha sido puesto de manifiesto recientemente (Francisco Espinosa, 'La primavera del Frente Popular') existió una relación causa-efecto entre la participación activa en estas ocupaciones primaverales y la posterior represión del verano. Miles de esos campesinos desheredados que tuvieron la osadía de cuestionar el sistema de propiedad y las relaciones sociales vigentes y que se rebelaron contra las injusticias seculares, hubieron de pagar un alto precio por ello. Muchos lo hicieron con su vida, otros con el exilio. En consecuencia, no podemos olvidar que la Guerra Civil había estallado para que la clase poseedora de España, propietaria de la tierra, de las fábricas y de los bancos, pudiese conservar sus posesiones», como dijo H. R. Southworth en "La destrucción de Guernica".
Ni antes de esa fecha, ni después de ella, en Extremadura se ha asistido a algo similar. Por ello, por nuestros antepasados que lo hicieron posible y por el legado que transmitiremos a nuestros descendientes, por la memoria de todos, no podemos dejar ese hito histórico en el olvido.
Isidoro Bohoyo Velázquez, Historiador. Socio y miembro de la ARMHEX (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura).
Fuente: http://armhex.blogspot.com.es/2011_03_01_archive.html
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viernes, 21 de septiembre de 2012
Puntualizaciones sobre Paracuellos
Entre las numerosas necrológicas aparecidas inmediatamente tras el fallecimiento de Santiago Carrillo algunas siguen haciendo hincapié en Paracuellos. Los lectores de este periódico quizá estén interesados en conocer los resultados de nuestras investigaciones que nos permiten arrojar dudas acerca de la pervivencia del canon franquista en varias de entre ellas. Las categorizamos en tres rúbricas: contexto, chispazo para la acción y responsabilidades y supervisión.
1. A comienzos de noviembre de 1936 las columnas franquistas habían llegado a las puertas de Madrid, sembrando de cadáveres su camino. Los bombardeos causaban estragos en la población. Entre los presos en las cárceles había centenares de militares dispuestos a unirse a los rebeldes. Su liberación parecía inminente.
2. El chispazo que condujo a Paracuellos provino de uno de los agentes de la NKVD llegado a Madrid mes y medio antes. La liquidación masiva de enemigos había sido una práctica habitual en la guerra civil rusa. Aplicada al caso de una ciudad al límite, la NKVD no dudó en recomendar la misma “profilaxis”. A finales de octubre de 1936 el embajador soviético ya sugirió recuperar a los presos dispuestos a servir a la República. Como se había hecho con los oficiales zaristas para que se unieran a los bolcheviques.
3. El agregado militar, coronel/general Goriev, informó crípticamente a Moscú de la labor desarrollada por la NKVD durante el asedio de Madrid en un despacho del 5 de abril de 1937 y mencionó un nombre, el de “Alexander Orlov”. Lo envió por la vía reglamentaria a su jefe, el director del servicio de inteligencia militar. Lo descubrió en Moscú antes de 2004 Frank Schauff. Hay un borrador en el archivo histórico del PCE, en la Universidad Complutense. No conocemos a ninguno de quienes mantienen enhiesto el canon franquista que lo haya consultado. Hoy se quedaría con un palmo de narices. Falta la página con la referencia a la NKVD. Una casualidad. Se nos ha dicho que cuando un investigador ruso quiso consultar el despacho en los archivos moscovitas el legajo había sido declarado inaccesible. Otra casualidad.
4. La recomendación de la NKVD la puso en marcha Pedro Fernández Checa, secretario de Organización del PCE. Fueron militantes comunistas y anarco-sindicalistas quienes se encargaron de los aspectos operativos. Los primeros actuaron a través de los órganos de la DGS. Los segundos, que controlaban la periferia madrileña libre de asedio, aseguraron la realización. Fuera o no por igual, todos colaboraron en la liquidación de la presunta quinta columna excitados por las bravatas del general Mola acerca del potencial de sus partidarios en la capital.
5. Las primeras “sacas” se examinaron en una de las periódicas reuniones de la Junta de Defensa de Madrid. Ninguno de sus componentes pudo alegar desconocimiento sobre lo ocurrido. Dado que la presidía el general Miaja, sería difícil exonerarle de responsabilidad. También a los demás componentes. Uno de ellos, el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, recibió instrucciones que no se transcribieron. Como otros jóvenes socialistas, acababa de solicitar el ingreso en el PCE. Las “sacas” se paralizaron por intervención del anarquista Melchor Rodríguez. Volvieron a reanudarse después de que este quedara desautorizado por el ministro de Justicia, el expistolero cenetista García Oliver.
6. La supervisión quedó en manos no de la DGS, relegada como brazo ejecutor, sino del miembro más prominente del Buró Político que permaneció en Madrid: Fernández Checa. Uno de los policías, Ramón Torrecilla Guijarro, declaró posteriormente que solía informar a Organización sobre cómo iba la operación. Esto respondía estrictamente al modus operandi comunista. El secretario de Organización era, en los diferentes partidos comunistas nacionales, el enlace con los servicios de inteligencia soviéticos. Lógico. En la concepción comunista de la lucha contra la reacción, la NKVD era al partido lo que el partido era a las masas: su vanguardia.
7. Fernández Checa era también el responsable de una sección consustancial a toda organización de corte leninista: el aparato secreto o ilegal, compuesto de “cuadros especiales” que se activaban según el contexto en que se desenvolviera el partido. Uno de los consejeros militares en España, Mansurov (Xanti), rememoró haber trabajado con él en la capacitación de tales cuadros. Algunos se formaron in situ; otros, como Santiago Álvarez Santiago (participante en las reuniones del consejo de la DGS en noviembre de 1936 y uno de quienes engranaban con los delegados en las prisiones para seleccionar a los presos que irían camino del matadero), se instruyeron en la sección especial político-militar de la Escuela Leninista de Moscú o en su seminario político. Fue el caso de Isidoro Diégez (responsable del PC madrileño). También los de Lucio Santiago (jefe de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, movilizadas para las “sacas”), Andrés Urrésola (policía encargado de efectuarlas en Porlier), Agapito Escanilla (secretario del Radio Oeste del PC) o Torrecilla (miembro del consejo de la DGS y enlace con el Buró Político). El aparato se incrustó en la DGS mucho antes de noviembre. Todos se habían ya curtido en la eliminación de falangistas.
8. El nombre y doble papel de Fernández Checa no han aparecido, que sepamos, en los centenares de páginas vertidas sobre Paracuellos por los autores profranquistas. Pero su responsabilidad tanto en el chispazo inicial como en la supervisión y vigilancia de la operación es innegable. La dualidad de cadenas de mando nunca existió para quienes la ejecutaron: su lealtad no la debían a la Junta de Defensa sino exclusivamente al partido, vanguardia consciente de la lucha antifascista. El operativo fue netamente comunista. Los anarquistas más bien auxiliares.
9. Tanto desde el punto de vista profranquista, como después para autores en busca de notoriedad, siempre fue más “productivo” centrar la atribución de responsabilidades en Santiago Carrillo. Fernández Checa murió en México en 1940. La mayoría de los “cuadros especiales” fueron ejecutados en España en 1941-42. Todos quedaron amortizados como elemento arrojadizo de la publicística antirepublicana. Sorprende un tanto la absolución otorgada a Miaja. Sin duda no cabía extraer mucho capital propagandístico poniéndole en solfa. No ocurre lo mismo con Carrillo, hasta el punto de desfigurar arteramente hace poco tiempo las referencias que a él hizo Felix Schlayer, cónsul honorario de Noruega y súbdito alemán que publicó sus memorias durante el cálido régimen del maestro Goebbels. Curioso es también que el número de citas a Carrillo sea más abundante en las glosas posteriores de la Causa General que en la propia documentación del procedimiento. No tuvo un expediente propio hasta su promoción como ministro en el gobierno Giral en el exilio en 1946. Un mero repaso a la hemeroteca digital de Abc llevará al lector a la conclusión de que su nombre aparece tanto más vinculado a Paracuellos cuanto más se aproximaba la transición. Una batalla del pasado que sigue librándose en tono presentista.
10. El énfasis que continúa poniéndose sobre Paracuellos cumple dos funciones esenciales. En primer lugar, sirve para epitomizar el “terror rojo”. Paracuellos aparece como norma en lugar de lo que realmente fue, una dramática excepción que continúa presentándose como algo de lo que fue responsable el Gobierno de la República. En segundo lugar, sirve de inmejorable tapadera para ocultar la represión franquista, mucho más sangrienta y duradera. Los “mini-Paracuellos” de que están esmaltadas las regiones en que triunfó la sublevación no cuentan. Su recuerdo hay que obliterarlo con humo e incienso. Es molesto leer, particularmente en este periódico, cómo en las cunetas y fuera de los cementerios, a veces en modernas urbanizaciones, las “fosas del olvido” tienen la desagradable ocurrencia de emerger tan pronto se excava.
España es en esto un caso único, y auténticamente vergonzoso, en la Europa occidental. Paracuellos se ha convertido en la contraseña taumatúrgica para oscurecer, de forma pavloviana, un terror mucho más brutal.
Fernando Hernández Sánchez, José Luis Ledesma, Paul Preston y Ángel Viñas son contribuidores en la obra En el combate por la historia (Pasado y presente, 2012).
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