Eugenio Fernández Vázquez
IPS
La Premio Nobel de Economía 2019, Esther Duflo, junto con otro de los dos economistas a los que se ha concedido este año el galardón, Abhijit Banerjee, durante una visita a una zona pobre de India. El tercer premiado es Michael Kremer. Crédito: Sciencesnews
El lunes 14 se anunció que Esther Duflo, la gran estudiosa de la economía de la pobreza y de las políticas públicas, ganó el Premio Nobel de Economía . La Academia Sueca explicó que tomó su decisión por “el enfoque experimental del combate a la pobreza” que Duflo, su colega Abhijit Banerjee y Michael Kremer han usado e impulsado en las últimas dos o tres décadas.
Duflo es la persona más joven y apenas la segunda mujer en ganar el Nobel de economía, y de hecho tiene mucho en común con Elinor Ostrom, la primera en recibir el galardón.
Igual que ella, ha sido la abanderada no solo de un nuevo enfoque para la economía, sino de nuevas temáticas y nuevas dimensiones de esa disciplina, que contribuyen a anclarla a lo terrenal, a lo real.
Tanto Ostrom como Duflo se han ocupado de temas que han quedado tradicionalmente de lado en la ciencia económica: la acción colectiva y la pobreza, respectivamente.
No es de extrañar que hayan sido mujeres las premiadas por ello, pues son dos áreas que solo se pueden entender a cabalidad desde perspectivas feminizadas, por lo que tienen de ancladas en la tierra y en la vida cotidiana, y por lo que implican de atención al cuidado, la solidaridad y los vínculos con el otro, algo muy ajeno a la sensibilidad heteropatriarcal.
Uno de los artículos que lanzó a la francesa Duflo al estrellato explicó justamente cómo la presencia de mujeres en la política cambia la forma en que esta se ejerce y los temas a los que se da importancia.
Se trata de un estudio en el que ella y Raghabendra Chattopadhyay mostraron que en India las alcaldesas daban prioridad a temas relacionados con tareas asignadas a las mujeres, como la infraestructura vinculada al agua, al contrario que los hombres.
Algo similar ocurre en todas partes y a todos los niveles.
La economía –que, como todas las disciplinas, es dominada por hombres desde siempre- se ha ocupado poco de aspectos “femeninos” de la forma en que las sociedades lidiamos con la escasez de recursos y de la vida en general.
Siendo que las mujeres tradicionalmente han sido las que lidian con la reproducción y los cuidados, y las que más padecen la pobreza y sus violencias, estos elementos fundamentales para entender el día a día del grueso de las sociedades habían quedado olvidados por los economistas.
El trabajo de Duflo ha sido en eso revolucionario, pues ella ha investigado la pobreza desde una perspectiva enormemente innovadora, al concentrarse no en sus grandes indicadores, sino en sus manifestaciones concretas, sus efectos en la vida de la gente, la forma en que se reproduce, sus posibles soluciones.
Esa forma de anclarse en lo cotidiano, de fijarse en los efectos de lo micro y en los mecanismos de la pobreza es algo nunca antes visto, y creo yo que solo una mujer podía lograrlo.
Además, casos como el de Duflo ilustran cómo las mujeres, en gran medida por venir de fuera y también por la experiencia distinta del mundo, pueden hacer preguntas muy incisivas y novedosas, que habían permanecido pendientes.
Solo una outsider que no pertenece a uno de esos clubes masculinos formales e informarles que lo dominan prácticamente todo y que tienen todo por perder cuando se sacude una disciplina, podía haber detectado, descrito y puesto de relieve algo tan importante como la necesidad de poner atención a la forma en que se implementan las políticas públicas, sus interacciones e intersecciones con otras dinámicas, sus efectos inesperados.
Eso es justo lo que hizo Duflo al ofrecer la conferencia Richard T. Ely de la Asociación de Economía Americana , de Estados Unidos.
En el Nobel para Esther Duflo no solo hay que celebrar el premio a una economista revolucionaria y al estudio de la pobreza y sus soluciones. También hay que festejar que se da un lugar preponderante a esas dimensiones de la economía que suelen olvidarse: las interacciones a nivel local, los mecanismos por los que operan los fenómenos económicos –incluidas las políticas públicas- y la salida de la pobreza.
El premio también nos recuerda la importancia de diversificar la economía y todas las áreas del conocimiento y la acción, pues de otra forma nos quedamos con una sola perspectiva y nos perderemos de innovaciones tan cruciales como las que ella ha logrado.
Eugenio Fernández Vázquez, consultor ambiental en el mexicano Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, una publicación del colectivo mexicano Periodistas de a Pie.
RV: EG
Fuente:
http://www.ipsnoticias.net/2019/10/nobel-esther-duflo-premia-una-revolucion-economia/
viernes, 22 de noviembre de 2019
jueves, 21 de noviembre de 2019
Suiza debe suspender toda cooperación a los golpistas Más de 70 personalidades políticas contra el golpe de Estado en Bolivia
Sergio Ferrari
Rebelión
Autoridades y exautoridades municipales, cantonales y nacionales de Suiza publicaron el tercer miércoles de noviembre una declaración sobre la situación boliviana. Hablar de renuncia voluntaria (de Evo Morales) es una “ficción”. El término “que corresponde utilizar es el de golpe de Estado”, enfatizan los firmantes.
Las violaciones de los derechos humanos, la militarización del espacio público, el anuncio de “cacerías” contra antiguos ministros – aparte de las declaraciones llenas de racismo y fanatismo religioso hechas por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez- “nos hacen temer lo peor para los días que vienen” enfatizan los firmantes.
Encabeza la lista de los firmantes el sociólogo Jean Ziegler, ex diputado nacional y ex Relator Especial Contra el Hambre de las Naciones Unidas; el senador nacionales Carlo Sommaruga del Partido Socialista y su colega Verde Lisa Mazzone. También suscriben la declaración Denis de la Reussille, diputado nacional por el Partido Obrero y Popular (POP) y la recientemente electa diputada nacional Stefanie Prezioso, representante de la Alianza de Izquierda.
El ex diputado nacional Franco Cavalli, ex presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer y personalidad de referencia del movimiento de solidaridad suizo con América Central y Cuba es otra de las personalidades que suscriben la declaración pública. La misma ( https://drive.google.com/file/d/1LOfotFrm7CBSxRj7_VPbInxNEBH1JAy9/view), publicada en español, francés y alemán está abierta a nuevas adhesiones de otros referentes políticos que en los próximos días quieran sumarse, informaron los promotores de la iniciativa.
Las personalidades suizas se posicionan enfáticamente contra ciertas informaciones y análisis que insisten en la teoría de la renuncia voluntaria del presidente Evo Morales, su vicepresidente y los jefes de las cámaras de diputados y senadores. Ciertos medios de información, así como “ciertas cancillerías han producido narrativas que están en total contradicción con los hechos tal como nosotros los entendemos. Fue el resultado de la combinación de violencia y amenazas perpetradas por grupos violentos sobre autoridades electas…así como de la ausencia de protección policial a instituciones y autoridades públicas en todo el país”. La *sugerencia* de renuncia que el alto mando policial y militar hicieron al Jefe de Estado es un “claro abuso”, expresión de un golpe de Estado, precisan.
Las personalidades políticas exigen que “la Confederación Helvética no contribuya con su silencio o su complicidad a la legitimación del Gobierno de la Señora Añez”. Y piden al Consejo Federal (ejecutivo colegiado) que se “suspenda toda cooperación económica o al desarrollo en tanto que el orden constitucional no haya sido reestablecido en el país y, sobre todo, en tanto que los derechos fundamentales del pueblo boliviano y sus elegidos no sean respetados”. Aclaran los firmantes que esa toma de posición no implica penalizar a las ONG suizas que apoyan directamente a las comunidades de base.
Los firmantes piden a la cancillería helvética (Departamento Federal de Asuntos Exteriores) que instruya al cuerpo diplomático en funciones para que reitere a las “autoridades de facto” que ejercen actualmente el poder en Bolivia , “el apego de nuestro país a los derechos humanos y a recibir , si fuese necesario, en nuestra embajada, o a través de procedimientos de asilo, las personas que fuesen objeto de persecuciones”.
“El ejército boliviano debe volver a sus cuarteles”, insisten las personalidades políticas suizas. Y debe convocarse a “nuevas elecciones, bajo el auspicio de la Asamblea Nacional boliviana cuyo mandato se extiende hasta el final de la legislatura en enero del 2020”, concluye el documento publicado el miércoles 20 de noviembre.
Texto completo en tres idiomas: (https://drive.google.com/file/d/1LOfotFrm7CBSxRj7_VPbInxNEBH1JAy9/view)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Common
EDUCACIÓN El hombre detrás de las escuelas que han acabado con el clasismo eligiendo a sus alumnos por sorteo
El estadounidense Larry Rosenstock gana un premio a la innovación educativa en Qatar, dotado con 500.000 dólares, por crear una red de colegios contra la segregación
El trabajo de Larry Rosenstock (1948, Nueva York) parte de una premisa. Detrás de la decisión de qué estudiante irá a la universidad en Estados Unidos, hay un factor que pesa más que la intención de la familia; lo que él llama predictor de la educación, o lo que es lo mismo, el nivel socioeconómico de los padres. Una de las realidades que más le dolió a Rosenstock, graduado en Derecho y dedicado a la educación durante más de 40 años, fue darse cuenta de que el origen de esa desigualdad comienza cuando los niños tienen cinco años. En su país, las escuelas segregan, separan a los alumnos en diferentes centros según su perfil socioeconómico y su raza. Por eso, hace 20 años lanzó en San Diego (California) una red de escuelas que luchan contra la segregación, y que ahora le ha hecho valedor del premio a la educación de WISE (cumbre mundial de la innovación educativa, en sus siglas en inglés, organizado por la Fundación Qatar), dotado con 500.000 dólares (454.500 euros).
"Quería demostrar que se pueden obtener buenos resultados académicos mezclando a un grupo heterogéneo de estudiantes”, cuenta Rosenstock sobre su proyecto High Tech High, una red de 16 charter schools (una modalidad de escuelas privadas en Estados Unidos que reciben fondos del Estado y en las que los alumnos no pagan matrícula), en las que el 57% de los alumnos son negros o hispanos y el 50% de entornos desfavorecidos y donde la tasa de acceso a la Universidad es del 98% (la media nacional está en el 69%). “Hemos demostrado algo obvio pero que la sociedad estadounidense se niega a ver; que los chavales con menos recursos son igual de brillantes y que solo necesitan las mismas oportunidades”, explica durante la celebración de WISE, que este año cumple su novena edición y que reúne en Doha a más de 2.000 expertos y a un centenar de medios internacionales, entre los que ha sido invitado EL PAÍS.
La fórmula que rige la selección de alumnos en esos centros es lo que ellos llaman la lotería, un sorteo que realizan mediante un algoritmo que mezcla los distintos códigos postales de la ciudad (siempre entre barrios limítrofes) y escoge a alumnos de diferentes perfiles socioeconómicos. Eso sí, hay algunas normas impuestas que escapan al control del algoritmo: tiene que haber un 50% de niños de familias con pocos recursos y todos aquellos que ya tienen hermanos en los centros tienen prioridad en el acceso. “Con ese sorteo nos aseguramos que habrá una representación diversa, que no acudirán únicamente los que viven cerca, porque en Estados Unidos el barrio en el que vives determina muchas veces la capacidad económica y el capital cultural de las familias”, añade Rosenstock, que también dio clases en la facultad de Educación de Harvard y en Berkeley (California).
Desde el primer momento tuvo claro que quería evitar otros métodos empleados en el país como el llamado busing, la práctica impulsada en diferentes Estados para transportar en autobús a niños a escuelas lejos de sus barrios para rectificar la segregación. “Es demasiado duro, algunos niños están obligados a pasar horas en el bus escolar, tiene que ser menos forzado”.
Los 16 centros de la red High Tech High, que abarcan desde educación infantil hasta bachillerato, no son 100% públicos, ya que la gestión es privada, pero están sometidos a las mismas normas que los públicos: los estudiantes deben pasar cada año los exámenes estandarizados (diseñados por el Estado de California) y deben superar el SAT, la prueba de acceso a la Universidad. “La máxima preocupación de las familias es que sus hijos sean admitidos en universidades de calidad, y en eso nos hemos enfocado, pero en lugar de usar la pedagogía convencional hemos empleado una ruta diferente, con currículos basados en el aprendizaje por proyectos”, explica Rosenstock.
Con la tasa de acceso a la Universidad del 98% es con lo que han convencido a las familias de clase media para que compartan aula con alumnos que durante muchos años han sido estigmatizados. Cada uno de los centros tiene un orientador académico, todos ellos exempleados del servicio de admisiones de universidades. "Conocen muy bien cómo funciona y qué se busca en los estudiantes", aclara Rosenstock. Entre los méritos que los alumnos presentan figura un libro que editan a final de curso sobre algunas de sus investigaciones y su trabajo constante en equipo, ya que la filosofía de los centros es evitar el trabajo de forma aislada. El propio Larry y su esposa, responsable de programas académicos de la red, matricularon a su hijo en uno de los colegios. "Hemos cambiado el mapa escolar: en este país, si eres negro tu realidad va a ser ir un colegio público donde el 90% son como tú, no hay muchos ejemplos de escuelas con diversidad".
Otro de los grandes logros de Rosenstock es que consiguió persuadir al Estado de California para que modificase la regulación que afecta a la acreditación y contratación de profesores. Ahora ellos forman a profesionales en activo (físicos, matemáticos, ingenieros...) en una escuela de magisterio que fundaron en 2008. Muchos de ellos son después contratados. "Anualmente recibimos unas 1.800 solicitudes de profesores interesados en trabajar con nosotros", asegura. "Traen vida real, no libros de texto, y eso es lo que buscamos, huir de la pedagogía tradicional".
¿A qué dedicará los 500.000 dólares de premio? La intención de Rosenstock es abrir un centro de investigación que analice y documente las nuevas pedagogías puestas en marcha en estos últimos 20 años para después crear guías de aprendizaje y exportar su modelo al resto del mundo de forma gratuita. "La revolución empieza por lo material: acabar con las sillas en las aulas, la parte metodológica es más compleja y depende en un 90% del perfil de profesores que eliges", zanja.
https://elpais.com/sociedad/2019/11/14/actualidad/1573732199_604907.html
La fórmula de EE UU para atraer familias a los colegios que nadie quiere, llega a España.
El trabajo de Larry Rosenstock (1948, Nueva York) parte de una premisa. Detrás de la decisión de qué estudiante irá a la universidad en Estados Unidos, hay un factor que pesa más que la intención de la familia; lo que él llama predictor de la educación, o lo que es lo mismo, el nivel socioeconómico de los padres. Una de las realidades que más le dolió a Rosenstock, graduado en Derecho y dedicado a la educación durante más de 40 años, fue darse cuenta de que el origen de esa desigualdad comienza cuando los niños tienen cinco años. En su país, las escuelas segregan, separan a los alumnos en diferentes centros según su perfil socioeconómico y su raza. Por eso, hace 20 años lanzó en San Diego (California) una red de escuelas que luchan contra la segregación, y que ahora le ha hecho valedor del premio a la educación de WISE (cumbre mundial de la innovación educativa, en sus siglas en inglés, organizado por la Fundación Qatar), dotado con 500.000 dólares (454.500 euros).
"Quería demostrar que se pueden obtener buenos resultados académicos mezclando a un grupo heterogéneo de estudiantes”, cuenta Rosenstock sobre su proyecto High Tech High, una red de 16 charter schools (una modalidad de escuelas privadas en Estados Unidos que reciben fondos del Estado y en las que los alumnos no pagan matrícula), en las que el 57% de los alumnos son negros o hispanos y el 50% de entornos desfavorecidos y donde la tasa de acceso a la Universidad es del 98% (la media nacional está en el 69%). “Hemos demostrado algo obvio pero que la sociedad estadounidense se niega a ver; que los chavales con menos recursos son igual de brillantes y que solo necesitan las mismas oportunidades”, explica durante la celebración de WISE, que este año cumple su novena edición y que reúne en Doha a más de 2.000 expertos y a un centenar de medios internacionales, entre los que ha sido invitado EL PAÍS.
La fórmula que rige la selección de alumnos en esos centros es lo que ellos llaman la lotería, un sorteo que realizan mediante un algoritmo que mezcla los distintos códigos postales de la ciudad (siempre entre barrios limítrofes) y escoge a alumnos de diferentes perfiles socioeconómicos. Eso sí, hay algunas normas impuestas que escapan al control del algoritmo: tiene que haber un 50% de niños de familias con pocos recursos y todos aquellos que ya tienen hermanos en los centros tienen prioridad en el acceso. “Con ese sorteo nos aseguramos que habrá una representación diversa, que no acudirán únicamente los que viven cerca, porque en Estados Unidos el barrio en el que vives determina muchas veces la capacidad económica y el capital cultural de las familias”, añade Rosenstock, que también dio clases en la facultad de Educación de Harvard y en Berkeley (California).
Desde el primer momento tuvo claro que quería evitar otros métodos empleados en el país como el llamado busing, la práctica impulsada en diferentes Estados para transportar en autobús a niños a escuelas lejos de sus barrios para rectificar la segregación. “Es demasiado duro, algunos niños están obligados a pasar horas en el bus escolar, tiene que ser menos forzado”.
Los 16 centros de la red High Tech High, que abarcan desde educación infantil hasta bachillerato, no son 100% públicos, ya que la gestión es privada, pero están sometidos a las mismas normas que los públicos: los estudiantes deben pasar cada año los exámenes estandarizados (diseñados por el Estado de California) y deben superar el SAT, la prueba de acceso a la Universidad. “La máxima preocupación de las familias es que sus hijos sean admitidos en universidades de calidad, y en eso nos hemos enfocado, pero en lugar de usar la pedagogía convencional hemos empleado una ruta diferente, con currículos basados en el aprendizaje por proyectos”, explica Rosenstock.
Con la tasa de acceso a la Universidad del 98% es con lo que han convencido a las familias de clase media para que compartan aula con alumnos que durante muchos años han sido estigmatizados. Cada uno de los centros tiene un orientador académico, todos ellos exempleados del servicio de admisiones de universidades. "Conocen muy bien cómo funciona y qué se busca en los estudiantes", aclara Rosenstock. Entre los méritos que los alumnos presentan figura un libro que editan a final de curso sobre algunas de sus investigaciones y su trabajo constante en equipo, ya que la filosofía de los centros es evitar el trabajo de forma aislada. El propio Larry y su esposa, responsable de programas académicos de la red, matricularon a su hijo en uno de los colegios. "Hemos cambiado el mapa escolar: en este país, si eres negro tu realidad va a ser ir un colegio público donde el 90% son como tú, no hay muchos ejemplos de escuelas con diversidad".
Otro de los grandes logros de Rosenstock es que consiguió persuadir al Estado de California para que modificase la regulación que afecta a la acreditación y contratación de profesores. Ahora ellos forman a profesionales en activo (físicos, matemáticos, ingenieros...) en una escuela de magisterio que fundaron en 2008. Muchos de ellos son después contratados. "Anualmente recibimos unas 1.800 solicitudes de profesores interesados en trabajar con nosotros", asegura. "Traen vida real, no libros de texto, y eso es lo que buscamos, huir de la pedagogía tradicional".
¿A qué dedicará los 500.000 dólares de premio? La intención de Rosenstock es abrir un centro de investigación que analice y documente las nuevas pedagogías puestas en marcha en estos últimos 20 años para después crear guías de aprendizaje y exportar su modelo al resto del mundo de forma gratuita. "La revolución empieza por lo material: acabar con las sillas en las aulas, la parte metodológica es más compleja y depende en un 90% del perfil de profesores que eliges", zanja.
https://elpais.com/sociedad/2019/11/14/actualidad/1573732199_604907.html
La fórmula de EE UU para atraer familias a los colegios que nadie quiere, llega a España.
Financiar públicamente las opciones educativas privadas no está en la Constitución,
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Rebelión
La alianza neocon (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquía católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oír a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el país vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas "no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".
La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno “bolivariano” PSOE-Unidas Podemos “cercena el derecho de las familias”, “adopta posturas radicales”, “se aleja del pacto constitucional”, “engrasa la maquinaria de adoctrinamiento”, “declara la guerra”, etc., etc. Todas expresiones de dirigentes políticos y mediáticos de la alianza neocon.
Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendía por el Congreso antes sus palabras, declarando que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.
Recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalía en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).
Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica, ha tuiteado (al estilo Trump: política a través de twitter) que la libertad de enseñanza es "fundamental" en democracia y "está garantizada por la Constitución". Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: “libertad de enseñanza”, que se sustancia en “libertad de creación de centros docentes”, no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artículo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, poco leen la Constitución.
De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.
Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad política del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.
El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.” Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.
No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojadiza contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando "el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología". Haciendo gala justamente de su política y filosofía habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.
Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fíjense en los términos que emplea) “la exclusión del derecho de los padres” supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas “conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”, y que "las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”. Las dos claves esenciales: “libertad de elección” y “demanda social”. La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofía que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.
Lógicamente a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico El Mundo titulaba: “Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio”. Iniciando la crónica con “En un guiño a Podemos… ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español”. Ahí es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un lawfare o guerra política de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos países del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: “Contra la enseñanza en libertad”, o la radio de los obispos, la COPE: “oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura”.
Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria política hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideología, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del país. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mínimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.
Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales, junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantiene a través no solo del poder económico, mediático, judicial y político, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos…
Para saber más: DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2019). La revuelta educativa neocon. Oviedo: TREA.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León
Rebelión
La alianza neocon (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquía católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oír a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el país vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas "no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".
La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno “bolivariano” PSOE-Unidas Podemos “cercena el derecho de las familias”, “adopta posturas radicales”, “se aleja del pacto constitucional”, “engrasa la maquinaria de adoctrinamiento”, “declara la guerra”, etc., etc. Todas expresiones de dirigentes políticos y mediáticos de la alianza neocon.
Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendía por el Congreso antes sus palabras, declarando que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.
Recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalía en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).
Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica, ha tuiteado (al estilo Trump: política a través de twitter) que la libertad de enseñanza es "fundamental" en democracia y "está garantizada por la Constitución". Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: “libertad de enseñanza”, que se sustancia en “libertad de creación de centros docentes”, no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artículo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, poco leen la Constitución.
De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.
Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad política del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.
El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.” Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.
No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojadiza contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando "el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología". Haciendo gala justamente de su política y filosofía habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.
Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fíjense en los términos que emplea) “la exclusión del derecho de los padres” supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas “conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”, y que "las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”. Las dos claves esenciales: “libertad de elección” y “demanda social”. La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofía que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.
Lógicamente a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico El Mundo titulaba: “Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio”. Iniciando la crónica con “En un guiño a Podemos… ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español”. Ahí es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un lawfare o guerra política de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos países del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: “Contra la enseñanza en libertad”, o la radio de los obispos, la COPE: “oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura”.
Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria política hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideología, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del país. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mínimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.
Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales, junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantiene a través no solo del poder económico, mediático, judicial y político, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos…
Para saber más: DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2019). La revuelta educativa neocon. Oviedo: TREA.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León
Niños en la calle en Madrid y 479 camas libres. La imagen de familias con menores demandantes de asilo durmiendo a la intemperie se ha convertido en escena cotidiana de una capital incapaz de organizar la acogida
El mes de diciembre se acerca y los termómetros siguen bajando. Todos los días sin excepción decenas de personas que huyen de la violencia de sus países guardan fila, desde primera hora de la mañana, a las puertas del Samur. Esperan durante largas horas para, en muchos casos, acabar durmiendo en la calle para no perder el turno en la cola. Esa es la imagen del Madrid invernal de un tiempo a esta parte: niños en la calle y vecinos auxiliando ante la pasividad del Ayuntamiento y también del Gobierno central.
“Se dice por aquí que si te ven, si eres insistente, te llaman antes”, cuenta Danelis del Carmen, estudiante venezolana de 25 años, tras una gruesa bufanda blanca que solo deja entrever sus ojos rasgados. Ella y su hermano de 18 años llevan tres noches durmiendo frente a la sede del Samur “por si acaso”. Hay otra verdad: “Cuando aparecen las cámaras de televisión, se liberan plazas donde antes no las había”, dice una trabajadora social del centro de La Latina.
"Ningún trabajador del Samur Social les diría que no hay plazas sabiendo que las hay, las camas no se liberan a las 12 de la noche", explica. "Hay presión mediática y son los jefes quienes hacen lo que sea para sacar a las familias de la calle. No es que surjan plazas, las teles las sacan de donde no las hay”.
La campaña de frío arranca en Madrid el lunes 25 de noviembre con las mismas plazas que el año pasado. Ni más ni menos. 479 para pernoctar y 30 recursos en centros de día, que se abren hasta el 31 de marzo todos los años para albergar a las personas sin techo durante los meses de más frío. A mediados de septiembre, 150 de estas camas se abrieron de manera excepcional para dar cobijo a los refugiados que duermen a las puertas del Samur Social desde hace meses. Pero esa excepción duró poco. Según informa el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que depende de José Aniorte (Ciudadanos), estos recursos comenzaron a cerrarse gradualmente poco antes de que el Ayuntamiento pusiera a disposición del Ministerio de Migraciones un edificio en Cercedilla para acogerlos.
Los recursos reservados para la campaña del frío no se han utilizado en su totalidad a pesar de que la situación de emergencia continúa. Los trabajadores del Samur toman los datos de las mismas personas solicitantes de asilo, una y otra vez, y les dan siempre la misma respuesta: “No hay plazas”. Sin embargo, más de 500 están vacías y bloqueadas hasta el próximo lunes.
Ante esta situación, la Administración municipal explica: “No podemos abrirlas antes del 25 por un tema de contratos, si lo incumplimos a sabiendas nos expondríamos a responsabilidades serias”. Se quejan de falta de recursos: es competencia del Gobierno y no del municipio la gestión de los refugiados. “Ojalá pudiésemos abrir 10.000 plazas y solucionar lo de los refugiados pero los presupuestos [4.686 millones para 2020] son los que son”, indican. Mientras Ayuntamiento y Gobierno se ponen de acuerdo, son los vecinos los que evitan que los refugiados duerman en la calle: pagan noches en pensiones, los alojan en sus casas o les trasladan a parroquias como la de San Carlos Borromeo. Ellos no tienen ninguna duda: “Aquí ningún niño duerme en la calle”, aseguran los voluntarios que acuden cada día a las puertas del Samur Social.
Este año el número de personas demandantes de asilo que llegaron a Madrid a través del Aeropuerto de Barajas se ha duplicado. De 20.500 a 50.000, según los datos que el propio Aniorte compartió en la comisión municipal ordinaria del pasado martes. Una vez en tierra, los refugiados se desplazan a la comisaría de Aluche para conseguir la cita que inicia el proceso de protección internacional. Manuel Páez, el comisario de la Brigada de Extranjería, confirma los datos del edil: “El año pasado dábamos un máximo de 200 citas al día, ahora llevamos dos meses en los que llegamos a dar más de 600 en una mañana”.
El proceso termina para algunos a las puertas del Samur Social. La respuesta es la de siempre: no hay camas. Entonces aparecen vecinos solidarios para asistir a las familias. Y, si hay suerte, las cámaras de televisión. Entonces, aparece la solución mágica: hay camas.
Este jueves, tras la publicación de este artículo, el edil de la Concejalía de Familias ha enviado una carta a Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Migraciones, el órgano que tiene la competencia para acoger a los solicitantes de asilo. El Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno en este escrito a reunirse el viernes 29 de noviembre para atajar juntos esta emergencia social. "El aeropuerto de Barajas se ha convertido en la principal frontera de España. A día de hoy miles de familias han tenido que ser atendidas a través de la red de emergencia del Ayuntamiento que no alcanza para la gran afluencia de solicitantes cuya acogida es competencia del Gobierno", afirma Aniorte en el texto que ha lanzado en redes sociales. También invita a sumarse al encuentro a organizaciones como Unicef, ACNUR y la ONG Save the Children a sumarse a esa reunión. Según el edil, "llegan a Madrid pero vienen a España. Acogerlos es un deber nacional".
OCHO NOCHES EN LA CALLE
Los refugiados montan una tienda improvisada para protegerse del frío la noche del lunes frente al Samur Social. RED SOLIDARIA DE ACOGIDA Los siete metros de acera frente al Samur Social de la calle San Francisco 10 de La Latina, en Madrid, se han convertido en un improvisado vecindario. Sobre todo para la pareja de caleños Luzmila Moreno, Johan Murillo y su hijo de 23 años José Andrés y para Fran Monroy y sus cuatro hermanos de Caracas. Son los veteranos de la fila, los que acumulan más días de calle bajo el intenso frío madrileño, una temperatura que nunca antes habían experimentado en sus países caribeños. Mientras cenan la sopa humeante que ha traído Gabriela García de la Red de Solidaridad Popular -como hace cada noche-, comparten conocimiento con dos hermanos venezolanos de 18 y 25 años que, tras pasar una noche en la parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas, han decidido esperar lo que haga falta en la calle hasta conseguir plaza. "Todos los días hay que apuntarse en la lista del Samur, cuanto antes mejor. Si llega una familia con niños, tienen prioridad, pasarán antes y nosotros pasaremos a ocupar el último puesto en la lista". "Hay que ser insistentes, cuanto más te vean los del Samur en la puerta, más posibilidades tienes de entrar, por eso no nos vamos a dormir a ninguna parroquia, es mejor quedarse aquí", añaden.
Este lunes había dos nuevas familias que habían llegado de Colombia, una con dos niños de cinco y 11 años y otra con una niña de tres. No se conocen entre ellos, pero sus historias son similares: Medellín o Bogotá, violencia y extorsión. En España, tras dormir en hostales, en parroquias y en la calle, la Cruz Roja les aconsejó que fueran al Samur, y el Samur que pidieran alojamiento a la Cruz Roja. Finalmente, tras seis horas esperando en la puerta fueron acogidos por los servicios de emergencia municipales. Eran las 12 de la noche.
Las tres familias y los cinco menores que aguardaban la tarde del martes para conseguir alojamiento en el Samur Social no tuvieron tanta suerte: fueron acogidas en la parroquia San Carlos Borromeo a última hora de la noche.
Este miércoles ha llovido. Las dos familias con niños que esperaban en la puerta han sido acogidas a las ocho de la tarde, pero aún quedan unas 16 personas esperando bajo la lluvia.
“Se dice por aquí que si te ven, si eres insistente, te llaman antes”, cuenta Danelis del Carmen, estudiante venezolana de 25 años, tras una gruesa bufanda blanca que solo deja entrever sus ojos rasgados. Ella y su hermano de 18 años llevan tres noches durmiendo frente a la sede del Samur “por si acaso”. Hay otra verdad: “Cuando aparecen las cámaras de televisión, se liberan plazas donde antes no las había”, dice una trabajadora social del centro de La Latina.
"Ningún trabajador del Samur Social les diría que no hay plazas sabiendo que las hay, las camas no se liberan a las 12 de la noche", explica. "Hay presión mediática y son los jefes quienes hacen lo que sea para sacar a las familias de la calle. No es que surjan plazas, las teles las sacan de donde no las hay”.
La campaña de frío arranca en Madrid el lunes 25 de noviembre con las mismas plazas que el año pasado. Ni más ni menos. 479 para pernoctar y 30 recursos en centros de día, que se abren hasta el 31 de marzo todos los años para albergar a las personas sin techo durante los meses de más frío. A mediados de septiembre, 150 de estas camas se abrieron de manera excepcional para dar cobijo a los refugiados que duermen a las puertas del Samur Social desde hace meses. Pero esa excepción duró poco. Según informa el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que depende de José Aniorte (Ciudadanos), estos recursos comenzaron a cerrarse gradualmente poco antes de que el Ayuntamiento pusiera a disposición del Ministerio de Migraciones un edificio en Cercedilla para acogerlos.
Los recursos reservados para la campaña del frío no se han utilizado en su totalidad a pesar de que la situación de emergencia continúa. Los trabajadores del Samur toman los datos de las mismas personas solicitantes de asilo, una y otra vez, y les dan siempre la misma respuesta: “No hay plazas”. Sin embargo, más de 500 están vacías y bloqueadas hasta el próximo lunes.
Ante esta situación, la Administración municipal explica: “No podemos abrirlas antes del 25 por un tema de contratos, si lo incumplimos a sabiendas nos expondríamos a responsabilidades serias”. Se quejan de falta de recursos: es competencia del Gobierno y no del municipio la gestión de los refugiados. “Ojalá pudiésemos abrir 10.000 plazas y solucionar lo de los refugiados pero los presupuestos [4.686 millones para 2020] son los que son”, indican. Mientras Ayuntamiento y Gobierno se ponen de acuerdo, son los vecinos los que evitan que los refugiados duerman en la calle: pagan noches en pensiones, los alojan en sus casas o les trasladan a parroquias como la de San Carlos Borromeo. Ellos no tienen ninguna duda: “Aquí ningún niño duerme en la calle”, aseguran los voluntarios que acuden cada día a las puertas del Samur Social.
Este año el número de personas demandantes de asilo que llegaron a Madrid a través del Aeropuerto de Barajas se ha duplicado. De 20.500 a 50.000, según los datos que el propio Aniorte compartió en la comisión municipal ordinaria del pasado martes. Una vez en tierra, los refugiados se desplazan a la comisaría de Aluche para conseguir la cita que inicia el proceso de protección internacional. Manuel Páez, el comisario de la Brigada de Extranjería, confirma los datos del edil: “El año pasado dábamos un máximo de 200 citas al día, ahora llevamos dos meses en los que llegamos a dar más de 600 en una mañana”.
El proceso termina para algunos a las puertas del Samur Social. La respuesta es la de siempre: no hay camas. Entonces aparecen vecinos solidarios para asistir a las familias. Y, si hay suerte, las cámaras de televisión. Entonces, aparece la solución mágica: hay camas.
Este jueves, tras la publicación de este artículo, el edil de la Concejalía de Familias ha enviado una carta a Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Migraciones, el órgano que tiene la competencia para acoger a los solicitantes de asilo. El Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno en este escrito a reunirse el viernes 29 de noviembre para atajar juntos esta emergencia social. "El aeropuerto de Barajas se ha convertido en la principal frontera de España. A día de hoy miles de familias han tenido que ser atendidas a través de la red de emergencia del Ayuntamiento que no alcanza para la gran afluencia de solicitantes cuya acogida es competencia del Gobierno", afirma Aniorte en el texto que ha lanzado en redes sociales. También invita a sumarse al encuentro a organizaciones como Unicef, ACNUR y la ONG Save the Children a sumarse a esa reunión. Según el edil, "llegan a Madrid pero vienen a España. Acogerlos es un deber nacional".
OCHO NOCHES EN LA CALLE
Los refugiados montan una tienda improvisada para protegerse del frío la noche del lunes frente al Samur Social. RED SOLIDARIA DE ACOGIDA Los siete metros de acera frente al Samur Social de la calle San Francisco 10 de La Latina, en Madrid, se han convertido en un improvisado vecindario. Sobre todo para la pareja de caleños Luzmila Moreno, Johan Murillo y su hijo de 23 años José Andrés y para Fran Monroy y sus cuatro hermanos de Caracas. Son los veteranos de la fila, los que acumulan más días de calle bajo el intenso frío madrileño, una temperatura que nunca antes habían experimentado en sus países caribeños. Mientras cenan la sopa humeante que ha traído Gabriela García de la Red de Solidaridad Popular -como hace cada noche-, comparten conocimiento con dos hermanos venezolanos de 18 y 25 años que, tras pasar una noche en la parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas, han decidido esperar lo que haga falta en la calle hasta conseguir plaza. "Todos los días hay que apuntarse en la lista del Samur, cuanto antes mejor. Si llega una familia con niños, tienen prioridad, pasarán antes y nosotros pasaremos a ocupar el último puesto en la lista". "Hay que ser insistentes, cuanto más te vean los del Samur en la puerta, más posibilidades tienes de entrar, por eso no nos vamos a dormir a ninguna parroquia, es mejor quedarse aquí", añaden.
Este lunes había dos nuevas familias que habían llegado de Colombia, una con dos niños de cinco y 11 años y otra con una niña de tres. No se conocen entre ellos, pero sus historias son similares: Medellín o Bogotá, violencia y extorsión. En España, tras dormir en hostales, en parroquias y en la calle, la Cruz Roja les aconsejó que fueran al Samur, y el Samur que pidieran alojamiento a la Cruz Roja. Finalmente, tras seis horas esperando en la puerta fueron acogidos por los servicios de emergencia municipales. Eran las 12 de la noche.
Las tres familias y los cinco menores que aguardaban la tarde del martes para conseguir alojamiento en el Samur Social no tuvieron tanta suerte: fueron acogidas en la parroquia San Carlos Borromeo a última hora de la noche.
Este miércoles ha llovido. Las dos familias con niños que esperaban en la puerta han sido acogidas a las ocho de la tarde, pero aún quedan unas 16 personas esperando bajo la lluvia.
La persecución religiosa del franquismo fue terrible. La historia de Atilano Coco, el pastor protestante que mató Franco (y rescata la película de Amenábar)
"Una cosa he aprendido y sé al morir que es válido para todos: ¿qué significan vuestros buenos sentimientos si no hacéis nada con ellos?(...)
¿Y qué será de vuestra sabiduría si no tiene ninguna consecuencia?(...)
Yo os digo: Preocuparos, cuando abandonéis este mundo, no de haber sido buenos; eso no basta.
¡Hay que haber dejado un mundo bueno!"
Juan Miguel Baquero
eldiario.es
La cinta 'Mientras dure la guerra' recupera la figura del presbítero, maestro, masón y republicano, amigo de Miguel de Unamuno y ejecutado por los franquistas.
Protestante, maestro, republicano y masón. Atilano Coco tenía todas las cartas para acabar asesinado por los golpistas. Y así ocurrió. Secuestrado en Salamanca, encarcelado y muerto a tiros en diciembre del 36, el amigo de Miguel de Unamuno que recupera la película Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar es un ejemplo de las persecuciones religiosas que ejecutó el fascismo español.
Si la República había consagrado la libertad de culto, los rebeldes sostenían una idea única de España: católica, pura, impermeable. Más allá, todo eran herejes. Y, como en un remake a destiempo de la Inquisición, serían perseguidos, sometidos a cárcel, torturas y ejecuciones, además del expolio de sus bienes, que entraron en el saco del botín de guerra de los derrotados.
Atilano Coco, su vida, obra y muerte, quedan como paradigma de esta cacería al infiel emprendida por el naciente franquismo. Porque el culto, para los fascistas, tenía principio y fin en la colaboradora Iglesia católica. Un fanatismo religioso que ni el propio Unamuno sería capaz de interrumpir siquiera por un caso, como retrata Amenábar.
Queda como epitafio la nota que Enriqueta Carbonell, mujer de Coco, entregó al intelectual para recordar la situación de su marido. Un papel en el que Unamuno, dicen, escribió apuntes del discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca donde soltó el famoso "venceréis, pero no convenceréis".
Un par de meses después, el 9 de diciembre, Atilano Coco fue ejecutado en el monte de La Orbada. Pero el presbítero sigue siendo además un desaparecido. Uno más entre miles que continúan arrojados a fosas comunes repartidas por todo el país. Nadie sabe dónde está la tumba del amigo de Unamuno.
Una tarea de "limpieza" religiosa
El propio colectivo memorialista intentó localizar "hace unos años" los huesos del pastor asesinado por los franquistas. Pero la información sobre su paradero "era muy vaga" y los arqueólogos de la ARMH no llegaron "a encontrar un sitio donde buscar". Por eso, hoy, "sigue siendo un desaparecido".
A raíz del caso "hicimos una investigación sobre la represión a las religiones no católicas, como judíos, protestantes o musulmanes", continúa. "A esta gente las perseguían como a los comunistas", ejemplifica Silva. "Los masacraron". Y Atilano Coco, en el verano del 36, era una persona popular en Salamanca. Fácil de señalar.
"Posiblemente recibió denuncia del cura de la parroquia más cercana", apunta Carlos López. "Unos meses antes había tenido con esta persona una polémica pública que le había ganado porque era más ágil y capaz, y le denunció como persona dañina", afirma. "A partir de ahí empezó el camino que lo llevó a la detención y a su ejecución sin juicio previo", subraya el obispo anglicano.
"El problema religioso en España es algo muy antiguo y eso que siempre hemos convivido con otras religiones, más allá de la católica", tercia la historiadora Marta Velasco. "Los evangélicos tenían comedores infantiles, editaban revistas en plena guerra, tuvieron una gran labor social y ahí podemos enmarcar a Atilano", apunta Emilio Silva.
"Eran muy progresistas, dentro de que formaba parte de una religión, por eso los persiguieron y los ilegalizaron", añade el presidente de la ARMH. "Hasta los pactos –de la dictadura de Franco– con EEUU no se aprueba una, entre comillas, ley de libertad religiosa", sostiene. Y ahí coincide con Carlos López: "Hasta entonces las iglesias funcionaban de forma clandestina, antes del decreto de 1967 era una persecución sistemática e intolerancia plena".
La persecución que "no descansa"
"La persecución religiosa fue terrible y el régimen no descansa", los golpistas atacan mientras dura la guerra y continúan durante la dictadura de Francisco Franco. Los rebeldes "se dan cuenta de la diversidad hispana, descubren la importancia de otras religiones en la sociedad" y emprenden una tarea "de limpieza y pureza en la que no cabía el diferente", añade como "hipótesis histórica".
¿Qué cifras alcanzó esta violencia? "No hay una cuantificación de personas que sufrieron represión" por este motivo, explica la investigadora. El olvido está razonado desde "la marginalidad en la que han vivido" provocando que "aún hoy no sean colectivos visibles", apunta Velasco.
"El franquismo ha conseguido fijar en nuestro imaginario colectivo que el protestante no es de aquí, que es extranjero, igual que pasa ahora con los musulmanes, aunque hayan nacido en España, como que no nos cuadra", explica Marta Velasco. Una herramienta clave para asentar esta exclusión nace "cuando la iglesia se mete en el sistema educativo como espina dorsal del régimen".
"Yo no conocía lo que había pasado con las minorías religiosas y lo más interesante cuando inicié la investigación fue darme cuenta que como, sin considerarme una persona católica, cargaba con todo el discurso nacional católico", añade. "Y los protestantes, evangélicos... tienen una consideración de secta. ¿Por qué decimos eso?", cuestiona.
Fascismo contra las "reformas republicanas"
Constitución de la Segunda República Española de diciembre de 1931, artículo 27: "la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizadas en el territorio español". El franquismo azotó la diversidad de culto desde el primer momento, restaurando la religión católica como único camino permitido bajo el lema 'Un dios, una patria, un caudillo'.
"La normativa franquista se va comiendo a las reformas republicanas", señala Marta Velasco. "Un proceso que cuando se estudia en paralelo es siniestro, terrible, como si le metieran una poda bestial a todas las hojas verdes y flores del árbol y lo dejaran seco", dibuja.
Y en ese contexto de primera violencia extrema y persecución religiosa resultó detenido y asesinado Atilano Coco Martín (Guarrate, Zamora, 1902 – Salamanca, 1936). El pastor protestante había estudiado en Inglaterra, era presbítero de la Iglesia Española Reformada Espiscopal, maestro de la escuela adjunta a la iglesia anglicana y miembro del Partido Republicano Radical Socialista, más tarde de Unión Republicana, y de la logia masónica Helmántica como parte del Grande Oriente Español.
Los militares golpistas detienen a Coco a finales de julio del 36 y lo encarcelan en la prisión provincial de Salamanca. Con Enriqueta Carbonell Carratalá tenía dos hijos, Alicia y Enrique. Todos los intentos de su mujer por azuzar al amigo Miguel de Unamuno para lograr su salvación fueron en vano, como cuenta la cinta Mientras dure la guerra.
"Me faltó en la película que acabara diciendo que Atilano Coco está todavía desaparecido y que retratara más su perfil progresista, porque aparece un tanto desdibujado", afina el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.
Atilano Coco, el pastor protestante amigo de Miguel de Unamuno ha sido rescatado por la película de Alejandro Amenábar. El presbítero tiene otros reconocimientos, como una calle a su nombre en su pueblo natal, Guarrate, o la residencia universitaria 'Centro Atilano Coco' inaugurada en 2005 en Salamanca. Pero, todavía, el maestro, republicano y masón asesinado por los franquistas sigue siendo un desaparecido. Nadie sabe dónde está su tumba. Como otros miles de personas enterradas en fosas comunes por toda España.
Una sociedad mal informada debilita la democracia
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Fuente:
http://www.eldiario.es/sociedad/Atilano-Coco-protestante-Franco-Amenabar_0_965203755.html
¿Y qué será de vuestra sabiduría si no tiene ninguna consecuencia?(...)
Yo os digo: Preocuparos, cuando abandonéis este mundo, no de haber sido buenos; eso no basta.
¡Hay que haber dejado un mundo bueno!"
Bertold Brecht
Juan Miguel Baquero
eldiario.es
La cinta 'Mientras dure la guerra' recupera la figura del presbítero, maestro, masón y republicano, amigo de Miguel de Unamuno y ejecutado por los franquistas.
Protestante, maestro, republicano y masón. Atilano Coco tenía todas las cartas para acabar asesinado por los golpistas. Y así ocurrió. Secuestrado en Salamanca, encarcelado y muerto a tiros en diciembre del 36, el amigo de Miguel de Unamuno que recupera la película Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar es un ejemplo de las persecuciones religiosas que ejecutó el fascismo español.
Si la República había consagrado la libertad de culto, los rebeldes sostenían una idea única de España: católica, pura, impermeable. Más allá, todo eran herejes. Y, como en un remake a destiempo de la Inquisición, serían perseguidos, sometidos a cárcel, torturas y ejecuciones, además del expolio de sus bienes, que entraron en el saco del botín de guerra de los derrotados.
Atilano Coco, su vida, obra y muerte, quedan como paradigma de esta cacería al infiel emprendida por el naciente franquismo. Porque el culto, para los fascistas, tenía principio y fin en la colaboradora Iglesia católica. Un fanatismo religioso que ni el propio Unamuno sería capaz de interrumpir siquiera por un caso, como retrata Amenábar.
Queda como epitafio la nota que Enriqueta Carbonell, mujer de Coco, entregó al intelectual para recordar la situación de su marido. Un papel en el que Unamuno, dicen, escribió apuntes del discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca donde soltó el famoso "venceréis, pero no convenceréis".
Un par de meses después, el 9 de diciembre, Atilano Coco fue ejecutado en el monte de La Orbada. Pero el presbítero sigue siendo además un desaparecido. Uno más entre miles que continúan arrojados a fosas comunes repartidas por todo el país. Nadie sabe dónde está la tumba del amigo de Unamuno.
Una tarea de "limpieza" religiosa
"Claro que hubo una persecución religiosa", resume en declaraciones a eldiario.es el obispo de Madrid de la Iglesia Anglicana de España, Carlos López. "Quizás una veintena de protestantes españoles fueron ejecutados" por los franquistas, calcula.
Y aporta otros nombres, más allá de Atilano Coco. "Como Pedro de Vegas, que tenía una parroquia y una librería en Córdoba que mandaron quemar. Luego le asesinaron", explica. "Era además amigo de Pío Baroja, que lo saca en alguna de sus novelas".
Sigue. "Julio Caro, también ejecutado sin juicio previo". Y "otros condenados a penas de cárcel", como Santos Martín Molina en Sevilla, "que penó ocho años". También aquellos que no encontraron más salida que el destierro, como Manuel Borobia en Valladolid, "que marchó a Vigo, donde tampoco le dejaron ejercer como maestro, y se tuvo que ir de España", y Progreso Parrilla, que desde Jaén "atravesó el campo y se fue a Portugal, y en Lisboa cogió un barco y se exilió hasta la muerte de Franco en Londres".
Aunque la represión golpista también llegó al saqueo. "Se nos cerraron bastantes templos y el régimen franquista nos expropió 26 templos y 14 escuelas", sostiene el obispo de Madrid de la Iglesia Anglicana.
Quienes no fueran católicos "seguro estaban expuestos a la represión poliédrica", afirma la historiadora Marta Velasco, autora de Los otros mártires. Porque los golpistas "en los primeros años de guerra arrasaron con todo y no se anduvieron con sutilezas", cuenta en un libro que lleva como subtítulo 'Las religiones minoritarias en España desde la Segunda República hasta nuestros días'.
La búsqueda infructuosa de Atilano Coco
Y aporta otros nombres, más allá de Atilano Coco. "Como Pedro de Vegas, que tenía una parroquia y una librería en Córdoba que mandaron quemar. Luego le asesinaron", explica. "Era además amigo de Pío Baroja, que lo saca en alguna de sus novelas".
Sigue. "Julio Caro, también ejecutado sin juicio previo". Y "otros condenados a penas de cárcel", como Santos Martín Molina en Sevilla, "que penó ocho años". También aquellos que no encontraron más salida que el destierro, como Manuel Borobia en Valladolid, "que marchó a Vigo, donde tampoco le dejaron ejercer como maestro, y se tuvo que ir de España", y Progreso Parrilla, que desde Jaén "atravesó el campo y se fue a Portugal, y en Lisboa cogió un barco y se exilió hasta la muerte de Franco en Londres".
Aunque la represión golpista también llegó al saqueo. "Se nos cerraron bastantes templos y el régimen franquista nos expropió 26 templos y 14 escuelas", sostiene el obispo de Madrid de la Iglesia Anglicana.
Quienes no fueran católicos "seguro estaban expuestos a la represión poliédrica", afirma la historiadora Marta Velasco, autora de Los otros mártires. Porque los golpistas "en los primeros años de guerra arrasaron con todo y no se anduvieron con sutilezas", cuenta en un libro que lleva como subtítulo 'Las religiones minoritarias en España desde la Segunda República hasta nuestros días'.
La búsqueda infructuosa de Atilano Coco
El propio colectivo memorialista intentó localizar "hace unos años" los huesos del pastor asesinado por los franquistas. Pero la información sobre su paradero "era muy vaga" y los arqueólogos de la ARMH no llegaron "a encontrar un sitio donde buscar". Por eso, hoy, "sigue siendo un desaparecido".
A raíz del caso "hicimos una investigación sobre la represión a las religiones no católicas, como judíos, protestantes o musulmanes", continúa. "A esta gente las perseguían como a los comunistas", ejemplifica Silva. "Los masacraron". Y Atilano Coco, en el verano del 36, era una persona popular en Salamanca. Fácil de señalar.
"Posiblemente recibió denuncia del cura de la parroquia más cercana", apunta Carlos López. "Unos meses antes había tenido con esta persona una polémica pública que le había ganado porque era más ágil y capaz, y le denunció como persona dañina", afirma. "A partir de ahí empezó el camino que lo llevó a la detención y a su ejecución sin juicio previo", subraya el obispo anglicano.
"El problema religioso en España es algo muy antiguo y eso que siempre hemos convivido con otras religiones, más allá de la católica", tercia la historiadora Marta Velasco. "Los evangélicos tenían comedores infantiles, editaban revistas en plena guerra, tuvieron una gran labor social y ahí podemos enmarcar a Atilano", apunta Emilio Silva.
"Eran muy progresistas, dentro de que formaba parte de una religión, por eso los persiguieron y los ilegalizaron", añade el presidente de la ARMH. "Hasta los pactos –de la dictadura de Franco– con EEUU no se aprueba una, entre comillas, ley de libertad religiosa", sostiene. Y ahí coincide con Carlos López: "Hasta entonces las iglesias funcionaban de forma clandestina, antes del decreto de 1967 era una persecución sistemática e intolerancia plena".
La persecución que "no descansa"
"La persecución religiosa fue terrible y el régimen no descansa", los golpistas atacan mientras dura la guerra y continúan durante la dictadura de Francisco Franco. Los rebeldes "se dan cuenta de la diversidad hispana, descubren la importancia de otras religiones en la sociedad" y emprenden una tarea "de limpieza y pureza en la que no cabía el diferente", añade como "hipótesis histórica".
¿Qué cifras alcanzó esta violencia? "No hay una cuantificación de personas que sufrieron represión" por este motivo, explica la investigadora. El olvido está razonado desde "la marginalidad en la que han vivido" provocando que "aún hoy no sean colectivos visibles", apunta Velasco.
"El franquismo ha conseguido fijar en nuestro imaginario colectivo que el protestante no es de aquí, que es extranjero, igual que pasa ahora con los musulmanes, aunque hayan nacido en España, como que no nos cuadra", explica Marta Velasco. Una herramienta clave para asentar esta exclusión nace "cuando la iglesia se mete en el sistema educativo como espina dorsal del régimen".
"Yo no conocía lo que había pasado con las minorías religiosas y lo más interesante cuando inicié la investigación fue darme cuenta que como, sin considerarme una persona católica, cargaba con todo el discurso nacional católico", añade. "Y los protestantes, evangélicos... tienen una consideración de secta. ¿Por qué decimos eso?", cuestiona.
Fascismo contra las "reformas republicanas"
Constitución de la Segunda República Española de diciembre de 1931, artículo 27: "la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizadas en el territorio español". El franquismo azotó la diversidad de culto desde el primer momento, restaurando la religión católica como único camino permitido bajo el lema 'Un dios, una patria, un caudillo'.
"La normativa franquista se va comiendo a las reformas republicanas", señala Marta Velasco. "Un proceso que cuando se estudia en paralelo es siniestro, terrible, como si le metieran una poda bestial a todas las hojas verdes y flores del árbol y lo dejaran seco", dibuja.
Y en ese contexto de primera violencia extrema y persecución religiosa resultó detenido y asesinado Atilano Coco Martín (Guarrate, Zamora, 1902 – Salamanca, 1936). El pastor protestante había estudiado en Inglaterra, era presbítero de la Iglesia Española Reformada Espiscopal, maestro de la escuela adjunta a la iglesia anglicana y miembro del Partido Republicano Radical Socialista, más tarde de Unión Republicana, y de la logia masónica Helmántica como parte del Grande Oriente Español.
Los militares golpistas detienen a Coco a finales de julio del 36 y lo encarcelan en la prisión provincial de Salamanca. Con Enriqueta Carbonell Carratalá tenía dos hijos, Alicia y Enrique. Todos los intentos de su mujer por azuzar al amigo Miguel de Unamuno para lograr su salvación fueron en vano, como cuenta la cinta Mientras dure la guerra.
"Me faltó en la película que acabara diciendo que Atilano Coco está todavía desaparecido y que retratara más su perfil progresista, porque aparece un tanto desdibujado", afina el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.
Atilano Coco, el pastor protestante amigo de Miguel de Unamuno ha sido rescatado por la película de Alejandro Amenábar. El presbítero tiene otros reconocimientos, como una calle a su nombre en su pueblo natal, Guarrate, o la residencia universitaria 'Centro Atilano Coco' inaugurada en 2005 en Salamanca. Pero, todavía, el maestro, republicano y masón asesinado por los franquistas sigue siendo un desaparecido. Nadie sabe dónde está su tumba. Como otros miles de personas enterradas en fosas comunes por toda España.
Una sociedad mal informada debilita la democracia
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Fuente:
http://www.eldiario.es/sociedad/Atilano-Coco-protestante-Franco-Amenabar_0_965203755.html
miércoles, 20 de noviembre de 2019
El misterioso Chile de Vargas Llosa
Atilio A. Boron
Rebelión
El trágico golpe de estado en Bolivia me apartó momentáneamente del cuidadoso seguimiento que venía haciendo de la heroica lucha del pueblo chileno por darse una constitución democrática y decididamente pospinochetista y por construir una sociedad justa e igualitaria. Proseguí pese a ello consultando las fuentes y conversando y chateando con muchas compañeras y compañeros de Chile, pero la masacre en curso en Bolivia y la escandalosa defección de una parte significativa de la intelectualidad “progre” de ese país y de Latinoamérica -que con su silencio o con su explícitas declaraciones respaldó el golpe de Estado de los lacayos del imperio- absorbieron gran parte de mi tiempo y de mis energías. Hoy, próximo a cumplirse un mes del inicio de las grandes movilizaciones populares que abrieron para siempre “las grandes alamedas” con las que soñara Salvador Allende retomo ese escrito a medio terminar y que tiene por objeto examinar la perplejidad de la derecha, en la pluma de su vocero mayor, Mario Vargas Llosa, ante el furioso despertar del pueblo chileno[1]. Y, de paso, hacer públicas las dudas que me genera el “acuerdo” logrado, a puertas cerradas entre el Gobierno y la partidocracia, para poner fin a las protestas populares, restablecer la “paz social” (es decir, desmovilizar a la población) y avanzar hacia la creación de una nueva constitución.
En relación al estallido social chileno hay que comenzar señalando su carácter realmente excepcional (por lo inesperado y arrollador) y ante el cual un maestro consumado en el manejo del lenguaje como el novelista peruano se quedó sin palabras, estupefacto, atónito. A la hora de caracterizar lo ocurrido sólo atina a confesar que está en presencia de un hecho misterioso, enigmático, sorprendente. Es comprensible: la súbita toma de conciencia y la extraordinaria movilización de chilenas y chilenos fue un cañonazo político mortal que destruyó los vistosos artificios propagandísticos del “modelo chileno” y del cual Vargas Llosa fue su principal y más eficaz apologista durante décadas. Pero ahora no encuentra palabras para explicar lo que para él es un “enigma sorprendente”. No debería llamarnos la atención tamaña perplejidad cuando se observa el rudimentario instrumental teórico y metodológico del que dispone y que sólo le permite acceder a una comprensión muy superficial de los procesos históricos. A diferencia de los notables recursos con que cuenta para sus ficciones, a la hora de internarse en el análisis de la realidad sus herramientas conceptuales son un revoltijo de los clichés más convencionales del pensamiento burgués, forjados y difundidos masivamente desde la segunda posguerra hasta nuestros días. Un pensamiento conservador y colonial, fervorosamente capitalista, rabiosamente anticomunista y crítico de cualquier proceso social que se aparte de la defensa irrestricta del orden social burgués o que insinúe una crítica a la sociedad norteamericana, sus instituciones, valores y políticas. Víctima de esta obtusa cosmovisión el capitalismo es concebido como el remate virtuoso de la naturaleza esencialmente egoísta y adquisitiva del ser humano, y por lo tanto someterlo a discusión es tan fútil como insensato sería tratar de persuadir a un pez de que demasiada agua podría ser lesiva para su salud. El imperialismo es una palabra prohibida y su existencia negada apriorísticamente: lo que hay es un mundo globalizado en el cual, al decir de Henry Kissinger, “Honduras depende de las computadoras de Estados Unidos tanto como éste de las bananas hondureñas”. Huelgan los comentarios sobre este célebre aforismo del criminal de guerra. Y de la lucha de clases y su papel como fuerza motriz de la historia no se puede ni hablar, como tampoco se admitiría considerar la naturaleza clasista del Estado. ¿Cómo comprender la realidad sin contar con estas categorías teóricas? Víctima de estas insanables limitaciones la lectura que el novelista peruano hace de la insurrección popular chilena -que ya se prolonga por cuatro semanas- tenía que resultar lo que fue: una torpe simplificación en donde un pueblo, y no sólo las capas medias como él dice, se rebela y enfrenta un feroz aparato represivo que al momento de escribir estas líneas había ya ocasionado veintitrés muertos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país al día de hoy, 17 de Noviembre, los detenidos por los Carabineros ascienden a 6.362 (759 de los cuales son niños o adolescentes), 2.381 heridos de los cuales 866 fueron alcanzados por disparos de perdigones y 407 por arma de fuego no identificada. Se estima que unas 250 personas perdieron un ojo durante los incidentes [2]. Agréguense a lo anterior decenas de desaparecidos, de hombres y mujeres violados por las “fuerzas de seguridad” y el ensañamiento con que los represores les disparaban perdigones y bombas de gases lacrimógenos a la cara y todo esto, supuestamente… ¡porque el “régimen” de Sebastián Piñera había decretado un aumento de 30 pesos (unos 5 centavos de dólares) en la tarifa del metro de Santiago! Revuelta absolutamente desproporcionada ante la nimiedad del factor precipitante y aún más incomprensible en la medida en que Vargas Llosa imagina a Chile como un país “casi” desarrollado, con un elevado ingreso per cápita, una población que disfruta del pleno empleo y que ha sido bendecida por la afluencia de inversiones extranjeras. Todo este cúmulo de bondades se tradujo, según el novelista, en un “desarrollo extraordinario" y un rápido crecimiento del nivel de vida general de la población. ¿Cómo explicar pues este estallido social? Se trata de un “hecho misterioso”, nos dice, que nada tiene que ver con otros acontecimientos que signaron una “catastrófica quincena” en la cual se produjo la derrota de Mauricio Macri y el retorno de Cristina en la política argentina, el “fraude escandaloso en las elecciones bolivianas que permitirán al demagogo Evo Morales eternizarse en el poder” (otra calumnia imperdonable) y, poco antes, las “agitaciones revolucionarias de los indígenas en Ecuador”. Sí se emparenta, en cambio, con la protesta de los “chalecos amarillos” en Francia: una reacción de una sociedad inclusiva pero cuyo Estado no logra impedir el aumento de la desigualdad económica y social. Por eso plantea, erróneamente, que lo de Chile es “una movilización de clases medias” ajena a las rebeliones latinoamericanas protagonizadas por quienes “se sienten excluidos del sistema” (¿no lo están, acaso, con independencia de que adoctrinados por la ideología dominante no caigan en cuenta de ello?). En Chile, continúa el novelista, “nadie está excluido del sistema, aunque, desde luego, la disparidad entre los que tienen y los que apenas comienzan a tener algo sea grande. Pero esta distancia se ha reducido mucho en los últimos años”. Es obvio que la afirmación anterior sólo es concebible en alguien que no tiene la más pálida idea de lo que realmente ha venido ocurriendo en Chile desde el derrocamiento de Salvador Allende hasta nuestros días. Decir que en ese país “nadie está excluido del sistema” revela o bien un notable desconocimiento de los datos más elementales disponibles en infinidad de estudios y publicaciones que retratan con elocuencia los alcances de la exclusión económica y social y del gran aumento de la desigualdad experimentado por Chile, o bien un empecinamiento ideológico que le impide tomar contacto con el mundo real. Excluidos son los millones que no tienen acceso a la salud y la educación públicas o a la seguridad social porque estos antiguos derechos se convirtieron en costosas mercancías gracias a las políticas inauguradas por la dictadura del General Pinochet y profundizadas -¡sí, profundizadas!- por gobiernos como los de la Concertación o de la Nueva Mayoría que el autor de La Casa Verde considera a “de izquierda”. Asegura y se equivoca al decir que “en 29 años de democracia la derecha apenas ha gobernado cinco años y la izquierda -es decir, la Concertación- 24”.
Es increíble la fuerza que tiene la ideología para ofuscar la mente de un intelecto privilegiado como el de nuestro autor y llevarlo a creer que una serie de gobiernos que, repito, mantuvieron y profundizaron las políticas de Pinochet, puedan ser caracterizados como “de izquierda”. Así como no percibe los alcances de la exclusión económica y social existente en Chile y evidente para todos sus habitantes, que por eso salieron en masivas manifestaciones de protesta día tras día, tampoco cae en la cuenta de que gobiernos que privatizaron todo -desde el agua en sus fuentes de origen hasta el litoral chileno pasando por la salud, la educación, la seguridad social y el transporte- y que convirtieron al mercado en el árbitro inapelable de la distribución de la riqueza y que hicieron de su sometimiento a los dictados de la Casa Blanca la estrella polar de su política exterior sólo pueden ser caracterizados como de izquierda por un aficionado. Gobiernos que privatizaron buena parte de la producción del cobre, que estaba en su totalidad en manos del Estado durante el gobierno de Salvador Allende y en la actualidad apenas resta el 31 por ciento; que convirtieron a Chile en uno de los ocho países más desiguales del mundo, compartiendo ese poco honorable lugar con Ruanda; que produjeron un fenomenal endeudamiento de los hogares chilenos obligados a pagar por servicios que antes eran parte constitutiva del contrato social en su condición de ciudadanos. “La mayoría de quienes apoyan la protesta son familias trabajadoras para las cuales la vida se ha vuelto cada vez más cara” –observa un calificado analista de la realidad chilena- “y que deben soportar vivir en barrios inseguros, trasladarse horas en condiciones de ganado para llegar al trabajo, usar créditos de consumo para llegar a fin de mes y hacerse cargo de abuelos con jubilaciones miserables” [3].
Frente a este demoledor diagnóstico el consejo del novelista es tan rotundo como absurdo: redoblar la medicina, aunque esté matando al paciente. Por eso dice que lo peor sería “dar marcha atrás -como piden algunos enloquecidos que quisieran que Chile retrocediera hasta volverse una segunda Venezuela- en sus políticas económicas, sino completar estas y enriquecerlas con reformas en la educación pública, la salud y las pensiones”. ¿Y esto como se lograría? ¿Apelando a la sensibilidad, al altruismo de quienes han saqueado al país y su gente durante medio siglo, súbitamente convertidos en buenas almas democráticas deseosas de establecer la justicia social en la sociedad que ha caído bajo sus garras? ¿Podrán los lamentos y exhortaciones de Vargas Llosa obrar el milagro de ablandar el corazón de quienes conforman el 1 por ciento más rico del país, que se apropia del 26 por ciento del ingreso nacional? La complaciente partidocracia que ha regentado y coparticipado de este saqueo, ¿abrazará ahora la causa de una real democratización de la vida chilena abriendo el paso a una Asamblea Constituyente que siente las bases de un régimen político genuinamente postpinochetista? ¿Y qué decir de los medios hegemónicos, que han venido destilando un veneno paralizante y embotador de las conciencias durante décadas? ¿Se convertirán todos ellos en fervientes demócratas, ansiosos por fundar un orden basado en la recuperación de los derechos ciudadanos y en la desmercantilización de la salud, la educación y la seguridad social, por mencionar tan sólo lo más elemental? Las respuestas son obvias. Pero es preciso tener en cuenta que la gran movilización popular está lejos de haber triunfado por completo. Los reflejos conservadores de una partidocracia que hace décadas usufructúa del poder a su antojo y de un Gobierno y una institucionalidad estatal diseñados para frustrar el protagonismo ciudadano si bien se vieron superados por la crisis fueron capaces en los últimos días de pergeñar una respuesta tramposa que en apariencia recoge el clamor de la calle pero que, en su esencia, contiene un Caballo de Troya que amenaza con frustrar las heroicas jornadas de lucha y hacer que tanta muerte, dolor y vejaciones puedan haber sido en vano. En primer lugar, porque se posterga hasta abril del próximo año una elementalísima consulta popular con dos papeletas (¿quiere usted una nueva constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución: Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional?) que podría realizarse en pocas semanas si existiera la voluntad política de recoger el mensaje de las multitudinarias y heteróclitas protestas.
Ante esto varios comentarios: primero, nótese que la expresión “Asamblea Constituyente” es eliminada de la comunicación oficial, y esto no por casualidad. La expresión siempre fue considerada peligrosísima por la dirigencia política chilena desde hace más de un siglo, y lo actuado por el Gobierno de Piñera y sus compinches se inscribe en esa misma tradición. Segundo, que tampoco es casual que se proponga una fórmula “mixta” en donde la “Asamblea Constituyente” podría estar compuesta por partes iguales por representantes del voto popular y por los personeros de la corrupta partidocracia gobernante, causante de la crisis, con lo cual toda tentativa de cambio profundo sería abortada de inmediato; tercero, que para una tan elemental consulta ciudadana deba esperarse nada menos que ¡cinco meses!, haciendo posible que en el intertanto el oficialismo y sus aliados puedan poner en práctica toda clase de tramoyas tendientes a burlar la voluntad popular. Es en razón de lo anterior, así como del hecho de que este arreglo pomposamente bautizado como “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” haya sido plasmado de espaldas al pueblo, que el mismo haya sido enfáticamente rechazado por la Unidad Social, entidad que agrupa a más de 200 organizaciones de base que estuvieron en las calles y plazas y cuya voz, previsiblemente, no fue escuchada por el Gobierno y los partidos cómplices de su accionar. Es preciso reconocer, no obstante, que hubo unos pocos partidos o líneas dentro de las fuerzas de izquierda (el Partido Comunista, algunas fracciones del Partido Socialista y del Frente Amplio) que se oponen a ese arreglo y que, por eso mismo, gozan de un reconocimiento social que las otras tiendas políticas no tienen. En el documento que fundamenta su rechazo categórico a aquel engendro “gatopardista”, donde algo cambia para que todo siga igual, la Unidad Social denuncia el “quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías; la discriminación de menores de 18 años, protagonistas notables de las luchas; no se contempla mecanismo alguno de participación plurinacional y de paridad de género y, por último, establece un mecanismo de representación y elección que es funcional a los partidos políticos, que han sido responsables de la actual crisis política y social”. Por ello no sorprende el llamado de ese enorme conglomerado de movimientos sociales a proseguir la lucha con huelgas y jornadas de protesta para hacer realidad las consignas que movilizaron durante semanas a millones de chilenas y chilenos. Sin duda que se ha abierto una ventana de oportunidad, que sería imprudente despreciar. Es cierto que lo viejo no termina de morir, aunque su muerte será inevitable más pronto que tarde. El tan afamado “modelo chileno”, alabado por todo el pensamiento neoliberal y sus agentes (FMI, Banco Mundial, los grandes medios de comunicación, una abrumadora mayoría de la colonizada academia, etcétera) como la única vía correcta para salir del desarrollo y la dictadura yace en ruinas y no habrá poder humano capaz de resucitarlo. Resta por ver qué es lo que la creatividad, la conciencia, la capacidad de organización y de lucha de las grandes mayorías nacionales serán capaces de inventar para dejar definitivamente atrás una oscura página de la historia chilena.
[1] “El enigma Chileno”, en El País (Madrid) 3 de Noviembre de 2019.
[2] https://www.lagaceta.com.ar/nota/825316/actualidad/chile-muertos-ya-son-23.html El diario chileno La Nación informa asimismo que Departamento de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Chile determinó que el material de los perdigones de Carabineros se compone solo de 20% de caucho y que el resto son minerales o metales de alta dureza, lo que explica la proliferación de lesiones oculares.
[3] Pablo Ortúzar, “¡Quieren todo gratis!” (Diario Financiero), 8 de Noviembre de 2019.
Rebelión
El trágico golpe de estado en Bolivia me apartó momentáneamente del cuidadoso seguimiento que venía haciendo de la heroica lucha del pueblo chileno por darse una constitución democrática y decididamente pospinochetista y por construir una sociedad justa e igualitaria. Proseguí pese a ello consultando las fuentes y conversando y chateando con muchas compañeras y compañeros de Chile, pero la masacre en curso en Bolivia y la escandalosa defección de una parte significativa de la intelectualidad “progre” de ese país y de Latinoamérica -que con su silencio o con su explícitas declaraciones respaldó el golpe de Estado de los lacayos del imperio- absorbieron gran parte de mi tiempo y de mis energías. Hoy, próximo a cumplirse un mes del inicio de las grandes movilizaciones populares que abrieron para siempre “las grandes alamedas” con las que soñara Salvador Allende retomo ese escrito a medio terminar y que tiene por objeto examinar la perplejidad de la derecha, en la pluma de su vocero mayor, Mario Vargas Llosa, ante el furioso despertar del pueblo chileno[1]. Y, de paso, hacer públicas las dudas que me genera el “acuerdo” logrado, a puertas cerradas entre el Gobierno y la partidocracia, para poner fin a las protestas populares, restablecer la “paz social” (es decir, desmovilizar a la población) y avanzar hacia la creación de una nueva constitución.
En relación al estallido social chileno hay que comenzar señalando su carácter realmente excepcional (por lo inesperado y arrollador) y ante el cual un maestro consumado en el manejo del lenguaje como el novelista peruano se quedó sin palabras, estupefacto, atónito. A la hora de caracterizar lo ocurrido sólo atina a confesar que está en presencia de un hecho misterioso, enigmático, sorprendente. Es comprensible: la súbita toma de conciencia y la extraordinaria movilización de chilenas y chilenos fue un cañonazo político mortal que destruyó los vistosos artificios propagandísticos del “modelo chileno” y del cual Vargas Llosa fue su principal y más eficaz apologista durante décadas. Pero ahora no encuentra palabras para explicar lo que para él es un “enigma sorprendente”. No debería llamarnos la atención tamaña perplejidad cuando se observa el rudimentario instrumental teórico y metodológico del que dispone y que sólo le permite acceder a una comprensión muy superficial de los procesos históricos. A diferencia de los notables recursos con que cuenta para sus ficciones, a la hora de internarse en el análisis de la realidad sus herramientas conceptuales son un revoltijo de los clichés más convencionales del pensamiento burgués, forjados y difundidos masivamente desde la segunda posguerra hasta nuestros días. Un pensamiento conservador y colonial, fervorosamente capitalista, rabiosamente anticomunista y crítico de cualquier proceso social que se aparte de la defensa irrestricta del orden social burgués o que insinúe una crítica a la sociedad norteamericana, sus instituciones, valores y políticas. Víctima de esta obtusa cosmovisión el capitalismo es concebido como el remate virtuoso de la naturaleza esencialmente egoísta y adquisitiva del ser humano, y por lo tanto someterlo a discusión es tan fútil como insensato sería tratar de persuadir a un pez de que demasiada agua podría ser lesiva para su salud. El imperialismo es una palabra prohibida y su existencia negada apriorísticamente: lo que hay es un mundo globalizado en el cual, al decir de Henry Kissinger, “Honduras depende de las computadoras de Estados Unidos tanto como éste de las bananas hondureñas”. Huelgan los comentarios sobre este célebre aforismo del criminal de guerra. Y de la lucha de clases y su papel como fuerza motriz de la historia no se puede ni hablar, como tampoco se admitiría considerar la naturaleza clasista del Estado. ¿Cómo comprender la realidad sin contar con estas categorías teóricas? Víctima de estas insanables limitaciones la lectura que el novelista peruano hace de la insurrección popular chilena -que ya se prolonga por cuatro semanas- tenía que resultar lo que fue: una torpe simplificación en donde un pueblo, y no sólo las capas medias como él dice, se rebela y enfrenta un feroz aparato represivo que al momento de escribir estas líneas había ya ocasionado veintitrés muertos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país al día de hoy, 17 de Noviembre, los detenidos por los Carabineros ascienden a 6.362 (759 de los cuales son niños o adolescentes), 2.381 heridos de los cuales 866 fueron alcanzados por disparos de perdigones y 407 por arma de fuego no identificada. Se estima que unas 250 personas perdieron un ojo durante los incidentes [2]. Agréguense a lo anterior decenas de desaparecidos, de hombres y mujeres violados por las “fuerzas de seguridad” y el ensañamiento con que los represores les disparaban perdigones y bombas de gases lacrimógenos a la cara y todo esto, supuestamente… ¡porque el “régimen” de Sebastián Piñera había decretado un aumento de 30 pesos (unos 5 centavos de dólares) en la tarifa del metro de Santiago! Revuelta absolutamente desproporcionada ante la nimiedad del factor precipitante y aún más incomprensible en la medida en que Vargas Llosa imagina a Chile como un país “casi” desarrollado, con un elevado ingreso per cápita, una población que disfruta del pleno empleo y que ha sido bendecida por la afluencia de inversiones extranjeras. Todo este cúmulo de bondades se tradujo, según el novelista, en un “desarrollo extraordinario" y un rápido crecimiento del nivel de vida general de la población. ¿Cómo explicar pues este estallido social? Se trata de un “hecho misterioso”, nos dice, que nada tiene que ver con otros acontecimientos que signaron una “catastrófica quincena” en la cual se produjo la derrota de Mauricio Macri y el retorno de Cristina en la política argentina, el “fraude escandaloso en las elecciones bolivianas que permitirán al demagogo Evo Morales eternizarse en el poder” (otra calumnia imperdonable) y, poco antes, las “agitaciones revolucionarias de los indígenas en Ecuador”. Sí se emparenta, en cambio, con la protesta de los “chalecos amarillos” en Francia: una reacción de una sociedad inclusiva pero cuyo Estado no logra impedir el aumento de la desigualdad económica y social. Por eso plantea, erróneamente, que lo de Chile es “una movilización de clases medias” ajena a las rebeliones latinoamericanas protagonizadas por quienes “se sienten excluidos del sistema” (¿no lo están, acaso, con independencia de que adoctrinados por la ideología dominante no caigan en cuenta de ello?). En Chile, continúa el novelista, “nadie está excluido del sistema, aunque, desde luego, la disparidad entre los que tienen y los que apenas comienzan a tener algo sea grande. Pero esta distancia se ha reducido mucho en los últimos años”. Es obvio que la afirmación anterior sólo es concebible en alguien que no tiene la más pálida idea de lo que realmente ha venido ocurriendo en Chile desde el derrocamiento de Salvador Allende hasta nuestros días. Decir que en ese país “nadie está excluido del sistema” revela o bien un notable desconocimiento de los datos más elementales disponibles en infinidad de estudios y publicaciones que retratan con elocuencia los alcances de la exclusión económica y social y del gran aumento de la desigualdad experimentado por Chile, o bien un empecinamiento ideológico que le impide tomar contacto con el mundo real. Excluidos son los millones que no tienen acceso a la salud y la educación públicas o a la seguridad social porque estos antiguos derechos se convirtieron en costosas mercancías gracias a las políticas inauguradas por la dictadura del General Pinochet y profundizadas -¡sí, profundizadas!- por gobiernos como los de la Concertación o de la Nueva Mayoría que el autor de La Casa Verde considera a “de izquierda”. Asegura y se equivoca al decir que “en 29 años de democracia la derecha apenas ha gobernado cinco años y la izquierda -es decir, la Concertación- 24”.
Es increíble la fuerza que tiene la ideología para ofuscar la mente de un intelecto privilegiado como el de nuestro autor y llevarlo a creer que una serie de gobiernos que, repito, mantuvieron y profundizaron las políticas de Pinochet, puedan ser caracterizados como “de izquierda”. Así como no percibe los alcances de la exclusión económica y social existente en Chile y evidente para todos sus habitantes, que por eso salieron en masivas manifestaciones de protesta día tras día, tampoco cae en la cuenta de que gobiernos que privatizaron todo -desde el agua en sus fuentes de origen hasta el litoral chileno pasando por la salud, la educación, la seguridad social y el transporte- y que convirtieron al mercado en el árbitro inapelable de la distribución de la riqueza y que hicieron de su sometimiento a los dictados de la Casa Blanca la estrella polar de su política exterior sólo pueden ser caracterizados como de izquierda por un aficionado. Gobiernos que privatizaron buena parte de la producción del cobre, que estaba en su totalidad en manos del Estado durante el gobierno de Salvador Allende y en la actualidad apenas resta el 31 por ciento; que convirtieron a Chile en uno de los ocho países más desiguales del mundo, compartiendo ese poco honorable lugar con Ruanda; que produjeron un fenomenal endeudamiento de los hogares chilenos obligados a pagar por servicios que antes eran parte constitutiva del contrato social en su condición de ciudadanos. “La mayoría de quienes apoyan la protesta son familias trabajadoras para las cuales la vida se ha vuelto cada vez más cara” –observa un calificado analista de la realidad chilena- “y que deben soportar vivir en barrios inseguros, trasladarse horas en condiciones de ganado para llegar al trabajo, usar créditos de consumo para llegar a fin de mes y hacerse cargo de abuelos con jubilaciones miserables” [3].
Frente a este demoledor diagnóstico el consejo del novelista es tan rotundo como absurdo: redoblar la medicina, aunque esté matando al paciente. Por eso dice que lo peor sería “dar marcha atrás -como piden algunos enloquecidos que quisieran que Chile retrocediera hasta volverse una segunda Venezuela- en sus políticas económicas, sino completar estas y enriquecerlas con reformas en la educación pública, la salud y las pensiones”. ¿Y esto como se lograría? ¿Apelando a la sensibilidad, al altruismo de quienes han saqueado al país y su gente durante medio siglo, súbitamente convertidos en buenas almas democráticas deseosas de establecer la justicia social en la sociedad que ha caído bajo sus garras? ¿Podrán los lamentos y exhortaciones de Vargas Llosa obrar el milagro de ablandar el corazón de quienes conforman el 1 por ciento más rico del país, que se apropia del 26 por ciento del ingreso nacional? La complaciente partidocracia que ha regentado y coparticipado de este saqueo, ¿abrazará ahora la causa de una real democratización de la vida chilena abriendo el paso a una Asamblea Constituyente que siente las bases de un régimen político genuinamente postpinochetista? ¿Y qué decir de los medios hegemónicos, que han venido destilando un veneno paralizante y embotador de las conciencias durante décadas? ¿Se convertirán todos ellos en fervientes demócratas, ansiosos por fundar un orden basado en la recuperación de los derechos ciudadanos y en la desmercantilización de la salud, la educación y la seguridad social, por mencionar tan sólo lo más elemental? Las respuestas son obvias. Pero es preciso tener en cuenta que la gran movilización popular está lejos de haber triunfado por completo. Los reflejos conservadores de una partidocracia que hace décadas usufructúa del poder a su antojo y de un Gobierno y una institucionalidad estatal diseñados para frustrar el protagonismo ciudadano si bien se vieron superados por la crisis fueron capaces en los últimos días de pergeñar una respuesta tramposa que en apariencia recoge el clamor de la calle pero que, en su esencia, contiene un Caballo de Troya que amenaza con frustrar las heroicas jornadas de lucha y hacer que tanta muerte, dolor y vejaciones puedan haber sido en vano. En primer lugar, porque se posterga hasta abril del próximo año una elementalísima consulta popular con dos papeletas (¿quiere usted una nueva constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución: Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional?) que podría realizarse en pocas semanas si existiera la voluntad política de recoger el mensaje de las multitudinarias y heteróclitas protestas.
Ante esto varios comentarios: primero, nótese que la expresión “Asamblea Constituyente” es eliminada de la comunicación oficial, y esto no por casualidad. La expresión siempre fue considerada peligrosísima por la dirigencia política chilena desde hace más de un siglo, y lo actuado por el Gobierno de Piñera y sus compinches se inscribe en esa misma tradición. Segundo, que tampoco es casual que se proponga una fórmula “mixta” en donde la “Asamblea Constituyente” podría estar compuesta por partes iguales por representantes del voto popular y por los personeros de la corrupta partidocracia gobernante, causante de la crisis, con lo cual toda tentativa de cambio profundo sería abortada de inmediato; tercero, que para una tan elemental consulta ciudadana deba esperarse nada menos que ¡cinco meses!, haciendo posible que en el intertanto el oficialismo y sus aliados puedan poner en práctica toda clase de tramoyas tendientes a burlar la voluntad popular. Es en razón de lo anterior, así como del hecho de que este arreglo pomposamente bautizado como “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” haya sido plasmado de espaldas al pueblo, que el mismo haya sido enfáticamente rechazado por la Unidad Social, entidad que agrupa a más de 200 organizaciones de base que estuvieron en las calles y plazas y cuya voz, previsiblemente, no fue escuchada por el Gobierno y los partidos cómplices de su accionar. Es preciso reconocer, no obstante, que hubo unos pocos partidos o líneas dentro de las fuerzas de izquierda (el Partido Comunista, algunas fracciones del Partido Socialista y del Frente Amplio) que se oponen a ese arreglo y que, por eso mismo, gozan de un reconocimiento social que las otras tiendas políticas no tienen. En el documento que fundamenta su rechazo categórico a aquel engendro “gatopardista”, donde algo cambia para que todo siga igual, la Unidad Social denuncia el “quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías; la discriminación de menores de 18 años, protagonistas notables de las luchas; no se contempla mecanismo alguno de participación plurinacional y de paridad de género y, por último, establece un mecanismo de representación y elección que es funcional a los partidos políticos, que han sido responsables de la actual crisis política y social”. Por ello no sorprende el llamado de ese enorme conglomerado de movimientos sociales a proseguir la lucha con huelgas y jornadas de protesta para hacer realidad las consignas que movilizaron durante semanas a millones de chilenas y chilenos. Sin duda que se ha abierto una ventana de oportunidad, que sería imprudente despreciar. Es cierto que lo viejo no termina de morir, aunque su muerte será inevitable más pronto que tarde. El tan afamado “modelo chileno”, alabado por todo el pensamiento neoliberal y sus agentes (FMI, Banco Mundial, los grandes medios de comunicación, una abrumadora mayoría de la colonizada academia, etcétera) como la única vía correcta para salir del desarrollo y la dictadura yace en ruinas y no habrá poder humano capaz de resucitarlo. Resta por ver qué es lo que la creatividad, la conciencia, la capacidad de organización y de lucha de las grandes mayorías nacionales serán capaces de inventar para dejar definitivamente atrás una oscura página de la historia chilena.
[1] “El enigma Chileno”, en El País (Madrid) 3 de Noviembre de 2019.
[2] https://www.lagaceta.com.ar/nota/825316/actualidad/chile-muertos-ya-son-23.html El diario chileno La Nación informa asimismo que Departamento de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Chile determinó que el material de los perdigones de Carabineros se compone solo de 20% de caucho y que el resto son minerales o metales de alta dureza, lo que explica la proliferación de lesiones oculares.
[3] Pablo Ortúzar, “¡Quieren todo gratis!” (Diario Financiero), 8 de Noviembre de 2019.
“La justicia española, en gran medida, aún es franquista”. Entrevista a Roldan Jimeno
Roldan Jimeno (Pamplona, Navarra, 1973) es historiador y jurista. Autor de numerosas obras de investigación, su último libro, Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español (Pamiela, 2018), tiene por objeto la Ley de amnistía, de 15 de octubre de 1977, pilar del actual régimen español, y las políticas de memoria aplicadas desde entonces en el Estado español, sin perder de vista la perspectiva internacional.
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
martes, 19 de noviembre de 2019
Construido por uno, el muro fue un asunto de dos. El muro fue consecuencia de Hitler (I)
Rafael Poch de Feliu
Blog personal
Alemania fue responsable de su división
La ocupación militar de Alemania en 1945, con los aliados occidentales en el Oeste y los soviéticos en el Este y la capital dividida en cuatro sectores, no fue un resultado del estalinismo, sino de Hitler. La Alemania nazi desencadenó la Segunda Guerra Mundial, invadió, ocupó y destruyó países. Aniquiló a millones de civiles desde su ideología racista y supremacista. Lo demás fueron consecuencias. El mismo escenario de ocupación militar compartida con la capital divida en cuatro sectores, también se había producido en Austria, pero allí los soviéticos accedieron a retirarse a cambio de la neutralidad del país. Ese trato no se aceptó en el caso de Alemania y la consecuencia fue la división con la creación de dos estados alemanes. En el Oeste se instauró una mezcla de capitalismo y democracia. En el Este se afirmó una mezcla de socialismo y dictadura. Dos fórmulas igualmente contradictorias de la misma civilización industrial.
Con 30 millones de muertos y la parte europea de su territorio devastada por la guerra, los soviéticos no estaban bien predispuestos hacia Alemania al fin de la guerra. Mientras en Estados Unidos el “Plan Marshall” se concebía como un incentivo a la propia economía, que brindó una asistencia masiva de 4.000 millones de dólares y un ejército de técnicos al sector occidental de Alemania, en el sector oriental la URSS practicaba el ejercicio inverso: extraía medios, desmontando fábricas y llevándose recursos para paliar su propia ruina.
La vida en los cincuenta fue de una dureza extrema en las dos Alemanias, y no solo ahí, pero atendiendo a ese contexto, el verdadero “milagro económico alemán” se produjo en la RDA.
La RDA se desangra
Aquel Estado estalinoide impuesto a una sociedad ex nazi, logró organizar el trabajo, los servicios y la cultura, entre las ruinas y sin ayudas. El nivel de vida, la oferta de consumo y alimentación, los salarios y el pulso de la vida en general, eran más altos, más ricos y más atractivos en el Oeste. En ese contexto comenzó un gran flujo de emigración desde el Este al Oeste.
“La RDA experimentaba una fuga de cerebros, de técnicos y de mano de obra, la mayor parte de los que se iban era gente que buscaba una vida mejor. La propaganda occidental los presentaba como huidos de la represión roja, pero no más del 5% podían considerarse refugiados políticos”, explica en sus memorias el periodista de la agencia Reuters John Peet, corresponsal en Berlín.
Era la época en la que el Secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles hablaba de “desalojar” al socialismo de Europa del Este, el Bundeswehr se constituía en la RFA bajo el mando de generales de Hitler y cuando los principales partidos políticos en Bonn reclamaban para Alemania el tercio occidental del territorio polaco y un trozo de la URSS, recuerda Peet. Una época en la que la guerra fría del Oeste hacia el Este incluía aspectos bastante calientes hoy olvidados, como el sabotaje industrial, con explosivos, descarrilamientos, incendios provocados, etc., contra todo tipo de infraestructuras de la RDA a cargo de grupos como el de los “Combatientes contra la inhumanidad” o el “Comité Nacional para una Europa Libre”, sostenidos por la CIA y la Fundación Ford, bajo la propaganda de “Radio Free Europe”, incomparable, por su eficacia, dotación presupuestaria y efectos, respecto a sus homólogos del Este.
Para mediados de 1961, 300.000 ciudadanos de la RDA emigraban anualmente a la RFA. En Berlín se acumulaban aritméticamente los problemas económicos para el gobierno de la RDA. Mucha gente del Este cruzaba a los sectores occidentales para trabajar y luego regresaba al sector oriental y cambiaba el dinero en el mercado negro al precio de un marco occidental por cuatro del Este, lo que disparaba la inflación. La frontera interalemana estaba más o menos cerrada desde 1952, pero Berlín, sometida a un acuerdo especial, era un desagüe por el que la RDA se desangraba. La decisión de levantar el infame Muro de Berlín se tomó en ese contexto, pensando en que la RDA se podía ir al traste. Para el régimen estalinista de Walter Ulbricht, la única manera de impedirlo fue algo tan kafkiano como encerrar con llave a su población.
El muro como solución
El politólogo y pastor protestante Paul Oestreicher, que entonces era corresponsal de la BBC en Berlín, explica su entrevista de septiembre de 1961, un mes después de que se erigiera el Muro, con el jefe militar del sector británico de Berlín Oeste. “Oficialmente, su declaración condenó el levantamiento del Muro como violación del acuerdo de las cuatro potencias sobre Berlín, violación de los derechos humanos, etc., etc.”. A continuación, “off the record” y con la condición de no escribir ni radiar una sola palabra sobre el asunto, el militar le explicó la realidad: “Las potencias occidentales hemos recibido el Muro como alivio. A medio plazo, Berlín Oeste se ha estabilizado. La corriente de emigrantes se estaba haciendo insoportable y desestabilizadora. Una quiebra económica de Alemania del Este habría desencadenado una reacción soviética incalculable. Se ha despejado por fin de una vez el peligro de una guerra. Claro que nos ha sorprendido el momento de su construcción, pero no el Muro como tal. Los soviéticos sabían que no habría ninguna contramedida occidental”. Y, finalmente, “con el Muro nos han dado una nueva arma de propaganda”.
Walter Ulbricht, el dirigente oriental que había declarado públicamente poco antes, “nadie tiene intención de construir un muro”, acuñó para su nefasta obra el término “muralla de protección antifascista” (“Antifaschistischer Schutzwall“). Poco después, Ulbricht recibió a Oestreicher en su despacho de Berlín Este. También en condiciones de “off the record”, sus declaraciones fueron igual de sinceras y reveladoras de la mentalidad de la época:
“Mi Estado estaba en peligro. Nuestra población educada en el mundo burgués que aun no ha desarrollado ninguna comprensión del socialismo, estaba huyendo en estampida. Los hospitales se vaciaban de médicos, toda nuestra economía estaba amenazada. En aras de la salvación del campo socialista y de la paz mundial, el Muro se ha hecho una trágica necesidad”.
A Ulbricht se le preguntó si no se podría haber conseguido lo mismo con una política de paz como la que el deshielo de Jrushov apuntaba desde la URSS, explica Oestreicher. Su respuesta fue:
“Claro, los que están ahí detrás pueden permitírselo todo. Yo estoy en primera línea y el soldado que está en la trinchera ni siquiera puede encender un cigarrillo. Solo así podemos salvar el socialismo, cuyos resultados disfrutarán las futuras generaciones. Yo no viviré para verlo y tengo que acarrear con el odio de mis ciudadanos”.
Preguntado por los tiros contra la gente que intentaba cruzar el muro, añadió, “Tampoco en eso tengo elección. Como la estadística muestra, no se dispara siempre, pero sin la orden de disparar (contra los tránsfugas) el Muro no habría tenido sentido. Cada disparo en el Muro es un disparo contra mí. Con ello damos al enemigo de clase el mejor recurso propagandístico, pero poner en juego el socialismo y la paz costaría infinitamente muchas más muertes”.
La historia la escriben los vencedores y estos hechos, naturalmente, se olvidan hoy, pero la realidad es que el Muro, construido por uno, fue un asunto de dos.
El sufrimiento del Este
Un asunto de dos, pero que sufrieron sobre todo unos, los alemanes orientales. Para los dieciséis millones de ciudadanos de la RDA, la posibilidad de salir del país era un sueño sin parangón con los de sus semejantes de otros países del Este. Desde 1972 se podía viajar a Polonia y Checoslovaquia con el DNI, pero a partir de 1980 la aparición de Solidarnosc eliminó a Polonia. Para ir a Hungría, Rumania y Bulgaria se precisaba de un permiso de la policía que salvo sospecha de disidencia casi siempre se otorgaba al solicitante. Con la excepción de la corona checa, el cambio de moneda se limitaba a una pequeña cantidad, lo que convertía el turismo en ejercicio de precariedad y lo condenaba a prácticas de intercambio. Los viajes a otros países del bloque, desde la URSS a Vietnam pasando por Cuba, eran complicados, casi siempre organizados y oficiales. El viaje a la Alemania Occidental (RFA) era capítulo aparte.
Desde 1964, los jubilados con parientes en el otro lado podían visitar la RFA una vez al año, posibilidad a la que se acogían 1,3 millones de jubilados al año. A partir de 1972 varios miles de jóvenes podían también viajar por “razones familiares especiales” como, bautismos, bodas, enfermedades o fallecimientos de parientes del otro lado. En 1986, por ejemplo, Angela Merkel, que entonces trabajaba en un Instituto científico de Berlín Este, viajó a Hamburgo para asistir a la boda de su prima, lo que aprovechó para recorrer la RFA de punta a punta. El año anterior, 185.000 ciudadanos de la RDA habían utilizado esa posibilidad, que, como la de los jubilados, era consecuencia de iniciativas negociadas por los políticos de la RFA. En la misma época se registraban entre tres y ocho millones de visitas a la RDA desde la RFA y Berlín Oeste.
La media de ciudadanos de la RDA huidos ilegalmente a través de la frontera era de unos 3.000 anuales entre 1980 y 1985. Antes, la menor sofisticación del muro interalemán había permitido huir a más gente. Hasta la construcción del Muro de Berlín, de 155 kilómetros, en 1961, y de la frontera interalemana, de 1.390 kilómetros, tres millones de ciudadanos del Este pasaron al Oeste, la inmensa mayoría porque se vivía mejor y había más oportunidades económicas. Desde 1962 hasta la caída del Muro, en 1989, 600.000 personas de la RDA pudieron emigrar, oficial o ilegalmente, a la RFA, incluidas 33.000 de ellas encarceladas que el gobierno de la RDA vendió, a un precio que en 1988 alcanzó los 100.000 euros por cabeza.
La frontera interalemana se cobró más de 1200 vidas de gente que intentó cruzarla por los medios más diversos, desde túneles hasta globos, a nado o metidas en paquetes y maletas. Entre ellos, varios centenares, el número exacto se desconoce, murieron tiroteados por guardias fronterizos o instalaciones de disparo automático del Este.
(Publicado en Ctxt)
Fuente:
https://rafaelpoch.com/2019/11/07/el-muro-fue-consecuencia-de-hitler-i/
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Alemania fue responsable de su división
La ocupación militar de Alemania en 1945, con los aliados occidentales en el Oeste y los soviéticos en el Este y la capital dividida en cuatro sectores, no fue un resultado del estalinismo, sino de Hitler. La Alemania nazi desencadenó la Segunda Guerra Mundial, invadió, ocupó y destruyó países. Aniquiló a millones de civiles desde su ideología racista y supremacista. Lo demás fueron consecuencias. El mismo escenario de ocupación militar compartida con la capital divida en cuatro sectores, también se había producido en Austria, pero allí los soviéticos accedieron a retirarse a cambio de la neutralidad del país. Ese trato no se aceptó en el caso de Alemania y la consecuencia fue la división con la creación de dos estados alemanes. En el Oeste se instauró una mezcla de capitalismo y democracia. En el Este se afirmó una mezcla de socialismo y dictadura. Dos fórmulas igualmente contradictorias de la misma civilización industrial.
Con 30 millones de muertos y la parte europea de su territorio devastada por la guerra, los soviéticos no estaban bien predispuestos hacia Alemania al fin de la guerra. Mientras en Estados Unidos el “Plan Marshall” se concebía como un incentivo a la propia economía, que brindó una asistencia masiva de 4.000 millones de dólares y un ejército de técnicos al sector occidental de Alemania, en el sector oriental la URSS practicaba el ejercicio inverso: extraía medios, desmontando fábricas y llevándose recursos para paliar su propia ruina.
La vida en los cincuenta fue de una dureza extrema en las dos Alemanias, y no solo ahí, pero atendiendo a ese contexto, el verdadero “milagro económico alemán” se produjo en la RDA.
La RDA se desangra
Aquel Estado estalinoide impuesto a una sociedad ex nazi, logró organizar el trabajo, los servicios y la cultura, entre las ruinas y sin ayudas. El nivel de vida, la oferta de consumo y alimentación, los salarios y el pulso de la vida en general, eran más altos, más ricos y más atractivos en el Oeste. En ese contexto comenzó un gran flujo de emigración desde el Este al Oeste.
“La RDA experimentaba una fuga de cerebros, de técnicos y de mano de obra, la mayor parte de los que se iban era gente que buscaba una vida mejor. La propaganda occidental los presentaba como huidos de la represión roja, pero no más del 5% podían considerarse refugiados políticos”, explica en sus memorias el periodista de la agencia Reuters John Peet, corresponsal en Berlín.
Era la época en la que el Secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles hablaba de “desalojar” al socialismo de Europa del Este, el Bundeswehr se constituía en la RFA bajo el mando de generales de Hitler y cuando los principales partidos políticos en Bonn reclamaban para Alemania el tercio occidental del territorio polaco y un trozo de la URSS, recuerda Peet. Una época en la que la guerra fría del Oeste hacia el Este incluía aspectos bastante calientes hoy olvidados, como el sabotaje industrial, con explosivos, descarrilamientos, incendios provocados, etc., contra todo tipo de infraestructuras de la RDA a cargo de grupos como el de los “Combatientes contra la inhumanidad” o el “Comité Nacional para una Europa Libre”, sostenidos por la CIA y la Fundación Ford, bajo la propaganda de “Radio Free Europe”, incomparable, por su eficacia, dotación presupuestaria y efectos, respecto a sus homólogos del Este.
Para mediados de 1961, 300.000 ciudadanos de la RDA emigraban anualmente a la RFA. En Berlín se acumulaban aritméticamente los problemas económicos para el gobierno de la RDA. Mucha gente del Este cruzaba a los sectores occidentales para trabajar y luego regresaba al sector oriental y cambiaba el dinero en el mercado negro al precio de un marco occidental por cuatro del Este, lo que disparaba la inflación. La frontera interalemana estaba más o menos cerrada desde 1952, pero Berlín, sometida a un acuerdo especial, era un desagüe por el que la RDA se desangraba. La decisión de levantar el infame Muro de Berlín se tomó en ese contexto, pensando en que la RDA se podía ir al traste. Para el régimen estalinista de Walter Ulbricht, la única manera de impedirlo fue algo tan kafkiano como encerrar con llave a su población.
El muro como solución
El politólogo y pastor protestante Paul Oestreicher, que entonces era corresponsal de la BBC en Berlín, explica su entrevista de septiembre de 1961, un mes después de que se erigiera el Muro, con el jefe militar del sector británico de Berlín Oeste. “Oficialmente, su declaración condenó el levantamiento del Muro como violación del acuerdo de las cuatro potencias sobre Berlín, violación de los derechos humanos, etc., etc.”. A continuación, “off the record” y con la condición de no escribir ni radiar una sola palabra sobre el asunto, el militar le explicó la realidad: “Las potencias occidentales hemos recibido el Muro como alivio. A medio plazo, Berlín Oeste se ha estabilizado. La corriente de emigrantes se estaba haciendo insoportable y desestabilizadora. Una quiebra económica de Alemania del Este habría desencadenado una reacción soviética incalculable. Se ha despejado por fin de una vez el peligro de una guerra. Claro que nos ha sorprendido el momento de su construcción, pero no el Muro como tal. Los soviéticos sabían que no habría ninguna contramedida occidental”. Y, finalmente, “con el Muro nos han dado una nueva arma de propaganda”.
Walter Ulbricht, el dirigente oriental que había declarado públicamente poco antes, “nadie tiene intención de construir un muro”, acuñó para su nefasta obra el término “muralla de protección antifascista” (“Antifaschistischer Schutzwall“). Poco después, Ulbricht recibió a Oestreicher en su despacho de Berlín Este. También en condiciones de “off the record”, sus declaraciones fueron igual de sinceras y reveladoras de la mentalidad de la época:
“Mi Estado estaba en peligro. Nuestra población educada en el mundo burgués que aun no ha desarrollado ninguna comprensión del socialismo, estaba huyendo en estampida. Los hospitales se vaciaban de médicos, toda nuestra economía estaba amenazada. En aras de la salvación del campo socialista y de la paz mundial, el Muro se ha hecho una trágica necesidad”.
A Ulbricht se le preguntó si no se podría haber conseguido lo mismo con una política de paz como la que el deshielo de Jrushov apuntaba desde la URSS, explica Oestreicher. Su respuesta fue:
“Claro, los que están ahí detrás pueden permitírselo todo. Yo estoy en primera línea y el soldado que está en la trinchera ni siquiera puede encender un cigarrillo. Solo así podemos salvar el socialismo, cuyos resultados disfrutarán las futuras generaciones. Yo no viviré para verlo y tengo que acarrear con el odio de mis ciudadanos”.
Preguntado por los tiros contra la gente que intentaba cruzar el muro, añadió, “Tampoco en eso tengo elección. Como la estadística muestra, no se dispara siempre, pero sin la orden de disparar (contra los tránsfugas) el Muro no habría tenido sentido. Cada disparo en el Muro es un disparo contra mí. Con ello damos al enemigo de clase el mejor recurso propagandístico, pero poner en juego el socialismo y la paz costaría infinitamente muchas más muertes”.
La historia la escriben los vencedores y estos hechos, naturalmente, se olvidan hoy, pero la realidad es que el Muro, construido por uno, fue un asunto de dos.
El sufrimiento del Este
Un asunto de dos, pero que sufrieron sobre todo unos, los alemanes orientales. Para los dieciséis millones de ciudadanos de la RDA, la posibilidad de salir del país era un sueño sin parangón con los de sus semejantes de otros países del Este. Desde 1972 se podía viajar a Polonia y Checoslovaquia con el DNI, pero a partir de 1980 la aparición de Solidarnosc eliminó a Polonia. Para ir a Hungría, Rumania y Bulgaria se precisaba de un permiso de la policía que salvo sospecha de disidencia casi siempre se otorgaba al solicitante. Con la excepción de la corona checa, el cambio de moneda se limitaba a una pequeña cantidad, lo que convertía el turismo en ejercicio de precariedad y lo condenaba a prácticas de intercambio. Los viajes a otros países del bloque, desde la URSS a Vietnam pasando por Cuba, eran complicados, casi siempre organizados y oficiales. El viaje a la Alemania Occidental (RFA) era capítulo aparte.
Desde 1964, los jubilados con parientes en el otro lado podían visitar la RFA una vez al año, posibilidad a la que se acogían 1,3 millones de jubilados al año. A partir de 1972 varios miles de jóvenes podían también viajar por “razones familiares especiales” como, bautismos, bodas, enfermedades o fallecimientos de parientes del otro lado. En 1986, por ejemplo, Angela Merkel, que entonces trabajaba en un Instituto científico de Berlín Este, viajó a Hamburgo para asistir a la boda de su prima, lo que aprovechó para recorrer la RFA de punta a punta. El año anterior, 185.000 ciudadanos de la RDA habían utilizado esa posibilidad, que, como la de los jubilados, era consecuencia de iniciativas negociadas por los políticos de la RFA. En la misma época se registraban entre tres y ocho millones de visitas a la RDA desde la RFA y Berlín Oeste.
La media de ciudadanos de la RDA huidos ilegalmente a través de la frontera era de unos 3.000 anuales entre 1980 y 1985. Antes, la menor sofisticación del muro interalemán había permitido huir a más gente. Hasta la construcción del Muro de Berlín, de 155 kilómetros, en 1961, y de la frontera interalemana, de 1.390 kilómetros, tres millones de ciudadanos del Este pasaron al Oeste, la inmensa mayoría porque se vivía mejor y había más oportunidades económicas. Desde 1962 hasta la caída del Muro, en 1989, 600.000 personas de la RDA pudieron emigrar, oficial o ilegalmente, a la RFA, incluidas 33.000 de ellas encarceladas que el gobierno de la RDA vendió, a un precio que en 1988 alcanzó los 100.000 euros por cabeza.
La frontera interalemana se cobró más de 1200 vidas de gente que intentó cruzarla por los medios más diversos, desde túneles hasta globos, a nado o metidas en paquetes y maletas. Entre ellos, varios centenares, el número exacto se desconoce, murieron tiroteados por guardias fronterizos o instalaciones de disparo automático del Este.
(Publicado en Ctxt)
Fuente:
https://rafaelpoch.com/2019/11/07/el-muro-fue-consecuencia-de-hitler-i/
¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada?
Participe y responda a la pregunta que esta semana plantea el Foro de Educación de EL PAÍS
¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.
Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.
https://elpais.com/formularios/foro_de_educacion.pl
¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo" no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.
Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.
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lunes, 18 de noviembre de 2019
El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia
¿A quién se le ocurrió que la contención salarial y el menor gasto público podían contribuir a mejorar los niveles de vida?
JOSEPH E. STIGLITZ 17 NOV 2019 - 00:16 CET
Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado The End of History? (¿El fin de la historia?), donde sostenía que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo.
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica...
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos 40 años.
Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuatro décadas debilitando la democracia.
La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados para controlar una parte importante de su propio destino, como Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, explicó con mucha claridad, y como yo mismo sostengo en mis libros recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. Los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía.
Incluso en los países ricos se decía a los ciudadanos: “No es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) “porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán”.
En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales.
Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la “investigación basada en la evidencia”. Pues bien, 40 años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y Bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba en vez de derramarse hacia abajo.
¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados.
Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: desconfianza en las élites, en la “ciencia” económica en la que se basó el neoliberalismo y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible.
La realidad es que, pese a su nombre, la era del neoliberalismo no tuvo nada de liberal. Impuso una ortodoxia intelectual con guardianes totalmente intolerantes del disenso. A los economistas de ideas heterodoxas se los trató como a herejes dignos de ser evitados o, en el mejor de los casos, relegados a unas pocas instituciones aisladas. El neoliberalismo se pareció muy poco a la “sociedad abierta” que defendió Karl Popper. Como recalcó George Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro conocimiento en la conducta del sistema.
La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de los mercados y su desestimación de las externalidades cual inexistentes o insignificantes llevaron a la desregulación, que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, con intentos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente.
Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas.
La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Roosevelt Institute.
https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.html?prod=REGCRART&o=cerrado#&event_log=fa&event_log=fa
JOSEPH E. STIGLITZ 17 NOV 2019 - 00:16 CET
Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado The End of History? (¿El fin de la historia?), donde sostenía que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo.
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica...
Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa teoría aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos 40 años.
Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuatro décadas debilitando la democracia.
La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados para controlar una parte importante de su propio destino, como Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, explicó con mucha claridad, y como yo mismo sostengo en mis libros recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. Los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía.
Incluso en los países ricos se decía a los ciudadanos: “No es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) “porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán”.
En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales.
Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la “investigación basada en la evidencia”. Pues bien, 40 años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y Bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba en vez de derramarse hacia abajo.
¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados.
Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: desconfianza en las élites, en la “ciencia” económica en la que se basó el neoliberalismo y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible.
La realidad es que, pese a su nombre, la era del neoliberalismo no tuvo nada de liberal. Impuso una ortodoxia intelectual con guardianes totalmente intolerantes del disenso. A los economistas de ideas heterodoxas se los trató como a herejes dignos de ser evitados o, en el mejor de los casos, relegados a unas pocas instituciones aisladas. El neoliberalismo se pareció muy poco a la “sociedad abierta” que defendió Karl Popper. Como recalcó George Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro conocimiento en la conducta del sistema.
La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de los mercados y su desestimación de las externalidades cual inexistentes o insignificantes llevaron a la desregulación, que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, con intentos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente.
Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas.
La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Roosevelt Institute.
https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.html?prod=REGCRART&o=cerrado#&event_log=fa&event_log=fa
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