_- El gobernador del Banco de España engaña a los españoles cuando habla de pensiones

_- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo en enero de 2022 que la inflación en España se situaría a finales de ese año “por debajo del 2%”.

En realidad, en diciembre de ese año fue del 5,7%. El gobernador, o bien no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando en la economía española o, si lo sabía y dijo otra cosa, engañó a los españoles.

Ambas posibilidades son vergonzosas. ¿Cuánto duraría en una empresa normal y corriente un directivo que se hubiera equivocado de esa forma a la hora de estimar la evolución de la variable más decisiva, la única de la que tuviera que estar pendiente y de la que dependiera el futuro inmediato del negocio?

En el caso del gobernador, su tarea fundamental es prevenir la inflación y frenarla, y a la vista está su desconocimiento, su despiste atroz, la fenomenal equivocación cometida.

¿Por qué nadie le pide cuentas? ¿Por qué no se le cesa? ¿Se dejaría que siguiera como capitán de un barco quien fuera tan incapaz de percatarse del peligro, quien tuviese una idea tan equivocada del rumbo y las condiciones en que se lleva a cabo la navegación?

Lo sorprendente ni siquiera es eso. Lo verdaderamente increíble es que Hernández de Cos siga haciendo creer a los españoles que conoce el futuro, lo que va a pasar, cuando se equivoca tan manifiestamente a la hora de percatarse de lo qué tiene delante.

Ahora, el gobernador carga contra el gobierno diciendo que la reforma propuesta en nuestro sistema de pensiones es insostenible, es decir, que no se podrá financiar en los próximos treinta o cuarenta años.

¿Se dan cuenta de la desfachatez que hay que tener para que una persona que se equivoca garrafalmente sobre la evolución en los próximos meses de la materia que es de su estricta competencia, en lo que se supone que es lo que tiene que saber, diga a las demás que sabe lo que va a suceder en las próximas décadas con asuntos que no le competen? ¿Cómo es posible que un conductor que no ve lo que tiene a un palmo de sus narices y choque constantemente con su vehículo le diga a los demás por dónde y cómo tienen que circular?

El gobernador del Banco de España no sólo se ha mostrado como manifiestamente incompetente a la hora de contemplar y resolver el problema cuya solución se le encomienda, las subidas de precios. Además, vuelve a engañar a los españoles haciéndoles creer que sabe que las pensiones públicas no se van a poder financiar en las próximas décadas.

Ni el Banco de España, ni los economistas que lo han intentado para justificar sus amenazas de insostenibilidad, han acertado nunca, es decir, ni una sola vez, en sus previsiones sobre la evolución a corto, medio o largo plazo de la población, la productividad, el empleo, el crecimiento del PIB o la distribución de la renta que son las variables de las que depende el equilibrio financiero de un sistema público de pensiones como el nuestro. Siempre que hablan lo hacen pontificando como si fuesen sabios dueños de la verdad, pero lo cierto es que todas las veces que han asegurado saber lo que iba a ocurrir en el futuro con las pensiones en España se han equivocado, exactamente lo mismo que pasó al gobernador el año pasado con la inflación.

Hernández de Cos es uno más de los economistas que, como bien ha dicho el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llevan veinte años equivocándose en sus predicciones sobre las pensiones. No han acertado ni en uno solo de los escenarios que han diseñado en los distintos modelos que han elaborado siempre con un mismo fin: convencer a la gente de que las pensiones públicas son insostenibles y que, por tanto, hay que fomentar el ahorro privado en la banca. Justamente, quien ha financiado la elaboración de esos modelos y estudios.

El gobernador del Banco de España está engañando una vez más a los españoles haciéndoles creer que él, su institución o los economistas que vienen diciendo lo mismo, pueden saber qué ocurrirá con nuestras pensiones en las próximas décadas. Es un hecho que engaña por dos razones evidentes. La primera es que, como he dicho, para saberlo tendría que conocerse qué va a ocurrir con unas variables cuya evolución es materialmente imposible de predecir. No se ha podido conocer cuando se analiza sin prejuicios y mucho menos cuando se ha hecho partiendo de hipótesis sesgadas porque se tienen intereses inconfesables, como ocurre con los informes pagados por los bancos. Es un hecho que se puede comprobar fácilmente leyéndolos, en este último caso, o comprobando las enormes diferencias y errores de estimación que hay en las proyecciones de largo plazo realizadas incluso por los centros de investigación u oficinas estadísticas nacionales o internacionales más reconocidos.

La segunda razón que muestra que el gobernador del Banco de España engaña a los españoles es que la sostenibilidad de las pensiones públicas no depende solamente del equilibrio financiero entre el gasto y los ingresos por cotizaciones sociales. Depende también de decisiones políticas, concretamente, de que se quieran financiar con impuestos adicionales a las cotizaciones sociales, o no. Algo que igualmente es completamente impredecible.

Si hubiera una auténtica democracia en España se le exigiría responsabilidad al gobernador y las fuerzas política no comprometidas con los intereses de la banca privada, a cuyo beneficio se pronuncia Hernández de Cos, deberían pedir su cese inmediato.

Herencia universal: una propuesta que enreda y no soluciona mucho

Los grupos de trabajo de Sumar, la plataforma impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, han propuesto la posibilidad de implantar en España una llamada «herencia universal» de 20.000 euros que recibirían todas las personas al cumplir 18 años, lo que tendría un coste anual de unos 10.000 millones de euros que sería financiado con gravámenes sobre el patrimonio y la riqueza.

Los medios han señalado que se trata de una propuesta reciente de Thomas Piketty pero no es así. En realidad, la propuso Thomas Paine en 1795.

Este último consideraba que la tierra es «propiedad común de la raza humana» y que, por tanto, la mejora o renta que pudiera obtenerse al cultivarla no podía separarse de la tierra misma. Por tanto, cuando un propietario la obtiene, le debe una parte de ella a la comunidad. Paine propuso generar un fondo para repartir esa parte que es de todos, dando un capital de 15 libras a quienes cumplieran 21 años y una pensión de 10 libras por año hasta la muerte a todos los que cumplían 50 años.

Con esas cantidades estimaba Paine que se compensaba al conjunto de la población por la herencia universal no recibida al instaurarse el derecho a la propiedad de la tierra. Y por ello decía «no es caridad sino un derecho, no generosidad, sino justicia lo que estoy suplicando».

Después de Paine han sido muchas las propuestas del mismo tipo y no siempre, como quizá se pueda creer, por parte de intelectuales de izquierdas. En 1989, Julian Le Grand propuso una dotación de 10.000 libras financiadas con el impuesto de sucesiones. En 1999 Bruce Ackerman y Anne Alstott propusieron un montante de 80.000 dólares para todas las personas de 21 años con diploma de escuela secundaria y sin antecedentes penales, financiada por un impuesto sobre el patrimonio. En 2000, Gavin Kelly, del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) del Reino Unido, propuso una subvención a cada ciudadano al nacer que se invertiría en una cuenta de ahorros o en algún otro vehículo de ahorro, cuyos fondos acumulados podrían ser utilizados por el beneficiario al cumplir los 18 años. Se implantó en 2003 pero se abolió en 2011. En 2015, Tony Atkinson proponía un capital de 5000 a 10 000 libras esterlinas para cada joven, financiado por un impuesto sobre los ingresos de capital de por vida. En 2018, el citado instituto británico volvía a realizar una propuesta parecida, aunque ahora basada en la creación de un fondo soberano. En las elecciones presidenciales de 2020 varios candidatos hicieron propuestas de este tipo en Estados Unidos y, ese mismo año, Thomas Piketty proponía en su libro Capital e ideología una dotación de 125.000 euros financiada con impuestos sobre el patrimonio a quienes cumplan 25 años.

En Inglaterra se desarrolla desde 1996 un movimiento que defiende una «herencia mínima básica de 10.000 libras para todos los ciudadanos británicos adultos jóvenes nacidos en el Reino Unido al cumplir los 25 años» financiada por el impuesto de sucesiones. Se contempla «como una gran idea meritocrática, comparable con la venta de casas de protección oficial de Thatcher, que redistribuirá la riqueza y empoderará a las personas», como «una política popular capitalista y meritocrática».

La propuesta de Sumar, por tanto, ni es novedosa (tiene más de dos siglos), ni radical (6,25 veces menos cuantiosa que la de Piketty), ni de izquierdas (la defienden también partidos claramente conservadores y procapitalistas).

La pregunta que hay que hacerse, sin embargo, es si la propuesta es útil, financiable y beneficiosa. Y es ahí donde yo creo que hay que tiene sus flancos más débiles.

Es evidente, sin ninguna duda, que una persona que disponga de un determinado capital cuando comienza su vida activa podrá ejercer sus derechos y tener más oportunidades que quien no lo tenga. La cuestión es si proporcionar una determinada suma de dinero a esa edad es la mejor manera de garantizar derechos, oportunidades y bienestar a lo largo de la vida para todas las personas.

La ventaja de disponer de un cierto capital al llegar a una determinada edad es que permite llevar a cabo una inversión cuantiosa que permita mejorar las condiciones de vida, salir de la pobreza, generar fuentes de ingresos… Puede considerarse que constituye un trampolín, una especie de plataforma para dar un salto aunque, como señalaré enseguida, tiene el inconveniente de que nada asegura de que este sea exitoso y benefactor a corto, medio o largo plazo

Una dotación de capital recibida como herencia universal también podría convertirse, si se desea, en una renta periódica. Aunque la dotación de 20.000 euros que propone Sumar equivaldría, como han señalado Jordi Arcarons y Daniel Raventós, a «21 euros al mes en 80 años, 28 euros al mes en 60 años, 34 al mes en 50 años, 42 al mes en 40 años, 56 al mes en 30 años y de 83 al mes en 20 años».

Sin embargo, la llamada herencia universal tiene también diversos inconvenientes, en sí misma y en comparación con otras propuestas que persiguen objetivos semejantes.

En primer lugar, para que una herencia universal tenga los efectos de oportunidad y liberación deseados es preciso que quien la reciba la utilice con buen criterio. Es obvio que puede usarse inadecuadamente, para realizar inversiones arriesgadas o sencillamente irresponsables.

Este inconveniente ha llevado a que muchas de las últimas propuestas que se vienen realizando vinculen la percepción del capital a determinadas acciones. Un instituto de investigación alemán, por ejemplo, propuso el año pasado establecer una herencia de 20.000 euros a los 18 años, pero dirigida a invertir en formación, compra de vivienda o iniciar un negocio. Un principio que no sólo plantea problemas relativos al reconocimiento de la libertad de uso de los recursos, sino otros de control y seguimiento. Nada garantiza que una inversión inicial en esos conceptos termine siendo efectivamente coherente con ellos, útil o adecuada y beneficiosa.

Es cierto que otros instrumentos, como la Renta Básica Universal, también pueden llevar consigo lo que pueda considerarse un uso inadecuado de los recursos pero, en ese caso, se trataría de algo mucho más fácilmente remediable y que, en todo caso, pondría en riesgo menor cantidad de recursos comunes. Además de ser más fácilmente financiable, conllevar menos costes de administración, proporcionar mayor seguridad y responder más fielmente al principio de hacer común el disfrute de los recursos comunes.

En segundo lugar, es también obvio que la utilidad de una dotación en efectivo recibida como herencia universal depende de circunstancias que son completamente ajenas a la persona que la recibe, como la existencia de crisis o procesos inflacionarios que la descapitalicen. Sus efectos benéficos pueden desaparecer de un momento a otro y sin remedio.

En tercer lugar, hay cierto acuerdo en que una herencia universal sería tanto más efectiva cuanto más cuantiosa sea, es decir, cuanto mayor sea su capacidad para proporcionar un cambio en las condiciones de vida. Aunque esto, lógicamente, la hace más difícilmente financiable. ¿Permite realmente cambiar de vida un capital de 20.000 euros en la España actual, una cantidad, como he señalado, muy por debajo de la que propone Piketty, a quien se quiere hacer padre de la propuesta más reciente y avanzada? ¿Sería útil como medio de acceso a la vivienda si no hay oferta social o de precio asequible suficiente? ¿Es mejor y más justo dotar de capital a los jóvenes que financiar becas para garantizar su acceso a la educación? ¿Es más eficiente dar esa suma de capital a todas las personas tratando de que algunas emprendan negocios en lugar de disponer de bancos especializados en financiar ese tipo de emprendimiento?

Me temo que el efecto final que puede tener el establecimiento de una herencia universal como instrumento de lucha contra la desigualdad y generación de riqueza y bienestar es, por tanto, bastante indeterminado. Al menos, en comparación con otras alternativas. Sobre todo, si al mismo tiempo que se aplica no se están cambiando las condiciones de entorno, formación, cultura, movilidad, valores… en que se mueven quienes vayan a percibirla.

Como bien decía Paine, la idea de la herencia o dividendo universal parte de un principio de justicia indiscutible, pero eso no garantiza que pueda garantizarla o que sea el mejor instrumento para ello.

Finalmente, creo que hay dos objeciones que se pueden poner a esta nueva propuesta.

En primer lugar, que no se haya presentado con un plan de financiación claro y bien construido. La experiencia nos ha enseñado lo difícil que resulta abrir debates rigurosos y convincentes en torno a las propuestas de rentas garantizadas en cualquier caso. Se argumenta en su contra incluso cuando las formas de financiarlas estén perfecta y rigurosamente cuantificadas, como viene ocurriendo con la Renta Básica Universal. Mucho más difícil va a ser que se consiga la comprensión de la propuesta y su apoyo cuando este aspecto queda en el aire o se presenta con escaso realismo, como me temo que es el caso.

En segundo lugar, creo que este tipo de propuestas vienen a incidir en un triple defecto que, a mi juicio, tienen las políticas que vienen proponiendo las diferentes corrientes de la izquierda.

El primero, creer que se puede combatir la desigualdad mediante la re-distribución de los recursos, cuando lo imprescindible es modificar su distribución originaria.

El segundo, confiar en que es políticamente posible y económicamente suficiente para resolver la desigualdad el quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres.

El tercero, pensar que el bienestar y la vida digna de quienes menos tienen se consiguen simplemente dándoles más dinero para que se lo gasten en mercancías, cuando lo que se precisa es justamente lo contrario, construir espacios de desmercantilización y economía del común.

Hace un par de años, Thomas Piketty dijo en una entrevista a Le Monde que «la solución más sencilla para repartir la riqueza es la herencia para todos». Es posible que lleve razón, pero no suele ocurrir que las respuestas más simples y sencillas sean las más eficaces para resolver problemas complejos.

https://juantorreslopez.com/herencia-universal-una-propuesta-que-enreda-y-no-soluciona-mucho/

El propio Fondo Monetario Internacional demuestra que sus políticas no funcionan, pero las sigue imponiendo

Publicado en Público.es el 21 de abril de 2023

Hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional publicó en su último Monitor Fiscal un análisis de la situación económica en el que recomendaba volver a las políticas de austeridad para hacer frente a los rebrotes inflacionarios. Concretamente, decía que «los esfuerzos de las autoridades monetarias para que la inflación vuelva al nivel fijado como meta deben complementarse con una política fiscal más restrictiva».

A nadie pudo sorprender esa recomendación porque es la que viene defendiendo desde hace años, haga frío o haga calor, sea cual sea la situación en la que se encuentren las economías. Es la política llamada de austeridad que, una vez que ser aplica, lleva consigo recortes de gasto principalmente social y privatizaciones generalizadas.

Muchos economistas han puesto de relieve, también desde hace décadas, que ese tipo de política es inadecuada para estabilizar a las economías porque lo que provoca, en realidad, es un empeoramiento de la situación. Es una política que llamamos procíclica porque, en lugar de corregir el ciclo cuando hay baja actividad, lo que hace es agravar aún más su caída. Su efecto es como el de quitarle fuelle al motor cuando el problema es que éste ya lo estaba perdiendo y apenas tiene.

También se ha demostrado que las políticas de austeridad no son útiles para reducir la deuda, como asegura el Fondo Monetario Internacional cuando las recomienda con ese fin. La realidad es que la aumentan, precisamente porque llevan consigo una disminución de los ingresos que obliga a que hogares, empresas y gobiernos se tengan que endeudar todavía más.

Las consecuencias negativas de las políticas de austeridad que propone e impone el Fondo Monetario Internacional son, pues, bien conocidas, pero este organismo, como los políticos y economistas que las defienden, son literalmente inmunes a los argumentos en contra y a la evidencia empírica. Las mantienen como si actuaran con una especie de piñón fijo intelectual.

Lo sorprendente, sin embargo, ha ocurrido hace unos días, cuando es el propio Fondo Monetario Internacional quien publica una investigación en la que se demuestra que esas políticas restrictivas que defiende no funcionan.

En el capítulo 3 del último número de Perspectivas de la economía mundial del FMI se presentan los resultados de una investigación realizada en 33 economías emergentes y 21 desarrolladas entre 1980 y 2019.

Sus autores reconocen que «en promedio, las consolidaciones tienen efectos insignificantes en los índices de deuda», no sólo porque no suelen ir acompañadas de otras medidas que serían necesarias sino porque «tienden a desacelerar el crecimiento del PIB».

También reconocen que, por el contrario, «la expansión fiscal se traduce en reducciones de la deuda» en diferentes casos y circunstancias, precisamente, porque esa expansión aumenta el crecimiento del PIB y los ingresos. Y también concluyen que es el aumento de la actividad, de la oferta y la demanda y no su restricción, la «responsable de aproximadamente un tercio de la reducción de la deuda observada durante ese período».

Los autores reconocen que la austeridad fiscal puede ser útil para reducir la deuda, si acaso, cuando las economías se encuentran en fase de crecimiento, pero no cuando están en recesión.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no tiene en cuenta ni siquiera las evidencias puestas de relieve por sus propias investigaciones.

Como mencioné al comienzo de este artículo, vuelve a recomendar la política de austeridad con carácter general y, en el reciente caso de Sri Lanka, el Fondo Monetario Internacional llega aún más lejos. No sólo no ha matizado sus propuestas de consolidación fiscal en medio de una auténtica depresión económica, sino que las ha reforzado. Hasta el punto de que el jefe de la misión del Fondo en ese país, Peter Breuer, ha reconocido que se disponen a llevar a cabo un ajuste «muy brutal».

No hay una prueba más evidente de que las políticas que propone e impone el Fondo Monetario Internacional no tienen base científica ni respaldo empírico. Son fruto de sesgos cognitivos e ideológicos, de contar solamente con la información que coincide con sus propias expectativas e ignorar la que es incompatible con ellas, de usar modelos inadecuados que limitan el conocimiento de la realidad y de ignorar o interpretar erróneamente muchos de los datos disponibles.

Esta última no es una conclusión mía. He reproducido literalmente algunos de los errores que detectó la auditoría independiente que se hizo de la actuación del Fondo Monetario Internacional en la crisis que comenzó en 2007-2008. Parece evidente que siguen dándose, a pesar de que sea ya el propio organismo quien los detecta.

¿Se trata tan solo de un error? ¿Es solamente incompetencia de los miles de economistas magníficamente preparados y bien pagados que trabajan en el FMI?

Me temo que no, porque lo cierto es que esos «errores» tienen consecuencias igualmente claras que delatan su auténtica naturaleza: desmantelan los servicios públicos, desprotegen a la población de por sí más empobrecida, disminuyen sus ingresos y la obligan a endeudarse en mayor medida. Mientras que, al mismo tiempo, ponen en manos de los grandes capitales y de los bancos la principal riqueza de los países, a los que convierte en simples negocios de donde extraen rentas sin límites.

Al menos, hemos de agradecer al Fondo Monetario Internacional que sea ese mismo organismo quien se encargue de mostrar sin disimulo que sus políticas son un fraude intelectual, un colosal engaño al exclusivo servicio de los grandes poderes económicos y financieros.

Mienten: el sistema bancario no es sólido. Los bancos están quebrados y bajo una regulación defectuosa

Las autoridades de Estados Unidos y Europa no paran de repetir en los últimos días que el sistema bancario es sólido y que no hay que preocuparse porque están preparadas para evitar que pueda tener problemas.

Es mentira.
Los bancos de todo el mundo están quebrados por definición. Es materialmente imposible que puedan devolver a sus clientes el dinero que estos tienen depositado en sus cuentas por la sencilla razón de que no lo tienen. Si los bancos no caen es porque consiguen hacer creer a sus clientes que pueden tener confianza en ellos y no ir rápidamente a retirar su dinero. Cuando la pierden, como ha pasado últimamente con varios bancos de Estados Unidos o con el Credit Suisse, enseguida se vienen abajo.

Pero ni siquiera eso es lo peor.
Como añadidura, las inversiones que los bancos llevan a cabo con el dinero de sus clientes son cada día más arriesgadas. Lo colocan (sin informarles, en la inmensa mayoría de las ocasiones) en negocios puramente especulativos y, una buena parte de ellos, incluso en la sombra; es decir, al margen de todo tipo de control. Tanto, que ni siquiera los incluyen en sus balances, tal y como reconoció el Banco Internacional de Pagos en un informe reciente en el que señalaba que los bancos tienen deuda oculta por valor diez veces mayor que el de su capital.

En concreto, la banca internacional realiza la mayor parte de su inversión en los llamados derivados. Dicho de la manera más sencilla y clara, estos son simplemente unos productos financieros concebidos para apostar tomando préstamos porque, efectivamente, el sistema financiero se ha convertido en un inmenso casino, tal y como lo definió el premio de Economía del Banco de Suecia Maurice Allais.

Aunque es muy difícil saber exactamente la cifra de ese negocio, pues la mayoría de los intercambios se realiza de forma privada, las estimaciones van desde los 600 billones (millones de millones) de dólares del Banco Internacional de Pagos, hasta los 1.000 billones. Esta es la auténtica bomba de relojería sobre la que está sentada la banca internacional. La que aún no ha explotado pero que explotará irremisiblemente y con consecuencias difíciles de imaginar si los gobiernos y bancos centrales siguen permitiendo ese negocio, como hasta ahora.

Supuestamente, quienes operan con derivados lo hacen para defenderse ante el cambio en algún tipo de circunstancia (tipo de interés, prima de riesgo, quiebra, incumplimiento de pago…). La realidad, sin embargo, es que se utilizan para especular, aprovechando los cambios en esas mismas circunstancias que los grandes operadores pueden provocar a su conveniencia. Y eso es lo que puede dar lugar a gravísimos problemas si el riesgo inherente a esas operaciones se desajusta en algún momento y perjudica al mismo tiempo a varios operadores. Algo que ocurrirá antes o después necesariamente, por ley de los grandes números y por la naturaleza intrínseca del negocio: si alguien pide prestado para comprar un seguro (un derivado) por el cual cobrará si arde la casa de su vecino y, puesto que la casa no es suya, le interesa que arda cuanto antes para cobrarlo. Y de ahí a que sea él mismo quien la incendie puede haber muy poca distancia.

Todos los bancos del mundo están involucrados en este tipo de operaciones (por no hablar del tráfico de armas o de personas o del lavado de dinero que para ellos es peccata minuta o calderilla) y eso quiere decir que unos alimentan constantemente el riesgo que afecta a los demás. Antes o después, cuando se vea afectado uno de los grandes bancos, el sistema comenzará a arder en mucha mayor medida en que ya lo hizo en 2007-2008. Créanme, lo que han visto hasta ahora no es nada en relación con lo que, antes o después, va a producirse.

El riesgo diario de crisis bancaria tiene también que ver con la naturaleza del negocio bancario.

La gente cree que los bancos ganan dinero aceptando depósitos de sus clientes, pero eso no es así. El negocio de la banca es dar préstamos y la clave está en que eso puede hacerlo sin disponer de recursos previos: el dinero que prestan a sus clientes lo crean de la nada, mediante simples anotaciones contables.

Es verdad que los bancos centrales les obligan a mantener en sus cajas una parte de los depósitos o del capital, pero es un porcentaje no mayor del 1% en Europa, es decir, insignificante. Y, además, pueden disponer de él una vez que ya han dado los préstamos, simplemente pidiendo prestado a los bancos centrales.

Ese privilegio es el que hace que la economía mundial descanse (si es que se puede utilizar esta palabra en este caso) sobre otra bomba: la de la deuda.

¿Qué banco va a renunciar a hacer negocio haciendo crecer la deuda si puede obtener el dinero para ganar dinero con ella sin coste alguno?

La consecuencia es doble. Una, que los bancos influyen para que las políticas económicas frenen la generación de ingreso y obliguen a gobiernos, empresas y hogares a endeudarse sin parar, lo cual frena la economía y hace que siempre vaya a trompicones. Otra, que la deuda, gracias al tipo de interés compuesto, crece exponencialmente (una deuda al 4% se duplica en 18 años y al 7% en 10), mientras que la economía normal, la productiva, no puede crecer así, sino más lentamente y con altos y bajos. Eso produce algo que sabemos desde los códigos babilónicos: periódicamente las deudas estallan, es imposible pagarlas y todo se viene abajo, salvo que se anulen por completo.

Y, para terminar, hay un último problema. 

Funcionando sobre estas bases que acabo de señalar, los bancos se han convertido en el principal factor de perturbación y crisis de las economías modernas. Las autoridades lo saben perfectamente y tratan de establecer controles y normas que impidan que se salgan de madre cada dos por tres a base de inversiones arriesgadas, deuda incontrolable o sencillamente de estafas, como las que provocaron la crisis de 2007. Pero los bancos son las instituciones más poderosas del planeta y no se dejan atar fácilmente.

En Estados Unidos son copropietarios de la Reserva Federal, es decir, participan en la toma de las decisiones, de modo que pueden evitar fácilmente que se adopten las que no les conviene o reducen sus beneficios. En Europa, el Banco Central Europeo está dirigido por exdirectivos de los grandes bancos y quienes no lo han sido saben que pueden terminar en ellos una vez que concluyan allí su actividad (véanse los consejos de administración privados en donde han acabado los antiguos gobernadores del Banco de España, sin ir más lejos).

Sirva un solo ejemplo de lo que digo: para evitar que la quiebra de hecho de los bancos se refleje claramente, se les permite que valoren sus activos, en sus balances o a la hora de pedir préstamos o ayudas, a los precios que más les convengan y no a los actuales, los de mercado. Una práctica fraudulenta que obviamente no se permitiría a ninguna empresa o persona individual.

Gracias al poder que tiene, la banca actúa sabiendo que cualquiera que sea su mala práctica recibirá la ayuda necesaria cuando, por su causa, se encuentre en dificultades. Ayuda que, naturalmente, se le da siempre a cuenta del resto de contribuyentes.

Y el poder absoluto del que goza le permite, además, poner a su disposición a las auditoras, medios de comunicación, políticos y académicos en todo el mundo con el único fin de tapar su praxis peligrosa y fraudulenta y el riesgo que constantemente genera al resto de la economía.

No exagero: la auditora KPMG dio su visto bueno a las cuentas de los bancos Silicon Valley Bank y Signature solo dos semanas antes de su caída; la revista Forbes acababa de incluir a Silicon Valley entre los mejores bancos del planeta, y los más grandes del mundo (Deutsche Bank, HSBC, Santander, Citibank…) han sido condenados y multados en numerosas ocasiones (eso sí, con cantidades irrisorias) por lavado de dinero, fraude fiscal, fraudes bancarios, obstrucción a la justicia, mal asesoramiento a sus clientes, manipulación de tipos de interés… o han sido considerados responsables de la crisis de 2007-2008, sin que nada les haya pasado después.

Las reformas legales que se debían haber puesto en marcha después de esa última crisis y que las autoridades anunciaron a bombo y platillo o no se han aplicado o se han aplicado con alcance muy insuficiente. Los bancos pueden más que los gobiernos y les obligan a dejarlos actuar bajo una regulación defectuosa, porque les permite actuar como he explicado. Sabemos que, hasta ahora, los han dejado actuar prácticamente a sus anchas. La incógnita es si, cuando todo estalle, van a disponer de agua suficiente para aplacar el incendio. Lagarde dijo ayer que sí pero sabe perfectamente que si la crisis proviene de los derivados será materialmente imposible apagar el fuego.

Sólo los ingenuos y mal informados pueden creerse lo que nos están diciendo los irresponsables dirigentes de los gobiernos y bancos centrales: el sistema bancario no es sólido sino una bomba que va a explotar, lo malo de la crisis bancaria está por llegar, es inevitable si persisten en las medidas que están tomando y, como explico en mi último libro Más difícil todavía, lo malo es que no solo será bancaria sino que afectará a todas las empresas y al conjunto de la economía.

Infórmense bien, lean, descubran las numerosas alternativas que los economistas críticos ofrecen para que el sistema bancario sea estable, seguro y accesible, y no dejen que les quiten su dinero delante de sus narices.

Juan Torres López.

https://juantorreslopez.com/mienten-el-sistema-bancario-no-es-solido-los-bancos-estan-quebrados-y-bajo-una-regulacion-defectuosa/

Economía y Bancos. Powell, Lagarde, von der Leyen, el FMI… van a equivocarse de nuevo

En mi libro Más difícil todavía (Deusto Ediciones) que está en librerías desde hace un par de semanas demuestro cómo las autoridades económicas se equivocaron y no supieron darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con las subidas de precios que comenzaron a producirse a lo largo de 2021. Y explico también que más tarde, cuando ya no podían negar que la inflación se había desatado, volvieron a equivocarse a la hora de darle respuesta.

Desde hace poco tiempo, la inflación está entrando en una nueva fase y los mismos que se equivocaron entonces van a equivocarse de nuevo por la misma razón: analizan la situación cegados por un doble sesgo. Uno, resultado de utilizar modelos y teorías que la realidad ha desmentido y otro, consecuencia de su afán por proteger privilegiadamente a las grandes corporaciones y entidades financieras.

En la segunda mitad de 2021, muchos economistas señalábamos que la inflación había despegado y que era peligrosa. Yo mismo escribí en este diario un artículo en julio de 2021 titulado El verdadero peligro de la inflación que se avecina.

Sin embargo, los presidentes de los bancos centrales y los grandes organismos internacionales lo negaban.

Jerome Powell, el de la Reserva Federal de Estados Unidos, aseguró en junio de 2021: «La inflación es transitoria (…) Espero que baje en los próximos meses». En octubre, el Fondo Monetario Internacional decía que la subida de precios «volvería a los niveles registrados antes de la pandemia a mediados de 2022». Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, decía en diciembre de ese mismo año: «Tengo la firme convicción de que la inflación caerá en 2022«. Y el gobernador del Banco de España, ya en enero de 2022, afirmó que la inflación en España «se irá moderando en los próximos meses, hasta despedir el año incluso por debajo del 2 %«.

Todos se equivocaron, como explico en mi libro, por las mismas razones: explican el desarrollo de la inflación a corto plazo con teorías que ya no funcionan, le dan respuesta a partir de tesis monetaristas que los hechos han demostrado que no son reales y no contemplan factores que es evidente que están provocando subidas de precios. Por todas esas razones, se limitan a subir los tipos de interés, una terapia que no es útil y que produce mucho daño a empresas y hogares, pero que beneficia a las grandes empresas y a los bancos.

Últimamente, han cambiado algunas circunstancias y la inflación está entrando en una nueva fase, pero las mismas autoridades que antes se equivocaron se están volviendo a equivocar porque no saben apreciar lo que de verdad está ocurriendo y se empeñan en darle, otra vez, el mismo tratamiento inadecuado.

Los canales de suministro y el aprovisionamiento comienzan a desbloquearse, muchos gobiernos han tomado medidas contra la subida de precios energéticos, los iniciales shocks de oferta provocados por la invasión de Ucrania se están diluyendo y los tipos de interés más elevados han reducido la demanda (aunque no como se esperaba, tal y como señalaré enseguida). Todo ello ha permitido que la subida del índice general de precios se hayan moderado.

Sin embargo, la llamada inflación subyacente (la que no tienen en cuenta los precios de la energía, el combustible y los alimentos no elaborados) está subiendo y los bancos centrales interpretan que se trata de un brote más fuerte de inflación al que se debe responder con nuevas subidas de tipos de interés.

Se vuelven a equivocar porque el aumento de la inflación subyacente es un rescoldo de la subida de precios original, porque depende de factores diferentes a los que han causado la registrada hasta ahora y porque responde muy lenta y escasamente a subidas de tipos de interés.

Como ha señalado hace unos días Patrick Artus, director de investigación y estudios del banco francés Natixis (aquí y aquí), la inflación subyacente en Estados Unidos está más influida por los precios inmobiliarios y en Europa por los márgenes empresariales y los costes salariales. Y él mismo muestra que se necesitan seis trimestres para que subidas de tipos de interés produzcan, primero, caídas en el crecimiento, luego en la tasa de paro y, más tarde, en la inflación subyacente. Razón por la cual, dice Artus, el efecto las subidas de tipos iniciadas en marzo de 2021 han tenido un «efecto nulo sobre la inflación subyacente».

Si se quiere frenar la inflación subyacente europea el instrumento que preferentemente hay que utilizar es la política de rentas: determinar qué parte de responsabilidad tienen los márgenes empresariales y los costes salariales en su desencadenamiento y tratar de encontrar un equilibrio que garantice que las empresas no inflacionistas puedan salir adelante sin soportar los costes excesivos que produce la inflación y que los hogares no pierdan capacidad de compra, pues si eso ocurre serán las propias empresas que crean empleo las más perjudicadas, puesto que caerían sus ventas.

Seguir subiendo los tipos de interés reforzará la inflación a corto plazo y sólo va a beneficiar, una vez más, a la banca, al aumentar la deuda de empresas y hogares.

Y, por otro lado, se equivoca también la Comisión Europea si se empeña en comenzar a poner trabas fiscales para que los gobiernos lleven a cabo las inversiones necesarias para resolver el resto de los problemas de oferta que todavía quedan por resolver y que, como también explico en mi libro, tensionan los precios al alza. 

Juan Torres López,

El año en el que la palabra Paz desapareció del diccionario

«La guerra es la paz; la libertad es la esclavitud; la ignorancia es la fuerza»» (1984, George Orwell)

Lo que me parece más destacable de este último año de invasión de Ucrania y de guerra es que los responsables políticos de las grandes potencias hayan hecho suya una de las tres consignas que se encontraban escritas en la fachada del Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell: «La guerra es la paz».

No lo digo yo, ni lo digo retóricamente. En un reportaje publicado en Financial Times el pasado día 3 se decía que una gran parte del público alemán ha comenzado a comprender que «el pacifismo no siempre equivale a la paz«.

Lo mismo ha ocurrido cuando alguien tan increíblemente transustanciado en esta coyuntura como el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, decía a la opinión pública que la censura de medios de comunicación que no defienden su posición es la forma de garantizar la libertad de expresión, dando así por cierto que los que defienden la suya ni mienten, ni manipulan.

Como escribió Eduardo Galeano en Patas arriba, «el arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos por las calles, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento».

Incluso dejando a un lado que la invasión tuvo antecedentes que no es honesto olvidar (las provocaciones de Ucrania, la estrategia engañosa, agresiva y amenazadora de la OTAN, los actos terroristas previos…) y asumiendo al mismo tiempo que constituye un acto criminal injustificable, porque lo es cualquier violación de la integridad de un Estado soberano, lo cierto y lamentable es que las grandes potencias no han ofrecido otra alternativa como solución que la escalada militar. Y, además, que esta escalada no ha producido más efecto que el que cabía esperar: prolongación y endurecimiento de la guerra, sufrimiento en aumento y, eso sí, incremento del negocio armamentístico.

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett lo reconoció hace unos días al desvelar que Estados Unidos y sus aliados occidentales “bloquearon” sus esfuerzos de mediación entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra en marzo de 2022.

Los dirigentes de las potencias occidentales no han manifestado en ninguna ocasión que la negociación y el diálogo, la apuesta por la paz, sean el camino. Han asumido, por el contrario, la estrategia de Publio Flavio Vegecio: si quieres la paz, prepara la guerra. Una alternativa reaccionaria, mutuamente destructiva y falsa porque, como ha dicho con toda la razón Federico Mayor Zaragoza, lo que hay que preparar si se quiere la paz no es la guerra, sino la palabra.

La apuesta por la escalada militar por parte de Estados Unidos e Inglaterra es incluso comprensible. Dada su historia de doble moral, no engañan a nadie.

El Reino Unido ha planeado o ejecutado más de 40 intentos de destituir gobiernos extranjeros en 27 países desde el final de la Segunda Guerra Mundial, llevando a cabo intervenciones militares encubiertas o abiertas y asesinatos. Y Estados Unidos ha realizado 392 intervenciones militares desde su fundación en 1776, la mitad de ellas entre 1950 y 2019 y la cuarta parte una vez acabada la Guerra Fría.

Pero ¿cómo ha podido la Unión Europea dejarse llevar a una estrategia que hipoteca, quien sabe si para siempre, el anhelo de paz y seguridad que le dio origen y que descarga sobre ella sus mayores costes y perjuicios? ¿Cómo puede olvidar el pueblo alemán su compromiso del «Nunca más» y aceptar que su economía se militarice? ¿Cómo pueden aceptar los dirigentes europeos como buenos socios y aliados a quienes sabotean con un acto terrorista la infraestructura de su principal potencia? ¿Dónde está su dignidad cuando se ponen sin más al servicio de quienes no tuvieron pudor alguno a la hora de manifestar sus intenciones: «Que se joda la Unión Europea«, le dijo la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, al embajador de ese país en Ucrania, en febrero de 2014.

Estados Unidos ha jugado con inteligencia sus cartas desde hace años haciendo prácticamente inevitable que Rusia interviniese contra Ucrania porque su resultado sería lo que buscaba y necesita para fortalecerse en su enfrentamiento con China, el debilitamiento económico de Europa. La propia Angela Merkel lo ha reconocido al señalar que los acuerdos de Minsk sólo se proponían darle tiempo a Ucrania para que se armase frente a lo que se iba a producir. Lo mismo que hizo el francés Françcois Hollande al afirmar que el mérito de esos acuerdos fue «haber dado esta oportunidad (fortalecer su posición militar) al ejército ucraniano».

Lo que han logrado los dirigentes europeos al renunciar a la paz y el diálogo como estrategia y optar por la militarización de su política -además de contribuir a acrecentar el dolor de Ucrania y del pueblo ruso- es condenar a Europa a la dependencia económica, militar, tecnológica y energética de Estados Unidos. Quién sabe lo que podido influir más, si el chantaje personal, la incompetencia, o la presión y el poder de quienes sólo piensan en vender armas y en hacer negocio después reconstruyendo lo que previamente han destruido.

Paralelamente a todo ello se silencia y ridiculiza a quienes pensamos que es ilusorio creer que hoy día se puede vencer militarmente a una potencia nuclear sin provocar un holocausto y que no es verdad que la escalada militar sea la única posibilidad de revertir la situación. O que una cosa es reconocer que Rusia cometió un acto criminal invadiendo Ucrania y otra que esté obligada a soportar, al lado mismo de sus fronteras, una amenaza de agresión que ninguna otra nación con dignidad estaría dispuesta a consentir.

Ha pasado un año de lo peor, pero no del problema. Es imprescindible reclamar el alto el fuego y la puesta en marcha de acciones diplomáticas que permitan llegar a acuerdos que pongan fin al conflicto. No podemos rendirnos ante quienes se empeñan en acabar para siempre con la palabra y la práctica de la paz. Como dijo Erasmo de Rotterdam, la paz más desventajosa (más imperfecta, diría ahora mi recordado amigo Francisco Muñoz), es mejor que la guerra más justa.

Juan Torres López, https://juantorreslopez.com/el-ano-en-el-que-la-palabra-paz-desaparecio-del-diccionario/

Juan Torres López, "Mas difícil todavía". La subida de tipos enriquece a bancos y rentistas y empobrece a empresas y familia.

El economista granadino publica 'Más difícil todavía', una obra sobre las razones que han provocado la inflación y las amenazas que estas entrañan para la economía global

Torres considera que la inflación enquistada en el supermercado merece ser abordada por el Gobierno: "Ante la subida excepcional de los precios alimentarios, las medidas extraordinarias están justificadas"

El economista Juan Torres (Granada, 1954) se ha embarcado en la compleja tarea de explicar de un modo sencillo por qué los precios se han desbocado a nivel global como no se ha visto en décadas y por qué esto nos debe preocupar a medio plazo. En Más difícil todavía (2023, Deusto) expone cómo la inflación empezó a germinar antes de la invasión rusa de Ucrania y encuentra en sus raíces cinco problemas de magnitudes inéditas que podrían hacer colapsar la economía: el cambio climático, la especulación, las ineficiencias de la globalización, la deuda y la desigualdad. El problema, opina el economista, es que estos males no admiten un abordaje cortoplacista, lo que nos puede condenar a una crisis sistémica si persiste la voluntad de no alcanzar acuerdos entre diferentes.

Hace unas semanas, mientras su obra se imprimía, otro libro llegó a las librerías: Megamenazas, de Nouriel Roubini, del que infoLibre publicó un extracto. Este economista, apodado Doctor Catástrofe, alerta de un abanico de graves amenazas a las que se enfrenta el mundo que, en algunos aspectos, coinciden con las que denuncia Juan Torres. El granadino declara que nunca fue su intención que su libro, de talante sereno, didáctico y propositivo, recordara a una obra Roubini, que suelen ser apocalípticas. Pero admite cierto alivio al descubrir que no se ve predicando solo en el desierto.

Dice en su libro que las subidas de precios no empezaron tras la invasión de Ucrania, ¿cuáles son a su juicio las causas reales de la inflación?

Yo creo que es una evidencia que las subidas de precios empezaron en 2021. Los bancos centrales lo advirtieron también, pero lo concibieron como una cosa muy pasajera y que no iba a tener ninguna importancia. Se equivocaron bastante. Siguen tratando la inflación como si fuera un fenómeno de demanda. Hay bastante consenso en contra de lo que dicen los bancos centrales: la inflación se está produciendo por otra serie de factores, que tienen que ver más con la oferta. Tiene que ver con la pandemia, con el bloqueo de los canales de aprovisionamiento, con la falta de competencia de las empresas, con el poder de mercado de estas, con los costes asociados al cambio climático, con la especulación financiera…

¿Cree posible una regulación global que ponga coto a la especulación en los mercados de las materias primas, como el cereal, el maíz, el petróleo o el gas?

Después de 2010 y 2011, cuando hubo un pico de especulación brutal que hizo que el hambre se disparase en el mundo, el Gobierno de EEUU y la Comisión Europea decidieron que iban a actuar. Determinaron que era necesario que se frenara esa especulación. Desgraciadamente, se dejaron llevar, más en Europa que en EEUU, por el gran poder de los grupos de presión. Prácticamente no se tomó medida alguna. Y hay que tomarlas, sencillamente porque con las cosas del comer no se juega. Creo que la especulación con bienes esenciales, como los alimentos, debería de considerarse un crimen económico contra la humanidad.

La especulación con bienes esenciales, como los alimentos, debería de considerarse un crimen económico contra la humanidad

En relación a la alta inflación de los alimentos, Ione Belarra y Yolanda Díaz han pedido actuar sobre los precios de los productos básicos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, criticó que eso convertiría en paganos a pequeños productores, agricultores y ganaderos. ¿Qué opina?

Creo que, ante la subida excepcional de los precios de los productos básicos alimentarios, las medidas extraordinarias están perfectamente justificadas. Pero hay que hacerlo con inteligencia, con bisturí de precisión. En los mercados no conviene entrar como un elefante en una cacharrería, porque se puede producir más daño del que se quiere evitar. Evidentemente, las cadenas de distribución son bien conocidas en España y en otros países. Sabemos dónde está el incremento extraordinario de márgenes y hay que actuar de manera que los paganos no sean los productores en origen. El ministro de Agricultura sabe mejor que nadie que esos productores son los que tradicionalmente han estado más afectados por el poder de mercado de las grandes empresas. Ese poder de mercado ahora se ha orientado a los consumidores. Ni una, ni otra se debería permitir.

A falta de constatar los beneficios obtenidos en 2022 por algunas de estas empresas, ¿consideraría usted un impuesto extraordinario a las grandes distribuidoras, como Mercadona, Carrefour o Lidl?

Creo que los impuestos son una expresión de que los seres humanos somos capaces de guiarnos por impulsos éticos y por la corresponsabilidad. Si en una situación en la que la inmensa mayoría de la sociedad está sufriendo y hay una pequeña parte que está teniendo beneficios extraordinarios a costa de esa inmensa mayoría, yo creo que es de justicia elemental que esta minoría contribuya en mayor medida de lo normal a distribuir el daño y los beneficios. Es un imperativo ético de nuestro tiempo.

Es incomprensible que las autoridades no se den cuenta del cáncer que supone mantener a la banca bajo los privilegios que se le han concedido

Los bancos, por un lado, han trasladado inmediatamente la subida de tipos de interés a las hipotecas, pero sin embargo, lo están trasladando lentamente a los depósitos, remunerando muy poco a los ahorradores. ¿Esta práctica sería otro síntoma del poder de mercado concentrado que usted menciona?

La actuación de las entidades financieras es una expresión paradigmática de privilegio y de poder de mercado, y del daño que este hace en la economía. Ese privilegio, que se traduce en ganancias extraordinarias, se hace a costa de cargar, a veces de manera insoportable, a las empresas, que crean riqueza y que crean empleo. Y a las familias, que en lugar de consumir en bienes y servicios que alimentan las ventas de las empresas, se tienen que dedicar a pagar gastos financieros que van directamente a los beneficios de los bancos. Es un comportamiento de rentista, contrario al progreso y a la lógica que debiera gobernar las relaciones económicas. La banca, como se ha evidenciado en las crisis financieras de los últimos decenios, se ha convertido en la principal fuente de inestabilidad económica y malestar social. Es incomprensible que las autoridades económicas no se den cuenta del cáncer que supone mantener a la banca bajo las prerrogativas y los privilegios que se le han concedido.

Ahora que menciona a las autoridades económicas, ¿qué cree que deben hacer los responsables de competencia, como la CNMC, ante la presencia de estos oligopolios?

Cualquier persona que haya conocido mínimamente cómo funciona la gestión de los asuntos públicos sabe perfectamente la gran influencia que tienen los grupos de presión que generan las grandes empresas. Todas las grandes compañías tienen gabinetes que se dedican a elaborar las leyes que les interesa que los gobiernos lleven a los parlamentos. Lo dijo hasta el ministro Soria: “Las eléctricas vienen a mi despacho con los decretos hechos”. A veces resulta imposible gobernar para llevar a cabo lo que se desea hacer. Es un problema más político que económico, que se refuerza además porque tienen una red de poder que incluye periodistas, políticos y magistrados. Gobiernos que tratan de doblarles mínimamente el pulso acaban saliendo impotentes. Creo que es el gran problema de nuestro tiempo.

¿Qué espera de la ley de vivienda?
El problema de la vivienda en España es una desgracia. Parece mentira que siendo tan relativamente fácil que se pudiera conjugar el negocio con la satisfacción de las necesidades sociales, se haya optado por una manera tan clara durante decenios por la mercantilización ilimitada del suelo y la vivienda. Esperaría que haya unas leyes de vivienda en España que facilitaran el aumento del número de viviendas sociales, el acceso de la gente joven, que se cree una situación de mercado que permita que bajen los precios del alquiler... Que los fondos buitres desaparecieran por completo del mercado de la vivienda, porque no tienen nada que hacer ahí. Es una presencia indeseable. Esperaría que el sector público, de la mano del sector privado, antepusiera los intereses generales a los intereses financieros. El resultado hasta ahora es contrario al sentido común: se han construido millones de viviendas sin que estas satisfagan la demanda social. Es la prueba evidente de que lo que se ha hecho no ha funcionado.

Lo que no funciona es dejar que la oferta de vivienda crezca sin más orientación que construir lo que va a acabar adquiriendo un fondo que va a especular

¿Ve con buenos ojos lo que ha hecho Canadá, al restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros? ¿O prefiere otras medidas, como las de Austria, que se centra en disponer de una gran oferta de vivienda pública de alquiler?

Creo que hay que combinar, no creo que haya por qué optar por una. En el caso español, el problema de la vivienda es complejo y habría que actuar por varias vías. No es algo que se pueda resolver para un día para otro. Lo principal es establecer qué tipo de demanda se debe satisfacer con prioridad y llegar a acuerdos con el capital privado para que eso se pueda conseguir. Lo que se ha visto que no funciona es dejar que la oferta crezca sin estrategia, sin más orientación que construir vivienda que va a acabar adquiriendo fondos que lo que hacen es especular con ella.

Le preguntaba por su opinión también por la tensión que este tema ha generado entre los socios de Gobierno. Usted, que participó en la elaboración del primer programa económico de Podemos, en 2014, ¿qué piensa de las posturas que defienden hoy?

Yo hice una propuesta, pero luego no seguí muy de cerca lo que pasó. Creo que es normal, bueno y lógico que haya diferentes sensibilidades en el Gobierno de coalición. Quizás lo que me preocupa es que se manifiesten estas diferencias de manera tan poco cordial. La impresión que se traslada es de desavenencias. El debate debe hacerse dentro. Mostrar diariamente de un modo tan cansino las desavenencias yo creo que hace daño. Creo que estas diferentes sensibilidades buscan lo mejor para resolver los problemas, pero hay que ponerse de acuerdo sabiendo que hay que ceder.

Me preocupa que los socios del Gobierno manifiesten sus diferencias de una manera tan poco cordial

Usted prevé en su libro una serie de riesgos que podrían hacer colapsar la economía, como los costes del cambio climático o la creciente deuda de los Estados, ¿qué recomendación haría al Gobierno en medidas a largo plazo?

Las medidas a largo plazo por definición es muy difícil que las pueda llevar solo un Gobierno. Es impensable que se mantenga un mismo tipo de Gobierno a largo plazo. Para abordar un futuro que veo complicadísimo, haría un llamamiento a la necesidad de llegar a acuerdos de Estado básicos. Más allá de las diferencias ideológicas, que no van a desaparecer, más allá de los intereses de clase, que tampoco van a desaparecer, ¡a nadie le interesa que el barco se hunda! Mi impresión es que hay algunos sectores que no les importa que el barco se hunda, con tal de sacar su interés adelante. ¡Me parece aberrante! No parece que vaya a ser posible llegar a acuerdos, el entendimiento se ha desechado de la política española. Cuando uno ve que hay políticos españoles que van a Bruselas a criticar a España, ¡eso no ocurre en ningún sitio!

Usted carga en su libro contra los “destrozos generalizados” que causan las políticas de austeridad. Europa está saliendo de las crisis sanitaria y energética de un modo diferente, mediante partidas récord de gasto e inversión… ¿cree que esto podría generar un problema de deuda el día de mañana?

El crecimiento de la deuda, no solo de la pública, mucho más de la privada, ya es un problema. Lo es en las condiciones en las que funcionan las economías. La deuda es el negocio de la banca privada, es el negocio de los más poderosos del mundo. Para ganar dinero de una manera absolutamente irresponsable, se está creando una bola de deuda que es verdaderamente una amenaza brutal. Como es sabido, con menos volumen de deuda, ha habido problemas muy grandes a lo largo de la historia. Una de las grandes necesidades que se plantean hoy es que se aborde lo que está generando innecesariamente la deuda. Empresas y familias que están viendo cómo aumenta su deuda porque los bancos tienen que ganar cada vez más dinero. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cómo vas a poner palos a las ruedas de empresas que crean riqueza y empleo a base de crearle deuda artificialmente? Creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante.

La economía, dice usted, se ha vuelto vertiginosa y nos trae una crisis detrás de otra. El título de su obra hace referencia a cómo estas crisis cada vez son más complejas… Sin embargo, usted cierra el libro con una declaración de intenciones: “Hay alternativas”. ¿Es usted optimista?

Bueno, soy optimista por naturaleza y por profesión. Estudio la realidad que tengo a mi alrededor y compruebo que la humanidad es capaz de salir adelante. Y que somos capaces de mejorar la vida de los seres humanos, de resolver los conflictos de maneras pacíficas, de crear riqueza, de avanzar en la justicia… La prueba es que comparemos situaciones de ahora con las de decenios o centurias anteriores. Sin perjuicio de observar al mismo tiempo que ese cambio ni es perfecto, ni suficiente, ni definitivo. Pero es evidente que los seres humanos somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos y a nuestros entornos. Con dificultad. Con pasos atrás. Con errores… Yo soy optimista por naturaleza porque elijo serlo. Otra cosa es, como decía Saramago, que “no es que yo sea pesimista, es que el mundo es pésimo” [ríe]. 

https://www.infolibre.es/economia/juan-torres-minoria-beneficia-mayoria-sufre-distribuir-dano-beneficio_1_1435453.html

28F: La economía andaluza ante otro año de incertidumbre

La economía internacional sigue desenvolviéndose en medio de grandes incertidumbres. Aunque la inflación sigue manteniéndose en primer plano -algo contenida en materia energética, pero con grandes tensiones en productos básicos que hacen mucho daño, sobre todo, a las economías familiares- lo más relevante sigue siendo que está sometida a tensiones estructurales a las que no se hace frente con determinación.

Los bancos centrales siguen empeñados en dar un tratamiento de demanda, subiendo los tipos de interés, a subidas de precios que tienen más que ver con problemas de oferta y eso está limitando las posibilidades de plena recuperación, además de amenazar con la recesión en las economías más avanzadas y, por extensión, en las más empobrecidas y endeudadas.

Las medidas de oferta y control de precios se han manifestado exitosas en los ámbitos en que se han tomado, como ha ocurrido en España sin ir más lejos, mientras que las subidas de tipos de interés más rápidas de hace décadas no logran contener los precios en proporción parecida.

Con la mirada puesta en la inflación y, además, dándole una respuesta inapropiada, es lógico que sigan sin resolverse las tensiones verdaderamente peligrosas, las amenazas más graves a las que se enfrenta la economía mundial: el efecto disruptivo que pueden tener el cambio climático, unas finanzas tan en desorden que hacen que los bancos centrales estén registrando pérdidas de cientos de miles de millones de dólares, la desigualdad creciente y sin contrapesos en medio de un progresivo deterioro de la democracia, la deuda galopante y una globalización que se ha mostrado incapaz de hacer frente con eficacia al riesgo y a los shocks inesperados que, antes o después, es inevitable que se produzcan.

Todas ellas, por una razón o por otra, afectan de algún un modo a Andalucía; no sólo por nuestra ya estrechísima vinculación con la economía internacional, sino porque aquí se manifiestan muy directamente como males a veces seculares y como problemas a los que apenas se le dan soluciones o incluso que ni siquiera se ponen sobre la mesa.

Andalucía no está enfrentándose al problema que supone el cambio climático. Pareciera más bien que se considera -si es que eso realmente sucede- como algo de otro mundo, una cuestión si acaso planetaria que no afecta a nuestras competencias.

El desprecio hacia el medio ambiente con el que se gobierna, los pasos atrás que se están dando en su protección y la falta de centralidad de la defensa y conservación de nuestros recursos naturales en las políticas de la Junta de Andalucía son una verdadera desgracia. No solo porque una gran parte de nuestra economía depende todavía del medio natural, sino porque somos quizá la porción de tierra europea en donde más gravemente y antes puede que se manifiesten los efectos destructores del cambio climático. Proteger nuestras costas y acuíferos debería ser una cuestión de Estado y, sin embargo, es raro leer una referencia del consejo de gobierno de la Junta en la que no se mencione alguna medida que lesione nuestro ecosistema.

Que los dirigentes políticos y empresariales andaluces sigan creyendo que es posible llevar a cabo cualquier tipo de reforzamiento de nuestra economía (no digo ya en un sentido más o menos progresista sino en cualquiera) sin disponer de un sistema financiero propio es una ingenuidad tan grande que se acerca a la irresponsabilidad. Mucho más, cuando el presidente de la Junta alardea de andalucismo y reivindica «poder andaluz». Si la crisis financiera se desata, como es inevitable que ocurra antes o después, nos enfrentaremos a grandes dificultades. Y, mientras tanto, las empresas y la economía andaluza en general seguirán careciendo de la financiación específica y especializada que requiere cualquier proyecto económico de nuevo tipo.

Es inconcebible también que no se entienda que la desigualdad, en nuestra tierra expresada también como desvertebración y como desequilibrios no solo de renta personal sino en todos los ámbitos de la vida económica, es una rémora insalvable para nuestra economía y no solo un asunto moral. No hay nada que afecte más negativamente a nuestro mercado interno, siempre débil y por eso incapaz de convertirse en motor efectivo de actividad productiva, que la concentración del ingreso y la riqueza. Es curioso que las empresas que debieran ser las que más firmemente reclamaran políticas que impulsaran el consumo sean, sin embargo, las que primero se revuelven cuando se toman medidas (el gobierno central y no el autonómico que es a quien más falta le hacen) que impulsan la demanda y sostienen las ventas. Única forma, junto a la de poseer un sistema financiero propio y al servicio de la actividad productiva, de combatir con eficacia la deuda que va a explotar en nuestras narices más pronto que tarde.

Tampoco se está haciendo gran cosa para aprovechar la gran oportunidad que, paradójica y afortunadamente, proporciona a economías como la nuestra la crisis de la globalización.

La falta de resiliencia de la globalización neoliberal, la inseguridad y el riesgo acumulado que esa carencia conlleva, están haciendo que miles de empresas se replanteen no solo su localización sino su forma de aprovisionarse, producir y distribuir sus productos. Vivimos, desde antes de la pandemia, una auténtica crisis industrial global de la que apenas se habla y Andalucía no está haciendo nada para aprovecharse de ello.

Deberían ponerse en marcha acuerdos y planes transversales, entre el sector público y las empresas, para poder atraer el nuevo tipo de capital y de relaciones industriales que se están poniendo en marcha para superar los problemas que el propio capitalismo está generando a las empresas capitalistas.

Andalucía podría convertirse en un foco potentísimo de atracción de capital para generar nuevos tipos de economía circular, de producción y distribución sostenible, segura y resiliente. Nuestro espacio terrestre es un enclave privilegiado y disponemos de los recursos que miles de empresas están buscando para reubicarse. Pero que no se van a atraer con pasividad y ofreciendo tan solo oportunidades para dar pelotazos que parece que es lo único que saben preparar con esmero nuestras autoridades. Ni tampoco desmantelando los servicios públicos y debilitando la capacidad interventora del sector público, porque nada de lo que se está gestando en el nuevo orden industrial y financiero emergente se podrá poner en pie con la exclusiva iniciativa del capital privado. Desgraciadamente y como nos ha ocurrido tantas veces en nuestra historia, nuestras clases dirigentes, siempre tan dramáticamente conservadoras, dan la espalda al progreso y a la innovación, preocupadas como están siempre de mantener el statu quo y sus privilegios.

https://juantorreslopez.com/28f-la-economia-andaluza-ante-otro-ano-de-incertidumbre/

Alemania, un Estado cobarde

Alemania viene actuando con extrema crueldad contra otros países para defender sus intereses. Su comportamiento en la Unión Europea es el del socio altivo que se sabe más poderoso y en condiciones de imponer las condiciones a los demás. Durante decenios se ha presentado a sí misma como expresión de todas las virtudes posibles mientras hacía chanza de otros más débiles y no ha dudado en escribir con sangre, como hizo con Grecia, las letras que condenaban a pueblos enteros.

En los últimos tiempos se está comprobando que el gigante tiene los pies de barro. Alemania se está mostrando al mundo como un Estado cobarde e incapaz de actuar con dignidad cuando se trata de hacer frente no a alguien más débil sino a los poderosos de verdad. La sumisión de los alemanes ante Estados Unidos es vergonzosa. La gran potencia no sólo le impone su política sino que ha llevado a cabo actos terroristas contra sus activos, como cada día es más claro que ocurrió con el bombardeo del gaseoducto de Nord Stream, sin que Alemania se atreva a rechistar.

Este ultimo costó a Alemania miles de millones de euros y el periodista estadounidense Seymour Hersh acaba de mostrar que fue destruido por buzos de Estados Unidos y noruegos. Alemania calla y sigue considerando aliado a quien actúa de esa manera.

No se puede expresar de una forma más clara y patente cómo funciona en realidad nuestro mundo y la falta de dignidad, de coherencia y de vergüenza de quienes lo tienen en sus manos. ¿Cómo denominar a quien es cruel y cobarde a la vez? 

https://juantorreslopez.com/alemania-un-estado-cobarde/

_- MORENO EN TRAJE DE FAENA PARA PRIVATIZAR CON LOS MISMOS ENGAÑOS QUE AYUSO

_- Publicado en Público.es el 17 de febrero de 2023
Si privatizar servicios públicos es tan bueno como dicen ¿por qué no lo dicen claramente en sus programas electorales? ¿por qué niegan que vayan a privatizar y luego, sin embargo, terminan privatizando, engañando a la gente?...

¿Ha oído decir alguna vez a algún dirigente político de la derecha que desea privatizar las pensiones públicas, la atención sanitaria o la educación? Seguro que no.

Sin embargo, la presencia del sector privado en la provisión de ese tipo de servicios esenciales no hace sino aumentar cuando gobierna la derecha que dice que no pretende privatizar.

En Andalucía en una sola semana se ha podido comprobar que es así

Por un lado, se ha sabido que se tramita una orden en la que se contempla la posibilidad de que entidades sanitarias privadas lleven a cabo procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico en instituciones de la administración sanitaria pública de la Junta de Andalucía, para lo cual incluso se especifican las tarifas que habrán que desembolsar. Por otro lado, el Consejo de gobierno del martes pasado aprobó la creación de nuevas universidades privadas.

Privatizar servicios públicos es una opción legitima que cualquier partido puede defender y llevar a cabo, pero lo que hace la Junta de Andalucía, como otras comunidades gobernadas por el Partido Popular o en algún otro momento algunas del PSOE, constituye una práctica fraudulenta y muy contraria a lo que debería ocurrir en una verdadera democracia.

Una cosa es que un partido político lleve a cabo su programa y otra que engañe presentando su acción de gobierno como lo que no es, ocultando la realidad de las cosas o impidiendo que la población conozca lo que implican las decisiones que adopta y los efectos de las medidas que pone en marcha.

La mejor prueba de que esto es lo que está pasando son las inmediatas declaraciones del consejero portavoz de la Junta de Andalucía cuando se produjo revuelo mediático al saberse sus intenciones: «Es absoluta y rotundamente falso que la Junta de Andalucía vaya a privatizar la Atención Primaria», afirmó.

Lo cierto es, sin embargo, que el hecho de ceder instalaciones públicas al capital privado es ya privatizar y convertir el servicio público en una mercancía, de modo que no es que se quiera o no hacerlo, sino que una medida de esa naturaleza es pura privatización.

Tampoco es democrático privatizar el servicio público universitario aprobando la creación de universidades privadas cuando se hace -como en el caso de las dos cuya aprobación ha sido acordada- sin cumplir los requisitos de calidad que la legislación establece para esos casos, como han denunciado todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas.
Y, sobre todo, es antidemocrático que las medidas que implican descapitalizar los servicios públicos y dar entrada al capital privado en su provisión se tomen sin establecer ningún tipo de cautelas ni previsiones presupuestarias y, por supuesto, sin promover o incluso sin permitir, cuando se hace por la vía de los hechos o no se tiene en cuenta las razones en contra, el debate público sobre sus efectos.

La razón de por qué ocurre todo esto, en Andalucía y en otras comunidades autónomas, es sencilla.

Todas las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la población ha deseado siempre que se garantice la provisión pública de las pensiones, la atención sanitaria o la educación; entre otras cosas, porque no es difícil entender que es la única manera de garantizar su acceso universal.

Es por esa razón que sería completamente estúpido que los grupos de interés, partidos o gobiernos que han buscado o buscan privatizarlos lo digan abiertamente. Y, como no son estúpidos, nunca le dicen a la población que desean privatizar las pensiones, la atención sanitaria o la educación. ¿Cuándo han dicho Ayuso en Madrid o Moreno en Andalucía que quieren privatizarlas?

Sin embargo, esos mismos que nunca dicen que se propongan privatizar esos servicios esenciales no paran de tomar medidas que ¿casualmente? llevan a que cada día haya más presencia de capital privado en las pensiones, la salud o la educación; es decir, más privatización.

La estrategia es sencilla y muy eficaz. Saben que perderían apoyo electoral si dicen que van a privatizar esos servicios públicos y no lo dicen; pero hacen inevitable que la gente recurra al capital privado que los suministra cuando funcionan cada vez peor, porque conscientemente les dedican cada día menos dinero para financiarlos.

No es casualidad, por ejemplo, que el gobierno de la Junta de Andalucía (una de las regiones más desiguales de Europa) cierre la unidad de ictus en Huelva al mismo tiempo que dedica 1,4 millones de euros a promocionar la tauromaquia o recurre ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre grandes fortunas.

Efectivamente, Ayuso y Moreno negarán siempre que su propósito sea el de privatizar pero, desde que gobiernan, en sus comunidades no paran de disminuir las unidades docentes, la oferta de plazas y los profesores de la educación pública, el número de sanitarios, de centros y de prestaciones públicos. En consecuencia, los servicios públicos funcionan cada día peor y como, al mismo tiempo, dan todo tipo de financiación, privilegios y facilidades a los colegios o empresas sanitarias privadas, estos solo tienen que abrir la bolsa para acaparar a la población que necesita esos servicios y puede pagarlos.

A otra escala, sucede igual con las pensiones públicas. Desde hace años, la banca y los fondos de inversión van detrás de ese botín, pero saben que la gente las aprecia, de modo que no pueden plantear directa y expresamente que se privaticen. La estrategia consiste también en disminuir progresivamente su dotación para que cada vez más gente (la que puede) las vaya complementando con su ahorro privado.

La justificación siempre es la misma: no hay dinero, a pesar de que los hechos muestran claramente todo lo contrario. Como he repetido en otras ocasiones, una minúscula tasa de no más del 0,5 por ciento sobre todas las transacciones que se realizan en el planeta sería suficiente para financiar el gasto de todos los gobiernos sin necesidad de ningún otro impuesto (en España más o menos lo mismo). Si, ha leído bien: sin necesidad de ningún otro impuesto.

En el caso de la atención sanitaria hay otra segunda estrategia por parte del sector privado: disimular su auténtica naturaleza de negocio (incluso ya cada vez menos sanitario y en mayor medida financiero, porque las grandes entidades han sido adquiridas por los fondos de inversión) haciendo gradual la subida de tarifas, el recorte de las prestaciones y su carácter puramente selectivo y nunca universal. Y, en el caso de las pensiones, la de ocultar que los fondos de pensiones privados no son rentables y, por el contrario, sí muy peligrosos y expuestos a todo tipo de riesgos financieros,

Para que todo eso sea posible y termine en lo que verdaderamente buscan los grandes propietarios del capital privado es imprescindible que no haya debate público alguno. No se puede permitir que la población sepa lo que realmente tendría que ahorrarse cada mes para poder financiarse una pensión privada digna dentro de 30 o 40 años (suponiendo que el fondo, como suele ocurrir, no se pierda por alguna de las múltiples crisis financieras que ocurren periódicamente). No se debe saber lo que la sanidad privada cuesta en países como Estados Unidos (para la economía en conjunto y para los individuos) y cuál es realmente la posibilidad de acudir a ella para la gente corriente. Ni tampoco la relación que hay entre más sanidad privada y peor salud o más mortalidad entre los grupos de renta más baja. O tampoco lo que implica la segregación que se está produciendo en la educación concertada o privada que aniquila la movilidad social y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.

La privatización es una opción legítima, como dije al principio. Sin embargo, cuando se hace de la manera que se está haciendo en España por parte de la derecha, a base de engaños y sin mostrar a la gente sus verdaderos costes e implicaciones a medio plazo, es un engaño y una violación flagrante de las reglas elementales de la democracia. No hay otra alternativa que difundir información, hacer mucha pedagogía y defender los derechos como se ha hecho siempre que se han conquistado, con valor y movilización social.

https://juantorreslopez.com/moreno-en-traje-de-faena-para-privatizar-con-los-mismos-enganos-que-ayuso/

_- La injusticia también deteriora los mercados y sube los precios: hay que hacerle frente

_- La aprobación de un nuevo paquete de medidas económicas del gobierno de Pedro Sánchez contra la subida de precios es una buena noticia, pues puede reforzar la mejor senda que lleva la economía española respecto a las demás de la Unión Europea en crecimiento, creación de empleo e inflación. Y las propuestas de las que ha hablado su vicepresidenta Yolanda Díaz, orientadas a lograr la mayor equidad posible, van en la orientación correcta.

Cada vez está más clara una doble evidencia. Una, el mal funcionamiento de los mercados y la gran asimetría con que están funcionando como causa de las actuales subidas de precios. Otra, el efecto mucho más dañino que la crisis que estamos viviendo produce sobre los hogares más pobres y las empresas más débiles. Organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Consejo Fiscal Europeo lo han señalado, así como la necesidad de que los gobiernos adopten medidas especialmente dirigidas a proteger a los más vulnerables.

Tal y como ya comenzó a hacer el gobierno de Pedro Sánchez, es imprescindible continuar proporcionando ayudas directas para evitar que se extienda la pobreza y cierren miles de pymes, microempresas o el negocio de trabajadores autónomos.

En esta tarea, se comprobará de nuevo lo difícil que es acertar en el objetivo de proporcionarlas a quien realmente las necesita sin establecer mecanismos tan complicados o burocráticos que las hagan finalmente inaccesibles para demasiadas personas. Al cortísimo plazo en el que hay que actuar no habrá tiempo para experimentos ni será el momento de hacerlos, pero las experiencias anteriores deberían llevarnos a plantear ya para el futuro nuevas formas de intervención en este sentido. Las ayudas pretendidamente orientadas a ser más eficientes si se dirigen a individuos, hogares o empresas concretas están dando resultados muy malos en demasiadas ocasiones e incluso a veces aberrantes, como en los Países Bajos, en donde un error del algoritmo ha producido una verdadera catástrofe para miles de personas empobrecidas que venían percibiendo ayudas sociales. Es ya obligado enfrentarse al pensamiento convencional y ser valientes. No están los tiempos para dejar en la indigencia a los más vulnerables y encima tirar el dinero por conservadurismos burocráticos o prejuicios ideológicos. Esperemos que el gobierno sea capaz de avanzar con éxito y prudencia en este sentido.

En todo caso, también sabemos desde hace tiempo que combatir la carencia por la vía de las ayudas puede paliar los problemas, pero no es ni la mejor vía ni la más económica. Hay que lograr que la generación de ingresos primarios sea por sí misma suficiente pues esa es la única forma de conseguir la estabilidad de los mercados, la innovación y el gasto necesarios para que las empresas salgan adelante y las personas puedan satisfacer dignamente sus necesidades.

Hay que ser consciente de que en estos momentos a nadie le interesa que se produzca una espiral precios-salarios. Pero eso es una cosa y otro permitir que estos últimos disminuyan. Una caída del consumo por esa causa, añadida a la que van a provocar en otros segmentos de los mercados la subida de tipos de interés, hundiría la economía, empezando por el cierre de miles de empresas.

Parece mentira que haya todavía líderes empresariales que sigan confundiendo el todo con la parte y sigan pensando que la deflación salarial generalizada les conviene. No hay duda de que es beneficiosa para las empresas que tienen clientela cautiva (la que no tiene más remedio que comprar sus bienes o servicios básicos como luz, telefonía, alimentos, ropa infantil, hipotecas, etc…). Ese segmento de grandes empresas tiene poder de mercado y obtiene aún más beneficios si bajan los salarios, pero la inmensa mayoría de las empresas pierden ventas y ganancias cuando eso ocurre. El crecimiento de los beneficios empresariales siete veces mayor que el de los salarios que se viene produciendo en nuestro país, como acaba de mostrar el Banco de España, constituye un auténtico agujero negro en donde las primeras en desaparecer serán miles de pequeñas, medianas y microempresas y trabajadores autónomos. Es una auténtica desgracia para nuestra economía que sus dirigentes no lo entiendan.

Por eso resulta imprescindible llegar a pactos de rentas orientados a incrementar la productividad, lograr un reparto más equilibrado de sus ganancias y que la fiscalidad incentive la creación de actividad y penalice al capital improductivo.

Las tareas para el gobierno no pueden acabar aquí. Cada vez son más las investigaciones que ponen de relieve que la subida de los precios que se está produciendo tiene mucho que ver con comportamientos oportunistas de las empresas que controlan la producción y distribución en los mercados. Así lo han denunciado las autoridades francesas, alemanas o austriacas recientemente, mientras que España va muy por detrás en materia de defensa efectiva de la competencia.

Incluso una economista que forma parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, señaló hace unos meses que un componente clave de la inflación actual son las ganancias de las empresas porque una parte de ellas tienen poder para fijar los precios y han repercutido sobre ellos sus costes (no salariales) más elevados: «Para decirlo de manera más provocativa, muchas empresas de la zona del euro, aunque no todas, se han beneficiado del reciente aumento de la inflación», dice esta economista (aquí).

La creciente asimetría de poder que permite que ocurra esto no se da solo entre las ganancias de esas grandes empresas que pueden fijar precios para beneficiarse de la inflación y los salarios, sino entre ellas y las docenas de miles de empresas que no lo tienen y a las que están situando al borde del precipicio.

Hacer frente a esa situación es fundamental y el gobierno español no debería tener miedo de afrontarla. No se trata, como dicen los burócratas de la patronal que defienden a ese segmento de empresas con poder de mercado, de querer atacar a las empresas sino justamente de todo lo contrario, de defenderlas de las depredadoras. La directora de la Autoridad Federal de Competencia de Austria, Natalie Harsdorf-Borsch, presentó el pasado mes de octubre un catálogo de equidad para empresas y anunció el inicio de una investigación en el sector alimentario de aquel país para tratar de determinar, entre otras cosas, a qué parte de la cadena de valor se destinó la mayoría de los aumentos de precios de los alimentos durante este año. Al hacerlo señaló: «La equidad en el mercado es un parámetro importante para garantizar mercados sostenibles en los que operan tanto pequeñas como grandes empresas».

No se trata, pues, de forzar a los mercados que funcionan bien para que proporcionen soluciones de reparto que nos parezcan satisfactorias. Es que hay mercados energéticos, bancarios y de la alimentación y otros productos de primera necesidad que están funcionando mal, muy injustamente, rompiendo las reglas de la competencia y permitiendo que unas pocas empresas fijen precios a su antojo, generando externalidades muy costosas para millones de empresas y consumidores y obligando a que los gobiernos tengan que realizar gastos extraordinarios, además de dejar en situación de extrema vulnerabilidad a una gran parte de la población. Los gobiernos tienen la obligación de intervenir, bien sean controlando esos abusos o generando canales alternativos que sorteen los mecanismos viciados en algunos mercados. Frente a la inequidad que eleva los precios y deteriora la economía, invertir en justicia es urgente, necesario, eficiente y rentable. 

Juan Torres López 

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El impagable favor de Biden a la teoría económica

Durante muchas décadas la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de las grandes potencias han repetido una misma cantinela inspirada por los economistas convencionales: el proteccionismo es malo y lo mejor es que los países abran de par en par sus fronteras al comercio y a los capitales. Los economistas críticos (no necesariamente de izquierdas) han denunciado esa idea no sólo porque es falsa y no tiene fundamento científico sino porque, además, es lo contrario de lo que ellos mismos practicaban.

Efectivamente, la teoría económica nunca ha podido demostrar que el librecambio sea más ventajoso que el proteccionismo salvo que se den una serie de condiciones tan estrictas que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que se produzcan (las explico con detalle en mi libro Econofakes). Como ha escrito Paul Krugman (a quién le dieron el Premio del Banco de Suecia equipado al Nobel precisamente por sus estudios sobre el comercio internacional) «la teoría económica dice que el libre comercio normalmente hace a un país más rico, pero no dice que normalmente sea bueno para todos».

También es un hecho que ninguna de las economías que ha llegado a convertirse en país desarrollado y menos aún las grandes potencias, ha practicado en algún momento el librecambio. Todas ellas se han protegido y lo siguen haciendo, a través de aranceles, contingentes, ayudas, subsidios, o medidas más sutiles que suponen barreras infranqueables para los productos provenientes de otros países.

La constante a lo largo de la historia es clara: librecambio en la teoría para conseguir que los demás se abran de par en par y se desprotejan, y proteccionismo a mansalva de los ricos.

El lenguaje de los dirigentes políticos ha sido siempre doble e inmoral y cuando alguien osaba poner en cuestión la falsedad sobre la que se basaba la realidad del comercio internacional y la necesidad de proteger los intereses nacionales eran condenado o ridiculizado.

Hace unos años, Pablo Iglesias criticó la ideología del librecambio y uno de los más conocidos economistas de nómina españoles, José Carlos Díez, le espetó en Twitter: «Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libre comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento».

Es una de las típicas descalificaciones que hace este economista, carentes de fundamento y cargadas solamente de maldad. Por un lado, porque la puesta en cuestión de las ventajas del librecambio no es algo propio de Marx, salvo que se crea que Krugman es marxista. Y, por otro, porque la alternativa que defienden quienes hoy día criticamos la falsedad del librecambio y el doble discurso de quienes lo defienden practicando lo contrario, no es la autarquía y ni siquiera el proteccionismo de antaño, sino un nuevo tipo de regulación comercial internacional que proporcione seguridad, eficiencia, equilibrio, cuidado del medio ambiente y equidad.

Tanto es así, que ha sido nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos quien ha reivindicado hace unos días, sin ningún pudor y expresamente, el proteccionismo económico.

Que un presidente de Estados Unidos tome medidas proteccionistas, como las que ha adoptado Biden en su ley contra la inflación y que ahora defiende, no es ninguna novedad. Todos, absolutamente todos los presidentes anteriores lo han hecho, como he señalado. Lo interesante es que ya no se mantenga el discurso falso habitual, que expresen abiertamente sus propósitos y no tengan miedo de mostrar al mundo que la defensa del librecambio y la reivindicación de sus ventajas es un cuento.

Hace Biden un favor impagable a la teoría económica cuando se expresa en estos términos porque ayudará a que cada día queden más en evidencia los economistas y políticos que defienden lo que la realidad a todas luces contradice. ¿O es que se han vuelto locos los dirigentes estadounidenses y defienden para su economía la peor de las opciones? ¿Cómo es que no optan por el librecambio, si es tan ventajoso, a la hora de diseñar sus políticas industriales? ¿Por qué no protestan las empresas de Estados Unidos cuando el gobierno anuncia docenas de miles de millones de dólares en ayudas y subsidios para que no tengan que depender de la producción extranjera? ¿Alguien puede creer que el librecambio tenga las ventajas que dicen sus defensores y que la primera potencia mundial no lo adopte como estrategia? ¿Es fruto de la casualidad que no sólo Estados Unidos, sino todas las grandes potencias se protejan y que, al mismo tiempo, reclaman a las economías más atrasadas que se abran para que sus capitales las penetren sin freno y para invadirlas con sus productos subsidiados? ¿Seguro que no hay gato encerrado en la defensa a ultranza del librecambio?

Y lo sorprendente de todo esto es que, mientras que Biden se quita la máscara, los dirigentes de la Unión Europea se escandalicen por sus palabras y se empeñen en mantener el doble lenguaje, porque lo cierto es que Europa ha sido y es tan proteccionista o más que Estados Unidos. Otra cosa es a quién protege cada uno y por qué.

Si el puro pragmatismo de los ricos había demostrado que el proteccionismo (como dije, solo equivalente a autarquía para los malvados o ignorantes) es realmente más ventajoso, la pandemia y los problemas de suministro e inseguridad subsiguientes lo han dejado mucho más claro aún.

Las economías que opten por enfrentarse a lo que viene a pecho descubierto, sin defenderse ni protegerse van a resultar heridas sin remedio. El comercio internacional es imprescindible y hay que fortalecerlo, pero debe hacerse sobre bases equilibradas, sin imponer a los demás lo que uno no cumple y garantizando la seguridad y la generación de ingreso. La protección de los intereses nacionales, garantizar el suministro de productos esenciales, promover una reindustrialización orientada a las transiciones que son imprescindibles y salvar el tejido empresarial, el empleo y el bienestar no es una opción, es una exigencia en la economía de nuestro tiempo. Sin ese nuevo tipo de proteccionismo será imposible hacer frente a la crisis que viene. Y, a los economistas que sigan empeñados en defender el cuento del librecambio, terminarán diciéndoles lo mismo que le ha dicho Biden a quienes le criticaban por su defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos: «¡Al infierno con eso!» 

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La ceguera de los empresarios que tanto daño hace a los españoles

Unas recientes declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, diciendo que los empresarios son los que crean la riqueza, muestran el desconocimiento que gran parte de la clase empresarial española tiene sobre cómo funcionan realmente la economía y sus propias empresas.

Las declaraciones son desafortunadas porque es sencillamente falso que el empresario, el dueño o el directivo de una empresa, sea por sí solo quien crea riqueza.

No podría crear ni un solo producto y, por tanto, obtener un euro de ingreso sin utilizar capital producido por otras sujetos; sin infraestructuras generalmente de construcción pública o sin bienes públicos que obligadamente debe proveer el Estado porque no puede hacerlo el mercado; sin beneficiarse del conocimiento que durante décadas han generado y acumulado otras personas; sin la investigación básica que casi nunca es rentable por sí misma y debe financiar el gobierno; sin personal más o menos cualificado empleado a su servicio; sin sistema de educación o de salus; sin clientela que disponga de ingresos, generalmente proveniente de otras actividades no necesariamente generadas por la empresa privada; sin normas legales e instituciones que lo protejan a él y a los negocios que lleva a cabo; sin impuestos, sí, sin impuestos, para que pueda financiarse el capital y el gasto público del que cualquier empresa privada, sin excepción posible, se beneficia en mayor o menor medida. La empresa, cualquier de ellas, es un sistema complejo con diferentes subsistemas o partes y no puede funcionar sin el funcionamiento interactivo de todos ellos. El empresario o el directivo es nada por sí solo: no puede crear nada sin todo ello.

Cuando un empresario dice cosas como las que acaba de decir el Sr. Roig, por lo demás un empresario de éxito que efectivamente ha creado mucha riqueza y no precisamente el que peor trata a sus empleados en España, se está manifestando la enorme ceguera con la que actúa el empresariado español. La peor de las cegueras, la que afecta, como decía José Saramago, a quienes viendo no ven, la que hace que no reconozcamos lo que tenemos delante.

Gran parte de los empresarios españoles, o al menos los dirigentes de la gran patronal que los representa, muestran también una gran ceguera cuando confunden constantemente el todo con la parte.

Una de las primeras lecciones que contiene el manual del economía más vendido de la historia, el del economista más reconocido de la segunda mitad del siglo XX, Paul A. Samuelson, es que no se debe caer en la falacia de la composición. Esta consiste en no entender que lo que es bueno o malo para un sujeto no necesariamente es bueno o malo para todos.

Cayendo desgraciadamente en esa falacia básica, los empresarios. confunden el coste salarial, cuya subida puede ser negativa para algunas empresas, con el salario como componente de la demanda que, cuando sube, incrementa los ingresos de todas las empresas en su conjunto. Así, oponiéndose a que aumente la masa salarial creyendo que se defienden, son los propios empresarios los que mantienen en el mercado a las empresas más ineficientes y recortan sus propios ingresos por ventas.

Y están ciegos los empresarios que creen que los enemigos de las empresas son los trabajadores o el gobierno cuando, en realidad, son otras empresas -las financieras y las que tienen poder de mercado- las que ahogan a la inmensa mayoría. Basta saber la deuda inmensa de miles de millones de euros que las grandes empresas del IBEX-35 tienen con las más pequeñas y medianas o el trato que reciben estas últimas cuando actúan como proveedores de las grandes (algo de lo que, por cierto, sabe y podría hablar mucho el dueño de Mercadona) para comprobarlo.

La ceguera empresarial es terrible para la economía porque las empresas son -solo un ignorante puede negarlo- una pieza esencial para crear riqueza y bienestar.

Su consecuencia, o la de que los empresarios se engañen a sí mismos, es que desprecian a todo aquello que justamente precisan para que sus empresas salgan adelante. Y esa y no otra es la razón de que tantas grandes empresas españolas hayan sido tradicionalmente tan ineficientes y un lastre para nuestra economía, más que un motor decisivo y potente, como sería de desear y necesario.

Es lamentable y tremendo observar a empresarios oponerse a que suba un salario mínimo que, prácticamente en su totalidad, se convierte automáticamente en ventas e ingresos empresariales; verlos combatir las políticas del gobierno que sostienen la demanda y proporcionan los bienes públicos que las empresas necesitan inevitablemente para funcionar; reclamar recortes de gasto público que inmediatamente que se produce se transforma en ingreso del sector privado; oírlos criticar los impuestos que financian lo que sus empresas necesitan y no podrían sufragar nunca por sí mismas; contemplar a miles de ellas sometidas en silencio ante el poder de las más grandes e irresponsables, tan contrario a la ineficiencia y a las leyes que deben regir el funcionamiento de los mercados, que agobia y arruina a miles de empresarios, algunos con menos ingresos que sus propios empleados.

Cuando los empresarios se convierten en rentistas y en extractores de riqueza que generan otros en lugar de impulsores de la eficiencia, la competencia y la innovación se convierten en un lastre para la economía y el bienestar. No crean riqueza sino que la destruyen.

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«La culpa no la tienen nuestras estrellas sino nosotros mismos» (Shakespeare).

Palabras pronunciadas el 31 de enero de 2023 en el acto de reconocimiento a Antonio Rodrígo Torrijos y José Manuel García Martínez, ambos objeto de una larga persecución política por parte de una jueza al servicio del poder económico.

Queridas amigas y amigos:
Muchas gracias por darme esta oportunidad de intervenir hoy aquí.
Tengo por costumbre no leer en este tipo de intervenciones, pero esta vez voy a hacerlo porque quiero decir lo que exactamente quiero decir.
Me hago ya mayor y he estado en cientos de actos, aunque quizá nunca en uno tan merecido y al mismo tiempo tan necesario como este.
Es merecido porque se trata de acompañar, de dar calor, de solidarizarnos con dos personas que han padecido durante casi 13 largos años el peso de la inmundicia judicial, de la injusticia y de la persecución política.

Las personas de bien no podemos dejar de manifestar nuestro reconocimiento a quienes ha sufrido tanto por un único y exclusivo motivo: la necesidad de eliminarlos social y políticamente.
Yo sé, todos los que estamos aquí lo sabemos, que Antonio y José Manuel (por cierto, José Manuel fue compañero mío de carrera, de colegio mayor y de piso en nuestra época de estudiantes) han sido capaces de soportar el peso de estos años de infamia judicial porque son dos personas íntegras, honestas, comprometidas; porque son dos comunistas amantes de la libertad y la democracia que seguramente no han dejado de pensar ni en un solo minuto de estos largos años en el ejemplo de los cientos de camaradas de su Partido, de los miles de demócratas españoles que dieron la vida o fueron torturados por defender a las personas más humildes, a las clases trabajadoras sin pedir nada a cambio. Lo mismo que hicieron ellos.

Yo sé que Antonio y José Manuel, José Manuel y Antonio, han llevado este sufrimiento con dignidad y con una serenidad ejemplar. A costa, eso sí, de su salud y de su patrimonio porque ni el más heroico de los seres humanos puede soportar sin herida ni dolor la maldad y el escarnio de una jueza sin escrúpulos que utiliza el sacrosanto poder que el pueblo le ha dado para combatir injustamente a quien no ha hecho otra cosa que defender a quienes menos tienen.

Ya no tiene arreglo y el daño perpetrado queda ahí pero, al menos, queridos José Manuel y Antonio, yo quiero deciros y creo que lo puedo decir en nombre de muchas personas, que estamos con vosotros. Que os queremos, os admiramos y os acompañamos. Que os agradecemos vuestro esfuerzo y vuestra generosidad, vuestra honradez, vuestro ejemplo y vuestra lucha.

Y os digo, queridos amigos, que tengáis la completa seguridad de que vuestro sufrimiento no ha sido ni va a ser en vano.

Pero no quiero hablaros solo a vosotros, queridos amigos.
Quiero aprovechar este momento para hablarle también a todas las personas que están aquí o que puedan vernos a través de las redes.
Lo durísimo que le ha pasado a Antonio y José Manuel ha sido, desde el primer momento, una auténtica cacería política. No ha sido un proceso judicial, sino una persecución llevada a cabo por una empleada del poder económico, de la oligarquía que se cree dueña de España, con el único fin, como he dicho, de facilitar que la derecha, sus representantes políticos, dispusieran del poder municipal.

Lo que se produjo en Sevilla fue una manifestación de las nuevas formas que adquieren los golpes de Estado de nuestra época. Los que se están produciendo en estos días, cuando el Partido Popular desobedece la Constitución. O la que permite que nada más y nada menos que el periodista Juan Luis Cebrián haya escrito en el diario El País hace unas semanas, leo textualmente, que «se podría pedir responsabilidad jurídica, y no solo política, al Gobierno y su presidente». Recordad esto, porque ese el objetivo, y es justo por eso por lo que dije al principio que este acto es necesario.

Es necesario que seamos conscientes de que la culpa de que pasen estas cosas no la tienen, como decía Shakespeare, nuestras estrellas sino nosotros mismos.

Permitidme que os diga solo dos cosas, con claridad. Con mucho cariño, pero con toda claridad
La primera es que algo parecido a lo que le ha pasado a José Manuel y Antonio os puede pasar mañana a todas vosotras y a todos vosotros.
Es verdad que no os van a quitar una concejalía, pero os van a quitar la pensión, la atención sanitaria, la educación… el día menos pensado os dirán que no podéis sacar el dinero del banco y se quedarán con lo poco que os quede.
Tenedlo presente y decídselo a quienes tenéis a vuestro alrededor: quisieron acabar con José Manuel y Antonio no porque fuesen tras ellos sino porque van detrás de vosotros.
Y lo segundo que os quiero decir es que eso pasó (y puedo volver a pasaros a vosotros) por mantener silencio, por callar, por asentir y por no salir a las calles contra la injusticia.

Decía el canciller alemán Willy Brandt que permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. No lo olvidéis.
Y dejadme que os lo diga con sinceridad, con sinceridad y con dolor y también con algo de indignación. ¿Cuántos levantamos la voz cuando comenzó la cacería? ¿quién salió a la calle? ¿Quién denunció?
Yo firmé un artículo con 39 personas, pero menos de las que me dijeron que no sé qué o no sé cuánto y no quisieron firmar. La mayoría de ellas, las que no firmaron, de las que siempre han tenido y tienen todavía la boca llena de democracia, justicia, revolución o izquierdismo.

No tengáis la más mínima duda. Lo que le ha pasado a José Manuel y Antonio ha pasado porque, como escribió Erich Fromm, «el ser humano ha perdido la capacidad de desobedecer». Porque nos hemos acobardado y no somos capaces de decir ¡¡Basta ya!! cuando a nuestro lado hay explotación o injusticia.

Lo que pasó no fue el resultado solamente de la actuación de una jueza sin escrúpulos y corrupta sino del silencio de quienes teníamos que habernos levantado contra su infame conducta y la de otros jueces de su mismo perfil. No olvidemos que hay compañeros socialistas honestos condenados o incluso encarcelados en virtud de sentencias aberrantes, o de lo que se ha hecho con dirigentes de Podemos, como fruto igualmente de la persecución judicial del adversario que llevan a cabo algunos jueces de este país.
Tengo ya que terminar.

Yo sé que no está en el protocolo, pero quisiera pedir a la organización que me permita llamar aquí a José Manuel y a Antonio. Quiero darles en público un abrazo de afecto y de reconocimiento. Uno de esos abrazos que son de lo más bello y generoso que podemos hacer los seres humanos entre nosotros y que tanta falta hace que se prodiguen entre las gentes de izquierdas. Y quiero pediros a vosotras y vosotros que os levantéis y que aplaudáis, como forma de manifestarles que ese abrazo es de todos, no solo mío.
Aunque quiero pediros también algo más: al poneros en pie y al aplaudir miraros hacia dentro de vosotros mismos y haced asumid dos compromisos. El de ir a contar fuera lo que pasó con José Manuel y Antonio y, sobre todo, el de luchar siempre sin descanso para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. 

Que vuestro aplauso a estos dos queridos amigos sea el compromiso de que nunca más vamos a callar ni consentir cuando delante de nosotros se produce una injusticia.

Querido Antonio, querido José Manuel: gracias, muchas gracias