El Captor
Dentro del Título I de la Constitución española -De los derechos y deberes fundamentales-, en el capítulo III -De los principios rectores de la política social y económica-, el Artículo 40.1 indica: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.”
Pero nunca en la historia de la actual Constitución española se ha producido una situación de pleno empleo, resultando posible añadir, inclusive, que ninguna -o casi ninguna- formación política ha planteado recientemente, y ante la gravedad del contexto económico actual (más del 20% de la población activa desempleada), un objetivo programático de pleno empleo y de consecución en el corto plazo.
Cuestión, aunque parezca mentira, en absoluto baladí, ya que los preceptos constitucionales fueron aprobados para establecer su cumplimiento sin que sobre ellos recayese discrecionalidad alguna por parte de los poderes y agentes institucionales.
De ahí que de no observarse una situación de pleno empleo en el actual mercado laboral ello sea debido a que o bien no se ha realizado “de manera especial una política orientada” a la consecución de dicho objetivo, o bien el ejercicio de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial ha sido estrepitosamente fraudulento en este sentido, situación ante la cual el actual sistema democrático de España debería de disponer de los pertinentes mecanismos, también constitucionales, para la debida rendición de cuentas ante la soberanía nacional (recuérdese; “reside en el pueblo español”).
Por consiguiente, ¿que por qué no ha habido nunca pleno empleo en España? Lo diremos de nuevo y de todas las únicas formas posibles. Porque los poderes públicos no han realizado de manera especial una política orientada al pleno empleo. Y porque, ahora, o en el instante siguiente en el que usted decida sentarse ante su televisor, cualquiera de los candidatos al próximo gobierno de la nación podrá aparecer disputando una simpática partida de futbolín, al tiempo que le confirma a un graciosillo cantante de rancheras/”periodista” que sí, que esta idea de mostrarse ante la gente así es total no solo porque le humaniza como representante político sino también porque le homogeneiza con el conjunto de los representados.
Será entonces cuando usted piense: “¡Y una mi...!, ¡siguiente candidato, por favor!” Tan solo aquél cuyo sueldo sirva para defender alguno de los artículos más mentirosamente bellos, por el momento, de nuestra Constitución.
Fuente: http://www.elcaptor.com/2015/11/por-que-no-pleno-empleo-espana.html
domingo, 20 de diciembre de 2015
sábado, 19 de diciembre de 2015
La cumbre del clima de París, condenada al “éxito”. El actual borrador contiene tantas variantes que lo esencial sigue completamente abierto
Rafael Poch
La Vanguardia
“Cuando se reúnen tantos jefes de Estado y 196 países, el resultado no puede ser más que un éxito”, dice sin ironía el profesor colombiano Germán Palacios de la Universidad amazónica de Leticia. Un éxito en el sentido de la crónica oficial, que nunca admitirá un fracaso, pero también un éxito por las dificultades objetivas que supone poner de acuerdo tantos intereses contrapuestos. Es tan difícil que cualquier consenso es meritorio. Aunque sea kafkiano.
Estados Unidos, el mayor emisor per cápita y por historia, es el gran impedimento. Su Congreso está dominado por negacionistas y neonegacionistas al servicio de las grandes compañías energéticas.
El negacionismo climático es como el del holocausto, porque niega hechos probados, explica el climatólogo francés Eric Guilyardi. Tiene cuatro categorías; 1) No hay calentamiento global; 2) Hay calentamiento, pero no se debe a la acción humana, 3) Se debe a la acción humana, pero no es grave; y 4) Es grave, pero hay soluciones tecnológicas. En los últimos años, los negacionistas del Congreso de Estados Unidos, han pasado de las ya insostenibles categorías 1 y 2 a las 3 y 4.
Como el Congreso de Estados Unidos nunca va a aprobar un acuerdo con obligaciones de reducir emisiones, uno de los éxitos de esta conferencia ha sido “lograr” que el acuerdo no vaya a ser “jurídicamente vinculante”. Esto ya lo adelantó el 11 de noviembre el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Entonces, el Presidente francés, François Hollande, le respondió que “si no es jurídicamente vinculante, no habrá acuerdo”. Ahora Francia ha vendido como un éxito que no lo sea. La Conferencia rebosa este tipo de pragmatismos realistas con aspecto de absurdo.
En términos geopolíticos el tema climático reposa sobre dos potencias, Estados Unidos y China, que ya es el primer emisor en términos absolutos. A diferencia de sus homólogos norteamericanos, los políticos chinos no son negacionistas, conocen perfectamente la realidad, y su población sufre la contaminación de forma mucho más cruda que la norteamericana. Además, sus grandes corporaciones –las energéticas suelen ser estatales en China– no mandan a los políticos, como ocurre en Estados Unidos, sino al revés: son las chicas de los recados del Comité Central del Partido de Estado. El problema es que China quiere seguir contaminando para “desarrollarse”, por más que ese desarrollo signifique pérdidas materiales –que no se contabilizan oficialmente– pero que superan con creces los índices de crecimiento, como la Academia de Ciencias china ha establecido en diversos estudios.
Sea como sea, el caso es que, por distintos motivos, los dos países están interesados en mantener la situación, poniendo algunos parches. Eso quiere decir un acuerdo que, esencialmente, incrementará las emisiones en el futuro inmediato y cuyo texto se concretará en los próximos días.
De momento el texto borrador del acuerdo ha sufrido una cura de adelgazamiento: solo tiene 29 páginas, pero mantiene 350 corchetes, que definen las diferentes propuestas en suspenso cuya redacción definitiva debe aclararse. En su actual estado es muy difícil pronosticar por dónde irán los tiros.
Por ejemplo, en el artículo tercero que se refiere a la atenuación de emisiones, una opción contempla objetivos cifrados y fechados de reducción de emisiones. Una de ellas habla de una reducción del 70 al 95% para 2050, en relación con el año 2020. Otra variante no contempla ni objetivo ni fecha y prefiere fórmulas vagas.
En el aspecto financiación también se encuentra de todo; desde “superar” los 100.000 millones de dólares anuales (la promesa de dinero “movilizado” que el Norte hizo al Sur en 2009), hasta una fórmula con cantidades que solo apunta que “se tendría” que hacer algo… En el artículo segundo, referido a “propósitos”, dos de las tres opciones del actual borrador mencionan un límite de calentamiento de 1,5 ºC en lugar de los 2 ºC, tal como piden los Estados más expuestos. Es una buena señal, pero habrá que ver en qué queda.
El presidente Obama marcó el “liderazgo” de la cumbre en su primera jornada, nos dijo la crónica oficial (siempre condenada al “éxito), simplemente porque Obama pronunció un discurso cuyo mérito era reconocer el título de primer contaminador. Obama reconoció la existencia de unos “daños y perjuicios” que la emisión de los desarrollados ha creado y sigue creando, pero no admite que de ello se desprenda ninguna obligación o pasivo concreto (liability), como el papa Francisco establece con toda claridad en los artículos 51 y 52 de su encíclica Laudatio si.
El 4 de diciembre el embajador de Estados Unidos para el cambio climático, Todd Stern, dejó las cosas claras cuando dijo en conferencia de prensa que la cuestión de los daños y perjuicios de los desarrollados a los demás era “importante para muchos países”. Y a continuación añadió:
“Solo hay una cosa que no aceptamos y no vamos a aceptar en este acuerdo y es la noción de que debería haber obligación y compensación por daños y perjuicios”. “Esa es la línea roja que no vamos a cruzar, y esa es la línea de casi todos, sino todos, los países desarrollados”. Respecto al tope de 1,5 ºC, Todd ya aclaró entonces que habría “algún reconocimiento, porque es importante para muchos países. Alguna referencia en algún sitio”, dijo.
“Lo único que espero es que no la pifien, necesitamos un acuerdo revisable que incluya el objetivo de 1,5 ºC y que resuelva la financiación para el Sur global. No espero que cambien el sistema, pero que hagan algo contra el cambio climático”, dice Eros Sana, portavoz de la organización 350.0org.
¿Es realista pensar que se cumplan esos tres puntos? “De alguna manera”, responde Sana.”Si no se adopta un calendario de revisión para antes de 2020 será un fracaso. Si no se toma el objetivo de 1,5 ºC, será una catástrofe para los países insulares, y si no ayudan a los países del sur poniendo 100.000 millones sobre la mesa, entonces India y África dirán, “tenemos razón en no querer participar en esto”.
Respecto a los daños y perjuicios, “el punto central no es tanto el cálculo y el pago de la deuda ecológica, sino la petición de que se reconozca el pasivo (liability) ambiental y, sobre todo, que esa deuda no debería seguir aumentando”, dice Joan Martínez Alier, uno de los patriarcas de la economía ecológica en España.
El reconocimiento de ese pasivo, “es la cuestión central de este acuerdo”, dice Sana. “Antes teníamos a Bush que decía “no”, y ahora tenemos a Obama que dice cosas, pide disculpas, reconoce que hay “algo”, pero se niega a reconocer la existencia de un pasivo. Por eso no espero nada en esto de esta cumbre”, dice. El “éxito” está servido.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/natural/clima/20151210/30717935165/cumbre-clima-paris-condenada-exito.html
La Vanguardia
“Cuando se reúnen tantos jefes de Estado y 196 países, el resultado no puede ser más que un éxito”, dice sin ironía el profesor colombiano Germán Palacios de la Universidad amazónica de Leticia. Un éxito en el sentido de la crónica oficial, que nunca admitirá un fracaso, pero también un éxito por las dificultades objetivas que supone poner de acuerdo tantos intereses contrapuestos. Es tan difícil que cualquier consenso es meritorio. Aunque sea kafkiano.
Estados Unidos, el mayor emisor per cápita y por historia, es el gran impedimento. Su Congreso está dominado por negacionistas y neonegacionistas al servicio de las grandes compañías energéticas.
El negacionismo climático es como el del holocausto, porque niega hechos probados, explica el climatólogo francés Eric Guilyardi. Tiene cuatro categorías; 1) No hay calentamiento global; 2) Hay calentamiento, pero no se debe a la acción humana, 3) Se debe a la acción humana, pero no es grave; y 4) Es grave, pero hay soluciones tecnológicas. En los últimos años, los negacionistas del Congreso de Estados Unidos, han pasado de las ya insostenibles categorías 1 y 2 a las 3 y 4.
Como el Congreso de Estados Unidos nunca va a aprobar un acuerdo con obligaciones de reducir emisiones, uno de los éxitos de esta conferencia ha sido “lograr” que el acuerdo no vaya a ser “jurídicamente vinculante”. Esto ya lo adelantó el 11 de noviembre el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Entonces, el Presidente francés, François Hollande, le respondió que “si no es jurídicamente vinculante, no habrá acuerdo”. Ahora Francia ha vendido como un éxito que no lo sea. La Conferencia rebosa este tipo de pragmatismos realistas con aspecto de absurdo.
En términos geopolíticos el tema climático reposa sobre dos potencias, Estados Unidos y China, que ya es el primer emisor en términos absolutos. A diferencia de sus homólogos norteamericanos, los políticos chinos no son negacionistas, conocen perfectamente la realidad, y su población sufre la contaminación de forma mucho más cruda que la norteamericana. Además, sus grandes corporaciones –las energéticas suelen ser estatales en China– no mandan a los políticos, como ocurre en Estados Unidos, sino al revés: son las chicas de los recados del Comité Central del Partido de Estado. El problema es que China quiere seguir contaminando para “desarrollarse”, por más que ese desarrollo signifique pérdidas materiales –que no se contabilizan oficialmente– pero que superan con creces los índices de crecimiento, como la Academia de Ciencias china ha establecido en diversos estudios.
Sea como sea, el caso es que, por distintos motivos, los dos países están interesados en mantener la situación, poniendo algunos parches. Eso quiere decir un acuerdo que, esencialmente, incrementará las emisiones en el futuro inmediato y cuyo texto se concretará en los próximos días.
De momento el texto borrador del acuerdo ha sufrido una cura de adelgazamiento: solo tiene 29 páginas, pero mantiene 350 corchetes, que definen las diferentes propuestas en suspenso cuya redacción definitiva debe aclararse. En su actual estado es muy difícil pronosticar por dónde irán los tiros.
Por ejemplo, en el artículo tercero que se refiere a la atenuación de emisiones, una opción contempla objetivos cifrados y fechados de reducción de emisiones. Una de ellas habla de una reducción del 70 al 95% para 2050, en relación con el año 2020. Otra variante no contempla ni objetivo ni fecha y prefiere fórmulas vagas.
En el aspecto financiación también se encuentra de todo; desde “superar” los 100.000 millones de dólares anuales (la promesa de dinero “movilizado” que el Norte hizo al Sur en 2009), hasta una fórmula con cantidades que solo apunta que “se tendría” que hacer algo… En el artículo segundo, referido a “propósitos”, dos de las tres opciones del actual borrador mencionan un límite de calentamiento de 1,5 ºC en lugar de los 2 ºC, tal como piden los Estados más expuestos. Es una buena señal, pero habrá que ver en qué queda.
El presidente Obama marcó el “liderazgo” de la cumbre en su primera jornada, nos dijo la crónica oficial (siempre condenada al “éxito), simplemente porque Obama pronunció un discurso cuyo mérito era reconocer el título de primer contaminador. Obama reconoció la existencia de unos “daños y perjuicios” que la emisión de los desarrollados ha creado y sigue creando, pero no admite que de ello se desprenda ninguna obligación o pasivo concreto (liability), como el papa Francisco establece con toda claridad en los artículos 51 y 52 de su encíclica Laudatio si.
El 4 de diciembre el embajador de Estados Unidos para el cambio climático, Todd Stern, dejó las cosas claras cuando dijo en conferencia de prensa que la cuestión de los daños y perjuicios de los desarrollados a los demás era “importante para muchos países”. Y a continuación añadió:
“Solo hay una cosa que no aceptamos y no vamos a aceptar en este acuerdo y es la noción de que debería haber obligación y compensación por daños y perjuicios”. “Esa es la línea roja que no vamos a cruzar, y esa es la línea de casi todos, sino todos, los países desarrollados”. Respecto al tope de 1,5 ºC, Todd ya aclaró entonces que habría “algún reconocimiento, porque es importante para muchos países. Alguna referencia en algún sitio”, dijo.
“Lo único que espero es que no la pifien, necesitamos un acuerdo revisable que incluya el objetivo de 1,5 ºC y que resuelva la financiación para el Sur global. No espero que cambien el sistema, pero que hagan algo contra el cambio climático”, dice Eros Sana, portavoz de la organización 350.0org.
¿Es realista pensar que se cumplan esos tres puntos? “De alguna manera”, responde Sana.”Si no se adopta un calendario de revisión para antes de 2020 será un fracaso. Si no se toma el objetivo de 1,5 ºC, será una catástrofe para los países insulares, y si no ayudan a los países del sur poniendo 100.000 millones sobre la mesa, entonces India y África dirán, “tenemos razón en no querer participar en esto”.
Respecto a los daños y perjuicios, “el punto central no es tanto el cálculo y el pago de la deuda ecológica, sino la petición de que se reconozca el pasivo (liability) ambiental y, sobre todo, que esa deuda no debería seguir aumentando”, dice Joan Martínez Alier, uno de los patriarcas de la economía ecológica en España.
El reconocimiento de ese pasivo, “es la cuestión central de este acuerdo”, dice Sana. “Antes teníamos a Bush que decía “no”, y ahora tenemos a Obama que dice cosas, pide disculpas, reconoce que hay “algo”, pero se niega a reconocer la existencia de un pasivo. Por eso no espero nada en esto de esta cumbre”, dice. El “éxito” está servido.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/natural/clima/20151210/30717935165/cumbre-clima-paris-condenada-exito.html
La demonización de la clase obrera.
Escribe Owen Jones en su espléndido libro Chavs: La demonización de la clase obrera, “La Cámara de los Comunes no es representativa, no refleja al país en su conjunto. Es demasiado representativo de abogados, periodistas metidos a políticos, diversas profesiones, sobre todo profesores de universidad…Hay pocos que hayan trabajado en centros de atención telefónica o en fábricas, o hayan sido funcionarios municipales de rango bajo… Antiguamente había una tradición, sobre todo en los escaños laboristas, de diputados que habían empezado trabajando en fábricas y minas. Esa época pasó hace mucho”. Si trasladamos esa reflexión a la composición del Congreso de los Diputados y de los parlamentos de las comunidades autónomas llegaríamos a una conclusión bastante parecida. El neoliberalismo no solo ha representado un ataque a los derechos de las clases trabajadores sino también, entre otras cosas, una modificación de la representación política y ha dedicado un ingente esfuerzo para cambiar la percepción de la sociedad respecto a las clases sociales. Algo así como “si parece que las clases sociales se han difuminado lo tendremos mejor para que siga gobernando nuestra clase social”. Volviendo al libro citado, algo que lograron en el Reino Unido Margaret Thatcher venciendo a los mineros en 1985 y descabezando y desorganizando al potente movimiento sindical y posteriormente el dirigente laborista Toni Blair pretendiendo que “todos somos clase media”.
La campaña electoral que finalizará el próximo 20 D anuncia un cambio, más allá de quien gane o de las combinaciones de gobierno que puedan formarse, las cosas ya no podrán hacerse de la misma manera. Habrá que reconocer que ese cambio puede quedar lejos aún del que hace unos meses podía vislumbrarse, destinado a abrir un proceso o procesos constituyentes y a cambios en las políticas económicas y sociales favorables a las clases trabajadoras. Pero sí podemos constatar que tanto entre los candidatos de las izquierdas como en los contenidos de las campañas hay muy poca presencia de la clase obrera organizada. Cuando podamos hacer un análisis sociológico de los nuevos diputados y diputadas es muy probable que encontremos un panorama parecido al que denuncia Owen Jones en su libro. Y eso es una anormalidad.
El proceso de cambio que desde posiciones de izquierda se ha ido gestando es el resultado de varios factores: la rebelión del 15M, las huelgas generales contra las reformas laborales, las luchas y mareas contra los recortes en los derechos públicos, las movilizaciones contra los desahucios, el movimiento soberanista en Catalunya… y en todos ellos ha habido un peso importante, si no fundamental, del mundo del trabajo y de su expresión organizada, el movimiento sindical. Las candidatas y candidatos, allí donde hay confluencia (Catalunya, Valencia y Galicia) en Podemos, en Unidad Popular-IU, en Bildu… representan una gran renovación, son el reflejo del conjunto de esas protestas ciudadanas, pero se nota la falta de representantes del mundo del trabajo.
Sindicalismo de clase
Si compartimos “que el trabajo es la fuente de toda la riqueza y la medida de todos los valores” hay que apostar por colocar ese problema en el centro porque sino estamos mareando la perdiz a la hora de buscar alternativas para salir de la crisis y organizar un cambio real a favor de las clases trabajadoras. Hay, además, otro aspecto fundamental: difícilmente podrá haber mayorías sociales de cambio a la izquierda sin la presencia activa y visible del movimiento obrero.
El objetivo de los capitalistas y sus políticas neoliberales para afrontar la crisis ha consistido en reducir salarios, enviar al paro a millones de personas, recortar derechos, generalizar aún más la precariedad y debilitar al sindicalismo, especialmente a través de la última reforma laboral. Un proceso de cambio político y social exige reconquistar todo lo que ha sido arrebatado. Por eso el trabajo debe situarse en el centro, porque no hablamos sólo de un empleo sino de todo lo que está relacionado con él: un salario decente para tener independencia económica, derechos (un convenio colectivo, una jornada laboral, vacaciones, salud, formación, etc.) pero también trabajo en el sentido de organización de clase de los trabajadores. Existe una relación mutua: si hay trabajo puede haber sindicato, si hay sindicato hay derechos.
La política neoliberal, la del PP y la que anuncia Ciudadanos, persigue lo contrario. Sabe que sin trabajo no hay organización. Si el salario es bajo hay menos sindicación. A mayor precariedad hay menos sindicalismo y si hay menos sindicato hay menos derechos, salarios inferiores, jornadas más largas, salud laboral más precaria. No nos limitamos a los derechos laborales, porque la defensa de los derechos de ciudadanía, salud, educación, formación, vivienda, cuya defensa incumbe al conjunto de la sociedad, necesita también de organización y de confluencia entre los diversos actores. Por ejemplo, las mareas contra los recortes en sanidad o educación se basaron en la colaboración de intereses entre los trabajadores y la población.
Se puede debatir y confrontar opiniones sobre si la política de las direcciones sindicales ha sido la adecuada para la actual situación, pero no hay ninguna duda de que el sindicalismo es la base para la resistencia.
A través del sindicalismo de clase, tanto de los grandes sindicatos como de los alternativos, es como se organiza la clase trabajadora, porque aunque el nivel de afiliación sea relativamente bajo (alrededor de un 15%) no lo es a través de la representación que significa la elección de los delegados sindicales. Con datos cerrados del 2011, se eligieron más de 300.000 delegados, votaron más de 4,7 millones de personas sobre un censo de 7,2, un 65% de participación. Si añadimos los miles de convenios negociados y firmados, incluso con las restricciones impuestas por la reforma laboral, y las negociaciones y acuerdos de empresa, y las asambleas y movilizaciones de protesta, tanto a nivel de empresa o sector como en defensa de derechos generales de la ciudadanía, sanidad, educación, etc., tendremos un panorama del instrumento organizador y movilizador del sindicalismo de clase, completamente imprescindible para cualquier cambio social por la izquierda. No se puede ignorar.
Sindicalismo y política
Pero también en el sindicalismo hay que reflexionar sobre qué papel y qué iniciativas puede tomar para jugar un papel más activo en los procesos de cambio. En su momento tuvo que luchar para defender su autonomía e independencia en la toma de decisiones, pero eso no puede entenderse como una abstención o separar artificialmente los ámbitos de la política y los del sindicalismo. Es cierto que son relaciones complejas y no siempre tienen un único sentido, pero también es necesario ponerlas a debate.
Ante los ataques brutales que se han vivido el sindicalismo por sí mismo no ha podido defenderse ni defender los derechos de las clases trabajadoras. Se necesita el máximo de alianzas posibles para derrotar a un enemigo fuerte. Alianzas con otros movimientos sociales, alianzas con los partidos, con las asociaciones de vecinos, mareas, etc. Con todo quien esté dispuesto a luchar contra las políticas neoliberales. Y hay que hacerlo con espíritu unitario, sin pretender hegemonías de uno u otro, sino con la convicción de que sólo la suma y la movilización pueden lograr volver a conquistar los derechos. Para que la clase obrera esté en el centro del cambio social, el sindicalismo también tiene que reivindicar su lugar y su papel en la política.
Toda lucha laboral o social es una expresión de lucha de clases y por lo tanto política: unas veces se expresa en la negociación de un convenio colectivo o en la lucha contra la precariedad y otras en la exigencia de nuevas leyes o derechos universales para la sociedad y en todas ellas la participación del “trabajo asalariado” es determinante (ya sea como trabajador o como ciudadano)
La perspectiva de un cambio político y social exige cambios en las organizaciones y en las relaciones entre ellas, será el esfuerzo colectivo lo que permitirá derrotar a la derecha, tanto con los votos como con la movilización social.
Porque para el día después del 20 D hay amenazas bien concretas: la Unión Europea ya ha anunciado que exigirá una reducción de 7.000 millones al próximo gobierno que surja de las urnas, o sea más recortes; también que debe ampliar aún más la reforma laboral, menos derechos y/o abaratamiento del despido y /o reducción de pensiones, y sino pondrán por delante la propuesta de contrato único de Ciudadanos, que es otra vuelta de tuerca a las anteriores reformas laborales.
Por eso hay que colocar el empleo y la recuperación de los derechos laborales en el centro del debate y la acción. Tal como lo explican los sindicalistas, cambio es también poner en el centro el conflicto capital-trabajo, o sea la lucha de clases.
Miguel Salas Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso Fuente: www.sinpermiso.info, 13 de diciembre 2015
La campaña electoral que finalizará el próximo 20 D anuncia un cambio, más allá de quien gane o de las combinaciones de gobierno que puedan formarse, las cosas ya no podrán hacerse de la misma manera. Habrá que reconocer que ese cambio puede quedar lejos aún del que hace unos meses podía vislumbrarse, destinado a abrir un proceso o procesos constituyentes y a cambios en las políticas económicas y sociales favorables a las clases trabajadoras. Pero sí podemos constatar que tanto entre los candidatos de las izquierdas como en los contenidos de las campañas hay muy poca presencia de la clase obrera organizada. Cuando podamos hacer un análisis sociológico de los nuevos diputados y diputadas es muy probable que encontremos un panorama parecido al que denuncia Owen Jones en su libro. Y eso es una anormalidad.
El proceso de cambio que desde posiciones de izquierda se ha ido gestando es el resultado de varios factores: la rebelión del 15M, las huelgas generales contra las reformas laborales, las luchas y mareas contra los recortes en los derechos públicos, las movilizaciones contra los desahucios, el movimiento soberanista en Catalunya… y en todos ellos ha habido un peso importante, si no fundamental, del mundo del trabajo y de su expresión organizada, el movimiento sindical. Las candidatas y candidatos, allí donde hay confluencia (Catalunya, Valencia y Galicia) en Podemos, en Unidad Popular-IU, en Bildu… representan una gran renovación, son el reflejo del conjunto de esas protestas ciudadanas, pero se nota la falta de representantes del mundo del trabajo.
Sindicalismo de clase
Si compartimos “que el trabajo es la fuente de toda la riqueza y la medida de todos los valores” hay que apostar por colocar ese problema en el centro porque sino estamos mareando la perdiz a la hora de buscar alternativas para salir de la crisis y organizar un cambio real a favor de las clases trabajadoras. Hay, además, otro aspecto fundamental: difícilmente podrá haber mayorías sociales de cambio a la izquierda sin la presencia activa y visible del movimiento obrero.
El objetivo de los capitalistas y sus políticas neoliberales para afrontar la crisis ha consistido en reducir salarios, enviar al paro a millones de personas, recortar derechos, generalizar aún más la precariedad y debilitar al sindicalismo, especialmente a través de la última reforma laboral. Un proceso de cambio político y social exige reconquistar todo lo que ha sido arrebatado. Por eso el trabajo debe situarse en el centro, porque no hablamos sólo de un empleo sino de todo lo que está relacionado con él: un salario decente para tener independencia económica, derechos (un convenio colectivo, una jornada laboral, vacaciones, salud, formación, etc.) pero también trabajo en el sentido de organización de clase de los trabajadores. Existe una relación mutua: si hay trabajo puede haber sindicato, si hay sindicato hay derechos.
La política neoliberal, la del PP y la que anuncia Ciudadanos, persigue lo contrario. Sabe que sin trabajo no hay organización. Si el salario es bajo hay menos sindicación. A mayor precariedad hay menos sindicalismo y si hay menos sindicato hay menos derechos, salarios inferiores, jornadas más largas, salud laboral más precaria. No nos limitamos a los derechos laborales, porque la defensa de los derechos de ciudadanía, salud, educación, formación, vivienda, cuya defensa incumbe al conjunto de la sociedad, necesita también de organización y de confluencia entre los diversos actores. Por ejemplo, las mareas contra los recortes en sanidad o educación se basaron en la colaboración de intereses entre los trabajadores y la población.
Se puede debatir y confrontar opiniones sobre si la política de las direcciones sindicales ha sido la adecuada para la actual situación, pero no hay ninguna duda de que el sindicalismo es la base para la resistencia.
A través del sindicalismo de clase, tanto de los grandes sindicatos como de los alternativos, es como se organiza la clase trabajadora, porque aunque el nivel de afiliación sea relativamente bajo (alrededor de un 15%) no lo es a través de la representación que significa la elección de los delegados sindicales. Con datos cerrados del 2011, se eligieron más de 300.000 delegados, votaron más de 4,7 millones de personas sobre un censo de 7,2, un 65% de participación. Si añadimos los miles de convenios negociados y firmados, incluso con las restricciones impuestas por la reforma laboral, y las negociaciones y acuerdos de empresa, y las asambleas y movilizaciones de protesta, tanto a nivel de empresa o sector como en defensa de derechos generales de la ciudadanía, sanidad, educación, etc., tendremos un panorama del instrumento organizador y movilizador del sindicalismo de clase, completamente imprescindible para cualquier cambio social por la izquierda. No se puede ignorar.
Sindicalismo y política
Pero también en el sindicalismo hay que reflexionar sobre qué papel y qué iniciativas puede tomar para jugar un papel más activo en los procesos de cambio. En su momento tuvo que luchar para defender su autonomía e independencia en la toma de decisiones, pero eso no puede entenderse como una abstención o separar artificialmente los ámbitos de la política y los del sindicalismo. Es cierto que son relaciones complejas y no siempre tienen un único sentido, pero también es necesario ponerlas a debate.
Ante los ataques brutales que se han vivido el sindicalismo por sí mismo no ha podido defenderse ni defender los derechos de las clases trabajadoras. Se necesita el máximo de alianzas posibles para derrotar a un enemigo fuerte. Alianzas con otros movimientos sociales, alianzas con los partidos, con las asociaciones de vecinos, mareas, etc. Con todo quien esté dispuesto a luchar contra las políticas neoliberales. Y hay que hacerlo con espíritu unitario, sin pretender hegemonías de uno u otro, sino con la convicción de que sólo la suma y la movilización pueden lograr volver a conquistar los derechos. Para que la clase obrera esté en el centro del cambio social, el sindicalismo también tiene que reivindicar su lugar y su papel en la política.
Toda lucha laboral o social es una expresión de lucha de clases y por lo tanto política: unas veces se expresa en la negociación de un convenio colectivo o en la lucha contra la precariedad y otras en la exigencia de nuevas leyes o derechos universales para la sociedad y en todas ellas la participación del “trabajo asalariado” es determinante (ya sea como trabajador o como ciudadano)
La perspectiva de un cambio político y social exige cambios en las organizaciones y en las relaciones entre ellas, será el esfuerzo colectivo lo que permitirá derrotar a la derecha, tanto con los votos como con la movilización social.
Porque para el día después del 20 D hay amenazas bien concretas: la Unión Europea ya ha anunciado que exigirá una reducción de 7.000 millones al próximo gobierno que surja de las urnas, o sea más recortes; también que debe ampliar aún más la reforma laboral, menos derechos y/o abaratamiento del despido y /o reducción de pensiones, y sino pondrán por delante la propuesta de contrato único de Ciudadanos, que es otra vuelta de tuerca a las anteriores reformas laborales.
Por eso hay que colocar el empleo y la recuperación de los derechos laborales en el centro del debate y la acción. Tal como lo explican los sindicalistas, cambio es también poner en el centro el conflicto capital-trabajo, o sea la lucha de clases.
Miguel Salas Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso Fuente: www.sinpermiso.info, 13 de diciembre 2015
viernes, 18 de diciembre de 2015
El asalto contra Stop the War en realidad está dirigido a Corbyn
Tariq Ali
The Independent/La Jornada
El movimiento Stop de War (Detengan la Guerra), del que soy miembro fundador, fue creado para oponerse a la guerra, que evidentemente era una venganza contra Afganistán, en 2001. Recuerdo haber discutido en esa época sobre el desastre que sería para los afganos una intervención bélica; desestabilizaría al vecino Pakistán y terminaría no resolviendo nada.
Me equivoqué en un punto: porque todavía no ha terminado. También denunciamos que la guerra contra Irak estaba basada en una mentira enorme. Un millón de vidas más tarde, el país sigue siendo una ruina; su infraestructura está destruida y el vacío político que existe provocó el surgimiento del Isis (hasta Obama reconoce este hecho), mientras los políticos occidentales responsables de estos crímenes están libres. En ese tiempo muchos kurdos famosos fueron invitados a los estudios de la BBC para apoyar la guerra.
Hicimos campaña, como minoría contra la campaña de seis meses de la OTAN en Libia, que costó entre 20 mil y 30 mil vidas y dejó al país dividido en tres zonas yihadistas (Isis, Al Qaeda y variables locales de ambos grupos).
En ninguno de estos casos los medios ingleses condujeron una cacería de brujas para acusarnos de ser una fuerza maligna para la política británica. Entonces, ¿a qué se debe el actual ataque contra Stop the War, en el que participan incluso algunos miembros destacados del Partido Verde, quienes argumentan que hemos perdido la brújula moral?
La respuesta es simple: además de las guerras en Medio Oriente, ahora tenemos esa horrenda y desagradable guerra en Inglaterra, cuyo objetivo es el líder laborista, Jeremy Corbyn. Algunos esperaban que la mayor parte del Parlamento votara en favor de bombardear Siria. Esto no sucedió.
El patético discurso en favor de la guerra del laborista Hilary Benn (quien también, en su momento, apoyó la guerra contra Irak) fue inflado a niveles inconcebibles por los medios y el establishment político, desesperado por sustituir a Corbyn.
¿Cómo explicar que la mayoría de los legisladores laboristas votó en contra? Fácil. Fueron intimidados por los militantes de Stop the War. Tres páginas de esta basura fue publicada en The Independent. El verdadero intimidador fue el chico de Bullingdon (club de estudiantes de la universidad de Oxford, en el que estudió el primer ministro David Cameron, N de la T) en el Parlamento, quien acusó a los parlamentarios antiguerra de ser simpatizantes del terrorismo, al igual que Bush lo hizo cuando lanzó su guerra contra el terror.
Pero no hubo mención alguna de los diputados laboristas que fueron convencidos de votar por los bombardeos, gracias a videos sobre Siria que vieron en el Ministerio de Defensa.
¿Acaso alguien intimidó al leal contingente escocés en el Parlamento, o más bien decidieron por sí mismos que debían respetar el hecho de que 70 por ciento de los escoceses se considera opuesto a la guerra?
Al frente de esta campaña contra Corbyn, quien no hizo el menor intento de ocultar sus opiniones sobre la política doméstica ni interior antes de las elecciones, están sus propios colegas thatcherianos en las bancas de adelante y las de atrás.
Ningún opositor al Partido Conservador jamás ha despertado semejante odio y encono, siendo un líder recién electo.
La bilis se reserva para aquellos que rehúsan abandonar la socialdemocracia. Al darse cuenta de que los argumentos contra la austeridad son populares, los bandidos se han cambiado al patriotismo, la defensa de sus razones y la seguridad de su reino, volviendo sagrados los ridículos misiles Trident en el proceso.
Una prueba general de esto se aprecia en todos los programas matutinos, los cuales sugieren que si Corbyn resulta electo todo el ejército se amotinará. Dado que Corbyn es miembro fundador de Stop the War, el asalto propagandístico en su contra está esencialmente diseñado para debilitarlo y destruirlo.
Stop the War se opone a las intervenciones extranjeras, especialmente en lugares en que el gobierno británico ya está involucrado. Existe una larga tradición de actividades de este tipo en la política inglesa, comenzando con la observación que hizo William Morris en 1885, quien afirmó que la derrota del ejército británico en Sudán, bajo el mando del general Gordon y a manos de Mahdi (el líder religioso por excelencia), era positivo porque debilitó al imperio británico. Él, entonces, escribía como socialista.
Durante los años 50, la Campaña para el Desarme Nuclear impidió que Gran Bretaña se convirtiera en réplica de Estados Unidos o Alemania Occidental.
Durante más de 100 años, diputados laboristas fueron parte del movimiento antes de que la capitulación de Aneurin Bevan (líder laborista histórico, promotor de una red de seguridad social, nacido en 1897 y fallecido en 1960, N de la T) diera marcha atrás a la decisión del año siguiente.
Stop the War se ha fundado en distintos momentos. Es y siempre ha sido una coalición de individuos y organizaciones que difieren en sus opiniones sobre muchos temas. Por eso siempre se han hecho campañas en torno a un solo tema. Nunca se han hecho campañas de antipatía contra el Talibán, de Saddam; de Kadafi o de Assad. Se exige que sean retiradas todas las tropas extranjeras (incluidas las rusas) y que cesen los bombardeos aéreos.
Los argumentos contra la guerra de Stop the War no son tan distintos de los que plantean columnistas conservadores que no pueden ser intimidados: Simon Jenkins, Peter Hitchens, Peter Oborne. Ninguno de los tres simpatiza con Corbyn.
Hemos sido consistentes durante años, y por eso la organización ha sobrevivido. No existe en otro lugar un organismo similar. El reciente incremento de actividades contra la debacle en Siria se debe a la creciente convicción de que el caos asesino en la región, que tanta miseria a provocado, sólo empeorará con más bombas. La imagen de cientos de miles de refugiados sirios buscando techo en Europa ha hecho que muchos se den cuenta que la paz no se obtiene con la guerra que promueven Estados Unidos, Europa y Rusia.
Por eso la tendencia contra Stop the War, que han adoptado algunos de los verdes más importantes, sugiere una pérdida de valentía política. ¿Es muy cínico detectar en este comportamiento un temor a que el Flautista de Islington (Corbyn, N de la T) está atrayendo apoyo electoral de muchos verdes y, por tanto, tiene que ser acusado de algo?
La brújula moral del movimiento antibelicista no ha cambiado. No es ni mejor ni peor que el día en que se fundó. Las guerras continúan. Espero que este domingo haya una gran marcha.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/13/opinion/025a1mun
Traducción: Gabriela Fonseca
El movimiento Stop de War (Detengan la Guerra), del que soy miembro fundador, fue creado para oponerse a la guerra, que evidentemente era una venganza contra Afganistán, en 2001. Recuerdo haber discutido en esa época sobre el desastre que sería para los afganos una intervención bélica; desestabilizaría al vecino Pakistán y terminaría no resolviendo nada.
Me equivoqué en un punto: porque todavía no ha terminado. También denunciamos que la guerra contra Irak estaba basada en una mentira enorme. Un millón de vidas más tarde, el país sigue siendo una ruina; su infraestructura está destruida y el vacío político que existe provocó el surgimiento del Isis (hasta Obama reconoce este hecho), mientras los políticos occidentales responsables de estos crímenes están libres. En ese tiempo muchos kurdos famosos fueron invitados a los estudios de la BBC para apoyar la guerra.
Hicimos campaña, como minoría contra la campaña de seis meses de la OTAN en Libia, que costó entre 20 mil y 30 mil vidas y dejó al país dividido en tres zonas yihadistas (Isis, Al Qaeda y variables locales de ambos grupos).
En ninguno de estos casos los medios ingleses condujeron una cacería de brujas para acusarnos de ser una fuerza maligna para la política británica. Entonces, ¿a qué se debe el actual ataque contra Stop the War, en el que participan incluso algunos miembros destacados del Partido Verde, quienes argumentan que hemos perdido la brújula moral?
La respuesta es simple: además de las guerras en Medio Oriente, ahora tenemos esa horrenda y desagradable guerra en Inglaterra, cuyo objetivo es el líder laborista, Jeremy Corbyn. Algunos esperaban que la mayor parte del Parlamento votara en favor de bombardear Siria. Esto no sucedió.
El patético discurso en favor de la guerra del laborista Hilary Benn (quien también, en su momento, apoyó la guerra contra Irak) fue inflado a niveles inconcebibles por los medios y el establishment político, desesperado por sustituir a Corbyn.
¿Cómo explicar que la mayoría de los legisladores laboristas votó en contra? Fácil. Fueron intimidados por los militantes de Stop the War. Tres páginas de esta basura fue publicada en The Independent. El verdadero intimidador fue el chico de Bullingdon (club de estudiantes de la universidad de Oxford, en el que estudió el primer ministro David Cameron, N de la T) en el Parlamento, quien acusó a los parlamentarios antiguerra de ser simpatizantes del terrorismo, al igual que Bush lo hizo cuando lanzó su guerra contra el terror.
Pero no hubo mención alguna de los diputados laboristas que fueron convencidos de votar por los bombardeos, gracias a videos sobre Siria que vieron en el Ministerio de Defensa.
¿Acaso alguien intimidó al leal contingente escocés en el Parlamento, o más bien decidieron por sí mismos que debían respetar el hecho de que 70 por ciento de los escoceses se considera opuesto a la guerra?
Al frente de esta campaña contra Corbyn, quien no hizo el menor intento de ocultar sus opiniones sobre la política doméstica ni interior antes de las elecciones, están sus propios colegas thatcherianos en las bancas de adelante y las de atrás.
Ningún opositor al Partido Conservador jamás ha despertado semejante odio y encono, siendo un líder recién electo.
La bilis se reserva para aquellos que rehúsan abandonar la socialdemocracia. Al darse cuenta de que los argumentos contra la austeridad son populares, los bandidos se han cambiado al patriotismo, la defensa de sus razones y la seguridad de su reino, volviendo sagrados los ridículos misiles Trident en el proceso.
Una prueba general de esto se aprecia en todos los programas matutinos, los cuales sugieren que si Corbyn resulta electo todo el ejército se amotinará. Dado que Corbyn es miembro fundador de Stop the War, el asalto propagandístico en su contra está esencialmente diseñado para debilitarlo y destruirlo.
Stop the War se opone a las intervenciones extranjeras, especialmente en lugares en que el gobierno británico ya está involucrado. Existe una larga tradición de actividades de este tipo en la política inglesa, comenzando con la observación que hizo William Morris en 1885, quien afirmó que la derrota del ejército británico en Sudán, bajo el mando del general Gordon y a manos de Mahdi (el líder religioso por excelencia), era positivo porque debilitó al imperio británico. Él, entonces, escribía como socialista.
Durante los años 50, la Campaña para el Desarme Nuclear impidió que Gran Bretaña se convirtiera en réplica de Estados Unidos o Alemania Occidental.
Durante más de 100 años, diputados laboristas fueron parte del movimiento antes de que la capitulación de Aneurin Bevan (líder laborista histórico, promotor de una red de seguridad social, nacido en 1897 y fallecido en 1960, N de la T) diera marcha atrás a la decisión del año siguiente.
Stop the War se ha fundado en distintos momentos. Es y siempre ha sido una coalición de individuos y organizaciones que difieren en sus opiniones sobre muchos temas. Por eso siempre se han hecho campañas en torno a un solo tema. Nunca se han hecho campañas de antipatía contra el Talibán, de Saddam; de Kadafi o de Assad. Se exige que sean retiradas todas las tropas extranjeras (incluidas las rusas) y que cesen los bombardeos aéreos.
Los argumentos contra la guerra de Stop the War no son tan distintos de los que plantean columnistas conservadores que no pueden ser intimidados: Simon Jenkins, Peter Hitchens, Peter Oborne. Ninguno de los tres simpatiza con Corbyn.
Hemos sido consistentes durante años, y por eso la organización ha sobrevivido. No existe en otro lugar un organismo similar. El reciente incremento de actividades contra la debacle en Siria se debe a la creciente convicción de que el caos asesino en la región, que tanta miseria a provocado, sólo empeorará con más bombas. La imagen de cientos de miles de refugiados sirios buscando techo en Europa ha hecho que muchos se den cuenta que la paz no se obtiene con la guerra que promueven Estados Unidos, Europa y Rusia.
Por eso la tendencia contra Stop the War, que han adoptado algunos de los verdes más importantes, sugiere una pérdida de valentía política. ¿Es muy cínico detectar en este comportamiento un temor a que el Flautista de Islington (Corbyn, N de la T) está atrayendo apoyo electoral de muchos verdes y, por tanto, tiene que ser acusado de algo?
La brújula moral del movimiento antibelicista no ha cambiado. No es ni mejor ni peor que el día en que se fundó. Las guerras continúan. Espero que este domingo haya una gran marcha.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/13/opinion/025a1mun
Traducción: Gabriela Fonseca
jueves, 17 de diciembre de 2015
La ONU reprende a España por el “trato inhumano” a las víctimas del franquismo.
Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos, pide además que el Estado no se ampare en la amnistía
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, pidió ayer a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía.
Salvioli impartió en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia. En su intervención recordó que España fue examinada en julio de este año. Según explicó, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, se preguntó.
Fabián Omar Salvioli destacó que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, añadió. Salvioli también destacó que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. También consideró que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, puntualizó.
Además, recordó que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, apuntó. - E. P. Sábado, 12 de Diciembre de 2015. Deia.
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, pidió ayer a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía.
Salvioli impartió en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia. En su intervención recordó que España fue examinada en julio de este año. Según explicó, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, se preguntó.
Fabián Omar Salvioli destacó que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, añadió. Salvioli también destacó que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. También consideró que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, puntualizó.
Además, recordó que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, apuntó. - E. P. Sábado, 12 de Diciembre de 2015. Deia.
miércoles, 16 de diciembre de 2015
La muerte, el cuello blanco y el cuello azul. Cae la esperanza de vida del trabajador blanco estadounidense
TomDispatch
Estamos en la mala estación. Mejor no hacerse preguntas sobre ella. Racismo. Xenofobia. Palizas a los refugiados. La aparentemente desvergonzada e interminable sucesión de asesinatos (y otros tipos de maltrato) de ciudadanos negros a manos de la policía. Todo ello a la vista de cualquiera que quiera denunciarlo... o aplaudirlo. Y en los mítines de todo el país, los candidatos republicanos –sobre todo Donald Trump– son ciertamente vitoreados (y quienes se manifiesten en contrario, expulsados, escupidos y apaleados) por multitudes casi totalmente blancas por decir cualquier barbaridad en esta cuesta abajo al infierno. Incluso en la derecha algunos comentaristas y expertos están empezando a pronunciar la horrible palabra ‘fascismo’ cuando se trata de posibles registros federales de datos personales de musulmanes estadounidenses y otras personas por el estilo.
Ahora sabemos que las elecciones de 2016 son cada vez más un portal abierto a una edad dorada del lado oscuro de la esclavitud estadounidense; de la represión, el internamiento y el rechazo a cualquier ‘-ismo’ que no podría ser más nefasto. Y detrás de todo eso, cruzando como una autopista interestatal de un lado a otro de nuestra historia, está la tradicional y profundamente arraigada idea del privilegio ligado a la piel blanca, que alcanza incluso a quienes están relativamente despojados de poder. En estos días se está prestando mucha atención a la próxima declaración escandalosa –cualquiera que sea– que salga de la boca de Donald Trump, Ben Carson o Ted Cruz. Mucha menos atención se presta a quienes los aplauden en su locura colectiva o a los medios que desde la matanza de París están machacando cada hora de cada día de la semana, cuando se trata de la amenaza del terrorismo islámico que, desde el 11-S de 2001 han sido unos de los peligros menores en la vida de Estados Unidos. Esencialmente, las ‘noticias’ –una máquina de crear miedos– se han convertido en –a pesar de los ataques de Donald Trump contra ellos– en una máquina de promoción de los de su ralea.
Por supuesto, en esta campaña de 2016, no podría estar más claro que la versión multimillonaria de los privilegios blancos va con viento en popa, sin embargo para los blancos de la clase trabajadora los tiempos no son tan halagüeños. Tal como Barbara Ehrenreich, editora fundadora del Proyecto Penurias de la Información Económica (EHRP, por sus siglas en inglés), lo escribe hoy, en Estados Unidos la idea del privilegio blanco está en su momento más alto; esto no debería sorprender a nadie. Un estudio reciente comentado por ella sugiere que los blancos de mediana edad que solo han hecho la escuela secundaria tienen un índice de mortalidad que, en los países desarrollados, está muy cerca del último visto entre los hombres rusos después del colapso de la Unión Soviética. En otras palabras, muchos estadounidenses blancos tienen cada vez menos para celebrar en su vida; esto podría explicar su aplauso publico a Trump et al.
* * *
La gran extinción del obrero blanco estadounidense
La clase trabajadora blanca, que por lo general preocupa a los progresistas por su habitual y paradójica inclinación a votar al Partido Republicano, últimamente ha merecido la atención mediática por algo más que eso: según la economista Anne Case y Angus Deaton, ganador del último Nobel de Economía, los integrantes de este sector social de entre 45 y 54 años de edad están falleciendo a un ritmo en absoluto moderado. Mientras la esperanza de vida de los blancos más adinerados continúa creciendo, la correspondiente a los blancos pobres está disminuyendo. Como resultado de ello, solo en los últimos cuatro años, la diferencia de esperanza de vida entre los hombres blancos pobres y los más ricos ha aumentado hasta llegar a cuatro años. El New York Times publicó el estudio de Deaton y Case con este titular: “La brecha en los ingresos iguala a la de la longevidad”.
No se esperaba que pasara esto. Durante casi un siglo, la reconfortante narrativa estadounidense decía que la mejor alimentación y el cuidado de la salud garantizarían una vida más larga para todos. Por eso, la gran extinción del obrero ha llegado cuando menos se la esperaba y es, como dice el Wall Street Journal, “sorprendente”.
Sobre todo, no se esperaba que pasara esto con los blancos –en relación con los no blancos–, que habían tenido la ventaja de mejores sueldos, mejor acceso al sistema sanitario, barrios más seguros y, por supuesto, vivido libres de los insultos cotidianos y los daños infligidos a los de tez oscura. Ha habido una importante diferencia racial respecto de la longevidad –de 5,3 años entre hombres blancos y negros y de 3,8 entre mujeres blancas y negras–, a pesar de que esta diferencia, raramente notada, ha ido disminuyendo en los últimos 20 años. Sin embargo ahora solo los blancos de mediana edad son quienes están falleciendo en mayor número; este aumento de muertes está vinculado con los suicidios, el alcoholismo y la adicción a las drogas (generalmente, las opiáceas).
Hay algunas razones prácticas de porqué los blancos suelen ser más eficientes que los negros a la hora de darse muerte. La primera es que aquellos tienen más probabilidad de ser dueños de un arma de fuego y la preferencia del hombre blanco de un balazo como forma de suicidio. La segunda es que los médicos, a partir sin duda del estereotipo que marca a los no blancos como drogadictos, son más proclives a recetar fuertes calmantes a base de opio a los blancos que no a las personas de color (con los años, a mí me han ofrecido bastantes recetas de oxycodona como para pensar en un pequeño negocio ilegal).
El trabajo manual –el de camarero hasta el del obrero de la construcción– suele arruinar el cuerpo rápidamente, empezando por las rodillas y continuando por la espalda y las muñecas: cuando falla el Tylenol, el médico puede optar por un opiáceo solo para que usted pueda seguir viviendo.
Los salarios de la desesperación
Pero aquí también está presente algo más profundo. Tal como lo describe Paul Krugman, el columnista del New York Times, las “enfermedades” que están detrás de este exceso de muertes de trabajadores blancos son aquellas relacionadas con la “desesperación”; algunas de las causas más obvias son económicas. En las últimas décadas, las cosas no han ido bien para las personas de clase trabajadora, independientemente del color de sus piel.
Yo me hice adulta en un país –Estados Unidos– en el que un hombre con una espalda fuerte –y mejor aún, con un sindicato fuerte– podía esperar razonablemente mantener una familia con su trabajo sin necesidad de ser un graduado superior. En 2015, esos empleos hace tiempo que han desaparecido y en su lugar solo están los trabajos que antes estaban destinados a las mujeres o a las personas de color y disponibles en sectores como el comercio minorista, la jardinería o el manejo de un furgón de reparto de mercaderías. Esto quiere decir que aquellos blancos que están en el 20 por ciento de menores ingresos se enfrentan con circunstancias materiales similares a las que sufren desde hace mucho tiempo los negros pobres, entre ellas tener un empleo precario e irregular, y vivir en un lugar peligroso y superpoblado.
Sin embargo, el privilegio del blanco nunca fue solo una cuestión de ventaja económica. En 1935, el importante estudioso afro-estadounidense W.E.B. Du Bois escribió: “No debe olvidarse que el sector de los trabajadores blancos, aunque reciba una paga baja, estaba recompensado con una especie de complemento de sueldo: el reconocimiento público y psicológico”.
Hoy, algunos aspectos de este sueldo invisible suenan un tanto pintorescos, como la afirmación de Du Bois acerca de que las personas blancas pertenecientes a la clase trabajadora eran “libremente admitidas como los blancos de otras clases en los espectáculos y parques públicos, e incluso en los mejores colegios”. Hoy en día, son pocos los espacios que no están abiertos –al menos desde el punto de vista legal– a los negros, mientras que los ‘mejores’ colegios están reservados para quienes pueden pagarlos, en su mayor parte, blancos y estadounidenses de origen asiático junto con algunos negros que brinden el toque de “diversidad”. Mientras los blancos han ido perdiendo terreno en la economía, los negros han conseguido beneficios, al menos desde el punto de vista legal. Como resultado de ello, el “sueldo psicológico” concedido al blanco se ha reducido.
Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, pudo contarse con el gobierno para el mantenimiento del poder y el privilegio de los blancos, primero mediante la imposición de la esclavitud y, más tarde, la segregación. Mientras tanto, los blancos de la clase obrera se vieron obligados a defender sus cada vez más reducidos privilegios moviéndose hacia la derecha, acercándose a personajes como el gobernador de Alabama (y más tarde candidato a la presidencia) George Wallace y sus muchos seudopopulistas sucesores hasta llegar al actual Donald Trump.
Al mismo tiempo, la tarea cotidiana de conservar el poder blanco trasladado desde el gobierno estatal al de cada estado y después a los niveles locales, específicamente las policías locales, las cuales, como sabemos, se han hecho cargo de ella con tanto entusiasmo que la han convertido en un escándalo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Últimamente, por ejemplo, The Guardian lleva la cuenta del número de estadounidenses (negros, en su mayor parte) asesinados por miembros de la policía (1.209 en 2015, hasta este momento); mientras tanto, los negros que se manifiestan en el movimiento ‘La vida de los negros importa’ y una oleada de demostraciones dentro de la universidades han recuperado ampliamente el plano altamente moral que antes ocupaba el movimiento por los derechos civiles.
Además, poco a poco la cultura ha avanzado hacia la igualdad racial, e incluso en algunos pocos ámbitos, hacia la supremacía negra. Si en las primeras décadas del siglo XX la imagen estándar del “Negro” era la del trovador, el papel del simplón rural de la cultura popular fue asumido en este siglo [XXI] por los personajes de las series de la TV estadounidense Duck Dynasty y Here Comes Honey Boo Boo. Al menos en el mundo del espectáculo, generalmente el obrero blanco no está tratado como un imbécil mientras que a menudo el negro suele ser el listo del barrio, una persona que sabe expresar sus ideas y a veces es tan adinerado como [el rapero] Kanye West. No es fácil mantener la acostumbrada noción de la superioridad blanca cuando algunos medios logran hacer reír con el contraste entre el negro espabilado y el paleto rural blanco, como en la comedia de Tina Fey Umbreakable Kimmy Schmidt. La persona blanca, presumiblemente de clase media-alta, es imaginada en general a partir de esos personajes y argumentos que, a la hija de una pareja trabajadora, como es mi caso, hacen escocer con su condescendencia.
Por supuesto, también estuvo la elección del primer presidente negro de Estados Unidos. Los estadounidenses nativos blancos han empezado a hablar de “recuperar nuestro país”. Los más adinerados crearon el Tea Party, los de medios más modestos suelen contentarse con poner en su camioneta la calcomanía con la bandera de los Estados Confederados.
En la cuesta abajo de Estados Unidos
El significado de todo este es que el mantenimiento del privilegio de los blancos, sobre todo entre los menos privilegiados, se ha convertido en algo muy difícil y, por lo tanto, más urgente que nunca. Los blancos pobres siempre tuvieron el consuelo de saber que había algunos que estaban pasándolo todavía peor y que eran más despreciados que ellos; la subyugación racial era el suelo que estaba bajo sus pies, la roca sobre que se erguían, incluso mientras su propia situación estaba deteriorándose.
Si el gobierno –particularmente en el nivel federal– ya nos es tan confiable como para garantizar el privilegio blanco, aparecen las iniciativas de base encarnadas por personas individuales o pequeños grupos que ayudan a llenar ese vacío. Estas iniciativas pueden ser las pequeñas agresiones que se producen en las universidades, los insultos raciales gritados desde una furgoneta o, en el extremo más letal, los disparos contra una iglesia frecuentada por negros y renombrada por su trabajo en los tiempos de la lucha por los derechos civiles. Dylann Roof, el asesino de Charleston que hizo justamente esto, era un graduado universitario en el paro y un marginado de quien se sabía que era un gran consumidor de alcohol y drogas opiáceas. Incluso sin una sentencia de muerte esperándole, el futuro de Roof está signado por una muerte prematura.
Las agresiones raciales pueden proporcionar a sus perpetradores blancos una fugaz sensación de triunfo, aunque también exigen un esfuerzo especial. Hace falta un esfuerzo, por ejemplo, para apuntar con una pistola a un negro que está corriendo o girar bruscamente un vehículo para insultar a una negra; se necesita un esfuerzo –y un estómago a toda prueba– para pintar un insulto racial con excremento en una pared del baño de una residencia estudiantil. Los estudiantes universitarios pueden hacer cosas como estas en parte debido a su vulnerabilidad económica, porque saben que apenas se gradúen empezarán a pagar el préstamo que han pedido para pagar sus estudios. Sin embargo, más allá del esfuerzo realizado, es especialmente difícil mantener un sentimiento de superioridad racial mientras se está luchando por conservar una posición casi en el fondo de una economía fiable.
Si bien no hay evidencia médica sobre la toxicidad del racismo para quienes lo expresan –después de todo, generaciones de acomodados dueños de esclavos han sobrevivido bastante bien–, la combinación del descenso en la pirámide social y el resentimiento racial puede ser una potente invitación al tipo de desesperación que, de una u otra forma, conduce al suicidio, sea por medio de las drogas o mediante un balazo en la sien. Es imposible romper un techo de cristal si uno está parado sobre el hielo.
A la intelectualidad progre le es fácil sentirse justificada en su repugnancia respecto del racismo de los blancos de la clase más baja, pero la élite educada en la universidad que produce a esta intelectualidad también está en apuros cuando los jóvenes tienen unas perspectivas cada vez menores y una pendiente hacia abajo cada vez más marcada. Llegados los tiempos malos, profesiones enteras –desde la enseñanza universitaria hasta el periodismo y la abogacía– han caído. Una de las peores equivocaciones que esta élite relativa puede cometer es inflar su propio orgullo odiando a quienes están cayendo todavía más rápidamente, sea cual sea su color o raza.
Barbara Ehrenreich, colaboradora habitual de TomDispatch y editora fundadora de Economic Hardship Reporting Project, es autora de Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America y, más recientemente, de la obra autobiogáfica Living with a Wild God: A Nonbeliever's Search for the Truth about Everything.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176075/tomgram%3A_barbara_ehrenreich%2C_america_to_working_class_whites%3A_drop_dead%21/#more
martes, 15 de diciembre de 2015
¿Por qué la Nueva Ley de Educación (en USA) es buena para los niños que se quedan retrasados? Por DAVID L. Kirp. NYT
La ley "No Child Left Behind" ("Que ningún niño se quede atrás" de George W. Bush) convirtió a las escuelas en ollas a presión y a los alumnos en robots que hacen exámenes. Esta nueva ley ayudará a cambiar eso.
La Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (No Child Left Behind) pronto será arrojada al basurero de la historia. Con una rara muestra de bipartito, el Congreso ha revisado la política educativa federal. La sucesora de dicha Ley hará que cada alumno tenga éxito, se dirigió a la mesa del presidente, y ha indicado su intención de firmarla.
¡Que se vayan la que era una ley mal concebida! ¿Su reemplazo será mejor?
La conocida como "Que Ningún Niño Se Quede Atrás", en los libros desde 2002, se suponía que era para cerrar las brechas de logros entre el alumnado desfavorecido (minorías raciales y étnicas, alumnado de familias con bajos ingresos, los jóvenes con necesidades especiales y los escolarizados con lengua materna no inglesa) y eliminar lo que el presidente George W. Bush condenó como "la intolerancia a las bajas expectativas." El objetivo era audaz - para el año 2014, decretó la ley, el cien por cien de los estudiantes conseguirían el nivel de graduado.
En cambio, las cosas han ido a peor en casi todas las evaluaciones. Los resultados del SAT (Exámenes de admisión a las universidades) han disminuido, al igual que las puntuaciones de los estudiantes estadounidenses, en comparación con sus homólogos de otras naciones, en las pruebas del PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). El ritmo de avance en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, (National Assessment of Educational Progress,) boletín de calificaciones de la nación, era en realidad superior, tanto en general como por grupos demográficos específicos, durante la década anterior a la Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" que después de su aprobación.
Al mismo tiempo, la aspiración de la ley se transformó en un objetivo de alto riesgo para la rendición de cuentas - no para los políticos-, con sus demandas inalcanzables, si para las autoridades escolares que recibieron con las metas anuales de pruebas, una carga imposible de cumplir. Según la ley, las escuelas que no hicieran "progreso anual adecuado" se enfrentaban a sanciones cada vez más draconianas, incluyendo la reorganización global y los cierres de centros.
Como resultado, las escuelas públicas se han convertido en una olla a presión. Los profesores son presionados para mejorar los resultados de las pruebas. Se han reducido extremadamente la cantidad de tiempo que se empleaba en las áreas de arte, la música y el deporte, porque no forman parte de las pruebas de evaluación. Los alumnos se han convertido en robots para hacer exámenes, sometiéndose a 20 exámenes estandarizados al año.
El gobierno de Obama inicialmente actuó como si el milagro de 2014 se fuese a cumplir, con todos los alumnos consiguiendo las competencias en matemáticas y lectura. Pero en 2012, cuando se hizo evidente que la brecha en el rendimiento no estaba a punto de desaparecer, el Departamento de Educación comenzó a dar dispensas a los Estados que querían elaborar su propia definición de progreso anual adecuado. Si bien casi todos los estados han conseguido una hoja oficial de permiso, los burócratas federales retuvieron la palabra final sobre si el plan de un estado podría pasar el examen, y esas exenciones se acondicionaron a los compromisos a adoptar las reformas educativas aprobadas por la administración. En efecto, el departamento ha estado confiando en exenciones que reescribian la Ley "No Child Left Behind".
La nueva Ley "Cada estudiante tiene éxito" ("The Every Student Succeeds Act"), por primera vez desde los años de Reagan, equilibra el poder en la educación y se distancia de Washington y de nuevo vuelve a los Estados. Eso es una postura que es bienvenida.
Ya no puede el Departamento de Educación desplegar el poder de las subvenciones de dinero, como lo hizo con "Race to the Top", para empujar a los Estados a la adopción de políticas dudosas como el uso de resultados de las pruebas estandarizadas de los alumnos para juzgar a los maestros o ampliar el número de las escuelas charter (charter schools. Escuelas de gestión privadas con financiación pública). Ahora esas decisiones se dejan a los Estados.
El temido requisito de "progreso anual" se ha eliminado, al igual que la serie de consecuencias en escala sufridas por los distritos escolares que no den la talla. Los Estados deben intervenir para ayudar al 5 por ciento más débil de todas las escuelas, escuelas secundarias que se gradúan menos de 67 por ciento de sus estudiantes a tiempo (la norma nacional supera el 80 por ciento) y las escuelas donde un subgrupo de alumnos "estén retrasados constantemente". Pero serán los Estados, no Washington, quien determinará la forma de cambiar las cosas. Esa es una rendición de cuentas con una cucharada de flexibilidad necesaria.
Si bien aún se requieren a los Estados para que examinen a los estudiantes anualmente en lectura y matemáticas de tercero a octavo grado, y por lo menos una vez en la escuela secundaria, tienen una mayor libertad en el diseño de dichas pruebas. Es más, esas pruebas estandarizadas cuentan menos en la evaluación de las escuelas. Al menos otra medida de mejoramiento académico, al igual que las tasas de graduación y, por hablantes no nativos, la competencia en Inglés, debe ser incluida. Y una medida de desempeño de los estudiantes, al igual que los conflictos o el clima escolar, tiene que ser parte de la ecuación de evaluación. Este enfoque múltiple, debería hacer más fácil para los educadores el reemplazar algunas memorizaciones que matan la creatividad, por más práctica en el aprendizaje y pensamiento crítico.
Grupos de derechos civiles han sido tibios en su apoyo a la nueva legislación, porque temen que algunos Estados volverán a referirse a la negligencia de los estudiantes de minorías que llevaron al Congreso a aprobar No Child Left Behind. Tienen la historia de su lado: "Dejad a los Estados" fue desastroso para los estudiantes de minorías. ¿Será esta vez diferente? La nueva ley mantiene el antiguo requisito de que los resultados de las pruebas se hagan públicos y que se desglosen esos resultados. Como contrapartida, sabremos donde están los estudiantes más vulnerables. Habrá todavía luchas por la rendición de cuentas, pero las habrá en el ámbito estatal, y los defensores tendrán que mantener la presión a favor de la equidad.
La esperanza en la reforma de la escuela es eterna, sólo para venir seguida de la decepción. (Al anunciar su proyecto de ley de educación, Lyndon B. Johnson calificó a su plan de educación como "pasaporte contra la pobreza." Que claramente, no funcionó.). Reescribir las normas y criterios de evaluación y dar rienda más libre a los Estados en el rescate de las escuelas débiles, como lo hace esta ley, es tarea de un buen día de trabajo dentro del buen camino, pero no es ninguna garantía de que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje vayan a cambiar. Hacer esas mejoras conllevará un duro trabajo por parte de los educadores comprometidos y los padres. Manténganse al tanto.
David L. Kirp es profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley, y un investigador del Instituto de Políticas de Aprendizaje.
Una versión de este artículo de opinión apareció en la prensa el 10 de diciembre de 2015, en la página A39 de la edición de Nueva York con el titular: Left Behind No Longer. (No Se Quede Más Atrás.
http://www.nytimes.com/2015/12/10/opinion/why-the-new-education-law-is-good-for-children-left-behind.html?emc=edit_tnt_20151210&nlid=31217582&tntemail0=y&_r=0
Cartas al director que comentan el artículo.
Al editor:
Evidentemente Prof. David L. Kirp ha observado los ciclos de la reforma de la escuela, de la esperanza a la desesperación, el tiempo suficiente no unirse en alabanza incondicional a la ley federal de éxito No Child Left Behind. Sin embargo, asume que el cambio, alguna aplicación de la rendición de cuentas del gobierno federal a manos del Estado, dará resultados positivos.
En verdad, no es tanto el cambio como el acuerdo bipartidista sugiere. Unidos aún deben coordinar sus estándares con 11 leyes federales diferentes y luego ganar la aprobación del secretario de educación.
Evaluación de los estudiantes "cualidades personales, como el grano", en lugar de su conocimiento básico se abre más la puerta a prueba y privacidad invasiones psicológicos. En última instancia, las escuelas públicas deben ser responsables, no a los burócratas, sino a los padres para confiar a sus hijos a ellos.
ROBERT HOLLAND
Arlington Heights, Illinois.
El autor es investigador principal de la política educativa en el Instituto Heartland, un think tank conservador y libertario.
Re "Corrección Curso de Pruebas School" (editorial, 07 de diciembre):
La falla en su posición hacia las pruebas de la escuela es ver las pruebas como un mecanismo primario "para mejorar la instrucción." Hay muchas razones por las que los estudiantes hacen bien y mal los exámenes estandarizados, los maestros y las escuelas son una variable. La pobreza, la participación de los padres, la cultura y la comunidad, son otras variables que deben ser abordados si nos tomamos en serio la mejora de la calidad de la educación.
Cuando las pruebas son vistos como instrumentos de derecho, como No Child Left Behind Act ha hecho, sin una receta para el crecimiento, entonces las pruebas pierden todo valor académico. Las pruebas no son un problema en sí mismas; el problema es cómo son percibidos y utilizados. Cuando se utilizan como un referéndum sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, pierden su potencial pedagógico. Las pruebas estandarizadas miden donde los estudiantes están en el momento, y no donde comenzaron.
Es el momento de empezar a ver y usar pruebas como herramientas para la transformación y no como armas políticas que simplemente se etiquetan las escuelas como "en necesidad de mejorar" o "fracasar." Nuestra confianza en las pruebas estandarizadas no ofrece ni un diagnóstico ni una receta para el problema de la educar a los niños.
LARRY HOFFNER
Nueva York
El autor es un ex profesor de secundaria en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.
La Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (No Child Left Behind) pronto será arrojada al basurero de la historia. Con una rara muestra de bipartito, el Congreso ha revisado la política educativa federal. La sucesora de dicha Ley hará que cada alumno tenga éxito, se dirigió a la mesa del presidente, y ha indicado su intención de firmarla.
¡Que se vayan la que era una ley mal concebida! ¿Su reemplazo será mejor?
La conocida como "Que Ningún Niño Se Quede Atrás", en los libros desde 2002, se suponía que era para cerrar las brechas de logros entre el alumnado desfavorecido (minorías raciales y étnicas, alumnado de familias con bajos ingresos, los jóvenes con necesidades especiales y los escolarizados con lengua materna no inglesa) y eliminar lo que el presidente George W. Bush condenó como "la intolerancia a las bajas expectativas." El objetivo era audaz - para el año 2014, decretó la ley, el cien por cien de los estudiantes conseguirían el nivel de graduado.
En cambio, las cosas han ido a peor en casi todas las evaluaciones. Los resultados del SAT (Exámenes de admisión a las universidades) han disminuido, al igual que las puntuaciones de los estudiantes estadounidenses, en comparación con sus homólogos de otras naciones, en las pruebas del PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). El ritmo de avance en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, (National Assessment of Educational Progress,) boletín de calificaciones de la nación, era en realidad superior, tanto en general como por grupos demográficos específicos, durante la década anterior a la Ley "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" que después de su aprobación.
Al mismo tiempo, la aspiración de la ley se transformó en un objetivo de alto riesgo para la rendición de cuentas - no para los políticos-, con sus demandas inalcanzables, si para las autoridades escolares que recibieron con las metas anuales de pruebas, una carga imposible de cumplir. Según la ley, las escuelas que no hicieran "progreso anual adecuado" se enfrentaban a sanciones cada vez más draconianas, incluyendo la reorganización global y los cierres de centros.
Como resultado, las escuelas públicas se han convertido en una olla a presión. Los profesores son presionados para mejorar los resultados de las pruebas. Se han reducido extremadamente la cantidad de tiempo que se empleaba en las áreas de arte, la música y el deporte, porque no forman parte de las pruebas de evaluación. Los alumnos se han convertido en robots para hacer exámenes, sometiéndose a 20 exámenes estandarizados al año.
El gobierno de Obama inicialmente actuó como si el milagro de 2014 se fuese a cumplir, con todos los alumnos consiguiendo las competencias en matemáticas y lectura. Pero en 2012, cuando se hizo evidente que la brecha en el rendimiento no estaba a punto de desaparecer, el Departamento de Educación comenzó a dar dispensas a los Estados que querían elaborar su propia definición de progreso anual adecuado. Si bien casi todos los estados han conseguido una hoja oficial de permiso, los burócratas federales retuvieron la palabra final sobre si el plan de un estado podría pasar el examen, y esas exenciones se acondicionaron a los compromisos a adoptar las reformas educativas aprobadas por la administración. En efecto, el departamento ha estado confiando en exenciones que reescribian la Ley "No Child Left Behind".
La nueva Ley "Cada estudiante tiene éxito" ("The Every Student Succeeds Act"), por primera vez desde los años de Reagan, equilibra el poder en la educación y se distancia de Washington y de nuevo vuelve a los Estados. Eso es una postura que es bienvenida.
Ya no puede el Departamento de Educación desplegar el poder de las subvenciones de dinero, como lo hizo con "Race to the Top", para empujar a los Estados a la adopción de políticas dudosas como el uso de resultados de las pruebas estandarizadas de los alumnos para juzgar a los maestros o ampliar el número de las escuelas charter (charter schools. Escuelas de gestión privadas con financiación pública). Ahora esas decisiones se dejan a los Estados.
El temido requisito de "progreso anual" se ha eliminado, al igual que la serie de consecuencias en escala sufridas por los distritos escolares que no den la talla. Los Estados deben intervenir para ayudar al 5 por ciento más débil de todas las escuelas, escuelas secundarias que se gradúan menos de 67 por ciento de sus estudiantes a tiempo (la norma nacional supera el 80 por ciento) y las escuelas donde un subgrupo de alumnos "estén retrasados constantemente". Pero serán los Estados, no Washington, quien determinará la forma de cambiar las cosas. Esa es una rendición de cuentas con una cucharada de flexibilidad necesaria.
Si bien aún se requieren a los Estados para que examinen a los estudiantes anualmente en lectura y matemáticas de tercero a octavo grado, y por lo menos una vez en la escuela secundaria, tienen una mayor libertad en el diseño de dichas pruebas. Es más, esas pruebas estandarizadas cuentan menos en la evaluación de las escuelas. Al menos otra medida de mejoramiento académico, al igual que las tasas de graduación y, por hablantes no nativos, la competencia en Inglés, debe ser incluida. Y una medida de desempeño de los estudiantes, al igual que los conflictos o el clima escolar, tiene que ser parte de la ecuación de evaluación. Este enfoque múltiple, debería hacer más fácil para los educadores el reemplazar algunas memorizaciones que matan la creatividad, por más práctica en el aprendizaje y pensamiento crítico.
Grupos de derechos civiles han sido tibios en su apoyo a la nueva legislación, porque temen que algunos Estados volverán a referirse a la negligencia de los estudiantes de minorías que llevaron al Congreso a aprobar No Child Left Behind. Tienen la historia de su lado: "Dejad a los Estados" fue desastroso para los estudiantes de minorías. ¿Será esta vez diferente? La nueva ley mantiene el antiguo requisito de que los resultados de las pruebas se hagan públicos y que se desglosen esos resultados. Como contrapartida, sabremos donde están los estudiantes más vulnerables. Habrá todavía luchas por la rendición de cuentas, pero las habrá en el ámbito estatal, y los defensores tendrán que mantener la presión a favor de la equidad.
La esperanza en la reforma de la escuela es eterna, sólo para venir seguida de la decepción. (Al anunciar su proyecto de ley de educación, Lyndon B. Johnson calificó a su plan de educación como "pasaporte contra la pobreza." Que claramente, no funcionó.). Reescribir las normas y criterios de evaluación y dar rienda más libre a los Estados en el rescate de las escuelas débiles, como lo hace esta ley, es tarea de un buen día de trabajo dentro del buen camino, pero no es ninguna garantía de que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje vayan a cambiar. Hacer esas mejoras conllevará un duro trabajo por parte de los educadores comprometidos y los padres. Manténganse al tanto.
David L. Kirp es profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley, y un investigador del Instituto de Políticas de Aprendizaje.
Una versión de este artículo de opinión apareció en la prensa el 10 de diciembre de 2015, en la página A39 de la edición de Nueva York con el titular: Left Behind No Longer. (No Se Quede Más Atrás.
http://www.nytimes.com/2015/12/10/opinion/why-the-new-education-law-is-good-for-children-left-behind.html?emc=edit_tnt_20151210&nlid=31217582&tntemail0=y&_r=0
Cartas al director que comentan el artículo.
Al editor:
Evidentemente Prof. David L. Kirp ha observado los ciclos de la reforma de la escuela, de la esperanza a la desesperación, el tiempo suficiente no unirse en alabanza incondicional a la ley federal de éxito No Child Left Behind. Sin embargo, asume que el cambio, alguna aplicación de la rendición de cuentas del gobierno federal a manos del Estado, dará resultados positivos.
En verdad, no es tanto el cambio como el acuerdo bipartidista sugiere. Unidos aún deben coordinar sus estándares con 11 leyes federales diferentes y luego ganar la aprobación del secretario de educación.
Evaluación de los estudiantes "cualidades personales, como el grano", en lugar de su conocimiento básico se abre más la puerta a prueba y privacidad invasiones psicológicos. En última instancia, las escuelas públicas deben ser responsables, no a los burócratas, sino a los padres para confiar a sus hijos a ellos.
ROBERT HOLLAND
Arlington Heights, Illinois.
El autor es investigador principal de la política educativa en el Instituto Heartland, un think tank conservador y libertario.
Re "Corrección Curso de Pruebas School" (editorial, 07 de diciembre):
La falla en su posición hacia las pruebas de la escuela es ver las pruebas como un mecanismo primario "para mejorar la instrucción." Hay muchas razones por las que los estudiantes hacen bien y mal los exámenes estandarizados, los maestros y las escuelas son una variable. La pobreza, la participación de los padres, la cultura y la comunidad, son otras variables que deben ser abordados si nos tomamos en serio la mejora de la calidad de la educación.
Cuando las pruebas son vistos como instrumentos de derecho, como No Child Left Behind Act ha hecho, sin una receta para el crecimiento, entonces las pruebas pierden todo valor académico. Las pruebas no son un problema en sí mismas; el problema es cómo son percibidos y utilizados. Cuando se utilizan como un referéndum sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, pierden su potencial pedagógico. Las pruebas estandarizadas miden donde los estudiantes están en el momento, y no donde comenzaron.
Es el momento de empezar a ver y usar pruebas como herramientas para la transformación y no como armas políticas que simplemente se etiquetan las escuelas como "en necesidad de mejorar" o "fracasar." Nuestra confianza en las pruebas estandarizadas no ofrece ni un diagnóstico ni una receta para el problema de la educar a los niños.
LARRY HOFFNER
Nueva York
El autor es un ex profesor de secundaria en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.
lunes, 14 de diciembre de 2015
El precio del coraje. Nunca quiso abandonar su país. Le ha expulsado la sombra de sus asesinos. Ese ha sido el precio de su decencia
ALMUDENA GRANDES
La memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria es una pieza fundamental para construir el presente de una sociedad, una exigencia imprescindible para afrontar el futuro.
El 16 de noviembre de 1989 un grupo de soldados armados entraron por la noche y a la fuerza en la casa de la comunidad jesuita de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. Eran miembros del denominado Batallón Atlácatl, un grupo de asalto de élite fundado en 1980 en la Escuela Militar de las Américas, creada por iniciativa del ejército de los Estados Unidos de América con sede en Panamá. El Batallón Atlácatl, bautizado así en honor de un legendario guerrero cusclateco cuya existencia nunca se ha podido demostrar, se alzó con una sangrienta y merecida reputación criminal a lo largo de la guerra civil que azotó El Salvador en los años ochenta. Su mayor hazaña militar, su victoria más famosa, consistió en asesinar a sangre fría a seis jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, profesores de la Universidad, y a dos mujeres, la que limpiaba y guisaba para ellos y su hija de 16 años, que decidieron quedarse aquella noche a dormir allí porque les dio miedo volver a su casa mientras los combates entre el ejército y la guerrilla se libraban ya en el centro de la ciudad.
Los jesuitas de la UCA, referentes de la Teología de la Liberación en Centroamérica, estaban formalmente amenazados de muerte desde el 12 de marzo de 1977. El rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría, prestigioso teólogo, intelectual respetado en dos continentes, vizcaíno de nacimiento pero naturalizado salvadoreño, estaba en España en esas fechas. Podría haberse quedado aquí, pero volvió a El Salvador en 1988 para seguir trabajando por la paz, mediando entre la guerrilla y el presidente Alfredo Cristiani, amigo personal suyo, como había sido amigo suyo Óscar Romero, arzobispo metropolitano de San Salvador, que luchó por los derechos humanos hasta que le asesinaron de un balazo mientras celebraba una misa, en 1980.
Todo esto es historia. Los soldados llegaron, Ellacuría salió a su encuentro, les pidió que sólo le mataran a él, y le mataron, y luego mataron a sus compañeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres más, y mataron a una mujer, y mataron a su hija, casi una niña. Los asesinos sembraron el escenario del crimen de pruebas falsas, destinadas a incriminar a la guerrilla, antes de escapar. Casi todos fueron muriendo después, también ellos uno a uno, para que no pudiesen arrepentirse, contarle a nadie lo que habían hecho. Todo esto es historia, y que como ya no existían los autores materiales, nunca llegó a celebrarse un juicio en El Salvador.
Pero la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. En los últimos años, mi amigo Jorge Galán ha escrito una novela sobre la matanza de los jesuitas, sobre la maldición de la violencia que sigue destrozando El Salvador, sobre la impunidad de los autores intelectuales de aquella matanza, los mandos militares que dieron la orden y han seguido viviendo sus plácidas vidas de privilegiados sin pagar jamás por lo que hicieron. Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Es un libro tan valiente como sus personajes, porque su autor lo es, porque siente que no podía honrar la memoria de Ignacio Ellacuría, de Joaquín López y López, de Armando López, de Ignacio Martín-Baró, de Segundo Montes, de Juan Ramón Moreno, sino desde la verdad, desde el coraje que a ellos, y a Elba Ramos, y a su hija Celina, les costó la vida.
Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Inmediatamente después, Jorge Galán se ha convertido en un personaje de su novela. Más de 25 años después de aquel crimen, las redes sociales hierven en amenazas de muerte escritas con las mismas palabras, los mismos adjetivos que Ellacuría y sus compañeros merecieron entonces. Hace sólo unos días, cuando salía de su casa, un coche se paró a su lado y el conductor le llamó por su nombre, le dijo que sabía dónde vivía, adónde iba, se abrió la americana, le enseñó una pistola.
Ahora, Jorge está en Madrid. Ha venido para pedir asilo político y no sabe cuánto tiempo pasará hasta que pueda volver a su país, ese pequeño paisito que él nunca quiso abandonar, por muchas oportunidades que tuviera para hacerlo, y del que ahora le ha expulsado la sombra de unos asesinos. Ese ha sido el precio de su coraje, de su decencia.
Pero la memoria es la clave del presente.
No hay futuro sin memoria, y él lo sabe.
http://elpais.com/elpais/2015/12/07/eps/1449516106_474460.html
La memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria es una pieza fundamental para construir el presente de una sociedad, una exigencia imprescindible para afrontar el futuro.
El 16 de noviembre de 1989 un grupo de soldados armados entraron por la noche y a la fuerza en la casa de la comunidad jesuita de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. Eran miembros del denominado Batallón Atlácatl, un grupo de asalto de élite fundado en 1980 en la Escuela Militar de las Américas, creada por iniciativa del ejército de los Estados Unidos de América con sede en Panamá. El Batallón Atlácatl, bautizado así en honor de un legendario guerrero cusclateco cuya existencia nunca se ha podido demostrar, se alzó con una sangrienta y merecida reputación criminal a lo largo de la guerra civil que azotó El Salvador en los años ochenta. Su mayor hazaña militar, su victoria más famosa, consistió en asesinar a sangre fría a seis jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, profesores de la Universidad, y a dos mujeres, la que limpiaba y guisaba para ellos y su hija de 16 años, que decidieron quedarse aquella noche a dormir allí porque les dio miedo volver a su casa mientras los combates entre el ejército y la guerrilla se libraban ya en el centro de la ciudad.
Los jesuitas de la UCA, referentes de la Teología de la Liberación en Centroamérica, estaban formalmente amenazados de muerte desde el 12 de marzo de 1977. El rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría, prestigioso teólogo, intelectual respetado en dos continentes, vizcaíno de nacimiento pero naturalizado salvadoreño, estaba en España en esas fechas. Podría haberse quedado aquí, pero volvió a El Salvador en 1988 para seguir trabajando por la paz, mediando entre la guerrilla y el presidente Alfredo Cristiani, amigo personal suyo, como había sido amigo suyo Óscar Romero, arzobispo metropolitano de San Salvador, que luchó por los derechos humanos hasta que le asesinaron de un balazo mientras celebraba una misa, en 1980.
Todo esto es historia. Los soldados llegaron, Ellacuría salió a su encuentro, les pidió que sólo le mataran a él, y le mataron, y luego mataron a sus compañeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres más, y mataron a una mujer, y mataron a su hija, casi una niña. Los asesinos sembraron el escenario del crimen de pruebas falsas, destinadas a incriminar a la guerrilla, antes de escapar. Casi todos fueron muriendo después, también ellos uno a uno, para que no pudiesen arrepentirse, contarle a nadie lo que habían hecho. Todo esto es historia, y que como ya no existían los autores materiales, nunca llegó a celebrarse un juicio en El Salvador.
Pero la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. En los últimos años, mi amigo Jorge Galán ha escrito una novela sobre la matanza de los jesuitas, sobre la maldición de la violencia que sigue destrozando El Salvador, sobre la impunidad de los autores intelectuales de aquella matanza, los mandos militares que dieron la orden y han seguido viviendo sus plácidas vidas de privilegiados sin pagar jamás por lo que hicieron. Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Es un libro tan valiente como sus personajes, porque su autor lo es, porque siente que no podía honrar la memoria de Ignacio Ellacuría, de Joaquín López y López, de Armando López, de Ignacio Martín-Baró, de Segundo Montes, de Juan Ramón Moreno, sino desde la verdad, desde el coraje que a ellos, y a Elba Ramos, y a su hija Celina, les costó la vida.
Noviembre se publicó hace sólo unas semanas. Inmediatamente después, Jorge Galán se ha convertido en un personaje de su novela. Más de 25 años después de aquel crimen, las redes sociales hierven en amenazas de muerte escritas con las mismas palabras, los mismos adjetivos que Ellacuría y sus compañeros merecieron entonces. Hace sólo unos días, cuando salía de su casa, un coche se paró a su lado y el conductor le llamó por su nombre, le dijo que sabía dónde vivía, adónde iba, se abrió la americana, le enseñó una pistola.
Ahora, Jorge está en Madrid. Ha venido para pedir asilo político y no sabe cuánto tiempo pasará hasta que pueda volver a su país, ese pequeño paisito que él nunca quiso abandonar, por muchas oportunidades que tuviera para hacerlo, y del que ahora le ha expulsado la sombra de unos asesinos. Ese ha sido el precio de su coraje, de su decencia.
Pero la memoria es la clave del presente.
No hay futuro sin memoria, y él lo sabe.
http://elpais.com/elpais/2015/12/07/eps/1449516106_474460.html
'Ciudadanos' ve en Israel su modelo de I+D. Rivera toma de ejemplo una economía de guerra y apartheid que vulnera los DDHH
Grupo BDS Madrid
El partido de Albert Rivera ha incluido a Israel en su programa electoral, tomándolo como modelo de desarrollo e innovación tecnológica.
Con gran preocupación, desde el grupo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) de Madrid, nos dirigimos a Francisco Andrés, coordinador de asuntos internacionales de Ciudadanos, para explicarle lo desafortunado que era tomar a Israel como modelo de desarrollo e incluso poder reunirnos para hablar del tema. El coordinador no ha querido respondernos, pareciendo que, para su formación política, los movimientos sociales y las campañas para promover los derechos humanos no resultan relevantes.
Desde el año 1948, Israel ha anexionado el 78 por ciento de la Palestina histórica y ha facilitado la inmigración y nacionalización masiva de personas judías mientras expulsaba a la población autóctona palestina. Además, Israel niega el derecho de retorno, reconocido en la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, a más de 7 millones de refugiados palestinos y palestinas.
A lo largo de los últimos 47 años, Israel ha mantenido Cisjordania y Gaza, así como el Golán sirio, bajo una ocupación militar y civil condenada por las Naciones Unidas, sometiendo injustificadamente a la población palestina a una jurisdicción militar. Ha trasladado ilegalmente a más de 700 mil personas judías a las colonias construidas en estos territorios, lo que constituye una violación de la IV Convención de Ginebra.
En la Franja de Gaza, los repetidos bombardeos masivos se convierten en masacres impunes de civiles que se añaden a la agonía diaria de esos casi dos millones de seres humanos encarcelados en un inmenso campo de concentración. Estos crímenes de guerra y el armamento con el que se realizan forman parte de la "innovación tecnológica" de Israel que estimula a Ciudadanos . También deben entender así el desarrollo exponencial de las colonias en Cisjordania y Jerusalén, con el fortalecimiento del sistema de apartheid o el caso omiso a toda legalidad internacional, como demuestra el hecho de que pese a haber sido declarado ilegal y ordenado su demolición debido a la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya hace más de 10 años, el Muro del Apartheid siga en pie.
La economía israelí se construye sobre la base de negar la posibilidad de una economía palestina e impacta negativamente en otras muchas economías de la región. Su modelo de innovación tecnológica está estrechamente vinculado a la experimentación armamentística para la ocupación y a la seguridad, aplicando toda esa tecnología y ese “saber” para el control y el castigo sobre una mermada población palestina.
Un ejemplo más para ver lo desafortunado de la comparativa, es que a nivel comercial la propia Unión Europea ha exigido recientemente el etiquetado de los productos que Israel exporta a Europa pero que provienen del territorio ocupado, para que dejen de beneficiarse de no pagar aranceles y reducir esquilmar la economía palestina, entendiendo que permitirá tomar decisiones en conciencia a las personas consumidoras.
Mientras Ciudadanos admira a este Israel, instituciones y cargos políticos responsables de diferentes formaciones políticas han apoyado recientemente a través de mociones el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) que impulsa el grupo BDS, destacando la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela o el Cabildo de Gran Canaria.
Por ello recordamos a Ciudadanos que tomar modelos de innovación alejados del respeto a la democracia, la legalidad internacional y los derechos humanos es muy grave y peligroso, porque ayuda a sostener una idea equivocada de lo que es el Estado de Israel, a normalizar la ocupación militar que acomete desde hace más de 70 años y que en poco debería ser el espejo de nuestra economía y nuestro modelo de desarrollo, si no queremos que se aleje aún más de un marco de respeto y convivencia para todas las personas.
Campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí.
Web: www.boicotisrael.net
El partido de Albert Rivera ha incluido a Israel en su programa electoral, tomándolo como modelo de desarrollo e innovación tecnológica.
Con gran preocupación, desde el grupo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) de Madrid, nos dirigimos a Francisco Andrés, coordinador de asuntos internacionales de Ciudadanos, para explicarle lo desafortunado que era tomar a Israel como modelo de desarrollo e incluso poder reunirnos para hablar del tema. El coordinador no ha querido respondernos, pareciendo que, para su formación política, los movimientos sociales y las campañas para promover los derechos humanos no resultan relevantes.
Desde el año 1948, Israel ha anexionado el 78 por ciento de la Palestina histórica y ha facilitado la inmigración y nacionalización masiva de personas judías mientras expulsaba a la población autóctona palestina. Además, Israel niega el derecho de retorno, reconocido en la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, a más de 7 millones de refugiados palestinos y palestinas.
A lo largo de los últimos 47 años, Israel ha mantenido Cisjordania y Gaza, así como el Golán sirio, bajo una ocupación militar y civil condenada por las Naciones Unidas, sometiendo injustificadamente a la población palestina a una jurisdicción militar. Ha trasladado ilegalmente a más de 700 mil personas judías a las colonias construidas en estos territorios, lo que constituye una violación de la IV Convención de Ginebra.
En la Franja de Gaza, los repetidos bombardeos masivos se convierten en masacres impunes de civiles que se añaden a la agonía diaria de esos casi dos millones de seres humanos encarcelados en un inmenso campo de concentración. Estos crímenes de guerra y el armamento con el que se realizan forman parte de la "innovación tecnológica" de Israel que estimula a Ciudadanos . También deben entender así el desarrollo exponencial de las colonias en Cisjordania y Jerusalén, con el fortalecimiento del sistema de apartheid o el caso omiso a toda legalidad internacional, como demuestra el hecho de que pese a haber sido declarado ilegal y ordenado su demolición debido a la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya hace más de 10 años, el Muro del Apartheid siga en pie.
La economía israelí se construye sobre la base de negar la posibilidad de una economía palestina e impacta negativamente en otras muchas economías de la región. Su modelo de innovación tecnológica está estrechamente vinculado a la experimentación armamentística para la ocupación y a la seguridad, aplicando toda esa tecnología y ese “saber” para el control y el castigo sobre una mermada población palestina.
Un ejemplo más para ver lo desafortunado de la comparativa, es que a nivel comercial la propia Unión Europea ha exigido recientemente el etiquetado de los productos que Israel exporta a Europa pero que provienen del territorio ocupado, para que dejen de beneficiarse de no pagar aranceles y reducir esquilmar la economía palestina, entendiendo que permitirá tomar decisiones en conciencia a las personas consumidoras.
Mientras Ciudadanos admira a este Israel, instituciones y cargos políticos responsables de diferentes formaciones políticas han apoyado recientemente a través de mociones el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) que impulsa el grupo BDS, destacando la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela o el Cabildo de Gran Canaria.
Por ello recordamos a Ciudadanos que tomar modelos de innovación alejados del respeto a la democracia, la legalidad internacional y los derechos humanos es muy grave y peligroso, porque ayuda a sostener una idea equivocada de lo que es el Estado de Israel, a normalizar la ocupación militar que acomete desde hace más de 70 años y que en poco debería ser el espejo de nuestra economía y nuestro modelo de desarrollo, si no queremos que se aleje aún más de un marco de respeto y convivencia para todas las personas.
Campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí.
Web: www.boicotisrael.net
domingo, 13 de diciembre de 2015
El sí de cada no. Tramos de silencio
Convenía Gonzalo Torné en un artículo que en los clubs de debates triunfa quien es capaz de ganar la discusión atacando y defendiendo, alternativamente, el mismo tema, pues, decía, tal vez el mejor modo de saber qué pensamos sobre algo sea “recorrer de manera deportiva los argumentos de las distintas facciones hasta persuadirse a uno mismo de qué lado está”. La explicación parece sensata; sé, sin embargo, de un muy buen profesor que recela de este método, al pensar que hay algo deshonesto en defender aquello en lo que no se cree.
Ambas posiciones tienen su razón de ser y podríamos, en un nuevo bucle, recorrer de manera deportiva las ventajas y los inconvenientes de cada una. Pero voy a quedarme sólo con la del profesor. Probemos a pensar qué pasaría si en los clubs de debate hubiera, cuando menos, una señal, un banderín levantado para indicar si el equipo en cuestión está defendiendo o no aquello en lo que cree. De este modo podría ejercitarse el arte de la retórica sin que ninguna persona se viera obligada a impostar ni convicción ni optimismo de la voluntad, excepto cuando fuesen ciertos. ¿Y para qué? ¿Buscando qué? Buscando, supongo, recordar el poder de la costumbre, otros lo han llamado praxis. No son tan largas las vidas y aquello que se hizo dos, tres veces, se repite con mayor facilidad; hay sinapsis que apenas oponen resistencia porque la práctica les allanó el camino. Acostumbrarse a decir lo que no se piensa podría provocar una especie de flojera intelectual, vale decir, platónica. Pues la convicción pasa por imaginar que en verdad haríamos lo que estamos diciendo, y cuando esta necesidad de imaginar desaparece, el intelecto flaquea en perjuicio de quien debate y su entorno.
Son, en todo caso, las declaraciones políticas, antes que los clubs, las que motivan esta reflexión. Pidamos a la nueva política no ya que diga siempre lo que conoce y piensa, lo cual parece imposible con las actuales leyes de la batalla electoral, pero sí, al menos, tramos de silencio a mitad de una entrevista o de una discusión. En los tiempos del autocompletado de Google, espacios vacíos. Cuando la pregunta no puede ser respondida sin incurrir en filigranas dialécticas que no se corresponden con ninguna clase de conocimiento y convicción reales, callar crearía un hueco tan útil para quien habla como para quien escucha.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/28416-tramos-silencio.html
Ambas posiciones tienen su razón de ser y podríamos, en un nuevo bucle, recorrer de manera deportiva las ventajas y los inconvenientes de cada una. Pero voy a quedarme sólo con la del profesor. Probemos a pensar qué pasaría si en los clubs de debate hubiera, cuando menos, una señal, un banderín levantado para indicar si el equipo en cuestión está defendiendo o no aquello en lo que cree. De este modo podría ejercitarse el arte de la retórica sin que ninguna persona se viera obligada a impostar ni convicción ni optimismo de la voluntad, excepto cuando fuesen ciertos. ¿Y para qué? ¿Buscando qué? Buscando, supongo, recordar el poder de la costumbre, otros lo han llamado praxis. No son tan largas las vidas y aquello que se hizo dos, tres veces, se repite con mayor facilidad; hay sinapsis que apenas oponen resistencia porque la práctica les allanó el camino. Acostumbrarse a decir lo que no se piensa podría provocar una especie de flojera intelectual, vale decir, platónica. Pues la convicción pasa por imaginar que en verdad haríamos lo que estamos diciendo, y cuando esta necesidad de imaginar desaparece, el intelecto flaquea en perjuicio de quien debate y su entorno.
Son, en todo caso, las declaraciones políticas, antes que los clubs, las que motivan esta reflexión. Pidamos a la nueva política no ya que diga siempre lo que conoce y piensa, lo cual parece imposible con las actuales leyes de la batalla electoral, pero sí, al menos, tramos de silencio a mitad de una entrevista o de una discusión. En los tiempos del autocompletado de Google, espacios vacíos. Cuando la pregunta no puede ser respondida sin incurrir en filigranas dialécticas que no se corresponden con ninguna clase de conocimiento y convicción reales, callar crearía un hueco tan útil para quien habla como para quien escucha.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/28416-tramos-silencio.html
sábado, 12 de diciembre de 2015
Entrevista a Andrej Hunko, diputado de Die Linke. "Cuando la Alemania que rechaza indemnizar a los griegos víctimas de la Wehrmacht paga las pensiones a los fascistas españoles de la misma Wehrmacht".
Yorgos Mitralias
Corría la segunda semana del octubre pasado cuando la noticia cayó en España como una bomba: Alemania paga -¡aún hoy!- las pensiones a los fascistas españoles que combatieron al lado de la Wehrmacht en Estalingado. Tras esta revelación, uno tras otro, casi todos los periódicos españoles desenterraban las semanas durante el pasado doloroso y dedicaban numerosos artículos a la infame División Azul y sus 37.000 voluntarios que, con la bendición del dictador Franco, fueron hace 73-74 años a Rusia para echar una mano a la Alemania nazi y a su intento de aplastar el… bolchevismo.
El protagonista, pero también responsable de este retorno inesperado a un pasado que creíamos definitivamente exorcizado, es Andrej Hunko, el diputado de Die Linke, que ha revelado el escándalo por su iniciativa de pedir explicaciones a la canciller Merkel. Conocedores de la lucha del amigo Andrej por la defensa de los derechos del pueblo griego, osamos decir que la primera motivación de sus cuestiones parlamentarias al Gobierno alemán no eran hacer revelar a la opinión pública uno, sino más bien dos escándalos: Ése bien visible del pago por el Estado alemán de las pensiones a los fascistas españoles, pero también otro menos visible, ¡el del rechazo permanente del Estado alemán a indemnizar a los ciudadanos griegos víctimas de las atrocidades nazis!
Desgraciadamente, la noticia de que el Gobierno alemán pague a los fascistas españoles que lucharon al lado de la armada nazi (1) cuando al mismo tiempo rechaza obstinadamente pagar las indemnizaciones a las víctimas griegas de la misma armada nazi, no parece haber provocado emoción alguna ni entre las autoridades ni entre los medios griegos. Ninguna reacción, y peor, absolutamente nada para informar a la opinión pública griega. Solamente un silencio total y ensordecedor...
Sin embargo, este escándalo de escándalos no puede quedar sin continuación. Así, ya que concentra y combina en sí todos los problemas de nuestro tiempo, el pasado de pesadilla con un presente y un futuro no menos amenazantes, nos compete a todos estos ciudadanos griegos, alemanes y españoles que se sienten directamente interesados, darle la continuación que merece. Y el primer paso en esta dirección es la entrevista que sigue. Dando la palabra a Andrej Hunko esperamos que, esta vez, se rompa el muro de silencio y las reacciones estén a la altura de unas circunstancias tan críticas...
Entrevista a Andrej Hunko, diputado de Die Linke, que ha revelado este escándalo
-Yorgos Mitralias: ¿Cuáles han sido las preguntas parlamentarias que has dirigido al Gobierno alemán sobre las pensiones que sigue pagando a los veteranos españoles de la División Azul y cuál ha sido la respuesta oficial de este Gobierno?
-Andrej Hunko: Nuestras preguntas al Gobierno alemán sobre los pagos a antiguos miembros de la División Azul iban sobre la suma pagada y el número de personas que se han beneficiado. Queríamos saber la suma de dinero que Alemania paga a estos colaboradores de los nazis y cuál ha sido la evolución de esta suma desde que el acuerdo bilateral relativo a este affaire fue firmado en 1962 y ratificado en 1965.
Las respuestas han arrojado luz sobre el hecho de que Alemania continúa a día de hoy pagando más de 100.000 euros al año a 41 antiguos miembros de la División Azul, así como a nueve supervivientes de sus familias. Es probable que esta suma haya sido mucho más importante en el pasado, puesto que la División Azul existe desde hace más de 70 años y muchos de sus guerrilleros han muerto. Sin embargo, el Gobierno no nos ha dado las cantidades concretas para todo este periodo. Habrá que investigar en los archivos públicos para poder conocer las sumas exactas.
El Gobierno alemán nos ha dicho también que no espera poner fin a estos pagos.
-Y.M.: Ahora sabemos que el acuerdo sobre la atribución de pensiones a los veteranos de la División Azul concluyó en 1962 entre la Alemania Federal del canciller Adenauer y el Gobierno del dictador Franco quien, a cambio, aceptó hacer los mismo, es decir, pagar las pensiones a los veteranos de la Legión Cóndor nazi, responsable de numerosos crímenes de guerra durante la guerra civil española, entre ellos la destrucción de la ciudad vasca de Gernika. Ahora, o sea solamente algunos días tras el 40º aniversario de la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975), sería útil recordar que el mismo régimen de Franco que firmó este acuerdo con la Alemania Federal en 1962 ofreció asilo a nazis notorios como por ejemplo Otto Skorzeny o Léon Degrelle (2) hasta su muerte. ¿Crees tú que el acuerdo de 1962 es emblemático de las "afinidades electivas" existentes entre el régimen de Franco y la Alemania Federal de después de la guerra?
-Andrej Hunko: Yo creo que esta hipótesis es justa. Sin embargo, no refleja solamente las relaciones de la Alemania de después de la guerra con el régimen fascista de Franco. Yo pienso que podemos ver ahí la prueba de la continuidad del personal nazi en la administración pública, las fuerzas armadas, y los servicios secretos de la Alemania tras la guerra. En numerosos casos la desnazificación ha sido inexistente, ya sea muy limitada y numerosos puestos han sido ocupados por nazis notorios en determinados casos. Por dar un ejemplo, uno de los casos más célebres ha sido el de Reinhard Gehlen, que fundó el servicio secreto BND de la Alemania Federal.
Visto desde este ángulo, no es una sorpresa que la Alemania del Gobierno Adenauer haya firmado tal acuerdo con la España de Franco. Naturalmente, esto no lo hace menos nauseabundo.
-Y.M.: ¿Cuál ha sido el impacto en Alemania de vuestras preguntas parlamentarias y de la respuesta del Gobierno alemán? Ha habido reacciones que relacionen este affaire escandaloso con el rechazo permanente de los gobernantes alemanes a pagar las reparaciones y las indemnizaciones al Estado griego y a los ciudadanos griegos víctimas de las atrocidades nazis?
-Andrej Hunko: Evidentemente, hemos intentado hacer esta aproximación en nuestros comentarios a las respuestas del Gobierno alemán. Para mí es un escándalo que la Alemania de hoy rechace pagar las compensaciones y las reparaciones a las víctimas. No ha reembolsado ni siquiera el préstamo forzado que Alemania impuso a Grecia durante la ocupación. Basta un vistazo a los argumentos utilizados por el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores para justificar el no reembolso, para constatar que son escandalosos.
Por otro lado, la gente que combatió voluntariamente con la Wehrmacht en la guerra de exterminio que llevó a cabo en Europa del Este continúan aún hoy siendo pagados por Alemania. Me parece incomprensible.
Sin embargo, las reacciones de los medios alemanes han sido bien limitadas. Han hablado de las respuestas del Gobierno, pero no ha habido debate en torno a esta cuestión. Creo que la reacción de los medios españoles ha sido mucho más importante. Una razón podría ser que la dictadura fascista en España terminó mucho más recientemente que la de Alemania.
-Y.M.: ¿Qué dirías si los activistas y los movimientos sociales griegos, españoles y alemanes dan continuación a este affaire escandaloso? ¿Crees que sería útil y posible emprender tal iniciativa?
-Andrej Hunko: Sí, ciertamente. Hemos dado un paso a nivel parlamentario planteando esta pregunta en el Parlamento Europeo en colaboración con Josu Juaristi Abaunz del País Vasco, que es miembro del grupo parlamentario de la Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL). Estamos trabajando actualmente para recoger más elementos sobre los pagos a los voluntarios fascistas y la ausencia de compensaciones a las víctimas de la guerra y de la ocupación. Creo que la asociación de los activistas en este affaire sería no sólo un importante símbolo de solidaridad internacionalista, sino que podría finalmente contribuir a que se haga justicia con todos los que han sufrido la tiranía fascista o que han luchado contra ella.
Notas
1. Ver el artículo (en griego): http://contra-xreos.gr/arthra/928-1936-2015.html
2. Otto Scorzeny era un oficial de las SS conocido por sus misiones audaces, entre ellas la liberación de Mussolini en 1943. Léon Degrelle fue el fundador y el jefe del movimiento fascista belga Rex, antes de encabezar la División SS Valonia sobre el frente del Este.
Corría la segunda semana del octubre pasado cuando la noticia cayó en España como una bomba: Alemania paga -¡aún hoy!- las pensiones a los fascistas españoles que combatieron al lado de la Wehrmacht en Estalingado. Tras esta revelación, uno tras otro, casi todos los periódicos españoles desenterraban las semanas durante el pasado doloroso y dedicaban numerosos artículos a la infame División Azul y sus 37.000 voluntarios que, con la bendición del dictador Franco, fueron hace 73-74 años a Rusia para echar una mano a la Alemania nazi y a su intento de aplastar el… bolchevismo.
El protagonista, pero también responsable de este retorno inesperado a un pasado que creíamos definitivamente exorcizado, es Andrej Hunko, el diputado de Die Linke, que ha revelado el escándalo por su iniciativa de pedir explicaciones a la canciller Merkel. Conocedores de la lucha del amigo Andrej por la defensa de los derechos del pueblo griego, osamos decir que la primera motivación de sus cuestiones parlamentarias al Gobierno alemán no eran hacer revelar a la opinión pública uno, sino más bien dos escándalos: Ése bien visible del pago por el Estado alemán de las pensiones a los fascistas españoles, pero también otro menos visible, ¡el del rechazo permanente del Estado alemán a indemnizar a los ciudadanos griegos víctimas de las atrocidades nazis!
Desgraciadamente, la noticia de que el Gobierno alemán pague a los fascistas españoles que lucharon al lado de la armada nazi (1) cuando al mismo tiempo rechaza obstinadamente pagar las indemnizaciones a las víctimas griegas de la misma armada nazi, no parece haber provocado emoción alguna ni entre las autoridades ni entre los medios griegos. Ninguna reacción, y peor, absolutamente nada para informar a la opinión pública griega. Solamente un silencio total y ensordecedor...
Sin embargo, este escándalo de escándalos no puede quedar sin continuación. Así, ya que concentra y combina en sí todos los problemas de nuestro tiempo, el pasado de pesadilla con un presente y un futuro no menos amenazantes, nos compete a todos estos ciudadanos griegos, alemanes y españoles que se sienten directamente interesados, darle la continuación que merece. Y el primer paso en esta dirección es la entrevista que sigue. Dando la palabra a Andrej Hunko esperamos que, esta vez, se rompa el muro de silencio y las reacciones estén a la altura de unas circunstancias tan críticas...
Entrevista a Andrej Hunko, diputado de Die Linke, que ha revelado este escándalo
-Yorgos Mitralias: ¿Cuáles han sido las preguntas parlamentarias que has dirigido al Gobierno alemán sobre las pensiones que sigue pagando a los veteranos españoles de la División Azul y cuál ha sido la respuesta oficial de este Gobierno?
-Andrej Hunko: Nuestras preguntas al Gobierno alemán sobre los pagos a antiguos miembros de la División Azul iban sobre la suma pagada y el número de personas que se han beneficiado. Queríamos saber la suma de dinero que Alemania paga a estos colaboradores de los nazis y cuál ha sido la evolución de esta suma desde que el acuerdo bilateral relativo a este affaire fue firmado en 1962 y ratificado en 1965.
Las respuestas han arrojado luz sobre el hecho de que Alemania continúa a día de hoy pagando más de 100.000 euros al año a 41 antiguos miembros de la División Azul, así como a nueve supervivientes de sus familias. Es probable que esta suma haya sido mucho más importante en el pasado, puesto que la División Azul existe desde hace más de 70 años y muchos de sus guerrilleros han muerto. Sin embargo, el Gobierno no nos ha dado las cantidades concretas para todo este periodo. Habrá que investigar en los archivos públicos para poder conocer las sumas exactas.
El Gobierno alemán nos ha dicho también que no espera poner fin a estos pagos.
-Y.M.: Ahora sabemos que el acuerdo sobre la atribución de pensiones a los veteranos de la División Azul concluyó en 1962 entre la Alemania Federal del canciller Adenauer y el Gobierno del dictador Franco quien, a cambio, aceptó hacer los mismo, es decir, pagar las pensiones a los veteranos de la Legión Cóndor nazi, responsable de numerosos crímenes de guerra durante la guerra civil española, entre ellos la destrucción de la ciudad vasca de Gernika. Ahora, o sea solamente algunos días tras el 40º aniversario de la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975), sería útil recordar que el mismo régimen de Franco que firmó este acuerdo con la Alemania Federal en 1962 ofreció asilo a nazis notorios como por ejemplo Otto Skorzeny o Léon Degrelle (2) hasta su muerte. ¿Crees tú que el acuerdo de 1962 es emblemático de las "afinidades electivas" existentes entre el régimen de Franco y la Alemania Federal de después de la guerra?
-Andrej Hunko: Yo creo que esta hipótesis es justa. Sin embargo, no refleja solamente las relaciones de la Alemania de después de la guerra con el régimen fascista de Franco. Yo pienso que podemos ver ahí la prueba de la continuidad del personal nazi en la administración pública, las fuerzas armadas, y los servicios secretos de la Alemania tras la guerra. En numerosos casos la desnazificación ha sido inexistente, ya sea muy limitada y numerosos puestos han sido ocupados por nazis notorios en determinados casos. Por dar un ejemplo, uno de los casos más célebres ha sido el de Reinhard Gehlen, que fundó el servicio secreto BND de la Alemania Federal.
Visto desde este ángulo, no es una sorpresa que la Alemania del Gobierno Adenauer haya firmado tal acuerdo con la España de Franco. Naturalmente, esto no lo hace menos nauseabundo.
-Y.M.: ¿Cuál ha sido el impacto en Alemania de vuestras preguntas parlamentarias y de la respuesta del Gobierno alemán? Ha habido reacciones que relacionen este affaire escandaloso con el rechazo permanente de los gobernantes alemanes a pagar las reparaciones y las indemnizaciones al Estado griego y a los ciudadanos griegos víctimas de las atrocidades nazis?
-Andrej Hunko: Evidentemente, hemos intentado hacer esta aproximación en nuestros comentarios a las respuestas del Gobierno alemán. Para mí es un escándalo que la Alemania de hoy rechace pagar las compensaciones y las reparaciones a las víctimas. No ha reembolsado ni siquiera el préstamo forzado que Alemania impuso a Grecia durante la ocupación. Basta un vistazo a los argumentos utilizados por el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores para justificar el no reembolso, para constatar que son escandalosos.
Por otro lado, la gente que combatió voluntariamente con la Wehrmacht en la guerra de exterminio que llevó a cabo en Europa del Este continúan aún hoy siendo pagados por Alemania. Me parece incomprensible.
Sin embargo, las reacciones de los medios alemanes han sido bien limitadas. Han hablado de las respuestas del Gobierno, pero no ha habido debate en torno a esta cuestión. Creo que la reacción de los medios españoles ha sido mucho más importante. Una razón podría ser que la dictadura fascista en España terminó mucho más recientemente que la de Alemania.
-Y.M.: ¿Qué dirías si los activistas y los movimientos sociales griegos, españoles y alemanes dan continuación a este affaire escandaloso? ¿Crees que sería útil y posible emprender tal iniciativa?
-Andrej Hunko: Sí, ciertamente. Hemos dado un paso a nivel parlamentario planteando esta pregunta en el Parlamento Europeo en colaboración con Josu Juaristi Abaunz del País Vasco, que es miembro del grupo parlamentario de la Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL). Estamos trabajando actualmente para recoger más elementos sobre los pagos a los voluntarios fascistas y la ausencia de compensaciones a las víctimas de la guerra y de la ocupación. Creo que la asociación de los activistas en este affaire sería no sólo un importante símbolo de solidaridad internacionalista, sino que podría finalmente contribuir a que se haga justicia con todos los que han sufrido la tiranía fascista o que han luchado contra ella.
Notas
1. Ver el artículo (en griego): http://contra-xreos.gr/arthra/928-1936-2015.html
2. Otto Scorzeny era un oficial de las SS conocido por sus misiones audaces, entre ellas la liberación de Mussolini en 1943. Léon Degrelle fue el fundador y el jefe del movimiento fascista belga Rex, antes de encabezar la División SS Valonia sobre el frente del Este.
viernes, 11 de diciembre de 2015
París y el planeta arden
Las velas siguen ardiendo en la ciudad de París en los sitios donde se recuerda a las 130 personas asesinadas por militantes armados identificados con el Estado Islámico (que según señalan muchos musulmanes, no es ni islámico ni un Estado) en los ataques perpetrados en el teatro Bataclan, restaurantes de la zona y el Estadio Nacional de París. En estos lugares donde ocurrieron los actos de violencia, dispuestos como un torrente de sentidas expresiones de dolor, se pueden ver flores, mensajes, banderas de Francia, fotos, recuerdos de los fallecidos y reproducciones del ahora icónico símbolo de la paz diseñado a partir de la imagen de la Torre Eiffel.
En este contexto se está desarrollando uno de los encuentros mundiales más importantes de la historia: la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP 21. Prácticamente todos los países del mundo están representados aquí, a través de sus delegaciones, que están intentando alcanzar un acuerdo antes del 11 de diciembre, con el objetivo de evitar un cambio climático catastrófico e irreversible.
Supuestamente, la COP 21 es la culminación de más de dos décadas de trabajo en el marco de las Naciones Unidas para transformar la sociedad, poner fin a la era de los combustibles fósiles, comenzar a utilizar energía renovable y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Estaba previsto que el 29 de noviembre, el día antes de que comenzara la cumbre sobre el clima, se realizara en París una marcha multitudinaria, en la que se preveía que participarían más de 400.000 personas. Sin embargo, el Presidente francés, François Hollande, declaró un estado de emergencia tras los ataques y prohibió las manifestaciones. Quienes critican esta decisión sostienen que el calentamiento global también es un estado de emergencia y que expresar nuestra oposición es lo único que nos salvará.
más...
La Columna de Amy Goodman
En este contexto se está desarrollando uno de los encuentros mundiales más importantes de la historia: la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP 21. Prácticamente todos los países del mundo están representados aquí, a través de sus delegaciones, que están intentando alcanzar un acuerdo antes del 11 de diciembre, con el objetivo de evitar un cambio climático catastrófico e irreversible.
Supuestamente, la COP 21 es la culminación de más de dos décadas de trabajo en el marco de las Naciones Unidas para transformar la sociedad, poner fin a la era de los combustibles fósiles, comenzar a utilizar energía renovable y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Estaba previsto que el 29 de noviembre, el día antes de que comenzara la cumbre sobre el clima, se realizara en París una marcha multitudinaria, en la que se preveía que participarían más de 400.000 personas. Sin embargo, el Presidente francés, François Hollande, declaró un estado de emergencia tras los ataques y prohibió las manifestaciones. Quienes critican esta decisión sostienen que el calentamiento global también es un estado de emergencia y que expresar nuestra oposición es lo único que nos salvará.
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La Columna de Amy Goodman
jueves, 10 de diciembre de 2015
Dos estados de bienestar y cómo papá estado subvenciona a las grandes empresas con fondos públicos
Habitualmente nos hemos acostumbrado, o mejor nos han ‘enseñado’, a hablar de Estado del Bienestar para hacer referencia a contar con unas prestaciones y servicios sanitarios, educativos y sociales de carácter público que financiamos todos, y al que determinados partidos políticos, grupos empresariales y medios de comunicación consideran una especie de lujo insostenible en términos monetarios por el que los usuarios no pagamos lo que deberíamos pagar. Estos grupos no sólo tratan de desacreditar continuamente a este Estado del Bienestar mediante las decisiones que ellos toman, sino que lo suelen descalificar habitualmente con la excusa de que ‘Papá Estado’ no puede estar siempre resolviendo los problemas a la gente (y si cuela, cuela).
La realidad es bien diferente. No hay uno sino, al menos, dos Estados de Bienestar, el primero es el que acabo de mencionar más arriba y el segundo es, precisamente, el Estado de Bienestar Empresarial que vive de los fondos públicos que, de muy diferentes maneras, los gobiernos ponen al servicio de los grandes grupos empresariales. Así es que, al contrario de lo que nos dicen esos políticos ‘liberales’ (desde el PSOE a VOX) el ‘Papá Estado’ apoya y financia precisamente a los que dicen que hay que reducir el Estado, y lo hacen con la colaboración estrecha de los gobiernos, si es que se pueden llamar gobiernos, aunque tratan de hacerlo con la mínima transparencia, es decir, con ocultación.
Esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo mostró Adam Smith y lo han seguido mostrando otros economistas, pero también sabemos que la repetición contínua y constante de las mentiras contribuye a que sean creídas y a convertirlas en “verdades”.
Paul Hawken, en su libro ‘Ecología y Negocio’ (1993), afirma, refiriéndose a los Estados Unidos que “No tenemos uno sino dos sistemas de bienestar. El primero es exiguo y consiste en ayudas a los desempleados, niños dependientes, los pobres y los que carecen de recursos. Es visto como una obra de caridad, un reparto, una aceptación poco generosa de responsabilidad social, pero casi siempre va acompañada de opiniones, amonestaciones de fracasos y un alto tono moral. El segundo sistema de bienestar es generoso, expansivo y costoso. Se produce en forma de grandes concesiones y programas gubernamentales para construir autopistas, subvenciones a los ricos en forma de deducciones en los pagos de intereses por sus viviendas, condiciones excesivamente generosas para derechos madereros y mineros en tierras del gobierno, investigaciones financiadas por el gobierno en universidades, políticas de puertas giratorias entre la industria de defensa y el gobierno con el resultado de políticas de gestión costosas y pobremente planificadas y así sucesivamente. La lista de receptores de estas generosas condiciones del gobierno es larga, pero no se ven como receptores de bienestar”.
No es esto exactamente lo que se entiende en Europa por Estado de Bienestar pero sí es cierto que se quiere dar, de manera interesada, una visión distorsionada del mismo como si fuera una especie de Estado Asistencial insostenible y también es cierto que el reconocimiento de la existencia de los dos Estados del Bienestar es muy importante.
Desde otro punto de vista, pero en una línea parecida, otro economista norteamericano, Steve Gorelick, escribió en 1998 un interesantísimo libro titulado “Lo pequeño es hermoso, lo Grande está Subsidiado. Cómo contribuyen nuestros impuestos al desastre ambiental y social”. (Está disponible en inglés en Internet). Este libro va mostrando cómo las grandes empresas reciben grandes subsidios públicos por parte de los gobiernos y cómo este comportamiento va ‘disolviendo’ la democracia, es decir, secuestrándola.
http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf
En la introducción (que por razones que ignoro no aparece en la versión electrónica del libro), Helena Norberg-Hodge escribe que se nos ha venido ‘enseñando’ que las ‘leyes económicas’ favorecen de manera natural a las grandes empresas frente a las pequeñas mediante las economías de escala por lo que, de manera natural, lo grande es más barato, eficiente y mejor que lo pequeño. Pero la realidad es que “…lo grande no es necesariamente más ‘barato’ o más ‘eficiente’ (….)
Si nos permitimos mirar más allá de las estrechas creencias y limitaciones de la sabiduría convencional, resulta claro que las corporaciones gigantes son el resultado del apoyo gubernamental mediante una variedad de subsidios directos e indirectos”. En otras palabras, no existe nada parecido a las leyes naturales en economía sino que, al contrario, la economía es el resultado de elecciones políticas humanas y que lo eficiente y barato depende de la noción de coste con la que se trabaje, de la noción de eficiencia y del contexto en el que se produzca. Como afirmaba Paul Hellyer, antiguo Primer Ministro de Canadá, “La globalización no se refiere al comercio sino al poder y al control. Consiste en darle una nueva forma al mundo convirtiéndolo en uno sin fronteras controlado por una dictadura dirigida por las empresas multinacionales, los bancos centrales y los bancos comerciales más poderosos del mundo”. Pero para poder hacer esto, los gobiernos tienen que perder el poder de regular y de buscar el interés común y de aceptar que crecer es siempre bueno, sin importar los costes.
Por su parte, en ‘Los felices 90. La semilla de la destrucción’ (2003), Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, enuncia los tres principios ‘empresariales’ que él fue viendo que seguían los líderes de las grandes empresas con los que tenía que lidiar. Son estos:
1. La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones… para todos menos para sí mismos.
2. Todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía menos en el suyo propio.
3. Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio.
La conclusión a la que llega Stiglitz es que “la mayor parte de las empresas veían las subvenciones como algo totalmente garantizado”.
Yo diría que los empresarios han ido pasando de verlas como algo totalmente garantizado a verlas como algo a lo que tienen derecho; son suyas y punto, pero hay que disfrazar esto con el ‘humo del mercado’ y todo eso para poder seguir el saqueo.
En definitiva, en el capitalismo actual, dejando de lado a las pequeñas empresas que son las que crean más empleo y son habitualmente maltratadas por los gobiernos, la realidad es que las grandes empresas dependen de los gobiernos y de lo público, es decir de las decisiones públicas que crean reglas y leyes que les benefician y de la obtención de fondos públicos y/o de exenciones fiscales, para conseguir buenos resultados. Dicho de otra manera, y tal y como señala Gorelick, el capitalismo actual es un capitalismo subsidiado por el Papá Estado y las grandes empresas funcionan con grandes subsidios:
-Monetarios, rescate a la banca con fondos públicos de miles de millones, créditos superbaratos del Banco Central Europeo y ‘regalos’ como las normas de endeudamiento público que impiden a los gobiernos endeudarse directamente con el BCE debiendo hacerlo a través de los bancos privados lo que les proporciona unos ‘beneficios’ desmesurados por no hacer nada excepto multiplicar los intereses de la deuda pública.
-Fiscales, impuestos más bajos que las pequeñas empresas y los trabajadores, paraísos fiscales no penalizados, planes fiscales realizados por la pareja Juncker-Djisselbloem, De Guindos también trabajó en el tema…
La realidad es bien diferente. No hay uno sino, al menos, dos Estados de Bienestar, el primero es el que acabo de mencionar más arriba y el segundo es, precisamente, el Estado de Bienestar Empresarial que vive de los fondos públicos que, de muy diferentes maneras, los gobiernos ponen al servicio de los grandes grupos empresariales. Así es que, al contrario de lo que nos dicen esos políticos ‘liberales’ (desde el PSOE a VOX) el ‘Papá Estado’ apoya y financia precisamente a los que dicen que hay que reducir el Estado, y lo hacen con la colaboración estrecha de los gobiernos, si es que se pueden llamar gobiernos, aunque tratan de hacerlo con la mínima transparencia, es decir, con ocultación.
Esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo mostró Adam Smith y lo han seguido mostrando otros economistas, pero también sabemos que la repetición contínua y constante de las mentiras contribuye a que sean creídas y a convertirlas en “verdades”.
Paul Hawken, en su libro ‘Ecología y Negocio’ (1993), afirma, refiriéndose a los Estados Unidos que “No tenemos uno sino dos sistemas de bienestar. El primero es exiguo y consiste en ayudas a los desempleados, niños dependientes, los pobres y los que carecen de recursos. Es visto como una obra de caridad, un reparto, una aceptación poco generosa de responsabilidad social, pero casi siempre va acompañada de opiniones, amonestaciones de fracasos y un alto tono moral. El segundo sistema de bienestar es generoso, expansivo y costoso. Se produce en forma de grandes concesiones y programas gubernamentales para construir autopistas, subvenciones a los ricos en forma de deducciones en los pagos de intereses por sus viviendas, condiciones excesivamente generosas para derechos madereros y mineros en tierras del gobierno, investigaciones financiadas por el gobierno en universidades, políticas de puertas giratorias entre la industria de defensa y el gobierno con el resultado de políticas de gestión costosas y pobremente planificadas y así sucesivamente. La lista de receptores de estas generosas condiciones del gobierno es larga, pero no se ven como receptores de bienestar”.
No es esto exactamente lo que se entiende en Europa por Estado de Bienestar pero sí es cierto que se quiere dar, de manera interesada, una visión distorsionada del mismo como si fuera una especie de Estado Asistencial insostenible y también es cierto que el reconocimiento de la existencia de los dos Estados del Bienestar es muy importante.
Desde otro punto de vista, pero en una línea parecida, otro economista norteamericano, Steve Gorelick, escribió en 1998 un interesantísimo libro titulado “Lo pequeño es hermoso, lo Grande está Subsidiado. Cómo contribuyen nuestros impuestos al desastre ambiental y social”. (Está disponible en inglés en Internet). Este libro va mostrando cómo las grandes empresas reciben grandes subsidios públicos por parte de los gobiernos y cómo este comportamiento va ‘disolviendo’ la democracia, es decir, secuestrándola.
http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf
En la introducción (que por razones que ignoro no aparece en la versión electrónica del libro), Helena Norberg-Hodge escribe que se nos ha venido ‘enseñando’ que las ‘leyes económicas’ favorecen de manera natural a las grandes empresas frente a las pequeñas mediante las economías de escala por lo que, de manera natural, lo grande es más barato, eficiente y mejor que lo pequeño. Pero la realidad es que “…lo grande no es necesariamente más ‘barato’ o más ‘eficiente’ (….)
Si nos permitimos mirar más allá de las estrechas creencias y limitaciones de la sabiduría convencional, resulta claro que las corporaciones gigantes son el resultado del apoyo gubernamental mediante una variedad de subsidios directos e indirectos”. En otras palabras, no existe nada parecido a las leyes naturales en economía sino que, al contrario, la economía es el resultado de elecciones políticas humanas y que lo eficiente y barato depende de la noción de coste con la que se trabaje, de la noción de eficiencia y del contexto en el que se produzca. Como afirmaba Paul Hellyer, antiguo Primer Ministro de Canadá, “La globalización no se refiere al comercio sino al poder y al control. Consiste en darle una nueva forma al mundo convirtiéndolo en uno sin fronteras controlado por una dictadura dirigida por las empresas multinacionales, los bancos centrales y los bancos comerciales más poderosos del mundo”. Pero para poder hacer esto, los gobiernos tienen que perder el poder de regular y de buscar el interés común y de aceptar que crecer es siempre bueno, sin importar los costes.
Por su parte, en ‘Los felices 90. La semilla de la destrucción’ (2003), Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, enuncia los tres principios ‘empresariales’ que él fue viendo que seguían los líderes de las grandes empresas con los que tenía que lidiar. Son estos:
1. La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones… para todos menos para sí mismos.
2. Todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía menos en el suyo propio.
3. Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio.
La conclusión a la que llega Stiglitz es que “la mayor parte de las empresas veían las subvenciones como algo totalmente garantizado”.
Yo diría que los empresarios han ido pasando de verlas como algo totalmente garantizado a verlas como algo a lo que tienen derecho; son suyas y punto, pero hay que disfrazar esto con el ‘humo del mercado’ y todo eso para poder seguir el saqueo.
En definitiva, en el capitalismo actual, dejando de lado a las pequeñas empresas que son las que crean más empleo y son habitualmente maltratadas por los gobiernos, la realidad es que las grandes empresas dependen de los gobiernos y de lo público, es decir de las decisiones públicas que crean reglas y leyes que les benefician y de la obtención de fondos públicos y/o de exenciones fiscales, para conseguir buenos resultados. Dicho de otra manera, y tal y como señala Gorelick, el capitalismo actual es un capitalismo subsidiado por el Papá Estado y las grandes empresas funcionan con grandes subsidios:
-Monetarios, rescate a la banca con fondos públicos de miles de millones, créditos superbaratos del Banco Central Europeo y ‘regalos’ como las normas de endeudamiento público que impiden a los gobiernos endeudarse directamente con el BCE debiendo hacerlo a través de los bancos privados lo que les proporciona unos ‘beneficios’ desmesurados por no hacer nada excepto multiplicar los intereses de la deuda pública.
-Fiscales, impuestos más bajos que las pequeñas empresas y los trabajadores, paraísos fiscales no penalizados, planes fiscales realizados por la pareja Juncker-Djisselbloem, De Guindos también trabajó en el tema…
-Laborales, reformas laborales que sólo perjudican a los trabajadores y aumentan los beneficios empresariales, aunque a ese se le llame mejorar la competitividad.
-Ambientales, apenas se ‘ven’ impactos ambientales ‘relevantes’ ni se asume responsabilidad por los costes sociales generados.
En definitiva, todo un sistema de subvenciones y ayudas públicas para asegurar elevados beneficios privados. Si pusiéramos números a todas estas subvenciones públicas (Juan Torres y Eduardo Garzón, entre otros, lo han hecho en parte) veríamos con claridad el enorme fraude económico en el que estamos metidos y la trampa que supone animar a los jóvenes a que hay que ser emprendedores. ¿Alguien cree que se puede honestamente ser emprendedor y ‘competir’ con las grandes empresas sin recibir las mismas ayudas y subvenciones que ellas? Esto sólo tiene un nombre y es el de engaño a las personas con el cuento de ser emprendedor, lo que los transforma en ‘emperdedores’ como indica Miguel Brieva en “Lo que (me) está pasando. Diario de un emperdedor” (2015).
Incluso la financiación de la investigación de alto nivel que habitualmente se nos ‘vende’ como ejemplo de comportamiento ‘emprendedor’ e ‘innovador’ típico de las buenas empresas privadas que hay que imitar resulta que está financiada con fondos públicos, como señala Gorelick, refiriéndose a 1997.
http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
Pero más interesante todavía resulta constatar que la financiación pública de la ciencia sigue siendo la tónica actual, como recoge el libro “El estado emprendedor”, escrito por la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en 2014, cuyas principales ideas expone en esta conferencia de 15 minutos.
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
Seguir pensando, o mejor, seguir repitiendo de manera desinformada y sesgada que la innovación es independiente de la financiación pública muestra, según Randall Wray, ‘la incapacidad ideológica para reconocer el papel jugado por el Estado para impulsar la innovación’.
http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
En mi opinión refleja, además, la enorme distorsión e ignorancia transmitida desde la Universidad, los medios de comunicación, los gobiernos y las grandes empresas para dar una visión falsa de la realidad que ‘coincida’ con los intereses de estos grupos, no en vano el subtitulo del libro de Mazzucato es ‘Mitos del sector público frente al privado’, y con esos mitos y mentiras se nos sigue adoctrinando todavía.
Pero no queda aquí el catálogo de ayudas de Papá Estado por lo que recomiendo el libro de Ana Tudela, “Crisis S.A. El saqueo neoliberal” (2014), y el de Owen Jones, “El Establishment” (2015) para un conocimiento importante de las prácticas habituales del saqueo de lo público con el consentimiento y la plena disposición de Papá Estado mientras gobiernos y empresas mantienen con todo descaro el discurso de la eficiencia y la competencia de lo privado.
Dos ejemplos interesantes, para no alargar demasiado, son el del sector eléctrico y el de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV) en España. Sobre el sector eléctrico ha salido hace poco un buen informe titulado “El coste real de la energía” que cuantifica el sobrecoste que pagamos los usuarios entre 1998 y 2013 en unos 80.000 millones de euros.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
Para una explicación breve de cómo se ha llevado a cabo este sobrecoste hay un excelente texto ‘El yugo de la tarifa eléctrica’ de Jesús Mota que recomiendo siempre,
http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html
y que explica con toda claridad cómo los diferentes gobiernos han ido configurando un marco legal muy favorable a las eléctricas de manera que entre los pagos públicos por los mal llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), competencia que nunca existió pero sí los pagos públicos, y la definición gubernamental de coste favorable a las eléctricas, distinguiendo entre ‘costes incurridos’ y ‘costes reconocidos’ siendo siempre los costes reconocidos por ley mayores que los incurridos, se ha ido generando el tan famoso como falso déficit tarifario. “…el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas.
Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10% (…) Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004” (Jesús Mota). Esto ha llevado a que la Audiencia Nacional afirme en una sentencia que son las empresas eléctricas las causantes primigenias del déficit tarifario.
http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
Obviamente, este comportamiento ‘regulador’ que tan buenos resultados da a las empresas para el saqueo de lo público, es luego recompensado con puestos muy bien remunerados en los Consejos de Administración para los políticos que se quedan sin sus cargos, lo que evidencia que esos políticos no han trabajado en beneficio del interés público ni del bien común.
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html
En cuanto a las SICAV, Ana Tudela explica perfectamente que, frente al objetivo inicial de fomentar el ahorro colectivo y la exigencia de contar, al menos, con 100 partícipes para beneficiarse de un Impuesto de Sociedades del 1 por 100 sobre el beneficio anual de la sociedad, las grandes fortunas empiezan a buscar partícipes ficticios hasta llegar al número de 100, los conocidos como mariachis. Ante el volumen de fondos en ellas, unos 25.000 millones de euros, Hacienda empieza a investigar que la composición y objetivos de las SICAV sean conforme a la ley pero el gobierno ‘socialista’ de Zapatero aprueba una propuesta de CIU de no investigar a las grandes fortunas de las SICAV y la aprueba el mismo día en que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sería ese el precio a pagar por reconocer ese matrimonio? Transparencia ante todo.
Por si fuera poco, el Informe realizado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre el Análisis de la Contratación Pública en España, estima que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año” (en 2014).
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
Sabiendo que en España no hay precisamente mucha concurrencia, ni transparencia y que los modificados en los presupuestos finales de las obras públicas son habituales con sobrecostes elevadísimos y que habitualmente se contrata a la baja, sería interesante comprobar en qué medida estos casi 48.000 millones anuales de euros de posibles sobrecostes representan, o no, una auténtica subvención a las diferentes empresas contratantes a los que habría que añadir todas las subvenciones anteriores. En fin, que sin Papá Estado y sin políticos que traicionen el interés común, estas empresas no alcanzarían los beneficios que obtienen, ni el poder que detentan .
-Ambientales, apenas se ‘ven’ impactos ambientales ‘relevantes’ ni se asume responsabilidad por los costes sociales generados.
En definitiva, todo un sistema de subvenciones y ayudas públicas para asegurar elevados beneficios privados. Si pusiéramos números a todas estas subvenciones públicas (Juan Torres y Eduardo Garzón, entre otros, lo han hecho en parte) veríamos con claridad el enorme fraude económico en el que estamos metidos y la trampa que supone animar a los jóvenes a que hay que ser emprendedores. ¿Alguien cree que se puede honestamente ser emprendedor y ‘competir’ con las grandes empresas sin recibir las mismas ayudas y subvenciones que ellas? Esto sólo tiene un nombre y es el de engaño a las personas con el cuento de ser emprendedor, lo que los transforma en ‘emperdedores’ como indica Miguel Brieva en “Lo que (me) está pasando. Diario de un emperdedor” (2015).
Incluso la financiación de la investigación de alto nivel que habitualmente se nos ‘vende’ como ejemplo de comportamiento ‘emprendedor’ e ‘innovador’ típico de las buenas empresas privadas que hay que imitar resulta que está financiada con fondos públicos, como señala Gorelick, refiriéndose a 1997.
http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
Pero más interesante todavía resulta constatar que la financiación pública de la ciencia sigue siendo la tónica actual, como recoge el libro “El estado emprendedor”, escrito por la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en 2014, cuyas principales ideas expone en esta conferencia de 15 minutos.
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
Seguir pensando, o mejor, seguir repitiendo de manera desinformada y sesgada que la innovación es independiente de la financiación pública muestra, según Randall Wray, ‘la incapacidad ideológica para reconocer el papel jugado por el Estado para impulsar la innovación’.
http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
En mi opinión refleja, además, la enorme distorsión e ignorancia transmitida desde la Universidad, los medios de comunicación, los gobiernos y las grandes empresas para dar una visión falsa de la realidad que ‘coincida’ con los intereses de estos grupos, no en vano el subtitulo del libro de Mazzucato es ‘Mitos del sector público frente al privado’, y con esos mitos y mentiras se nos sigue adoctrinando todavía.
Pero no queda aquí el catálogo de ayudas de Papá Estado por lo que recomiendo el libro de Ana Tudela, “Crisis S.A. El saqueo neoliberal” (2014), y el de Owen Jones, “El Establishment” (2015) para un conocimiento importante de las prácticas habituales del saqueo de lo público con el consentimiento y la plena disposición de Papá Estado mientras gobiernos y empresas mantienen con todo descaro el discurso de la eficiencia y la competencia de lo privado.
Dos ejemplos interesantes, para no alargar demasiado, son el del sector eléctrico y el de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV) en España. Sobre el sector eléctrico ha salido hace poco un buen informe titulado “El coste real de la energía” que cuantifica el sobrecoste que pagamos los usuarios entre 1998 y 2013 en unos 80.000 millones de euros.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
Para una explicación breve de cómo se ha llevado a cabo este sobrecoste hay un excelente texto ‘El yugo de la tarifa eléctrica’ de Jesús Mota que recomiendo siempre,
http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html
y que explica con toda claridad cómo los diferentes gobiernos han ido configurando un marco legal muy favorable a las eléctricas de manera que entre los pagos públicos por los mal llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), competencia que nunca existió pero sí los pagos públicos, y la definición gubernamental de coste favorable a las eléctricas, distinguiendo entre ‘costes incurridos’ y ‘costes reconocidos’ siendo siempre los costes reconocidos por ley mayores que los incurridos, se ha ido generando el tan famoso como falso déficit tarifario. “…el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas.
Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10% (…) Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004” (Jesús Mota). Esto ha llevado a que la Audiencia Nacional afirme en una sentencia que son las empresas eléctricas las causantes primigenias del déficit tarifario.
http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
Obviamente, este comportamiento ‘regulador’ que tan buenos resultados da a las empresas para el saqueo de lo público, es luego recompensado con puestos muy bien remunerados en los Consejos de Administración para los políticos que se quedan sin sus cargos, lo que evidencia que esos políticos no han trabajado en beneficio del interés público ni del bien común.
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html
En cuanto a las SICAV, Ana Tudela explica perfectamente que, frente al objetivo inicial de fomentar el ahorro colectivo y la exigencia de contar, al menos, con 100 partícipes para beneficiarse de un Impuesto de Sociedades del 1 por 100 sobre el beneficio anual de la sociedad, las grandes fortunas empiezan a buscar partícipes ficticios hasta llegar al número de 100, los conocidos como mariachis. Ante el volumen de fondos en ellas, unos 25.000 millones de euros, Hacienda empieza a investigar que la composición y objetivos de las SICAV sean conforme a la ley pero el gobierno ‘socialista’ de Zapatero aprueba una propuesta de CIU de no investigar a las grandes fortunas de las SICAV y la aprueba el mismo día en que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sería ese el precio a pagar por reconocer ese matrimonio? Transparencia ante todo.
Por si fuera poco, el Informe realizado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre el Análisis de la Contratación Pública en España, estima que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año” (en 2014).
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
Sabiendo que en España no hay precisamente mucha concurrencia, ni transparencia y que los modificados en los presupuestos finales de las obras públicas son habituales con sobrecostes elevadísimos y que habitualmente se contrata a la baja, sería interesante comprobar en qué medida estos casi 48.000 millones anuales de euros de posibles sobrecostes representan, o no, una auténtica subvención a las diferentes empresas contratantes a los que habría que añadir todas las subvenciones anteriores. En fin, que sin Papá Estado y sin políticos que traicionen el interés común, estas empresas no alcanzarían los beneficios que obtienen, ni el poder que detentan .
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