Una noticia desconocida en España La nacionalización de General Motors

Uno de los pilares del pensamiento neoliberal ha sido la creencia de que el sector privado es más eficiente que el sector público. De ahí deriva su postura de que hay que privatizar las empresas públicas. Este dogma aparece también en otra versión, cuando se subraya que la mejor manera de actuar frente al fracaso de una empresa privada es dejar que se colapse permitiendo que las fuerzas del mercado actúen con plena libertad. Solo en caso de que el tamaño de tal empresa sea excesivamente grande (como ocurrió con la mayoría de empresas financieras de Wall Street) y su colapso pudiera causar una crisis a toda la economía, está justificado darle el dinero que necesite, pero sin intervenir a través de una gestión por la vía pública de tal empresa. La palabra nacionalización está prohibida en la narrativa neoliberal.
De ahí que el partido neoliberal norteamericano, es decir, el Partido Republicano, semejante al Partido Popular en España, se opusiera por todos los medios a que el Estado federal nacionalizara a la General Motors y a la Chrysler, las dos empresas automovilísticas más poderosas de EEUU (junto con la Ford) cuando éstas se declararon en bancarrota. El gobierno federal las quería nacionalizar para evitar el enorme impacto negativo que el cierre de tales empresas hubiera significado para grandes regiones industriales de EEUU.
Los republicanos inmediatamente auguraron un desastre económico, resultado –según ellos- de una supuesta captación del gobierno federal por parte de los sindicatos del automóvil (UAW) que, al imponer una “medida socialista” (así definieron la intervención), crearía un enorme agujero en las cuentas del Estado. Es interesante contrastar esta resistencia del Partido Republicano a nacionalizar General Motors y Chrysler, con el apoyo y respaldo de tal partido a la ayuda federal a Wall Street que fue muchas veces superior a las cantidades utilizadas en la nacionalización de las empresas automovilísticas.
Afortunadamente, los resultados de esta nacionalización están ya disponibles para el público. E.J. Dionea acaba de publicar un artículo en el The Washington Post en el que indica que la General Motors, que había perdido 4.300 millones de dólares en el momento álgido de la crisis, había declarado este año 2.500 millones de beneficios. En realidad, la General Motors ha pagado ya al gobierno federal el préstamo que recibió cuando se declaró en bancarrota. Y lo que es más importante, ello se ha corregido sin que la General Motors tuviera que forzar despidos masivos. El único despido forzoso que hizo el gobierno federal fue el del equipo directivo de la General Motors (y de Chrysler), nombrando a un nuevo equipo. En cuanto al resto de empleados, se pactaron los cambios que debían realizarse con el sindicato del automóvil, United Autoworkers of America.
Este sindicato desea ahora que la altamente exitosa GM, no se venda al sector privado, convirtiéndose en su lugar en una cooperativa tipo Mondragón. El sindicato UAW ha pedido a la cooperativa Mondragón del país vasco que les aconseje sobre como convertir una de las empresas más importantes de la manufactura del mundo en una cooperativa. En realidad, la solidaridad expresada por los trabajadores de la nacionalizada General Motors con la nueva empresa y con sus compañeros trabajadores, explica que aceptaran reducciones salariales y reducción de horas de trabajo en lugar de eliminación de puestos de trabajo. Éstas son las bases del cooperativismo, que requiere una cultura de solidaridad para su éxito. La mejor prueba de ello es la cooperativa vasca Mondragón, punto de referencia internacional del cooperativismo, que explica la petición de asesoría por parte del sindicato UAW, uno de los sindicatos más progresistas existentes en EEUU
La administración Obama, sin embargo, presionada por algunos de sus economistas neoliberales (de los cuales hay muchos en el Departamento de Economía del gobierno federal), está favoreciendo la venta de la GM a las empresas privadas, con el apoyo y aplauso del Partido Republicano. El sindicato UAW, tal como he señalado, se opone, y está proponiendo la vía cooperativa. De lo que se decida, dependerá mucho el futuro industrial de EEUU.
Por otra parte, el éxito de la nacionalización de GM ha reavivado las voces de aquéllos centros de reflexión económica, tales como el Center for Economic and Policy Research, de Washington, que habían sugerido al gobierno Obama que nacionalizara sectores de la Banca o que creara una banca pública. Toda la evidencia acumulada parece concluir que no estaríamos hoy en medio del caos financiero en el que estamos si se hubieran tomado tales medidas. Vinçent Navarro

ISLANDIA TRIPLICARA SU CRECIMIENTO EN 2012 TRAS ENCARCELAR A POLITICOS Y BANQUEROS

Islandia consiguió acabar con un gobierno corrupto y parásito.
Encerró a los responsables de la crisis financiera en la cárcel.
Empezó a redactar una nueva Constitución hecha por ellos y para ellos.
Y hoy, gracias a la movilización, será el país más próspero de un occidente sometido a una tenaz crisis de la deuda.
Es la ciudadanía islandesa, cuya revuelta en 2008 fue silenciada en Europa por temor a que muchos tomaran nota.
Pero lo lograron, gracias a la fuerza de toda una nación, lo que empezó siendo crisis se convirtió en oportunidad.
Una oportunidad que los movimientos altermundistas han observado con atención y lo han puesto como modelo realista a seguir.
Desde En Positivo, consideramos que la historia de Islandia es una de las más buenas noticias de los tiempos que corren.
Sobretodo después de saber que según las previsiones de la Comisión Europea, este país del norte atlántico, cerrará el 2011 con un crecimiento del 2,1% y que en 2012, este crecimiento será del 1,5%, una cifra que supera el triple que la de los países de la zona euro.
La tendencia al crecimiento aumentará incluso en 2013, cuando está previsto que alcance el 2,7%.
Los analistas aseveran que la economía islandesa sigue mostrando síntomas de desequilibrio.
Y que la incertidumbre sigue presente en los mercados. Sin embargo, ha vuelto a generar empleo y la deuda pública ha ido disminuyendo de forma palpable.
Este pequeño país del periférico ártico rechazó rescatar a los bancos.
Los dejó caer y aplicó la justicia sobre quienes habían provocado ciertos descalabros y desmanes financieros.
Los matices de la historia islandesa de los últimos años son múltiples.
A pesar de trascender parte de los resultados que todo el movimiento social ha conseguido, poco se ha hablado del esfuerzo que este pueblo ha realizado.
Del límite que alcanzaron con la crisis y de las múltiples batallas que todavía están por resolver.
Sin embargo, lo que es digno de mención es la historia que habla de un pueblo capaz de comenzar a escribir su propio futuro, sin quedar a merced de lo que se decida en despachos alejados de la realidad ciudadana.
Y aunque sigan existiendo agujeros por llenar y oscuros por iluminar.
La revuelta islandesa no ha causado otras víctimas que los políticos y los hombres de finanzas.
No ha vertido ninguna gota de sangre.
No ha sido tan llamativa como las de la Primavera Árabe.
Ni siquiera ha tenido rastro de mediática, pues los medios han pasado por encima de puntillas.
Sin embargo, ha conseguido sus objetivos de forma limpia y ejemplar.
Hoy por hoy, su caso bien puede ser el camino ilustrativo de los indignados españoles, de los movimientos de Occupy Wall Street y de quienes exigen justicia social y justicia económica en todo el mundo. (Noticia recibida por Internet)

Marx is back

Desde hace tres años, en el cementerio londinense de Highgate se oye por las noches una risa atronadora que hiela la sangre a los vigilantes. Atraído por el caso, nuestro Iker Jiménez hizo noche entre las lápidas y localizó el origen de las carcajadas: salen de la tumba del más ilustre de los inquilinos de Highgate: Karl Marx.
Marx ha vuelto, como se titula el último libro de Daniel Bensaïd, que viene a decirnos lo que muchos ya sospechábamos: que el pensador de Tréveris está más vivo que nunca, y la quiebra del capitalismo nos lleva a revisar su obra, donde ya se anticipaban crisis como esta. No estaba muerto, ni de parranda, ni tampoco es otro zombi. Más bien lo enterraron vivo, prematuramente, y ahora, cuando el capitalismo global degrada por igual el planeta, las condiciones de vida y su propia supervivencia, está de vuelta. En las librerías se multiplican las ediciones resumidas de El Capital, y todo tipo de títulos que actualizan su obra, al tiempo que cada vez más gente emplea términos proscritos del lenguaje político durante demasiados años en los que decir “lucha de clases” te hacía pasar por trasnochado.
Como sus sepultureros sabían que no estaba muerto, se ocuparon de echar sobre su tumba varias capas de hormigón, en forma de tópicos difamantes para que nadie se acercase a su tumba, no sea que le oyesen removerse en el ataúd. Ya conocen esos tópicos, pues hemos crecido con ellos: el marxismo pasó a la historia, fracasó como sistema político, llevó miseria y terror a millones de personas, es incompatible con la libertad y la democracia, reduce todo lo humano a cuestiones económicas, ya no hay lucha de clases ni tampoco clase obrera, creó monstruos como Stalin…
A refutar una por una todas esas críticas y devolver toda su frescura al marxismo original se dedica un libro formidable cuyo título ya es una declaración: Por qué Marx tenía razón, de Terry Eagleton, que además funciona como introducción asequible al pensador que mejor comprendió el funcionamiento de ese mismo capitalismo que hoy intenta refundarse a nuestra costa. Léanlo, y rían con él. Isaac Rosa en Público. Fuente: http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2012/02/13/marx-is-back/

La reforma laboral facilita los ERE en la Administración

La “insuficiencia presupuestaria” durante nueve meses permitirá despidos colectivos en el sector público.
La reforma laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los “entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, según reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.
Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Además, la reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para despedir a 39 de sus 569 empleados.
Lo que no podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal... Leer todo aquí en El País.

El apoyo de juristas y observadores internacionales a Baltasar Garzón

¿Cómo situamos este juicio en el marco internacional? ¿A qué derechos de las víctimas de los genocidios nazi y fascista puede afectar? ¿A quién anima en el continente que se autoproclama defensor de los Derechos humanos? ¿Y, fuera del continente, tenemos en cuenta las violaciones que vienen realizando EEUU e Israel? ¿Es posible el revisionismo histórico en Europa por parte de los genocidas? ¿Se está en España en la lucha entre franquismo y democracia desde 1936?
Por lo que se refiere al Estado español, el problema dela Memoria Históricacruza el corazón del presente. Estar a favor de Garzón o en contra desde posiciones de izquierda deja de ser lo primero si nos ponemos ante el significado de su juicio. Los franquistas se felicitan y se premian ante el procesamiento. El juicio a Garzón es el resorte franquista (“No consiento que en mi presencia se hable mal de Franco”, declara Juan Carlos de Borbón) para atemorizar y corregir la tendencia social de condena de los crímenes franquistas y llevar a sus responsables a juicio. El propósito de los fascistas es aferrarse a los órganos de poder para que todo siga atado y bien atado. Pero los Crímenes de Lesa Humanidad no prescriben, y hay tribunales internacionales que los persiguen, y sabemos que más pronto que tarde van a ser juzgados.
Prestigiosos juristas y observadores internacionales relacionados con los Derechos Humanos siguen sumándose a numerosas declaraciones de apoyo al juez Baltasar Garzón. Tras nuevas manifestaciones de la ciudadanía en su defensa y en protesta por los juicios de la vergüenza, Crónica Popular recoge algunas de las opiniones y argumentos en pro de los derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional que se están produciendo.
María Ángeles Siemens. Directora general del Comité Español del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y presidenta dela Asociación de Derechos Civiles.
“Forma parte del Derecho Internacional y de los derechos humanos el reconocimiento y la reparación a las víctimas. En el juicio a Garzón no se discute su argumento, sino la defensa del Derecho Internacional. Hasta ahora el Tribunal Supremo se ha negado a escuchar a las víctimas del franquismo, algo insólito.”
Manuel Ollé. Presidente dela Asociación Pro Derechos Humanos de España.
“Desde la independencia que representamos no entendemos cómo se puede abrir la causa contra Garzón cuando los crímenes del franquismo son de lesa humanidad. España tiene obligaciones claras con el Derecho Internacional.”
Alicia Moreno. Abogada e integrante del Comité Coordinador de Rights Internacional Spain
“En un auto del 28 de mayo de 2009, en Granada, el juez de aquel auto declaró que eran crímenes contra la humanidad. Nadie le denunció. El 15 de abril de 2009 se dictó otro auto en los mismos términos. El 2 de julio de 2009 otro juez abre un auto similar declarando que los crímenes del franquismo son crímenes contra la humanidad. Luego Garzón no es el único que juzga estos crímenes, pero si es el único que va a ser juzgado.
El Tribunal Supremo olvida que al militar argentino Adolfo Scilingo la Audiencia Nacional le juzgó y condenó a 640 años de cárcel por crímenes contra la humanidad; que en 2003, en el caso Guatemala, también juzgó por crímenes contra el Derecho Internacional. Debe saber que el ministerio fiscal avala los juicios contra los cambios sobre los campos de exterminio nazi, y el juicio de Nuremberg es uno de los seguidos.
El juez instructor del juicio a Garzón parece desconocer lo expuesto aquí diciendo que juzgar los crímenes franquistas es propio de una imaginación exacerbada por parte de Garzón.”
Hugo Relva. Consejero jurídico de Amnistía Internacional.
“Está clara la imprescriptibilidad de los crímenes franquistas. España es parte de la Convención de 1999 sobre el Derecho en/de los Tratados dela ONU, y todo tratado firmado por un Estado debe ser cumplido, y no puede (Artículo 27) no cumplir basándose en su derecho interno. La prescripción de los crímenes de lesa humanidad no es autorizada por el Derecho Internacional. Los crímenes contra el Derecho Internacional no prescriben.”
Reed Brody. Portavoz de Huwman Right Watch.
“Es la primera vez que en un país dela UE es juzgado un juez por aplicar los Derechos Humanos. Si eso ocurriese en países de Oriente la reacción sería inmediata. “La independencia de jueces y abogados no es un fin sino un medio”, ha declarado el Ministro de Justicia brasileño. ¿Las víctimas del franquismo tienen menos derechos que las víctimas del pinochetismo? En Naciones Unidas los relatores han declarado que para proteger a la sociedad debe protegerse la independencia de los jueces, para lo que deben contar con cierto grado de inmunidad; la respuesta a una sentencia es la invalidación de la sentencia. Procesar a un juez conduce a la timidez de los jueces. El mensaje que envían los que juzgan a Garzón es que el juez que incomoda sufre represalias. No se puede aceptar que se impida la aplicación del Derecho Internacional.
Aquí no han dejado ver y sentir la repercusión internacional para mantener oculta ante el pueblo la importancia de los crímenes franquistas y las denuncias internacionales, y de esa manera tratan de evitar que repercuta en la sociedad”. Ramón Pedregal Casanova. Crónica Popular- Fuente: http://www.cronicapopular.es/?p=7553
"La sentencia ha caído como una bomba allá, acá y en todo el mundo". La prensa internacional recoge las reacciones a la inhabilitación del juez Garzón.
Declaraciones y comunicados de Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH sobre nuestro país en general, aquí. Y sobre lo que considera la doble vulneración de la independencia judicial en el juicio contra el juez Garzón por el T. Supremo, aquí.

¿Cómo me afecta la reforma laboral?

Los cambios en la normativa del trabajo no solo tendrán impacto en los contratos nuevos
Si se enfrenta a un despido, las reglas del juego son nuevas
La reforma laboral que entrará en vigor mañana, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al ser aprobada como un decreto ley por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, no solo afectará a quienes logren un nuevo contrato. Todos los trabajadores, en mayor o menor medida, se enfrentan a unas nuevas reglas del juego dentro de un marco diferente al que había establecido el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la anterior reforma. El Ministerio de Empleo ha ofrecido las primeras pistas sobre los cambios en la normativa tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
¿Me afecta el contrato de 33 días?
Los trabajadores que logren un nuevo empleo, firmarán un contrato con una indemnización máxima por despido (por ejemplo, si se trata de un despido improcedente) de 33 días por año trabajado, con un tope de compensación de 24 mensualidades. Antes esa indemnización máxima era de 45 días y con el tope de 42 mensualidades. Es decir, si trabaja para su empresa a partir de mañana durante 10 años con un sueldo de 20.000 euros anuales, la indemnización máxima será aproximadamente de de 1.808 euros (correspondiente a 33 días de trabajo) multiplicado por 10, que son los años trabajados. 18.080 euros en total, frente a los 24.650 euros que hubiera cobrado con 45 días de indemnización.
Los trabajadores que ya tuvieran un contrato no se escapan de la reforma referente a los días de indemnización por despido. Si su contrato anterior recogía una indemnización máxima de 45 días por año trabajado, esa será su compensación, pero contando solo hasta ayer. A partir de ahora, los años que siga trabajando para su empresa le acumularán indemnización de 33 días. Es decir, si llevara 10 años trabajando para su empresa y lo despidieran el año próximo de manera improcedente (11 años en total), cobraría en dos tramos su compensación: el equivalente a diez años con 45 días de indemnización y el último, en el que ya funciona la reforma laboral, con 33 días de indemnización.
¿Será más fácil para las empresas despedirme?
Las empresas que quieran realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y por tanto acogerse a pagar la indemnización mínima (20 días por año trabajado con un máximo de un año) no necesitarán el visto bueno de la Autoridad Laboral. Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.
Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades). Según ha explicado la ministra de Empleo, las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen "pérdidas actuales o previstas" o una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos".
¿Qué tipos de despido me pueden aplicar ahora?
Depende de si el despido se considera procedente o improcedente. Si es procedente (porque la empresa puede acogerse a causas económicas, organizativas, etc) la indemnización será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.
Si el despido es considerado improcedente o logra un pacto con su empresa, podrá cobrar 45 días por año (un máximo de 42 mensualidades) por los años trabajados hasta hoy y a partir de mañana acumulará 33 días por año trabajado con tope de 24 meses. Si su contrato empieza mañana, y llega a ser despedido en el futuro de modo improcedente, cobrará 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses.
¿Podré encadenar en una empresa contratos temporales?
Como máximo durante 24 meses. A partir del 31 de diciembre, volverá estar prohibido mantener a un trabajador más allá de los dos años con contratos temporales.
¿Qué ventajas tendrán los jóvenes a la hora de lograr contratos?
La reforma quiere que las pequeñas y medianas empresas cuenten con jóvenes. Por eso, se les permitirá tener a los empleados de menos edad con un periodo de prueba de un año. Además, la empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años. Si se trata de un un nuevo empresario quien contrata a su primer trabajador.
Las empresas (de cualquier tamaño) que contraten jóvenes de menos de 30 años, también tienen bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que abonen por ellos. 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato.
¿Hay ayudas para contratar a parados de más de 45 años?
Hay bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si se trata de desempleados de larga duración. La empresa podrá ahorrarse 1.300 euros al año los tres primeros años de su contratación.
¿Qué tendrá que hacer la empresa para reducirme la jornada laboral?
La empresa podrá realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que suponga la reducción de la jornada laboral sin acudir a la Autoridad Laboral, como venía siendo necesario hasta ahora. Aparte de todo lo que se negocie a un nivel superior, el empresario y los representantes de los trabajadores pueden consensuar un convenio propio que se adapte a sus peculiaridades.
Si soy un parado con prestación, ¿a qué estoy obligado?
La nueva normativa prevé que los parados que formen parte de las listas del Inem y estén cobrando las prestaciones puedan "realizar servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios con las Administraciones Públicas". Gracias a este resquicio legal, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, podrá tirar de parados para que trabajen en bibliotecas u otros servicios públicos. Botella había pedido voluntarios para estas tareas. El Gobierno pretende controlar las bajas injustificadas y las incapacidades temporales a través de las mutuas de trabajo.
¿Tengo derecho a formación?
Todos los trabajadores tendrán derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa. Se amplía hasta los 30 años el contrato de formación y aprendizaje, hasta que el paro baje del 15%.
¿Las mujeres tienen ventajas a la hora de ser contratadas?
Las empresas de sectores tradicionalmente masculinos cuenta con algunas bonificaciones si contratan mujeres. Si se trata de mujeres de menos de 30 años, a las reducciones al paro de la Seguridad Social para los jóvenes, se les añaden otros 100 euros más (es decir, 1.100 euros de ayuda el primer año). Si se trata de mujeres de más de 45 años, en paro de larga duración, la bonificación de 1.300 euros se eleva a 1.500 euros. (de El País)

La oficina de la ONU para los derechos humanos pide derogar la ley española de amnistía

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos.
"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación".
Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.
La citada oficina ha descartado comentar la condena emitida contra Baltasar Garzón por el "caso Gürtel", pero, en alusión a la causa abierta en su contra por declararse competente para investigar los crimenes cometidos por el franquismo, ha opinado que "los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo", habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía para "graves crímenes internacionales". 10/02/2012 20:34:00. Ginebra.

El PP pide respeto para el Supremo mientras los partidos de izquierda critican la condena a Garzón

Aguirre:"Creo que es un día muy alegre para la democracia y no muy triste"
Cayo Lara (Izquierda Unida): "Hoy es un día triste para la justicia española y para los demócratas". "Nos llama poderosamente la atención la celeridad del Supremo para condenar a un juez que persigue delitos de presunta corrupción mientras los presuntos corruptos todavía no se han sentado en el banquillo". "Vamos a tener dificultades para explicarles a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".
Gaspar Llamazares (IU): "Es una injusticia monstruosa". "Un un linchamiento y un escándalo". Leer más aquí en El País.
Los del brindis. Los jueces que se enfrentan a las mafias, como los fiscales y policías, están solos ante el peligro. Leer todo el artículo de Manuel Rivas en El País.
Dirán lo que quieran los jueces, pero este es el juez. Y ahí lo ven, sacrificado en una pira en cuyo encendido han ido colaborando muchos, hasta la sentencia final... por ahora. ... El Juez. Juan Cruz, en El País.

Garzón condenado a 11 años de inhabilitación

El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los corruptos del caso Gürtel, trama vinculada al PP, lo que implica su expulsión de la carrera judicial. La condena añade además el pago de una multa y las costas. En una sentencia durísima, los jueces del Supremo acusan a Garzón de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” utilizando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro. Garzón, según su abogado, Francisco Baena Bocanegra, está "desolado" y estudia ya si recurre ante el Constitucional.
Para sus jueces, Garzón causó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo”. La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”. También le atribuye prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”,... Leer todo aquí en El País. Opiniones de algunos juristas extranjeros; Henrik Janbell y Caroline Edelstam, aquí.

Más allá de la crisis

De lo que quisiera hablarles [1] no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo.
Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.
Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.
Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.
En un articulo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.
Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.
Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.
Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.
La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.
Asi se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante),... seguir aquí el artículo de Josep Fontana.

A sangre fría. Sobre la pena de muerte.

Los escritos de Camus, Koestler y Dos Passos sobre la pena de muerte invitan a pensar en la nueva soberanía política

Si hubiera que elegir una sola imagen, tan honesta como completa, que resumiese con la fuerza del relato vivido todas las razones que pueden esgrimirse contra la pena de muerte, ninguna sería tan clara como la historia que cuenta Albert Camus al comienzo de sus Reflexiones sobre la guillotina, reeditadas ahora en castellano por Capitán Swing. En 1914 se produjo en Argelia un crimen especialmente execrable (porque comportaba ensañamiento con menores), que despertó las iras de la opinión pública contra el asesino. El padre de Camus unió su honrada indignación a la de la muchedumbre enfurecida que reclamaba para el culpable la ejecución pública en la guillotina. A través de los recuerdos de su madre, el escritor reconstruye cómo se vivió en su hogar el día del cumplimiento de la sentencia: su padre se levantó antes del amanecer para sumarse a la multitud que se agolpaba en el escenario del patíbulo; acabada la ceremonia, regresó a casa, pálido y trastornado, se tumbó un momento en la cama, vomitó largamente y nunca más volvió a decir una palabra sobre aquel asunto. "En lugar de pensar en los niños asesinados", comenta Camus, "sólo podía pensar en ese cuerpo jadeante que acababan de arrojar sobre una tabla para cortarle el cuello". ... leer todo aquí en El País.