"ME LLAMO LUCÍA y tengo 11 años”. Así empieza una carta formidable que acabo de recibir. Está escrita de maravilla, y no me cabe duda de que es de su puño y letra, porque conocí a Lucía Hernández unos días antes en la Feria del Libro de Madrid. Se acercó a mi caseta y me habló con tanta seriedad y enjundia de lo que estaba haciendo que le pedí que me escribiera y me lo contara más extensamente. Y eso ha hecho: “Formo parte de un proyecto de educación medioambiental que se llama Raíces y Brotes, creado por el Instituto Jane Goodall, con el fin de crear proyectos con los cuales ayudar a mejorar el medio ambiente y la vida de los animales y de las personas”. En diciembre, Lucía fue con sus padres a una charla de la primatóloga Jane Goodall y se quedó tan impresionada que “desde entonces movilicé a mi cole para colaborar con este proyecto, y gracias a la directora del cole y a Marisa, la coordinadora de Raíces y Brotes, estamos en ello”.
En concreto, su proyecto consiste en construir casas-nido con materiales reciclados para ayudar a los gorriones “porque nos hemos enterado de que están en peligro de extinción en las ciudades (por ejemplo, en Londres ya se han extinguido)”. Y, sabiamente, añade: “Puede parecer algo pequeño, pero, como dice la doctora Goodall, solo si entendemos nos puede importar, solo si nos importa podemos ayudar, solo si ayudamos ellos se salvarán”. A continuación, esta tremenda Lucía me manda los enlaces del Instituto Goodall y de Raíces y Brotes, por si escribo algo que “pueda inspirar a más gente joven a hacer algo bueno”. Toma ya niña de 11 años poniéndonos las pilas y sacándonos los colores a los adultos. Por cierto: el proyecto Raíces y Brotes ya cuenta con más de 700.000 participantes, la mayoría jóvenes, pertenecientes a un centenar de países.
Imposible no acordarse de Greta Thunberg, la activista sueca medioambiental de 16 años que en diciembre pasado nos echó un demoledor rapapolvo en un acto plenario de Naciones Unidas sobre la situación climática. “Ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros los niños”, empezó arreando. “No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen (…). Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no”.
Yo tenía 13 años cuando, allá por la década de los sesenta, Bob Dylan cantaba Los tiempos están cambiando, y por aquel entonces también me sentí parte de una ola imparable. “Madres y padres, no critiquéis lo que no entendéis. Vuestros hijos e hijas están más allá de vuestro control. Vuestro antiguo camino está envejeciendo rápidamente. Por favor, salid del nuevo si no sois capaces de ayudar, porque los tiempos están cambiando”, decía Dylan, y creo que los niños furiosos del siglo XXI suscribirían sus palabras. Los años sesenta dejaron algunos logros (reconocimiento de la diferencia, avances en el feminismo, el ecologismo, la aceptación de la diversidad sexual…), pero creo que las novísimas generaciones están obligadas a hacer mucho más, porque es verdad que el tiempo se nos está acabando, como denunciaba Greta. La aceleración de la crisis climática nos lleva “al abismo”, alertó la ONU en 2009. ¿Y qué hemos hecho en estos 10 años? Votar a luminarias intelectuales como Trump, que niega que tal crisis exista.
En 2017, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos anunció que nos encontrábamos en una era de “aniquilación biológica”, de hecho en medio de la “sexta extinción masiva” de animales, causada, en gran medida, por el ser humano (las cinco extinciones anteriores fueron originadas por fenómenos naturales). Las poblaciones de mamíferos, por ejemplo, han perdido el 70% de sus individuos en casi todo el mundo por la desaparición de sus hábitats. A la luz de esta inmensa catástrofe, ¡qué penoso parece nuestro paso por la Tierra! Salvo unas pocas personas admirables, como la gran Goodall, ¡qué mal hemos gestionado nuestro tiempo! Seremos enterrados bajo montañas de plástico por estos niños maravillosos y furibundos que, por fortuna y esperanza para todos, ya “están en ello”.
https://elpais.com/elpais/2019/07/01/eps/1561977794_931941.html
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jueves, 25 de julio de 2019
viernes, 12 de abril de 2019
El vertedero de seres humanos
La Universidad de Coimbra determina que los 158 cuerpos hallados a las afueras de la ciudad portuguesa de Lagos corresponden a esclavos africanos depositados en un basurero entre los siglos XV y XVII
Europa reabrió en 2009 las fauces de los infiernos cuando el Ayuntamiento de Lagos —hoy una plácida, soleada, turística y bella ciudad del Algarve portugués— decidió construir un aparcamiento subterráneo unos metros más allá de sus murallas medievales, en un área urbana conocida como Valle da Gafaria. Las excavadoras incidieron sobre el terreno y comenzaron a brotar decenas de huesos de seres humanos. Maria Teresa Santos Ferreira, profesora de Antropología de la Universidad de Coímbra, acudió con su equipo. Hoy, diez años después, los resultados de su investigación han sido hechos públicos en la International Journal of Osteoarchaeology: eran los cuerpos de 158 esclavos africanos, cuyos restos fueron abandonados en un estercolero cuando alboreaba el siglo XV. Arrancados de su tierra por la violencia o vendidos por traficantes, muchos de ellos no pudieron soportar el viaje hasta Portugal. Las osamentas de hombres, mujeres y niños —seis de los cuales habían sido arrojados al vertedero con pies y manos atados con cuerdas— dan fe de las circunstancias inhumanas de las primeras exploraciones portuguesas a África por la costa oeste del continente.
El infante Enrique el Navegante (1394-1460) fue el primero de los grandes exploradores de los mares de África y de las islas del Atlántico. Sus carabelas surcaban las costas partiendo del mayor puerto del sur del reino, Lagos, una ciudad que se convertiría pronto en el gran bazar europeo de carne humana. “Los esclavos”, rememora Santos Ferreira, “procedían de las razias llevadas a cabo en la parte occidental del continente, así como de la compra a los traficantes musulmanes, que a su vez los traían del interior de África”. Por eso, los análisis han determinado que los exhumados procedían de poblaciones bantúes (fundamentalmente en el África subsahariana, excepto el sur y la costa este).
Los barcos portugueses arribaron por primera vez en 1444 a las costas de Senegal y pronto regresaron al "puerto de Lagos cargados de mercancías, incluyendo los esclavos", indica el informe. Pero en 1512, el rey Manuel I ordenó que Lisboa se quedase en exclusiva con la trata. De todas formas, y aunque Lagos perdió importancia, las naos seguían llegando a este puerto antes de alcanzar la capital. Se ignora cuántos esclavos llegaron a Portugal en aquellos siglos, porque los archivos se perdieron durante el terremoto de Lisboa en 1755. Sin embargo, se calcula que entre 1441 y 1470 llegaron unos mil africanos al año y casi 2.000 anuales en las dos siguientes décadas, un número que se mantuvo estable o decreció a partir de 1530.
El estudio —en el que, además de Santos, han participado Catarina Coelhoa, João d’Oliveira Coelho, David Navegaa, Sofia N. Wasterlaina y Ana Rufino y que ha contado con el apoyo del Archaeological Institute of America y de la Fundación Gerda Henkel— establece que los cuerpos fueron depositados en el basurero entre los siglos XV y XVII, y que muchos de aquellos desdichados sufrieron en vida traumatismos y lesiones degenerativas. Los especialistas han analizado el sexo de 88 de ellos (56,31 % mujeres, 29,13% hombres y el resto sin determinar). La edad de su muerte ha sido establecida entre los 20 y 30 años para el 32%, los 30 y los 40 años para el 40% y un 6,59% de más de 40 años.
Además de los adultos, el equipo de la empresa Dryas Arqueologia Lda. halló también 31 menores ("no-adultos"), en muchos de los cuales se detectaron alteraciones en sus denticiones y un retraso del crecimiento. Según el estudio, los menores estuvieron expuestos "a duras condiciones", lo que les provocó déficits nutricionales que se reflejan en sus estructuras óseas, con osteoporosis craneales o falta de esmalte en los dientes. Esto, a su vez, evidencia sus "duras y cortas vidas". No obstante, los antropólogos vislumbraron algún signo de humanidad en la inhumación de los pequeños, ya que en el 66,7% de los casos "parecen haber sido enterrados con más cuidado que los adultos". De estos últimos, el 79,4% no guardaba la "orientación habitual cristiana en aquel tiempo, con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este".
En aquella época, solo las personas bautizadas podían ser enterradas dentro de la ciudad. "Los esclavos, evidentemente, no lo estaban, por lo que sus cuerpos fueron depositados en los basureros, como podía ocurrir, por ejemplo, con los animales. Esta situación cambió con posterioridad y ya fueron inhumados dentro de la ciudad", indica Santos Ferreira.
De los cuerpos analizados, se han hallado evidencias de que cuatro mujeres, un hombre y un menor fueron atados antes de fallecer, lo que deja claro cómo estos "individuos esclavizados fueron tratados, incluso hasta su muerte".
https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553848854_810812.html
En España, Un enorme genocidio, condenado por la ONU y con petición de que se recuperen los cadáveres y se les dé la correcta sepultura por parte del Estado. Lo que hasta ahora no se ha hecho, después de más de 80 años... Y muchos trabajaron tratados como esclavos sin cobrar, mal alimentados y mal tratados, como se trata a los esclavos, construyeron canales, presas, carreteras, caminos, y el llamado Valle de los Caídos...
Europa reabrió en 2009 las fauces de los infiernos cuando el Ayuntamiento de Lagos —hoy una plácida, soleada, turística y bella ciudad del Algarve portugués— decidió construir un aparcamiento subterráneo unos metros más allá de sus murallas medievales, en un área urbana conocida como Valle da Gafaria. Las excavadoras incidieron sobre el terreno y comenzaron a brotar decenas de huesos de seres humanos. Maria Teresa Santos Ferreira, profesora de Antropología de la Universidad de Coímbra, acudió con su equipo. Hoy, diez años después, los resultados de su investigación han sido hechos públicos en la International Journal of Osteoarchaeology: eran los cuerpos de 158 esclavos africanos, cuyos restos fueron abandonados en un estercolero cuando alboreaba el siglo XV. Arrancados de su tierra por la violencia o vendidos por traficantes, muchos de ellos no pudieron soportar el viaje hasta Portugal. Las osamentas de hombres, mujeres y niños —seis de los cuales habían sido arrojados al vertedero con pies y manos atados con cuerdas— dan fe de las circunstancias inhumanas de las primeras exploraciones portuguesas a África por la costa oeste del continente.
El infante Enrique el Navegante (1394-1460) fue el primero de los grandes exploradores de los mares de África y de las islas del Atlántico. Sus carabelas surcaban las costas partiendo del mayor puerto del sur del reino, Lagos, una ciudad que se convertiría pronto en el gran bazar europeo de carne humana. “Los esclavos”, rememora Santos Ferreira, “procedían de las razias llevadas a cabo en la parte occidental del continente, así como de la compra a los traficantes musulmanes, que a su vez los traían del interior de África”. Por eso, los análisis han determinado que los exhumados procedían de poblaciones bantúes (fundamentalmente en el África subsahariana, excepto el sur y la costa este).
Los barcos portugueses arribaron por primera vez en 1444 a las costas de Senegal y pronto regresaron al "puerto de Lagos cargados de mercancías, incluyendo los esclavos", indica el informe. Pero en 1512, el rey Manuel I ordenó que Lisboa se quedase en exclusiva con la trata. De todas formas, y aunque Lagos perdió importancia, las naos seguían llegando a este puerto antes de alcanzar la capital. Se ignora cuántos esclavos llegaron a Portugal en aquellos siglos, porque los archivos se perdieron durante el terremoto de Lisboa en 1755. Sin embargo, se calcula que entre 1441 y 1470 llegaron unos mil africanos al año y casi 2.000 anuales en las dos siguientes décadas, un número que se mantuvo estable o decreció a partir de 1530.
El estudio —en el que, además de Santos, han participado Catarina Coelhoa, João d’Oliveira Coelho, David Navegaa, Sofia N. Wasterlaina y Ana Rufino y que ha contado con el apoyo del Archaeological Institute of America y de la Fundación Gerda Henkel— establece que los cuerpos fueron depositados en el basurero entre los siglos XV y XVII, y que muchos de aquellos desdichados sufrieron en vida traumatismos y lesiones degenerativas. Los especialistas han analizado el sexo de 88 de ellos (56,31 % mujeres, 29,13% hombres y el resto sin determinar). La edad de su muerte ha sido establecida entre los 20 y 30 años para el 32%, los 30 y los 40 años para el 40% y un 6,59% de más de 40 años.
Además de los adultos, el equipo de la empresa Dryas Arqueologia Lda. halló también 31 menores ("no-adultos"), en muchos de los cuales se detectaron alteraciones en sus denticiones y un retraso del crecimiento. Según el estudio, los menores estuvieron expuestos "a duras condiciones", lo que les provocó déficits nutricionales que se reflejan en sus estructuras óseas, con osteoporosis craneales o falta de esmalte en los dientes. Esto, a su vez, evidencia sus "duras y cortas vidas". No obstante, los antropólogos vislumbraron algún signo de humanidad en la inhumación de los pequeños, ya que en el 66,7% de los casos "parecen haber sido enterrados con más cuidado que los adultos". De estos últimos, el 79,4% no guardaba la "orientación habitual cristiana en aquel tiempo, con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este".
En aquella época, solo las personas bautizadas podían ser enterradas dentro de la ciudad. "Los esclavos, evidentemente, no lo estaban, por lo que sus cuerpos fueron depositados en los basureros, como podía ocurrir, por ejemplo, con los animales. Esta situación cambió con posterioridad y ya fueron inhumados dentro de la ciudad", indica Santos Ferreira.
De los cuerpos analizados, se han hallado evidencias de que cuatro mujeres, un hombre y un menor fueron atados antes de fallecer, lo que deja claro cómo estos "individuos esclavizados fueron tratados, incluso hasta su muerte".
https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553848854_810812.html
En España, Un enorme genocidio, condenado por la ONU y con petición de que se recuperen los cadáveres y se les dé la correcta sepultura por parte del Estado. Lo que hasta ahora no se ha hecho, después de más de 80 años... Y muchos trabajaron tratados como esclavos sin cobrar, mal alimentados y mal tratados, como se trata a los esclavos, construyeron canales, presas, carreteras, caminos, y el llamado Valle de los Caídos...
jueves, 21 de marzo de 2019
_- La mentira de Kosovo en Alemania
_- Hace veinte años la opinión pública europea fue intoxicada con una eficacia que antes solo funcionaba en Estados Unidos.
La virtual sucesora de Merkel al frente de la CDU, y quizá más pronto que tarde futura canciller de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, se ha estrenado en la política europea con una carta aleccionadora de tono inequívocamente teutón dirigida al Presidente francés, Emmanuel Macron. En ella derriba las ingenuas ilusiones de este acerca de una reforma de la UE de común acuerdo con Alemania. En la futura crónica de la desintegración de la UE esta carta ni siquiera será recordada como prueba de la inexistencia del “eje franco-alemán”, así que no vale la pena detenerse en ella. Sin embargo, contiene un detalle muy significativo del momento en el que vivimos: la nueva líder de la derecha alemana propone, “subrayar el papel de la Unión Europea en el mundo en tanto que potencia de paz y seguridad” construyendo… un portaaviones europeo común. ¡Qué gran idea¡ La tenacidad de la derecha alemana y de sus socios socialdemócratas y verdes en la reanudación del militarismo nacional es encomiable.
Desde su creación en 1955 el actual ejército alemán, Bundeswehr, fue concebido como aparato defensivo. En diciembre de 1989 el programa del SPD consagraba como principios de la política exterior y de seguridad de Alemania, la “seguridad común” y el “desarme”. “Nuestra meta es disolver los bloques militares mediante un orden de paz europeo”, decía aquel programa. “El hundimiento del bloque del Este reduce el sentido de las alianzas militares e incrementa el de las alianzas políticas (…) se abre la perspectiva para un fin del estacionamiento de las fuerzas armadas americanas y soviéticas fuera de su territorio en Europa”. Ese programa no se cambió hasta 2007. Para entonces hacía tiempo que había caducado. Exactamente hacía ocho años.
El 24 de marzo se cumplirán veinte del inicio del bombardeo de lo que quedaba de Yugoslavia conocido como “guerra de Kosovo”. Para Alemania aquella participación en una operación ilegal de la OTAN fue la primera operación militar exterior desde Hitler. Desde entonces, “la seguridad de Alemania se defiende en el Hindukush”, como dijo en 2009 el ministro de defensa Peter Struck. También en África y allí donde el acceso alemán/europeo a los recursos y vías comerciales lo exijan, según estableció en su día con toda claridad la canciller (saliente) Angela Merkel.
Aquel estreno en Kosovo empezó con una mentira. Igual que Vietnam, igual que Irak y que tantas otras guerras (recordemos el informe de la agencia Efe de septiembre de 1939, dando cuenta del ataque de Polonia contra Alemania). La primera mentira de Kosovo fue la masacre de Rachak.
Rachak y el policía Hensch
Rachak y Rugovo son dos pueblos del noroeste de Kosovo, al sur de la capital de distrito de Pec. Con la frontera albanesa muy cerca, en 1998 la región era zona de acción de la guerrilla albanesa UCK, sostenida y financiada por la OTAN, la CIA y el servicio secreto británico.
Aquel año la UCK cometió tantos desmanes con civiles serbios, gitanos y albaneses “colaboracionistas” que su jefe local, Ramush Haradinaj, luego primer ministro de Kosovo, hasta llegó a ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra por un tribunal que era comparsa de la OTAN. Haradinaj fue absuelto, entre otras cosas porque diez de los nueve testigos que debían declarar contra él fueron eliminados antes de que pudieran hacerlo, unos en “accidentes de tráfico”, otros en “peleas de bar”, otros en atentados. Así hasta nueve. En cualquier caso, a principios de 1999 el ejército yugoslavo respondió con gran fuerza a aquella ofensiva de la UCK teledirigida por la OTAN, con una contraofensiva.
Cerca de Rachak y de Rugova varias decenas de guerrilleros albaneses cayeron en emboscadas ante el ejército. Henning Hensch, un policía alemán retirado con carnet del SPD, estuvo allí. Era uno de los seleccionados por el ministerio de exteriores para engrosar los equipos de observadores de la OSCE en Kosovo. En esa calidad actuó como perito en Rachak y Rugovo. Vio a los guerrilleros muertos con sus armas, carnets y emblemas de la UCK cosidos en sus guerreras. En Rugovo, los yugoslavos juntaron los cadáveres en el pueblo y los observadores de la OSCE hicieron fotos.
“Esas fotos, convenientemente filtradas de todo rastro de armas y emblemas de la UCK, hicieron pasar lo que fue un enfrentamiento militar con grupos armados, por pruebas de una masacre de civiles”, me explicó Hensch en 2012. “Ambos bandos cometían exactamente los mismos crímenes, pero había que poner toda la responsabilidad sólo sobre uno de ellos”, decía el policía jubilado.
El 27 de abril el entonces ministro socialdemócrata de defensa alemán, Rudolf Scharping, presentó en rueda de prensa aquellas fotos en las que se veía los cadáveres de los guerrilleros amontonados en el papel de civiles inocentes masacrados. Al día siguiente, el diario Bild publicaba una de ellas en portada con el titular: “Por esto hacemos la guerra”.
“Este era un país opuesto a la guerra y consiguieron que, por primera vez en más de cincuenta años, se metiera en una”, explicaba por teléfono Hensch, con sumo pesar. “Antes de esa experiencia, nunca imaginé que en mi país pudiera pasar algo así, es decir que el gobierno y la prensa mintieran al unísono y engañaran a la población”.
Para violentar el consenso básico de la sociedad alemana contra el intervencionismo militar, la OTAN, el gobierno de socialdemócratas y verdes (1998-2005) y los medios de comunicación, se tuvieron que emplear a fondo.
El “Media Operation Center” de la OTAN dirigido por el infame Jamie Shea, subordinado al secretario general, Javier Solana ( a su vez subordinado al Pentágono), fue una fábrica de mentiras, que los periodistas retransmitían. Shea, un hombre deshonesto, decía que el truco era, “mantener a los periodistas lo más ocupados posible, alimentándoles constantemente con briefings, de tal manera que no tengan tiempo para buscar información por si mismos”. Años después Shea explicó que, “si hubiéramos perdido a la opinión pública alemana, la habríamos perdido en toda Europa”.
Fabricar la versión del conflicto
El relato del conjunto de la guerra en los Balcanes se basó en una fenomenal sarta de mentiras, amnesias y omisiones. La opinión pública europea fue intoxicada con una eficacia que hasta entonces, en Occidente, solo se consideraba posible en Estados Unidos.
Como hoy se conoce perfectamente, antes de la intervención de la OTAN no había en el conflicto de Kosovo la “catástrofe humanitaria” que las potencias se inventaron para intervenir, sino una violencia que en 1998 partió de la UCK y a la que el ejército yugoslavo respondió con la misma violencia, explicaron miembros del equipo de la OSCE como el general alemán retirado Heinz Loquai y la diplomática estadounidense Norma Brown en un documental de la cadena de televisión alemana ARD emitido en 2012 (“Es began mit einer Lüge” – Comenzó con una mentira).
Los medios alemanes ignoraron tres datos fundamentales: 1- la tradicional hostilidad de su país hacia Yugoslavia, que diarios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y Die Welt, así como el semanario Der Spiegel, consideraban una “creación artificial”. 2- El hecho de tanto croatas como bosnios musulmanes, liderados en los noventa por dirigentes de la misma calaña que Milosevic, habían sido aliados de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial y partícipes, junto con los alemanes, del genocidio de un millón de serbios desencadenado entonces por los nazis. Y 3- la naturaleza ilegal de las acciones militares de la OTAN desde el punto de vista de la ley internacional. El ministro de exteriores verde Josef Fischer comparó a “los serbios” con los nazis y al conflicto de Kosovo con Auschwitz, comparaciones que el General Loquai califica de monstruosas, “especialmente en boca de un alemán”. Algunas de las mentiras concretas y puntuales fueron las siguientes:
El catálogo de Scharping
El ministro de defensa Rudolf Scharping dijo antes de la intervención que los serbios habían matado a 100.000 albaneses en Kosovo. La realidad es que se contabilizaron entre cinco mil y siete mil, entre muertos y desaparecidos, todos los bandos juntos e incluidas las víctimas de bombas de la OTAN.
Scharping suscribió la leyenda americana del “plan herradura” de Milosevic: rodear a la población albanesa y deportarla antes del inicio de los bombardeos. Mencionó la “expulsión de millones” y “400.000 refugiados” albaneses antes del inicio de la operación de la OTAN. La realidad fue que para verano de 1999, a las pocas semanas de la ocupación de Kosovo por la OTAN, 230.000 serbios, montenegrinos, gitanos y albaneses “colaboracionistas” fueron expulsados de Kosovo mientras en la región había 46.000 soldados de la OTAN, es decir uno por cada cuatro expulsados. Una genuina “limpieza étnica” bajo la ocupación militar de la OTAN.
Pueblos que habían sido destruidos después de iniciada la guerra por la OTAN se presentaron como destruidos antes, como incentivo para iniciarla.
Se ocultó que la miseria de los refugiados albaneses y su estampida también era consecuencia de los ataques de la OTAN.
Scharping informó del inexistente “campo de concentración” de Milosevic en el estadio de Pristina con “varios miles de internados”. Diez años después, el ministro dijo que sólo eran “sospechas”.
Se informó falsamente de “cinco dirigentes albaneses” ejecutados y de “veinte profesores” albaneses fusilados antes sus alumnos.
Todo ello se hizo para justificar más de 6000 ataques de la OTAN sin mandato de la ONU cuyo sentido era demostrar que la OTAN tenía razón de ser y aprovechar las violencias -agravadas por la intervención de las potencias- para disolver Yugoslavia, un estado anómalo en el nuevo orden europeo posterior al fin de la guerra fría. Ningún político y medio de comunicación se ha disculpado y la misma constelación actúa, y está bien preparada y engrasada para actuar, en los conflictos del presente y el futuro.
Y sin embargo…
Según una encuesta realizada en febrero para la asociación atlantista Atlantikbrücke, los alemanes siguen rechazando fuertemente las intervenciones militares de su ejército en el extranjero, iniciadas hace 20 años en Yugoslavia: solo el 14% las apoyan, contra un 77% que las rechazan.
(P.S. No es esta la única derrota del complejo político-mediático local. Pese a que desde hace años se les bombardea con la demonización de la Rusia de Putin, a los alemanes Trump les parece mucho menos fiable (82%) que el presidente ruso (56%), e incluso consideran a China como socio menos dudoso (42%) que Estados Unidos (86%), señala la misma encuesta. Esta opinión contradice directamente las últimas resoluciones del Parlamento Europeo a favor de incrementar las sanciones contra Rusia, país al que ya no puede considerarse “socio estratégico”, señala la resolución votada este mes por 402 diputados, contra 163 (y 89 abstenciones). Al mismo tiempo, la Comisión ha declarado a China “rival sistémico” en una resolución que casi coincidió con la votación en el Parlamento Europeo. La UE califica así, simultáneamente, como casi enemigos a China y Rusia. El propósito es aislar a esas potencias, pero teniendo en cuenta el estado de las relaciones con Estados Unidos, así como el proceso de creciente fragmentación de la UE, es legítimo preguntarse quien es el aislado).
(Publicado en Ctxt) Rafael Poch.
La virtual sucesora de Merkel al frente de la CDU, y quizá más pronto que tarde futura canciller de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, se ha estrenado en la política europea con una carta aleccionadora de tono inequívocamente teutón dirigida al Presidente francés, Emmanuel Macron. En ella derriba las ingenuas ilusiones de este acerca de una reforma de la UE de común acuerdo con Alemania. En la futura crónica de la desintegración de la UE esta carta ni siquiera será recordada como prueba de la inexistencia del “eje franco-alemán”, así que no vale la pena detenerse en ella. Sin embargo, contiene un detalle muy significativo del momento en el que vivimos: la nueva líder de la derecha alemana propone, “subrayar el papel de la Unión Europea en el mundo en tanto que potencia de paz y seguridad” construyendo… un portaaviones europeo común. ¡Qué gran idea¡ La tenacidad de la derecha alemana y de sus socios socialdemócratas y verdes en la reanudación del militarismo nacional es encomiable.
Desde su creación en 1955 el actual ejército alemán, Bundeswehr, fue concebido como aparato defensivo. En diciembre de 1989 el programa del SPD consagraba como principios de la política exterior y de seguridad de Alemania, la “seguridad común” y el “desarme”. “Nuestra meta es disolver los bloques militares mediante un orden de paz europeo”, decía aquel programa. “El hundimiento del bloque del Este reduce el sentido de las alianzas militares e incrementa el de las alianzas políticas (…) se abre la perspectiva para un fin del estacionamiento de las fuerzas armadas americanas y soviéticas fuera de su territorio en Europa”. Ese programa no se cambió hasta 2007. Para entonces hacía tiempo que había caducado. Exactamente hacía ocho años.
El 24 de marzo se cumplirán veinte del inicio del bombardeo de lo que quedaba de Yugoslavia conocido como “guerra de Kosovo”. Para Alemania aquella participación en una operación ilegal de la OTAN fue la primera operación militar exterior desde Hitler. Desde entonces, “la seguridad de Alemania se defiende en el Hindukush”, como dijo en 2009 el ministro de defensa Peter Struck. También en África y allí donde el acceso alemán/europeo a los recursos y vías comerciales lo exijan, según estableció en su día con toda claridad la canciller (saliente) Angela Merkel.
Aquel estreno en Kosovo empezó con una mentira. Igual que Vietnam, igual que Irak y que tantas otras guerras (recordemos el informe de la agencia Efe de septiembre de 1939, dando cuenta del ataque de Polonia contra Alemania). La primera mentira de Kosovo fue la masacre de Rachak.
Rachak y el policía Hensch
Rachak y Rugovo son dos pueblos del noroeste de Kosovo, al sur de la capital de distrito de Pec. Con la frontera albanesa muy cerca, en 1998 la región era zona de acción de la guerrilla albanesa UCK, sostenida y financiada por la OTAN, la CIA y el servicio secreto británico.
Aquel año la UCK cometió tantos desmanes con civiles serbios, gitanos y albaneses “colaboracionistas” que su jefe local, Ramush Haradinaj, luego primer ministro de Kosovo, hasta llegó a ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra por un tribunal que era comparsa de la OTAN. Haradinaj fue absuelto, entre otras cosas porque diez de los nueve testigos que debían declarar contra él fueron eliminados antes de que pudieran hacerlo, unos en “accidentes de tráfico”, otros en “peleas de bar”, otros en atentados. Así hasta nueve. En cualquier caso, a principios de 1999 el ejército yugoslavo respondió con gran fuerza a aquella ofensiva de la UCK teledirigida por la OTAN, con una contraofensiva.
Cerca de Rachak y de Rugova varias decenas de guerrilleros albaneses cayeron en emboscadas ante el ejército. Henning Hensch, un policía alemán retirado con carnet del SPD, estuvo allí. Era uno de los seleccionados por el ministerio de exteriores para engrosar los equipos de observadores de la OSCE en Kosovo. En esa calidad actuó como perito en Rachak y Rugovo. Vio a los guerrilleros muertos con sus armas, carnets y emblemas de la UCK cosidos en sus guerreras. En Rugovo, los yugoslavos juntaron los cadáveres en el pueblo y los observadores de la OSCE hicieron fotos.
“Esas fotos, convenientemente filtradas de todo rastro de armas y emblemas de la UCK, hicieron pasar lo que fue un enfrentamiento militar con grupos armados, por pruebas de una masacre de civiles”, me explicó Hensch en 2012. “Ambos bandos cometían exactamente los mismos crímenes, pero había que poner toda la responsabilidad sólo sobre uno de ellos”, decía el policía jubilado.
El 27 de abril el entonces ministro socialdemócrata de defensa alemán, Rudolf Scharping, presentó en rueda de prensa aquellas fotos en las que se veía los cadáveres de los guerrilleros amontonados en el papel de civiles inocentes masacrados. Al día siguiente, el diario Bild publicaba una de ellas en portada con el titular: “Por esto hacemos la guerra”.
“Este era un país opuesto a la guerra y consiguieron que, por primera vez en más de cincuenta años, se metiera en una”, explicaba por teléfono Hensch, con sumo pesar. “Antes de esa experiencia, nunca imaginé que en mi país pudiera pasar algo así, es decir que el gobierno y la prensa mintieran al unísono y engañaran a la población”.
Para violentar el consenso básico de la sociedad alemana contra el intervencionismo militar, la OTAN, el gobierno de socialdemócratas y verdes (1998-2005) y los medios de comunicación, se tuvieron que emplear a fondo.
El “Media Operation Center” de la OTAN dirigido por el infame Jamie Shea, subordinado al secretario general, Javier Solana ( a su vez subordinado al Pentágono), fue una fábrica de mentiras, que los periodistas retransmitían. Shea, un hombre deshonesto, decía que el truco era, “mantener a los periodistas lo más ocupados posible, alimentándoles constantemente con briefings, de tal manera que no tengan tiempo para buscar información por si mismos”. Años después Shea explicó que, “si hubiéramos perdido a la opinión pública alemana, la habríamos perdido en toda Europa”.
Fabricar la versión del conflicto
El relato del conjunto de la guerra en los Balcanes se basó en una fenomenal sarta de mentiras, amnesias y omisiones. La opinión pública europea fue intoxicada con una eficacia que hasta entonces, en Occidente, solo se consideraba posible en Estados Unidos.
Como hoy se conoce perfectamente, antes de la intervención de la OTAN no había en el conflicto de Kosovo la “catástrofe humanitaria” que las potencias se inventaron para intervenir, sino una violencia que en 1998 partió de la UCK y a la que el ejército yugoslavo respondió con la misma violencia, explicaron miembros del equipo de la OSCE como el general alemán retirado Heinz Loquai y la diplomática estadounidense Norma Brown en un documental de la cadena de televisión alemana ARD emitido en 2012 (“Es began mit einer Lüge” – Comenzó con una mentira).
Los medios alemanes ignoraron tres datos fundamentales: 1- la tradicional hostilidad de su país hacia Yugoslavia, que diarios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y Die Welt, así como el semanario Der Spiegel, consideraban una “creación artificial”. 2- El hecho de tanto croatas como bosnios musulmanes, liderados en los noventa por dirigentes de la misma calaña que Milosevic, habían sido aliados de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial y partícipes, junto con los alemanes, del genocidio de un millón de serbios desencadenado entonces por los nazis. Y 3- la naturaleza ilegal de las acciones militares de la OTAN desde el punto de vista de la ley internacional. El ministro de exteriores verde Josef Fischer comparó a “los serbios” con los nazis y al conflicto de Kosovo con Auschwitz, comparaciones que el General Loquai califica de monstruosas, “especialmente en boca de un alemán”. Algunas de las mentiras concretas y puntuales fueron las siguientes:
El catálogo de Scharping
El ministro de defensa Rudolf Scharping dijo antes de la intervención que los serbios habían matado a 100.000 albaneses en Kosovo. La realidad es que se contabilizaron entre cinco mil y siete mil, entre muertos y desaparecidos, todos los bandos juntos e incluidas las víctimas de bombas de la OTAN.
Scharping suscribió la leyenda americana del “plan herradura” de Milosevic: rodear a la población albanesa y deportarla antes del inicio de los bombardeos. Mencionó la “expulsión de millones” y “400.000 refugiados” albaneses antes del inicio de la operación de la OTAN. La realidad fue que para verano de 1999, a las pocas semanas de la ocupación de Kosovo por la OTAN, 230.000 serbios, montenegrinos, gitanos y albaneses “colaboracionistas” fueron expulsados de Kosovo mientras en la región había 46.000 soldados de la OTAN, es decir uno por cada cuatro expulsados. Una genuina “limpieza étnica” bajo la ocupación militar de la OTAN.
Pueblos que habían sido destruidos después de iniciada la guerra por la OTAN se presentaron como destruidos antes, como incentivo para iniciarla.
Se ocultó que la miseria de los refugiados albaneses y su estampida también era consecuencia de los ataques de la OTAN.
Scharping informó del inexistente “campo de concentración” de Milosevic en el estadio de Pristina con “varios miles de internados”. Diez años después, el ministro dijo que sólo eran “sospechas”.
Se informó falsamente de “cinco dirigentes albaneses” ejecutados y de “veinte profesores” albaneses fusilados antes sus alumnos.
Todo ello se hizo para justificar más de 6000 ataques de la OTAN sin mandato de la ONU cuyo sentido era demostrar que la OTAN tenía razón de ser y aprovechar las violencias -agravadas por la intervención de las potencias- para disolver Yugoslavia, un estado anómalo en el nuevo orden europeo posterior al fin de la guerra fría. Ningún político y medio de comunicación se ha disculpado y la misma constelación actúa, y está bien preparada y engrasada para actuar, en los conflictos del presente y el futuro.
Y sin embargo…
Según una encuesta realizada en febrero para la asociación atlantista Atlantikbrücke, los alemanes siguen rechazando fuertemente las intervenciones militares de su ejército en el extranjero, iniciadas hace 20 años en Yugoslavia: solo el 14% las apoyan, contra un 77% que las rechazan.
(P.S. No es esta la única derrota del complejo político-mediático local. Pese a que desde hace años se les bombardea con la demonización de la Rusia de Putin, a los alemanes Trump les parece mucho menos fiable (82%) que el presidente ruso (56%), e incluso consideran a China como socio menos dudoso (42%) que Estados Unidos (86%), señala la misma encuesta. Esta opinión contradice directamente las últimas resoluciones del Parlamento Europeo a favor de incrementar las sanciones contra Rusia, país al que ya no puede considerarse “socio estratégico”, señala la resolución votada este mes por 402 diputados, contra 163 (y 89 abstenciones). Al mismo tiempo, la Comisión ha declarado a China “rival sistémico” en una resolución que casi coincidió con la votación en el Parlamento Europeo. La UE califica así, simultáneamente, como casi enemigos a China y Rusia. El propósito es aislar a esas potencias, pero teniendo en cuenta el estado de las relaciones con Estados Unidos, así como el proceso de creciente fragmentación de la UE, es legítimo preguntarse quien es el aislado).
(Publicado en Ctxt) Rafael Poch.
martes, 8 de enero de 2019
_- Haití se levanta contra la corrupción, el nepotismo, la represión y la impunidad.
_- Jean-Luc Mercier
Rebelión
El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.
Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.
Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.
Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.
Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.
Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.
El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.
Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.
Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.
Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.
Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.
El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.
De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.
La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.
La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.
Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.
"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.
Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.
Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".
Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.
Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.
Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.
El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz
Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.
Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.
Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.
Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.
Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene,utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%..
Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.
La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.
Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.
Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.
El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”
El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informático Ecuménico y Popular.
La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.
Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.
En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.
Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según informó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).
Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.
El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).
La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.
La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).
Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Rebelión
El domingo 18, día de la movilización en Haití contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad y para exigir la rendición de cuentas por el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, causó once muertes, 47 heridos y 75 arrestos en la capital y en varias ciudades provinciales.
Petrocaribe es un programa de asistencia creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de tres mil 800 millones de dólares, parte de esos fondos.
Ese día estuvo doblemente marcado por la conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de Vertières y la movilización popular en torno al tema Petrocaribe, que también exige la salida requerida del presidente Jovenel Moïse.
Las protestas llevaron al gobierno haitiano a desplegar el domingo más de 3.000 agentes policiales. Grupos de la oposición convocaron manifestaciones en diferentes zonas de la capital, Puerto Príncipe, y en la norteña Cabo Haitiano en demanda de una investigación profunda sobre el presunto desvío de fondos millonarios del programa petrolero Petrocaribe.
Con pancartas en las que reclamaban se averigüe el paradero de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe , miles de personas marcharon frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, se dirigieron a la sede del Parlamento y recorrieron el populoso barrio de Delmas, donde se les unían más manifestantes.
Según una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del expresidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.
El exsenador Moïse Jean-Charles, quien encabezó las protestas en Cabo Haitiano, 130 kilómetros al norte de la capital, también pidió la renuncia del presidente Jovenel Moïse y de su gobierno por considerar que se han negado a profundizar la investigación. Moïse canceló el domingo el viaje que tenía previsto junto a los miembros de su gabinete a Cabo Haitiano para conmemorar el 215 aniversario de la batalla de Vertieres, la cual representó el último paso de los haitianos para obtener su independencia de Francia.
Los inconformes bloquearon varias calles con basura y neumáticos en llamas que emitían un denso humo negro, el cual cubrió gran parte de Puerto Príncipe durante la tarde. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados y el transporte colectivo dejó de operar. El transporte público y el comercio informal quedaron completamente paralizados.
Grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, aprovecharon la protesta para pedir la renuncia del presidente, Jovenel Moise e instaron a seguir paralizando las actividades, hasta la renuncia del mandatario.
Haití vive una fuerte crisis económica y la moneda nacional, el gourde, está en caída libre frente el dólar, mientras la inflación se sitúa en el 14 % cada mes desde el inicio del año, y hay un alto índice de desempleo. Uno de los principales problemas, que causa resentimiento en la población, es el de los privilegios y la impunidad de las fuerzas de la ONU, Minustah. Son 7.000 soldados de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, que -según las denuncias de los movimientos sociales- roban a la gente, violan a las mujeres y niños y les contagian enfermedades, y todo ello sin ningún castigo.
Estas circunstancias, sumadas al escándalo de corrupción de Petrocaribe, han generado en una parte importante de la población total desconfianza en la capacidad del actual régimen para mejorar la situación.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios, del partido actualmente en el poder, en irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
El líder opositor Moise Jean Charles afirmó ayer en Cabo Haitiano, en declaraciones a la prensa, que solo con la salida del presidente Jovenel Moise del poder habrá un juicio por el caso de Petrocaribe.
El presidente-banana
Jovenel Moïse, quien triunfó en los comicios nacionales de su país en octubre de 2015 y noviembre de 2016, este martes fue nombrado presidente electo por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Entonces, la crisis política que atravesaba la nación caribeña ocasionó que la declaratoria del vencedor se pospusiera por más de un mes.
De acuerdo al Consejo Electoral haitiano, Moïse, del partido de derecha Tet Kale se impuso con el 55,6% de los votos en los comicios del 20 de noviembre de 2016. En segundo lugar quedó Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, con 19,5% del caudal electoral.
La declaratoria se produjo después de semanas de incertidumbre, denuncias de fraude de parte de partidarios de Célestin y protestas de seguidores de Moïse que reclamaban que sea nombrado presidente electo. El Consejo Electoral señaló, luego de un recuento, que en la votación hubo irregularidades pero no el "fraude masivo" denunciado.
La victoria de Moïse de octubre de 2015 también había sido impugnada y finalmente anulada tras violentos disturbios. Tan solo el 21% de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas en noviembre de 2016.
Moïse, de 49 años, es un empresario que proviene del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en la capital Puerto Príncipe, considerada como el mejor centro académico privado de Haití.
"En 1996 deja la capital y se traslada a la comuna de Port-de-Paix (en el departamento Noroeste) con el ardiente sueño de desarrollar el interior del país", se puede leer en la biografía de su sitio web oficial, donde se detalla que sus primeros movimientos empresariales estaban relacionados con la venta de partes de autos y después comenzó el cultivo de bananas.
Sus emprendimientos le valieron llegar a ser, en menos de una década, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Además del rubro de la exportación de bananas, Moïse tiene proyectos empresarios relacionados a la generación de energía eólica y solar y otros negocios relacionados con la agricultura.
Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen en un distrito rural. Su segunda bandera es el éxito que logró en algunas de sus iniciativas empresariales, y así fue que pudo llegar al electorado haitiano de las regiones con mayores dificultades económicas poniéndose a él mismo como un "ejemplo de éxito posible".
Es más, durante la campaña aprovechó el sobrenombre por el que muchos le llaman en su país: "el hombre banana". Su llegada a la política fue posible gracias al apoyo del expresidente haitiano Michel Martelly (2011-2016) y el partido de derecha Tet Kale. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Martelly, quien además es uno de los músicos más conocidos en Haití, dejó el mando de su país en medio de varias denuncias de corrupción y acusaciones de sus adversarios políticos.
Tras un fin de año marcado por protestas en las calles y denuncias de fraude, Moïse pidió a los haitianos que "pasen la página". La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América. Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.
Más de la mitad de la población haitiana es analfabeta y el 90% de la educación está en manos privadas sin posibilidades de acceso para la mayor parte de la población. El desempleo es del 80%. La situación social es también muy desigual. El 95% de la población es negra sin embargo existe una discriminación manifiesta tanto lingüística como por el color de la piel. La discriminación se hace notar sobre todo en la distinción entre campo y ciudad. Depende de donde nazcas serás campesino o ciudadano, esto está totalmente interiorizado. Los mulatos conforman el 5% restante y controlan todo el país.
El interés estratégico de Haití en medio del Caribe hace que nada pueda hacerse sin el consentimiento y la supervisión de los EEUU. En este sentido las intervenciones han sido constantes. “Ya en 1986 Haití producía arroz suficiente para alimentar a toda la población. Con la llegada de las políticas neoliberales se bajaron los aranceles de importación del 30% al 2% y el arroz pasó a ser tan barato que los agricultores no pudieron competir con el arroz que se importaba de EEUU y se marcharon a la capital como desplazados internos por esta violencia económica", señala Gulin Bonhomme, profesor haitiano e investigador para la paz
Siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las esperanzas de recuperación económica se vieron afectadas todavía más a principios de octubre de 2016 por el huracán Matthew, que dejó daños estimados en más de 2.000 millones de dólares.
Las políticas del FMI
Ya el 6 de julio, Haití había sido escenario de protestas en rechazo al aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, una medida acordada en febrero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la violencia, la medida fue revertida al día siguiente y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares.
Sin embargo, las protestas continuaron y han dejado al menos tres muertos, así como daños a edificios gubernamentales, comercios, hoteles y oficinas de negocios. Los disturbios ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, en la ciudad Cap-Haitien y en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.
Las protestas y el descontento social en el país por los ajustes exigidos por el FMI hicieron que el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, presentara su renuncia el 14 de julio.
Ayuda "humanitaria"
La medida de "ajuste" del FMI implicaba el aumento de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y el del kerosene,utilizado por la mayoría de los haitianos para alumbrar sus casas, debido a que no tienen electricidad, en 51%..
Se trataba de un acuerdo de "ayuda humanitaria" entre el Gobierno de Haití y el FMI, realizado sin el consentimiento de la población, como parte de un programa de ajustes, cuyo propósito era poner fin a los subsidios que tienen los productos derivados del petróleo bajo el pretexto de reducir el déficit presupuestario gubernamental y "estabilizar" la economía.
La deuda de Haití con el FMI dio un salto tras el terremoto de 2010, que dejó al menos 222 mil 570 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales calculadas en 7.900 millones de dólares. Se trató de un "préstamo" de 114 millones de dólares que debía empezar a ser reembolsado tras un período de cinco años y medio.
Las ONGs
Las promesas de la comunidad internacional se hicieron esperar y se prometieron 16 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití, un dinero que acabó en manos de las ONGs, nunca repercute en el país. “Es el país de las ONGs, con más de 14 mil, en una nación pequeña de nueve millones. Las ONGs hacen sus proyectos y nadie los controla. De los 10 mil millones de dólares que llegaron de la ONU la mayor parte fue para las ONGs que nunca transfieren competencias a los haitianos, sino que los colocaron en una situación de dependencia, pasividad y desamparo, indica Bonhomme.
Haití se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de las ONGs que acuden como moscas. Nadie sabe a ciencia cierta cuantas ONGs hay, ni lo que hacen, o en que se gastan los fondos. La duplicación de servicios y la ingente acumulación de material sin utilizar es prácticamente la norma. Sólo 300 están inscritas, así que hay cientos que actúan sin control alguno. La mayoría de ellas son cajas negras que nadie supervisa.
El británico David Harvey sostiene que las ONGs son los caballos troyanos de la globalización neoliberal, mientras que Ricardo Seitenfus afirma que “hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONGS y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ‘oenegización’ del país. Haití nunca estuvo tan debilitado como ahora y le toca dialogar y aceptar muchas cosas pero hay una relación perversa entre la debilidad del estado haitiano y la fuerza de las ONGS en el país”
El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el arte... ¿ Por qué no traficar con la compasión?, señala el Servicio Informático Ecuménico y Popular.
La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda deja de ser “los damnificados”. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro de atención pasa a ser “los donantes”. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez más atractivo y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing.
Para ello es preciso contar con técnicos y directivos experimentados. El periódico español El País dedicó una página entera al tema en enero de 2011 con el título “Profesionales de la solidaridad”, un sector que ocupa en España a 529.000 empleados remunerados (y mucho incauto mal remunerado). Cita sin desparpajo el caso ejemplar de un dinámico economista, con larga experiencia como director de ventas de Procter & Gamble, que ha sido fichado por una ONG fundada por un magnate de la banca. Cada vez son más concurridos los cursos y postgrados de especialización en ONGs impartidos por escuelas de negocios.
En muchos casos se trata de verdaderas corporaciones multinacionales con oficinas abiertas en paraísos fiscales para “gestionar” los cuantiosos fondos que reciben al margen de las onerosas regulaciones fiscales de los “gobiernos”. 77 ONGs están siendo investigadas por tales prácticas.
Las autoridades de Haití se vieron en la obligación de abrir una investigación contra todas las ONG en el país tras el escándalo de Oxfam, cuyo equipo se vio involucrado en casos de explotación y abuso sexual, negligencia y nepotismo en 2011 en la isla, según informó el ministro de Planificación y Cooperación Externa haitiano, Aviol Fleurant. El presidente Moise, aseguró que el caso de Oxfam solo es la punta del "iceberg" y reclamó que se investigara también a otras ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF).
Tras el terremoto, el país también sufrió una epidemia de cólera, de la cual es acusado el personal de paz de Naciones Unidas. La enfermedad mató a más de ocho mil personas y más de 650 mil se enfermaron. A esta catástrofe se unieron los huracanes Matthew e Irma en 2016 y 2017, tras los cuales miles de personas siguen viviendo en campamentos.
El terremoto sirvió de excusa para una nueva intervención "humanitaria" de Estados Unidos en Haití, donde años antes, entre 1951 y 1986, fue responsable de implementar la dictadura de los Duvalier para controlar y saquear los recursos naturales de la isla. Esta calamidad que atravesaba el país también abrió la oportunidad para la "ayuda humanitaria" de la ONU, que tomó el control de la isla con la misión MINUSTAH (7 mil soldados y policías).
La intervención extranjera terminó siendo un fraude económico, pues mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del terremoto, millones de dólares en "ayuda humanitaria" de Occidente no llegaron nunca a la población. Casi el 9% de este financiamiento quedó en fundaciones y organizaciones no gubernamentales extranjeras, entre ellas la Fundación Clinton.
La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, de los cuales el 41% corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su mayor acreedor, y el 27% al Banco Mundial (BM).
Jean-Luc Mercier. Sociólogo haitiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
lunes, 8 de octubre de 2018
Imperios combatientes. La insólita coalición
CTXT
Cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se alían para torear a Trump
El lunes 24 de septiembre pasó algo curioso en Nueva York: cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron con la comisaria europea de Exteriores, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, para torear a Donald Trump. El asunto era el acuerdo con Irán.
El gobierno iraní está cumpliendo ese acuerdo firmado por todos ellos en 2015. Eso lo reconoce hasta Theresa May. Sin embargo, Estados Unidos, animado por Israel y los miembros más demenciales de su belicista administración, se ha retirado para regresar a la que ha sido su política desde que la revolución iraní derrocara al sha: el cambio de régimen. A quienes pretendan respetar lo firmado y hacer tratos con Teherán, Trump les promete sanciones a través de su control de los canales bancarios y comerciales del que su país es dueño. Los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Rusia y China, más la comisaria europea y el ministro iraní, se han rebelado contra Trump, declarando la vigencia del acuerdo: los más viejos del lugar no recuerdan nada semejante.
“Los participantes subrayan su determinación de proteger la libertad de sus operadores económicos para realizar legítimos negocios con Irán”, señala la declaración. Y su punto octavo abre a Irán el Banco Europeo de Inversiones como canal para sus negocios comerciales con el mundo. Se pondrá en marcha “un mecanismo especial para facilitar los pagos relacionados con las exportaciones de Irán, incluido el petróleo, y las importaciones, lo que ayudará y tranquilizará a los operadores económicos que realicen negocios legítimos con Irán”. Mogherini aclaró que este sistema podría abrirse a otros países fuera de la UE, y ha subrayado que todos los firmantes actuales del pacto atómico lo apoyan.
Después de que Trump manifestara ante la Asamblea General de la ONU que “los dirigentes iraníes siembran el caos, la muerte y la destrucción” en el mundo, y glosara sus sanciones (que desde abril han hecho perder más de dos tercios de su valor a la moneda local y que el 5 de noviembre aún se reforzarán más) como medio para defenderse de las “sangrientas intenciones de Teherán”, la declaración de los cuatro + dos sonó potente. En el caso de la Unión Europa casi como una verdadera declaración de independencia. ¿Verdaderamente?
Desde que Trump se fue del acuerdo y anunció sanciones para las empresas que negocien con Irán, las mayores empresas europeas con expectativas allá se han ido en estampida; PSA, Total, Renault, VW, Daimler, y diversos bancos europeos. No parece que el anuncio del lunes vaya a cambiar eso, porque los negocios de esas empresas con Estados Unidos pesan mucho más que lo que puedan ganar en Irán. Solo las pequeñas empresas sin negocios con Estados Unidos podrán correr el riesgo. Aún así, mientras los europeos no dispongan de su propio Swift, es decir de un sistema independiente de transacciones financieras fuera del alcance del dólar y de los bancos americanos, como ha mencionado el ministro alemán de exteriores, Heiko Maas, el desafío será pólvora mojada. Otra cosa sería si los gobiernos europeos de la UE fueran capaces de proteger de forma efectiva a sus empresas del abuso que representa la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos.
Pero incluso sin eso, la insólita coalición del lunes sienta un pequeño precedente. Lo que hoy no existe y convierte a esas declaraciones en algo parecido a papel mojado, puede existir mañana. Ninguna moneda ha dominado la economía mundial eternamente y el dólar no será excepción. Es más, el intento de Trump de chantajear a los demás con su moneda y su control de las redes comerciales internacionales puede volverse contra él. Y en eso estamos.
P.S. El 22 de septiembre Irán sufrió el más mortífero atentado de su última década: 25 muertos, la mitad de ellos civiles incluido un niño de cuatro años, en un ataque a un desfile militar en la ciudad de Ahvaz. Se conmemoraba el inicio de la guerra con Irak, una guerra de ocho años (1980-1988) propiciada por occidente en respuesta a la revolución de 1979 y que dejó la factura de un millón de muertos en Irán. La magnitud del atentado equivale a los vistos en París, Londres o Barcelona. El Estado islámico lo reivindicó. Pero, en vísperas de la llegada del Presidente iraní, Hasán Rohaní, a las Naciones Unidas (donde pronunció un discurso lleno de buen sentido), no se podía permitir que un atentado presentara como víctima al Irán al que se hace pasar como principal factor de terrorismo en el mundo. Así que se optó por titulares que difuminaran lo sucedido: “Los guardias revolucionarios, objetivo en un desfile militar en Ahvaz”, y similares. La compasión es selectiva.
Fuente:
https://ctxt.es/es/20180926/Politica/21926/Rafael-Poch-ONU-Consejo-de-seguridad-Trump-Iran-Hasan-Rohani.htm
jueves, 20 de septiembre de 2018
El PP respondió a la ONU que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. El relator especial de Naciones Unidas sobre los crímenes del franquismo: “O se juzga a sus responsables o se extraditan”
La Marea
“Mi más absoluta solidaridad con las víctimas”. Con esas palabras comenzaba su intervención en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados el argentino Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Invitado por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes y apoyado por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís, Salvioli abordó la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.
El relator, muy crítico con la Administración española, ha planteado que “si quienes están a cargo de las funciones del Estado” no cumplen con sus obligaciones jurídicas, “¿para qué están?”. “No sé qué otra señal” necesitan, añadió. Y aseguró que la falta de soluciones no parte de un problema de Derecho: “Lo que ha faltado es voluntad política”.
Ya en 2014, su antecesor en el cargo, el colombiano Pablo de Greiff, emitió un informe donde instaba a España a reparar a las víctimas del franquismo. La respuesta no se hizo esperar. En septiembre, tal y como ha revelado este martes el relator, el gobierno del PP indicó lo siguiente: que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. Unas declaraciones que, para el relator, “marcan un profundo desprecio por las víctimas”.
Al año siguiente, Salvioli advirtió a España ante el Comité de Derechos Humanos que debía “derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, ya que si cada país interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como quiere “entonces no hay estándares internacionales de Derechos Humanos”. Ese mismo año, recuerda el relator, el Consejo de Ministros, entonces presidido por Mariano Rajoy, rechazó las extradiciones de una veintena de imputados por la justicia argentina. Tras tacharlo de surrealista, ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar esa directriz por considerarla “jurídicamente insostenible, además de apuntar a dos únicas vías de actuación posible: “o se juzgan o se extraditan”. Para lo primero, es fundamental actuar sobre la Ley de Amnistía, “incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional”. Si no es suprimida, cree que “igual no debería ser tenida en cuenta” porque “sus efectos jurídicos son nulos”, afirmó. Sin embargo, durante la intervención de los distintos grupos políticos, el representante socialista se mostró contrario a esa petición por “todo lo que conlleva” y por lo que “en su día significó”.
Pide exhumar de una vez a las víctimas y rechaza la reconciliación. Asimismo, considera importante la decisión de exhumar del Valle de los Caídos los restos de Franco, pero mantiene que debe ser “complementado por otras cosas” porque sigue “revictimizando a las víctimas”, aludiendo a la simbología que profesa el mausoleo. Sobre la situación de las miles de personas que aún continúan en cunetas, ha insistido en que “la gente se está muriendo, y quiere morirse en paz”, así como tener “un lugar para llevarles una flor a un familiar; poder hacer el duelo”, ante lo que cuestiona “el grado de humanidad” de quienes hacen oídos sordos a estas demandas. A su juicio, “si el Estado fue capaz de hacer desaparecer una persona, tiene que ser capaz de decirle dónde está”.
Por otra parte, Fabián Salvioli rechaza el concepto de reconciliación de una víctima con su torturador. Una palabra cuyo sentido, señala, “se ha mal utilizado”, y que será objeto de su próximo informe, previsto para el año que viene. Para él, reconciliación es “la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado”, solo posible “a través de la restauración de la justicia”. “Cualquier otra interpretación es absolutamente perversa”. “Otra cosa es el perdón individual”.
Fuente: http://www.lamarea.com/2018/09/18/relator-naciones-unidas-crimenes-franquistas/
domingo, 5 de agosto de 2018
La ONU abre por primera vez en España una investigación sobre un bebé robado.
InfoLibre
Los tribunales españoles archivaron el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal "se mostró contrario al cierre"
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abierto por primera vez en España un procedimiento de investigación en un caso individual de bebé robado, según ha informado la Cadena Ser.
La queja fue presentada en 2017 por un matrimonio residente en Navarra al que supuestamente robaron su hijo al nacer en 1985. El presidente de la asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha sido quien ha anunciado la apertura de esta investigación.
El abogado ha recordado que los tribunales españoles archivaron el caso: "tanto el Jugado de Instrucción navarro como la Audiencia Provincial de Navarra decretaron el archivo de las actuaciones de investigación penal, pese a que no se había practicado las pruebas mínimas solicitadas por los denunciantes ni por el propio Ministerio Fiscal", que "se mostró contrario al cierre de la investigación".
Ante esta situación, se solicitó la intervención del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y este organismo internacional de defensa de los derechos humanos, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, aceptó la queja interpuesta, y abrió el primer proceso de investigación contra el Estado por un caso de supuesto robo de un niño.
En el mismo, se dio al Estado un plazo de seis meses para que diese sus explicaciones y argumentase su defensa ante su inactividad en la investigación, pero "ha pasado el plazo establecido sin que se haya contestado por parte de España", siempre según Vila.
Fuente:
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/31/la_onu_abre_por_primera_vez_espana_una_investigacion_sobre_bebe_robado_85560_1012.html
Los tribunales españoles archivaron el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal "se mostró contrario al cierre"
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abierto por primera vez en España un procedimiento de investigación en un caso individual de bebé robado, según ha informado la Cadena Ser.
La queja fue presentada en 2017 por un matrimonio residente en Navarra al que supuestamente robaron su hijo al nacer en 1985. El presidente de la asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha sido quien ha anunciado la apertura de esta investigación.
El abogado ha recordado que los tribunales españoles archivaron el caso: "tanto el Jugado de Instrucción navarro como la Audiencia Provincial de Navarra decretaron el archivo de las actuaciones de investigación penal, pese a que no se había practicado las pruebas mínimas solicitadas por los denunciantes ni por el propio Ministerio Fiscal", que "se mostró contrario al cierre de la investigación".
Ante esta situación, se solicitó la intervención del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y este organismo internacional de defensa de los derechos humanos, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, aceptó la queja interpuesta, y abrió el primer proceso de investigación contra el Estado por un caso de supuesto robo de un niño.
En el mismo, se dio al Estado un plazo de seis meses para que diese sus explicaciones y argumentase su defensa ante su inactividad en la investigación, pero "ha pasado el plazo establecido sin que se haya contestado por parte de España", siempre según Vila.
Fuente:
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/31/la_onu_abre_por_primera_vez_espana_una_investigacion_sobre_bebe_robado_85560_1012.html
viernes, 13 de julio de 2018
Lo que deberíamos aprender de Auschwitz. El mundo necesita mantener viva la memoria del pasado y de tragedias como el Holocausto. Solo así podremos vencer la apatía que nos invade y superar nuestra incapacidad para enfrentarnos a las nuevas injusticias
Hace 73 años, el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a los 7.000 prisioneros que quedaban en el campo de concentración de Auschwitz. Justo antes de su huida, los alemanes habían hecho estallar las cámaras de gas y los crematorios que seguían operativos. Además, consiguieron trasladar a 100.000 prisioneros a Alemania para seguir empleándolos como mano de obra esclava. Quienes sobrevivieron en aquel campo fueron el resto de su vida el testimonio vivo de aquellos que perecieron.
Hoy, supervivientes de varios campos como Primo Levi, Elie Wiesel, Israel Gutman, Wladyslaw Bartoszewski, Simone Weil, Imre Kertész, y muchos más, no se encuentran entre los vivos. Nosotros, la generación de la posguerra, nos hemos ido quedando cada vez más solos a la hora de transmitir aquello. Parece que aún somos incapaces de gestionar de forma adecuada esa carga. No me refiero con esto a los datos de lo que sucedió, sino más bien a que en el mundo moderno vivimos cada vez más como si no hubiéramos aprendido mucho de la Shoah y de los campos.
Se suponía que el mundo iba a ser distinto después de la guerra. Se fundaron instituciones, como Naciones Unidas, para el diálogo y la cooperación a escala mundial. En Europa occidental se impulsó un proceso de unión de Estados, naciones y sociedades, lo que ahora se conoce como la Unión Europea. Se aceptaron nuevos marcos jurídicos para perseguir crímenes contra la humanidad, y Naciones Unidas hizo una definición del delito de genocidio. La función de las organizaciones no gubernamentales era apreciada y su expansión tras la guerra reforzó la influencia de la sociedad civil en las instituciones. Después del brutal conflicto armado, parecía que había que replantearse el mundo. Debido a la tragedia que supuso la pérdida de tantos civiles, esta guerra no se parecía a ninguna otra. Auschwitz se convirtió en su símbolo más claro.
Pero en aquel momento, poco después de 1945, no hubo suficiente valentía para intentar que se hiciera justicia de verdad. De los aproximadamente 77.000 miembros de las SS que trabajaron en los campos de concentración y de exterminio, solo 1.650 fueron castigados después de la guerra. Es más, ese castigo fue, en la mayoría de los casos, obvia e irritantemente insuficiente: unos cuantos años de cárcel, a menudo reducidos. Por tanto, a nadie debería extrañarle que haya quedado cierta sensación de impunidad
Hoy vemos que los esfuerzos realizados durante la posguerra —por muy legítimos y meditados que parezcan— no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar con eficacia ante las nuevas manifestaciones de frenesí genocida. El hambre y la muerte que causan los enfrentamientos continuos entre diferentes grupos en África central no constituyen una prioridad para nuestros Gobiernos. El comercio de armas y la explotación de mano de obra crecen en las regiones más pobres del mundo. Naciones Unidas ha dejado de ser garantía de que siempre pueda haber algún tipo de esperanza en el mundo, mientras la apatía interna devora a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, en nuestras democracias aumenta el populismo, el egoísmo nacional y nuevas formas de retórica del odio extremo. Las relaciones entre los pueblos han vuelto a militarizarse y esto profana nuestras calles y ciudades. ¿Realmente hemos cambiado tanto en las dos o tres últimas generaciones.
Antes de reunirnos, dentro de dos años, para conmemorar el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz (el 27 de enero ha sido designado por la ONU como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto), deberíamos hacernos varias preguntas para intentar que no se convierta en otro acto conmemorativo más, con las mismas palabras y las mismas frases repetidas, en forma de eslóganes conmovedores.
¿Qué le ocurre a nuestro mundo? ¿Qué nos ocurre a nosotros? ¿Hemos olvidado nuestro compromiso con la memoria? Si la esperanza es lo último que se pierde, ¿dónde debe arraigar si no es en la memoria? ¿Podemos atribuir a una falta de visión la superficialidad con la que impulsamos el bien? ¿La escasez de líderes políticos con sentido de Estado explica el auge de otras voces que no asumen sus propias responsabilidades? ¿Se han convertido los sondeos de opinión y los memes en las redes sociales en un dictado permanente de nuestras decisiones? ¿En verdad están dominados los mercados por aquellos que solo buscan su propio beneficio, sin querer darse cuenta de que también tienen que cumplir con deberes, por incómodos que estos resulten? ¿Podemos ignorar nuestra responsabilidad escudándonos en nuestra “incapacidad para hacer algo”, aunque se trate de las mayores tragedias?
Los esfuerzos de la posguerra no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar ante nuevos genocidios
En una cultura que intenta vivir sin enfrentarse a la muerte, ¿queda lugar para la conmemoración de las víctimas? ¿La cacofonía que producen todas las historias personales e igualmente importantes —y a las que todo el mundo tiene derecho—aún contiene un mensaje moral liberador? ¿Es la satisfacción humana la mejor forma de medir el bien en este mundo?
Vistas las enormes disparidades que hay entre elsistema educativo y los retos a los que se debe enfrentar, ¿por qué somos incapaces de cambiarlo? ¿Está realmente justificada la proporción entre el número de clases de matemáticas frente a las de materias como la ética; frente a la enseñanza del buen uso de los medios de comunicación de masas; frente a la educación cívica y al conocimiento de las amenazas internas para la sociedad; frente al desarrollo de capacidades para formar parte de la sociedad civil? ¿Depende realmente tanto de las integrales la construcción de nuestro futuro? ¿Por qué se enseña la historia como si se tratara solo de un estudio seguro del pasado, sin ponerlo en relación con el mundo de hoy y con un futuro cada vez más inseguro?
No queremos abordar estas preguntas para poder así apartarlas, ridiculizarlas o desacreditarlas. Y da igual lo que ocurra en Congo, en Myanmar (antigua Birmania) o en el barrio de al lado. Lo cierto es que nuestros hijos —que son el futuro que importa— aprenden más sobre los sacrificios, la dignidad, la responsabilidad y los ideales con la nueva película de Star Wars que con nosotros o en el colegio.
La apatía nos invade, no porque no tengamos grandes sueños de futuro, sino porque hemos velado la imagen de nuestro pasado compartido y común, hasta del más cercano. Esta apatía es tan profunda que en la actualidad, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, a la hora de evaluar el curso de los acontecimientos en tantos lugares, lejos y cerca de nosotros, nos resulta muy difícil distinguir entre lo que sigue constituyendo la paz y lo que ya se ha convertido en guerra.
La memoria y la responsabilidad ya no coinciden. Así es como nuestra civilización se ve privada ahora, por su propio deseo, de su experiencia pasada. ¿Vamos a dejar que Auschwitz forme parte de la historia? ¿O tal vez deberíamos pasar el tema al departamento de matemáticas?
Piotr M. A. Cywinski es historiador y director del Museo de Auschwitz-Birkenau.
Hoy, supervivientes de varios campos como Primo Levi, Elie Wiesel, Israel Gutman, Wladyslaw Bartoszewski, Simone Weil, Imre Kertész, y muchos más, no se encuentran entre los vivos. Nosotros, la generación de la posguerra, nos hemos ido quedando cada vez más solos a la hora de transmitir aquello. Parece que aún somos incapaces de gestionar de forma adecuada esa carga. No me refiero con esto a los datos de lo que sucedió, sino más bien a que en el mundo moderno vivimos cada vez más como si no hubiéramos aprendido mucho de la Shoah y de los campos.
Se suponía que el mundo iba a ser distinto después de la guerra. Se fundaron instituciones, como Naciones Unidas, para el diálogo y la cooperación a escala mundial. En Europa occidental se impulsó un proceso de unión de Estados, naciones y sociedades, lo que ahora se conoce como la Unión Europea. Se aceptaron nuevos marcos jurídicos para perseguir crímenes contra la humanidad, y Naciones Unidas hizo una definición del delito de genocidio. La función de las organizaciones no gubernamentales era apreciada y su expansión tras la guerra reforzó la influencia de la sociedad civil en las instituciones. Después del brutal conflicto armado, parecía que había que replantearse el mundo. Debido a la tragedia que supuso la pérdida de tantos civiles, esta guerra no se parecía a ninguna otra. Auschwitz se convirtió en su símbolo más claro.
Pero en aquel momento, poco después de 1945, no hubo suficiente valentía para intentar que se hiciera justicia de verdad. De los aproximadamente 77.000 miembros de las SS que trabajaron en los campos de concentración y de exterminio, solo 1.650 fueron castigados después de la guerra. Es más, ese castigo fue, en la mayoría de los casos, obvia e irritantemente insuficiente: unos cuantos años de cárcel, a menudo reducidos. Por tanto, a nadie debería extrañarle que haya quedado cierta sensación de impunidad
Hoy vemos que los esfuerzos realizados durante la posguerra —por muy legítimos y meditados que parezcan— no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar con eficacia ante las nuevas manifestaciones de frenesí genocida. El hambre y la muerte que causan los enfrentamientos continuos entre diferentes grupos en África central no constituyen una prioridad para nuestros Gobiernos. El comercio de armas y la explotación de mano de obra crecen en las regiones más pobres del mundo. Naciones Unidas ha dejado de ser garantía de que siempre pueda haber algún tipo de esperanza en el mundo, mientras la apatía interna devora a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, en nuestras democracias aumenta el populismo, el egoísmo nacional y nuevas formas de retórica del odio extremo. Las relaciones entre los pueblos han vuelto a militarizarse y esto profana nuestras calles y ciudades. ¿Realmente hemos cambiado tanto en las dos o tres últimas generaciones.
Antes de reunirnos, dentro de dos años, para conmemorar el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz (el 27 de enero ha sido designado por la ONU como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto), deberíamos hacernos varias preguntas para intentar que no se convierta en otro acto conmemorativo más, con las mismas palabras y las mismas frases repetidas, en forma de eslóganes conmovedores.
¿Qué le ocurre a nuestro mundo? ¿Qué nos ocurre a nosotros? ¿Hemos olvidado nuestro compromiso con la memoria? Si la esperanza es lo último que se pierde, ¿dónde debe arraigar si no es en la memoria? ¿Podemos atribuir a una falta de visión la superficialidad con la que impulsamos el bien? ¿La escasez de líderes políticos con sentido de Estado explica el auge de otras voces que no asumen sus propias responsabilidades? ¿Se han convertido los sondeos de opinión y los memes en las redes sociales en un dictado permanente de nuestras decisiones? ¿En verdad están dominados los mercados por aquellos que solo buscan su propio beneficio, sin querer darse cuenta de que también tienen que cumplir con deberes, por incómodos que estos resulten? ¿Podemos ignorar nuestra responsabilidad escudándonos en nuestra “incapacidad para hacer algo”, aunque se trate de las mayores tragedias?
Los esfuerzos de la posguerra no han soportado la prueba del tiempo. Somos incapaces de reaccionar ante nuevos genocidios
En una cultura que intenta vivir sin enfrentarse a la muerte, ¿queda lugar para la conmemoración de las víctimas? ¿La cacofonía que producen todas las historias personales e igualmente importantes —y a las que todo el mundo tiene derecho—aún contiene un mensaje moral liberador? ¿Es la satisfacción humana la mejor forma de medir el bien en este mundo?
Vistas las enormes disparidades que hay entre elsistema educativo y los retos a los que se debe enfrentar, ¿por qué somos incapaces de cambiarlo? ¿Está realmente justificada la proporción entre el número de clases de matemáticas frente a las de materias como la ética; frente a la enseñanza del buen uso de los medios de comunicación de masas; frente a la educación cívica y al conocimiento de las amenazas internas para la sociedad; frente al desarrollo de capacidades para formar parte de la sociedad civil? ¿Depende realmente tanto de las integrales la construcción de nuestro futuro? ¿Por qué se enseña la historia como si se tratara solo de un estudio seguro del pasado, sin ponerlo en relación con el mundo de hoy y con un futuro cada vez más inseguro?
No queremos abordar estas preguntas para poder así apartarlas, ridiculizarlas o desacreditarlas. Y da igual lo que ocurra en Congo, en Myanmar (antigua Birmania) o en el barrio de al lado. Lo cierto es que nuestros hijos —que son el futuro que importa— aprenden más sobre los sacrificios, la dignidad, la responsabilidad y los ideales con la nueva película de Star Wars que con nosotros o en el colegio.
La apatía nos invade, no porque no tengamos grandes sueños de futuro, sino porque hemos velado la imagen de nuestro pasado compartido y común, hasta del más cercano. Esta apatía es tan profunda que en la actualidad, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, a la hora de evaluar el curso de los acontecimientos en tantos lugares, lejos y cerca de nosotros, nos resulta muy difícil distinguir entre lo que sigue constituyendo la paz y lo que ya se ha convertido en guerra.
La memoria y la responsabilidad ya no coinciden. Así es como nuestra civilización se ve privada ahora, por su propio deseo, de su experiencia pasada. ¿Vamos a dejar que Auschwitz forme parte de la historia? ¿O tal vez deberíamos pasar el tema al departamento de matemáticas?
Piotr M. A. Cywinski es historiador y director del Museo de Auschwitz-Birkenau.
lunes, 9 de julio de 2018
La cultura del privilegio. El triángulo formado por el Estado, los ciudadanos y el mercado precisa de otro contrato social.
Muchos bienes públicos (la educación, la sanidad, el medio ambiente, la seguridad, la habitabilidad del lugar en que se vive, etcétera) y distintos derechos civiles y sociales (el conjunto del sistema de reglas que garantiza la igualdad de oportunidades) no llegan de igual manera a todos los ciudadanos. A este hecho es a lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, ha denominado “la cultura del privilegio”. Un ejemplo sería el sistema fiscal de muchos países, tan desigual en la aplicación de exenciones, elusiones, la evasión, o el diferente trato que dan a las rentas del trabajo y del capital. Ello se ha agravado en la última década.
Esta “cultura del privilegio” está desarrollada en uno de los últimos estudios de la institución que preside la mexicana Alicia Bárcenas, titulado La ineficiencia de la desigualdad, que ha sido presentado en Cuba hace unos días con el propósito de alinearse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en especial con la intención de no dejar a nadie atrás. Una reflexión oportuna es la de si sus conclusiones y sus tendencias (desde luego no sus datos concretos) valen para el resto del mundo. Entre aquellas se pueden destacar las siguientes:
-Que la desigualdad (de medios, de oportunidades, de capacidades y de procedimientos) no sólo es injusta, sino que genera límites al crecimiento, como desde hace algún tiempo muestran algunos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional en alguno de sus informes, en contra de la “gran disyuntiva” que defendió en la década de los setenta el economista Arthur Okun (un menor crecimiento es el coste que la sociedad debe pagar para reducir las desigualdades que surgen de los mercados).
-Que hay una creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas por mor de esa desigualdad creciente, que se manifiesta en la caída de los niveles de confianza en esas instituciones, en la falta de empleos de calidad (trabajo decente) y en una menor satisfacción en el funcionamiento de los principales servicios públicos del Estado de Bienestar como la salud y la educación.
Según el estudio citado, la desigualdad de renta y de riqueza potencia la desigualdad de oportunidades y limita la sostenibilidad del crecimiento. Nuevos datos sugieren que, en general, la concentración de la riqueza (lo que se posee) es superior a la de la renta (lo que se gana). Según el Informe de la Desigualdad 2018, en todos los años entre 1980 y 2016, el 1% más rico concentra entre el 16% y el 22% de la riqueza total, cuando el 75% más pobre nunca llega al 10%. En España, durante el mismo periodo, el 10% de los hogares más ricos concentran entre el 50% y el 60% de la riqueza nacional, mientras que la riqueza en manos del 50% no llega al 9% del total.
Esta desconexión debilita el contrato social existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apremia a crear uno nuevo entre el triángulo compuesto por el Estado, los ciudadanos y el mercado. La extrema polarización conduce al desastre.
https://elpais.com/economia/2018/05/20/actualidad/1526834057_589469.html
Esta “cultura del privilegio” está desarrollada en uno de los últimos estudios de la institución que preside la mexicana Alicia Bárcenas, titulado La ineficiencia de la desigualdad, que ha sido presentado en Cuba hace unos días con el propósito de alinearse con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en especial con la intención de no dejar a nadie atrás. Una reflexión oportuna es la de si sus conclusiones y sus tendencias (desde luego no sus datos concretos) valen para el resto del mundo. Entre aquellas se pueden destacar las siguientes:
-Que la desigualdad (de medios, de oportunidades, de capacidades y de procedimientos) no sólo es injusta, sino que genera límites al crecimiento, como desde hace algún tiempo muestran algunos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional en alguno de sus informes, en contra de la “gran disyuntiva” que defendió en la década de los setenta el economista Arthur Okun (un menor crecimiento es el coste que la sociedad debe pagar para reducir las desigualdades que surgen de los mercados).
-Que hay una creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas por mor de esa desigualdad creciente, que se manifiesta en la caída de los niveles de confianza en esas instituciones, en la falta de empleos de calidad (trabajo decente) y en una menor satisfacción en el funcionamiento de los principales servicios públicos del Estado de Bienestar como la salud y la educación.
Según el estudio citado, la desigualdad de renta y de riqueza potencia la desigualdad de oportunidades y limita la sostenibilidad del crecimiento. Nuevos datos sugieren que, en general, la concentración de la riqueza (lo que se posee) es superior a la de la renta (lo que se gana). Según el Informe de la Desigualdad 2018, en todos los años entre 1980 y 2016, el 1% más rico concentra entre el 16% y el 22% de la riqueza total, cuando el 75% más pobre nunca llega al 10%. En España, durante el mismo periodo, el 10% de los hogares más ricos concentran entre el 50% y el 60% de la riqueza nacional, mientras que la riqueza en manos del 50% no llega al 9% del total.
Esta desconexión debilita el contrato social existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apremia a crear uno nuevo entre el triángulo compuesto por el Estado, los ciudadanos y el mercado. La extrema polarización conduce al desastre.
https://elpais.com/economia/2018/05/20/actualidad/1526834057_589469.html
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lunes, 2 de julio de 2018
"Hay que convencer a la sociedad de que exija un mundo sin armas nucleares”. La directora de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, premio Nobel de la Paz en 2017, aboga por la prohibición mundial de las bombas atómicas
Cuando Beatrice Fihn recibió la llamada del Comité Noruego del Nobel el pasado octubre creyó que alguien le estaba tomando el pelo. La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), plataforma de ONG que dirige Fihn, fue galardonada en diciembre en Oslo por su infatigable labor contra las bombas atómicas. Fihn (Gotemburgo, 1982) comenzó a trabajar en la no proliferación y el desarme con una beca en la rama sueca de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Después se trasladó a Ginebra para convertirse en la directora ejecutiva de ICAN, cargo en el que cumplió cuatro años este domingo.
El proyecto principal de ICAN gira en torno al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado en julio de 2017 en la ONU con el voto favorable de 122 de los 193 Estados. El camino de la firma y la ratificación es más complejo. Hasta la fecha, 59 países lo han suscrito y solo diez (entre ellos México, Cuba y Venezuela) lo han ratificado. “El proceso es lento y complejo, pero tendremos las 50 ratificaciones necesarias para que el tratado entre en vigor”, explica Fihn durante entrevista celebrada este miércoles en Madrid, donde se reunió con algunos diputados y fue recibida por la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.
Pregunta: ¿Cómo puede funcionar un tratado que rechazan las nueve potencias nucleares?
Respuesta: Puede funcionar con o sin ellas. El mundo ha aceptado que cinco Estados tengan armas nucleares legalmente [EE UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido] y otros cuatro de forma tácita [Israel, Corea del Norte, India y Pakistán]. El primer paso es crear la normativa que prohíba su existencia, como se ha hecho con las minas o las bombas de racimo. Luego será absolutamente necesaria la presión social para exigir la destrucción de las armas nucleares.
P: Sus defensores aseguran que su capacidad disuasoria ha evitado durante siete décadas cualquier enfrentamiento militar a gran escala entre los países que las poseen.
R: Que no haya habido una guerra entre las potencias nucleares no es evidencia de nada. La ONU ha tenido un papel fundamental en el mantenimiento de la paz. La capacidad disuasoria es un argumento que debemos rechazar por completo. Además del riesgo de que un Trump actúe instintivamente, no podemos olvidar la posibilidad de un accidente.
P: Jeremy Corbyn [líder laborista británico] ha sido un firme defensor de ICAN. ¿Sería algo distinto si él hubiera ganado las elecciones del año pasado?
R: No podemos esperar a un Corbyn, no podemos fiar el cambio a una persona o a un partido. Tenemos que llegar a todo el espectro ideológico y convencer a la sociedad globalmente de la necesidad de exigir un mundo libre de armamento nuclear.
P: Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 60% de los estadounidenses estaría a favor de matar a dos millones de iraníes con un ataque nuclear para salvar a 20.000 marines.
R: La mayoría de los ciudadanos de EE UU cree en la doctrina de que la posesión de armas nucleares les convierte en más seguros por ignorancia; ni siquiera son conscientes de los miles de norteamericanos que han padecido las consecuencias de los cientos de ensayos realizados en Nevada. Necesitamos un movimiento similar al que despertó la matanza de Parkland [tiroteo en un instituto de Florida], pero ojalá que no sea un accidente o un ataque nuclear su germen.
P: Austria ratificó en mayo el tratado convirtiéndose en el único país de la UE y de Europa, junto al Vaticano, en hacerlo. ¿Cómo se logró?
R: Es un país con una fuerte tradición pacifista y antinuclear. El nuevo Gobierno [del conservador Sebastian Kurz] nos ha apoyado en todo momento. Esto no es asunto de derechas o izquierdas.
P: ¿Cómo se fuerza el cambio en Rusia o en China?
R: En esos países nuestros equipos trabajan más en el ámbito académico. Creemos que es el primer paso.
P: ¿Y en Israel, que ni siquiera reconoce oficialmente su capacidad nuclear?
R: Nuestra función principal allí es sacar a la luz la información. Los israelíes tienen derecho a saber qué armas se almacenan en su territorio y el riesgo que implica poseerlas. Las posibilidades de catástrofe se han multiplicado en los últimos años con el terrorismo o las armas cibernéticas.
P: ¿Tiene alguna fe en la desnuclearización de Corea del Norte anunciada por Trump? ¿Cómo podría llegar a verificarse?
R: No, no creo que mucho en la hoja de ruta de Trump, pero seguro que es mejor que estar amenazando con una destrucción sin precedentes. Existe un protocolo con todos los mecanismos necesarios para verificar la desnuclearización de un país, no necesitamos un proceso ad hoc creado por Trump.
P: Todos los miembros de la Alianza Atlántica han rechazado por completo el tratado. ¿Tiene alguna esperanza de que España se adhiera?
R: España ya fue valiente al rechazar [en 1986] la instalación y almacenamiento de armas nucleares. Es hipócrita que no apoye la prohibición de estas en todo el mundo. Los miembros de la OTAN no pueden pretender ser el adalid de los derechos humanos mientras apoyen el actual statu quo.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/01/actualidad/1530452832_925923.html
El proyecto principal de ICAN gira en torno al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado en julio de 2017 en la ONU con el voto favorable de 122 de los 193 Estados. El camino de la firma y la ratificación es más complejo. Hasta la fecha, 59 países lo han suscrito y solo diez (entre ellos México, Cuba y Venezuela) lo han ratificado. “El proceso es lento y complejo, pero tendremos las 50 ratificaciones necesarias para que el tratado entre en vigor”, explica Fihn durante entrevista celebrada este miércoles en Madrid, donde se reunió con algunos diputados y fue recibida por la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.
Pregunta: ¿Cómo puede funcionar un tratado que rechazan las nueve potencias nucleares?
Respuesta: Puede funcionar con o sin ellas. El mundo ha aceptado que cinco Estados tengan armas nucleares legalmente [EE UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido] y otros cuatro de forma tácita [Israel, Corea del Norte, India y Pakistán]. El primer paso es crear la normativa que prohíba su existencia, como se ha hecho con las minas o las bombas de racimo. Luego será absolutamente necesaria la presión social para exigir la destrucción de las armas nucleares.
P: Sus defensores aseguran que su capacidad disuasoria ha evitado durante siete décadas cualquier enfrentamiento militar a gran escala entre los países que las poseen.
R: Que no haya habido una guerra entre las potencias nucleares no es evidencia de nada. La ONU ha tenido un papel fundamental en el mantenimiento de la paz. La capacidad disuasoria es un argumento que debemos rechazar por completo. Además del riesgo de que un Trump actúe instintivamente, no podemos olvidar la posibilidad de un accidente.
P: Jeremy Corbyn [líder laborista británico] ha sido un firme defensor de ICAN. ¿Sería algo distinto si él hubiera ganado las elecciones del año pasado?
R: No podemos esperar a un Corbyn, no podemos fiar el cambio a una persona o a un partido. Tenemos que llegar a todo el espectro ideológico y convencer a la sociedad globalmente de la necesidad de exigir un mundo libre de armamento nuclear.
P: Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 60% de los estadounidenses estaría a favor de matar a dos millones de iraníes con un ataque nuclear para salvar a 20.000 marines.
R: La mayoría de los ciudadanos de EE UU cree en la doctrina de que la posesión de armas nucleares les convierte en más seguros por ignorancia; ni siquiera son conscientes de los miles de norteamericanos que han padecido las consecuencias de los cientos de ensayos realizados en Nevada. Necesitamos un movimiento similar al que despertó la matanza de Parkland [tiroteo en un instituto de Florida], pero ojalá que no sea un accidente o un ataque nuclear su germen.
P: Austria ratificó en mayo el tratado convirtiéndose en el único país de la UE y de Europa, junto al Vaticano, en hacerlo. ¿Cómo se logró?
R: Es un país con una fuerte tradición pacifista y antinuclear. El nuevo Gobierno [del conservador Sebastian Kurz] nos ha apoyado en todo momento. Esto no es asunto de derechas o izquierdas.
P: ¿Cómo se fuerza el cambio en Rusia o en China?
R: En esos países nuestros equipos trabajan más en el ámbito académico. Creemos que es el primer paso.
P: ¿Y en Israel, que ni siquiera reconoce oficialmente su capacidad nuclear?
R: Nuestra función principal allí es sacar a la luz la información. Los israelíes tienen derecho a saber qué armas se almacenan en su territorio y el riesgo que implica poseerlas. Las posibilidades de catástrofe se han multiplicado en los últimos años con el terrorismo o las armas cibernéticas.
P: ¿Tiene alguna fe en la desnuclearización de Corea del Norte anunciada por Trump? ¿Cómo podría llegar a verificarse?
R: No, no creo que mucho en la hoja de ruta de Trump, pero seguro que es mejor que estar amenazando con una destrucción sin precedentes. Existe un protocolo con todos los mecanismos necesarios para verificar la desnuclearización de un país, no necesitamos un proceso ad hoc creado por Trump.
P: Todos los miembros de la Alianza Atlántica han rechazado por completo el tratado. ¿Tiene alguna esperanza de que España se adhiera?
R: España ya fue valiente al rechazar [en 1986] la instalación y almacenamiento de armas nucleares. Es hipócrita que no apoye la prohibición de estas en todo el mundo. Los miembros de la OTAN no pueden pretender ser el adalid de los derechos humanos mientras apoyen el actual statu quo.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/01/actualidad/1530452832_925923.html
jueves, 28 de junio de 2018
La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune
Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
Ctxt
Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.
“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.
Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”
(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)
1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura
La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).
Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.
En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.
Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.
En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.
En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.
Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.
Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.
La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.
El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.
El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.
Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.
Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.
Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.
El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.
Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.
Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.
Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.
El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.
El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.
Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.
Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.
El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.
Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario
Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.
A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.
2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.
3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.
En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.
Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.
La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.
No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.
Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.
Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.
Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).
Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm
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