Los costes del nazismo alemán para Grecia (y para España)

Para entender la crisis existente en la Unión Europea, ayuda el conocer la que ocurrió en los años treinta en Europa,

Y como ambas crisis han afectado la relación de Alemania -el centro del sistema económico europeo- con la periferia, centrándonos en este artículo en Grecia, y con algunas notas también de la relación de Alemania con España en ambos periodos históricos.

En Alemania, la primera crisis, generada en parte por la enorme deuda pública acumulada, resultado de las exigencias de los países vencedores de la I Guerra Mundial de que este país pagara las reparaciones por los daños infligidos a los países enemigos durante el conflicto bélico, determinó la elección de un gobierno Nazi liderado por Hitler. La enorme austeridad de gasto público, con los grandes recortes realizados con el objetivo de pagar la deuda, y las reformas del mercado laboral que contribuyeron al crecimiento del desempleo generado por aquellos recortes, causaron un rechazo de la población hacia los partidos que impusieron tales medidas y llevaron a la primera elección de un gobierno Nazi en Europa. Hay que recordar que el nazismo alcanzó el poder en Alemania por la vía democrática (1) debido a su atractivo electoral (y también a la división de las izquierdas, concretamente entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista).

El nazismo sacó a Alemania de la crisis económica mediante la militarización de su economía (keynesianismo militar) y al expolio de los países periféricos, incluyendo Grecia. La ocupación de Grecia (1941-1945) fue de las más brutales que hayan existido en Europa. Aquel periodo se caracterizó por un sinfín de atrocidades. Pueblos y ciudades fueron testigos de aquellas brutalidades. Mousiotitsa (153 hombres, mujeres y niños), Kommeno (317 hombres, mujeres y niños, donde incluso 30 niños de menos de un año fueron asesinados y 38 personas fueron quemadas vivas en su casa), Kondomari (60 asesinados), Kardanos (más de 180), Distomo (214 muertos), y así una larga lista. Más de 460 poblaciones fueron destruidas y más de 130.000 civiles fueron asesinados, además, de más de 60.000 judíos que representaban la mayoría de la población judía en Grecia. El sacrificio humano fue enorme. Y la represión estaba encaminada a sostener una enorme explotación y latrocinio. En realidad, el III Reich robó el equivalente en moneda alemana de 475 millones de marcos, que significaría en moneda actual 95.000 millones de euros. Ante esta situación, ¿cómo puede pedírsele a las clases populares, que fueron las que sufrieron en mayor medida la represión, que olviden esta etapa de su vida? (ver Conn Hallinan: “Greece: Memory and Debt”, Znet Magazine, 18.03.15, de donde extraigo la mayoría de datos de este artículo).

Y lo que es importante subrayar es que los responsables de tanta brutalidad, los militares que dirigieron los asesinatos, el expolio y el latrocinio, recibieron sanciones menores en Alemania, muy por debajo de lo que la población griega exigía. El General Hubert Lanz, que dirigió una de las divisiones responsables de tales atropellos, pasó solo tres años en prisión, llegando luego a ser asesor en temas de seguridad del Partido Liberal alemán. La tolerancia, cuando no complicidad, de los gobiernos occidentales (que ayudaron más tarde a las derechas griegas –que anteriormente habían colaborado con el nazismo- a derrotar a las milicias antinazis en lo que se llamó la Guerra Civil) con los dirigentes nazis, es también conocida y recordada. Los gobiernos occidentales, que se presentaban y autodefinían como democráticos, ayudaron, como también pasó en España, a que se mantuvieran las mismas estructuras oligárquicas que han mantenido a Grecia en la pobreza y en la miseria por tantos años. En la Alemania Oriental (bajo ocupación soviética), sin embargo, los militares nazis sufrieron penas mayores. El General Karl von Le Suire (el carnicero de Kalavryta) fue capturado por la Unión Soviética y murió en un campo de concentración en 1954, y el General Friedrich Wilhelm Müller (que ordenó las masacres de Viannos) fue ejecutado por los propios griegos en 1947.

Las supuestas reparaciones del gobierno alemán
El gobierno alemán nunca ha aceptado la demanda del gobierno griego de pagarle 677.000 millones de euros para compensar todos los daños causados en su ocupación devolviendo, además, los recursos –incluyendo el dinero del Banco Central griego- que habían robado las tropas alemanas. Solo en 1960 el gobierno alemán pagó 115 millones de marcos alemanes, una cantidad insignificante a la luz del daño causado. Durante el periodo en que Alemania estaba dividida, la postura del gobierno alemán era la de que no podía hablarse de pago por reparaciones hasta que hubiera de nuevo una Alemania unida. Y cuando la hubo (en 1990), el argumento fue de que ya habían pasado muchos años, y que ya se le habían pagado a Grecia los 115 millones de marcos alemanes. ¿Cómo puede pedírsele al pueblo griego que se olvide de su enorme sacrificio y de los recursos que le robaron?

Ver estas demandas que está haciendo el gobierno Syriza como mera táctica de negociación con el gobierno alemán en la renovación del segundo rescate (aprobado por el gobierno anterior) es trivializar el significado de la ocupación nazi en Alemania y el enorme sufrimiento y pobreza que esta impuso al pueblo griego. El gobierno Syriza es el primer gobierno progresista y de izquierdas, claramente representante de las clases que sufrieron más la represión nazi, y es de justicia que una de las primeras reivindicaciones sea recuperar la memoria histórica de los vencidos y exigir reparaciones. Ver esa reivindicación como mera táctica de negociación con Alemania, como los mayores medios de comunicación españoles lo han presentado, es desconocer la historia de Grecia y de Europa, lo cual, por cierto, es muy común entre tales medios.

La doble moralidad de los países llamados democráticos
Es importante destacar también, además de la enorme insensibilidad del gobierno alemán hacia tal sufrimiento, el contraste entre como se resolvía el gran problema de la deuda pública que el gobierno alemán debía a los aliados después de la II Guerra Mundial, y lo que el gobierno alemán ha intentado imponer al gobierno griego en el pago de su deuda a los bancos alemanes (entre otros) que prestaron dinero a Grecia (para muchos proyectos que, por cierto, les originaron grandes beneficios, sin que beneficiaron en nada o en muy poco a las clases populares griegas). Los aliados en 1953 (en el Tratado de Londres) le perdonaron al Estado alemán el 50% de toda la deuda, condicionando además su pago a la existencia de un crecimiento económico que facilitara tal pago, precisamente la misma petición que está ahora haciendo el gobierno Syriza. El gobierno alemán se ha opuesto duramente a que se tratara a Grecia como se les trató a ellos en su momento. Syriza pedía las mismas condiciones, y fue el gobierno alemán el que dirigió la oposición a que tal propuesta incluso fuera considerada. ¿Cómo se le puede pedir al pueblo griego que no mire al pasado para resolver el futuro? Esta petición tiene dimensiones de cinismo. Las declaraciones del portavoz de la Canciller Merkel de que “Grecia debería concentrarse en temas actuales, mirando el futuro” es de una enorme insensibilidad, preñada de cinismo. La Sra. Merkel ignora u oculta que gran parte de los problemas existentes en Grecia se basan en lo que ocurrió en el pasado.

El nazismo y su influencia en España
La petición de la Sra. Merkel es semejante a la petición de las derechas españolas, hoy dirigidas por el Sr. Rajoy (el gran aliado de la Sra. Merkel), herederas de los que vencieron la mal llamada Guerra Civil (pues fue un golpe de Estado que venció como consecuencia de la ayuda militar del gobierno Nazi alemán e impuso una de las dictaduras más brutales que hayan existido en Europa), pidiendo a las víctimas de aquel genocidio que se olviden del pasado, mirando solo al futuro. Se ha intentado por todos los medios hacerle olvidar al pueblo español que en España hubo un golpe militar dirigido por el Ejército y por el Partido Fascista (junto con la Iglesia) que inició cuarenta años de una enorme represión (España es, después de Camboya uno de los países que tiene un mayor porcentaje de personas asesinadas y desaparecidas por motivos políticos), imponiendo un enorme subdesarrollo económico, social y cultural del país. Y nunca debería olvidarse que la victoria del golpe militar nunca hubiera existido sin la ayuda de la Alemania nazi. El gobierno nazi jugó un papel clave en garantizar la superioridad militar de los golpistas españoles. Y fueron las estructuras de poder dominantes del Estado español las que –como he mostrado en mis escritos- han sido responsables de la enorme pobreza del Estado español, de su carácter eminentemente represivo, con escasa conciencia social, y muy poco redistributivo, altamente corrupto y poco sensible a su plurinacionalidad (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España: causas y consecuencias). Aparecieron cambios, sobre todo en su etapa después de la Transición democrática, pero debido al gran desequilibrio que hubo en el periodo de la Transición entre las derechas –que controlaban al Estado y la gran mayoría de los medios- y las izquierdas –que lideraron las fuerzas democráticas- la democracia fue muy limitada. Y como consecuencia, el Estado español continúa teniendo estas mismas características. España y Grecia tienen el mayor número de policías y agentes del orden por cada 10.000 habitantes, y el menor número de adultos trabajando en su Estado del Bienestar, las mayores tasas de fraude fiscal y corrupción, y el gasto público social más bajo.

Otra Europa, otra Alemania, otra Grecia y otra España (y otra Catalunya) son posibles.
La situación actual en Europa es el resultado de una alianza entre los establishments financieros, económicos y políticos que gobiernan la vida política, financiera y económica (y mediática) de la Eurozona, frente a las clases populares de tales países, mayores recipientes de las políticas de austeridad y reformas laborales que se están imponiendo a la población sin ningún mandato popular, a costa de un enorme coste humano. Lo que se requiere es una alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales que se opongan a tales políticas, para desarrollar otra Europa que cambie la relación centro-periferia que está dañando tanto a las clases populares de la periferia como también del centro.

En este aspecto hay que saludar y aplaudir el apoyo que la izquierda alemana que, en representación de la clase trabajadora alemana (cuyas condiciones se han deteriorado considerablemente con las medidas adoptadas de los gobiernos Schröder y Merkel) han aprobado la petición del gobierno Syriza de que el gobierno alemán pague al gobierno griego las reparaciones debidas a este pueblo. Este signo de solidaridad es el mejor indicador de la posibilidad de establecer alianzas transnacionales, impidiendo y dificultando que el establishment alemán pueda utilizar tópicos casi racistas (como que los pensionistas alemanes están pagando las vacaciones de los trabajadores griegos que, además, son vagos), que reproducen los medios de mayor difusión alemanes. Hay que evitar presentar el conflicto actual como el conflicto entre el pueblo alemán por un lado, y el español y griego por otro. Verlo y presentarlo de esta manera es dificultar enormemente la necesaria alianza para construir otra Europa. El conflicto es entre las minorías financieras, económicas, políticas y mediáticas que dominan y gobiernan la gran mayoría de países de la Eurozona por un lado, y las clases populares de tales países por el otro, que están dañando el bienestar y calidad de vida de todas ellas. El elevado nivel de deterioro del mercado de trabajo alemán es un claro ejemplo de ello. El “éxito exportador alemán”, como bien ha documentado Oskar Lafontaine (que fue en su día Ministro de Finanzas del gobierno Schröder), se basa precisamente en unos salarios que están muy por debajo de lo que deberían, forzando una situación de competitividad entre los países de la Eurozona para que bajen los salarios. Mientras tanto, se le dice al trabajador alemán que el problema se debe al obrero griego que es poco disciplinado en su trabajo. Y así los medios del establishment alemán, con una narrativa incluso racista, como durante el nazismo, ofenden diariamente al obrero griego (y al alemán).

De ahí la urgencia de que se redescubran en los análisis políticos categorías de análisis olvidados desde hace bastante tiempo (como la existencia de clases y de conflicto entre ellas, que existen en cada país) que permitan establecer alianzas transnacionales de las clases populares que impidan que se utilicen narrativas orientadas a dividirlas.
Vicenç Navarro.
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Público.es

Fuente original:
http://www.caffereggio.net/2015/03/24/los-costes-del-nazismo-aleman-para-grecia-y-para-espana-de-vicenc-navarro-en-publico/

(1) Ver aquí más detalladamente como impusieron a Hitler las clases dominantes de Alemania.

También se puede documentar en el libro de Enzo Collotti. La Alemania Nazi. Alianza Ed. 1972.

Reprimenda de la ONU a España por no extraditar a cargos franquistas. Una juez argentina los reclama para interrogarlos por crímenes de lesa humanidad, pero el Gobierno alega que les ampara la ley de amnistía de 1977

La ONU vuelve a reprender a España por desatender a las víctimas del franquismo. Cuatro expertos de Naciones Unidas -el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- han redactado un duro comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 ex cargos franquistas a los que la juez Maria Servini de Cubría reclama para interrogar en Buenos Aires. La magistrada les imputa posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirman los cuatro expertos. "Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esa solicitud de extradición, pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos", añaden. Es decir, para la ONU, España debe enviar a esos 17 excargos franquistas a Argentina o juzgarlos en su territorio.

Los cuatro expertos rebaten, además, los argumentos presentados en el Consejo de Ministros para denegar la extradición de los 17 ex cargos franquistas, entre los que figura José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. "Carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. El Estado español no puede escudarse en los principios de prescipción y extinción de la responsabilidad penal [la ley de amnistía de 1977] para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables"...
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427485906_256091.html

MÁS INFORMACIÓN

• "España debe juzgar o extraditar a Billy el Niño. Es su obligación"
• Una juez argentina ordena detener a Utrera Molina y 20 cargos franquistas
• Noruega cumple el sueño de Camilo

(Foto: Botas de un fusilado cuyos restos fueron exhumados el verano pasado gracias a la donación de un sindicato noruego de electricistas. / ÓSCAR RODRÍGUEZ. Internet, El País)

Catequesis en la escuela. Es posible enseñar religión desde la laicidad, sin comprometerse con su doctrina. La asignatura confesional debiera ser una opción voluntaria sin contrapartida obligada para los que no la quieren

La enseñanza de la religión vuelve a ser motivo de debate. Es la señal de que no se ha resuelto bien el paso de la escuela nacionalcatólica a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución. Que el decreto que fija el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria convierte la clase de religión en catequesis es indiscutible, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento” y que sólo busca “ilustrar a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana”. Mientras la religión sea una materia optativa, dirigida sólo a los padres creyentes, difícilmente estará haciendo algo más que lo que siempre han hecho las catequesis o las clases de catecismo. Tal es, por otra parte, la intención implícita en los contenidos del programa. Y es lógico que sea así. Una clase de religión para católicos ha de enseñar que Dios es el autor de la creación, ha de enseñar a rezar, ha de inculcar la doctrina moral católica, ha de transmitir la idea de que la felicidad no se encuentra en esta vida, pero sí en la otra. Una clase de Religión para creyentes es lo que siempre ha sido: una clase de doctrina cristiana.

Es de justicia al hablar de este tema evocar la figura del estimado Luis Gómez Llorente, que, en sus años de diputado socialista, militó enérgicamente para encontrar un equilibrio satisfactorio entre el derecho de los padres a elegir una formación religiosa para sus hijos y la construcción de una escuela laica consecuente con los principios de la laicidad. Gómez Llorente fue testigo directo de los avatares que llevaron a la redacción del artículo 27.3 de la Constitución, que reconoce “el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, así como a la ratificación del acuerdo de 1979 sobre temas educativos con la Santa Sede. Ahí vio, a su pesar, cómo se colaba el requisito de que la enseñanza de la religión debía gozar de “condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” (artículo 2). Un extremo que había de conducir a la prescripción de la religión como una materia evaluable, equiparable a cualquier otra, y, en consecuencia, a la imposición de una asignatura alternativa para aquellos alumnos que no asisten a clase de Religión.

La indignación de quienes apuestan por una laicidad —o aconfesionalidad— manifiesta en la escuela suscita incomprensión por parte de quienes aducen que se trata, a fin de cuentas, de una materia optativa, a elegir libremente por los padres. Nadie está obligado a cursarla, ¿de dónde viene, pues, el descontento? Es para responder a esta inquietud que convendría repasar las ideas que Gómez Llorente vertió en algunos de sus escritos lamentablemente no publicados. La actitud laica, como se define en todas partes, consta de dos ingredientes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada ciudadano es libre de ser o no religioso y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse de preferir una religión a otra y hasta de militar a favor de la ausencia de religión. Desde tal actitud se explica que la enseñanza de la religión sea ofrecida como una opción libre. Incluso puede entenderse que se proponga el ámbito escolar como adecuado para ofrecer ese tipo de formación. Lo que importa es discutir los detalles y la forma de la propuesta.

Hay dos maneras de ofrecer clase de Religión en la escuela: fuera del horario lectivo y del currículum, o incluida en el horario lectivo y equiparable a cualquier otra asignatura. Esta segunda opción, a la que vuelven reiteradamente los grupos conservadores, es la que va acompañada, en nuestros pagos, de la oferta de otra asignatura para los alumnos que no escogen Religión. Pero dicha opción siempre ha sido, en palabras de Gómez Llorente, una “pseudosolución”, por dos razones. La primera, porque la “alternativa” a la religión, sea cual sea, no respeta la “voluntariedad” de los padres que no quieren ni catequesis para sus hijos ni ninguna de las variantes que se proponen obligatoriamente en su lugar. La religión confesional debiera ser una opción voluntaria sin contrapartida obligada para los que no la quieren. Tenemos una red de escuelas concertadas católicas, subvencionadas con fondos públicos, que pueden cubrir la demanda de formación religiosa de los alumnos cuyos padres lo soliciten. Obligar al resto de alumnos a cursar una alternativa a la religión contradice la libertad de conciencia que se atribuye a los ciudadanos de un Estado laico, ya que se suele olvidar que esa libertad no es sólo la de los creyentes, sino también la de los que no lo son, o la de los que profesan religiones minoritarias. Aunque parece que existen decretos similares al de la enseñanza de la religión católica para las otras religiones, es obvio que estas no serán ofrecidas de la misma forma en que lo es la religión católica, que se ampara en el acuerdo con la Santa Sede.

Hay otro elemento que hace de la solución propuesta una pseudo o mala solución al conflicto sobre la enseñanza de la religión. Suscribo la afirmación del decreto cuando dice que “el olvido y la ignorancia de la religión podría tener consecuencias catastróficas para la cultura en general y la memoria colectiva”. Es totalmente cierto. Nuestra cultura incluye el “hecho religioso” e ignorarlo es analfabetismo. Los profesores de Filosofía, Historia del Arte o Literatura comprueban cada día que la falta de cultura religiosa de los estudiantes es un obstáculo para explicar aspectos fundamentales de sus materias. No hace falta saber el Padrenuestro ni recitar el catecismo de corrido; lo que importa es tener referencias bíblicas, de la historia del cristianismo y del culto, que permitan identificar y comprender los símbolos, las imágenes, la arquitectura y el pensamiento cristiano que ha dejado huellas innegables en nuestra cultura, para bien y para mal, pero que deben ser conocidas. Tal es la razón por la que, en distintas ocasiones, se ha abogado por la creación de una asignatura, no alternativa a la doctrina católica, sino imprescindible para la adquisición de la cultura religiosa en general por parte de todos los alumnos. Una asignatura que debería abarcar tanto la historia del cristianismo (la antigua “historia sagrada”), como la de otras religiones, y que profundizara en esa “ética civil” que necesitamos todos, más allá de la moral católica, islámica o evangélica, privativas de cada una de las religiones particulares.

Tras muchos años de conflicto, habíamos llegado a consensuar una Educación para la Ciudadanía para todos los alumnos, que consistía en esa iniciación cívica indispensable para adquirir un sentido de lo que es comportarse como buen ciudadano. No era la solución óptima, a mi juicio, pero era mejor que la elección entre la religión y su “alternativa”. Comparto de nuevo la afirmación que tantas veces le oí a Gómez Llorente de que la cuestión religiosa debe importarnos a todos y que es posible enseñar religión desde la laicidad, sin comprometerse con su doctrina —lo que hace la catequesis—, pero informando de lo que ha significado y sigue significando la religión en el mundo. Ahora que el islamismo irrumpe con violencia en nuestras sociedades, no es absurdo conocer lo que ocurrió antaño con el cristianismo y lo que ha significado para bien de todos el proceso de secularización. Pero también conviene enseñar lo que le debemos a la religión en materia de costumbres y que forma parte de aquellos valores que consideramos universalizables. Valores no tan distantes de los que hoy configuran las llamadas “virtudes cívicas” fundamentales para la regeneración democrática.

Una vez más hay que lamentar que el equilibrio que se logró al redactar la Constitución no haya perdurado...
http://elpais.com/elpais/2015/03/18/opinion/1426703664_774909.html

Entrevista con el economista Juan Torres López. "Se están creando 'tendencias y demonios terroríficos' en Europa"

Gilberto Lopes
Europa “está en situación muy delicada. No se encuentra a sí misma”, dijo a “Universidad” el economista Juan Torres, uno de los autores, junto con Vincenç Navarro, de la propuesta económica de Podemos, organización que es hoy la principal fuerza política de oposición en España. Están creando “tendencias y demonios terroríficos”, advirtió. Su voz no es la única. Hace un par de semana Jospeh Stiglitz, premio Nobel de Economía, dijo en una entrevista a la cadena norteamericana CNBC que el problema de Europa no era Grecia, sino Alemania. La moneda única, el euro, “despojó a los ciudadanos —sobre todo en los países en crisis— de cualquier decisión que ellos pudiesen tener sobre su destino económico”.

“¿Por cuánto tiempo puede esto continuar?”, se preguntó Stiglitz.
Parece que no por mucho más. Aunque Torres enfatizó que “Podemos no es Syriza”, nos advirtió que España, pese al optimismo del presidente del gobierno conservador, Mariano Rajoy, “vive una situación singular”. El gobierno vende la idea de que España ya salió de la crisis, pero de ahí a que esto sea una realidad “hay una gran distancia”, en su opinión.

Economista de larga trayectoria, Torres pasó revista a la situación del país, de Podemos y de Europa, en una conversación con Universidad, en Sevilla, donde es profesor catedrático de economía. Lo que sigue son apuntes de esa conversación.

Gilberto Lopes – El presidente del gobierno Mariano Rajoy, ha augurado para España un crecimiento superior al 2% este año. “Y si no, al tiempo”, agregó. En su opinión, ¿esa es una predicción realista?
Juan Torres López - Estamos en una situación singular en España. El gobierno, la patronal y los medios de comunicación están llevando a cabo una campaña impresionante para difundir la idea de que salimos de la crisis.

A finales de año habrá elecciones generales y, en mayo, se llevarán a cabo alecciones autonómicas. La verdad es que el gobierno ha aflojado la presión sobre el gasto y eso, unido al clima preelectoral, refleja una cierta mejora del ambiente económico. Pero será una mejora artificial y aparente que lleva consigo, después, un nuevo empeoramiento, porque no se están corrigiendo las políticas que han ocasionado la recesión.
De ahí a que esa mejor expectativa se convierta en una recuperación efectiva hay una gran distancia. También está por verse si esta recuperación va a significar una mejora sustancial en las condiciones de vida de la gente.

Rajoy dice que al final de su gobierno habrá creado un millón de empleos. En España se hizo una reforma laboral en 2010 para dar mayor poder a la patronal para que esta pudiera llevar a cabo una transformación en los tipos de contratación. Pero los empleos que se crean no son resultado de una mayor contratación de trabajo, sino que se cambia contratos a tiempo completo por otros, a tiempo parcial, como lo deja en evidencia el hecho de que se están reduciendo las horas trabajadas. Se está cambiando la lógica de contratación, yéndose a un modelo laboral mucho más precario, con sueldos de miseria.

El crecimiento de la actividad económica tampoco es sustantivo. No se recupera el crédito. Aumenta el consumo sin que esté aumentando la renta familiar. La gente con algún recurso está gastando sus ahorros.
La deuda va a seguir creciendo sin remedio mientras no se pongan en marcha políticas de reactivación de la demanda que generen mayor ingreso y mayor inversión. Será difícil lograr un crecimiento del 2% este año, como promete Rajoy.

GL – En el programa de Podemos se recuerda las afirmaciones de que la políticas de austeridad eran imprescindibles para reducir la deuda pública. Lo cierto es que esas políticas no cumplieron sus promesas. En materia de deuda pública, esa ha subido en la Eurozona del 72% del PIB en 2007 al 103% en 2014. En Grecia paso del 103,1% al 174,9% y en España del 35,5% al 96,8%. ¿Cuál es la alternativa?
JTL - El documento hecho para Podemos parte del diagnóstico de una crisis general, de problemas de políticas europeas a lo cual se añade la quiebra del modelo productivo de nuestra economía y la crisis de deuda.
Estamos ante una combinación de factores desencadenantes de una situación de emergencia económica frente a la cual tenemos poca capacidad de maniobra, entre otras razones porque la política macroeconómica nos viene dada desde Europa.
Tenemos una economía que ha tratado de ser competitiva por vía de bajar salarios, lo cual nos ha empobrecido y generado problemas de exclusión social muy fuerte.
A nuestro juicio el problema fundamental es la concentración extraordinaria de la riqueza. Se ha debilitado así el mercado interno, que es el que puede generar recursos endógenos para activar la economía.
En segundo lugar, ha habido una especialización dañina de la economía en sectores como la construcción y servicios, de poco valor agregado. Hay que modificar esa lógica.
En tercer lugar, tenemos hoy una crisis de la deuda muy importante a la que hay que hacer frente racionalizando gastos y mejorando la política fiscal. Tenemos los impuestos más altos de Europa, pero también una gran evasión.
Se está produciendo, además, un auténtico desmantelamiento de los servicios básicos, como consecuencia de dos factores: la pérdida de presupuesto y la estrategia de ir dinamitando lentamente el sector público para fortalecer el negocio privado.
Rajoy habla de un mundo en el que no vive la gente. Es imposible que un sistema de salud universal no se haya resentido con los recortes que ha sufrido. Aumenta la falta de atención, los retrasos, despidos, centros de investigación que se cierran.
Eso no puede dejar de afectar los servicios. Es un proceso muy sutil que no se aprecia en el día a día pero que, con el paso del tiempo, va produciendo un auténtico destrozo en los servicios públicos.
Nosotros creemos que hay que actuar en esos campos. Hay que llegar a un gran acuerdo para que política fiscal sea efectiva, que permita combatir el fraude. Tenemos margen en el ámbito fiscal. Hay que optimizar el gasto. Pero, en realidad, ni siquiera yendo al 100% en optimización del gasto sería posible recuperar el dinamismo de nuestra economía.
Necesitamos un acuerdo de amplísimo alcance para recuperar el peso de los salarios en la economía porque eso es lo que puede generar demanda interna. Eso es delicado, pero es el prerrequisito para poner en marcha la economía.

GL – En prácticamente toda Europa se extiende el problema de la deuda. Cada vez más se apunta a Alemania como motor de una política que ha ahondado esa crisis. ¿Cuál es su criterio al respecto?
JTL - Tenemos un problema de deuda. Todavía no es completamente insostenible, pero va a llegar a serlo. España tiene compromisos, pero no es menos cierto que, en algún momento, hay que ponerse firmes.
Alemania ha impuesto a Europa una situación que ha hundido la economía. Hay que despertar de esa pesadilla, hablar de tu a tu a Europa.
La historia nos enseña que prácticamente todas las crisis de la duda se han resuelto con algún tipo de reestructuración. Hay que ser realistas y plantear las cosas de otro modo. Ahogar al deudor, como está ocurriendo en Europa, es la peor de las formas para resolver el problema de la duda.
Hay que transmitir a los españoles un mensaje de mucha sinceridad. Las políticas de los últimos decenios han empobrecido a una gran parte de España, han creado un modelo insostenible, se ha destruido tejido empresarial, han creado una enorme dependencia de centros financieros extranjeros, nos han situado en un entorno europeo muy dañino y eso ha producido heridas difíciles de curar.
El problema que tiene Europa es que Alemania ha generado un espacio tan asimétrico, tan vacío de elementos de contrapeso, que cuando ha venido una perturbación fuerte el barco se va a pique. Como decimos en el programa de Podemos, “es cada día más evidente que Europa se convierte poco a poco en una dictadura”.
La zona monetaria euro está mal diseñada, en beneficio de Alemania y de las grandes corporaciones; muy en especial de las financieras
Alemania utilizó el gran excedente comercial que lograba gracias a esas condiciones asimétricas (como la falta de políticas comunes, de políticas redistributivas, o la ausencia de una hacienda europea) para promover burbujas en la periferia. Cuando estallaron esas burbujas, no tuvo inconveniente en dedicar miles de millones de euros para financiar a sus bancos. Y ha hecho lo imposible para que la deuda privada que sus bancos alimentaron se convirtiera en deuda pública.
Alemania ha impuesto un régimen de apropiación constante de los excedentes de la periferia pero, al mismo tiempo, impone políticas que frenan la producción de esos excedentes en esa misma periferia.
Alemania está esclavizando a una gran parte de Europa con el inconveniente, además, de que son sus principales clientes y fuentes de riqueza. Lo cual no puede dar lugar sino a una contradicción en Europa que, si no se resuelve pronto, la hará saltar por los aires.

GL – En su criterio, ¿adónde puede conducir el descontento que los programas de austeridad están creando en Grecia y Europa?
JTL - Europa está en situación muy delicada, no se encuentra a sí misma y se convierte en un factor de desestabilización a su alrededor. Se están creando tendencias y demonios terroríficos.
Grecia es un caso particular. La agresión nazi fue terrible y hoy está presente. Hay un sentimiento antinazi y, por proyección, antialemán, muy fuerte. Todavía le deben dinero a Grecia, por la invasión y por crímenes de guerra.
La connivencia de los poderes europeos con los gobiernos conservadores que arruinaron el país también ha sido muy grande y muy evidente.
Es muy importante que aparezcan fuerzas que generen otras referencias intelectuales, que la gente vea que es posible otro camino, que es lo que el poder se ha empeñado en negar en Europa.

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU. Se reabre en Soria el único caso en marcha por desaparecidos en la Guerra Civil

Diso Press
El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las "órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas". La reapertura de este caso por parte de la magistrada María Luisa García lo convierte en el único caso abierto en España por desaparecidos durante la Guerra Civil española. La asociación soriana Recuerdo y Dignidad hizo entrega el pasado día 16 de Marzo, en el juzgado de Almazán, un escrito que solicitaba la reapertura del caso, después de que el archivo de la causa se produjera por desconocerse los autores materiales, pese a estar demostrados los asesinatos. En dicha solicitud de reapertura del caso se adjuntaba la información procedente de la exhumación -realizada entre el 19 y 21 de Julio de 2013-, así como la obtenida de documentos de la época, incluyendo nombres de posibles cómplices o autores. En aquella exhumación, realizada por Recuerdo y Dignidad, se localizaron seis cuerpos, por lo que cuatro siguen todavía desaparecidos. Se trata de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González, todos vecinos de Soria y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Antes de llevar acabo aquellos trabajos, la citada asociación presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de Almazán, solicitando la participación del juzgado en la exhumación, pero tras la apertura de diligencias, el 23 de octubre de 2013, se declaró el sobreseimiento provisional. La denuncia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero también fue desestimada.

España tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU pidieron este viernes en Ginebra que España "extradite a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos" durante el franquismo "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia" española de las víctimas.

El 13 de marzo, el Gobierno denegó la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.

"El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", dijo el comunicado de los expertos. “La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, añadieron.

Los expertos estuvieron en contacto con el Gobierno en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada 'querella argentina', en la que se investigan fusilamientos, torturas, robos de bebés y otros delitos.

"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", dijeron los expertos. "Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y el derecho a la verdad", agregaron.

El grupo está integrado por Ariel Dulitzky (Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias), Christof Heyns (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la tortura) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).

La mala privatización de AENA

Ginés de Rus, catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado este miércoles otra investigación de Fedea (de los profesores Juan Santaló y Pilar Socorro), en la que se analizan los modelos de privatización de la gestión aeroportuaria. Y la reciente salida a Bolsa de AENA no sale bien parada.

AENA captó 4.263 millones por la colocación en Bolsa del 49% de su capital, con lo que se convierte en una sociedad mixta, con control público. Tras repasar las investigaciones sobre el tema y casos similares en otros países, Santaló y Socorro, consideran que AENA se ha situado “en el peor de todos los mundos”. “La evidencia muestra que los modelos de gestión mixta exhiben una eficiencia en costes inferior tanto a los aeropuertos con un 100% en manos privadas, como a los que tienen un 100% de titularidad pública”.

Así las cosas, los investigadores de Fedea creen que si el objetivo del Gobierno era recaudar para reducir la deuda pública, se habría logrado “un mayor precio si se privatiza en bloque” y se vende a una compañía del sector. “Y si el objetivo es introducir eficiencia y dinamismo, AENA tendría que dividirse en partes y permitir una competencia sana entre diferentes aeropuertos”, ya sea con gestores públicos o privados. http://economia.elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427367930_711155.html

Denunciar perjudica seriamente su salud

El caso de la comandante Zaida ha despertado los sentimientos de solidaridad de mucha gente frente al abuso y la injusticia. Pero una vez más nos hemos quedado en la superficie de los fenómenos que acontecen cada día, en la piel de las noticias. Como mucho, alguien nos deja con la inquietud de que aún ganando en sede judicial —si un Tribunal Militar lo fuera—, la demandante ha perdido. Sí, no puede reincorporarse porque se enfrentará a un infierno de vida laboral. Y santas pascuas, señores. ¿Cómo una sociedad de seres humanos civilizados puede aguantar, soportar, sin degradarse que los que denuncian con razón resulten los perdedores en término de realidades? ¿No deberían ser considerados, por el contrario, como prototipos y no como protomártires? Todos conocemos a muchas Zaidas en cuarteles, oficinas, prisiones y hospitales del mundo entero, pero no nos conmueven hasta que no alcanzan notoriedad en programas de televisión. Mientras, aplicamos la misma ley, “bueno, es lo que hay”, “ya sabes, el mundo es así” y otras muletillas de ocasión que nos sirven para quitarnos la responsabilidad de encima. Julian Assange denunció con el caso Wikileaks y ahí lo tienen, prisionero en una embajada; Snowden sacó a la luz los trapos sucios de la CIA, y por ahí anda escondido; Falciani se atrevió a denunciar cómo un banco suizo servía de burladero a una panda de malhechores y ahí le tienen, semioculto y protegido por la policía para que no lo atropelle un camión. Tenga cuidado, denunciar puede complicarle seriamente la vida.—JUAN CARLOS FRAILE PÉREZ Las Rozas, Madrid 23 MAR 2015 -

Naomi Klein en Madrid “Hay que fusionar las fuerzas antiausteridad contra el cambio climático”

La escritora y periodista Naomi Klein explicó en el Círculo de Bellas Artes cómo la situación actual de crisis medioambiental pone un plazo final al sistema capitalista.

“Deberíamos entender el cambio climático como un mensaje que nos manda la naturaleza: el de la necesidad de un modelo económico diferente que sea justo y sostenible”. Con estas palabras invita Naomi Klein a pensar de manera diferente en un cambio climático que, sostiene, “no resulta tanto de las emisiones de carbono, como del modelo económico neoliberal en sí mismo”. Un modelo “basado en el crecimiento sin cortapisas” que ha llevado al planeta “a una situación límite” y que “está desahuciando a mucha gente la propia civilización”.

Klein presentó ayer en Madrid de su último libro, Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima en un abarrotado Círculo de Bellas Artes. Allí, lanzó un mensaje claro: no sólo no debemos tener miedo al cambio climático sino que debemos ver en él la posibilidad de cambiar este sistema.

“Si el cambio climático fuera el único problema derivado del capitalismo, les daría la razón a quienes dicen que no se puede cambiar el sistema, pero este sistema pone en riesgo nuestras vidas en muchos sentidos”, sostiene Klein. Lejos de mostrarse catastrofista, la escritora y periodista desprendió una gran dosis de optimismo: “Es la posibilidad de convergencia entre las fuerzas que luchan contra el sistema económico y la urgencia de la crisis climática, que nos pone un plazo final, lo que me da esperanza”, añade. Y defiende, por eso, que “es el momento de fusionar las fuerzas antiausteridad con el movimiento contra el cambio climático”.

Parte de la idea de que los tiempos de crisis son “una oportunidad única” para profundizar en la democracia. “Hay precedentes históricos que así lo demuestran”, asegura. Pero esto no ha sucedido después de 2008 y el motivo, en su opinión, es “que hemos dicho muy claramente lo que no queremos, pero nunca hemos tenido una contranarrativa convincente, que sea una alternativa a la de la austeridad”. El cambio climático, en este sentido, es la clave, lo que “lo cambia todo”, porque, según señala Klein, es “la contranarrativa más potente que tenemos contra la lógica brutal capitalismo”.

Su argumento se basa en las posibilidades que ofrece lo que ella define como “transición energética” como instrumento para combatir “la guerra de la austeridad”. En este sentido habla de nuevas formas de profundizar la democracia y, con ellas, democratizar la energía; de la creación de puestos de trabajo como apuesta por las energías renovables, de una “explosión de la propiedad participativa” en relación, precisamente, a las empresas energéticas y de la aparición de cooperativas energéticas en el ámbito local como una manera de luchar contra la austeridad.

Pero también se refiere a otros “elementos básicos para afrontar el cambio climático” como, por ejemplo, transformar la forma en que nos movemos. “Si quieres reducir el uso del coche, no puedes privatizar el transporte público, ni el sistema ferroviario, ni las compañías aéreas que son, además, sectores clave de la economía”. Se trata, en definitiva, de cambiar de forma radical el sistema político y económico que se ha impuesto en las últimas décadas, y de hacerlo a través de la lucha contra cambio climático.

Esta lucha, insiste, “entra en conflicto con la lógica del liberalismo” y choca de frente con los intereses de un sistema energético privatizado, e integrado por grandes compañías que “sólo buscan maximizar el beneficio” y que “te ven como el enemigo por utilizar paneles solares”. Por eso, dice, “no van a ponérnoslo fácil”. Por eso “Alemania trata de imponer a los países del sur de Europa la privatización, la liberalización y la austeridad, sacrificando la lucha europea contra el cambio climático, mientras en el interior de su país apuesta por recuperar el control de lo público”. Y por eso, añade, debemos “evitar la firma de un tratado de libre comercio que impida invertir la dirección”. Y asegura que podemos hacerlo.

Para lograrlo, “sólo” es necesario redefinir qué es una crisis; combatir que sean sólo las élites las que decidan cuándo la hay y romper, dice, con “el negacionismo de la crisis climática”. Con él romperemos también “el discurso del movimiento verde y liberal que se impuso en Europa y Estados en la última década”, por el que preocuparse por el cambio climático es “un lujo”, algo de lo que uno no se puede preocupar cuando no tiene nada que llevarse a la boca.

Éstas y otras cuestiones son las que plantea Naomi Klein en su último trabajo Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima, un libro que, dice, es “la respuesta atrasada” a las reacciones qué recibió tras su anterior trabajo La Doctrina del Shock, y con el que espera acercar la cuestión del cambio climático a la gente que, como ella misma, “no lee sobre el cambio climático”.
Fuentes: https://www.diagonalperiodico.net/global/26203-naomi-klein-es-momento-fusionar-fuerzas-antiausteridad-con-movimiento-contra-cambio
El Roto, de El País.

El papelajo. Que expedir un título lleve tantos años es un misterio más impenetrable que la física cuántica y una clara medida de la modernidad del país. ¿Forma parte de lo que ahora tanto nos exponen como "marca España"?

S. es un profesor madrileño que lleva varios cursos dando clase en una universidad de Estados Unidos, y que ha estado a punto de perder su trabajo y la residencia en el país porque no podía mostrar su título de doctor. S. acabó el doctorado hace dos años y medio en la Universidad Pontificia de Comillas, pero, al igual que todos los flamantes doctores españoles, sólo obtuvo un recibo diciendo que había pagado las tasas y que ya le darían el título algún día. Recibo que adjuntó en Utah a los demás documentos y que, naturalmente, causó la estupefacción e hilaridad de los funcionarios americanos. ¿Cómo? ¿Que hacía más de dos años que había terminado y sólo podía mostrar ese papelajo? S. tenía que estar mintiendo, dedujeron los burócratas, incapaces de concebir un sistema educativo que tarde años en entregar un documento oficial. Rozando ya la deportación, el desesperado S. recibió por fin el título, aunque previamente su padre tuvo que ir al Ministerio de Educación español (¡que es quien lo concede!) para legalizar allí la firma del rector. Este retraso intolerable e inconcebible sucede con todas las universidades: el padre de S., que acaba de doctorarse tardíamente en la Complutense, ha sido advertido de que tardará cuatro años en obtener el diploma por ser de un plan antiguo. Miles de jóvenes que están saliendo por la crisis de España se encuentran atrapados en esta trampa angustiosa, incapaces de convalidar sus estudios o de emplearse por la falta de ese maldito papel. Que expedir un título lleve tantos años es un misterio más impenetrable que la física cuántica y una clara medida de la modernidad del país: estamos más o menos a la altura de los monjes copistas de la Alta Edad Media. Cuando por fin recibió su título, S. lloró. Yo también estoy a punto de hacerlo.
ROSA MONTERO 24 MAR 2015

¿Qué dice, qué demuestra y qué propone Piketty?

El fenómeno Thomas Piketty está aquí, frente a nosotros. Y por las más diversas razones se hace necesario saber qué dice el joven economista francés que tanto revuelo ha causado. Pues bien: dice que vivimos en el reino de la desigualdad. Un puñado de ricos y un océano de individuos viviendo en medio de relativas penurias y escaseces.

Esto que dice Piketty no es, ciertamente, una novedad. Así ha sido el mundo casi desde siempre. Y la única excepción que se puede encontrar a esta regla histórica sería aquel estadio de la humanidad -que Luis H. Morgan y Federico Engels llamaron la comunidad primitiva- en el que todos los miembros de la sociedad eran pobres. Ese antiquísimo periodo de la historia humana en que, como decía el Quijote, no se habían inventado esas feas palabras “tuyo” y “mío”. Ese lapso de la historia en que no habían nacido ni el concepto ni la palabra riqueza. En el que todo eran penurias para todos.

A cazar, pescar y recolectar frutos e insectos para apenas sobrevivir no se le puede llamar riqueza. Pero con la aparición del pastoreo, hace 15 mil años, y de la agricultura, hace 10 mil, empezaron a aparecer la riqueza y la acumulación de ella. Y donde hay riqueza hay ricos; y donde hay ricos hay pobres. Y, como todos sabemos desde siempre, la clave está en la propiedad. De la tierra, de los animales, de las máquinas. Ser propietario es ser rico; y ser un gran propietario es ser muy rico.

Eso que ya sabíamos lo repite Piketty. Pero el joven economista lo documenta estadísticamente para los últimos 250 años. Y ahí está el mérito de su última y ya muy comentada obra: El capital en el siglo XXI. Con un exhaustivo estudio histórico-estadístico, demuestra irrefutablemente que vivimos en el reino de la desigualdad.

Hasta aquí no caben las etiquetas: ni keynesiano ni marxista. Sólo científico social. Llamarlo marxista o keynesiano por su apabullante demostración de la desigualdad social no es certero ni pertinente. Pero Thomas Piketty dice algo más. Propone un remedio para situación tan injusta, tan dolorosa, tan potencialmente peligrosa y sangrienta. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de rebeliones, revueltas y revoluciones populares como fruto de una desigualdad insoportable. Digamos que, como se dice popularmente, Piketty propone no estar jalándole más los bigotes al tigre.

Esa solución que propone consiste en el establecimiento de un impuesto universal a la riqueza y a las herencias. Y por esto tampoco cabe llamarlo keynesiano o marxista. A John Maynard Keynes no le preocupaba la desigualdad, sino el mantenimiento de la actividad económica para paliar el desempleo, fruto del estancamiento de la producción en la fase descendente del ciclo económico.

Y por esto tampoco procede llamarlo marxista. Porque los marxistas proponen la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, origen real de la desigualdad a lo largo de milenios. Abolir la propiedad privada de los medios de producción significa abolir las desigualdades. Al menos las desigualdades mayores y más potencialmente peligrosas. Platón decía que el hombre más rico sólo podría poseer cinco veces más que el individuo más pobre. Una desigualdad, digamos, razonable.

¿Pero cabe, entonces, adherirle una etiqueta a Piketty? ¿Le quedaría bien la de utopista? ¿O tal vez la de socialdemócrata? ¿Un moderno reformista? ¿Un nuevo edulcorador del capitalismo? ¿Un contrarrevolucionario? En todo caso, y sin duda alguna, una de esas personas inteligentes, cultas y sabias que piensan, contra toda evidencia histórica, que por las vías fiscal y reformista se pueden atemperar los rasgos más injustos, perversos y abominables del capitalismo. La desigualdad entre ellos.

Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

Un estudio concluye que ninguna línea española de AVE es rentable. La demanda no será suficiente para recuperar la inversión, avisa Fedea

“Ni para las empresas, ni para la sociedad”. Así de concluyentes se muestran Ofelia Betancor y Gerard Llobet en un estudio presentado este jueves que analiza si son rentables los principales corredores de alta velocidad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estiman que, ni considerando los beneficios indirectos, como los derivados de los ahorros de tiempo, la descongestión en las carreteras, o el coste evitado en trayectos de avión, se compensa la multimillonaria inversión realizada. La clave, aducen, es que el nivel de demanda no es, ni será, suficiente para generar los ingresos precisos.

Un anterior estudio de Fedea (en cuyo patronato participan el Banco de España y una docena de grandes compañías) contrastaba las grandes cifras del despliegue del tren de alta velocidad con lo ocurrido en otros países. Un contraste que precipita la pregunta sobre la rentabilidad de esa apuesta: La red española, con 2.515 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, es la segunda mayor del mundo, solo detrás de la china. Y, con mucha diferencia, es la mayor en términos relativos: 54 kilómetros por millón de habitantes, frente a los 31 kilómetros de Francia. Sin embargo, el número de viajeros que usan este modo de transporte está muy lejos del que registran otros países: aun con el repunte registrado el año pasado —un incremento del 16%, hasta los 29,7 millones de viajeros—, en España hay 11.800 pasajeros por kilómetro operativo de AVE, cuando en Japón (158.121) o Francia (61.400) la relación es mucho mayor.

El punto de partida, pues, es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE. Y que, como destacan los investigadores de Fedea, el despliegue ha tenido un coste multimillonario para las arcas públicas, pese a que el coste por kilómetro de vía es de los más bajos del mundo: se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas, con obras programadas que sumarán 12.000 millones más. Es, además, una prioridad de este y anteriores Gobiernos. El Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en servicio 1.000 kilómetros más para conectar a ocho capitales a la red de alta velocidad, lo que se llevará casi la mitad de la inversión que ha presupuestado para 2015.

La cuestión a la que quieren responder los investigadores es si esa inversión acabará siendo recuperada en 50 años desde el inicio de la construcción de las vías. Para ello estiman los ingresos en el periodo y los costes variables (explotación, mantenimiento, compra de trenes, etc). En el cálculo aplican una tasa de descuento —la rentabilidad mínima exigida a un proyecto de inversión—, que permite comparar la inversión inicial con el flujo de ingresos y costes acumulados en ese medio siglo. Y expresa el resultado (el valor esperado descontado de cada magnitud) en euros de 2013.

El estudio se concentra en los cuatro principales corredores de AVE, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Andalucía, el Madrid-Levante y el Madrid-Norte, que suman más del 70% del tráfico y cerca del 60% de la inversión hecha. En los tres primeros, los ingresos superan los costes variables, lo que implica que es mejor seguir operándolos que dejar de hacerlo. En el Madrid-Norte, sin embargo, incluso la propia explotación sería deficitaria, con lo que el coste para las arcas públicas seguiría aumentando. A diferencia del resto, este corredor no ha conectado aún en alta velocidad real (y por tanto no ha podido robar viajeros al avión) con el área de más peso económico, en este caso el País Vasco, y la mayoría de los trayectos se cubren con trenes Alvia, que no llegan a los 250 kilómetros por hora...

La conclusión del estudio es contundente. La construcción de las líneas AVE no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha, en comparación con la posición de partida, una red ferroviaria convencional en convivencia con aeropuertos y autovías. Y, tras lamentar que el Gobierno no haya publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de cada corredor, destaca “el alto coste de oportunidad que habrá asumido la sociedad española como consecuencia de tales decisiones de inversión y la persistencia de sus consecuencias para el futuro”. Solo un aumento muy considerable de los viajeros, que desborde las previsiones hechas en este trabajo –Fomento cree posible duplicar el tráfico en cinco años-, limitaría esas pérdidas.

Los investigadores de Fedea especulan con otras razones, más allá de las económicas, para explicar este inusitado despliegue de la red de alta velocidad. “Una de ellas puede ser el supuesto rédito político”, añaden, antes de desgranar otras “justificaciones empleadas”: “el prestigio otorgado a España”, “el desarrollo de la industria nacional” o “la cohesión política”. “Nuestros resultados ponen de manifiesto la falta de justificación económica fundamentada para acometer las inversiones de alta velocidad en España”, insisten.
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427367930_711155.html

La pregunta obligada, ¿Alguien responderá, se harán responsables los gestores, los gobiernos?

El AVE un desastre económico y social para toda la vida.

Edmundo Fayanás Escuer
Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), organización financiada por los bancos privados y cuyos estudios vienen a apoyar y justificar los grandes proyectos de las elites nacionales, acaban de presentar un análisis sobre el AVE en España realizado por Germá Bel titulado “la experiencia internacional en la alta velocidad ferroviaria”. Las conclusiones de dicho estudio son claras “El AVE en España ha sido un desastre en términos económicos, no políticos” Es decir, que los políticos tanto del PP/PSOE han usado el AVE como una herramienta de beneficio político propio, con consecuencias económicas catastróficas.

Hemos de saber, que el precio que paga el viajero, sólo es un tercio del coste real del viaje, los otros dos tercios los paga el Estado. El coste diario a las arcas del Estado es inmenso. Es decir, que el poco dinero que hay, va destinado a financiar un AVE ruinoso y deficitario, a costa de otros proyectos sociales como podrían ser educación, sanidad, dependencia, etc…

¿Cuál es la situación actual del AVE español?
España es el segundo país del mundo en Km de AVE con 2.515 km, ocupando China el primer lugar con 11.067 km. El tercer país es Japón con 2.090 km y Francia el cuarto con 1.893 km. A estos 2.515 km ya en funcionamiento habrá que añadirle los 1.200 km que el PP quiere inaugurar para las elecciones, siendo una muestra más de la estupidez e irresponsabilidad política.

Para que seamos conscientes del desastre económico, es preciso compararlo con lo que pasa en otros países. En el año 2015, el número de pasajeros por km en España era de 11.800 viajeros, mientras que en Francia era de 61.400 y en Japón de 158.121.

España ha gastado unos 90.000 millones de euros en esos 2.015 km de Ave y el coste del mantenimiento anual de un km de Ave es de 100.000 euros. Mientras el ratio de pasajeros por Km en España es de 2,8, en Francia llega a 41,5. Sólo dos líneas del AVE en el mundo son rentables económicamente, la japonesa Tokio-Osaka y la francesa Lyon-París. La Comisión Europea considera que no deberían hacerse líneas de AVE que no garanticen al menos seis millones de pasajeros.

Los economistas de Fedea hablan de un coste de 52.000 millones de euros en la construcción de loa 2.515 km. La realidad es mucho más cruel, pues el gasto total rondan los 90.000 millones de euros, con lo que las variables con las que han sido estudiadas empeoran ostensiblemente. A esto hay que añadirle, que el PP pretende inaugurar a lo largo de 2015, año electoral, otros 1.200 km con un coste suplementario de otros 38.000 millones de euros, lo que va a provocar una herencia económica imposible de soportar.

Fedea analiza tres de las líneas más importantes del AVE español. La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, que no llega a cinco millones de viajeros, es la más usada del país y tan sólo recuperaría a muy largo plazo el 46% de los costes de la inversión. La línea Madrid-Andalucía, sólo tiene unos tres millones de viajeros y recuperaría a largo plazo el 11% de la inversión. La tercera línea analizada es la de Madrid –Levante y recuperaría el 10% de la inversión. Como vemos, un desastre económico sin paliativos y de efectos duraderos.

Han analizado también la prevista línea Madrid norte de España, donde los ingresos esperados, en este caso, ni tan siquiera cubrirán los costes mínimos de funcionamiento.

Su capacidad de recuperación de la inversión será O%, por lo que se aconseja ni siquiera abrirla al tráfico ferroviario.

Está claro, que ninguna de las líneas del AVE español tiene un sentido económico ni social. En sus conclusiones, el AVE no genera más que una inducción moderada de nuevos desplazamientos, sustituyendo a otros medios de transporte. Puede incluso tener un impacto negativo en cuanto a la actividad de ciudades pequeñas, puesto que su efecto es de centralización de las actividades de servicios y no generan nuevas actividades, ni atrae inversión. No tiene efectos, más que marginales, a largo plazo en el turismo y produce, teniendo en cuenta los costes públicos un beneficio desproporcionado para los usuarios de rentas elevadas.

Como dice el economista Germá Bel “El AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos de España: Es una inversión política, sin ningún sentido desde el punto de vista económico, En España las obras del AVE han creado un problema, el de qué hacer para que se use más, y no hay solución”.

El Secretario de Estado de Transporte de Estados Unidos, Roy Lahood, del gobierno de Obama visitó España en el año 2011, invitado por el ministro de Fomento socialista José Blanco, se mostró encantado de los fantásticos trenes españoles, hasta que le enseñaron las facturas de los costes. Ray Lahood le dijo a Blanco “ustedes son ricos, nosotros no nos podemos permitir”.

¿Qué es lo que han hecho otros países europeos más ricos y más responsables que España?
Todos los países europeos se han planteado una mejora de sus sistemas ferroviarios, modernizándolos con vía rápidas de hasta 200 km de velocidad, que se utiliza tanto para transporte de viajeros, como de mercancías y muy importante para el desarrollo de los trenes de cercanías. Toda esta modernización tiene un coste de sólo el 40% del que supone el AVE y además estas vías solo se puedeN emplear para el transporte de viajeros. En España, la única idea ha sido tener la infraestructura ¿el para qué sirve y su coste? Nunca se ha planteado, así estamos como estamos.

Aquí los informes técnicos que se hacen para las inversiones públicas, no se realizan con el mínimo rigor científico sino exclusivamente para justificar los intereses políticos del partido de turno PP/PSOE y el de las constructoras. En Estados Unidos una infraestructura debe demostrar que será rentable para poder ser financiada con dinero público.

Aquí en Navarra, se sigue construyendo el AVE con el apoyo de PSOE/PP/UPN y todo ello en nombre de la modernidad. Se llevan gastados unos 600 millones de euros, en una obra que debe pararse YA. Si esos 600 millones se hubieran dedicado a bienestar social y dependencia hoy no tendríamos el drama social que asola la comunidad foral.

Esos partidos mencionados, nos han llamado de TODO, cuando desde hace años denunciamos la nula viabilidad económica y social del AVE navarro. Deberían pedir perdón a la ciudadanía. Son los mismos partidos que apoyaron el Navarra Arena símbolo del despilfarro y que han apoyado y alentado el austericio que sufrimos. Me pregunto ¿Es coherente seguirles votando? Fuente: Internet

El Congreso aprueba la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Catálogo de conductas prohibidas: 44 acciones que te costarán una multa.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada este jueves en el Congreso, plantea multas de un máximo de 600.000 euros. Las sanciones ascenderán hasta 30.000 euros por impedir un desahucio o tomar y difundir imágenes de la policía.

La aprobación definitiva este jueves de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, pone fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto ha sufrido varios cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013. La norma entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

En unos casos han desaparecido del redactado algunas de las conductas más polémicas, como la que sancionaba los "ultrajes a España", y en otros se han rebajado las sanciones a imponer: concentrarse sin autorización ante el Congreso de los Diputados ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros, sino con un máximo de 30.000, siempre que se realice una "perturbación grave de la seguridad ciudadana", según informa Europa Press.

También se ha matizado la norma para establecer que serán multados quienes use graben a la policía y usen esas imágenes de manera que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes".

Finalmente estas son las 44 razones por las que alguien podría ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 siempre que no sea delito. 4 faltas muy graves: entre 30.001 y 600.000 euros

Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

23 faltas graves: entre 601 y 30.000 euros
Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia. La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra "cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes" por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

17 faltas leves: entre 100 y 600 euros
La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
No denunciar la perdida o el robo de un arma.
Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida,
considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
Negarse a darle la documentación a la Policía.
Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Reforma del Código Penal
La otra normativa aprobada definitivamente ayer es la reforma del Código Penal presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2013 y la relativa al Pacto Antiterrorista. La reforma del Código Penal contempla una serie de modificaciones pactadas entre el PSOE y el Partido Popular tras la tragedia de Charlie Hebdo. Entre otras, la cadena perpetua -denominada en el texto prisión permanente revisable- para delitos de terrorismo con víctimas mortales y el aumento de la pena máxima de cárcel para delitos de enaltecimiento de terrorismo hasta los 3 años, con lo que las personas condenadas por este delito podrían ir directamente a la cárcel aun sin tener antecedentes penales. También incluye como delito el “adiestramiento pasivo”, en referencia a la visita de páginas web yihadistas.

La reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán ahora a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación administrativa tendrá que agotar esa vía y acudir a una jurisdicción menos garantista. Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones con importantes multas, o delitos, acciones relacionadas con la protesta social, muchas de ellas popularizadas a partir del 15M, como la ocupación de entidades bancarias o las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.

El Partido Popular ha sido el único en defender en el Congreso la entrada en vigor de la pena de prisión permanente revisable, a la que han tachado de medida “moderna” que trata de evitar “rigideces” y responde a los “problemas” de las personas. Un hemiciclo medio vacío ha asistido a un debate en el que el PP ha defendido que la cadena perpetua se trata de una medida apoyada por dos tercios de la sociedad, un apoyo que ha sido puesto en duda por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Esta organización ha realizado una encuesta en la que se explican las condiciones del sistema penal, y en la que se muestra que, facilitando algunos elementos de información, sobre el coste de mantener en prisión permanente a una persona, los encuestados cambian su opinión sobre esta medida.

Leer también:
El nuevo Código Penal califica de “terrorismo” las filtraciones periodísticas
La ciudadanía como objeto de sospecha
Fuente:
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/26/las_conductas_que_sancionara_ley_mordaza_30441_1012.html

Autobombo

Ya se acercan las elecciones y Madrid vuelve a llenarse de propaganda de autobombo del Gobierno de la Comunidad. “La mejor sanidad”, “los mejores servicios”, “la mejor comunidad”... La mejor y los mejores, ni más ni menos. Es difícil ser más soberbio, presuntuoso y descarado. Me da pena que el Gobierno de mi comunidad tome a sus ciudadanos por tontos, y me produce rabia e indignación que este despropósito se haga además con dinero público. Simplemente, lamentable.—PABLO RODRÍGUEZ CARNERO Madrid 23 MAR 2015

“¿Por qué el TTIP quiere proteger antes a los inversores que a los trabajadores de Europa y EEUU?”, Entrevista con Harm Schepel, profesor de Derecho Económico de la Universidad de Kent

El holandés Harm Schepel es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Kent e imparte clases en Bruselas en una de las muchas sedes que este prestigioso centro británico tiene por el mundo. Schepel, en cuyo currículum se incluye una estancia en la Universidad de Oñati (Guipúzcoa), es una de las pocas voces académicas en alzar la voz sobre el denominado ISDS: el sistema de arbitraje de conflictos entre empresas y estados incluidos en los tratados bilaterales, que actualmente se negocia en el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, más conocido como TTIP.

Schepel, una autoridad en el campo de la regulación bilateral que colabora frecuentemente con Los Verdes, aunque también con otros partidos en el Parlamento Europeo, recibe a eldiario.es en su despacho, pegado a la Universidad Libre de Bruselas. Mantiene una posición crítica sobre el TTIP y ve innecesario cualquier tribunal de arbitraje “entre dos zonas con parecido nivel de desarrollo”. “Los documentos hasta ahora publicados son muy vagos, y eso dificulta nuestro análisis sobre el TTIP y los ISDS”, lamenta.

-¿Necesitamos un sistema de arbitraje para regular las disputas entre inversores y Estados en el TTIP?
-Pues depende. ¿Por qué lo necesitaríamos y para qué? Originariamente estos tratados son instrumentales y su lógica es dar mayor seguridad a los inversores que comprometen dinero y recursos en países en vías de desarrollo, con gobiernos inestables, inseguridad jurídica y esas cosas. Pero el valor instrumental del sistema de arbitraje inversor-Estado [el citado ISDS, de sus siglas en inglés] entre la UE y Estados Unidos carece de sentido. Ya se produce una inversión de alrededor de un billón y medio de dólares entre ambos lados del Atlántico. Si preguntamos a cualquier persona de negocios de una de las dos áreas si dejaría de invertir en Europa o América porque no hay ISDS, nadie de las que yo conozco respondería con un “sí”.

-Hay un ‘boom’ de este tipo de sistemas de arbitraje en el mundo, y no solo entre países pobres y ricos. Entre Canadá y EEUU, sin ir más lejos.
-Pero recuerde que el ISDS no es solo con Canadá sino también con México, y se incluye dentro del NAFTA [Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte]. El arbitraje en el NAFTA no se firmó por Estados Unidos o por Canadá: se firmó para contener la tradición revolucionaria que tiene México. Lo gracioso aquí es que tras la firma se dispararon los litigios entre EEUU y Canadá, algo que no estaba previsto.

-La tendencia global a aplicar los ISDS es creciente, en cualquier caso.
-Así es. Hay un tratado ya listo entre la UE y Canadá, y ahora negociamos este capítulo con Estados Unidos. Pero la cuestión permanece: ¿necesitamos este sistema de arbitraje? La respuesta es que no lo necesitamos ni para incrementar las inversiones. Tenemos sistemas legales muy bien desarrollados y gobiernos más o menos estables.

-Algunas patronales europeas dicen que el ISDS protegerá mejor la inversión privada.
-Efectivamente, ese es otro argumento. Los inversores a veces se quejan de discriminación y maltrato jurídico, sea esto cierto o no. Pero aquí la pregunta es otra: ¿por qué proteger a los inversores y no a los trabajadores europeos y norteamericanos, por ejemplo? ¿Por qué no preocuparnos por ellos antes que de otros colectivos?

-¿Qué les puede pasar a los servicios públicos con el ISDS?
-Algo muy peligroso. De haber una demanda ante un tribunal de arbitraje contra, imaginemos, una empresa que gestione recursos públicos, automáticamente la demanda saldrá fuera del país hacia una especie de tribunal autónomo ‘subcontratado’. Donde normalmente un juez emite un dictamen equilibrado entre el interés público general y los derechos de propiedad individual, con el ISDS un tribunal de arbitraje cuida más por lo general los derechos de propiedad de los inversores. ¡Y no porque los tribunales de arbitraje estén compuestos de malas personas! Es que así es como trabajan, sin hacer de contrapeso entre la protección de las inversiones, por un lado, y el interés público, los servicios públicos o el medio ambiente, por destacar tres campos.

-¿En qué escenarios los servicios públicos se verían amenazados frente a los inversores?
-Un ejemplo: el Gobierno español se ha visto obligado casi por la fuerza a recortar su política de subvenciones a las renovables por los problemas presupuestarios. En esta clase de políticas siempre juegan varios intereses, que pueden ser medioambientales o sencillamente el interés de la gente cuyo dinero ha estado financiando esta clase de energía ecológica. Pero ahora además entra en juego el interés del inversor. Y en el momento en que un Estado retira las subvenciones, el inversor puede decir: ‘Miren, yo invertí en las renovables en España contando con las ayudas otorgadas por el Gobierno. Sin ellas yo no habría invertido y mi cuenta de resultados será muy diferente’.
El Gobierno de España, para bien o para mal, tiene sus propios intereses, y ante un caso así buscaría un equilibrio entre la protección jurídica y el interés general. Pero el inversor puede acudir al tribunal de arbitraje, alegar que la retirada de las subvenciones alteró su cuenta de resultados y forzar al Estado a pagar para cubrir sus pérdidas. ¿Exageración? Bueno, es que esto funciona así.

-¿Quién compone el tribunal de arbitraje?
-¿Sabe cómo funciona el ISDS? Hay un litigio entre el inversor y el Estado receptor. Y ese litigio, si lo establecen los tratados, puede resolverse por la vía del arbitraje: el inversor nombra un árbitro, el Estado nombra a otro y la clave reside entonces en quién será el tercero, a su vez presidente del tribunal. Hay varias salidas: un árbitro nombrado de mutuo acuerdo por ambas partes o, la solución más típica, alguien nombrado por una de las autoridades de arbitraje existentes. Una de estas autoridades bien podría ser el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado, perteneciente al Banco Mundial.

-¿Y de dónde proceden los árbitros?
-Gran cuestión. No son tantos. Es verdad que hay centenares de personas que han trabajado para un tribunal de arbitraje, pero la Corte de Arbitraje la forman medio centenar de expertos aproximadamente. ¿Quiénes son? Bueno, yo diría que una mayoría posee gran experiencia en arbitrajes comerciales, habiendo pasado muchos de ellos por la Cámara Internacional de Comercio, que está en París. Estos expertos están bregados en el arbitrio de las diferencias contractuales entre empresas privadas, que no estados. Por ejemplo, si hay un litigio entre una firma española y una china la empresa española no acudirá a la Justicia china porque no entenderá nada. Probablemente tampoco busque Justicia en España a un problema ocurrido en China, porque llevará mucho tiempo y dinero. Así que lo mejor es elegir un actor neutral, un árbitro que agilice las cosas.

-Expertos en litigios entre partes privadas cuyo poder aumenta con los tratados bilaterales.
-No todos, pero muchos proceden de ahí. Muchos pasan de interpretar las normas del Comercio Internacional en litigios que enfrentan a dos empresas a servirse al Derecho Público Internacional para arbitrar los conflictos empresa-estado. Hay una sagrada diferencia entre ambas jurisdicciones, si bien el procedimiento técnico de arbitraje es similar en ambos casos. Otros son abogados internacionales, académicos, ex miembros de la Corte de Justicia… Se dan casos perversos, aunque ciertamente exagerados en ocasiones porque no son tantos: algunos de los árbitros son también abogados internacionales en activo amparados por la ley. Así que pueden darse conflictos en los que una persona una vez sea juez y otra vez sea parte.
Pau Collantes eldiario.es
Fuente original: http://www.eldiario.es/economia/TTIP-inversores-trabajadores-Europa-EEUU_0_367464051.html

Grecia pone en marcha un grupo de expertos para auditar su deuda

La comisión, coordinada por el politólogo Éric Toussaint, presentará su informe a finales de junio, coincidiendo con varios pagos al BCE.

La presidenta del Parlamento griego, Zoé Constandopulu, anunció este martes la creación de una comisión internacional de expertos que llevará a cabo una auditoría de la deuda pública y será coordinada por el politólogo belga Éric Toussaint.

Constandopulu destacó en rueda de prensa que Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada, y qué parte ha sido malgastada y, por tanto, es ilegal".

La presidenta del Parlamento señaló que la auditoría de la deuda "es un deber hacia las generaciones futuras, porque tendrán que pagar sin tener ninguna responsabilidad".

Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, se preguntó si a la hora de firmar el primer y el segundo plan de rescate en Grecia se tomaron en cuenta "las disposiciones de la Constitución griega, del Tratado de Lisboa y de las constituciones de los estados miembros que prestaron 153.000 millones de euros a Grecia". El conocido politólogo consideró que los créditos para pagar contratos que se han demostrado que son fraudulentos, como los de la multinacional alemana Siemens, forman parte de lo que sería la deuda ilegal. Toussaint aseguró que la comisión de la auditoría tomará también en cuenta "los informes de la Comisión de los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre las consecuencias de los programas de rescate en materia de Derechos Humanos en Grecia".

La comisión de expertos empezará a trabajar a principios de abril y presentará su informe a finales de junio en una conferencia internacional sobre la deuda.

"Se trata de la primera comisión de auditoría de deuda que se forma en Europa", subrayó la eurodiputada de Syriza Sofía Sakorafa, quién será la encargada de comunicar a Bruselas las conclusiones de este análisis.

Sobre qué hará la comisión si una parte de la deuda es declarada ilegal, Constandopulu aseguró que las conclusiones serán puestas a disposición del "Parlamento, el Gobierno y la Justicia", que "harán su deber".

La presentación de las conclusiones de esta auditoría coincide, según explicó Constandopulu, con el pago, a principios de julio, de una serie de tramos al Banco Central Europeo. El principal argumento del Gobierno de Alexis Tsipras es que la deuda griega, tal y como es ahora, no es viable.
Fuente: http://www.publico.es/internacional/grecia-pone-marcha-grupo-expertos.html

Lo que nos cuesta PISA

Sin medias tintas: la de dios. Reconozcámoslo. Esto de jugar a ver quién es el más guapo de la lista no es lo nuestro. Después de quince años de pruebas, primeras planas y zarandajas educativas varias, la escalada aún nos produce vértigo a mitad de la montaña. Y si seguimos poco más o menos igual es porque somos así de idiotas.

Hace unos días me dio por satisfacer cierta curiosidad que inexplicablemente parece no ser digna de recibir cobertura en los medios de comunicación, y en lugar de dedicar mi tiempo libre a ver en youtube las hazañas de un gato tocando el piano, entré en varias páginas inusitadamente lúdicas como la del BOE y la del portal de transparencia. Escribí en sus buscadores: “PISA”. Tela marinera. El chorreo empieza allá por 1999, y pude confirmar que no tengo madera de investigador ya que paré de contar en los tres millones y pico. Que no es poco. Ahora, como la cosa ya anda boyante y no queda ni una sola aula sin calefacción, ni un solo niño recibiendo clase en barracones, ni un solo grupo que supere una ratio ya de por sí elevada en muchos casos, como ya tenemos dinerín para repartir en comedores escolares, para proveer de ordenadores, proyectores y pizarras digitales a todos los centros y para enviar a profesores sustitutos sin que los alumnos tengan que esperar quince días, entonces, venga, ya podemos tirar la casa por la ventana: entre pruebas piloto, estudios, traducciones y demás, ya se han adjudicado contratos por la friolera de 665.303 euros [1]. A mí que me lo expliquen. Y supongo que a esta menudencia hay que añadir el coste de las pruebas. Pero qué esplendidos somos, caray. Cómo se nota que somos españoles. Vamos al bar, no tenemos un puto duro, pero aun así “ponle una caña, que invito yo”. Y todo para que luego los estudiantes, ni chicha ni limonada. Pero que no se preocupen. Chavales, ante todo mucha calma. De estudiar nada, recordad que Lazarillo era un pura sangre, cristiano viejo castellano. A papá y a mamá les vamos a contar cualquier película. Por ejemplo, que el uso del modelo estadístico utilizado para realizar las comparativas entre los países ha sido criticado por matemáticos y estadistas (entre ellos un tipo al que llaman Svend Kreiner, profesor de la Universidad de Copenhague y discípulo del creador del sistema matemático en el que se basa) [2]. Además, resulta que cada país tiene sus propias pruebas, con sus propias preguntas y con grados variables de dificultad, aspecto que muchos expertos, entre ellos el danés de antes, consideran una prueba taxativa de la invalidez de las comparativas entre países. Por otro lado, ya en el plano pedagógico, convendría asumir que una evaluación sobre el grado de preparación del alumnado para la vida adulta, tal como define las pruebas la OCDE, hecha en base a unos criterios férreos y uniformes que obvian diferencias culturales, sociales y económicas, no parece que sea la más idónea si damos por hecho que un habitante de la tundra siberiana, un aymara del altiplano andino, un paisano castellano o un vecino de la Quinta Avenida neoyorquina no precisan de la misma preparación para esa vida adulta. Asimismo, sería interesante reconocer que para el futuro de muchos de estos estudiantes serán infinitamente más importantes aspectos sobre los que no se evalúa como el conocimiento de la historia, de la biología, de la música, la capacidad de reflexionar, el autoconocimiento, la creatividad o la ética aplicada [3]. Y, finalmente, quizás deberíamos dar el significado que se merece a que sea un organismo de carácter económico como la OCDE quien ha montado todo el tinglado, y no alguno vinculado al ámbito educativo como la UNESCO.

Entonces, siendo objetivos, de juicio equilibrado, y presuponiendo las mismas buenas intenciones tanto a los que vienen trabajando en PISA como a sus detractores, si damos por factible alguno de los planteamientos anteriores no cabrá más que concluir que somos idiotas. Sí, lo somos. Pero no por continuar, impotentes, sin avanzar. Pírrico esfuerzo. No. Somos idiotas por no pararnos en mitad de la subida, por no detenernos a coger aire, tranquilos; porque nos obcecamos en proteger el caro y vano orgullo –se juega esa baza– en lugar de abrigar el sabio sosiego y tomarnos nuestro tiempo para contemplar el panorama desde la ladera de la montaña. Y reflexionar. Nadie nos obliga. La prueba no tiene implicación académica. ¿Por qué tratamos de subir? ¿Por qué querer alcanzar la cumbre? Millones de euros, noticias sensacionalistas en medios que no se preocupan de informar de lo que realmente nos cuestan las pruebas y planes educativos condicionados por los resultados de marras. Y parece que arriba hay poco más que un vertedero de incertidumbres. [4]

El desglose es el siguiente:
Servicio de aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como de corrección y codificación de resultados para el estudio piloto del proyecto PISA para centros educativos de la OCDE.

Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2013.
Contratista: IMOP ENCUESTAS, S.A.
Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 340.000,00 euros. Importe total: 411.400,00 euros.
Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como de codificación de resultados, para el estudio piloto del proyecto PISA 2015 de la OCDE.
Fecha de formalización del contrato:16 de junio de 2014
Contratistas: IKERTALDE Grupo Consultor, S.A., IMOP ENCUESTAS, S.A., TYPSA, ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L.
Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 39.600,00 euros. Importe total: 47.916,00 euros (IKERTALDE Grupo Consultor, S.A.). Importe neto: 56.000,00 euros.
Importe total: 67.760,00 euros (IMOP ENCUESTAS, S.A.).
Importe neto: 50.185,00 euros.
Importe total: 60.723,85 euros (TYPSA, ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L.).

Análisis de datos y elaboración de informes para el estudio piloto del proyecto PISA para Centros Educativos de la OCDE.
Fecha del Acuerdo: 27 de junio de 2014
Contratista: 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación, S.L.
Importe neto: 45.000 euros. Importe total: 54.450 euros.
Traducción español-inglés vol. II PISA Competencia Financiera y TALIS-PISA-LINK

Fecha del Acuerdo: 30 de junio de 2014
Contratista: F. d. B. G. T.
Importe neto: 4953,24 euros. Importe total: 5.993,42 euros.
Curso masivo abierto en línea:”Preguntas de PISA y TIMSS: una práctica para el aula”.

Fecha del Acuerdo: 27 de octubre de 2014
Contratista: A. M. R. L.
Importe neto:14.100 euros. Importe total: 17.061 euros.
A estas cuantías hay que sumar las millonarias concesiones realizadas desde la OCDE a través de los impuestos comunitarios. Este año se han llevado la palma ETS, que desarrolla la plataforma digital, y la multinacional Pearson, que se ocupa de elaborar el marco conceptual de las pruebas. El 25 de septiembre de 2013 The Guardian publicaba un artículo en el que se cuestionaba la creciente influencia de la empresa en las políticas educativas: “Should Pearson, a giant multinational, be influencing our education policy?”. A modo de ejemplo decir que en 2011 la empresa obtuvo un contrato de 32 millones de dólares para llevar a cabo los exámenes de las escuelas públicas de Nueva York. La editorial fue condenada a pagar 7´5 millones de dólares tras una investigación llevada a cabo por el fiscal de dicha ciudad en la que se revelaban confluencias entre los intereses de la compañía y los estudios publicados por fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro vinculadas a la empresa.

La revista británica especializada en educación TES publicaba el 27 de diciembre de 2014 un reportaje, “Is Pisa fundamentally flawed?”, en el que se cuestionaba la validez del modelo estadístico de Rasch, del que se sirve la OCDE para realizar la comparativa entre los distintos países. Uno de estos críticos es el profesor Svend Kreiner, que destaca su errónea aplicación. Este y otros aspectos son señalados en una carta abierta firmada por 83 expertos, padres, profesores, pedagogos y sociólogos, dirigida a Andreas Schleicher, director del PISA, publicada en The Guardian el 6 de mayo de 2014:
http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-education-academics.

A pesar de todo, la importancia de los resultados, real o figurada, se impone en medios de comunicación y políticas educativas. Sería interesante un estudio en profundidad desde el punto de vista tanto diacrónico como sincrónico, si bien muchos profesionales manifiestan que al menos en los últimos años las políticas educativas españolas no han perdido de vista las pruebas PISA. Resulta paradójico que no haya dinero para numerosos aspectos básicos pero sí lo hay para seducir a los centros educativos con el objetivo de que se integren en algún llamado Plan de mejora educativa, en los que se hacen referencias explícitas a la mejora de resultados en las “pruebas externas”. La misma ley LOMCE también deja claro, mediante alusiones a PISA en su preámbulo, que la escalada en la lista es algo muy importante. Si bien hemos visto que la eficacia de los informes es un aspecto enormemente controvertido, por el contrario, todo el mundo está de acuerdo en que los mismos sí que sirven para engordar el argumentario caprichoso del político de turno que quiere dejar su impronta en el sistema educativo: “el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de la calidad educativa, como ponen en evidencia los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas en las pruebas de evaluación internacionales como PISA” (LOMCE). Lo que no deja de llamar la atención es que el personal continúe manteniendo una cortés disposición a realizar la prueba aun no teniendo implicaciones académicas.

Enlaces de interés:
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://blog.educalab.es/inee/tag/pisa/
Traducción de la carta enviada a The Guardian:
http://otra-educacion.blogspot.com.es/2014/05/articulos-sobre-pisa-articles-on-pisa.html

http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20140427/oculta-informe-pisa-7150.html
http://www.xarxatic.com/los-numeros-de-pisa/ y más…..
¿Por qué los PISA no son una herramienta adecuada de medición?: https://elgastoeducativodominicano.wordpress.com/2012/02/09/414/
Las tiranías del informe PISA: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/08/actualidad/1399578636_483607.html
Fuente: Blog del autor: https://infamiasficcionesycandela.wordpress.com/

Unas de las personalidades más influyentes del mundo en el ámbito de la educación, Richard Gerver, considera que "lo más dañino en la historia de la educación" es el Informe Pisa, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y que evalúa el rendimiento académico en cerca de cien países de los cinco continentes.

"Pisa es muy peligroso; nos da datos sobre el desarrollo académico y los gobernantes utilizan mal esos datos y se obsesionan: piensan que la educación es como el fútbol y todos quieren ser el Real Madrid o el Barcelona, cuando ni los niños son máquinas, ni nosotros estamos jugando al fútbol", ha dicho en una entrevista con Efe.

Ha resaltado que la propia OCDE ha publicado otro informe en el que se indica que los países "obsesionados" en los exámenes formales, como Pisa, presentan más dificultades para que la gente joven encuentre trabajo, por lo que ha insistido en que "si se pone la atención en Pisa, los niños serán cada vez menos capaces de trabajar en el mundo real".

Educación y política
Richard Gerver (Londres, 1969), quien se encuentra en Bilbao para participar en el ciclo de conferencias sobre innovación educativa Eventos Savia organizado por la editorial SM, ha apuntado que a los políticos no les importa el futuro a largo plazo de los alumnos porque viven "enfocados" a las elecciones que se celebran cada cuatro o cinco años, y por ello definen sistemas educativos a corto plazo.

Sobre el continúo cambio de leyes educativas en España ha resaltado que es un hecho "típico y no único" de este país, y ha puesto como ejemplo de buenas prácticas a Finlandia, donde la educación "no está dirigida" por políticos.

"En España, al igual que en otros países, hay una gran diferencia entre lo que se hace y lo que se debería hacer cuando se emprende una reforma educativa: se construye sobre ideas e iniciativas que ya existen y esta manera de legislar complica más el sistema, confunde a los profesores, aburre a los niños, los padres no saben qué esperar del colegio y las empresas no encuentran las destrezas necesarias en los futuros trabajadores", ha reflexionado.

Preparar a los alumnos para la vida
El camino adecuado, según ha apuntado, consiste en definir un nuevo sistema entre todos los agentes implicados, porque resulta "frustrante" que, al final, se prepare a los alumnos "para un mundo que ya no existe".

Ha citado como ejemplo los exámenes, que ha definido como "herramientas importantes" para evaluar, pero que se transforman en un "problema" cuando se convierten en un fin en sí mismo, porque la educación "no consiste en preparar a alumnos para aprobar exámenes sino prepararlos para la vida".

"Las universidades y el mundo laboral buscan jóvenes que piensen por sí mismos, que puedan romper las reglas y encontrar sus propios patrones, no a jóvenes capaces de hacer cien exámenes", ha dicho.

Una tarea ingente de deberes para hacer en casa, en su forma tradicional, tampoco tiene sentido, según Gerver, y únicamente consiguen "aburrir" al alumno y hacer que cada vez se implique menos en su propio aprendizaje.

"No he encontrado un solo informe que pruebe que los deberes tienen un impacto significativo en el desarrollo de los niños", ha precisado, aunque ha añadido que el trabajo en casa puede ser "maravilloso" cuando el alumno quiere saber más de lo aprendido en el colegio porque le "ha capturado el aprendizaje".

También ha aludido al papel de los profesores en el aula y les ha desafiado a "comportarse como profesionales, resolver los problemas sin esperar a que les políticos les den permiso y les digan cómo hacer su trabajo".

Ha recordado a este colectivo que la educación "no consiste solo en transmitir información al alumno, sino que hay que conseguir que los alumnos sean conscientes de su propio aprendizaje, y para lograrlo no se requiere una legislación política sino destrezas pedagógicas, pasión y creatividad".

Nuevas tecnologías
En este punto se ha referido a la introducción de las nuevas tecnologías en el aula y tras recalcar que se trata solo de una herramienta y "no de una respuesta", ha mantenido que la educación necesita de una "alta interacción entre los seres humanos".

"No solo por usar el ipad en clase se crea un sistema educativo; un buen profesor puede enseñar con nada, igual ahora que hace cincuenta años", ha indicado.

En relación con el alto de índice de abandono escolar en España, Gerver ha recordado que los expertos dicen que la persona nace con ganas de aprender, por lo que la pregunta sería "¿qué ocurre con ese amor por el aprendizaje?. Normalmente, lo que ha pasado es que ese niño ha estado en su pupitre y ha escuchado una hora tras otra a un profesor hablando; el ser humano no aprende así".

Gerver no es un teórico de la educación, según ha enfatizado él mismo, sino que habla con base en la experiencia y en la evidencia ya que en dos años convirtió un colegio inglés con un índice alto de fracaso escolar en un centro innovador en el que "los alumnos hacían cola para entrar todos los días".
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/201503/09/informe-pisa-danino-historia-20150309142312.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=FB