Pasado And Presente
El maestro ataca de nuevo. Ahora con El futuro es un país extraño, producto del inmenso trabajo acumulado en Por el bien del imperio (P & P 2011) y de su reflexión alarmada ante los síntomas de la inmunodeficiencia social adquirida. Para Josep Fontana los rasgos más visibles de esta patología son la privatización de la política, primero, y la del propio estado más adelante, que se guarece de los ciudadanos tras un fuerte aparato represivo: “Todo apunta a un futuro de retorno hacia una privatización global semejante a la de los tiempos feudales…. [Vamos hacia una] nueva sociedad de la desigualdad”.
Es muy difícil no estar de acuerdo con el gran historiador catalán. Aunque le podemos regatear un poco en lo del feudalismo. En realidad a lo que estamos asistiendo es a las consecuencias de la regeneración de la fe capitalista, tan deteriorada desde hace más de dos siglos por debilidades absurdas, renuncias innecesarias, concesiones arrancadas a viva fuerza o temores irracionales que, en su “época dorada”, le habían hecho caer en un cierto sentimiento cristiano de culpa.
Oportunamente, la luz de Trenton (Estados Unidos) está devolviendo a la fe capitalista su pureza primigenia, aquella que iluminó en el siglo XVIII a Gran Bretaña, su anciana madre. Tras la revolución “gloriosa” (aunque ya venía de antiguo), la aristocracia terrateniente y la burguesía comercial británicas privatizaron la política por el simple procedimiento de apropiársela, enmascarándolo con un camelo de democracia electoral inexistente.
El Banco de Inglaterra, la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía del Mar de Sur privatizaron luego el estado controlando la Corte, el Gobierno, las dos cámaras del Parlamento y los tribunales de justicia. Los lobbies de comerciantes y manufactureros, como la Compañía de Rusia, la Compañía de Levante, la Compañía de la Bahía del Hudson, la Society of West Indies Merchants, la Midland Association of Ironmasters o el West Riding Committee of Worsted Manufacturers transmitían su voluntad al gobierno (que era su hechura) y dictaban las leyes adecuadas al Parlamento (donde se sentaban ellos mismos). En aquel mundo de pureza capitalista, la desigualdad entre los hombres era tan natural como la que se daba entre los zorros y sus cazadores. Los grandes apóstoles del Nuevo Testamento del beneficio a ultranza guiaban a los fieles: “Los hombres son más felices si se hallan en la desigualdad y la subordinación”, escribía el doctor Johnson, al tiempo que anunciaba un porvenir de progreso indefinido.
El duque de Devonshire que, cuando no estaba en su castillo rural, vivía en Saint James, en el lujoso palacio que le había construido John Nash, tenía unas rentas de 50.000 libras anuales, mientras que Edward Farmer, deshollinador que vivía en una covacha del East End, sudaba hollín para ganar 12 libras al año. ¿Por qué no? No hay que confundir the classes with the asses. A lo largo del siglo XVIII la renta per cápita inglesa creció un 4,5 % (cuidado con las estadísticas), pero los impuestos se multiplicaron por 18 en términos reales (también aquí cuidado con las estadísticas). Lo cierto en cualquier caso es que los impuestos directos pasaron de constituir el 36 % de los ingresos de la hacienda, al 16 %, mientras que los indirectos, que partían del 26 % llegaron al 75 % a finales de siglo. Con esta imposición regresiva, el estado (o sea, los que ya sabemos) transfirió desde los consumidores pobres a los grandes financieros el 40 % de toda la imposición fiscal, o sea el 5 % de la renta nacional británica. Estas transferencias, junto con el diferencial entre precios y salarios, fueron la mayor fuente de financiación de la industria británica. Lo explicó muy bien el mayor economista de aquel tiempo y, por lo que parece, de todos los tiempos: “En una sociedad civilizada [sic], los pobres proveen para ellos mismos y para el enorme lujo de sus superiores [sic]". Además, el precariado de la época no tenía de qué quejarse; podía acogerse a las generosísimas leyes de pobres, hospedarse en las fastuosas workhouses o residir en las espectaculares cárceles privatizadas, que acogían de buen grado a quienes según la Black Act no sabían respetar la propiedad privada, ni la religión, ni tenían la decencia de pagar sus deudas y arrastraban por las calles sus borracheras de ginebra solo para que Hogarth los dibujara. Hacia mediados de siglo, casi la mitad de los presos del King’s Bench lo estaban por deudas. Si el acreedor no les había esquilmado, podían alquilar una celda individual al empresario-alcaide por cinco libras. Si no, se le hacinaba en una celda común de cincuenta metros cuadrados rebosante de morosos con sus mujeres e hijos, todos infectados de viruela entonces mortal. Ese fue el destino de Robert Castal, el autor de The Villas of the Ancients.
En la Canaán del capitalismo, sin embargo, el precio justo del pan equivalía a nuestra actual noción de estado de bienestar. Era una línea roja. Cuando subían los precios, se producían de inmediato miles (literalmente) de motines de subsistencia que se concretaban en acciones populares directas, disciplinadas y con objetivos muy bien definidos, como nos explicó Thompson hace ya muchos años. La multitud era pronta y diligentemente masacrada por el ejército. El Scots Magazine ya advertía en julio de 1754 que “los pobres siempre están dispuestos a amotinarse y a hacer daño… y no pasará mucho tiempo sin que cometan desmanes”. Los cometieron por toda Europa durante doscientos años. El más inteligente de todos los reaccionarios británicos, Edmund Burke, advirtió claramente que el enemigo de su fe siempre estaba al acecho y había que velar para impedir “la tiranía de la multitud”. Parece que el capitalismo ha aprendido la lección. ¿Y nosotros, los herejes?
Fuente: http://pasadopresente.com/blog/41-la-tirania-de-la-multitud
viernes, 5 de abril de 2013
Cinco formas de aumentar la creatividad
De pronto, un momento de inspiración. Comprendemos, vemos una conexión, una solución, una causa. ¿Pero qué sucede en el cerebro cuando surge una nueva idea? ¿Es la creatividad un proceso al azar o puede ser alimentada?
La ciencia cuenta ahora con nuevas herramientas que permiten literalmente "ver" qué sucede en el cerebro antes de la inspiración.
En un programa de la serie televisiva Horizon, la BBC habló con expertos que exploran los procesos neurológicos previos al momento "eureka".
Y su trabajo sugiere cinco vías para aumentar la creatividad.
Hacer cosas en forma diferentes
Si uno busca respuestas innovadoras para un problema, hacer algo tan simple como cambiar la rutina puede ayudar a encontrar la solución. Cambiar pan por cereal en el desayuno o intentar una nueva ruta para llegar trabajo son algunas opciones.
La psicóloga Simone Ritter, de la Universidad Radboud Nijmegen en Holanda, realizó experimentos de innovación con sus estudiantes. En uno de ellos, el estudiante se coloca un casco y lentes especiales que le permiten interactuar con un mundo virtual.
Pero esta nueva realidad no obedece a los principios de la física. Los objetos se elevan al caerse de una mesa y se ven cada más pequeños al acercarnos. Tras navegar algunos momentos por este mundo desconocido, los estudiantes logran mejores resultados en pruebas de creatividad.
La Dra Ritter también pide a los estudiantes, por ejemplo, que preparen un tradicional sándwich holandés, de pan con mantequilla y grajeas de chocolate, pero no en el orden usual.
Preparar un sándwich en un orden inusual puede ayudar, según la Dra Ritter.
En lugar de untar una rebanada de pan y verter grajeas sobre la misma, ¿por qué no poner las grajeas en el plato primero y luego frotar en ellas el pan enmantecado?
Ejercicios de este tipo producen mejores resultados en tests de creatividad, asegura Ritter, quien recomienda experiencias nuevas. La investigadora misma experimenta por primera vez en el programa de la BBC ser copiloto de un planeador, una aeronave que se desplaza sólo por fuerzas aerodinámicas y carece de motor.
Cambiar la rutina puede ofrecernos una perspectiva refrescante y resultar en nuevas conexiones neuronales que se traducen en ideas originales, según Ritter.
Disminuir las distracciones
Reducir las distracciones parece ser importante en el camino hacia una epifanía.
Cortar el ruido exterior puede ayudar a "ver" soluciones.
Roald Dahl, el prolífico autor de cuentos británico, no permitía casi visitas al cobertizo en su jardín donde creaba sus historias. Y el escritor estadounidense Jonathan Franzen escribió su novela "Las Correcciones" (2001) usando tapones para los oídos y una venda en los ojos.
Los neurólogos creen que el momento de la inspiración ocurre en el hemisferio derecho del cerebro, en un área cercana a la parte frontal que se denomina giro temporal superior. Algunos estudios indican un aumento significativo de ondas gama desde esta zona cuando surge una idea.
Pero justo antes de que ello suceda se registra en la parte posterior del cerebro un incremento de ondas alfa, las ondas asociadas con el relajamiento, explica el profesor John Kounios, de la Universidad Drexel, en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos).
El investigador explicó que captamos información permanentemente, pero las ondas alfa le permiten al cerebro tomarse una pequeña pausa, algo similar a lo que ocurre cuando cerramos momentáneamente los ojos al pestañear.
Ese "pestañeo" en el tráfico de información permite que una conexión tenue salga a la superficie como una nueva idea. "Cuando le preguntamos a alguien una pregunta difícil, es común que miren a la distancia o bajen la mirada por un instante. Miran a cualquier lado pero no a nuestro rostro que los distrae", señala Kounios.
Si nuestra atención se dirige "hacia adentro" es más probable que podamos resolver un problema en un destello de inspiración, según el científico.
Trabajar en tareas mundanas
Otra actividad que puede ayudar a la creatividad es trabajar momentáneamente en tareas que requieran concentración mínima.
Darwin caminaba todos los días por el sendero cercano a Down House, su casa en las afueras de Londres.
El profesor Jonathan Schooler de la Universidad de California, Santa Barbara, planteó tests de creatividad a tres voluntarios. Luego de buscar soluciones, cada voluntario "descansó" con una tarea diferente: no hacer nada, hacer algo difícil, o cumplir una tarea rutinaria como ordenar cubos por colores, que no requiere demasiada concentración. La tercera opción es la que llevó a mejores resultados al reanudar posteriormente los tests de creatividad. Durante esa tarea rutinaria el inconsciente parece seguir un proceso de "recombinación" que lleva a nuevas soluciones.
"Si están atascados, tómense un descanso. Eso permite que los procesos inconscientes sigan activos. Pero no se queden simplemente allí sin hacer nada, salgan a caminar o tomen un ducha o dedíquense un momento a la jardinería", aconseja Schooler.
Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, pasó años contando y observando pacientemente los guisantes que cruzó para descifrar los principios de la transmisión hereditaria.
No tener miedo de improvisar o arriesgarse
El Dr Limb pide a jazzistas que toquen un miniteclado mientras están en un tomógrafo.
El científico Charles Limb de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, asegura que todas las personas son creativas aún cuando a veces no se den cuenta de ello.
"Si la gente piensa en su comportamiento diario, verá que es en gran medida improvisado, ya que no planeamos segundo a segundo qué vamos a hacer", señala el investigador.
Además de otorrinolaringólogo, Limb es un músico amante del jazz y ha venido utilizando esa pasión en sus investigaciones, pidiendo por ejemplo, a conocidos artistas que improvisen en un pequeño teclado mientras se encuentran en un tomógrafo para estudiar su cerebro.
Limb señala que los músicos de jazz, los dibujantes de historietas y los raperos, todos acostumbrados a improvisar, experimentan cambios en la corteza prefrontal del cerebro en momentos creativos.
"En estos músicos constatamos una especie de suspensión temporal en esa corteza prefrontal", señala el investigador.
En estas profesiones es menos probable que las personas sientan que deben monitorear su comportamiento y por ello acaban tomando más riesgos.
Dejar que la mente divague
Charles Darwin estaba leyendo el ensayo de Thomas Maltus sobre el crecimiento de la población cuando cristalizó su teoría de la selección natural, según relatos.
Y Arquímedes, el científico griego a quien se atribuye el uso del término "eureka", supuestamente lo usó cuando descubrió, mientras tomaba un baño, el principio para determinar el volumen de un objeto de forma irregular.
La inspiración para las notas de papel autoadhesivas Post It le llegó a Arthur Fry cuando buscaba una forma de marcar las páginas de su libro de himnos durante un servicio religioso. Fry se dio cuenta de que podía usar una sustancia adhesiva inventada por su colega Spencer Silver para crear notas autoadhesivas.
El Dr Rex Jung, de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, ha observado que durante un proceso creativo se producen cambios en los lóbulos frontales. Cuanto menos actividad exista en esa zona, más probable es que surja una idea original.
La materia blanca está formada por más de 150.000 kilómetros de conexiones.
Y Jung asegura que es posible desencadenar temporalmente ese estado cerebral meditando o saliendo a correr.
El investigador señala que lo importante es qué sucede con la materia blanca del cerebro, el intrincado sistema de fibras, parte del sistema nervioso central, formado por más de 150.000 kilómetros de conexiones.
Aunque el momento en que se prende la lamparita parece instantáneo, puede ser que la idea haya estado dando vueltas en nuestro inconsciente durante algún tiempo antes de que seamos conscientes de ella.
De acuerdo al trabajo del Dr Jung, los cerebros más inventivos están menos organizados, de forma que el tráfico neuronal desciende y eso crea la oportunidad para que se produzcan conexiones más inusuales.
El Test del ladrillo
Una de las pruebas más tradicionales es la creada por el psicólogo estadounidense J. P. Guilford. Su test de usos alternativos para objetos comunes mide el llamado pensamiento divergente. ¿Cuántos usos alternativos de un ladrillo podemos sugerir? ¿instrumento para mantener una puerta abierta? ¿aprietapapeles? ¿pesa para musculación? Fuente: BBC
Contenido relacionado
Más en El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/05/actualidad/1365175865_448281.html
Más en el NYT, 2010. Artículo de Patricia Cohen. http://www.nytimes.com/2010/05/08/books/08creative.html?pagewanted=all&_r=0
Images from brain research conducted by the Mind Research Network. While intelligence and skill are associated with the fast and efficient firing of neurons in the brain, subjects who tested high in creativity had thinner white matter and connecting axons that slow nerve traffic. In these images, the green tracks show the white matter being analyzed. The yellow and red spots show where creativity corresponds with slower nerve traffic. The blue areas show where "openness to experience," associated with creativity, corresponds with slower nerve traffic.
miércoles, 3 de abril de 2013
MATEMÁTICAS. Disciplina y cálculo orientales para mejorar en matemáticas
Corea del Sur desplazó a Finlandia en el liderazgo de las evaluaciones del último Informe PISA gracias a la atención cuidadosa a los alumnos destacados y a la cantidad de horas extra que echan sus alumnos. Y no es el único rincón de Asia a la cabeza. Shanghái es la campeona mundial en comprensión escrita y los orientales no tienen rival posible en cultura matemática. Hasta el punto de que el 25% de los alumnos de Shanghái fue capaz de resolver en PISA un tipo de problema matemático complejo. El mismo solo fue resuelto por un 3% de los de la OCDE. Se entiende pues la expansión imparable en España de métodos del Lejano Oriente que agilizan el cálculo mental y desarrollan los dos lados del cerebro. Unos 35.000 españoles practican ya esos sistemas en sus colegios o en academias. Su precio, entre 40 y 70 euros, no parece frenar a las familias
El informe Los paradigmas de la educación matemática para el siglo XXI, elaborado por grandes expertos internacionales, expresa que sus grandes resultados no se deben tanto a factores culturales "como al nivel de disciplina y concentración de los alumnos y el trabajo que realiza después de clase". Eso explica que estos métodos importados por España exijan un seguimiento de un tutor dos días a la semana y que el niño dedique de diez minutos a media hora diaria —incluidas las vacaciones— a ejercitarse. ... los resultados no son inmediatos de cara a un examen sino a medio plazo, uno o dos años. Se vuelve a la "valorización de la cultura del esfuerzo" que echa en falta la Academia de Ciencias Exactas, que no hace mucho lamentaba el "deterioro progresivo y acentuado de la formación científica en los niveles primario y secundario". Los estudiantes españoles sacaron una media de 483 puntos en la prueba PISA de matemáticas, cuando la media de la OCDE fue de 496.
El primer método en llegar fue el Kumon, hoy con 20.000 alumnos en España y 229 centros, que comenzó su expansión en 1991. El programa, dividido en 21 niveles para matemáticas y 27 para la lectura, nació en 1954 en Japón, de la mano de Toru Kumon, que creo el sistema para que su hijo fuese capaz de dominar conceptos del temario de cursos superiores. En su país el material didáctico se lanzó en 1981 y hoy día lo estudian cuatro millones de personas en el Mundo. El método arranca con letras, números y líneas, prosigue con las cuatro operaciones fundamentales de aritmética y concluye con el cálculo diferencial e integral. “La habilidad permite desarrollar el pensamiento y la creatividad. Hay mucha gente que cree que esta surge de repente”, afirmaba Kumon a EL PAÍS en 1990. ...
El estudiante de Kumon realiza de tres a cinco hojas de cálculo diarias que su instructor corrige. ...
La política de Aloha MENTAL Arithmetic, un sistema que surgió en Malasia en 1993, es la contraria. El 90% de sus 7.500 alumnos recibe clase en una de las 400 escuelas en las que se han implantado. Arrancaron en Mallorca en 2009 con 200 niños de cinco a 13 años —Kumon se practica desde dos— y su idea es llegar a 13.000 cuando se establezcan en todo el territorio. ... Al finalizar, pueden realizar cálculos de hasta diecisiete dígitos sin un lápiz porque han interiorizado el cálculo con el ábaco japonés con el que al principio trastean físicamente. Según la organización, el programa mejora también la memoria fotográfica o la orientación espacial. ...
En este sistema malayo se basa también UCMAS, radicado en Mallorca desde 2008 y con 8.000 alumnos inscritos. ¿La razón del éxito? “Cualquier centro busca diferenciarse de la competencia. En los años 90 lo hacían por medio del inglés, en el 2000 a través de las nuevas tecnologías
El uso del ábaco es usual en el colegio público Miguel Hernández de Badadona y no es casualidad. En un centro que es un Babel de una quincena de nacionalidades, el alto nivel de sus alumnos chinos -ocho puntos por encima de la media catalana en PISA- nunca ha pasado desapercibido y hace cuatro años se hermanaron con la Escuela Experimental de Qintiang. ...
Una minoría del alumnado de Kumon son opositores que han perdido el hábito de estudio y pretenden recuperar la capacidad de concentrarse y jubilados dispuestos a agilizar su mente. ...
Proyectos nacionales
No todo es made in Asia. Un programa online español se abre paso con fuerza: Smartick. Autodidacta, adapta su dificultad al rendimiento del alumno ese día. Detrás está el ingeniero Daniel González de la Vega, convencido de que hay que poner freno a los calamitosos resultados en matemáticas en PISA combinando los sistemas de aprendizaje clásicos con la última tecnología en las tabletas. ...
El programa corrige los ejercicios, pero el profesor o el padre recibe cada día un informe del avance del niño. Ahora Smartick, que se puede practicar a título individual o como extraescolar, se está aplicando dentro del currículo de tres colegios públicos. Según sus datos, en tres meses el 94% de los alumnos —ya lo han probado 4.000— mejoró su capacidad de cálculo y el 70% incrementó su nota de matemáticas.
En el colegio Montserrat de Barcelona se dieron cuenta que sus alumnos percibían los números como algo abstracto y poco útil para su vida. Por eso han creado un programa,con el que se aprenden los diferentes conceptos matemáticos a partir de la manipulación, la observación y la experimentación (Con el método EntusiasMat 1, 2,y 3 Y desde Infantil,). ELISA SILIÓ. Madrid. Leer todo aquí en El País. Leer más aquí.
Para saber más.
MANUAL DE ORIENTACIÓN Y AYUDA PARA LA FAMILIA SOBRE MATEMÁTICAS EN INFANTIL Y PRIMARIA.
Folleto de ayuda a las familias.
Blog sobre mate con teoría y práctica.
Más sobre matemáticas y el método ABN (Algoritmo basados en números de Jaime Martínez Montero)
Enlace a web sobre matemáticas.
Les défis mathématiques du Monde, épisode 2... por lemondefr
martes, 2 de abril de 2013
Pataleo. Se han mostrado tan recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal
Vamos a ver: ¿llueven meteoritos ardientes de los cielos y el Papa se funde en un abrazo con el Antipapa, y nosotros nos preocupamos de los escraches? Me he puesto apocalíptica porque usar la realidad me parecía aún más duro, o sea: ¿estamos hasta las cejas de financiaciones ilegales, ERE corruptos, políticos y banqueros rapiñadores, y nosotros nos preocupamos de los escraches? A mí, por el contrario, cada día me admira más la moderación de la sociedad española, la capacidad de aguante de los ciudadanos y lo poco que recurren a la violencia, sufriendo tantos lo mucho que sufren (eso sí, lo he dicho y lo repito: si consiguen desmantelar del todo la sanidad pública veremos correr sangre, porque con la salud de tus hijos no se juega).
La gente es buena, en fin, y lo es pese a la contumaz cerrazón de nuestros dirigentes. Ni el PSOE ni el PP hicieron nada por paliar la carnicería de los desahucios; si algo se mueve ahora es gracias a la presión popular. No es de extrañar que el 81% de los españoles confíe en las plataformas sociales para solucionar este drama, mientras que en el PP solo confía un 11% y en el PSOE, un 10%. Se han mostrado tan recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal. Sí, es cierto, el escrache puede derivar en esa cosa tan atroz e inadmisible que es el matonismo y el linchamiento. Pero creo que la mejor forma de fomentar esta deriva es demonizando las protestas populares. Limitemos las broncas a la acera de enfrente, sin aporrear puertas (no hay que asustar niños) y desde luego sin violencia: es lo justo y también lo más útil, porque, si no, perderán apoyos populares. Pero que no me digan que, después de tantos años sin que nadie responda, la gente no tiene por lo menos derecho al pataleo. Rosa Montero. Fuente: El País.
Kant en el callejón del gato
Si en amplias capas de la sociedad se justifican los comportamientos recurriendo a justificaciones del tipo “así funcionan las cosas” y se normaliza que lo amoral es inteligente, el resultado es un país enfermo y desquiciado
Al investigar los fundamentos de la ética en su Crítica de la razón práctica, Kant no pretendía ofrecer una serie de buenas prácticas y recomendaciones útiles: aspiraba a demostrar que la razón moral que habita el interior de toda persona seguía una ley central, del mismo modo que el movimiento de los astros cumplía la ley de la gravedad. Como es sabido, Kant expresó esa ley de la razón moral así: obra siempre de manera que puedas desear que tu comportamiento se convierta en legislación universal. En sus obras, Kant expuso distintos ejemplos de zonas grises morales, que proponía resolver determinando si sería posible una sociedad en la que todos se comportaran de esa manera. Aplicado ese método al pasado reciente de nuestro país, rendiría algo así como esto: cada vez que un líder político se rodeó de una guardia de fieles en vez de abrir su organización a los mejores; cada vez que un directivo tomó decisiones que ponían en juego irrazonablemente el futuro de su empresa, pensando en maximizar su bonus; cada vez que un analista no advirtió a sus jefes con suficiente insistencia del riesgo de una operación; todos ellos creían habitar en esa zona gris del realismo y de las justificaciones genéricas del tipo “así es como funcionan las cosas”. Por desgracia, la conclusión de la prueba de Kant está a la vista: si en amplias capas de la sociedad cunden esos comportamientos individuales, si se normaliza que lo amoral es inteligente, el resultado es un país enfermo y desquiciado.
Esa confusión entre intereses propios, o de grupo, y el territorio moral de Kant, donde la razón de cualquier ser humano puede acceder al mismo conocimiento del bien, es intrínseca a la vida; pero ha resultado particularmente hipertrofiada por la desmesurada primacía ideológica que ha adquirido la economía y que se sintetiza en el principio de que debe hacerse “lo necesario y que funcione económicamente” —una solemne perogrullada con la que, por cierto, cualquiera hace de su capa un sayo—. A quienes siguen la actualidad se les endosan a diario multitud de cifras y estadísticas, y los líderes políticos apenas se dirigen a ellos más que usando lemas manidos (sobre competitividad, productividad, austeridad…); en cierto modo, la clase política está pagando ahora la penitencia por haberse presentado durante años como talismanes que dominaban los engranajes mágicos de la economía y a los que debíamos atribuir el crecimiento y las infraestructuras; súbitamente, “la economía” se ha transformado en una despiadada fuerza a la que se someten por responsabilidad. Bajo las formas de debates teóricos y medidas varias, lo que viene sucediendo desde 2010 en la UE es una gigantesca renegociación de deudas y garantías últimas de pago, destinada a evitar pánicos financieros en cadena como el que siguió a la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos; con la diferencia de que, mientras de la crisis financiera norteamericana existe una investigación pública con múltiples testimonios ante el Congreso de EE UU, los europeos seguimos sin tener la menor idea de cómo fue posible que los Gobiernos griegos fueran sobrefinanciados temerariamente, o sobre por qué comenzó a llover dinero del cielo para empresas, bancos y familias de España en cierta época. A falta de que alguien sea responsable de algo, los españoles hemos ido aprendiendo a bofetadas que los mercados financieros funcionan con principios tan sencillos como aprovechar o inducir subidas de precios de activos (en especial allí donde detecten agentes incautos y asimetrías de información), con el objetivo de recoger beneficios y largarse justo antes de que los cambios del viento derriben el castillo de naipes.
Nadie sabe por qué fueron sobrefinanciados los gobiernos griegos tan temerariamente,...
Emilio Triguero. Seguir leyendo aquí en El País.
Al investigar los fundamentos de la ética en su Crítica de la razón práctica, Kant no pretendía ofrecer una serie de buenas prácticas y recomendaciones útiles: aspiraba a demostrar que la razón moral que habita el interior de toda persona seguía una ley central, del mismo modo que el movimiento de los astros cumplía la ley de la gravedad. Como es sabido, Kant expresó esa ley de la razón moral así: obra siempre de manera que puedas desear que tu comportamiento se convierta en legislación universal. En sus obras, Kant expuso distintos ejemplos de zonas grises morales, que proponía resolver determinando si sería posible una sociedad en la que todos se comportaran de esa manera. Aplicado ese método al pasado reciente de nuestro país, rendiría algo así como esto: cada vez que un líder político se rodeó de una guardia de fieles en vez de abrir su organización a los mejores; cada vez que un directivo tomó decisiones que ponían en juego irrazonablemente el futuro de su empresa, pensando en maximizar su bonus; cada vez que un analista no advirtió a sus jefes con suficiente insistencia del riesgo de una operación; todos ellos creían habitar en esa zona gris del realismo y de las justificaciones genéricas del tipo “así es como funcionan las cosas”. Por desgracia, la conclusión de la prueba de Kant está a la vista: si en amplias capas de la sociedad cunden esos comportamientos individuales, si se normaliza que lo amoral es inteligente, el resultado es un país enfermo y desquiciado.
Esa confusión entre intereses propios, o de grupo, y el territorio moral de Kant, donde la razón de cualquier ser humano puede acceder al mismo conocimiento del bien, es intrínseca a la vida; pero ha resultado particularmente hipertrofiada por la desmesurada primacía ideológica que ha adquirido la economía y que se sintetiza en el principio de que debe hacerse “lo necesario y que funcione económicamente” —una solemne perogrullada con la que, por cierto, cualquiera hace de su capa un sayo—. A quienes siguen la actualidad se les endosan a diario multitud de cifras y estadísticas, y los líderes políticos apenas se dirigen a ellos más que usando lemas manidos (sobre competitividad, productividad, austeridad…); en cierto modo, la clase política está pagando ahora la penitencia por haberse presentado durante años como talismanes que dominaban los engranajes mágicos de la economía y a los que debíamos atribuir el crecimiento y las infraestructuras; súbitamente, “la economía” se ha transformado en una despiadada fuerza a la que se someten por responsabilidad. Bajo las formas de debates teóricos y medidas varias, lo que viene sucediendo desde 2010 en la UE es una gigantesca renegociación de deudas y garantías últimas de pago, destinada a evitar pánicos financieros en cadena como el que siguió a la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos; con la diferencia de que, mientras de la crisis financiera norteamericana existe una investigación pública con múltiples testimonios ante el Congreso de EE UU, los europeos seguimos sin tener la menor idea de cómo fue posible que los Gobiernos griegos fueran sobrefinanciados temerariamente, o sobre por qué comenzó a llover dinero del cielo para empresas, bancos y familias de España en cierta época. A falta de que alguien sea responsable de algo, los españoles hemos ido aprendiendo a bofetadas que los mercados financieros funcionan con principios tan sencillos como aprovechar o inducir subidas de precios de activos (en especial allí donde detecten agentes incautos y asimetrías de información), con el objetivo de recoger beneficios y largarse justo antes de que los cambios del viento derriben el castillo de naipes.
Nadie sabe por qué fueron sobrefinanciados los gobiernos griegos tan temerariamente,...
Emilio Triguero. Seguir leyendo aquí en El País.
lunes, 1 de abril de 2013
Caritas española y el informe sobre la pobreza y las desigualdades
La pobreza nos asusta pero la desigualdad nos indigna
Caritas española acaba de publicar un nuevo informe FOESSA con los datos de 2012. El panorama es desolador y debe de marcar un punto de inflexión para que todos hagamos algo para acabar con esta catástrofe social, que están originando estas políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea y que aquí son ejecutadas ciegamente y con fervor y saña por el Partido Popular y anteriormente por el PSOE.
Hace unos meses, el New York Times publicó un reportaje fotográfico sobre la realidad social de la crisis en España. Inmediatamente la prensa española y en particular la de derechas, Abc, la Razón, el Mundo, atacaron este reportaje, acusándolo de irreal.
Sin embargo, es esta misma prensa, que un día sí y otro también, quien jalea la política de recortes sociales, económicos, educativos, sanitarios, en pensiones….., en esto también debe añadirse a El País. Luego se niegan a reconocer las consecuencias sociales que provocan y nos hablan de un país irreal ¿Qué podemos decir de los políticos del PP, PSOE y CIU? Alejados totalmente de la realidad, llenos de corrupción, viviendo en sus cenáculos y no entendiendo o no queriendo ver las consecuencias que sus políticas causan en la gente. Después nos llamarán a que los votemos, ¡Pobres necios! Como dice mi amigo Víctor Moreno “idiotas morales”.
¿Qué dice el informe FOESSA 2013?
Nos habla de una pobreza muy extendida, intensa y que se va cronificando en la sociedad. Esto nos lleva a un gran incremento de la desigualdad social, cada día más profunda, que nos muestra una sociedad totalmente fracturada. Comprobemos datos:
. La pobreza severa, que la sufren aquellas personas que tiene menos de 3.650 euros anuales por persona. En el año 2008, el 4% de la población española estaba en esa situación. Sin embargo, a finales de 2012 ya se estaba en el 6,4%, es decir unos tres millones de españoles. Algunos economistas calculamos que estos datos llegarán a finales del 2013 al 7,5%, sumándose a esta nueva situación 750.000 españoles más.
Como dice José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales “la pobreza extrema es el peldaño anterior a la exclusión social, y esto supone un enorme coste humano y de recursos”.
. La pobreza relativa, serían aquellos que viven con una renta inferior a los 7.300 euros anuales, o por ejemplo una pareja con dos hijos que cuenten con una renta inferior a los 15.330 euros anuales. En el año 2008, estaban en esta situación el 19,6% de la población. Los datos de 2012 dan un salto cuantitativo llegando ya al 21,8% y representan a más de diez millones de personas. Pero los datos de finales de 2013 darán un salto cuantitativo muy importante, como consecuencia de los recortes sociales, el nivel de desempleo creciente y la reforma laboral, llegaremos al 23% siendo ya más de once millones las personas que sufrirán este tipo de pobreza.
¿Es soportable esta situación social? ¿Hasta cuándo vamos aguantar estas políticas y sus consecuencias?
El informe también nos da otros tipos de datos, analizando que a finales de 2012, la caída de la renta de los españoles era de 18.500 euros anuales, devolviéndonos a la que teníamos en el año 2001, es decir un retroceso de once años y seguimos cayendo en renta muy rápidamente como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Podemos decir que a finales de este año, estaremos en una renta per cápita de 17.000 euros anuales.
Estos datos son consecuencia del descenso en los ingresos familiares en un 4% y la subida del IPC en un 10%. Como dice Carlos Susías de la Red Contra la Pobreza y la exclusión Social en España “es una verdadera barbaridad la evolución de los últimos años”.
¿Sufrimos igual todos la crisis?
La respuesta es NO, y esto indigna. España es un país tremendamente desigual socialmente, siendo junto a Bulgaria y Rumania el país más desigual de la Unión Europea, por encima de Portugal y Grecia. A esta situación hemos llegado gracias a las políticas desarrolladas por el tándem PP-PSOE, con su cacareadas rebajas fiscales, que consistían en bajar los impuestos a los ricos y mantener o aumentarla al mundo laboral (España es un paraíso fiscal para los ricos y encima nuestro ricos no quieren pagar, como mucho practican de vez en cuando la caridad como Amancio Ortega).
En este sentido, los datos que nos da el informe FOESSA son esclarecedores. Los ingresos medios de las personas más ricas del país son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde comienzos de la crisis está diferencia se ha incrementado en un 30%.
La desigualdad en la distribución de rentas ha ido en aumento a partir de 2006, con una disminución del 5% en términos reales cada año en los hogares más pobres, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido en estos años de un 30%.
¿Qué efectos provoca n las políticas del PP?
. La destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares del país.
. Los cambios en las prestaciones sociales con la reducción de las cuantías de dichas prestaciones contributivas de desempleo y a las mayores exigencias para percibir el subsidio, ahondan en las desigualdades sociales.
. El aumento de impuestos como el IRPF y el IVA, haciendo más pobres a gran parte del país
Nos encontramos con que los servicios sociales han decrecido enormemente y las políticas de austeridad han hecho mucho más vulnerables a la población pobre. Los recortes en los servicios públicos del bienestar suponen la ruptura definitiva para los más desfavorecidos. La austeridad vulnera los derechos sociales y se está abandonando a los más pobres. Como dice Sebastián Mora “si es verdad que siempre la pobreza y la exclusión hieren al corazón, la desigualdad es un escándalo ético y político” y sigue diciendo “se está dando una especie de invisibilidad de la pobreza y de la exclusión por saturación y extensión de la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de forma importante y esto nos habla de personas más allá de las fronteras de la dignidad”.
¿Qué podemos hacer?
Salir a la calle para que se nos vea y se nos oiga que no estamos conformes con lo que pasa en el país y lo que hacen los políticos. Echar a esta cuadrilla de “idiotas morales” que nos gobiernan y hacer una sociedad más justa y solidaria. Juntos podemos.
Video de Youtube con antología de declaraciones de dirigentes del PP.
Fuente: Edmundo Fayanás Escuer
La crisis, la izquierda, los partidos y Antonio Gramsci.
“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos
histórica-mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y
a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las
relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país
determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza consuetudinaria y
conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí
mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los
momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el
aire”. Antonio Gramsci.
“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos histórica- mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el aire”. Antonio Gramsci.
“La ciudad en rebelión quedó sola, rodeada por la incomprensión
y la indiferencia del campo, y la reacción clerical y
capitalista se apoyó sólidamente sobre el campo”. Antonio Gramsci.
“Para formar los dirigentes es fundamental partir de la siguiente premisa:
¿Se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario,
se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad
de que exista tal división?”. Antonio Gramsci.
Descargar aquí.
“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos histórica- mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país determinado o en el campo internacional... La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el aire”. Antonio Gramsci.
“La ciudad en rebelión quedó sola, rodeada por la incomprensión
y la indiferencia del campo, y la reacción clerical y
capitalista se apoyó sólidamente sobre el campo”. Antonio Gramsci.
“Para formar los dirigentes es fundamental partir de la siguiente premisa:
¿Se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario,
se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad
de que exista tal división?”. Antonio Gramsci.
Descargar aquí.
domingo, 31 de marzo de 2013
Lo importante es soñar. Seguiremos, canción de Macaco.
Seguiremos - Hospital Sant Joan de Déu y Macaco from Hospital Sant Joan de Déu BCN on Vimeo.
¡Os gustará, es por una buena causa!
Los niños y niñas de la planta de Oncología del Hospital Sant Joan de Déu, y los profesionales y voluntarios que les acompañan en el centro, cantan junto a Macaco la canción "Seguiremos", un mensaje de esperanza para concienciar sobre la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Si quieres contribuir a financiar esta lucha contra el cáncer puedes hacer tu donativo en obrasocialsantjoandedeu.org
Y por favor, no te creas ni hagais caso a los mensajes en el que se dice que "Cada vez que abras el vídeo entrarán 5 céntimos - es una burda mentira para crear una de tantas cadenas de correos basuras utilizadas por los creadores de spam.
http://vimeo.com/54275902
¡Os gustará, es por una buena causa!
Los niños y niñas de la planta de Oncología del Hospital Sant Joan de Déu, y los profesionales y voluntarios que les acompañan en el centro, cantan junto a Macaco la canción "Seguiremos", un mensaje de esperanza para concienciar sobre la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Si quieres contribuir a financiar esta lucha contra el cáncer puedes hacer tu donativo en obrasocialsantjoandedeu.org
Y por favor, no te creas ni hagais caso a los mensajes en el que se dice que "Cada vez que abras el vídeo entrarán 5 céntimos - es una burda mentira para crear una de tantas cadenas de correos basuras utilizadas por los creadores de spam.
http://vimeo.com/54275902
El que avisa al viajero no es traidor
“Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas y actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos países y regiones del mundo”.
La previsión contenida en el anteproyecto de ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, actualmente en trámite de consulta, ha puesto la mosca detrás de la oreja a las ONG que trabajan en zonas de conflicto. ¿Acaso pretende el Gobierno cobrar a las víctimas el importe de los rescates pagados a sus secuestradores? Fuentes diplomáticas lo niegan rotundamente.
No sería viable. El Gobierno no puede reconocer el pago de un rescate y, aunque lo hiciera, le sería difícil presentar la correspondiente factura a los exrehenes. Pero el rescate es una mínima parte del coste de un secuestro, según expertos en seguridad. No solo se paga a los secuestradores, sino también a un puñado de intermediarios, sin contar con el despliegue de agentes del espionaje, para obtener información, o la movilización de medios de transporte.
El secuestro es la más llamativa de una serie de situaciones en las que, con más frecuencia de lo que trasciende, se ven envueltos ciudadanos españoles. Desde amantes de la aventura hasta freelance se exponen, por vocación u obligación, a situaciones de riesgo en zonas de conflicto. En un mercado laboral cada vez más precario, algunos periodistas trabajan sin ni siquiera un seguro que les garantice la atención médica o la repatriación en caso de emergencia.
El jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, intentó forzar la salida de los cooperantes españoles de los campamentos saharauis en julio pasado, esgrimiendo la amenaza de secuestro por parte de Al Qaeda. Algunos se negaron a dejar los campos de refugiados y otros volvieron al poco tiempo. Exteriores no podía impedírselo. Pero les advirtió de que lo hacían bajo su propia responsabilidad, La mayoría acabó regresando a España cuando el Frente Polisario así lo acordó.
La ley de Acción Exterior pretende reforzar los consejos de Exteriores con un instrumento disuasorio: la posibilidad de exigir el reembolso de los servicios prestados. Y se remite para ello a las recomendaciones de viaje que figuran en la página web del ministerio (www.maec.es).
Estas recomendaciones no siempre son claras. En las fichas de muchos países figura la anotación “se recomienda viajar con precaución” o “con extrema precaución”; en otros, “se desaconseja el viaje salvo extrema necesidad”; y, en siete de ellos, “no viajar bajo ninguna circunstancia”. Muchas fichas carecen de una anotación de este tipo y hay que deducir cuál es la recomendación de Exteriores a partir de la lectura del apartado sobre “condiciones de seguridad” del país.
El Ministerio pide no ir a siete países “bajo ninguna circunstancia”
No se trata solo de que las fichas hayan sido redactadas por personas distintas con criterios diferentes (¿realmente Papúa-Nueva Guinea es más peligrosa que Afganistán?), sino que no son ajenas a condicionantes políticos.
Para países como Túnez o Egipto, que intentan recuperar el turismo tras las convulsiones de la primavera árabe, es fundamental que Exteriores no ahuyente a los españoles que planean ir allí de vacaciones. Tampoco tiene sentido que Rajoy o Margallo animen a los empresarios españoles a ir a Argelia o Libia en busca de contratos mientras la página web del Ministerio les disuade de tal cosa.
Exteriores asegura que sus recomendaciones “carecen de efecto vinculante” y solo sirven como “aviso o consejo”. Y añade: “el Estado no resultará responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios [causados] tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación”. Es decir: con las reclamaciones a otra parte.
Hasta ahora, la única normativa al respecto es una orden de 25 de abril de 2002 que regula las ayudas que Embajadas y consulados pueden conceder a los españoles que se encuentran “en situación de necesidad” en el extranjero. Con excepción de las ayudas de subsistencia, a detenidos y para entierros o incineraciones, el beneficiario está obligado a reembolsarlas. Habitualmente la ayuda no llega a los 200 euros, que es la cantidad que puede entregar el consulado sin pedir permiso a Madrid.
La situación cambiará cuando entre en vigor la nueva ley: si Exteriores puede exigir el abono de los gastos a quienes no sigan sus consejos de viaje, lo contrario también vale. ¿O no?
Fuente: El País.
sábado, 30 de marzo de 2013
_--Me llega la noticia (después compruebo que es falsa, resultado de un bulo, como tantos, que corren por Internet) de que a Arguiñano lo han despedido de antena 3- ¿Tendrá algo que ver en ello estas palabras sobre la situación española, de un cocinero "crítico"?
_--Arguiñano da su opinión durante su programa de cocina el 24 de mayo de 2012. Un cocinero "explica España".
http://youtu.be/Jxj2uXbkH3c
http://youtu.be/skM5YLW3iMA
Derecho, Estado y propiedad. La libertad republicana contra la concepción liberal del Estado
Derecho, Estado y propiedad
La libertad republicana contra la concepción liberal del Estado
Luis Alegre Zahonero, Carlos Fernández Liria y Daniel Iraberri Pérez
Temas
Este artículo es la versión original del que fue publicado con el mismo título en el número 70 de la revista Temas (La Habana, abril junio 2012). Los editores cubanos hicieron una serie de modificaciones sobre el original que, normalmente, derivan en cuestiones meramente sintácticas, pero que, al menos en nuestro país, dificultan la lectura.
Hay muchas formas de matar
Pueden meterte un cuchillo en el vientre
Quitarte el pan
No curarte de una enfermedad
Meterte en una mala vivienda
Empujarte hasta el suicidio
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo
llevarte a la guerra, etc.
Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.
Bertolt Brecht, Me-Ti. El libro de los cambios. 1937
1. El Estado como “nada más que” una herramienta de dominación de clase
Desde sus orígenes, la corriente principal de la tradición marxista ha tendido a considerar el aparato del Estado como “nada más que” una herramienta de explotación y dominación de clase. En este sentido, como es lógico, la discusión sobre cuándo y cómo cabría lograr la abolición del Estado ha sido una constante.
A este respecto, hay que empezar sin duda reconociendo que ya en Engels, en Lenin e incluso en el propio Marx (aunque en menor medida) es posible encontrar indicaciones respecto a la necesaria abolición del Estado.
Ciertamente en Engels podemos encontrar las indicaciones más nítidas al respecto. Así, por ejemplo, en una carta a Bebel de marzo de 1875 considera simplemente absurda la mera idea de un “Estado libre”:
“ Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo: mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso, nosotros propondríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra "comunidad" (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa "Commune"” 1
Bien es verdad que la posición de Marx al respecto parece siempre mucho más matizada. Así, por ejemplo en la Crítica del programa de Gotha no tiene reparos en hablar del “Estado futuro de la sociedad comunista” 2 para referirse al entramado institucional que habrá de resultar tras el triunfo de la clase obrera.
No obstante, Lenin niega cualquier diferencia que pueda producirse a este respecto entre Marx y Engels . En efecto, en El Estado y la revolución, Lenin critica a quienes tratan de señalar alguna diferencia entre ambos pensadores a propósito de la cuestión del Estado 3 . A partir de aquí, Lenin se posiciona de un modo muy expreso a favor de la abolición del Estado una vez suprimida la necesidad de un aparato coactivo de explotación de clase. Y de este modo, aunque sí reconoce la necesidad de alguna estructura represiva capaz de controlar los excesos de individuos concretos, fija para la corriente principal de la tradición marxista una postura firme en defensa de la abolición del Estado como tarea ineludible del comunismo:
“sólo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay nadie a quien reprimir, "nadie" en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. No somos utopistas y no negamos lo más mínimo que es posible e inevitable que algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero, en primer lugar, para ello no hace falta una máquina especial, un aparato especial de represión; esto lo hará el propio pueblo armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso en la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer. Y, en segundo lugar, sabemos que la causa social más profunda de los excesos, consistentes en la infracción de las reglas de convivencia, es la explotación de las masas, su penuria y su miseria. Al suprimirse esta causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a "extinguirse". No sabemos con qué rapidez y gradación, pero sabemos que se extinguirán. Y con ello se extinguirá también el Estado ” 4.
Sin embargo, lo primero con lo que nos encontramos a este respecto es con un sistema de definiciones cerrado en el que Estado no remite a nada más que a las estructuras e instituciones de opresión de clase y, por lo tanto, va de suyo su “extinción” con la abolición de la sociedad de clases.
Esto es algo que se comprende a la perfección en un contexto de discusión teórica y actividad política en que se trata de confrontar aparatos estatales que, en efecto, no tienen muchas más funciones que las de carácter represivo, de sostenimiento del orden establecido y garantía de la propiedad de las clases altas. Evidentemente, cuando se habla de Estado zarista, lo primero que viene a la cabeza no es la provisión de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Ni tampoco se piensa en el instrumento de seguridad jurídica y garantías respecto a las libertades individuales.
En ese contexto, es decir, en el contexto de la I Internacional, es evidente que en la discusión con los anarquistas habría sido absurdo que los comunistas se presentasen como los defensores del Estado frente a quienes piden su abolición.
En la medida en que el Estado no sea más que una estructura de opresión de clase , es necesario defender su extinción en paralelo con la abolición de las clases. Pero esto es algo que no tiene mayor complicación ni mayor interés. Es algo que se establece por definición y que afecta al Estado solo en la medida en que no sea nada más que estructura de opresión de clase.
Como es evidente, lo que nos interesa es plantearnos si el Estado puede ser “algo más” y qué ocurre con ese “algo más” . Y a este respecto, resulta difícil negar que, además de una maquinaria para cobrar tributos y reprimir revueltas, el Estado puede sin duda desempeñar otras funciones.
En todo caso, el contexto de discusión hoy no es principalmente con el anarquismo o, en todo caso, lo es con el anarco-liberalismo tipo Nozick, que lo que defienden es, precisamente, que el estado no sea nada más que ese mínimo imprescindible para garantizar la explotación de clase.
2. El estado como “algo más que” una mera herramienta de dominación de clase
2.1. Libertad y coacción .
Incluso en lo relativo a las funciones netamente coactivas y de ejercicio de la violencia, parece claro que una parte de las tareas que le corresponden no remiten a conflictos de clase. Resulta de una ingenuidad llamativa plantear que en algún momento dejarán de ser necesarias las funciones represivas y de garantía de la seguridad, tanto interna -porque habrá llegado una nueva era de relaciones entre los hombres- como externa -porque habrá triunfado la revolución mundial.
Confiar la integridad personal a que cale en el corazón de los hombres el “no matarás” o confiar la propiedad (pública o privada) a que ya no se codicien los bienes ajenos, puede ser un objetivo noble pero basado en una pura confianza mesiánica. En ausencia de fuerzas coactivas por parte del poder del Estado, te encuentras con todo tipo de venganzas, pillajes, saqueos y la permanente amenaza del caos. A este respecto, no le falta razón a Doménico Losurdo cuando señala que los grandes procesos revolucionarios socialistas (fundamentalmente la revolución rusa y la revolución china) se encontraran como primera tarea con la necesidad de salvar un Estado ante una situación que se precipitaba al caos 5 . En realidad, cualquier proceso revolucionario obliga a replantear determinados presupuestos ingenuos que arrastramos respecto a la violencia. Por ejemplo, el proceso revolucionario venezolano ha puesto de manifiesto que es falsa la relación mecánica que desde la izquierda se tendía a establecer entre violencia y condiciones materiales. En efecto, en Venezuela nos encontramos con que se ha multiplicado el poder adquisitivo de los estratos populares y las garantías de protección social y, sin embargo, no se han reducido proporcionalmente los índices de violencia. Y por fin (recientemente y con carácter experimental) el Estado ha decidido que es necesario reforzar su capacidad coactiva a través de un cuerpo de Policía Nacional.
Es resumen, incluso desde el punto de vista de la coacción y el necesario ejercicio de la violencia, hay “algo más” , hay funciones que en absoluto cabe reducir a una función de opresión de clase y, por lo tanto, que siguen pendientes por mucho que queden abolidos los mecanismos estructurales de explotación.
2.2. Derechos de participación política
También en lo relativo a la representación y la participación política, parece difícil renunciar a un entramado institucional capaz de garantizar la toma de decisiones colectivas según procedimientos estables.
Lenin mismo reconoce que incluso la democracia más avanzada no puede prescindir de instituciones representativas. Y en el caso de Marx desde luego es transparente. En su defensa de la Comuna de París, celebra sin duda el entramado institucional de representación que se establece y los procedimientos reglados para la toma de decisiones.
A este respecto, las discusiones sobre el Estado han resultado en gran medida netamente nominales. Ciertamente, si vamos a defender una estructura institucional con procedimientos reglados para la toma de decisiones y capacidad coactiva para hacerlas cumplir, es puro voluntarismo no llamarlo “Estado”.
En todo caso, entre las funciones de eso a lo que cabe llamar “Estado” hay que incluir mecanismos de deliberación pública y decisión común que, convenientemente secuestrados y amordazados por los poderes económicos, pueden no ser “nada más que” herramientas de control de clase (por la vía de la legitimación) pero que, en principio, son irrenunciables en cualquier república democrática que quiera reclamar para sí el nombre de “comunismo” pues, de hecho, son condición necesaria para que pueda hablarse de decisiones tomadas en común. En este sentido, cabe sin demasiado problema llamar “Estado” al necesario entramado institucional que pudiera corresponder a un sistema de deliberación de soviets o consejos. A este respecto, no hay más que ver el análisis tan elogioso que hace Marx sobre el entramado institucional de la Comuna de París 6.
2.3. Derechos sociales y provisión de servicios
Pero mucho más claro es todavía el asunto si nos referimos ya a la cuestión de los servicios esenciales cuya provisión hay que atender desde instancias públicas. Aquí aparece, como es obvio, todo un ámbito de funciones del Estado que no es fácil ver por qué habrían de extinguirse con la supresión de las clases. De hecho, para mostrar que también en los países capitalistas el Estado constituye “algo más” que no se reduce a una mera función de explotación de clase, basta ver cómo se reacciona desde la izquierda (actualmente por ejemplo de un modo dramático en el caso de Europa occidental) cada vez que que se produce un nuevo ataque al Estado como garante de la provisión de ciertos servicios básicos.
Así pues, en cuanto se pone encima de la mesa la cuestión de la sanidad o la educación, es decir, en cuanto se localiza algún tipo de “algo más”, la pregunta que se impone de inmediato –si no queremos enredarnos en una discusión meramente nominal– ya no es si Estado sí o no, sino qué instituciones y con qué garantías .
3. El Estado comunista y la exigencia de atender a ese “algo más”: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales
Ahora bien, con la misma naturalidad con la que, si se considera que el Estado no es “nada más que” un instrumento de explotación de clase hay que contestar que, en ausencia de explotación, el Estado tendrá que extinguirse; con la misma naturalidad hay que decir que, si se considera que el Estado es “algo más”, la principal función de ese estado comunista será, ante todo, atender a ese “algo más”.
En efecto, si cabe localizar funciones necesarias del Estado “más allá” de la mera explotación de clase, y cabe localizarlas de hecho respecto a los distintos “tipos” o “generaciones” en que suelen clasificarse los derechos, es decir, si cabe localizar que tanto en la cuestión de los derechos civiles (conocidos a veces como derechos de primera generación), como en la cuestión de los derechos de participación política (o derechos de segunda generación) como, de un modo aún más nítido, en los derechos sociales (o de tercera generación), se juega algo más que la mera explotación de clase, entonces es evidente que la tarea de un Estado comunista debe ser garantizar ese algo más.
En primer lugar, parece obvio que un Estado comunista no puede dejar de intentar que no se produzcan agresiones y atentados entre individuos (de carácter racista, homófobo, machista o, por ejemplo, agresiones de carácter sexual). También debe evitar que se produzcan abusos del propio aparato del Estado sobre sus ciudadanos y, en esa medida, no puede dejar de garantizar cierta seguridad jurídica y garantías procesales.
Ahora bien, lo fundamental es destacar que también estos derechos y libertades dependen enteramente de la existencia de instituciones de garantía con capacidad de preservarlas de un modo efectivo. Incluso la seguridad jurídica y las garantías procesales dependen por entero de condiciones materiales para su ejercicio. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva es una mera ficción si no se garantiza la asistencia de un letrado, los medios para la defensa etc. Más clara todavía es la impotencia, por ejemplo, en la lucha contra los asesinatos machistas si el Estado no ofrece modo de cortar ni siquiera la atadura material de las mujeres a sus maridos. Pero esto, claro está, no es un argumento ni contra el Estado ni contra el derecho, sino contra la ausencia de medios e instituciones de garantía (que son, en efecto, los rasgos distintivos de un Estado comunista).
En segundo lugar, también los derechos de participación política resultan meramente ficticios e ilusorios si carecen de medios e instituciones de garantía. Derechos como, por ejemplo, el de libertad de expresión carecen en gran medida de sentido si se desconectan de las condiciones materiales para su ejercicio, es decir, si se desconecta de la cuestión del acceso a los medios de comunicación. De nuevo aquí, si hay algo que define a un Estado comunista no puede ser la renuncia a estos derechos (ya que, especialmente en el caso de los derechos de participación política, son condición de que pueda haber procesos de deliberación colectiva y, por lo tanto, decisiones tomadas en común). Por el contrario, lo que define a un estado comunista solo puede ser que, si se establece la información veraz o la libertad de expresión como derecho fundamental, se establecen al mismo tiempo las condiciones materiales y las instituciones de garantía capaces de asegurarlos; y asegurarlos significa que si se establecen como derechos fundamentales, cualquier derecho de rango inferior se subordina a su cumplimiento.
Por último, este asunto es aún más evidente en el terreno de lo que tradicionalmente se han llamado “derechos sociales” o “derechos de tercera generación”. Corresponde también esencialmente a la idea de un “Estado comunista” el imperativo incondicionado de incluir entre los derechos fundamentales toda una serie de cuestiones relativas al sustento material (la necesidad de un sistema de salud y educación público, las garantías en el acceso a la vivienda, cierta garantía mínima de ingresos, etc). En efecto, corresponde esencialmente a la tradición republicana y socialista el establecer en el mismo rango de derechos fundamentales determinadas cuestiones materiales excluidas por principio por la tradición liberal.
De hecho, cabe defender que lo que distingue esencialmente a la tradición liberal de la tradición republicana y socialista es que esta se niega a desconectar la cuestión formal de las libertades de las condiciones materiales para su ejercicio. Si se trata de garantizar la integridad personal, hay que garantizar tanto que no eres agredido con un cuchillo como que no te niegan el acceso a 2000 calorías diarias.
Ciertamente, en el caso de los derechos sociales tiende a resultarnos más nítido ( aunque el problema es exactamente el mismo ) que el problema no está en el reconocimiento del derecho (por ejemplo en el derecho a la vivienda en la Constitución española) sino en la falta de instituciones de garantía. Ante este hecho, hay juristas liberales que, con bastante descaro, tratan de defender que, si faltan instituciones de garantía , entonces es que no existía tal derecho. Sin embargo, a nuestro entender, tiene toda la razón Ferrajoli cuando sostiene que si faltan las instituciones de garantía lo único que se pone de manifiesto es una laguna que la propia arquitectónica del derecho reclama que se cubra.
4. Discusión con el liberalismo
Ahora bien, todo esto implica automáticamente una apuesta decidida por las instituciones de deliberación y decisión colectiva. En efecto, lo primero que implica asignar a todas estas cuestiones materiales el rango de derecho fundamental es la exigencia de atenderlas desde los poderes públicos y, por lo tanto, la necesidad de intervenir con fuerza en cuestiones económicas con el fin de obtener los recursos suficientes para proveer esos servicios. En efecto, si se quieren incluir esas garantías entre los derechos fundamentales, es necesario gestionar desde los poderes públicos una cantidad ingente de recursos.
Y es en este punto en el que la tradición liberal reacciona escandalizada diciendo que esas libertades “positivas” (que exigen la provisión de recursos) entran necesariamente e n contradicción con el conjunto más básico de libertades “negativas” (a las que correspondería prioridad sobre las primeras) ya que implican, como mínimo, una interferencia en ese “derecho fundamental” que sería el derecho de propiedad. En efecto, es evidente que no hay forma de proveer de todos los servicios esenciales de salud, nutrición, vivienda, educación, etc. que no pase por una notable injerencia coactiva en el terreno de la actividad individual. Ciertamente, cualquier intento de sostener un sistema amplio de provisión de servicios pasa al menos por una intensa política fiscal capaz de detraer de unos lo que va a proveer a otros (eso cuando no pasa por un plan sistemático de nacionalizaciones) y, por lo tanto, supondría una interferencia efectiva en el terreno de la propiedad privada y, por lo tanto, en uno de los elementos básicos de los derechos fundamentales de los individuos. En ese sentido, esa interferencia fiscal (cuando no de una política de expropiaciones) supondría un atentado al núcleo de las libertades individuales en sentido negativo que exigen no ser interferidas.
Resulta evidente que, desde la tradición republicana y socialista, debemos oponernos a ese planteamiento pero, desde nuestro punto de vista, la respuesta más sensata no es restar importancia a los derechos fundamentales y las libertades individuales sino denunciar que el planteamiento entero se ampara en una oposición engañosa (la que enfrenta libertades positivas y negativas) y en una confusión interesada (la que se empeña en no distinguir entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales).
4.1. Una oposición engañosa: libertad negativa / libertad positiva
En efecto, según la distinción clásica consagrada por Isaiah Berlín, las libertades negativas serían aquellas que permitiesen sin restricción a cada uno “hacer o ser lo que sea capaz de hacer o ser, sin ser interferido por otras personas” 7 . En este sentido, serían “libertades negativas” aquellas cuya función se limitase a impedir cualquier tipo de interferencia o atentado contra el espacio de libertad e integridad individual de cada uno, tanto de su persona como de su propiedad.
Ahora bien, no hay ni puede haber ninguna restricción en este sentido que no implique, al mismo tiempo, una interferencia positiva en el espacio propio de cada sujeto y su propiedad. En efecto, aunque solo sea porque también los derechos negativos implican la gestión de recursos comunes (para sostener instituciones como unos cuerpos de seguridad, un sistema penitenciario, una administración de justicia, etc.) no hay forma de garantizar ninguna libertad negativa que no pase también por una interferencia en el patrimonio por la vía de impuestos. En efecto, no solo los “derechos sociales” o aquellos que implican la provisión de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas exigen un gasto efectivo de recursos. Por el contrario, cuanto mayor sea la desigualdad y mayores las aspiraciones de las libertades negativas, mayores serán también los medios necesarios para asegurarlas. En este sentido, las libertades negativas se topan (tanto como las positivas) necesariamente con el problema de cómo obtener los recursos necesarios para garantizarlas y, al menos en ese sentido, se ven forzadas a intervenir en el ámbito privado de la propiedad privada por la vía de la recaudación.
No hay, pues, ningún derecho ni garantía (ni negativo ni positivo) que pueda eludir esta cuestión de los recursos y la recaudación tributaria y, por lo tanto, ningún derecho que no implique, como mínimo en ese sentido, la necesidad de tomar decisiones políticas (y hacerlas efectivas con carácter coactivo) que interfieren de un modo sustancial en el terreno privado de la propiedad individual .
En este sentido, la decisión política de ampliar las garantías de “integridad personal” hasta el punto de asegurar no solo seguridad sino también, por ejemplo, 2000 calorías diarias, vivienda o acceso a servicios sanitarios no introduce ninguna novedad sustancial (solo de grado) en lo relativo a la “interferencia” que implica respecto al espacio privado de la renta y el patrimonio.
4.2. Una confusión interesada: derechos fundamentales y derechos patrimoniales
Ahora bien, junto a esta distinción (a nuestro entender engañosa) entre libertades positivas y negativas, el discurso liberal reposa en una confusión (a nuestro entender interesada) entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. En efecto (al menos algunos comunistas) no rechazamos discutir la cuestión a partir del reconocimiento del carácter inalienable (absoluto e incondicionado) de ciertos derechos fundamentales (que remiten, sí, a derechos y garantías de los individuos que deben ser respetados con carácter incondicionado).
Pero, a este respecto, creemos que la discusión debe centrarse en qué cabe considerar derechos fundamentales y qué no y, ciertamente, la principal estrategia de los discursos liberales pasa siempre por defender que el derecho de propiedad debe contarse sin duda entre ellos. Sin embargo, como demuestra Ferrajoli de un modo, a nuestro entender, incontrovertible, el “derecho de propiedad” no reúne los requisitos mínimos que caracterizan a los derechos fundamentales, empezando, evidentemente, por el principal y decisivo de estos requisitos que es, precisamente, el de la posibilidad de ser derechos para todos por igual. En efecto, resulta absurdo reclamar como derecho fundamental algo que puedo tener yo solo a condición de que no lo tenga nadie más (tal como ocurre con al propiedad sobre bienes materiales). Ciertamente, yo puedo tener un derecho de propiedad sobre las tierras de mi familia, y puede tratarse de un derecho importante, pero no puedo pretender que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia constituya un derecho fundamental, pues con ello estaría exigiendo que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia fuese un derecho igual para todos, lo cual es absurdo, dado que el concepto de propiedad ya no significaría nada.
Otra cosa enteramente distinta (y que sí es, como resulta evidente, perfectamente universalizable) es el derecho de los individuos a ser, en general, sujetos del derecho a propiedad. Todos somos posibles sujetos del derecho de propiedad, pero no cabe pretender que, a partir de ahí, se conviertan en “derecho fundamental” las cuestiones relativas al patrimonio en concreto y a las distribuciones patrimoniales de hecho.
Así pues, la textura mínima que define a los derechos fundamentales es su posibilidad de estar asegurados por igual para todos. Y este puede ser el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, el derecho a recibir asistencia sanitaria o educación y, también, la posibilidad de ser propietario de bienes en general . Sin embargo, la propiedad privada sobre esas tierras o aquella renta no puede, por definición, ser universalizada y, por lo tanto, no puede aspirar al rango de derecho fundamental. La propiedad sobre un patrimonio concreto puede sin duda constituir un derecho más o menos importante. Pero, insistimos una vez más, el derecho sobre un patrimonio en concreto solo se puede tener a condición de que no lo tenga nadie más y, por lo tanto, puede constituir un derecho, sí, pero no un derecho fundamental en ningún caso, sino solo un derecho patrimonial.
Ahora bien, sin perjuicio de su importancia y del alto grado de garantías que quepa exigir al respecto, se trata necesariamente de un derecho de rango inferior que debe quedar subordinado al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y, por lo tanto, debe poder ser sometido, por ejemplo, a un impuesto de patrimonio si ello resulta necesario para atender a las exigencias de libertad, seguridad, salud, educación o independencia que en cada caso se hayan establecido constitucionalmente como derechos fundamentales.
El planteamiento en realidad no puede ser más sencillo: si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, también lo son los medios materiales y las instituciones de garantía necesarias para sostenerla y, por lo tanto, que unas tierras en concreto formen o no parte de mi patrimonio es un derecho importante pero en cualquier caso subordinado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Del mismo modo, la garantía de acceso plural a los medios de información, como condición esencial de la deliberación pública y la participación política, debe imponerse en el orden jerárquico sobre el hecho patrimonial de que la cadena sea propiedad privada de este o aquel particular. Igualmente, si se considera la salud, la educación o 2000 calorías diarias un derecho fundamental, no cabe aducir derechos patrimoniales para impedirlo. En este sentido los derechos fundamentales son todos aquellos respecto a los que no cabe la pregunta de si son viables o no (y mucho menos, claro, si son rentables o no) y respecto a los que la única pregunta posible es quién los paga.
5. El liberalismo y el intento de reducir el Estado a “nada más que” una herramienta de explotación de clase.
Así pues, todo el escándalo con el que alborota el liberalismo radical ante cualquier planteamiento de este tipo y, a partir de ahí la correspondiente propuesta de “Estado mínimo” que defienden autores como von Mises, Hayek, Nozick o Milton Friedman, se sostiene enteramente, como estamos intentando defender, sobre una distinción engañosa y una confusión interesada.
De hecho, llevando hasta límite último esa confusión, terminaría siendo imposible defender ninguna institución de garantía, ni siquiera las relativas a la protección de los derechos civiles y la seguridad jurídica mínima de los individuos (la vida, la libertad y la propiedad), pues cualquier institución de garantía (también los tribunales, la policía, el sistema penitenciario, etc.) requiere recursos. Y, ciertamente, si el Estado debe limitarse a defender las llamadas “libertades negativas” (es decir, excluyendo por supuesto cualquiera que implique directamente provisión de servicios) y se incluyen como parte de esas libertades las cuestiones patrimoniales (es decir, la defensa en cualquier caso de la estructura de distribución de renta dada), nos encontramos con que, en el límite, no se podría justificar un sistema fiscal ni siquiera para sostener la policía y los tribunales (pues todo sistema fiscal implica detraer coactivamente recursos del patrimonio de los individuos o grupos de individuos libremente asociados (empresas), lo cual sería ya por sí mismo un atentado a la libertad en sentido negativo).
En cualquier caso, aquí no nos interesan tanto las encrucijadas en las que se encuentran para justificar la necesidad y la legitimidad de las instituciones de garantía al menos para las libertades negativas (llegando a coquetear incluso con la idea de sostenerlo todo en donaciones privadas y fondos fiduciarios voluntarios; algo que realmente causa estupor). Lo que nos interesa es ver que todos los defensores del “Estado mínimo” defienda un Estado que, precisamente, se limite nada más que a las funciones que Marx consideraba propias del Estado como herramienta de dominación de clase. En efecto, incluso Robert Nozick, que es probablemente el más radical de esta tradición, termina defendiendo la existencia del Estado siempre que se limite a las funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude y la violación de contratos 8 . Es decir, exactamente los elementos que Marx demuestra que hay que sostener para garantizar la eficacia del sistema de explotación de clase. En definitiva, se trata simplemente de garantizar la propiedad (en la estructura de distribución en la que se encuentra de hecho, como si esa distribución fuese en sí misma un derecho fundamental ) y, a partir de ahí, garantizar la libertad individual sin límites para establecer contratos.
Ahora bien, conviene recordar el mecanismo elemental que Marx localiza por el que, una vez establecida una estructura de propiedad capitalista, basta consagrar la libertad para garantizar la eficacia de la explotación de clase. En efecto, como explica Marx, la negociación laboral en el mercado capitalista se establece siempre sobre el trasfondo de una determinada masa necesaria de población desempleada (a la que Marx denomina “ejército industrial de reserva” y la economía convencional denomina “tasa natural de desempleo”), es decir, una masa estructuralmente necesaria de población desmpleada que, sin embargo, depende a vida o muerte de la obtención de un salario. En estas coordenadas, resulta evidente que la absoluta “libertad individual de contrato” generaría unas condiciones de competencia en las que siempre hay gente dispuesta a trabajar un poco más barato con tal de, al menos, tener un empleo. Siempre. Con independencia de lo barato que se esté ya trabajando. Así pues, en las coordenadas de un mercado de trabajo capitalista, la “libertad individual sin límites para establecer contratos”, si no se interviene sobre las condiciones de la propiedad, implica automáticamente el más eficaz mecanismo de explotación de clase.
6. Algunos ejemplos históricos
A título de ejemplo, puede resultar interesante comentar un par de casos históricos para ilustrar en qué sentido decimos que es exactamente ahí (en el problema de la clasificación jerárquica entre distintos tipos de libertad y en el estatuto jurídico de los derechos de propiedad, es decir, en la cuestión de esa distinción engañosa entre libertades positivas y negativas y esa confusión interesada entre derechos fundamentales y patrimoniales) donde se juega y siempre se ha jugado la confrontación fundamental del republicanismo (y por supuesto del socialismo) con el liberalismo.
En primer lugar, podemos localizar a la perfección ese eje de conflicto en el centro mismo de la revolución francesa.
En esa confrontación histórica, como es lógico, la mayor parte de la atención la ha acaparado el conflicto que enfrenta a las posiciones revolucionarias en general con las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, es en el enfrentamiento interno de las fuerzas revolucionarias donde se jugaba la batalla que más actualidad tiene en nuestro contexto político actual. En efecto, desde el comienzo mismo de la revolución entran en pugna dos proyectos alternativos radicalmente incompatibles entre sí 9 . El primero de ellos, encabezado por los seguidores de Turgot y de las ideas de los fisiócratas, representaba ante todo el proyecto liberal de una sociedad de mercado en el que la libre iniciativa (económica) individual tenía que ser resguardada con carácter prioritario frente a cualquier otra consideración. Y, en este sentido, los poderes públicos tenían la función prioritaria de preservar ese espacio con toda la violencia que resultase necesaria. Por otro lado, los jacobinos reclamaban la existencia de ciertas funciones políticas que la República no podía dejar de atender (por ejemplo, garantizar el “derecho a la existencia” de toda la población como condición indispensable para su participación ciudadana) incluso si esas funciones exigían realizar interferencias en el espacio privado de la actividad económica.
Este conflicto estalla de un modo transparente a propósito de la libertad de comercio de los bienes de primera necesidad, en particular de los precios del trigo. Ciertamente, la liberalización de los precios del grano era una larga reivindicación de los propietarios para poder subir los precios (tradicionalmente tasados por los poderes municipales) y aumentar con ello el margen de ganancias. Ya en dos ocasiones el Rey había intentado llevar a cabo esta medida liberalizadora pero terminó desistiendo ante la explosión de motines de subsistencia. Así pues, es finalmente la Asamblea Constituyente (controlada por quienes Florence Gauthier denomina el “partido de los economistas”) la que el 29 de agosto de 1789 instaura el principio de la “libertad ilimitada del comercio de los granos” y, poco después, el 21 de octubre, decide militarizar Francia por medio de la “ley marcial” para evitar los motines y revueltas.
Con esta operación, ciertamente, se está lejos de evitar la “intervención” de los poderes públicos. Por el contrario, se trata de un nivel de “intervencionismo militar” realmente apabullante. Sin embargo, el perfil “liberal” de este planteamiento se cifra en un único punto: la intervención (empleando todos los medios y recursos que resulten necesarios) no puede tener más propósito que el de evitar interferencias (emanadas desde instancias de decisión colectiva) en la actividad individual y privada. En este sentido, ese concepto negativo de libertad exige que, frente a cualquier posible injerencia política (emanada de ninguna “voluntad unida”), se preserve sin interferencias el espacio de iniciativa individual de cada uno por separado, incluso si para asegurarlo hay que declarar una dictadura militar. Por su parte, el planteamiento jacobino es el inverso: hay determinados derechos fundamentales que también son derechos de los individuos (como por ejemplo el derecho a existir), que son derechos que remiten a la integridad personal (tanto como la ausencia de violencia) y que también requieren la gestión de recursos públicos (tanto como la ausencia de violencia). Así, hay determinada exigencias que se plantean a la República que deben ser atendidas por los poderes públicos incluso si para ello hay que tomar medidas que interfieren e el espacio individual y privado del patrimonio y la actividad económica.
Este mismo conflicto puede encontrarse también de un modo nítido en el siglo XX, por ejemplo, en el Chile de Allende y la reacción armada de Pinochet. En efecto, tal como analiza minuciosamente Naomi Klein 10 , la ideología que orienta la dictadura pinochetista está fundamentalmente determinada por el ultra-liberalismo económico de Milton Friedman y los denominados “Chicago Boys”. No es que no opere a la base de este planteamiento un concepto de libertad. Todo lo contrario. A la base de la legitimación ideológica hay operando un concepto negativo de libertad a partir del cual resulta intolerable la injerencia de decisiones políticas sobre el espacio del patrimonio y la libre actividad económica individual. Desde esta perspectiva, la nacionalización del cobre era considerada un atentado intolerable contra la “libertad” que exigía ser corregido así fuera a través de una sangrienta dictadura militar (y empleando para ello, por supuesto, todos los recursos materiales que fueran necesarios). A la inversa, una vez más, el planteamiento de Allende pasa por localizar en la gestión pública de recursos la única vía por la que garantizar a todos, por un lado, las condiciones materiales necesarias para el acceso a la ciudadanía tomando decisiones con soporte económico también relativas a sanidad, educación, infraestructuras o lo que se decida en cada caso.
7. Conclusión.
Contra la confusión engañosa y la confusión interesada en la que se basa el núcleo de la ideología liberal en lo relativo a la cuestión del Estado, cabría defender lo siguiente como principios fundamentales de un Estado Comunista:
1) En primer lugar, claro está, el reconocimiento de un sistema de Derechos fundamentales que abarquen el conjunto de los aspectos sin los cuales no es posible una vida digna y de participación ciudadana. Y, en este sentido, no podrían dejar de formar parte de los derechos fundamentales cuestiones relativas tanto a las libertades civiles y los derechos de participación política (derechos de 1ª y 2ª generación) como, evidentemente, cuestiones relativas a derechos sociales.
2) En segundo lugar, como es evidente, que todos los derechos fundamentales estén protegidos por las correspondientes instituciones de garantía, y, por lo tanto, esto implica asegurar los medios materiales necesarios para asegurar de un modo efectivo
a) tanto los derechos civiles (garantizando realmente principios tan elementales como, por ejemplo, el derecho a la defensa o a no ser víctima de la violencia machista, lo cual pasa antes que nada, por asegurar la gratuidad de la justicia o por neutralizar la dependencia material que une con frecuencia a las mujeres maltratadas con sus maltratadores);
b) como los derechos de participación política, muy especialmente los derechos de organización y libertad de expresión e información, lo cual pasa, por ejemplo, por impedir que los medios de comunicación se rijan por una lógica meramente empresarial en la que los dueños de un puñado de corporaciones puede contratar y despedir libremente en función de consideraciones ideológicas, de tal modo que, a la postre, se termina entendiendo sólo el derecho a ser expresada la opinión de 6 o 7 magnates; la libertad de información debe en ese sentido tener un nivel de protección y garantías al menos análogo al de la libertad de cátedra de los profesores o la libertad de los jueces; y eso sólo es posible a través del carácter público de las instituciones.
c) y, por supuesto, instituciones de garantía encargadas de asegurar el cumplimiento efectivo de las prestaciones sociales que se haya decidido incluir entre los derechos fundamentales: sanidad, educación, vivienda digna, garantía mínima de ingresos, etc.
Y, evidentemente, hablar de las instituciones de garantía es hablar de la gestión de recursos necesarios para su ejecución.
3) Y, por último, debe no perderse de vista que si estamos hablando de derechos fundamentales ( y de sus correspondientes instituciones de garantía ) es evidente que hablamos de algo que debe quedar fuera del terreno de lo “políticamente decidible” y, por lo tanto, a resguardo de cualquier posible juego de eventuales mayorías y minorías. Es decir, que del mismo modo que ninguna mayoría (por muy mayoritaria que sea) puede decidir suprimir las garantías procesales, tampoco debe poder decidir no proteger a una víctima de la violencia machista (poniendo en operación los medios, y los recursos, que resulten necesarios); igual que en cualquier ordenamiento de derecho ninguna mayoría puede decidir eliminar la libertad de expresión, tampoco hay derecho a que decida no garantizar de un modo efectivo, por ejemplo, los medios para la organización política y la información veraz; o, del mismo modo que no cabe decidir el exterminio de una minoría tampoco debe haber margen para decidir que no cubre necesidades sanitarias 11 .
A partir de aquí, cabría definir un Estado comunista como u n estado democrático en el que los derechos civiles, políticos y sociales básicos no dependan del impulso político (o no) de un eventual gobierno comunista sino que se hallen consagrados como tales derechos fundamentales y amparados (con carácter incondicional) por las correspondientes instituciones de garantía.
Notas:
1. Engels, Carta a Bebel 18-28 de marzo de 1875, MEW, 34, p. 129
2. Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW, 19, p. 29
3. Lenin, El Estado y la revolución, en Obras Escogidas,, vol. VII, Moscú, Progreso, 1977, p. 81
4. Ibid. pp. 87-88
5Cf. Doménico Losurdo, Stalin, Barcelona, Viejo Topo, 2010
6. A propósito de este análisis, conviene abrir un pequeño paréntesis sobre la cuestión de la división de poderes : Marx, parece oponerse a la división de poderes cuando comenta el asunto de la Comuna de París y se posiciona nítidamente a favor de que el legislativo asuma las funciones ejecutivas. Sin embargo, esto debe entenderse a la luz de en qué consisten los organismos ejecutivos contra los que está lanzando. En realidad, Marx propone algo bastante parecido a lo que entendemos por “división de poderes” en los sistemas parlamentarios. En efecto, en absoluto se opone a que comisiones derivadas del legislativo (y siempre bajo su control) sean las que ejercen las funciones de gobierno (es decir, algo similar al modo como se se supone que se forma y se fiscaliza al gobierno en un ordenamiento jurídico parlamentario, a través de procesos de investidura, sesiones de control, etc.). Por el contrario, lo que está combatiendo es un poder ejecutivo completamente independiente de la voluntad popular y despótico, que no desempeña más que funciones recaudatorias y represivas, y en ningún caso programas de garantía social, y que, en principio, pretende tomar a las instituciones representativas como órganos meramente consultivos sin capacidad de decisión vinculante.
7 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, pp. 121-122.
8. Cf. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1999
9Sobre este asunto, los trabajos de la historiadora francesa Florence Gauthier resultan realmente esclarecedores.
10. Cf. La doctrina del Shock, Barcelona, Paidós, 2007
11. Esto es, en definitiva, a lo que remite el “constitucionalismo rígido” de Ferrajoli que establece la necesidad de fijar un ámbito de lo “indecidible que” y lo “indecidible que no” pero no como algo contrapuesto a la democracia, sino como el sistema de garantías básico que debe asegurar todo aquello que sea condición de una vida ciudadana y una participación democrática efectiva.
La libertad republicana contra la concepción liberal del Estado
Luis Alegre Zahonero, Carlos Fernández Liria y Daniel Iraberri Pérez
Temas
Este artículo es la versión original del que fue publicado con el mismo título en el número 70 de la revista Temas (La Habana, abril junio 2012). Los editores cubanos hicieron una serie de modificaciones sobre el original que, normalmente, derivan en cuestiones meramente sintácticas, pero que, al menos en nuestro país, dificultan la lectura.
Hay muchas formas de matar
Pueden meterte un cuchillo en el vientre
Quitarte el pan
No curarte de una enfermedad
Meterte en una mala vivienda
Empujarte hasta el suicidio
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo
llevarte a la guerra, etc.
Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.
Bertolt Brecht, Me-Ti. El libro de los cambios. 1937
1. El Estado como “nada más que” una herramienta de dominación de clase
Desde sus orígenes, la corriente principal de la tradición marxista ha tendido a considerar el aparato del Estado como “nada más que” una herramienta de explotación y dominación de clase. En este sentido, como es lógico, la discusión sobre cuándo y cómo cabría lograr la abolición del Estado ha sido una constante.
A este respecto, hay que empezar sin duda reconociendo que ya en Engels, en Lenin e incluso en el propio Marx (aunque en menor medida) es posible encontrar indicaciones respecto a la necesaria abolición del Estado.
Ciertamente en Engels podemos encontrar las indicaciones más nítidas al respecto. Así, por ejemplo, en una carta a Bebel de marzo de 1875 considera simplemente absurda la mera idea de un “Estado libre”:
“ Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo: mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso, nosotros propondríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra "comunidad" (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa "Commune"” 1
Bien es verdad que la posición de Marx al respecto parece siempre mucho más matizada. Así, por ejemplo en la Crítica del programa de Gotha no tiene reparos en hablar del “Estado futuro de la sociedad comunista” 2 para referirse al entramado institucional que habrá de resultar tras el triunfo de la clase obrera.
No obstante, Lenin niega cualquier diferencia que pueda producirse a este respecto entre Marx y Engels . En efecto, en El Estado y la revolución, Lenin critica a quienes tratan de señalar alguna diferencia entre ambos pensadores a propósito de la cuestión del Estado 3 . A partir de aquí, Lenin se posiciona de un modo muy expreso a favor de la abolición del Estado una vez suprimida la necesidad de un aparato coactivo de explotación de clase. Y de este modo, aunque sí reconoce la necesidad de alguna estructura represiva capaz de controlar los excesos de individuos concretos, fija para la corriente principal de la tradición marxista una postura firme en defensa de la abolición del Estado como tarea ineludible del comunismo:
“sólo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay nadie a quien reprimir, "nadie" en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. No somos utopistas y no negamos lo más mínimo que es posible e inevitable que algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero, en primer lugar, para ello no hace falta una máquina especial, un aparato especial de represión; esto lo hará el propio pueblo armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso en la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer. Y, en segundo lugar, sabemos que la causa social más profunda de los excesos, consistentes en la infracción de las reglas de convivencia, es la explotación de las masas, su penuria y su miseria. Al suprimirse esta causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a "extinguirse". No sabemos con qué rapidez y gradación, pero sabemos que se extinguirán. Y con ello se extinguirá también el Estado ” 4.
Sin embargo, lo primero con lo que nos encontramos a este respecto es con un sistema de definiciones cerrado en el que Estado no remite a nada más que a las estructuras e instituciones de opresión de clase y, por lo tanto, va de suyo su “extinción” con la abolición de la sociedad de clases.
Esto es algo que se comprende a la perfección en un contexto de discusión teórica y actividad política en que se trata de confrontar aparatos estatales que, en efecto, no tienen muchas más funciones que las de carácter represivo, de sostenimiento del orden establecido y garantía de la propiedad de las clases altas. Evidentemente, cuando se habla de Estado zarista, lo primero que viene a la cabeza no es la provisión de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Ni tampoco se piensa en el instrumento de seguridad jurídica y garantías respecto a las libertades individuales.
En ese contexto, es decir, en el contexto de la I Internacional, es evidente que en la discusión con los anarquistas habría sido absurdo que los comunistas se presentasen como los defensores del Estado frente a quienes piden su abolición.
En la medida en que el Estado no sea más que una estructura de opresión de clase , es necesario defender su extinción en paralelo con la abolición de las clases. Pero esto es algo que no tiene mayor complicación ni mayor interés. Es algo que se establece por definición y que afecta al Estado solo en la medida en que no sea nada más que estructura de opresión de clase.
Como es evidente, lo que nos interesa es plantearnos si el Estado puede ser “algo más” y qué ocurre con ese “algo más” . Y a este respecto, resulta difícil negar que, además de una maquinaria para cobrar tributos y reprimir revueltas, el Estado puede sin duda desempeñar otras funciones.
En todo caso, el contexto de discusión hoy no es principalmente con el anarquismo o, en todo caso, lo es con el anarco-liberalismo tipo Nozick, que lo que defienden es, precisamente, que el estado no sea nada más que ese mínimo imprescindible para garantizar la explotación de clase.
2. El estado como “algo más que” una mera herramienta de dominación de clase
2.1. Libertad y coacción .
Incluso en lo relativo a las funciones netamente coactivas y de ejercicio de la violencia, parece claro que una parte de las tareas que le corresponden no remiten a conflictos de clase. Resulta de una ingenuidad llamativa plantear que en algún momento dejarán de ser necesarias las funciones represivas y de garantía de la seguridad, tanto interna -porque habrá llegado una nueva era de relaciones entre los hombres- como externa -porque habrá triunfado la revolución mundial.
Confiar la integridad personal a que cale en el corazón de los hombres el “no matarás” o confiar la propiedad (pública o privada) a que ya no se codicien los bienes ajenos, puede ser un objetivo noble pero basado en una pura confianza mesiánica. En ausencia de fuerzas coactivas por parte del poder del Estado, te encuentras con todo tipo de venganzas, pillajes, saqueos y la permanente amenaza del caos. A este respecto, no le falta razón a Doménico Losurdo cuando señala que los grandes procesos revolucionarios socialistas (fundamentalmente la revolución rusa y la revolución china) se encontraran como primera tarea con la necesidad de salvar un Estado ante una situación que se precipitaba al caos 5 . En realidad, cualquier proceso revolucionario obliga a replantear determinados presupuestos ingenuos que arrastramos respecto a la violencia. Por ejemplo, el proceso revolucionario venezolano ha puesto de manifiesto que es falsa la relación mecánica que desde la izquierda se tendía a establecer entre violencia y condiciones materiales. En efecto, en Venezuela nos encontramos con que se ha multiplicado el poder adquisitivo de los estratos populares y las garantías de protección social y, sin embargo, no se han reducido proporcionalmente los índices de violencia. Y por fin (recientemente y con carácter experimental) el Estado ha decidido que es necesario reforzar su capacidad coactiva a través de un cuerpo de Policía Nacional.
Es resumen, incluso desde el punto de vista de la coacción y el necesario ejercicio de la violencia, hay “algo más” , hay funciones que en absoluto cabe reducir a una función de opresión de clase y, por lo tanto, que siguen pendientes por mucho que queden abolidos los mecanismos estructurales de explotación.
2.2. Derechos de participación política
También en lo relativo a la representación y la participación política, parece difícil renunciar a un entramado institucional capaz de garantizar la toma de decisiones colectivas según procedimientos estables.
Lenin mismo reconoce que incluso la democracia más avanzada no puede prescindir de instituciones representativas. Y en el caso de Marx desde luego es transparente. En su defensa de la Comuna de París, celebra sin duda el entramado institucional de representación que se establece y los procedimientos reglados para la toma de decisiones.
A este respecto, las discusiones sobre el Estado han resultado en gran medida netamente nominales. Ciertamente, si vamos a defender una estructura institucional con procedimientos reglados para la toma de decisiones y capacidad coactiva para hacerlas cumplir, es puro voluntarismo no llamarlo “Estado”.
En todo caso, entre las funciones de eso a lo que cabe llamar “Estado” hay que incluir mecanismos de deliberación pública y decisión común que, convenientemente secuestrados y amordazados por los poderes económicos, pueden no ser “nada más que” herramientas de control de clase (por la vía de la legitimación) pero que, en principio, son irrenunciables en cualquier república democrática que quiera reclamar para sí el nombre de “comunismo” pues, de hecho, son condición necesaria para que pueda hablarse de decisiones tomadas en común. En este sentido, cabe sin demasiado problema llamar “Estado” al necesario entramado institucional que pudiera corresponder a un sistema de deliberación de soviets o consejos. A este respecto, no hay más que ver el análisis tan elogioso que hace Marx sobre el entramado institucional de la Comuna de París 6.
2.3. Derechos sociales y provisión de servicios
Pero mucho más claro es todavía el asunto si nos referimos ya a la cuestión de los servicios esenciales cuya provisión hay que atender desde instancias públicas. Aquí aparece, como es obvio, todo un ámbito de funciones del Estado que no es fácil ver por qué habrían de extinguirse con la supresión de las clases. De hecho, para mostrar que también en los países capitalistas el Estado constituye “algo más” que no se reduce a una mera función de explotación de clase, basta ver cómo se reacciona desde la izquierda (actualmente por ejemplo de un modo dramático en el caso de Europa occidental) cada vez que que se produce un nuevo ataque al Estado como garante de la provisión de ciertos servicios básicos.
Así pues, en cuanto se pone encima de la mesa la cuestión de la sanidad o la educación, es decir, en cuanto se localiza algún tipo de “algo más”, la pregunta que se impone de inmediato –si no queremos enredarnos en una discusión meramente nominal– ya no es si Estado sí o no, sino qué instituciones y con qué garantías .
3. El Estado comunista y la exigencia de atender a ese “algo más”: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales
Ahora bien, con la misma naturalidad con la que, si se considera que el Estado no es “nada más que” un instrumento de explotación de clase hay que contestar que, en ausencia de explotación, el Estado tendrá que extinguirse; con la misma naturalidad hay que decir que, si se considera que el Estado es “algo más”, la principal función de ese estado comunista será, ante todo, atender a ese “algo más”.
En efecto, si cabe localizar funciones necesarias del Estado “más allá” de la mera explotación de clase, y cabe localizarlas de hecho respecto a los distintos “tipos” o “generaciones” en que suelen clasificarse los derechos, es decir, si cabe localizar que tanto en la cuestión de los derechos civiles (conocidos a veces como derechos de primera generación), como en la cuestión de los derechos de participación política (o derechos de segunda generación) como, de un modo aún más nítido, en los derechos sociales (o de tercera generación), se juega algo más que la mera explotación de clase, entonces es evidente que la tarea de un Estado comunista debe ser garantizar ese algo más.
En primer lugar, parece obvio que un Estado comunista no puede dejar de intentar que no se produzcan agresiones y atentados entre individuos (de carácter racista, homófobo, machista o, por ejemplo, agresiones de carácter sexual). También debe evitar que se produzcan abusos del propio aparato del Estado sobre sus ciudadanos y, en esa medida, no puede dejar de garantizar cierta seguridad jurídica y garantías procesales.
Ahora bien, lo fundamental es destacar que también estos derechos y libertades dependen enteramente de la existencia de instituciones de garantía con capacidad de preservarlas de un modo efectivo. Incluso la seguridad jurídica y las garantías procesales dependen por entero de condiciones materiales para su ejercicio. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva es una mera ficción si no se garantiza la asistencia de un letrado, los medios para la defensa etc. Más clara todavía es la impotencia, por ejemplo, en la lucha contra los asesinatos machistas si el Estado no ofrece modo de cortar ni siquiera la atadura material de las mujeres a sus maridos. Pero esto, claro está, no es un argumento ni contra el Estado ni contra el derecho, sino contra la ausencia de medios e instituciones de garantía (que son, en efecto, los rasgos distintivos de un Estado comunista).
En segundo lugar, también los derechos de participación política resultan meramente ficticios e ilusorios si carecen de medios e instituciones de garantía. Derechos como, por ejemplo, el de libertad de expresión carecen en gran medida de sentido si se desconectan de las condiciones materiales para su ejercicio, es decir, si se desconecta de la cuestión del acceso a los medios de comunicación. De nuevo aquí, si hay algo que define a un Estado comunista no puede ser la renuncia a estos derechos (ya que, especialmente en el caso de los derechos de participación política, son condición de que pueda haber procesos de deliberación colectiva y, por lo tanto, decisiones tomadas en común). Por el contrario, lo que define a un estado comunista solo puede ser que, si se establece la información veraz o la libertad de expresión como derecho fundamental, se establecen al mismo tiempo las condiciones materiales y las instituciones de garantía capaces de asegurarlos; y asegurarlos significa que si se establecen como derechos fundamentales, cualquier derecho de rango inferior se subordina a su cumplimiento.
Por último, este asunto es aún más evidente en el terreno de lo que tradicionalmente se han llamado “derechos sociales” o “derechos de tercera generación”. Corresponde también esencialmente a la idea de un “Estado comunista” el imperativo incondicionado de incluir entre los derechos fundamentales toda una serie de cuestiones relativas al sustento material (la necesidad de un sistema de salud y educación público, las garantías en el acceso a la vivienda, cierta garantía mínima de ingresos, etc). En efecto, corresponde esencialmente a la tradición republicana y socialista el establecer en el mismo rango de derechos fundamentales determinadas cuestiones materiales excluidas por principio por la tradición liberal.
De hecho, cabe defender que lo que distingue esencialmente a la tradición liberal de la tradición republicana y socialista es que esta se niega a desconectar la cuestión formal de las libertades de las condiciones materiales para su ejercicio. Si se trata de garantizar la integridad personal, hay que garantizar tanto que no eres agredido con un cuchillo como que no te niegan el acceso a 2000 calorías diarias.
Ciertamente, en el caso de los derechos sociales tiende a resultarnos más nítido ( aunque el problema es exactamente el mismo ) que el problema no está en el reconocimiento del derecho (por ejemplo en el derecho a la vivienda en la Constitución española) sino en la falta de instituciones de garantía. Ante este hecho, hay juristas liberales que, con bastante descaro, tratan de defender que, si faltan instituciones de garantía , entonces es que no existía tal derecho. Sin embargo, a nuestro entender, tiene toda la razón Ferrajoli cuando sostiene que si faltan las instituciones de garantía lo único que se pone de manifiesto es una laguna que la propia arquitectónica del derecho reclama que se cubra.
4. Discusión con el liberalismo
Ahora bien, todo esto implica automáticamente una apuesta decidida por las instituciones de deliberación y decisión colectiva. En efecto, lo primero que implica asignar a todas estas cuestiones materiales el rango de derecho fundamental es la exigencia de atenderlas desde los poderes públicos y, por lo tanto, la necesidad de intervenir con fuerza en cuestiones económicas con el fin de obtener los recursos suficientes para proveer esos servicios. En efecto, si se quieren incluir esas garantías entre los derechos fundamentales, es necesario gestionar desde los poderes públicos una cantidad ingente de recursos.
Y es en este punto en el que la tradición liberal reacciona escandalizada diciendo que esas libertades “positivas” (que exigen la provisión de recursos) entran necesariamente e n contradicción con el conjunto más básico de libertades “negativas” (a las que correspondería prioridad sobre las primeras) ya que implican, como mínimo, una interferencia en ese “derecho fundamental” que sería el derecho de propiedad. En efecto, es evidente que no hay forma de proveer de todos los servicios esenciales de salud, nutrición, vivienda, educación, etc. que no pase por una notable injerencia coactiva en el terreno de la actividad individual. Ciertamente, cualquier intento de sostener un sistema amplio de provisión de servicios pasa al menos por una intensa política fiscal capaz de detraer de unos lo que va a proveer a otros (eso cuando no pasa por un plan sistemático de nacionalizaciones) y, por lo tanto, supondría una interferencia efectiva en el terreno de la propiedad privada y, por lo tanto, en uno de los elementos básicos de los derechos fundamentales de los individuos. En ese sentido, esa interferencia fiscal (cuando no de una política de expropiaciones) supondría un atentado al núcleo de las libertades individuales en sentido negativo que exigen no ser interferidas.
Resulta evidente que, desde la tradición republicana y socialista, debemos oponernos a ese planteamiento pero, desde nuestro punto de vista, la respuesta más sensata no es restar importancia a los derechos fundamentales y las libertades individuales sino denunciar que el planteamiento entero se ampara en una oposición engañosa (la que enfrenta libertades positivas y negativas) y en una confusión interesada (la que se empeña en no distinguir entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales).
4.1. Una oposición engañosa: libertad negativa / libertad positiva
En efecto, según la distinción clásica consagrada por Isaiah Berlín, las libertades negativas serían aquellas que permitiesen sin restricción a cada uno “hacer o ser lo que sea capaz de hacer o ser, sin ser interferido por otras personas” 7 . En este sentido, serían “libertades negativas” aquellas cuya función se limitase a impedir cualquier tipo de interferencia o atentado contra el espacio de libertad e integridad individual de cada uno, tanto de su persona como de su propiedad.
Ahora bien, no hay ni puede haber ninguna restricción en este sentido que no implique, al mismo tiempo, una interferencia positiva en el espacio propio de cada sujeto y su propiedad. En efecto, aunque solo sea porque también los derechos negativos implican la gestión de recursos comunes (para sostener instituciones como unos cuerpos de seguridad, un sistema penitenciario, una administración de justicia, etc.) no hay forma de garantizar ninguna libertad negativa que no pase también por una interferencia en el patrimonio por la vía de impuestos. En efecto, no solo los “derechos sociales” o aquellos que implican la provisión de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas exigen un gasto efectivo de recursos. Por el contrario, cuanto mayor sea la desigualdad y mayores las aspiraciones de las libertades negativas, mayores serán también los medios necesarios para asegurarlas. En este sentido, las libertades negativas se topan (tanto como las positivas) necesariamente con el problema de cómo obtener los recursos necesarios para garantizarlas y, al menos en ese sentido, se ven forzadas a intervenir en el ámbito privado de la propiedad privada por la vía de la recaudación.
No hay, pues, ningún derecho ni garantía (ni negativo ni positivo) que pueda eludir esta cuestión de los recursos y la recaudación tributaria y, por lo tanto, ningún derecho que no implique, como mínimo en ese sentido, la necesidad de tomar decisiones políticas (y hacerlas efectivas con carácter coactivo) que interfieren de un modo sustancial en el terreno privado de la propiedad individual .
En este sentido, la decisión política de ampliar las garantías de “integridad personal” hasta el punto de asegurar no solo seguridad sino también, por ejemplo, 2000 calorías diarias, vivienda o acceso a servicios sanitarios no introduce ninguna novedad sustancial (solo de grado) en lo relativo a la “interferencia” que implica respecto al espacio privado de la renta y el patrimonio.
4.2. Una confusión interesada: derechos fundamentales y derechos patrimoniales
Ahora bien, junto a esta distinción (a nuestro entender engañosa) entre libertades positivas y negativas, el discurso liberal reposa en una confusión (a nuestro entender interesada) entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. En efecto (al menos algunos comunistas) no rechazamos discutir la cuestión a partir del reconocimiento del carácter inalienable (absoluto e incondicionado) de ciertos derechos fundamentales (que remiten, sí, a derechos y garantías de los individuos que deben ser respetados con carácter incondicionado).
Pero, a este respecto, creemos que la discusión debe centrarse en qué cabe considerar derechos fundamentales y qué no y, ciertamente, la principal estrategia de los discursos liberales pasa siempre por defender que el derecho de propiedad debe contarse sin duda entre ellos. Sin embargo, como demuestra Ferrajoli de un modo, a nuestro entender, incontrovertible, el “derecho de propiedad” no reúne los requisitos mínimos que caracterizan a los derechos fundamentales, empezando, evidentemente, por el principal y decisivo de estos requisitos que es, precisamente, el de la posibilidad de ser derechos para todos por igual. En efecto, resulta absurdo reclamar como derecho fundamental algo que puedo tener yo solo a condición de que no lo tenga nadie más (tal como ocurre con al propiedad sobre bienes materiales). Ciertamente, yo puedo tener un derecho de propiedad sobre las tierras de mi familia, y puede tratarse de un derecho importante, pero no puedo pretender que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia constituya un derecho fundamental, pues con ello estaría exigiendo que la propiedad-sobre-las-tierras-de-mi-familia fuese un derecho igual para todos, lo cual es absurdo, dado que el concepto de propiedad ya no significaría nada.
Otra cosa enteramente distinta (y que sí es, como resulta evidente, perfectamente universalizable) es el derecho de los individuos a ser, en general, sujetos del derecho a propiedad. Todos somos posibles sujetos del derecho de propiedad, pero no cabe pretender que, a partir de ahí, se conviertan en “derecho fundamental” las cuestiones relativas al patrimonio en concreto y a las distribuciones patrimoniales de hecho.
Así pues, la textura mínima que define a los derechos fundamentales es su posibilidad de estar asegurados por igual para todos. Y este puede ser el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, el derecho a recibir asistencia sanitaria o educación y, también, la posibilidad de ser propietario de bienes en general . Sin embargo, la propiedad privada sobre esas tierras o aquella renta no puede, por definición, ser universalizada y, por lo tanto, no puede aspirar al rango de derecho fundamental. La propiedad sobre un patrimonio concreto puede sin duda constituir un derecho más o menos importante. Pero, insistimos una vez más, el derecho sobre un patrimonio en concreto solo se puede tener a condición de que no lo tenga nadie más y, por lo tanto, puede constituir un derecho, sí, pero no un derecho fundamental en ningún caso, sino solo un derecho patrimonial.
Ahora bien, sin perjuicio de su importancia y del alto grado de garantías que quepa exigir al respecto, se trata necesariamente de un derecho de rango inferior que debe quedar subordinado al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y, por lo tanto, debe poder ser sometido, por ejemplo, a un impuesto de patrimonio si ello resulta necesario para atender a las exigencias de libertad, seguridad, salud, educación o independencia que en cada caso se hayan establecido constitucionalmente como derechos fundamentales.
El planteamiento en realidad no puede ser más sencillo: si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, también lo son los medios materiales y las instituciones de garantía necesarias para sostenerla y, por lo tanto, que unas tierras en concreto formen o no parte de mi patrimonio es un derecho importante pero en cualquier caso subordinado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Del mismo modo, la garantía de acceso plural a los medios de información, como condición esencial de la deliberación pública y la participación política, debe imponerse en el orden jerárquico sobre el hecho patrimonial de que la cadena sea propiedad privada de este o aquel particular. Igualmente, si se considera la salud, la educación o 2000 calorías diarias un derecho fundamental, no cabe aducir derechos patrimoniales para impedirlo. En este sentido los derechos fundamentales son todos aquellos respecto a los que no cabe la pregunta de si son viables o no (y mucho menos, claro, si son rentables o no) y respecto a los que la única pregunta posible es quién los paga.
5. El liberalismo y el intento de reducir el Estado a “nada más que” una herramienta de explotación de clase.
Así pues, todo el escándalo con el que alborota el liberalismo radical ante cualquier planteamiento de este tipo y, a partir de ahí la correspondiente propuesta de “Estado mínimo” que defienden autores como von Mises, Hayek, Nozick o Milton Friedman, se sostiene enteramente, como estamos intentando defender, sobre una distinción engañosa y una confusión interesada.
De hecho, llevando hasta límite último esa confusión, terminaría siendo imposible defender ninguna institución de garantía, ni siquiera las relativas a la protección de los derechos civiles y la seguridad jurídica mínima de los individuos (la vida, la libertad y la propiedad), pues cualquier institución de garantía (también los tribunales, la policía, el sistema penitenciario, etc.) requiere recursos. Y, ciertamente, si el Estado debe limitarse a defender las llamadas “libertades negativas” (es decir, excluyendo por supuesto cualquiera que implique directamente provisión de servicios) y se incluyen como parte de esas libertades las cuestiones patrimoniales (es decir, la defensa en cualquier caso de la estructura de distribución de renta dada), nos encontramos con que, en el límite, no se podría justificar un sistema fiscal ni siquiera para sostener la policía y los tribunales (pues todo sistema fiscal implica detraer coactivamente recursos del patrimonio de los individuos o grupos de individuos libremente asociados (empresas), lo cual sería ya por sí mismo un atentado a la libertad en sentido negativo).
En cualquier caso, aquí no nos interesan tanto las encrucijadas en las que se encuentran para justificar la necesidad y la legitimidad de las instituciones de garantía al menos para las libertades negativas (llegando a coquetear incluso con la idea de sostenerlo todo en donaciones privadas y fondos fiduciarios voluntarios; algo que realmente causa estupor). Lo que nos interesa es ver que todos los defensores del “Estado mínimo” defienda un Estado que, precisamente, se limite nada más que a las funciones que Marx consideraba propias del Estado como herramienta de dominación de clase. En efecto, incluso Robert Nozick, que es probablemente el más radical de esta tradición, termina defendiendo la existencia del Estado siempre que se limite a las funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude y la violación de contratos 8 . Es decir, exactamente los elementos que Marx demuestra que hay que sostener para garantizar la eficacia del sistema de explotación de clase. En definitiva, se trata simplemente de garantizar la propiedad (en la estructura de distribución en la que se encuentra de hecho, como si esa distribución fuese en sí misma un derecho fundamental ) y, a partir de ahí, garantizar la libertad individual sin límites para establecer contratos.
Ahora bien, conviene recordar el mecanismo elemental que Marx localiza por el que, una vez establecida una estructura de propiedad capitalista, basta consagrar la libertad para garantizar la eficacia de la explotación de clase. En efecto, como explica Marx, la negociación laboral en el mercado capitalista se establece siempre sobre el trasfondo de una determinada masa necesaria de población desempleada (a la que Marx denomina “ejército industrial de reserva” y la economía convencional denomina “tasa natural de desempleo”), es decir, una masa estructuralmente necesaria de población desmpleada que, sin embargo, depende a vida o muerte de la obtención de un salario. En estas coordenadas, resulta evidente que la absoluta “libertad individual de contrato” generaría unas condiciones de competencia en las que siempre hay gente dispuesta a trabajar un poco más barato con tal de, al menos, tener un empleo. Siempre. Con independencia de lo barato que se esté ya trabajando. Así pues, en las coordenadas de un mercado de trabajo capitalista, la “libertad individual sin límites para establecer contratos”, si no se interviene sobre las condiciones de la propiedad, implica automáticamente el más eficaz mecanismo de explotación de clase.
6. Algunos ejemplos históricos
A título de ejemplo, puede resultar interesante comentar un par de casos históricos para ilustrar en qué sentido decimos que es exactamente ahí (en el problema de la clasificación jerárquica entre distintos tipos de libertad y en el estatuto jurídico de los derechos de propiedad, es decir, en la cuestión de esa distinción engañosa entre libertades positivas y negativas y esa confusión interesada entre derechos fundamentales y patrimoniales) donde se juega y siempre se ha jugado la confrontación fundamental del republicanismo (y por supuesto del socialismo) con el liberalismo.
En primer lugar, podemos localizar a la perfección ese eje de conflicto en el centro mismo de la revolución francesa.
En esa confrontación histórica, como es lógico, la mayor parte de la atención la ha acaparado el conflicto que enfrenta a las posiciones revolucionarias en general con las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, es en el enfrentamiento interno de las fuerzas revolucionarias donde se jugaba la batalla que más actualidad tiene en nuestro contexto político actual. En efecto, desde el comienzo mismo de la revolución entran en pugna dos proyectos alternativos radicalmente incompatibles entre sí 9 . El primero de ellos, encabezado por los seguidores de Turgot y de las ideas de los fisiócratas, representaba ante todo el proyecto liberal de una sociedad de mercado en el que la libre iniciativa (económica) individual tenía que ser resguardada con carácter prioritario frente a cualquier otra consideración. Y, en este sentido, los poderes públicos tenían la función prioritaria de preservar ese espacio con toda la violencia que resultase necesaria. Por otro lado, los jacobinos reclamaban la existencia de ciertas funciones políticas que la República no podía dejar de atender (por ejemplo, garantizar el “derecho a la existencia” de toda la población como condición indispensable para su participación ciudadana) incluso si esas funciones exigían realizar interferencias en el espacio privado de la actividad económica.
Este conflicto estalla de un modo transparente a propósito de la libertad de comercio de los bienes de primera necesidad, en particular de los precios del trigo. Ciertamente, la liberalización de los precios del grano era una larga reivindicación de los propietarios para poder subir los precios (tradicionalmente tasados por los poderes municipales) y aumentar con ello el margen de ganancias. Ya en dos ocasiones el Rey había intentado llevar a cabo esta medida liberalizadora pero terminó desistiendo ante la explosión de motines de subsistencia. Así pues, es finalmente la Asamblea Constituyente (controlada por quienes Florence Gauthier denomina el “partido de los economistas”) la que el 29 de agosto de 1789 instaura el principio de la “libertad ilimitada del comercio de los granos” y, poco después, el 21 de octubre, decide militarizar Francia por medio de la “ley marcial” para evitar los motines y revueltas.
Con esta operación, ciertamente, se está lejos de evitar la “intervención” de los poderes públicos. Por el contrario, se trata de un nivel de “intervencionismo militar” realmente apabullante. Sin embargo, el perfil “liberal” de este planteamiento se cifra en un único punto: la intervención (empleando todos los medios y recursos que resulten necesarios) no puede tener más propósito que el de evitar interferencias (emanadas desde instancias de decisión colectiva) en la actividad individual y privada. En este sentido, ese concepto negativo de libertad exige que, frente a cualquier posible injerencia política (emanada de ninguna “voluntad unida”), se preserve sin interferencias el espacio de iniciativa individual de cada uno por separado, incluso si para asegurarlo hay que declarar una dictadura militar. Por su parte, el planteamiento jacobino es el inverso: hay determinados derechos fundamentales que también son derechos de los individuos (como por ejemplo el derecho a existir), que son derechos que remiten a la integridad personal (tanto como la ausencia de violencia) y que también requieren la gestión de recursos públicos (tanto como la ausencia de violencia). Así, hay determinada exigencias que se plantean a la República que deben ser atendidas por los poderes públicos incluso si para ello hay que tomar medidas que interfieren e el espacio individual y privado del patrimonio y la actividad económica.
Este mismo conflicto puede encontrarse también de un modo nítido en el siglo XX, por ejemplo, en el Chile de Allende y la reacción armada de Pinochet. En efecto, tal como analiza minuciosamente Naomi Klein 10 , la ideología que orienta la dictadura pinochetista está fundamentalmente determinada por el ultra-liberalismo económico de Milton Friedman y los denominados “Chicago Boys”. No es que no opere a la base de este planteamiento un concepto de libertad. Todo lo contrario. A la base de la legitimación ideológica hay operando un concepto negativo de libertad a partir del cual resulta intolerable la injerencia de decisiones políticas sobre el espacio del patrimonio y la libre actividad económica individual. Desde esta perspectiva, la nacionalización del cobre era considerada un atentado intolerable contra la “libertad” que exigía ser corregido así fuera a través de una sangrienta dictadura militar (y empleando para ello, por supuesto, todos los recursos materiales que fueran necesarios). A la inversa, una vez más, el planteamiento de Allende pasa por localizar en la gestión pública de recursos la única vía por la que garantizar a todos, por un lado, las condiciones materiales necesarias para el acceso a la ciudadanía tomando decisiones con soporte económico también relativas a sanidad, educación, infraestructuras o lo que se decida en cada caso.
7. Conclusión.
Contra la confusión engañosa y la confusión interesada en la que se basa el núcleo de la ideología liberal en lo relativo a la cuestión del Estado, cabría defender lo siguiente como principios fundamentales de un Estado Comunista:
1) En primer lugar, claro está, el reconocimiento de un sistema de Derechos fundamentales que abarquen el conjunto de los aspectos sin los cuales no es posible una vida digna y de participación ciudadana. Y, en este sentido, no podrían dejar de formar parte de los derechos fundamentales cuestiones relativas tanto a las libertades civiles y los derechos de participación política (derechos de 1ª y 2ª generación) como, evidentemente, cuestiones relativas a derechos sociales.
2) En segundo lugar, como es evidente, que todos los derechos fundamentales estén protegidos por las correspondientes instituciones de garantía, y, por lo tanto, esto implica asegurar los medios materiales necesarios para asegurar de un modo efectivo
a) tanto los derechos civiles (garantizando realmente principios tan elementales como, por ejemplo, el derecho a la defensa o a no ser víctima de la violencia machista, lo cual pasa antes que nada, por asegurar la gratuidad de la justicia o por neutralizar la dependencia material que une con frecuencia a las mujeres maltratadas con sus maltratadores);
b) como los derechos de participación política, muy especialmente los derechos de organización y libertad de expresión e información, lo cual pasa, por ejemplo, por impedir que los medios de comunicación se rijan por una lógica meramente empresarial en la que los dueños de un puñado de corporaciones puede contratar y despedir libremente en función de consideraciones ideológicas, de tal modo que, a la postre, se termina entendiendo sólo el derecho a ser expresada la opinión de 6 o 7 magnates; la libertad de información debe en ese sentido tener un nivel de protección y garantías al menos análogo al de la libertad de cátedra de los profesores o la libertad de los jueces; y eso sólo es posible a través del carácter público de las instituciones.
c) y, por supuesto, instituciones de garantía encargadas de asegurar el cumplimiento efectivo de las prestaciones sociales que se haya decidido incluir entre los derechos fundamentales: sanidad, educación, vivienda digna, garantía mínima de ingresos, etc.
Y, evidentemente, hablar de las instituciones de garantía es hablar de la gestión de recursos necesarios para su ejecución.
3) Y, por último, debe no perderse de vista que si estamos hablando de derechos fundamentales ( y de sus correspondientes instituciones de garantía ) es evidente que hablamos de algo que debe quedar fuera del terreno de lo “políticamente decidible” y, por lo tanto, a resguardo de cualquier posible juego de eventuales mayorías y minorías. Es decir, que del mismo modo que ninguna mayoría (por muy mayoritaria que sea) puede decidir suprimir las garantías procesales, tampoco debe poder decidir no proteger a una víctima de la violencia machista (poniendo en operación los medios, y los recursos, que resulten necesarios); igual que en cualquier ordenamiento de derecho ninguna mayoría puede decidir eliminar la libertad de expresión, tampoco hay derecho a que decida no garantizar de un modo efectivo, por ejemplo, los medios para la organización política y la información veraz; o, del mismo modo que no cabe decidir el exterminio de una minoría tampoco debe haber margen para decidir que no cubre necesidades sanitarias 11 .
A partir de aquí, cabría definir un Estado comunista como u n estado democrático en el que los derechos civiles, políticos y sociales básicos no dependan del impulso político (o no) de un eventual gobierno comunista sino que se hallen consagrados como tales derechos fundamentales y amparados (con carácter incondicional) por las correspondientes instituciones de garantía.
Notas:
1. Engels, Carta a Bebel 18-28 de marzo de 1875, MEW, 34, p. 129
2. Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW, 19, p. 29
3. Lenin, El Estado y la revolución, en Obras Escogidas,, vol. VII, Moscú, Progreso, 1977, p. 81
4. Ibid. pp. 87-88
5Cf. Doménico Losurdo, Stalin, Barcelona, Viejo Topo, 2010
6. A propósito de este análisis, conviene abrir un pequeño paréntesis sobre la cuestión de la división de poderes : Marx, parece oponerse a la división de poderes cuando comenta el asunto de la Comuna de París y se posiciona nítidamente a favor de que el legislativo asuma las funciones ejecutivas. Sin embargo, esto debe entenderse a la luz de en qué consisten los organismos ejecutivos contra los que está lanzando. En realidad, Marx propone algo bastante parecido a lo que entendemos por “división de poderes” en los sistemas parlamentarios. En efecto, en absoluto se opone a que comisiones derivadas del legislativo (y siempre bajo su control) sean las que ejercen las funciones de gobierno (es decir, algo similar al modo como se se supone que se forma y se fiscaliza al gobierno en un ordenamiento jurídico parlamentario, a través de procesos de investidura, sesiones de control, etc.). Por el contrario, lo que está combatiendo es un poder ejecutivo completamente independiente de la voluntad popular y despótico, que no desempeña más que funciones recaudatorias y represivas, y en ningún caso programas de garantía social, y que, en principio, pretende tomar a las instituciones representativas como órganos meramente consultivos sin capacidad de decisión vinculante.
7 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, pp. 121-122.
8. Cf. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1999
9Sobre este asunto, los trabajos de la historiadora francesa Florence Gauthier resultan realmente esclarecedores.
10. Cf. La doctrina del Shock, Barcelona, Paidós, 2007
11. Esto es, en definitiva, a lo que remite el “constitucionalismo rígido” de Ferrajoli que establece la necesidad de fijar un ámbito de lo “indecidible que” y lo “indecidible que no” pero no como algo contrapuesto a la democracia, sino como el sistema de garantías básico que debe asegurar todo aquello que sea condición de una vida ciudadana y una participación democrática efectiva.
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