_- Hace unos días mi compañera y amiga Carmen Lizárraga, profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, publicó un comentario en Twitter señalando la abismal diferencia de ingresos entre los dueños de Inditex y Mercadona y sus trabajadores. Era una manera rápida, como no puede ser de otra forma en esa red social, de llamar la atención sobre las enormes diferencias de ingresos que se dan en el seno de las empresas, algo que muchos economistas bastante ortodoxos han reconocido siempre como una fuente de ineficiencias y pérdida de productividad, tal y como ella misma se encargó de señalar en un artículo posterior (aquí).
Lo curioso del caso fue la tremenda reacción que suscitó su comentario, desde los insultos más o menos habituales hasta las acusaciones de comunista, bolivariana, ignorante, radical… simplemente porque, tras limitarse a proporcionar los datos de ingresos, recurrió a la ironía escribiendo: “¿Como se llama la película? Con el sudor de los de abajo”.
El caso me parece que va más lejos de la simple anécdota. Cuando se proporcionan datos sobre las grandes desigualdades de nuestro tiempo y se reclaman medidas de política económica para reducirlas casi siempre se suele encontrar ese tipo de reacciones. Los medios de comunicación, los economistas, periodistas o políticos comprometidos con la defensa del orden establecido responden de manera furibunda, descalificadora y repitiendo siempre los mismos argumentos: las diferencias de ingresos actuales son naturales y han existido siempre, se deben exclusivamente al valor que aportan las personas ricas, más innovadoras y competitivas, y no son negativas sino deseables porque su existencia genera crecimiento económico y empleo, además de mucha ayuda a los demás, gracias a su generosidad.
Lo cierto, sin embargo, es que nada de esas supuestas ventajas responden a la realidad.
– En nuestra época hay más milmillonarios (o su equivalente en términos reales) que nunca. En 1996 había 423 en todo el mundo, mientras que, según la revista Forbes, en marzo de este año eran 2.095, cinco veces más (aquí). De ellos, 24 en España, muy por debajo de los 651 de Estados Unidos, 390 de China, 110 de Alemania o 39 de Francia y 36 de Italia.
– La riqueza de los milmillonarios también alcanza hoy día el porcentaje más alto sobre la riqueza total del último siglo y quizá de la historia: esas 2.095 personas representan el 0,00003% de la población mundial mientras que su riqueza equivale al 12% del producto bruto anual de todo el planeta. En Estados Unidos, las 614 personas más ricas tienen una riqueza equivalente a la que poseen los 165 millones que constituyen la mitad más pobre de su población.
– No es verdad que la riqueza de los milmillonarios sea el resultado de su innovación o de que sean capaces de incorporar avances que supongan mejoras en el crecimiento económico o el empleo. Hay una prueba evidente, precisamente en estos últimos meses de pandemia: desde el último mes de marzo al 7 de diciembre, el patrimonio neto de los 651 milmillonarios estadounidenses ha aumentado en un billón de dólares, al pasar de 2,95 billones a 4,01 billones (datos aquí).
Otras investigaciones también han demostrado que la innovación ha cambiado de pautas en los últimos cincuenta años. En los setenta del siglo pasado sí era cierto que la innovación se producía mayoritariamente en el seno o por impulso de compañías privadas, lo que justificaría sus beneficios extraordinarios. Actualmente, por el contrario, se sabe que alrededor de las dos terceras partes de la innovación se produce en el seno o bajo el impulso de equipos en donde están presentes fondos gubernamentales o que cuentan con una importante aportación de fondos públicos (datos aquí). Y eso no solo contrasta con los mayores beneficios extraordinarios que se reciben ahora sino también con la menor contribución fiscal que hacen las empresas y grandes patrimonios: en los años sesenta y setenta del siglo pasado (con menos beneficios) proporcionaban el 30% de los ingresos públicos de Estados Unidos y ahora sólo el 10%.
– Tampoco es verdad que los más ricos del planeta, esas 2.095 personas (sin contar a quienes tienen patrimonios escondidos, dictadores, o delincuentes internacionales), hayan acumulado su enorme riqueza solo gracias a su mérito o esfuerzo personal o contribuyendo a que la economía sea más eficiente y competitiva.
Según las investigaciones de Thomas Piketty y otros investigadores, en Estados Unidos el 60% de la riqueza se hereda y en Europa alrededor del 55% (aquí). Y el economista estadounidense Robert Reich muestra que el origen de las fortunas más grandes del planeta no es precisamente el mérito, la innovación o la mayor eficiencia sino, además de la herencia, el poder del mercado que aniquila la competencia, la información privilegiada y el pago a los políticos para conseguir leyes y normas favorables a sus intereses (aquí).
– También se ha demostrado que no es cierto que se produzca un supuesto efecto positivo de la desigualdad y de la existencia de personas muy ricas sobre el resto de la economía (el llamado “efecto derrame”). No es verdad, como se quiere hacer creer, que cuanto más superricos haya, más riqueza se “derrama” sobre el conjunto de la sociedad.
Una investigación de David Hope y Julian Limberg de la London School of Economics and Political Science (aquí) ha demostrado recientemente que también es falso que sea bueno para la economía que haya superricos y que sus fortunas estén cada día más exentas de impuestos. Después de estudiar lo ocurrido en 18 países de la OCDE durante los últimos 50 años, concluyen que, allí donde han bajado los impuestos, la desigualdad ha aumentado porque las rebajas impositivas solo han beneficiado al grupo que posee el 1% más elevado de la renta. Y en su investigación han comprobado que menos impuestos y más desigualdad va unido a menos crecimiento económico y a más desempleo, de donde deducen que no hay que tener miedo a subir los impuestos a los superricos (en concreto, en estos momentos de crisis por la epidemia) porque eso no va a producir menos actividad o menos empleo, sino todo lo contrario.
– Tampoco es verdad que mucha mayor riqueza vaya unida a una gran filantropía por parte de los superricos. Es significativo, por ejemplo, que cuando Bill y Melinda Gates y Warren Buffet propusieron a otros millonarios donar el 50% de su riqueza durante diez años a fondos de beneficencia sólo consiguieron reclutar a 211, uno de cada diez de los 2.095 milmillonarios del planeta. Y eso, sin entrar a considerar que ese tipo de filantropía no es, en realidad, sino una forma de privatizar la solidaridad que al final supone una merma de ingresos para la provisión de bienes públicos esenciales y para las organizaciones más pequeñas o independientes y que, lógicamente, lleva consigo el control de quien recibe las ayudas, lo que las envilece, a veces, de forma sustancial.
El coste y la bárbara irracionalidad de la desmesurada concentración de la riqueza de nuestros días se percibe con un simple dato sobre la mayor fortuna del planeta, la que posee el dueño de Amazon, Jeff Bezos: su riqueza ha aumentado en 74.000 millones de dólares del 18 de marzo al 7 de diciembre. Eso quiere decir que si ese incremento de ingresos para él solo se hubiera repartido entre todas las personas que emplea Amazon en todo el mundo, poco más de 1,2 millones, cada una de ellas hubiera recibido unos 62.000 dólares mientras que Bezos hubiera seguido siendo ahora en diciembre igual de superrico que hace nueve meses.
Es lógico que los grandes milmillonarios oculten el origen de sus grandes fortunas; que no reconozcan lo decisivo que ha sido a la hora de acumularla la disposición de bienes y recursos públicos por los que no están dispuestos a pagar. Pero lo que no se puede negar es que, en general, la concentración tan extraordinaria de la riqueza que se ha producido en los últimos años ha ido acompañada -en la economía- de menos actividad, de más crisis, de menos empleo, de peor provisión de bienes públicos imprescindibles, y de mercados más concentrados y, por tanto, más ineficientes. Y, desde otros puntos de vista, de menos derechos individuales y sociales, de más injusticias y de menos democracia porque ha aumentado el poder de quienes pueden decidir al margen de la política representativa gracias a su control sobre los partidos, los medios de comunicación y las fuentes de creación de opinión y formación.
Conseguir que no ya los ricos, sino los riquísimos que dominan el planeta, contribuyan como los demás al mantenimiento de la sociedad, que se desincentiven y penalicen sus abusos de poder en los mercados, que se persiga y castigue su torticera influencia en la política o que se fomente la meritocracia y se penalice la gran herencia no es, a la vista de la situación a la que hemos llegado, ni siquiera un objetivo político o ideológico, sino un imperativo ético que debiera defender cualquier persona sensible, honesta y concernida por el futuro del planeta y de las generaciones futuras.
https://juantorreslopez.com/el-problema-no-es-que-sean-ricos-sino-riquisimos-ineficientes-y-a-costa-de-los-demas/
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domingo, 17 de enero de 2021
sábado, 26 de diciembre de 2020
Nicolás Sartorius «La nueva anormalidad»: ¿y si no queremos volver a lo de antes?
Mantenga las distancias sociales
Reconozco que en esta época de confinamientos y aislamientos mi confusión ha aumentado. Toda la vida peleando para que se redujesen las distancias sociales y ahora me entero, con desolación, que es necesario mantenerlas por razones sanitario-epidemiológicas. ¿No se podría haber encontrado otra manera de expresar la conveniencia de guardar las separaciones físicas entre personas a fin de dificultar los contagios? Si la distancia social fuese el remedio más eficaz para hacer frente a la Covid-19, España sería el país de Europa mejor dotado para derrotarle. Porque es verdad que somos una nación de personas muy roceras, aficionadas a rozarnos, abrazarnos y besuquearnos a la mínima ocasión, pero también a marcar distancias oceánicas cuando se trata del reparto de los posibles o caudales, o de establecer criterios de igualdad. La prueba de ello es que cuando se dio por finiquitada —es un decir— la crisis de 2008-2009, España era uno de los países más desiguales de Europa. Es bien cierto que, según los informes de la OCDE, en la última década, la desigualdad se ha ensanchado en todos los países de Europa, lo que no es ningún consuelo, si tenemos en cuenta que esta brecha entre pobres y ricos es más grande en nuestro querido país.
Si empezamos nuestro recorrido por la desigualdad «primaria» entre hombres y mujeres, cuya «distancia social» se supone que debe ser la más estrecha, observamos que se han dado avances notables que conviene situar en su contexto. Es decir, si comparamos la actual desigualdad con la de los años de la dictadura, o incluso con el periodo de la Transición, la mejora es indiscutible. La creciente participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad es verificable y cuantificable. Quizá haya sido una de las mayores transformaciones de la sociedad española, por no decir la más relevante.
Reconozco que en esta época de confinamientos y aislamientos mi confusión ha aumentado. Toda la vida peleando para que se redujesen las distancias sociales y ahora me entero, con desolación, que es necesario mantenerlas por razones sanitario-epidemiológicas. ¿No se podría haber encontrado otra manera de expresar la conveniencia de guardar las separaciones físicas entre personas a fin de dificultar los contagios? Si la distancia social fuese el remedio más eficaz para hacer frente a la Covid-19, España sería el país de Europa mejor dotado para derrotarle. Porque es verdad que somos una nación de personas muy roceras, aficionadas a rozarnos, abrazarnos y besuquearnos a la mínima ocasión, pero también a marcar distancias oceánicas cuando se trata del reparto de los posibles o caudales, o de establecer criterios de igualdad. La prueba de ello es que cuando se dio por finiquitada —es un decir— la crisis de 2008-2009, España era uno de los países más desiguales de Europa. Es bien cierto que, según los informes de la OCDE, en la última década, la desigualdad se ha ensanchado en todos los países de Europa, lo que no es ningún consuelo, si tenemos en cuenta que esta brecha entre pobres y ricos es más grande en nuestro querido país.
Si empezamos nuestro recorrido por la desigualdad «primaria» entre hombres y mujeres, cuya «distancia social» se supone que debe ser la más estrecha, observamos que se han dado avances notables que conviene situar en su contexto. Es decir, si comparamos la actual desigualdad con la de los años de la dictadura, o incluso con el periodo de la Transición, la mejora es indiscutible. La creciente participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad es verificable y cuantificable. Quizá haya sido una de las mayores transformaciones de la sociedad española, por no decir la más relevante.
Si uno ha tenido la ocasión de conocer, por razón de edad, las condiciones de las mujeres durante las ominosas décadas de la dictadura, se atrevería a decir que se ha tratado de una auténtica revolución. Sin embargo, como la vida es así de dialéctica, todo es relativo y este nuevo panorama de la mujer española hay que compararlo con los países similares de Europa, que también han seguido mejorando en este asunto. Así, en el Índice de Desigualdad de Género (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2015), España ocupaba el puesto número quince por detrás de Dinamarca, Países Bajos o Alemania, pero por delante de Italia, Japón o Estados Unidos.
Si tomamos otro índice del mismo organismo de Naciones Unidas sobre desarrollo de género, que en este caso se centra en tres aspectos —salud, conocimiento y desarrollo humano—, comprobaremos que entre 160 naciones analizadas España ocupa el lugar 36, lo que no está mal pero tampoco es como para tirar cohetes. [...]
La crisis económica de 2008-2009 y su nefasto tratamiento fueron devastadores desde la perspectiva de la igualdad y, sobre todo, de la cruda pobreza absoluta y relativa. Ya en el año 2007, España padecía una de las tasas más altas de indigencia entre los países de la Unión Europea para los diferentes grupos de edad: un 25,5% para la población infantil y un 19,7% para los de mayor edad. Durante la crisis, la situación empeoró todavía más, pues aumentó en más de trece puntos porcentuales, hasta situarnos en el 33,4% de la población en pobreza relativa. Lógicamente, en los tramos de mayor edad, la penuria disminuía debido al colchón que significaba el sistema de pensiones públicas.
La crisis económica de 2008-2009 y su nefasto tratamiento fueron devastadores desde la perspectiva de la igualdad y, sobre todo, de la cruda pobreza absoluta y relativa. Ya en el año 2007, España padecía una de las tasas más altas de indigencia entre los países de la Unión Europea para los diferentes grupos de edad: un 25,5% para la población infantil y un 19,7% para los de mayor edad. Durante la crisis, la situación empeoró todavía más, pues aumentó en más de trece puntos porcentuales, hasta situarnos en el 33,4% de la población en pobreza relativa. Lógicamente, en los tramos de mayor edad, la penuria disminuía debido al colchón que significaba el sistema de pensiones públicas.
Ahora bien, ¿por qué en España es mayor la desigualdad y la pobreza que en la mayoría de los países de la Unión Europea? ¿Por qué tenemos esta cultura del abrazo, los golpes en la espalda, el besuqueo y el compadreo y luego somos tan poco igualitarios en lo fundamental, como son las condiciones de vida y de trabajo? ¿Es un punto de apariencia o cinismo u obedece a causas que convendría analizar y corregir?
La desigualdad y la pobreza no son dos realidades iguales, pues un país puede ser pobre e igualitario o ser desigual y muy rico. Sin embargo, el origen de ambas lacras suele ser parecido y consiste, en unos casos, en generar insuficiente riqueza y, además, repartirla injustamente y, en otros, crear abundante riqueza y distribuirla pésimamente. Es lo que sucede en España en términos relativos en comparación con las naciones avanzadas de la Unión Europea.
Como hemos dejado constancia en el capítulo dedicado a nuestro sistema productivo [...], España cuenta con un tejido empresarial cuya productividad es, en general, inferior a la de nuestros vecinos del Norte. Ligado a lo anterior, contamos con un mercado laboral de los más «flexibles» de Europa, en el sentido de que los empleos con contratos temporales, parciales y/o precarios abundan bastante más que en países como Francia, Alemania e Italia, con los que debemos compararnos.
La prueba de lo que decimos es que, cuando la economía crece, somos de los que generamos más empleo y, cuando llegan las crisis, destruimos más puestos de trabajo que todos los demás. Esta circunstancia nos debería hacer reflexionar sobre las causas por las que nuestro país es, desde hace décadas, el que cuenta con cifras de paro más abultadas y, a veces, escandalosas. Es francamente complicado achicar distancias sociales cuando se tienen esas cifras tan abusivas y «asociales» de desempleo y de economía sumergida. No hay nada que contribuya más a la desigualdad y a la pobreza, sobre todo a esta última, que la falta de puestos de trabajo decentes, pues los indecentes, que abundan en demasía, tampoco ayudan a combatir ambas lacras.
El panorama se complica cuando analizamos la cantidad y la calidad de nuestro Estado de bienestar [...]. Las desigualdades y la pobreza «secundaria» se corrigen o atenúan por medio de una política fiscal más o menos redistributiva. Sin embargo, cuando se tiene una economía sumergida o informal —en torno al 20%—, casi el doble que la media europea, y la presión fiscal es más de 6 puntos inferior a la media de los países del euro, no se pueden hacer milagros ni tener un Estado social excelente. No me cansaré de repetir que con 80.000 o 100.000 millones de euros menos que las naciones de «nuestro entorno» es ilusorio pretender disfrutar de un Estado social equivalente al de esos socios y colegas del Norte.
El panorama se complica cuando analizamos la cantidad y la calidad de nuestro Estado de bienestar [...]. Las desigualdades y la pobreza «secundaria» se corrigen o atenúan por medio de una política fiscal más o menos redistributiva. Sin embargo, cuando se tiene una economía sumergida o informal —en torno al 20%—, casi el doble que la media europea, y la presión fiscal es más de 6 puntos inferior a la media de los países del euro, no se pueden hacer milagros ni tener un Estado social excelente. No me cansaré de repetir que con 80.000 o 100.000 millones de euros menos que las naciones de «nuestro entorno» es ilusorio pretender disfrutar de un Estado social equivalente al de esos socios y colegas del Norte.
Bastante mérito ha tenido el levantar, prácticamente de la nada, nuestro Estado de bienestar, pero no pretendamos milagros que solo se producen, según se dice, en Lourdes, en Fátima o en Garabandal. Si de verdad deseamos reducir la desigualdad y la pobreza, afrontemos de verdad la cuestión de la propiedad de la riqueza, distribuyamos mejor las rentas, reformemos nuestro sistema fiscal y modernicemos nuestro sistema productivo. Lo demás suele ser literatura generalmente mala.
Porque lo que no podemos hacer es volver a caer en la trampa de que primero hay que crear la riqueza para después repartirla, idea que se plastifica en esa irritante metáfora de que hay que hornear un pastel más grande para que así haya para todos. Esa cantinela la conocemos muy bien los que alguna vez hemos debatido Presupuestos o negociado convenios colectivos. Claro que hay que crear la mayor riqueza que se pueda, garantizando la sostenibilidad, pero al mismo tiempo, y no después, hay que repartirla más y mejor. Entre otras cosas debe de hacerse así porque supone un error económico escindir la creación de riqueza de su reparto, como demuestran los países más avanzados del planeta.
Porque lo que no podemos hacer es volver a caer en la trampa de que primero hay que crear la riqueza para después repartirla, idea que se plastifica en esa irritante metáfora de que hay que hornear un pastel más grande para que así haya para todos. Esa cantinela la conocemos muy bien los que alguna vez hemos debatido Presupuestos o negociado convenios colectivos. Claro que hay que crear la mayor riqueza que se pueda, garantizando la sostenibilidad, pero al mismo tiempo, y no después, hay que repartirla más y mejor. Entre otras cosas debe de hacerse así porque supone un error económico escindir la creación de riqueza de su reparto, como demuestran los países más avanzados del planeta.
No hay más que comprobar cuáles son las naciones que mejor han aguantado las crisis y las pandemias. No precisamente los más desiguales y con estados sociales más débiles, sino todo lo contrario, los que tienen sistemas fiscales más potentes, menos pobreza y menos desigualdad. Por eso han sido positivas algunas de las medidas que se han tomado últimamente en España, como han sido la subida del salario mínimo, el crecimiento de las pensiones o la implantación del Ingreso Mínimo Vital. No se ha tratado de una panacea, pero ni se ha hundido el mundo, ni se ha extendido la pandemia más de lo que estaba y, sin embargo, quizá hemos conseguido reducir un poco la «distancia social».
A más a más, en los casos de Europa y de España, el pastel, en lo esencial, ya está cocinado u horneado y cuando vimos el capítulo dedicado al reparto de la riqueza pudimos verificar que, precisamente durante la crisis, hubo quien acrecentó copiosamente sus caudales. Hay, pues, amplio margen para mejorar nuestra recaudación tributaria sin tener que esperar a ponerle una guinda al pastel. Debería saberse que las modificaciones de las normas fiscales no maduran su fruto de manera súbita, y si en este año fuésemos capaces de reformar nuestro sistema impositivo —que buena falta le hace— sus efectos para el contribuyente se manifestarían en el 2021-2022. Años en los que con suerte se prevén rebotes de la economía, no sé si en forma de V o de U alargada, siempre y cuando no surja un rebrote vírico causado por la mala cabeza de algunos.
Algún día, en fin, tendremos que comprobar si es verdad eso que se dice de que la Covid-19 ha atacado por igual a ricos y a pobres. No me convence que se saquen a pasear algunos casos individuales de personajes poderosos o famosos que han sido infectados. Mi impresión subjetiva —reconozco que no tengo datos— es que la inmensa mayoría de los infectados y fallecidos han pertenecido a las clases modestas y profesionales de la sanidad. En España, el 70% de las defunciones se han producido en las residencias de la tercera edad. Centros en los que, salvo excepciones, viven personas mayores de rentas escasas, pensionistas, viudas, etc., y esto ha sido así en otros países de Europa y no digamos en Estados Unidos, donde la razia se ha cebado entre la gente de color e hispanos.
Algún día, en fin, tendremos que comprobar si es verdad eso que se dice de que la Covid-19 ha atacado por igual a ricos y a pobres. No me convence que se saquen a pasear algunos casos individuales de personajes poderosos o famosos que han sido infectados. Mi impresión subjetiva —reconozco que no tengo datos— es que la inmensa mayoría de los infectados y fallecidos han pertenecido a las clases modestas y profesionales de la sanidad. En España, el 70% de las defunciones se han producido en las residencias de la tercera edad. Centros en los que, salvo excepciones, viven personas mayores de rentas escasas, pensionistas, viudas, etc., y esto ha sido así en otros países de Europa y no digamos en Estados Unidos, donde la razia se ha cebado entre la gente de color e hispanos.
Cuando se analice, si es que se llega a analizar algún día, qué ha sucedido en las residencias de mayores o en ciertos barrios populares de algunas capitales, entre ellas Madrid o Barcelona, quizá podamos comprobar la relación existente entre pobreza y epidemia o, más precisamente, entre Covid-19 y mejor o peor Estado de bienestar, en su versión sanitaria. ¿O es que alguien cree que los tajos que se le metieron a la salud pública, en algunas Comunidades Autónomas, ya mencionadas, en los años de la crisis de 2008, no han influido en los desabastecimientos y colapsos que se sufrieron y se siguen padeciendo en los meses agónicos de la pandemia? Yo creo que sí, y así lo manifiesta el personal sanitario que ha estado en la primera línea de fuego, al que con toda justicia se le ha honrado con aplausos durante meses, pero no sé si al final haremos bueno ese refrán que dice: «mucho te quiero perrito, pero pan poquito». Porque tengo la sospecha de que, después de la traumática experiencia vivida, no se han tomado las medidas necesarias para que no se repitan aquellos momentos de angustia. Ya asoma su feo rostro una segunda ola de contagios y de nuevo se oyen quejas de falta de medios y de cierto desbarajuste en algunas Comunidades Autónomas.
[...]
Llegados aquí, conviene llamar la atención sobre las nuevas brechas que se pueden ir abriendo y su relación con la desigualdad. Me refiero a la inquietante cuestión de la «brecha digital», lo que algunos autores han llamado entre los «inforricos e infopobres». Porque en este asunto no se trata solamente de poseer una amplia y potente infraestructura digital, o contar con todo tipo de artefactos TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), si luego no se saben manejar correctamente y sacarles el rendimiento adecuado. Lo mismo sucede con el equipamiento. España ha logrado una progresión notable en los últimos quince años, pues en el acceso a internet ha pasado de un 30-50 %, según el tipo de hogar, al 70-80% en 2016, y similar proporción en la posesión de ordenadores.
[...]
Llegados aquí, conviene llamar la atención sobre las nuevas brechas que se pueden ir abriendo y su relación con la desigualdad. Me refiero a la inquietante cuestión de la «brecha digital», lo que algunos autores han llamado entre los «inforricos e infopobres». Porque en este asunto no se trata solamente de poseer una amplia y potente infraestructura digital, o contar con todo tipo de artefactos TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), si luego no se saben manejar correctamente y sacarles el rendimiento adecuado. Lo mismo sucede con el equipamiento. España ha logrado una progresión notable en los últimos quince años, pues en el acceso a internet ha pasado de un 30-50 %, según el tipo de hogar, al 70-80% en 2016, y similar proporción en la posesión de ordenadores.
En lo referente al uso de internet, el avance ha sido igualmente considerable, aunque en este caso las diferencias entre colectivos son más acentuadas. Por ejemplo, un varón de 16 a 24 años usó internet un 98,4%; si tenía entre 65 y 74 años, lo utilizó un 34,7%. Si contaba con educación superior el uso fue del 97,8%, mientras que si tenía educación primaria la cifra descendía al 40,8%. [...] La tercera revolución industrial o digital no acabará por sí misma con la «separación social», con la pobreza y la desigualdad. Eso dependerá de la evolución política global, europea y nacional. En una palabra, de la relación de fuerzas sociales y el desarrollo de los acontecimientos, a los que ya hemos hecho referencia. La prueba de lo que decimos es que, en el año 1984, un estudio elaborado por Cáritas, y titulado «Pobreza y marginación», revelaba que unos ocho millones de personas, uno de cada cinco ciudadanos, obtenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Pues bien, treinta años después, un 22% de la población, algo más de diez millones de personas, sigue teniendo rentas que no superan el referido umbral de penuria.
Lo inquietante del asunto reside en que la referida indigencia no es mera consecuencia de la crisis, pues el examen de las tendencias previas muestra que la tasa relativa de pobreza se ha mantenido, invariablemente, en torno al 20%, incluso en los momentos de mayor crecimiento económico. Estamos, pues, ante un problema estructural (Jesús Ruiz-Huerta y Rosa Martínez, Tercer informe sobre la desigualdad en España, Fundación Alternativas, 2018).
Con estos datos a la vista, no parece muy atractivo el proyecto de regresar a la «nueva normalidad», si esta consiste en «volver a lo de antes», pero ahora conviviendo con la Covid-19. Reconozco que no sé muy bien qué quiere decir «con-vivir» con un virus, salvo que se trate de una metáfora. En mi opinión, la gran tarea consiste, por el contrario, en destruir el virus e ir construyendo una normalidad nueva, en la que se reduzca al máximo la distancia social, la brecha económico-social-digital y se erradique la pobreza.
http://www.mientrastanto.org/boletin-196/de-otras-fuentes/la-nueva-anormalidad-y-si-no-queremos-volver-a-lo-de-antes
Con estos datos a la vista, no parece muy atractivo el proyecto de regresar a la «nueva normalidad», si esta consiste en «volver a lo de antes», pero ahora conviviendo con la Covid-19. Reconozco que no sé muy bien qué quiere decir «con-vivir» con un virus, salvo que se trate de una metáfora. En mi opinión, la gran tarea consiste, por el contrario, en destruir el virus e ir construyendo una normalidad nueva, en la que se reduzca al máximo la distancia social, la brecha económico-social-digital y se erradique la pobreza.
http://www.mientrastanto.org/boletin-196/de-otras-fuentes/la-nueva-anormalidad-y-si-no-queremos-volver-a-lo-de-antes
jueves, 24 de diciembre de 2020
Mackenzie Scott, una de las mujeres más ricas del mundo, dona casi US$6.000 millones de su fortuna.
Fue la mujer más rica del mundo, pero el título le duró tan solo unos días.
La decisión de repartir su fortuna entre diversas ONG ha llevado a Mackenzie Scott al puesto número 18 del índice de multimillonarios de Bloomberg.
Y eso que su patrimonio personal pasó de US$23.600 millones a US$60.900 millones este año, colocándola por un breve período de tiempo como la mujer más acaudalada del mundo.
Scott es la exmujer de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y ahora mismo el hombre más rico de la tierra.
A finales del año pasado, cuando ambos decidían poner fin a su matrimonio, Scott recibió en el acuerdo de divorcio una cuarta parte de las acciones que Bezos mantiene en la compañía que fundó.
El valor de Amazon en bolsa ha aumentado casi un 72% en lo que va de año, lo que impulsó el patrimonio neto de ambos.
La pandemia de coronavirus y los confinamientos en muchas partes del mundo han hecho que las ventas de la plataforma de comercio electrónico se disparen.
Todo el mundo parecía estar comprando online y los beneficios de Amazon reflejaron la tendencia.
Esta cifra catapultó a Scott y la llevó a sobrepasar a la histórica fortuna de Francoise Bettencourt, la heredera de la firma de cosméticos L'Óreal.
Pero la decisión de donar su dinero hasta que su "caja fuerte esté vacía", según sus propias palabras, ha empezado a disminuir su patrimonio, lo que le ha llevado a retroceder varios puestos en tan solo unos meses.
"El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que me ha ayudado a generarla", dijo.
"No tengo dudas de que la riqueza personal de cualquiera es producto de un esfuerzo colectivo y de estructuras sociales que presentan oportunidades para algunas personas y obstáculos para muchas otras", dijo tras suscribir la iniciativa Giving Pledge el año pasado.
Fundada por Warren Buffett y Bill y Melinda Gates y seguida por más de 200 fortunas globales, el proyecto anima a las personas más ricas del mundo a dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas.
La fundación Bill y Melinda Gates está detrás de la iniciativa "Giving Pledge".
Cómo está donando su dinero
En julio, Scott anunció que ya había donado unos US$1.700 millones a 116 organizaciones que incluían cuatro colegios y universidades históricamente negros.
Y en los últimos 4 meses ha repartido unos US$4.200 millones a bancos de alimentos y fondos de ayuda de emergencia.
En una publicación, Scott dijo que lo había hecho para ayudar a los estadounidenses que atraviesan dificultades como consecuencia de la pandemia de covid-19.
"Esta pandemia ha sido como una bola de demolición en las vidas de los estadounidenses que ya estaban pasándolo mal", escribió en un blog el martes.
Por esa razón, explicó que había elegido más de 380 organizaciones benéficas a las que donar parte de su riqueza.
Un equipo de asesores le ayudó a evaluar los proyectos de casi 6.500 organizaciones.
Se considera que ella fue el primer trabajador de Amazon.
"Las pérdidas económicas y las consecuencias en la salud han sido peores para las mujeres, para las personas de color y para las personas que viven en la pobreza. Mientras tanto, los multimillonarios han aumentado sustancialmente su capital".
El banco suizo UBS dijo que a los multimillonarios les había ido "extremadamente bien" durante la pandemia.
La suma de estas dos donaciones alcanza casi los US$6.000 millones este año y se prevé que continúe en el mismo camino.
"Tengo una cantidad desproporcionada de dinero para compartir", escribió al sumarse a la iniciativa Giving Pledge.
Además de Scott, otros signatarios incluyen al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Chan, Elon Musk y el fundador de eBay, Pierre Omidyar, y su esposa Pam.
La decisión de repartir su fortuna entre diversas ONG ha llevado a Mackenzie Scott al puesto número 18 del índice de multimillonarios de Bloomberg.
Y eso que su patrimonio personal pasó de US$23.600 millones a US$60.900 millones este año, colocándola por un breve período de tiempo como la mujer más acaudalada del mundo.
Scott es la exmujer de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y ahora mismo el hombre más rico de la tierra.
A finales del año pasado, cuando ambos decidían poner fin a su matrimonio, Scott recibió en el acuerdo de divorcio una cuarta parte de las acciones que Bezos mantiene en la compañía que fundó.
El valor de Amazon en bolsa ha aumentado casi un 72% en lo que va de año, lo que impulsó el patrimonio neto de ambos.
La pandemia de coronavirus y los confinamientos en muchas partes del mundo han hecho que las ventas de la plataforma de comercio electrónico se disparen.
Todo el mundo parecía estar comprando online y los beneficios de Amazon reflejaron la tendencia.
Esta cifra catapultó a Scott y la llevó a sobrepasar a la histórica fortuna de Francoise Bettencourt, la heredera de la firma de cosméticos L'Óreal.
Pero la decisión de donar su dinero hasta que su "caja fuerte esté vacía", según sus propias palabras, ha empezado a disminuir su patrimonio, lo que le ha llevado a retroceder varios puestos en tan solo unos meses.
"El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que me ha ayudado a generarla", dijo.
"No tengo dudas de que la riqueza personal de cualquiera es producto de un esfuerzo colectivo y de estructuras sociales que presentan oportunidades para algunas personas y obstáculos para muchas otras", dijo tras suscribir la iniciativa Giving Pledge el año pasado.
Fundada por Warren Buffett y Bill y Melinda Gates y seguida por más de 200 fortunas globales, el proyecto anima a las personas más ricas del mundo a dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas.
La fundación Bill y Melinda Gates está detrás de la iniciativa "Giving Pledge".
Cómo está donando su dinero
En julio, Scott anunció que ya había donado unos US$1.700 millones a 116 organizaciones que incluían cuatro colegios y universidades históricamente negros.
Y en los últimos 4 meses ha repartido unos US$4.200 millones a bancos de alimentos y fondos de ayuda de emergencia.
En una publicación, Scott dijo que lo había hecho para ayudar a los estadounidenses que atraviesan dificultades como consecuencia de la pandemia de covid-19.
"Esta pandemia ha sido como una bola de demolición en las vidas de los estadounidenses que ya estaban pasándolo mal", escribió en un blog el martes.
Por esa razón, explicó que había elegido más de 380 organizaciones benéficas a las que donar parte de su riqueza.
Un equipo de asesores le ayudó a evaluar los proyectos de casi 6.500 organizaciones.
Se considera que ella fue el primer trabajador de Amazon.
"Las pérdidas económicas y las consecuencias en la salud han sido peores para las mujeres, para las personas de color y para las personas que viven en la pobreza. Mientras tanto, los multimillonarios han aumentado sustancialmente su capital".
El banco suizo UBS dijo que a los multimillonarios les había ido "extremadamente bien" durante la pandemia.
La suma de estas dos donaciones alcanza casi los US$6.000 millones este año y se prevé que continúe en el mismo camino.
"Tengo una cantidad desproporcionada de dinero para compartir", escribió al sumarse a la iniciativa Giving Pledge.
Además de Scott, otros signatarios incluyen al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Chan, Elon Musk y el fundador de eBay, Pierre Omidyar, y su esposa Pam.
Michael Jordan anunció que donaría US$100 millones a Black Lives Matters
Grandes donaciones
Este año ha habido un número relativamente alto de megadonaciones de las celebridades, estrellas del deporte y líderes empresariales que han querido ayudar en la respuesta a la pandemia de covid-19 y otras causas.
Entre los más generosos se encontraba el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, quien anunció en abril que estaba transfiriendo US$1.000 de dólares de sus activos a un fondo para mitigar los estragos del coronavirus y otras causas.
Esto representa aproximadamente una cuarta parte de su patrimonio neto de US$3.900 millones de dólares.
Por su parte, Bill Gates y su esposa Melinda han comprometido US$305 millones para vacunas, tratamientos y desarrollos de diagnóstico a través de su fundación benéfica.
La autora de la saga de Harry Potter, JK Rowling, donó US$1,3 millones para ayudar a las personas sin hogar y a las personas afectadas por el abuso doméstico durante la pandemia.
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y su esposa Priscilla Chan donaron US$300 millones para "proteger las elecciones estadounidenses".
La mayor parte del dinero se destinó al "Center for Tech and Civic Life", una organización sin fines de lucro que reclutó trabajadores electorales y les proporcionó equipo de protección personal.
En junio, la leyenda del baloncesto Michael Jordan anunció que donaría US$100 millones a Black Lives Matter y causas de injusticia social durante la próxima década.
Grandes donaciones
Este año ha habido un número relativamente alto de megadonaciones de las celebridades, estrellas del deporte y líderes empresariales que han querido ayudar en la respuesta a la pandemia de covid-19 y otras causas.
Entre los más generosos se encontraba el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, quien anunció en abril que estaba transfiriendo US$1.000 de dólares de sus activos a un fondo para mitigar los estragos del coronavirus y otras causas.
Esto representa aproximadamente una cuarta parte de su patrimonio neto de US$3.900 millones de dólares.
Por su parte, Bill Gates y su esposa Melinda han comprometido US$305 millones para vacunas, tratamientos y desarrollos de diagnóstico a través de su fundación benéfica.
La autora de la saga de Harry Potter, JK Rowling, donó US$1,3 millones para ayudar a las personas sin hogar y a las personas afectadas por el abuso doméstico durante la pandemia.
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y su esposa Priscilla Chan donaron US$300 millones para "proteger las elecciones estadounidenses".
La mayor parte del dinero se destinó al "Center for Tech and Civic Life", una organización sin fines de lucro que reclutó trabajadores electorales y les proporcionó equipo de protección personal.
En junio, la leyenda del baloncesto Michael Jordan anunció que donaría US$100 millones a Black Lives Matter y causas de injusticia social durante la próxima década.
martes, 3 de noviembre de 2020
"No rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama, los rechazamos si son pobres"
Aversión hacia los desfavorecidos.
La escritora y filósofa, Adela Cortina (Valencia, 1947) tiene entre sus muchos logros haber aportado al español un término que la Real Academia de la Lengua adoptó para definir el odio a los indigentes, la aversión hacia los desfavorecidos.
Y es precisamente esa palabra, "Aporofobia, el rechazo al pobre", la que da título al último libro de esta destacada doctora honoris causa por numerosas universidades, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España (fue la primera mujer en formar parte de esa institución), catedrática emérita de Ética en la Universidad de Valencia y directora de la fundación Étnor.
BBC Mundo conversó con ella en el marco del Hay Festival Arequipa, donde participa en estos días dentro de las conversaciones que marcan el 75 aniversario de la editorial Paidós.
Usted acuñó hace más de 20 años ya el término "aporofobia", reconocido por la Real Academia de la Lengua y recogido en su diccionario. ¿Qué significa? ¿Cómo surgió? ¿De dónde procede etimológicamente?
El término "aporofobia" procede de dos vocablos griegos: "áporos", el pobre, el desvalido, y "fobéo", temer, prevenirse, odiar, rechazar.
De la misma manera que "xenofobia" significa "aversión al extranjero", la aporofobia es la aversión al pobre por el hecho de serlo.
Y la palabra surgió de la manera más sencilla, al percibir que en realidad no rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama, los rechazamos si son pobres, si son inmigrantes, mendigos, indigentes, aunque sean los de la propia familia.
De la misma manera que "xenofobia" significa "aversión al extranjero", la aporofobia es la aversión al pobre por el hecho de serlo.
¿Por qué es importante que exista una palabra para nombrar el odio a los indigentes?
Porque las personas necesitamos poner nombres a las cosas para reconocer que existen e identificarlas; más aún si son fenómenos sociales, no físicos, que no pueden señalarse con el dedo.
Poner nombre al rechazo al pobre permite visibilizar esa patología social, indagar sus causas y decidir si estamos de acuerdo en que siga creciendo o si estamos dispuestos a desactivarla porque nos parece inadmisible.
¿Es la aporofobia un fenómeno sobre todo de nuestros tiempos, en los que el éxito y el dinero son concebidos por muchos como valores supremos?
Por desgracia, la aporofobia ha existido siempre, está en la entraña de los seres humanos, es una tendencia universal.
Lo que ocurre es que unas formas de vida y unas organizaciones políticas y económicas potencian más el rechazo al pobre que otras.
Si en nuestras sociedades el éxito, el dinero, la fama y el aplauso son los valores supremos, es prácticamente imposible conseguir que las gentes traten a todas las personas por igual, que les reconozcan como sus iguales.
Los inmigrantes y los refugiados son mal acogidos en todos los países, incluso algunos partidos políticos ganan votos cuando prometen cerrarles las puertas.
¿Cómo se manifiesta la aporofobia en la sociedad? ¿Puede darnos algunos ejemplos?
Por supuesto. Los inmigrantes y los refugiados son mal acogidos en todos los países, incluso algunos partidos políticos ganan votos cuando prometen cerrarles las puertas.
Tratamos con mucho cuidado a las personas que pueden hacernos favores, ayudarnos a encontrar un empleo, ganar unas elecciones, apoyarnos para conseguir un premio, y abandonamos a las que no pueden darnos nada de eso.
La sabiduría popular dice que hay que intercambiar favores en refranes como "hoy por ti, mañana por mí", y los padres suelen aconsejar a sus hijos que se acerquen a los niños mejor situados.
El acoso escolar es un ejemplo de aporofobia, como también el abandono que sufren en las poblaciones las víctimas del terrorismo de proximidad.
¿De dónde nace la aversión y el miedo a los pobres, de qué se nutre la aporofobia? ¿Es algo biológico, neuronal, o se trata de algo cultural?
Por decirlo con una palabra muy hermosa y muy adecuada, es biocultural.
La evolución de nuestro cerebro y de nuestra especie es a la vez biológica y cultural, ambas dimensiones están entreveradas, se influyen recíprocamente.
En el caso de la aporofobia hay una base biológica, una tendencia a poner entre paréntesis a los que no interesan, que puede reforzarse mediante la cultura o desactivarse, cultivando otras tendencias, como la simpatía o la compasión.
Adela Cortina
Cortina es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España (fue la primera mujer en formar parte de esa institución).
Usted sostiene que la aporofobia es universal y que todos los seres humanos somos aporófobos. ¿En qué basa esa afirmación?
En el hecho de que la antropología evolutiva muestra que los seres humanos son animales reciprocadores, están dispuestos a dar a otros, pero con tal de recibir algo a cambio, sea de la persona a la que han dado, sea de otra en su lugar.
Este mecanismo ha recibido el nombre de "reciprocidad indirecta" y es la base biocultural de nuestras sociedades contractualistas, tanto políticas como económicas.
Estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes si el Estado protege nuestros derechos, estamos dispuestos a cumplir nuestros contratos si los demás también lo hacen.
Pero cuando hay personas que parece que no pueden darnos nada interesante a cambio, las excluimos de este juego de dar y recibir. Esos son los pobres, los excluidos.
Las religiones han predicado tradicionalmente a favor de los pobres. El catolicismo asegura, por ejemplo que de ellos será el reino de los cielos, y el papa Francisco está constantemente mostrando su apoyo a los pobres. ¿La crisis de las religiones guarda relación con la aporofobia?
Más que de crisis de religiones yo hablaría de que, salvo excepciones, vivimos en sociedades postseculares.
En ellas el poder político y el religioso no están unidos, lo cual es excelente, porque entonces el pluralismo es un hecho, pero las religiones no han desaparecido, sino que siguen siendo una fuente de vida y de sentido para muchas personas y para muchos grupos sociales.
Incluso sus valores, junto con otros, se encuentran en la raíz de los valores de la ética cívica de esos países.
En cuanto al cristianismo, efectivamente apuesta por todos los seres humanos y por el cuidado de la naturaleza, pero por eso mismo, en un mundo en que hay ricos y pobres hace una opción preferencial por los pobres, exigiendo que se les empodere para que puedan salir de la pobreza.
El mensaje del papa Francisco es expresión de lo que se ha llamado la Carta del Reino, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y así lo recoge su reciente encíclica 'Fratelli tutti'.
Cortina cree que la aporofobia es universal y que todos los seres humanos somos aporófobos.
La pandemia de coronavirus, y la crisis económica que esta ha desencadenado, ¿pueden hacer aumentar la aporofobia?
Por una parte sí, porque cuando las personas nos encontramos en situaciones de incertidumbre y miedo tendemos a cerrarnos sobre nosotras mismas.
Pero, por otra parte, justo lo que está demostrando la pandemia es que es la solidaridad la que ha salvado vidas y evitado mayores sufrimientos.
Ha demostrado que somos interdependientes, no independientes, que el apoyo mutuo es el que nos salva. Y esta fuerza de la solidaridad y la compasión es la que hay que cultivar como el mejor aprendizaje de la pandemia.
¿Cree que el rechazo a los pobres se encuentra detrás de la ola de xenofobia que en los últimos años ha azotado a Estados Unidos y a Europa? Y si es así, ¿por qué?
Porque cuando las situaciones políticas y económicas son malas se buscan chivos expiatorios y los extranjeros pobres son víctimas propiciatorias.
Cerrarles las puertas, asegurar que son un peligro y defender a los de dentro frente a los de fuera es la táctica de los supremacistas. Pero sobre todo frente a los que son pobres.
¿Considera que Donald Trump padece de aporofobia? ¿Es posible que buena parte de su éxito político resida precisamente en su aporofobia?
Efectivamente, así lo creo, y lo más triste es que eso le genera votos. No es un personaje extravagante y perturbado, sino que sabe perfectamente que muchas personas consienten con él y por eso refuerza su aporofobia.
Veremos qué ocurre en la elección y ojalá que la estrategia no le dé buen resultado. Pero lo peor es que Trump no está sólo.
Y es precisamente esa palabra, "Aporofobia, el rechazo al pobre", la que da título al último libro de esta destacada doctora honoris causa por numerosas universidades, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España (fue la primera mujer en formar parte de esa institución), catedrática emérita de Ética en la Universidad de Valencia y directora de la fundación Étnor.
BBC Mundo conversó con ella en el marco del Hay Festival Arequipa, donde participa en estos días dentro de las conversaciones que marcan el 75 aniversario de la editorial Paidós.
Usted acuñó hace más de 20 años ya el término "aporofobia", reconocido por la Real Academia de la Lengua y recogido en su diccionario. ¿Qué significa? ¿Cómo surgió? ¿De dónde procede etimológicamente?
El término "aporofobia" procede de dos vocablos griegos: "áporos", el pobre, el desvalido, y "fobéo", temer, prevenirse, odiar, rechazar.
De la misma manera que "xenofobia" significa "aversión al extranjero", la aporofobia es la aversión al pobre por el hecho de serlo.
Y la palabra surgió de la manera más sencilla, al percibir que en realidad no rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama, los rechazamos si son pobres, si son inmigrantes, mendigos, indigentes, aunque sean los de la propia familia.
De la misma manera que "xenofobia" significa "aversión al extranjero", la aporofobia es la aversión al pobre por el hecho de serlo.
¿Por qué es importante que exista una palabra para nombrar el odio a los indigentes?
Porque las personas necesitamos poner nombres a las cosas para reconocer que existen e identificarlas; más aún si son fenómenos sociales, no físicos, que no pueden señalarse con el dedo.
Poner nombre al rechazo al pobre permite visibilizar esa patología social, indagar sus causas y decidir si estamos de acuerdo en que siga creciendo o si estamos dispuestos a desactivarla porque nos parece inadmisible.
¿Es la aporofobia un fenómeno sobre todo de nuestros tiempos, en los que el éxito y el dinero son concebidos por muchos como valores supremos?
Por desgracia, la aporofobia ha existido siempre, está en la entraña de los seres humanos, es una tendencia universal.
Lo que ocurre es que unas formas de vida y unas organizaciones políticas y económicas potencian más el rechazo al pobre que otras.
Si en nuestras sociedades el éxito, el dinero, la fama y el aplauso son los valores supremos, es prácticamente imposible conseguir que las gentes traten a todas las personas por igual, que les reconozcan como sus iguales.
Los inmigrantes y los refugiados son mal acogidos en todos los países, incluso algunos partidos políticos ganan votos cuando prometen cerrarles las puertas.
¿Cómo se manifiesta la aporofobia en la sociedad? ¿Puede darnos algunos ejemplos?
Por supuesto. Los inmigrantes y los refugiados son mal acogidos en todos los países, incluso algunos partidos políticos ganan votos cuando prometen cerrarles las puertas.
Tratamos con mucho cuidado a las personas que pueden hacernos favores, ayudarnos a encontrar un empleo, ganar unas elecciones, apoyarnos para conseguir un premio, y abandonamos a las que no pueden darnos nada de eso.
La sabiduría popular dice que hay que intercambiar favores en refranes como "hoy por ti, mañana por mí", y los padres suelen aconsejar a sus hijos que se acerquen a los niños mejor situados.
El acoso escolar es un ejemplo de aporofobia, como también el abandono que sufren en las poblaciones las víctimas del terrorismo de proximidad.
¿De dónde nace la aversión y el miedo a los pobres, de qué se nutre la aporofobia? ¿Es algo biológico, neuronal, o se trata de algo cultural?
Por decirlo con una palabra muy hermosa y muy adecuada, es biocultural.
La evolución de nuestro cerebro y de nuestra especie es a la vez biológica y cultural, ambas dimensiones están entreveradas, se influyen recíprocamente.
En el caso de la aporofobia hay una base biológica, una tendencia a poner entre paréntesis a los que no interesan, que puede reforzarse mediante la cultura o desactivarse, cultivando otras tendencias, como la simpatía o la compasión.
Adela Cortina
Cortina es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España (fue la primera mujer en formar parte de esa institución).
Usted sostiene que la aporofobia es universal y que todos los seres humanos somos aporófobos. ¿En qué basa esa afirmación?
En el hecho de que la antropología evolutiva muestra que los seres humanos son animales reciprocadores, están dispuestos a dar a otros, pero con tal de recibir algo a cambio, sea de la persona a la que han dado, sea de otra en su lugar.
Este mecanismo ha recibido el nombre de "reciprocidad indirecta" y es la base biocultural de nuestras sociedades contractualistas, tanto políticas como económicas.
Estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes si el Estado protege nuestros derechos, estamos dispuestos a cumplir nuestros contratos si los demás también lo hacen.
Pero cuando hay personas que parece que no pueden darnos nada interesante a cambio, las excluimos de este juego de dar y recibir. Esos son los pobres, los excluidos.
Las religiones han predicado tradicionalmente a favor de los pobres. El catolicismo asegura, por ejemplo que de ellos será el reino de los cielos, y el papa Francisco está constantemente mostrando su apoyo a los pobres. ¿La crisis de las religiones guarda relación con la aporofobia?
Más que de crisis de religiones yo hablaría de que, salvo excepciones, vivimos en sociedades postseculares.
En ellas el poder político y el religioso no están unidos, lo cual es excelente, porque entonces el pluralismo es un hecho, pero las religiones no han desaparecido, sino que siguen siendo una fuente de vida y de sentido para muchas personas y para muchos grupos sociales.
Incluso sus valores, junto con otros, se encuentran en la raíz de los valores de la ética cívica de esos países.
En cuanto al cristianismo, efectivamente apuesta por todos los seres humanos y por el cuidado de la naturaleza, pero por eso mismo, en un mundo en que hay ricos y pobres hace una opción preferencial por los pobres, exigiendo que se les empodere para que puedan salir de la pobreza.
El mensaje del papa Francisco es expresión de lo que se ha llamado la Carta del Reino, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y así lo recoge su reciente encíclica 'Fratelli tutti'.
Cortina cree que la aporofobia es universal y que todos los seres humanos somos aporófobos.
La pandemia de coronavirus, y la crisis económica que esta ha desencadenado, ¿pueden hacer aumentar la aporofobia?
Por una parte sí, porque cuando las personas nos encontramos en situaciones de incertidumbre y miedo tendemos a cerrarnos sobre nosotras mismas.
Pero, por otra parte, justo lo que está demostrando la pandemia es que es la solidaridad la que ha salvado vidas y evitado mayores sufrimientos.
Ha demostrado que somos interdependientes, no independientes, que el apoyo mutuo es el que nos salva. Y esta fuerza de la solidaridad y la compasión es la que hay que cultivar como el mejor aprendizaje de la pandemia.
¿Cree que el rechazo a los pobres se encuentra detrás de la ola de xenofobia que en los últimos años ha azotado a Estados Unidos y a Europa? Y si es así, ¿por qué?
Porque cuando las situaciones políticas y económicas son malas se buscan chivos expiatorios y los extranjeros pobres son víctimas propiciatorias.
Cerrarles las puertas, asegurar que son un peligro y defender a los de dentro frente a los de fuera es la táctica de los supremacistas. Pero sobre todo frente a los que son pobres.
¿Considera que Donald Trump padece de aporofobia? ¿Es posible que buena parte de su éxito político resida precisamente en su aporofobia?
Efectivamente, así lo creo, y lo más triste es que eso le genera votos. No es un personaje extravagante y perturbado, sino que sabe perfectamente que muchas personas consienten con él y por eso refuerza su aporofobia.
Veremos qué ocurre en la elección y ojalá que la estrategia no le dé buen resultado. Pero lo peor es que Trump no está sólo.
La aporofobia existe y no sólo es una cuestión económica, sino el rechazo de los peor situados en cada situación.
En cada uno de nuestros países el supremacismo nacionalista rechaza a los peor situados y esa táctica les da votos. En el siglo XXI debemos revertir esa tendencia.
En realidad la hace imposible. La aporofobia atenta contra la democracia porque atenta contra la igual dignidad de todas las personas, excluye a los pobres, a los que parece que no pueden intercambiar nada.
Es radicalmente excluyente cuando la democracia debe ser incluyente.
¿Y qué daños provoca la aporofobia a quien padece esta patología social? ¿Somos conscientes de que somos aporófobos?
No lo somos. Por eso es preciso hablar de esa patología en la esfera de la opinión pública y tratar de averiguar en qué medida la aporofobia está entrañada en nuestras vidas.
Afortunadamente, hay grupos trabajando en esta dirección, jóvenes que hacen sus trabajos de Fin de Grado, de Fin de Máster y proyectos de investigación sobre la aporofobia.
¿La aporofobia se manifiesta también entre países? ¿Los estados más ricos muestran aversión hacia los más pobres? Y dentro de los países pobres, ¿también existe aporofobia o ésta se da más en los países ricos?
Por supuesto, los países buscan la ayuda de los más poderosos y esto explica, por ejemplo, que se aproximen a China, olvidando que no quiere hablar de Derechos Humanos.
Y en el seno de cada país, creo que en todos existe también la tendencia a alejarse de los peor situados, a tratarlos como leprosos en el sentido bíblico de la palabra.
¿Cómo se puede combatir la aporofobia?
Tomando conciencia de que existe y de que no sólo es una cuestión económica, sino el rechazo de los peor situados en cada situación.
Creo que se combate construyendo instituciones basadas en el igual valor de las personas, y educando en el respeto a la dignidad de todas ellas, y no sólo de palabra, sino mostrando en la vida cotidiana que nos sabemos y nos sentimos igualmente dignos.
En cada uno de nuestros países el supremacismo nacionalista rechaza a los peor situados y esa táctica les da votos. En el siglo XXI debemos revertir esa tendencia.
En realidad la hace imposible. La aporofobia atenta contra la democracia porque atenta contra la igual dignidad de todas las personas, excluye a los pobres, a los que parece que no pueden intercambiar nada.
Es radicalmente excluyente cuando la democracia debe ser incluyente.
¿Y qué daños provoca la aporofobia a quien padece esta patología social? ¿Somos conscientes de que somos aporófobos?
No lo somos. Por eso es preciso hablar de esa patología en la esfera de la opinión pública y tratar de averiguar en qué medida la aporofobia está entrañada en nuestras vidas.
Afortunadamente, hay grupos trabajando en esta dirección, jóvenes que hacen sus trabajos de Fin de Grado, de Fin de Máster y proyectos de investigación sobre la aporofobia.
¿La aporofobia se manifiesta también entre países? ¿Los estados más ricos muestran aversión hacia los más pobres? Y dentro de los países pobres, ¿también existe aporofobia o ésta se da más en los países ricos?
Por supuesto, los países buscan la ayuda de los más poderosos y esto explica, por ejemplo, que se aproximen a China, olvidando que no quiere hablar de Derechos Humanos.
Y en el seno de cada país, creo que en todos existe también la tendencia a alejarse de los peor situados, a tratarlos como leprosos en el sentido bíblico de la palabra.
¿Cómo se puede combatir la aporofobia?
Tomando conciencia de que existe y de que no sólo es una cuestión económica, sino el rechazo de los peor situados en cada situación.
Creo que se combate construyendo instituciones basadas en el igual valor de las personas, y educando en el respeto a la dignidad de todas ellas, y no sólo de palabra, sino mostrando en la vida cotidiana que nos sabemos y nos sentimos igualmente dignos.
viernes, 21 de agosto de 2020
Por qué juzgamos más duramente las decisiones de los pobres
Una serie de estudios realizados en Harvard destapa un prejuicio: la gente con menos recursos debería conformarse con menos, incluso si perjudica su salud o seguridad
“Para ustedes será basura, para esos padres no era basura. Cuando hablan de esa manera, no me ofenden a mí, les ofenden a ellos”. Cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió con estas palabras los menús de Telepizza para menores vulnerables, quizá el debate de fondo no era sobre la calidad de la comida. Porque los especialistas no tenían dudas. Un estudio de la Universidad de Harvard recién publicado señala que quizá el debate era, en realidad, sobre lo que consideramos aceptable para las familias pobres. ¿Está ese listón más abajo para la gente con menos recursos? Unas investigadoras de la universidad estadounidense quisieron responder esa pregunta y las conclusiones de su trabajo son reveladoras: “Tenemos un doble rasero preocupante”.
A través de 11 experimentos, las investigadoras muestran que las personas de bajos ingresos son juzgadas de manera más negativa por consumir los mismos artículos que otras con mayores ingresos, lo que añade una presión social extra a las restricciones materiales que ya sufren. Pero no es porque tengan menos para gastar, sino porque se considera que sus necesidades deberían ser más frugales. “Descartamos la explicación de que a las personas de mayores ingresos se les permite consumir socialmente más simplemente porque pueden pagar más; al contrario, observamos que a las personas de bajos ingresos se les permite socialmente consumir menos porque se supone que necesitan menos”, aclara Serena Hagerty, autora principal del trabajo. Según Hagerty, las necesidades básicas tienen que ser más básicas para los pobres.
“Una implicación de este doble rasero es que la gente parece más cómoda dirigiendo y limitando las decisiones de gasto de los pobres”
SERENA HAGERTY, UNIVERSIDAD DE HARVARD
En una de las pruebas, se presenta la historia de Joe a dos grupos distintos: para uno este personaje tiene bajos ingresos, para otro tiene buena renta. A Joe le tocan 200 dólares en una rifa, ¿está bien que los gaste en una televisión nueva? Si Joe tiene pocos ingresos, está mucho peor visto que si tiene una vida acomodada. Curiosamente, hay un grupo de control al que no se le dice nada sobre la situación económica de Joe. Para este grupo, es igual de permisible que el Joe neutro se compre la tele que para el grupo del Joe rico. Solo está mal visto para el pobre.
A medida que se profundiza en el estudio, publicado en PNAS, los experimentos se van complicando para perfilar mejor los mecanismos que juzgan a las personas según sus recursos. Por ejemplo, en otro se pregunta qué tarjeta regalo le regalarían al Joe pobre o al Joe rico, una de 100 dólares para comprar comida o una de 200 para una tele. El Joe pobre recibe sobre todo la tarjeta para comida mientras el Joe rico recibe la que permite comprar una tele, que supone el doble de dinero. De promedio, finalmente, se le regalan 125 dólares al Joe pobre y 152 al rico. Es decir, incluso cuando se trata de un regalo, quien tiene más merece más y quien tiene menos, obtiene un regalo inferior. Incluso si saben que Joe ha dicho expresamente que le gustaría una tele nueva, los participantes en el estudio le regalan mucho menos la tele al Joe pobre que al rico.
Se considera superfluo para una familia pobre que pretenda una casa cerca de un hospital o en un vecindario seguro, lo que implica que, con poca renta, incluso buscar seguridad se considera un capricho innecesario
“Una implicación de este doble rasero es que la gente parece más cómoda dirigiendo y limitando las decisiones de gasto de los pobres”, resume Hagerty. Este estudio es muy revelador en el contexto actual, como indican estas investigadoras, en el que se debate el desarrollo de rentas mínimas en países como España. “Una crítica potencial al ingreso mínimo vital puede ser que las personas de bajos ingresos gastarán el dinero en cosas equivocadas”, indica Hagerty sobre el caso español. “Sin embargo, es probable que este miedo esté influido en primer lugar por una visión limitada de qué productos se consideran necesarios para las personas de bajos ingresos”, apunta.
Es algo que queda claro en otros de sus experimentos, como en el que se muestran 20 objetos de consumo cotidiano que podría comprar una familia: periódicos, mobiliario, relojes, ordenadores, material deportivo, etcétera. En todos está peor visto que los compre una familia de ingresos menores, salvo en uno: los productos de higiene corporal. Con este mismo planteamiento, se proponen 20 criterios a tener en cuenta por una familia que busca una casa nueva: garaje, aire acondicionado, vecindario ruidoso, cercanía a zonas de ocio, etcétera. Todos están peor vistos si los considera una familia de poca renta, salvo dos: que la casa esté cerca del supermercado y del transporte público. Lo que es más revelador: se considera superfluo para una familia pobre que pretenda una casa cerca de un hospital o en un vecindario seguro, lo que implica que, con poca renta, incluso buscar seguridad se considera un capricho innecesario.
“Definimos las necesidades a partir de los recursos que tiene la gente, porque lo que definimos como necesario o superfluo cambia según los ingresos de la persona”, afirma el economista Luis Miller La seguridad como un lujo para familias sin recursos también aparece en otro de los experimentos del estudio, en el que se propone la compra de un coche con sistema de cámara trasera. Incluso cuando a la audiencia se le explica que es un extra importante para la seguridad del vehículo, se considera menos necesario para una familia de pocos recursos. Está mal visto que el pobre compre un objeto que para el rico es básico para su seguridad. De nuevo, no es que el pudiente se permita más, es que el vulnerable no merece tanto, incluso si está en juego su salud.
“La principal contribución de este estudio es que definimos las necesidades a partir de los recursos que tiene la gente, porque lo que definimos como necesario o superfluo cambia según los ingresos de la persona”, el economista Luis Miller, investigador del CSIC. Y añade: “Esto tiene implicaciones importantes sobre todo en el ámbito de lo que llamamos la trampa de la pobreza, ese círculo vicioso que niega los recursos necesarios para acceder a más recursos”. Cuando se critica a un sin techo o un refugiado por tener un smartphone se considera que es un capricho innecesario, aunque para todos sea una herramienta imprescindible para relacionarnos con nuestros familiares, empleadores o clientes. Sin este tipo de recursos, es imposible romper el círculo del que habla Miller: sin una casa, una ducha, un móvil, etcétera, es imposible conseguir un trabajo que permita salir de esa trampa de la pobreza.
“Existe esta idea de que si das ayudas a una familia, haces que trabajen menos. No solo no les hace más vagos, sino que les da un bienestar y una seguridad que les hace más productivos” .
ESTHER DUFLO, PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA
“Existe esta idea de que si das ayudas a una familia, haces que trabajen menos. Un proyecto de seguimiento estuvo analizándolo y no es así”, decía recientemente Esther Duflo, premio Nobel de Economía, “no solo no les hace más vagos, sino que les da un bienestar y una seguridad que les hace más productivos”. Todas las personas necesitan salir de la “visión de túnel” que imponen las carencias, esas penurias que impiden tomar decisiones sosegadas, como explicaban Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir en su libro Escasez (Fondo de Cultura Económica): “La escasez captura nuestra atención y esto nos proporciona un beneficio muy estrecho: tenemos un mejor desempeño al ocuparnos de las necesidades más apremiantes. Pero de manera más amplia, pagamos un costo: descuidamos otros asuntos y somos menos eficientes en el resto de nuestra cotidianeidad”. Regalarle una tele al Joe pobre quizá le proporciona el estímulo emocional que le permite amanecer con más ánimo por la mañana. O no. Pero por lo general pensamos que debería conformarse con lo que tiene y centrarse en comprar lo imprescindible para subsistir.
Miller cree que estos mecanismos se producen en España de una manera más matizada, porque aquí las encuestas muestran unas preferencias claras por la redistribución y no existe con tanto peso “la figura del libertario estadounidense, ese que dice que cada cual tiene lo que se merece”. Y añade: “Aquí esos mecanismos tienen más que ver con la necesidad de diferenciarnos del pobre”. Según explica Hagerty por email, la renta de los sujetos que participaron en el estudio no influía en sus opiniones: al margen de sus ingresos, todos reducían el círculo de las compras aceptables para el Joe pobre, incluso si ponían en riesgo su salud, como una sillita para niños en el coche, un barrio sin delincuencia o un acceso cercano a un centro de salud, que se ven casi como caprichos solo si se tienen pocos ingresos. “Que le demos menos margen de maniobra a las decisiones de los desfavorecidos económicamente parece expresar nociones más básicas de mérito y autonomía”, apunta la investigadora.
Volviendo al menú de Telepizza, Hagerty tiene una respuesta clara a la luz de su trabajo: “Esta visión parcial de la necesidad también puede explicar por qué se les dio comida basura a los niños de bajos ingresos [en Madrid], cuando la misma comida puede no ser adecuada para los niños de mayores ingresos”. Y apunta que sus hallazgos sugieren que en debates como ese en realidad se están haciendo dos preguntas distintas que tendrán dos respuestas sustancialmente diferentes: ¿es necesario el acceso a alimentos saludables? y ¿es necesario el acceso a alimentos saludables para las personas de bajos ingresos? “Esto debe tenerse en cuenta en el debate político: ¿cómo se realizan las preguntas relevantes en política y qué prejuicios implícitos pueden influir en sus respuestas?”.
https://elpais.com/ciencia/2020-07-02/por-que-juzgamos-mas-duramente-las-decisiones-los-pobres.html
“Para ustedes será basura, para esos padres no era basura. Cuando hablan de esa manera, no me ofenden a mí, les ofenden a ellos”. Cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió con estas palabras los menús de Telepizza para menores vulnerables, quizá el debate de fondo no era sobre la calidad de la comida. Porque los especialistas no tenían dudas. Un estudio de la Universidad de Harvard recién publicado señala que quizá el debate era, en realidad, sobre lo que consideramos aceptable para las familias pobres. ¿Está ese listón más abajo para la gente con menos recursos? Unas investigadoras de la universidad estadounidense quisieron responder esa pregunta y las conclusiones de su trabajo son reveladoras: “Tenemos un doble rasero preocupante”.
A través de 11 experimentos, las investigadoras muestran que las personas de bajos ingresos son juzgadas de manera más negativa por consumir los mismos artículos que otras con mayores ingresos, lo que añade una presión social extra a las restricciones materiales que ya sufren. Pero no es porque tengan menos para gastar, sino porque se considera que sus necesidades deberían ser más frugales. “Descartamos la explicación de que a las personas de mayores ingresos se les permite consumir socialmente más simplemente porque pueden pagar más; al contrario, observamos que a las personas de bajos ingresos se les permite socialmente consumir menos porque se supone que necesitan menos”, aclara Serena Hagerty, autora principal del trabajo. Según Hagerty, las necesidades básicas tienen que ser más básicas para los pobres.
“Una implicación de este doble rasero es que la gente parece más cómoda dirigiendo y limitando las decisiones de gasto de los pobres”
SERENA HAGERTY, UNIVERSIDAD DE HARVARD
En una de las pruebas, se presenta la historia de Joe a dos grupos distintos: para uno este personaje tiene bajos ingresos, para otro tiene buena renta. A Joe le tocan 200 dólares en una rifa, ¿está bien que los gaste en una televisión nueva? Si Joe tiene pocos ingresos, está mucho peor visto que si tiene una vida acomodada. Curiosamente, hay un grupo de control al que no se le dice nada sobre la situación económica de Joe. Para este grupo, es igual de permisible que el Joe neutro se compre la tele que para el grupo del Joe rico. Solo está mal visto para el pobre.
A medida que se profundiza en el estudio, publicado en PNAS, los experimentos se van complicando para perfilar mejor los mecanismos que juzgan a las personas según sus recursos. Por ejemplo, en otro se pregunta qué tarjeta regalo le regalarían al Joe pobre o al Joe rico, una de 100 dólares para comprar comida o una de 200 para una tele. El Joe pobre recibe sobre todo la tarjeta para comida mientras el Joe rico recibe la que permite comprar una tele, que supone el doble de dinero. De promedio, finalmente, se le regalan 125 dólares al Joe pobre y 152 al rico. Es decir, incluso cuando se trata de un regalo, quien tiene más merece más y quien tiene menos, obtiene un regalo inferior. Incluso si saben que Joe ha dicho expresamente que le gustaría una tele nueva, los participantes en el estudio le regalan mucho menos la tele al Joe pobre que al rico.
Se considera superfluo para una familia pobre que pretenda una casa cerca de un hospital o en un vecindario seguro, lo que implica que, con poca renta, incluso buscar seguridad se considera un capricho innecesario
“Una implicación de este doble rasero es que la gente parece más cómoda dirigiendo y limitando las decisiones de gasto de los pobres”, resume Hagerty. Este estudio es muy revelador en el contexto actual, como indican estas investigadoras, en el que se debate el desarrollo de rentas mínimas en países como España. “Una crítica potencial al ingreso mínimo vital puede ser que las personas de bajos ingresos gastarán el dinero en cosas equivocadas”, indica Hagerty sobre el caso español. “Sin embargo, es probable que este miedo esté influido en primer lugar por una visión limitada de qué productos se consideran necesarios para las personas de bajos ingresos”, apunta.
Es algo que queda claro en otros de sus experimentos, como en el que se muestran 20 objetos de consumo cotidiano que podría comprar una familia: periódicos, mobiliario, relojes, ordenadores, material deportivo, etcétera. En todos está peor visto que los compre una familia de ingresos menores, salvo en uno: los productos de higiene corporal. Con este mismo planteamiento, se proponen 20 criterios a tener en cuenta por una familia que busca una casa nueva: garaje, aire acondicionado, vecindario ruidoso, cercanía a zonas de ocio, etcétera. Todos están peor vistos si los considera una familia de poca renta, salvo dos: que la casa esté cerca del supermercado y del transporte público. Lo que es más revelador: se considera superfluo para una familia pobre que pretenda una casa cerca de un hospital o en un vecindario seguro, lo que implica que, con poca renta, incluso buscar seguridad se considera un capricho innecesario.
“Definimos las necesidades a partir de los recursos que tiene la gente, porque lo que definimos como necesario o superfluo cambia según los ingresos de la persona”, afirma el economista Luis Miller La seguridad como un lujo para familias sin recursos también aparece en otro de los experimentos del estudio, en el que se propone la compra de un coche con sistema de cámara trasera. Incluso cuando a la audiencia se le explica que es un extra importante para la seguridad del vehículo, se considera menos necesario para una familia de pocos recursos. Está mal visto que el pobre compre un objeto que para el rico es básico para su seguridad. De nuevo, no es que el pudiente se permita más, es que el vulnerable no merece tanto, incluso si está en juego su salud.
“La principal contribución de este estudio es que definimos las necesidades a partir de los recursos que tiene la gente, porque lo que definimos como necesario o superfluo cambia según los ingresos de la persona”, el economista Luis Miller, investigador del CSIC. Y añade: “Esto tiene implicaciones importantes sobre todo en el ámbito de lo que llamamos la trampa de la pobreza, ese círculo vicioso que niega los recursos necesarios para acceder a más recursos”. Cuando se critica a un sin techo o un refugiado por tener un smartphone se considera que es un capricho innecesario, aunque para todos sea una herramienta imprescindible para relacionarnos con nuestros familiares, empleadores o clientes. Sin este tipo de recursos, es imposible romper el círculo del que habla Miller: sin una casa, una ducha, un móvil, etcétera, es imposible conseguir un trabajo que permita salir de esa trampa de la pobreza.
“Existe esta idea de que si das ayudas a una familia, haces que trabajen menos. No solo no les hace más vagos, sino que les da un bienestar y una seguridad que les hace más productivos” .
ESTHER DUFLO, PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA
“Existe esta idea de que si das ayudas a una familia, haces que trabajen menos. Un proyecto de seguimiento estuvo analizándolo y no es así”, decía recientemente Esther Duflo, premio Nobel de Economía, “no solo no les hace más vagos, sino que les da un bienestar y una seguridad que les hace más productivos”. Todas las personas necesitan salir de la “visión de túnel” que imponen las carencias, esas penurias que impiden tomar decisiones sosegadas, como explicaban Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir en su libro Escasez (Fondo de Cultura Económica): “La escasez captura nuestra atención y esto nos proporciona un beneficio muy estrecho: tenemos un mejor desempeño al ocuparnos de las necesidades más apremiantes. Pero de manera más amplia, pagamos un costo: descuidamos otros asuntos y somos menos eficientes en el resto de nuestra cotidianeidad”. Regalarle una tele al Joe pobre quizá le proporciona el estímulo emocional que le permite amanecer con más ánimo por la mañana. O no. Pero por lo general pensamos que debería conformarse con lo que tiene y centrarse en comprar lo imprescindible para subsistir.
Miller cree que estos mecanismos se producen en España de una manera más matizada, porque aquí las encuestas muestran unas preferencias claras por la redistribución y no existe con tanto peso “la figura del libertario estadounidense, ese que dice que cada cual tiene lo que se merece”. Y añade: “Aquí esos mecanismos tienen más que ver con la necesidad de diferenciarnos del pobre”. Según explica Hagerty por email, la renta de los sujetos que participaron en el estudio no influía en sus opiniones: al margen de sus ingresos, todos reducían el círculo de las compras aceptables para el Joe pobre, incluso si ponían en riesgo su salud, como una sillita para niños en el coche, un barrio sin delincuencia o un acceso cercano a un centro de salud, que se ven casi como caprichos solo si se tienen pocos ingresos. “Que le demos menos margen de maniobra a las decisiones de los desfavorecidos económicamente parece expresar nociones más básicas de mérito y autonomía”, apunta la investigadora.
Volviendo al menú de Telepizza, Hagerty tiene una respuesta clara a la luz de su trabajo: “Esta visión parcial de la necesidad también puede explicar por qué se les dio comida basura a los niños de bajos ingresos [en Madrid], cuando la misma comida puede no ser adecuada para los niños de mayores ingresos”. Y apunta que sus hallazgos sugieren que en debates como ese en realidad se están haciendo dos preguntas distintas que tendrán dos respuestas sustancialmente diferentes: ¿es necesario el acceso a alimentos saludables? y ¿es necesario el acceso a alimentos saludables para las personas de bajos ingresos? “Esto debe tenerse en cuenta en el debate político: ¿cómo se realizan las preguntas relevantes en política y qué prejuicios implícitos pueden influir en sus respuestas?”.
https://elpais.com/ciencia/2020-07-02/por-que-juzgamos-mas-duramente-las-decisiones-los-pobres.html
lunes, 6 de julio de 2020
_- La desigualdad y los niños de EE UU. De todo el daño que puede hacer la pobreza, el que causa a los menores es el que más nos debe preocupar.
_- JOSEPH E. STIGLITZ
28 DIC 2014
Hace ya mucho tiempo se reconoce que los niños conforman un grupo especial. Ellos no eligen a sus padres, y mucho menos las condiciones generales en las que nacen. No tienen las mismas capacidades que los adultos para protegerse o cuidar de sí mismos. Es por ello que la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924, y la razón por la que la comunidad internacional adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña en 1989.
Lamentablemente, Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones. De hecho, ni siquiera ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. EE UU, con su altamente valorada imagen de tierra de oportunidades, debería ser un ejemplo a seguir en cuanto al tratamiento justo e ilustrado de los niños. En cambio, emana la luz del fracaso —un fracaso que contribuye al aletargamiento global de los derechos del niño en el ámbito internacional.
Si bien puede que una infancia estadounidense promedio no sea la peor del mundo, la disparidad entre la riqueza del país y la condición en la que sus niños se encuentran no tiene parangón. Cerca de 14,5% de la población estadounidense en general es pobre, pero el 19,9% de los infantes —es decir, unos 15 millones de niños— viven en condiciones de pobreza. Entre los países desarrollados, únicamente Rumanía tiene un nivel de pobreza superior. La tasa de EE UU es dos tercios más alta que la del Reino Unido, y hasta cuatro veces la tasa de los países nórdicos. Para algunos grupos, la situación es mucho peor: más del 38% de los niños negros, y del 30% de los hispanos, son pobres.
Nada de esto ocurre porque los estadounidenses no se preocupan por sus hijos. Esto ocurre porque Estados Unidos durante las últimas décadas ha adoptado un programa de políticas que ha causado que su economía se torne en salvajemente desigual, dejando a los segmentos más vulnerables de la sociedad cada vez más y más atrás. La creciente concentración de la riqueza —y una reducción significativa de los impuestos sobre dicha riqueza— se tradujo en que se tiene menos dinero para gastar en inversiones destinadas al bien público, como por ejemplo en educación y protección para los niños.
Las dificultades en las primeras etapas de la vida están estrechamente ligadas con la desigualdad de oportunidades
Como resultado, la situación de los niños en Estados Unidos empeora. Su destino es un doloroso ejemplo de la forma como la desigualdad no solamente socava el crecimiento económico y la estabilidad —tal como al fin lo reconocen economistas y organizaciones, como el Fondo Monetario Internacional— sino que también viola nuestras más preciadas nociones sobre cómo debería ser una sociedad justa.
La desigualdad de ingresos se correlaciona con inequidades en los ámbitos de salud, acceso a la educación, y exposición a riesgos ambientales; todas estas desigualdades agobian más a los niños en comparación con el resto de segmentos de la población. De hecho, se diagnostica con asma casi a uno de cada cinco niños estadounidenses pobres; esta es una tasa superior en un 60% a la de los niños que no son pobres. Los problemas de aprendizaje son casi dos veces más frecuentes entre los niños de las familias que ganan menos de 35.000 dólares al año en comparación a lo que ocurre en los hogares que ganan más de 100.000. Y hay quien en el Congreso de Estados Unidos quiere eliminar los cupones de alimentos —pese a que 23 millones de hogares estadounidenses dependen de ellos— amenazando así con llevar al hambre a los niños más pobres.
Dichas desigualdades en resultados están estrechamente ligadas a desigualdades en oportunidades. Inevitablemente, en los países en los que los niños tienen una alimentación inadecuada, un acceso insuficiente a los servicios de salud y educación, y una mayor exposición a los riesgos ambientales, los hijos de los pobres tendrán perspectivas de vida muy distintas que los hijos de quienes son ricos. Y, en parte debido a que las perspectivas de la vida de un niño estadounidense dependen más de los ingresos y educación de sus padres en comparación con lo que ocurre en otros países avanzados, EE UU tiene la menor igualdad de oportunidades entre todos los países avanzados. Por ejemplo, en las universidades estadounidenses de más alta categoría sólo aproximadamente un 9% de los estudiantes proviene de la población con ingresos que se ubican en la mitad inferior de la distribución de ingresos, mientras que el 74% provienen de la población con ingresos ubicados en el cuarto superior.
La mayoría de las sociedades reconocen la obligación moral de ayudar a garantizar que los jóvenes puedan alcanzar su potencial. Algunos países incluso imponen un mandato constitucional de la igualdad de oportunidades educativas.
Sin embargo, en Estados Unidos se gasta más en la educación de los estudiantes ricos que en la educación de los pobres. Como resultado, el país está perdiendo algunos de sus activos más valiosos, y algunos jóvenes —al verse desprovistos de habilidades— se dedican a actividades disfuncionales. Hay Estados, como por ejemplo California, que gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más.
Estados como California gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más
Si no se toman medidas compensatorias —incluyendo una educación preescolar que idealmente comience a una edad muy temprana— la desigualdad de oportunidades se traduce en resultados desiguales durante toda la vida en el momento que los niños llegan a la edad de cinco años. Esto debería incentivar a que se realicen acciones para implementar políticas.
En los hechos, si bien los efectos nocivos de la desigualdad son de amplio alcance, e imponen costos enormes a nuestras economías y sociedades, son también evitables en su gran mayoría. Los extremos de desigualdad observados en algunos países no son el resultado inexorable de las fuerzas económicas y de las leyes. Las políticas adecuadas —como tener redes de protección social más fuertes, aplicación de impuestos progresivos, y una mejor regulación (especialmente del sector financiero), por nombrar sólo unas pocas políticas— pueden revertir estas tendencias devastadoras.
Con el propósito de generar la voluntad política que tales reformas requieren, debemos confrontar la inercia y falta de acción de los formuladores de políticas mostrando los sombríos datos fácticos relativos a la desigualdad y sus efectos devastadores en nuestros niños. Podemos reducir las privaciones que se sufren durante la infancia y podemos aumentar la igualdad de oportunidades, con lo que sentaríamos las bases para un futuro más justo y próspero —un futuro que refleje los valores que nosotros mismos profesamos—. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?
Del total del daño que inflige la desigualdad en nuestras economías, sociedades y ámbitos políticos, el daño que causa a los niños debería ser el más preocupante. Cualquiera que sea la responsabilidad que pudiesen tener los adultos pobres por su destino en la vida —puede ser que no trabajaron lo suficientemente fuerte, no ahorraron lo necesario o no tomaron buenas decisiones— las circunstancias particulares de los niños recaen bajo su responsabilidad, sin que ellos tengan ningún tipo de opción al respecto. Los niños, más que cualquier otra persona, necesitan recibir la protección que les brindan sus derechos, y EE UU debería proveer al mundo con un brillante ejemplo de lo que esto significa.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.
https://elpais.com/economia/2014/12/26/actualidad/1419590452_449014.html
28 DIC 2014
Hace ya mucho tiempo se reconoce que los niños conforman un grupo especial. Ellos no eligen a sus padres, y mucho menos las condiciones generales en las que nacen. No tienen las mismas capacidades que los adultos para protegerse o cuidar de sí mismos. Es por ello que la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924, y la razón por la que la comunidad internacional adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña en 1989.
Lamentablemente, Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones. De hecho, ni siquiera ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. EE UU, con su altamente valorada imagen de tierra de oportunidades, debería ser un ejemplo a seguir en cuanto al tratamiento justo e ilustrado de los niños. En cambio, emana la luz del fracaso —un fracaso que contribuye al aletargamiento global de los derechos del niño en el ámbito internacional.
Si bien puede que una infancia estadounidense promedio no sea la peor del mundo, la disparidad entre la riqueza del país y la condición en la que sus niños se encuentran no tiene parangón. Cerca de 14,5% de la población estadounidense en general es pobre, pero el 19,9% de los infantes —es decir, unos 15 millones de niños— viven en condiciones de pobreza. Entre los países desarrollados, únicamente Rumanía tiene un nivel de pobreza superior. La tasa de EE UU es dos tercios más alta que la del Reino Unido, y hasta cuatro veces la tasa de los países nórdicos. Para algunos grupos, la situación es mucho peor: más del 38% de los niños negros, y del 30% de los hispanos, son pobres.
Nada de esto ocurre porque los estadounidenses no se preocupan por sus hijos. Esto ocurre porque Estados Unidos durante las últimas décadas ha adoptado un programa de políticas que ha causado que su economía se torne en salvajemente desigual, dejando a los segmentos más vulnerables de la sociedad cada vez más y más atrás. La creciente concentración de la riqueza —y una reducción significativa de los impuestos sobre dicha riqueza— se tradujo en que se tiene menos dinero para gastar en inversiones destinadas al bien público, como por ejemplo en educación y protección para los niños.
Las dificultades en las primeras etapas de la vida están estrechamente ligadas con la desigualdad de oportunidades
Como resultado, la situación de los niños en Estados Unidos empeora. Su destino es un doloroso ejemplo de la forma como la desigualdad no solamente socava el crecimiento económico y la estabilidad —tal como al fin lo reconocen economistas y organizaciones, como el Fondo Monetario Internacional— sino que también viola nuestras más preciadas nociones sobre cómo debería ser una sociedad justa.
La desigualdad de ingresos se correlaciona con inequidades en los ámbitos de salud, acceso a la educación, y exposición a riesgos ambientales; todas estas desigualdades agobian más a los niños en comparación con el resto de segmentos de la población. De hecho, se diagnostica con asma casi a uno de cada cinco niños estadounidenses pobres; esta es una tasa superior en un 60% a la de los niños que no son pobres. Los problemas de aprendizaje son casi dos veces más frecuentes entre los niños de las familias que ganan menos de 35.000 dólares al año en comparación a lo que ocurre en los hogares que ganan más de 100.000. Y hay quien en el Congreso de Estados Unidos quiere eliminar los cupones de alimentos —pese a que 23 millones de hogares estadounidenses dependen de ellos— amenazando así con llevar al hambre a los niños más pobres.
Dichas desigualdades en resultados están estrechamente ligadas a desigualdades en oportunidades. Inevitablemente, en los países en los que los niños tienen una alimentación inadecuada, un acceso insuficiente a los servicios de salud y educación, y una mayor exposición a los riesgos ambientales, los hijos de los pobres tendrán perspectivas de vida muy distintas que los hijos de quienes son ricos. Y, en parte debido a que las perspectivas de la vida de un niño estadounidense dependen más de los ingresos y educación de sus padres en comparación con lo que ocurre en otros países avanzados, EE UU tiene la menor igualdad de oportunidades entre todos los países avanzados. Por ejemplo, en las universidades estadounidenses de más alta categoría sólo aproximadamente un 9% de los estudiantes proviene de la población con ingresos que se ubican en la mitad inferior de la distribución de ingresos, mientras que el 74% provienen de la población con ingresos ubicados en el cuarto superior.
La mayoría de las sociedades reconocen la obligación moral de ayudar a garantizar que los jóvenes puedan alcanzar su potencial. Algunos países incluso imponen un mandato constitucional de la igualdad de oportunidades educativas.
Sin embargo, en Estados Unidos se gasta más en la educación de los estudiantes ricos que en la educación de los pobres. Como resultado, el país está perdiendo algunos de sus activos más valiosos, y algunos jóvenes —al verse desprovistos de habilidades— se dedican a actividades disfuncionales. Hay Estados, como por ejemplo California, que gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más.
Estados como California gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más
Si no se toman medidas compensatorias —incluyendo una educación preescolar que idealmente comience a una edad muy temprana— la desigualdad de oportunidades se traduce en resultados desiguales durante toda la vida en el momento que los niños llegan a la edad de cinco años. Esto debería incentivar a que se realicen acciones para implementar políticas.
En los hechos, si bien los efectos nocivos de la desigualdad son de amplio alcance, e imponen costos enormes a nuestras economías y sociedades, son también evitables en su gran mayoría. Los extremos de desigualdad observados en algunos países no son el resultado inexorable de las fuerzas económicas y de las leyes. Las políticas adecuadas —como tener redes de protección social más fuertes, aplicación de impuestos progresivos, y una mejor regulación (especialmente del sector financiero), por nombrar sólo unas pocas políticas— pueden revertir estas tendencias devastadoras.
Con el propósito de generar la voluntad política que tales reformas requieren, debemos confrontar la inercia y falta de acción de los formuladores de políticas mostrando los sombríos datos fácticos relativos a la desigualdad y sus efectos devastadores en nuestros niños. Podemos reducir las privaciones que se sufren durante la infancia y podemos aumentar la igualdad de oportunidades, con lo que sentaríamos las bases para un futuro más justo y próspero —un futuro que refleje los valores que nosotros mismos profesamos—. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?
Del total del daño que inflige la desigualdad en nuestras economías, sociedades y ámbitos políticos, el daño que causa a los niños debería ser el más preocupante. Cualquiera que sea la responsabilidad que pudiesen tener los adultos pobres por su destino en la vida —puede ser que no trabajaron lo suficientemente fuerte, no ahorraron lo necesario o no tomaron buenas decisiones— las circunstancias particulares de los niños recaen bajo su responsabilidad, sin que ellos tengan ningún tipo de opción al respecto. Los niños, más que cualquier otra persona, necesitan recibir la protección que les brindan sus derechos, y EE UU debería proveer al mundo con un brillante ejemplo de lo que esto significa.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.
https://elpais.com/economia/2014/12/26/actualidad/1419590452_449014.html
sábado, 11 de abril de 2020
Así se las han ingeniado los profesores para dar clase a nuestros hijos
Ahora que han llegado las vacaciones escolares, docentes y psicólogos hacen un balance de estas semanas de enseñanza online
Se cumple casi un mes de confinamiento concidiendo con las vacaciones de Semana Santa para más de diez millones de alumnos en nuestro país. La imagen en muchos hogares españoles sigue siendo la misma: Niños y adolescentes pegados a las pantallas de sus tabletas. Ya no hablan con sus profesores, ahora lo hacen con sus amigos. Algo magnífico e indispensable en tiempos de encierro, en palabras de la psicóloga Arwen Caban: “los adolescentes necesitan ese contacto, ver las caras de sus amigos, es indispensable que les permitamos abusar de ese contacto online y más ahora que están de vacaciones”. Caban aconseja a los padres ser más laxos con los hijos en este tema, aprovechar lo bueno de la tecnología, sobre todo después del esfuerzo que han supuesto estas tres semanas de enseñanza virtual.
¿Cómo han reaccionado los alumnos a la novedad de las clases online?
Paloma Rodríguez lleva 38 años dando clases de matemáticas en un centro privado a las afueras de Madrid. Confiesa que no concibe la educación sin ver a sus alumnos, así que desde el primer día habló con ellos y les propuso seguir con la misma clase de matemáticas diaria a través de la plataforma digital del colegio. La respuesta fue buenísima: “Aparecieron todos enloquecidos diciéndome que no querían estar solos todo este tiempo, que querían verme y estar con sus compañeros; estoy muy satisfecha de lo que hemos conseguido”.
Pero no todos los docentes han vivido la misma experiencia. “Yo he tenido muchos alumnos con problemas de ansiedad, sobre todo niños muy responsables que se han preocupado mucho por su evaluación”, asegura Álvaro Benjumea, profesor de lengua y literatura en el instituto público Pinto Montano de Sevilla. Muchos de los alumnos de este profesor no tienen conexión a la red así que los canales de comunicación no ha sido fáciles: “Abrí un canal de Telegram para comunicarme con mi clase y así es como me he conectado con ellos estas tres semanas a todas las horas, no siempre a la hora de la clase. Ha sido dedicación plena todo el día”. Esfuerzo e ingenio de los profesores para conseguir un objetivo: que los alumnos acaben el curso de la mejor forma posible.
Manuel Bellón, director del colegio Base, un centro privado con más de 800 estudiantes en la localidad madrileña de Alcobendas (Madrid), confiesa que nunca imaginó vivir esta situación con "mis hijos, mis alumnos y mis profesores en casa”. Bellón asegura que lo más complicado de todo ha sido “adaptar el aprendizaje online en tan poco tiempo”, además de cuidar el estado emocional de las familias y de los alumnos: “El objetivo desde el principio fue que no se sintieran solos, hemos intentado estar ahí desde el primer momento atendiéndoles en todos los aspectos incluso con charlas web de psicólogos especializados en jóvenes”.
Las clases se reanudarán el próximo 13 de abril de nuevo a través de una pantalla. El esfuerzo del profesorado se centra en dotar de normalidad esta situación y en asentar los conocimientos obtenidos, con la enseñanza presencial prevista para el curso que viene.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-09/video-asi-se-las-han-ingeniado-los-profesores-para-dar-clase-a-nuestros-hijos.html
Se cumple casi un mes de confinamiento concidiendo con las vacaciones de Semana Santa para más de diez millones de alumnos en nuestro país. La imagen en muchos hogares españoles sigue siendo la misma: Niños y adolescentes pegados a las pantallas de sus tabletas. Ya no hablan con sus profesores, ahora lo hacen con sus amigos. Algo magnífico e indispensable en tiempos de encierro, en palabras de la psicóloga Arwen Caban: “los adolescentes necesitan ese contacto, ver las caras de sus amigos, es indispensable que les permitamos abusar de ese contacto online y más ahora que están de vacaciones”. Caban aconseja a los padres ser más laxos con los hijos en este tema, aprovechar lo bueno de la tecnología, sobre todo después del esfuerzo que han supuesto estas tres semanas de enseñanza virtual.
¿Cómo han reaccionado los alumnos a la novedad de las clases online?
Paloma Rodríguez lleva 38 años dando clases de matemáticas en un centro privado a las afueras de Madrid. Confiesa que no concibe la educación sin ver a sus alumnos, así que desde el primer día habló con ellos y les propuso seguir con la misma clase de matemáticas diaria a través de la plataforma digital del colegio. La respuesta fue buenísima: “Aparecieron todos enloquecidos diciéndome que no querían estar solos todo este tiempo, que querían verme y estar con sus compañeros; estoy muy satisfecha de lo que hemos conseguido”.
Pero no todos los docentes han vivido la misma experiencia. “Yo he tenido muchos alumnos con problemas de ansiedad, sobre todo niños muy responsables que se han preocupado mucho por su evaluación”, asegura Álvaro Benjumea, profesor de lengua y literatura en el instituto público Pinto Montano de Sevilla. Muchos de los alumnos de este profesor no tienen conexión a la red así que los canales de comunicación no ha sido fáciles: “Abrí un canal de Telegram para comunicarme con mi clase y así es como me he conectado con ellos estas tres semanas a todas las horas, no siempre a la hora de la clase. Ha sido dedicación plena todo el día”. Esfuerzo e ingenio de los profesores para conseguir un objetivo: que los alumnos acaben el curso de la mejor forma posible.
Manuel Bellón, director del colegio Base, un centro privado con más de 800 estudiantes en la localidad madrileña de Alcobendas (Madrid), confiesa que nunca imaginó vivir esta situación con "mis hijos, mis alumnos y mis profesores en casa”. Bellón asegura que lo más complicado de todo ha sido “adaptar el aprendizaje online en tan poco tiempo”, además de cuidar el estado emocional de las familias y de los alumnos: “El objetivo desde el principio fue que no se sintieran solos, hemos intentado estar ahí desde el primer momento atendiéndoles en todos los aspectos incluso con charlas web de psicólogos especializados en jóvenes”.
Las clases se reanudarán el próximo 13 de abril de nuevo a través de una pantalla. El esfuerzo del profesorado se centra en dotar de normalidad esta situación y en asentar los conocimientos obtenidos, con la enseñanza presencial prevista para el curso que viene.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-09/video-asi-se-las-han-ingeniado-los-profesores-para-dar-clase-a-nuestros-hijos.html
sábado, 14 de marzo de 2020
Ser pobre es una actitud (?). La idea de que cada individuo tiene en sus manos las riendas de su vida ha ido calando hasta empapar una parte de las sociedades occidentales.
Parásitos ha puesto de moda estos días preguntarse a qué huele ser pobre. La pregunta inquietante, sin embargo, no es cómo huele la pobreza, sino por qué no se ve.
La polémica que en diversos sectores ha provocado el reciente informe del relator de la ONU sobre la pobreza en España solo se explica por la incomodidad que suscita el tema. Pero ese informe no es el único. Organizaciones como Oxfam y Cáritas llevan tiempo alertando sobre los profundos efectos de la desigualdad y sobre el papel de determinadas ideas y políticas públicas.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay una marcada diferencia en la actitud de republicanos y demócratas frente a la pobreza. Como explicaba la analista Alana Moceri en Esglobal, a partir de la lógica puritana sobre el esfuerzo, los primeros opinan que los pobres lo son por pereza o porque no trabajan lo suficiente y, por lo tanto, no apoyan políticas que aspiren a una mayor redistribución de la riqueza. Ahí surge la famosa cuestión de las ayudas a la sanidad (Obamacare y sus secuelas).
A este lado del Atlántico, la deriva comenzó cuando la democracia cristiana, asentada en unos valores sólidos, transmutó en un liberalismo que deja todo destino en las manos autorreguladoras del mercado. Arrancó así en muchos países el desmantelamiento de un Estado de bienestar que incluso en sus peores versiones ofrece coberturas infinitamente mayores que las que puedan soñar los estadounidenses.
Las cifras en cualquier caso siguen siendo tozudamente preocupantes. Según la última edición del Índice de Justicia Social que elabora cada año la Fundación Bertelsmann, la recuperación de las tasas de empleo en los países de la OCDE y la Unión Europea no se ha visto acompañada por una reducción en las tasas de pobreza; es más, ha aumentado en países como Estados Unidos o Israel. Se observa asimismo un estancamiento general en la igualdad intergeneracional: niños y jóvenes tienen más riesgo de caer en la pobreza que los mayores de 65. En España esto se refleja en el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Y tenderá a agravarse en el futuro, entre otras cosas, por la falta de inversión en investigación y desarrollo en la sostenibilidad del país.
La idea de que ser pobre es una actitud y de que cada individuo tiene en sus manos las riendas de su vida ha ido calando hasta empapar una parte de las sociedades occidentales. “Culpabilizar a la persona es el mejor camino para excluir a la sociedad de la responsabilidad conjunta de solucionar un problema”, afirma Borja Monreal en su maravilloso Ser pobre. Él se refiere a la pobreza en lugares en los que el Estado es prácticamente inexistente. Por eso, donde lo tenemos, merece la pena explorar vías para recuperar un alto grado de justicia social.
https://elpais.com/elpais/2020/02/27/opinion/1582826689_320904.html
La polémica que en diversos sectores ha provocado el reciente informe del relator de la ONU sobre la pobreza en España solo se explica por la incomodidad que suscita el tema. Pero ese informe no es el único. Organizaciones como Oxfam y Cáritas llevan tiempo alertando sobre los profundos efectos de la desigualdad y sobre el papel de determinadas ideas y políticas públicas.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay una marcada diferencia en la actitud de republicanos y demócratas frente a la pobreza. Como explicaba la analista Alana Moceri en Esglobal, a partir de la lógica puritana sobre el esfuerzo, los primeros opinan que los pobres lo son por pereza o porque no trabajan lo suficiente y, por lo tanto, no apoyan políticas que aspiren a una mayor redistribución de la riqueza. Ahí surge la famosa cuestión de las ayudas a la sanidad (Obamacare y sus secuelas).
A este lado del Atlántico, la deriva comenzó cuando la democracia cristiana, asentada en unos valores sólidos, transmutó en un liberalismo que deja todo destino en las manos autorreguladoras del mercado. Arrancó así en muchos países el desmantelamiento de un Estado de bienestar que incluso en sus peores versiones ofrece coberturas infinitamente mayores que las que puedan soñar los estadounidenses.
Las cifras en cualquier caso siguen siendo tozudamente preocupantes. Según la última edición del Índice de Justicia Social que elabora cada año la Fundación Bertelsmann, la recuperación de las tasas de empleo en los países de la OCDE y la Unión Europea no se ha visto acompañada por una reducción en las tasas de pobreza; es más, ha aumentado en países como Estados Unidos o Israel. Se observa asimismo un estancamiento general en la igualdad intergeneracional: niños y jóvenes tienen más riesgo de caer en la pobreza que los mayores de 65. En España esto se refleja en el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Y tenderá a agravarse en el futuro, entre otras cosas, por la falta de inversión en investigación y desarrollo en la sostenibilidad del país.
La idea de que ser pobre es una actitud y de que cada individuo tiene en sus manos las riendas de su vida ha ido calando hasta empapar una parte de las sociedades occidentales. “Culpabilizar a la persona es el mejor camino para excluir a la sociedad de la responsabilidad conjunta de solucionar un problema”, afirma Borja Monreal en su maravilloso Ser pobre. Él se refiere a la pobreza en lugares en los que el Estado es prácticamente inexistente. Por eso, donde lo tenemos, merece la pena explorar vías para recuperar un alto grado de justicia social.
https://elpais.com/elpais/2020/02/27/opinion/1582826689_320904.html
domingo, 23 de febrero de 2020
Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. "España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población no".
Conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero – 7 de febrero de 2020
I. Introducción
España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población, no. La cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el paro está disminuyendo, los salarios medios están aumentando y las exportaciones también están en auge.1 Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones.2 Durante mi visita de casi dos semanas a España, quedó muy claro que la recuperación después de la recesión, que tan positiva ha sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco por la mayoría de los miembros de ese enorme grupo.
España finalmente tiene un nuevo gobierno; uno que exhibe grandes esperanzas y ambiciones impresionantes, especialmente en el ámbito social. Pero este gobierno se enfrenta a enormes desafíos. El país tiene un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social en gran medida inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.
Si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran resolver la pobreza, España estaría en la cresta de la ola. Pero sin un compromiso significativo con la defensa de los derechos sociales de las personas a la vivienda, la educación y a un nivel de vida adecuado, estos grandes planes seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido durante la última década. España necesita un liderazgo innovador a nivel nacional, respaldado por los recursos necesarios para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. La pobreza es en última instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.
Este informe se centra en las cuestiones clave que requieren atención urgente. Entre estas cuestiones cabe destacar: adoptar medidas integrales y creativas para aliviar la crisis inmobiliaria; reestablecer condiciones decentes de trabajo, especialmente para trabajos mal pagados; diseñar un sistema nacional de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico para todas las personas que necesitadas; implementar un programa de educación para la primera infancia para todos los niños y niñas de 0 a 3 años, y lanzar reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y lograr la transparencia de los acuerdos fiscales de empresas.
II. El rostro de la España pobre
España es un país con una gran historia, un líder mundial en algunas áreas y un baluarte cultural. Pero hoy España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles. La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en unos valores profundamente compartidos y una fuerte solidaridad social se ha visto gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. Actualmente España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en demasiados indicadores sociales.
Las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.3 Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes,4 y el 5,4% sufrió carencia material severa.5 La tasa de paro del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE y la situación de los y las jóvenes es particularmente angustiante con una tasa de paro del 30,51% entre menores de 25 años.6 Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales.7 La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE.8
Detrás de estas cifras hay personas reales que experimentan graves dificultades. En Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid me reuní con muchas personas que pasan apuros para salir adelante. Muchas perdieron todos sus ahorros durante la crisis y otras se encuentran en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Demasiadas afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todas las personas que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente. Hablé con una madre viuda en Andalucía que solo había podido encontrar 18 horas de trabajo a la semana, insuficiente para mantener a sus hijos; un hombre sin hogar en Bilbao que de niño sufrió abusos y a quien se le negó la asistencia social porque no pudo empadronarse; y una mujer en las afueras de Madrid que criaba a sus hijos en un área considerada peligrosa para la salud humana, rodeada por el olor de incineradoras de residuos cercanas y en una casa en riesgo de colapsar.
También visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país: un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado; vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían hijos con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal, o una escuela segregada en un barrio pobre con un cuerpo estudiantil 100% gitano y una tasa de abandono escolar del 75%. Me llamaron la atención la capacidad de resistencia y la compasión de las personas con las que me reuní. Todas mostraron una genuina generosidad al compartir conmigo experiencias a menudo muy personales para elaborar este informe.
La palabra que escuché más veces en las últimas dos semanas fue “abandonados”. Los personas menos favorecidas describieron sentirse abandonadas en una ciudad rural sin ningún tipo de transporte público para acudir a una consulta médica, sin dinero para pagar el transporte privado y sin saber con seguridad si acudiría una ambulancia en caso de una emergencia; abandonadas en un suburbio estigmatizado de bajos ingresos que la policía evita; abandonados ante personas propietarias sin escrúpulos, subidas desmesuradas de alquiler o viviendas públicas sin ningún tipo de mantenimiento, y también abandonadas ante un sistema burocrático arbitrario que de repente niega o revoca ayudas vitales sin ofrecer explicación. El hilo conductor era siempre la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza, una situación que muchas enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control, como la pérdida de empleo, la discriminación estructural o la enfermedad.
Muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas. Los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales que se vieron severamente restringidas después de 2008 no se han restaurado en numerosos aspectos. El aumento de los ingresos ha acabado principalmente en las manos de quienes ocupan el nivel más alto en la escala de distribución del ingreso. Entre 2007 y 2017, las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media de 2%.9 Los beneficios de las empresas se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero los ingresos tributarios en concepto de impuesto sobre sociedades disminuyeron a la mitad entre 2007 y 2019, del 22,3% de los ingresos fiscales totales al 11,9%.10 Antes de la crisis, España había sido relativamente inmune a la creciente desigualdad que azotaba a tantos otros países, pero desde 2010, la desigualdad se ha disparado.11 Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos sobre sociedades, no es sorprendente que a los ricos y a las empresas les haya ido tan bien.
En comparación, las instituciones formuladoras de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza. Está muy claro que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, incluso a pesar de ser invocados con frecuencia de manera abstracta. Las personas enfrentan costes de vivienda prohibitivos, la privatización de bloques de apartamentos y desalojos agresivos. Sin embargo, la vivienda social de bajo coste es casi inexistente a pesar del acuerdo generalizado sobre su necesidad. El sistema para brindar asistencia social está quebrado. Si bien debería desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, es notablemente ineficaz: son las familias acaudaladas las que se benefician más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.12 El sistema está fragmentado, es imposible de navegar y no llega a las personas desfavorecidas que más necesitan la ayuda. La capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la UE.13 Como me dijeron muchas de las personas con las que hablé, este no es un sistema diseñado principalmente para maximizar la ayuda para las personas con dificultades económicas.
No soy el único que ha tomado nota de esto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional –no precisamente un defensor notorio de la necesidad de un sistema de protección social adecuado— informó que los programas españoles de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos, que el gasto es bajo, que las brechas en la adecuación y la cobertura obstaculizan la reducción de la pobreza, que los obstáculos burocráticos disminuyen la captación y que los y las menores más vulnerables y los hogares de ingresos más bajos son los que menos asistencia social reciben.14 Esta es solo la última de una serie de conclusiones similares por parte de actores nacionales y externos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),15 la OCDE,16 y la Comisión Europea.17
Muchos de los políticos y funcionarios con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que existen profundos problemas estructurales. Muchos reconocieron que la pobreza y la precariedad están integradas en el sistema. Pero aunque el nuevo gobierno de coalición está comprometido con llevar a cabo una reforma de gran alcance y algunos asesores políticos de alto rango me hablaron en estos términos, en demasiadas instituciones parecían contentarse con culpar a “otras” partes del sistema. Algunos funcionarios afirmaron, aunque sin brindar evidencias materiales, que la pobreza no es tan elevada como muestran las estadísticas porque el coste de vida es más bajo en algunas comunidades autónomas. Los aumentos recientes en los subsidios familiares, las asignaciones por hijo y el salario mínimo son importantes primeros pasos, pero están lejos de ser adecuados teniendo en cuenta las dimensiones de las dificultades que atraviesa el país. Existe un consenso notable sobre el alcance del daño causado por las políticas existentes de vivienda y protección social y sobre lo que se debería hacer, pero hasta ahora ha habido muy poca acción.
Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los más vibrantes con los que me he encontrado. Me reuní con muchos trabajadores y trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Sin embargo, el gobierno tiene obligaciones directas con los derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Esto no puede reemplazar al Estado, ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza.
Después de un período prolongado de inestabilidad y parálisis en la formulación de políticas, la formación de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para el cambio. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, aplaudimos el mensaje del gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de ese discurso. Si se tomasen medidas concertadas y efectivas sobre los problemas identificados a continuación, saldrían beneficiados no solo los grupos más vulnerables sino España en su conjunto. Tomarse en serio la eliminación de la pobreza facilitará la movilidad laboral, generará más ingresos tributarios para ayudar a abordar la deuda a mediano y largo plazo, mejorará la eficiencia del gasto existente y establecerá el rumbo para un crecimiento futuro inclusivo.
III. Desafíos clave
Si el nuevo gobierno tiene intención de cumplir su promesa de hacer de España un líder en derechos sociales en Europa, deberá abordar los siguientes problemas fundamentales.
A. Protección social
Asistencia social
La asistencia social en España no cumple con su función de combatir la pobreza. El efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de los países informantes de la UE. 18 En 2014, el 10% o menos de las transferencias fueron a parar al 20% de los hogares más pobres, la mitad de lo que hubieran recibido si las transferencias se hubieran distribuido por igual entre los hogares.19 Según Cáritas, la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social.20 Entre las personas adultas pobres que viven en hogares donde todos están desempleados, la proporción de quienes recibieron prestaciones sociales se encontraba entre los más bajos de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la UE.21
Cuando el apoyo llega a las personas, la cantidad puede ser extremadamente escasa, como es el caso de la prestación nacional por cada hijo o hija, que es de solo 341 euros por año para familias de bajos ingresos y de 588 euros para las que viven en la extrema pobreza.22 En realidad, esto es menos que lo que les aportaría una desgravación tributaria por hijo disponible exclusivamente para familias de ingresos medios altos y altos con obligaciones fiscales.23 Del mismo modo, para aquellos que no recibirán una pensión completa, el monto básico para una pensión no contributiva es de solo 392 euros al mes.
La calidad de la protección social en España está a nivel de los recursos que se le asignan. Comparativamente, gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017, gastó el 16,6% del PIB en protección social, muy por debajo de la media de 18,8% de la UE.24 El gasto per cápita fue de 5.426,73 euros en 2017, en comparación con los 7.651,89 euros en la UE en 2016, aproximadamente un 40% más.25 El desembolso de España fue significativamente menor que el de otros países de la UE, incluso en discapacidad (1,6% del PIB en comparación con una media del 2%), prestaciones familiares (1,2% del PIB en comparación con el 2,3%), y vivienda y otras exclusiones sociales (0,3% del PIB en comparación con el 1,1%).26
La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio, y a otra en Madrid que me contó que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que “probara” que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el empadronamiento es la clave para acceder a los servicios sociales. Sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes de documentos muy específicas.
La estructura descentralizada de gran parte de la asistencia social no contributiva de España, sumada a la ausencia de cualquier estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, ha llevado a que existan grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Esto es especialmente cierto para la última capa de la red de seguridad social, que está específicamente destinada a prevenir la pobreza y ayudar a las personas de bajos ingresos sin acceso a otras prestaciones: los sistemas de renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Si bien algunos de los sistemas claramente ayudan a las personas a evitar la pobreza, en ciertas comunidades autónomas son fracasos abyectos. Las cantidades de las ayudas son bajas, los períodos de espera pueden extenderse a muchos meses, los requisitos punitivos de residencia pueden impedir el acceso a nuevos residentes hasta durante tres años y excluir completamente a las personas sin hogar, los programas a menudo son incompatibles con los tipos de trabajo a corto plazo o a tiempo parcial que podrían ser las únicas opciones disponibles, las personas menores de 25 años generalmente no son elegibles y la carga de papeleo puede ser un obstáculo insuperable para muchos.27
Madrid podría verse como un laboratorio para los problemas que presentan los programas de renta mínima y pone en evidencia por qué pueden ser tan inefectivos como red de seguridad. Madrid tiene el segundo PIB más alto de España, una tasa de desempleo comparativamente baja y un coste de vida alto. Aunque su tasa de pobreza severa se más que duplicó en 10 años, del 3% en 2008 al 7,8% en 2017, 28 su sistema de renta mínima proporciona apenas unos miserables 400 euros al mes, el más escaso de todos estos programas en el país. Para ayudarme a entender por qué solo la percibía el 1,5% de la población,29 las personas con las que hablé en Madrid describieron cómo los numerosos requisitos de la prestación los excluyeron formalmente y de facto. Una mujer explicó que perdió la ayuda cuando aceptó un trabajo en período de prueba, pero se quedó sin hogar después de que no fue contratada permanentemente y su solicitud para reiniciar la prestación fue denegada.
La forma en que se ha administrado el programa en los últimos años lo ha hecho aún más irrelevante. La tasa de concesión de las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018, del 50% al 23%,30 y el número de suspensiones y denegaciones aumentó más del doble.31 Si bien los representantes del gobierno de Madrid están de acuerdo en que la situación no es satisfactoria, un funcionario insistió en que las autoridades no son responsables y que la culpa es de los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa. Pero estos resultados tan terribles sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado.
Un programa nacional de renta mínima bien diseñado y adecuadamente financiado podría ser de gran ayuda para arreglar lo que está roto, pero debe evitar las deficiencias manifestadas en algunos de los sistemas de distintas comunidades autónomas. Debe tener al menos las siguientes características: portabilidad total independientemente de la comunidad autónoma; compatibilidad con el mercado laboral existente para que las personas no pierdan el acceso a la ayuda simplemente porque han aceptado un trabajo precario o temporal; un monto adecuado para garantizar que las personas no vivan en la pobreza y que se adapte al coste de vida; un enfoque individualizado y flexible a la administración que facilite el acceso al minimizar los onerosos requisitos de papeleo; disponibilidad para personas menores de 25 años; y la ausencia de condiciones excesivas vinculadas a la búsqueda de empleo que podrían burocratizar aún más el sistema y reducir la aceptación.
En caso de querer reducir significativamente las altas tasas de pobreza en España, no hay alternativa a un gasto público adicional importante para arreglar un sistema de asistencia social quebrado. Las deducciones fiscales no son sustitutos, ya que lógicamente solo benefician a las personas más ricas que pagan impuestos sobre la renta. Tampoco se puede confiar únicamente en el empleo. Las personas en situación de pobreza desean ávidamente trabajar, pero a menudo no pueden encontrar un empleo decente debido a la alta tasa de paro y la precariedad de los trabajos que existen.
Educación
La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con solo un 12,6% de personas con educación superior.32 Sin embargo, la inversión pública absoluta en educación como porcentaje del PIB ha disminuido significativamente entre 2009 y 2017.33 Existen problemas reales con el coste y la calidad de la educación, así como con la segregación por estado socioeconómico y étnico.
España proporciona educación gratuita, pero esto no cubre el gasto de transporte, comida, libros y material escolar. Esos gastos, incurridos por las familias, aumentaron un 34% entre 2009 y 2016.34 Según un informe de Save the Children de 2019, el 32% de las familias enfrentan dificultades para pagar los gastos de educación35 y un informe de la Comisión Europea reveló que a partir de 2017, el 25,7% de los hogares con niños y niñas en riesgo de pobreza declararon tener grandes dificultades para pagar los gastos asociados a la educación reglada.36 Una madre me dijo: “El año pasado no pudimos pagar ni un solo libro de texto”.
España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018,37 a un coste estimado de entre 5,9 y 10,7% del PIB total.38 También registra la tasa de repetición de segundo curso más alta de la UE:39 los estudiantes con desventajas económicas son seis veces más propensos a repetir el año.40 Estas preocupantes cifras apuntan no solo a serios problemas de calidad del sistema educativo en general, sino también a una importante pérdida en el bienestar económico general del país.
Un alarmante 44% de los estudiantes y el 72% de los menores en situaciones vulnerables estudian en escuelas segregadas de facto que tienen una gran concentración de alumnado de entornos socioeconómicos pobres, gitanos e inmigrantes, así como con mayores necesidades de apoyo, lo que afecta al 46,8% del total de los centros educativos.41 La segregación escolar hace que aumente la repetición de curso así como el fracaso y el abandono escolar; disminuye las puntuaciones de las evaluaciones y afecta negativamente las expectativas de los y las estudiantes de cursar estudios universitarios.42 Visité una escuela en Andalucía, con un alumnado 100% gitano, donde el 75% de los estudiantes abandonan los estudios antes de completar la escuela secundaria y las familias reciben muy poco apoyo, a pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país. Y en Extremadura, un funcionario me explicó que se trata de un viejo problema arraigado en la “planificación urbana”, pero no ofreció ningún plan de acción para abordarlo. Concentrar a los niños y las niñas de los entornos más pobres en las mismas escuelas no es una receta para el éxito educativo ni la superación de la pobreza.43
Atención sanitaria
Con razón, España está orgullosa de su excelente sistema de atención sanitaria, con una cobertura casi universal. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan esta cobertura.
Algunas de las personas más desfavorecidas no tienen acceso a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia sanitaria, el 25,5% de los que necesitaban asistencia bucodental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no pudieron recibir atención por razones económicas. El 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados; entre las personas desempleadas este porcentaje era del 8,3%. La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10% de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud.44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre debido a una enfermedad. “No me puedo permitir enfermar”, me dijo una persona.
En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que limitaba la cobertura sanitaria universal, excluyendo incluso a las personas inmigrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunas personas inmigrantes en sus primeros 90 días en España,45 y REDER documentó 4.755 casos de exclusión del sistema nacional de salud solo desde 2014.46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no cuenta con ningún plan para abordarla.
También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, lo que corre el riesgo de priorizar los beneficios sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones del grado de privatización del sistema ni estudios que evaluaran su impacto.
Comunidades Autónomas
Las comunidades autónomas asumen una responsabilidad significativa en la protección social, pero los recortes de fondos relacionados con los programas de austeridad afectaron significativamente su capacidad de invertir en estas áreas, tuvieron un impacto negativo en muchas personas y socavaron la capacidad de las comunidades para combatir la pobreza. Es escandaloso que Extremadura, la comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta y el ingreso medio más bajo, recibiera una inversión menor del gobierno central en 2018 que en 2008 (3.002 millones de euros en 2018 en comparación con 3.180 millones de euros en 2008). Del mismo modo, Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, con una tasa AROPE muy superior a la media, experimentó una caída en la financiación recibida de 19.099 millones en 2008 a 18.983 millones de euros en 2018.47 En 2018, el gasto social total de las comunidades autónomas, incluida la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, seguía siendo un 3,4% más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda provocado por la crisis y sus secuelas.48
B. La vivienda
Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.
Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.
La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.
A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58
Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.
Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a los subsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.
Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64
El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.
C. Política fiscal
Si España quiere realmente combatir la pobreza y está dispuesta a realizar inversiones muy necesarias en políticas de asistencia social, educación y vivienda, también deberá reformar sus políticas fiscales. Los ingresos que recauda en la actualidad son demasiado bajos para garantizar los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresista, y el fraude fiscal, la evasión y la elusión le cuestan al país potencialmente miles de millones al año.
Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos. La relación impuestos/PIB fue del 35,4% en 2018, mucho más baja que la media del 40,3% de la UE y la del 41,7% de la zona euro, y especialmente baja en comparación con países similares como Italia (42,1%) y Francia (48,5).65
Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades se han reducido desde 2007, del 35 al 25%,66 y las empresas también se aprovechan de generosas deducciones y subsidios, por lo que en realidad terminan pagando mucho menos que el tipo nominal. El Ministerio de Hacienda no pudo proporcionarme una cifra del tipo efectivo real que están pagando las empresas, con el argumento de que las cifras están “protegidas”. Esta posición es insostenible dados los obvios intereses públicos involucrados, y aún más a la luz de la promesa del nuevo gobierno de elevar el tipo efectivo a un mínimo del 15%. Los ingresos por impuestos sobre sociedades han disminuido masivamente en los últimos años. Entre 2007 y 2018, los impuestos sobre sociedades cayeron como porcentaje de los ingresos totales de 22,34 a 11,9%, y de 44.823 millones de euros a 24.838 millones de euros.67 Si bien algunas de estas pérdidas se han visto compensadas por una dependencia cada vez mayor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2007 y 2017 la recaudación fiscal total disminuyó en realidad unos 6.725 millones de euros.68
Además de no aumentar la recaudación necesaria para financiar la realización de los derechos sociales, el sistema tributario es inadecuadamente progresista y apenas comienza a aprovechar la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad, la cual se disparó después de la crisis. Entre 2007 y 2015, el coeficiente de Gini aumentó en 2,1 puntos, el S80/20 en 0,9 y el índice de Palma en 1,4.69 Sin embargo, el efecto redistributivo de los impuestos directos a los hogares es mucho más bajo que el promedio de la UE, reduciendo la relación S80 / S20 en un 8,6% en 2016, en comparación con el 12,4% en la UE.70 Los impuestos indirectos en realidad aumentaron la desigualdad en un 3,5%.71 España depende cada vez más del IVA, con un aumento del tipo del 16 al 21% entre 2009 y 2013, elevando el porcentaje de la recaudación total del 27,83% al 33,63%. 72 Esto es problemático, ya que el tributo es generalmente regresivo, y en España lo es aún más debido a una serie de deducciones que benefician a los más ricos, como en el caso de los hoteles. También hay comunidades autónomas en España donde el impuesto a la herencia es extremadamente bajo, y los hijos y los cónyuges pueden heredar hasta un millón de euros libres de impuestos.73
El fraude fiscal es un problema importante en España que priva al Estado de recursos. Un estudio reciente del FMI estimó que el tamaño de la economía sumergida en España es del 20,3% del PIB, incluso más que en 2007. Se estima que la economía sumergida reduce los ingresos fiscales hasta en 70.000 millones de euros.74 Y en 2018, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales, lo que sugiere que se estarían perdiendo cantidades significativas de ingresos por evasión fiscal.75
D. Cambio climático
El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas que viven en la pobreza y un fuerte impacto en las políticas vigentes para prestarles apoyo.76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más perjudicadas, así como a aquellas que se verán empujadas a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado afrontarán un riesgo cada vez mayor.77
En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47.000 millones de euros para abordar el cambio climático en la próxima década, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050.78 En enero declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón.80 Pero aún no se ha aprobado la tan esperada ley sobre el cambio climático y el Congreso debería actuar sin demora.81
Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para implementar una Transición Justa,82 y será crucial que el nuevo gobierno tome medidas para garantizar que los trabajadores y trabajadoras afectados durante la transición de los combustibles fósiles reciban un apoyo social adecuado y acceso a programas de capacitación. La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que esto supondrá un gran desafío.
E. Transparencia y rendición de cuentas administrativa
Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con el proceso de toma de decisiones del gobierno y la dificultad de comprender, y mucho menos utilizar, gran parte de la información proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario muy bien informado: “No falta información. Lo que pasa es que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente, o cómo evaluar los resultados o el efecto de la política”. El gobierno debería promover que la información sea más fácil de usar y acceder y que esté más relacionada con indicadores de efectividad.
Los procedimientos burocráticos, incluida la tendencia a recopilar documentación aparentemente sin ningún objetivo claro, y una cultura de verificación interminable, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos básicos parecen más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Pero es notablemente difícil cambiar la forma en que operan las arraigadas burocracias. Dados los costes e ineficiencias del lado del gobierno, y las molestias e inconveniencia del lado de la ciudadanía y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debería iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el papeleo innecesario y reformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría llevarla a cabo un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deberían incluir: reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto por los derechos humanos, facilitar el empadronamiento y garantizar que las personas conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.
Además, la AIReF debería estar facultada para realizar auditorías e investigaciones por iniciativa propia, sin una solicitud externa de una autoridad pública.
IV. Grupos vulnerables
Convertirse en un país líder en derechos sociales también requiere prestar atención a los efectos desproporcionados de la pobreza en grupos concretos de personas. Los siguientes grupos se encuentran entre los que necesitan particular atención y apoyo:
A. Mujeres
En España, al igual que en muchos países, las mujeres registran tasas más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de empleo y pobreza extrema, y en general están en peores condiciones en casi todas las variables relacionadas con el mercado laboral.83
El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, pero aún queda mucho trabajo por hacer.84 España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo.85 Y el trabajo de cuidado no remunerado afecta los ingresos de las mujeres: el 47% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por razones de cuidado infantil, en comparación con el 7% de los hombres. Y el 23% de las mujeres con hijos están desempleadas, un total de 10 puntos porcentuales por encima de los hombres.86
La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a varias mujeres que explicaron las dificultades económicas que afrontaron después de abandonar relaciones abusivas, entre ellas una mujer que no pudo acceder a la asistencia social porque había huido a otra comunidad autónoma y aún no había alcanzado el mínimo de un año de residencia. Según un informe de 2019, el 61,2% de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas, y un 6,9% adicional trabajó en empleos sin contrato.87
Las ayudas familiares extremadamente bajas por tener un hijo o hija y la escasa inversión en asistencia social para familias y menores perjudican especialmente a las mujeres. El 82% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer y, en 2018, la mitad de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 45% en 2008.88 En 2018, el 53,5% no podía afrontar un gasto imprevisto y el 17,4 se había retrasado en el pago relacionado con la vivienda principal o servicios públicos.89 Ampliar la educación de la primera infancia a niños y niñas de entre 0 y 3 años y desarrollar servicios asequibles después del horario escolar para menores puede ayudar a que los padres, y especialmente las madres, mantengan un empleo. La proporción de niños y niñas en edad escolar cubiertos por servicios después de la escuela es del 8%, muy por debajo de la media de la OCDE del 29%.90
Si bien los funcionarios del gobierno expusieron una serie de políticas diseñadas para promover la igualdad de género, existe una notable ausencia de atención a las arraigadas estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Se debería prestar mayor atención a la economía del trabajo de cuidado no remunerado y a las formas de compensarlo y reemplazarlo. En mi reunión con el Ministerio de Igualdad, me llevé la impresión de que el organismo no emplea a economistas profesionales y no ve esta ausencia como un problema, lo cual es muy desafortunado dado que la lucha para lograr la igualdad de género sin duda debe librarse en parte en el dominio de las ciencias económicas.
B. Niños, niñas y jóvenes
En 2018 el 29,5% de los y las menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 6,5% experimentó carencia material severa.91 Las tasas de pobreza infantil son aún más alarmantes en las zonas rurales; entre las poblaciones inmigrantes, refugiadas y gitanas, y en familias con personas con discapacidad.92 Los hogares con niños, niñas o adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos integrados solamente por personas adultas,93 y un 29% de los hogares con menores a cargo describieron pasar “graves dificultades” para llegar a fin de mes.94 Sorprendentemente, los funcionarios de varias comunidades autónomas me aseguraron que la mejor manera de lidiar con la pobreza infantil era abordar la pobreza del hogar, descartando por tanto problemáticamente las características únicas y el efecto permanente de la pobreza infantil.
El gasto social para las familias con niños y niñas está mal orientado y se mantiene entre los más bajos de la UE, lo que resulta en un impacto muy bajo. En 2017, el gasto dedicado a prestaciones familiares fue poco más de la mitad del gasto medio de la UE: 1,2% del PIB en comparación con 2,3%.95 La efectividad de las medidas también es baja y la protección social en España solo logra reducir en 6,9 puntos la tasa de pobreza infantil, en comparación con, por ejemplo, 32 puntos en Irlanda.96 España es prácticamente un caso único entre los países de la UE por carecer de un sistema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores.97 En 2019, el Real Decreto-ley 8/2019 aumentó la prestación familiar para menores dependientes a 341 euros al año para familias en riesgo de pobreza (1,3 millones de niños y niñas), y hasta 588 euros para familias en situación de pobreza severa (630.000 niños y niñas). Sin embargo, casi la mitad de los menores que viven en la pobreza, un millón de niños y niñas, no tienen acceso a la ayuda, que sigue siendo muy escasa en poco más de 28 euros por menor al mes.98
El panorama para los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019 España registró una tasa de paro del 30,51% entre los menores de 25 años99 y más del 70% de los trabajadores jóvenes tenían contratos de trabajo temporales, un porcentaje significativamente más alto que los promedios de la UE.100 En 2018, el 12,4% de los jóvenes de 15 a 24 años101 y el 19,6% de los de 20 a 34 años no estudiaban ni trabajaban (“Nini”).102
En general, el hecho de que España no disponga de un conjunto de políticas más concertado y generoso para eliminar la pobreza infantil generalizada supone tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.103 Una población infantil que recibe educación y cuidados de mala calidad significará una fuerza laboral menos sofisticada y una carga adicional para los servicios de protección social en los próximos años.
C. Comunidad gitana
España tiene una de las comunidades gitanas más grandes de la UE, de aproximadamente 750.000 personas o el 1,6% de la población.104 Pero los indicadores oficiales de empleo sociales no desglosan las estadísticas, lo que invisibiliza la situación de esta comunidad. El Ministerio de Educación me dijo que no se les permitía recabar datos sobre alumnado gitano. Pero según las encuestas de la Fundación Secretariado Gitano, en las que se basan los funcionarios gubernamentales con los que me reuní, en España las personas gitanas enfrentan tasas de pobreza e indicadores asociados alarmantemente altos.
Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89% y el desempleo en el 52%. Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16%. Y las tasas de alumnado gitano que asisten a escuelas segregadas también son elevadas: solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de secundaria (ESO) o superiores.105
Visité dos comunidades gitanas: el Polígono Sur de Sevilla y la Cañada Real a las afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las condiciones de la mayoría de las personas gitanas en España, me sorprendió la medida en que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí. Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En la Cañada Real, conocí a personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a plantas incineradoras, en un área considerada insalubre. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas que viven en el área, hasta ahora el gobierno solo ha trasladado a 34 familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no pudo proporcionarme ninguna fecha definitiva para cuándo habría reubicado al resto de manera segura. También parecía brillar por su ausencia cualquier disposición para una consulta significativa, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para este propósito.
Los funcionarios del gobierno con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que la situación para muchas personas gitanas es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta de emergencia. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.
D. Inmigrantes
En España hay aproximadamente 6 millones de inmigrantes.106 Los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56%) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7%), ambos significativamente más altos que la población española (23,1%).107 Para los y las menores con al menos un progenitor inmigrante, el riesgo de pobreza o exclusión social salta al 49,6%, el más alto de la UE.108
Las organizaciones de la sociedad civil describieron un sistema de reasentamiento que impide que los y las inmigrantes puedan trabajar o pagar una vivienda. Las personas refugiadas e inmigrantes a menudo enfrentan serios obstáculos para acceder a una vivienda digna debido a la escasez de oferta, los requisitos de acceso y la discriminación en la asignación, por lo que con frecuencia terminan en situaciones precarias o de hacinamiento.109
Las organizaciones de la sociedad civil describieron condiciones muy angustiosas para las mujeres y niñas inmigrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, como situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos. Según Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en cuanto a los términos de su empleo: por ejemplo, les prometen jornadas de 6,5 horas pero acaban trabajando 10 horas; los contratos fijos pasan de ser de tres meses a una terminación de empleo discrecional, y los salarios pactados de 39-40 euros al día disminuyen significativamente, con lapsos de pago.110
Estoy extremadamente preocupado por la situación de los y las menores no acompañados, una población vulnerable que ha sido demonizada en el actual debate político. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, entre ellos exámenes genitales invasivos y humillantes, a pesar de las críticas por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.111 La denegación de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugio para menores o adultos, lo que provoca una brecha que puede empujar a los niños y niñas a la pobreza hasta desembocar en la trata de personas, el trabajo sexual, el abuso sexual, la drogodependencia o incluso la desaparición.112
En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: “Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida”. Según la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. En 2018-19, la cosecha de fresas en Huelva facturó 533 millones de euros113 y el mayor productor es Driscoll’s y sus empresas asociadas. Driscoll’s cuenta con un conjunto de estándares laborales que “se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción”. Debido a que las condiciones que observé en Huelva eran simplemente inhumanas y dado el dominio de esta empresa multinacional en la industria local y global de la fresa, tengo planeado preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área.
E. Pobreza en áreas rurales
Casi una quinta parte de la población española vive en áreas rurales,114 donde el ingreso medio real per cápita ha caído un 13,5% entre 2009 y 2018.115 Las áreas rurales están experimentando una aguda despoblación y envejecimiento. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”: más del 25% de su población tiene al menos 65 años.116 Las personas que viven en la pobreza en la “España vaciada” enfrentan desafíos únicos y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social (31%).117
Las personas con las que me reuní en zonas rurales destacaron los beneficios de la vida en el campo, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza. Un grupo en Extremadura explicó haber sufrido cortes de energía que duraron días, no poder visitar a un médico debido a la falta de transporte público o dinero para pagar un taxi y sentir que sus votos no le importan al gobierno central. En Galicia visité un área sin atención médica especializada, sin guardería y sin educación secundaria. Allí una mujer me dijo: “Mi hija me dice que aquí no ve futuro para ella”. La gente también describió los altos precios de Internet, lo que plantea riesgos de exclusión digital para familias pobres y de bajos ingresos, especialmente a medida que el gobierno toma medidas para digitalizar aspectos de la asistencia social.
El Gobierno no debería dejar que este gran colectivo sufra las consecuencias de fuerzas del mercado que no pueden controlar, y debería diseñar una estrategia integral para hacer frente a los problemas que afectan a un número creciente de personas.
F. Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad sufren muchos tipos de discriminación estructural y desventajas en España, como en ámbitos relacionados con el empleo, los ingresos, la educación y la vivienda. En 2018 aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad en España, el 31,1%, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 24,1% de las personas sin discapacidad.118 Y la tasa de empleo fue solo del 25,8% para las personas con discapacidad, muy por debajo de la mitad de la tasa de empleo de las personas sin discapacidad (65,9%).119
La ausencia de viviendas accesibles empeora su situación. Solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios residenciales en España cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.120 Una mujer en Badajoz me explicó que después de que su marido desarrolló una discapacidad, tuvo que instalar un baño improvisado en su sala de estar porque el baño de su unidad de vivienda pública no era accesible. Según una encuesta de 2019, 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan asistencia para abandonar su hogar, y 100.000 nunca salen.121 Y el 16,5% de los y las menores con discapacidad reciben una educación segregada en España, fuera del sistema educativo general.122
Visité un centro para personas con discapacidad en Galicia que está haciendo un trabajo excelente para apoyar la vida independiente y la capacitación laboral, pero la cruda realidad es que solo un número muy pequeño de personas que necesitan este tipo de apoyo lo reciben. Escuché varios poderosos testimonios en todas las comunidades autónomas que visité sobre la discriminación que enfrentan en el mercado laboral y en la sociedad, y las batallas que deben librar para reivindicar sus derechos. El Gobierno debería otorgar una mayor prioridad a la erradicación de estas formas de discriminación.
A. Personas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de personas
Las estimaciones de la cantidad de personas empleadas del hogar en España oscilan entre una cifra oficial de 453.000123 y una estimación de la sociedad civil de 700.000 personas que trabajan como empleados y empleadas domésticas o trabajadores y trabajadoras del cuidado a personas. Las mujeres representan el 97,9%124 y están marginadas por la ley española, que coloca dicho trabajo en un “régimen especial” con menos derechos.125
La sociedad civil informó que una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en la pobreza, y muchas trabajan en la economía informal para empleadores que no realizan pagos a la seguridad social. Muy a menudo trabajan el doble de sus ocho horas contratadas por día, ganando apenas 800 euros al mes, pero generalmente tienen que alquilar una habitación para pasar la noche libre semanal y el coste de los alimentos se deduce de su salario. Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a la explotación, y escuché testimonios sobre empleadores que confiscan los pasaportes de las trabajadoras domésticas.
Me reuní con un grupo de empleadas del hogar en Madrid, en el Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un centro que entiendo que es el primero de su tipo en Europa y desempeña un papel extremadamente importante en la defensa de los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban encerradas durante años en lo que sentían como una “cárcel”, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones. “Estoy a punto de cumplir 72 años y sigo pasando apuros”, dijo una mujer. Me explicaron que el centro ahora está en peligro porque el gobierno de Madrid ha retirado su financiación. Dado el nivel de la necesidad, sería una tragedia si se viera obligado a cerrar.
El nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. La plena implementación de las disposiciones de la Convención supondría un gran paso adelante en España.
Madrid, 7 de febrero de 2020
Notas: 1 Instituto Nacional de Estadística, “Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados, Cuarto trimestre de 2019. Avance”, 31 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0419a.pdf; Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2019”, 28 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf.
2 Centro de Investigaciones Sociológicas, “Barómetro de Enero 2020”, datos.cis.es/pdf/Es3271marMT_A.pdf.
3 Eurostat, “People at risk of poverty or social exclusion by sex”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tepsr_lm410&language=en&toolbox=sort; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.
4 Instituto Nacional de Estadística, “Personas por dificultades para llegar a fin de mes y edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9985.
5 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.
6 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es
7 FMI, “Spain 2018 Article IV Consultation”, noviembre de 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-4638, pág. 5. El riesgo de pobreza activa es el segundo más alto entre los países que forman la UE, con un 12,9% a partir de 2018. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
8 España es el sexto país más desigual de la UE cuando se comparan los ingresos de los quintiles superior e inferior, y el séptimo más desigual según lo medido por el índice de Gini. Eurostat, “Income quintile share ratio (S80/S20) by sex”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin=1; Eurostat, “Gini coefficient of equivalised disposable income”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020.
9 Amory Gethin, et al., “Desigualdades Crecientes y Divisiones Políticas en España”, 2019, págs. 2-3.
10 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
11 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019), https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
12 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 43-44 (cita datos de 2013).
13 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023”, 2019, pág. 71.
14 FMI, “Effectiveness and Equity in Social Spending: The Case of Spain”, informe de trabajo, pág. 21.
15 Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019, https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf.
16 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2017_eco_surveys-esp-2017-en, pág. 1.
17 Comisión Europea, “Recomendación del Consejo: España”, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX%3A52019DC0509, págs. 5, 8.
18 Para las transferencias sociales que excluyen las pensiones, España logró una reducción del 22,94% en las tasas de AROPE en 2018, en comparación con una media del 33,2% en la UE, el 35,9% en el Reino Unido, el 44,4% en Francia y el 53,67% en Finlandia. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
19 Oretta Causa y Mikkel Hermansen, “Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries”, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bc7569c6-en.pdf?expires=1579564630&id=id&accname=guest&checksum=23CF047B7FCBD51BF5FA82600104FDC7, pág. 18.
20 Cáritas utiliza el término de “sociedad expulsada” para referirse a los 1,8 millones de personas que registraron la peor puntuación en su índice multidimensional de la pobreza de 35 indicadores. Declaración de Cáritas. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_EN.pdf.
21 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 62.
22 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8
23 El monto exacto del crédito fiscal por hijos depende de la tasa impositiva en la comunidad autónoma de los padres, por ejemplo: 528 por hijo en Madrid. Euromod, María del Valle Navas y Néstor López de la Cruz , “Spain (ES) 2015-2018”, https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year9/Y9_CR_ES_Final.pdf, pág. 97.
24 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
25 Eurostat, “Perfiles de países”, https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28.
26 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por ultima vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png.
27 Véase por ejemplo, Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019; Luis Ayala Cañón, José María Arranz, Carlos García Serrano y Lucía Martínez Virto, “El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Informe Completo”, diciembre de 2016.
28 European Anti-Poverty Network, “El Estado de la Pobreza Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2017”, 2018, https://eapn-clm.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe_AROPE_2018_LA_SITUACION_EN_LAS_CCAA.pdf, pág. 13.
29 33.000 hogares o 106.746 personas. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_anual_rmi_2018_definitivo_.pdf, pág. 23.
30 En 2018, había aproximadamente 12.650 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, pág. 54. En 2016, había aproximadamente 13.800 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción Comunidad de Madrid 2016”, 2017, pág. 13.
31 (aproximadamente de 4.850 a 10.040), así como también el número de denegaciones (de 2.708 a 5.767).
32 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nivel de formación alcanzado (personas de 16 años y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10007.
33 En 2017, fue del 4,24% del PIB (49,458 millones de euros) en comparación con el 4,99% del PIB (53,895 millones de euros) en 2009. European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 32-33.
34 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 58.
35 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.
36 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 55.
37 Eurostat, “Early leavers from education and training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training.
38 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 38. (citando a Save The Children).
39 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 53.
40 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 5.
41 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34; Save the Children, “Mézclate conmigo: De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva”, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf, pág. 7.
42 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34.
43 Save the Children, “Mézclate Conmigo”, 2018, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.
44 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 27.
45 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, págs. 4, 6 y 7; Informe anual 2018 Defensor del Pueblo de España, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/11_Defensor_del_Pueblo.pdf, pág. 6.
46 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, pág. 12.
47 Ministerio de Economía, “Financiacion 2008-2020”, datos proporcionados el 4 de febrero de 2019.
48 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “El Gasto Social por Comunidades: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, septiembre de 2019, https://www.directoressociales.com/images/Noticias/Evol_gasto_CCAA_2018/2018._Raking_CCAA_por_recortes_y_gastos.pdf, pág.1.
49 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Vivienda”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf, págs. 2-3.
50 Eurostat, “Housing cost overburden rate by tenure status”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi164&language=en.
51 Informe de Amnistía Internacional, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/31_Amnesty_International.docx, pág. 4; Banco de España, David López-Rodríguez y María de los Llanos Matea, “Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España”, agosto de 2019, pág. 6.
52 UGT (Unión General de Trabajadores), “Los salarios tienen que despegar en 2019”, 19 de marzo de 2019, http://www.ugt.es/los-salarios-tienen-que-despegar-en-2019.
53 ACNUDH, “States and real estate private equity firms questioned for compliance with human rights”, 26 de marzo de 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E.
54 Cifras de 2006-2012: Consejo General del Poder Judicial, “Solicitud de Datos, Informes o Documentos”, 4 de marzo de 2013, https://bit.ly/2S2DoBo; cifras de 2013-2018: Contestación del Gobierno español a solicitud de información por parte de don Cayo Lara Moya (GIP), “Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Segundo Trimestre 2019”, https://bit.ly/382hT95.
55 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y edad y sexo de la persona de referencia”.
56 Housing Europe, “State of Housing within the EU, 2019”, octubre de 2019, http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019, págs. 85-87.
57 Ministerio de Fomento, “Vivienda Protegida, Series Anual, (1.5) Número de calificaciones definitivas: Planes estatales”, 2019, https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/sedal/31305000.XLS.
58 Instituto Nacional de Estadística, “Censos de Población y Viviendas 2011”, https://inmalome.files.wordpress.com/2012/09/cifine01-2013.pdf, pág. 8; Housing Europe, “The State of Housing in the EU 2019”, http://www.housingeurope.eu/file/860/download, pág. 87.
59 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág. 12.
60 Fundación FOESSA, “La vulneración del derecho a vivienda: una mirada a la exclusión residencial”, 2018, https://www.caritas.es/noticias/viii-informe-foessa-la-exclusion-social-se-enquista-en-una-sociedad-cada-vez-mas-desvinculada/.
61 Red Europea de Política Social, “ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion”, 2019, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21628&langId=en, pág. 12.
62 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág 19.
63 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surv.eys-esp-2018-en, pág. 98.
64 M. Pastor, V. Carter y M. Abood, “Rent Matters: What are the Impacts of Rent Stabilization Measures?”, 2018.
65 Eurostat, “Tax-to-GDP ratio up to 40.3percent in EU”, 20 de octubre de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376.
66 Comisión Europea, “Statutory tax rates: VAT rates in member states”, ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en.
67 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
68 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
69 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
70 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf, pág. 32.
71 Ídem.
72 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
73 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 42
74 FUNCAS, “Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué Sabemos? ¿Qué Podemos Hacer?”, 2018, https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04095, pág. 40; véase también, “La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal”, El País, 21 de junio de 2018, https://elpais.com/economia/2018/06/20/actualidad/1529518143_236168.html.
75 Oxfam, “Quien Parte y Reparte: la huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35”, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf, 2019, pág 2.
76 Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, “El cambio climático y la pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.
77 Estudio de AEMET con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Así nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf, pág. 43.
78 “El Gobierno propone una inversión pública de 47.000 millones en un plan sobre el cambio climático”, Reuters, 20 de febrero de 2019 https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1Q91YT-OESTP.
79 “Spain declares climate emergency, gets climate plan ready”, AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.
80 “España se desengancha del carbón y las emisiones de efecto invernadero se desploman”, El País, 3 de enero de 2020, https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577980066_743415.html.
81 Congreso de los Diputados ¨Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética,” http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.
82 Ministerio para la Transición Ecológica, “La Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima”, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf.
83 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 13-14.
84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244; Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 4.
85 Eurostat, “Unemployment by sex and age - monthly average”, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en.
86 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 7.
87 Fundación Adecco, “Un empleo contra la violencia”, noviembre de 2019, https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-11-22/informe-empleo-contra-la-violencia-2019.pdf, pág. 15.
88 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 18; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10010.
89 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares con carencia material por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9974.
90 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 51, 54.
91 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005. Véase también, Save the Children, “Familias en riesgo”, 2020.
92 Declaración de European Anti-Poverty Network, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/17_EAPN_SP.pdf, pág. 2.
93 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 4.
94 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Infancia”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Focus-Infancia.-FOESSA.pdf, pág. 3.
95 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png; Declaración de Plataforma de Infancia, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/5_Plataforma_de_Infancia.pdf, pág. 4.
96 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019.
97 UNICEF, Olga Canto Sánchez y Luis Ayala Canon, “Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: Análisis del impacto”, marzo de 2014, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf, pág. 73; ILO-UNICEF, “Towards universal social protection for children: Achieving SDG 1.3”, 41, 2019.
98 Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 8; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.
99 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, 4T 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.
100 Eurofund, “Los jóvenes, especialmente los poco cualificados, son los más afectados por las desigualdades sociales en España”, 11 de octubre de 2019, https://www.eurofound.europa.eu/es/news/news-articles/young-people-particularly-those-low-qualified-bear-the-brunt-of-social-inequalities-in-spain
101 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 13.
102 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.
103 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, “DB012 - Mapa territorializado de la pobreza infantil en España”, https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza-infantil-en-españa.
104 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 65.
105 Fundación Secretariado Gitano, “La Fundación Secretariado Gitano presenta su ‘Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018’”, 24 de septiembre de 2019; https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129382.html.
106 Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, “Extranjeros residentes en España: Principales resultados”, septiembre de 2019, http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201906/Residentes_Principales_Resultados_30062019.pdf, pág. 1.
107 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nacionalidad (personas de 16 y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10009.
108 Eurostat, “Children at risk of poverty or social exclusion”, enero de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/50126.pdf, pág. 6.
109 Declaración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/15_CEAR.pdf, pág. 3.
110 Declaración de Women’s Link Worldwide, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf, págs. 2-3 y 5.
111 Comité de la ONU de los Derechos del Niño, “Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones respecto de la Comunicación Núm. 16/2017”, 10 de julio de 2017, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/CRC_C_81_D_16_2017_28553_S.docx, pág. 13.
112 Declaración de Fundación Raíces, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/16_Fundacion_Raices.pdf, págs. 1-2.
113 Fresh Plaza, “La campaña de fresas de la provincia española de Huelva cierra con cifras positivas”, https://www.freshplaza.es/article/9144061/la-campana-de-fresas-de-la-provincia-espanola-de-huelva-cierra-con-cifras-positivas/.
114 El Banco Mundial, “Población rural (% de la población total) - España”, 2019 https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ES.
115 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 23-24.
116 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf , pág 80.
117 Eurostat, “Living conditions in Europe - poverty and social exclusion”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion.
118 Eurostat, “The Europe 2020 indicator of at-risk-of-poverty or social exclusion AROPE by level of activity limitation”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_Europe_2020_indicator_of_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_AROPE_by_level_of_activity_limitation,_2018_2.png.
119 Instituto Nacional de Estadística, “El empleo de las personas con discapacidad (EPD Año 2018”, 18 de diciembre de 2019, https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf, pág. 1.
120 Fundación Mutua de Propietarios, “La accesibilidad de las viviendas en España”, 22 de marzo de 2018, https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf.
121 COCEMFE, “1,8 millones de personas con movilidad reducida dependen de la ayuda de terceros para salir de su casa y 100.000 no salen nunca”, 22 de junio de 2019, http://www.cocemfe.es/informate/noticias/18-millones-de-personas-con-movilidad-reducida-dependen-de-la-ayuda-de-terceros-para-salir-de-su-casa-y-100-000-no-salen-nunca/.
122 Ministerio de Educación y Formación Profesional, “Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019)”, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html.
123 Instituto Nacional de Estadística, “Activos por sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada ocupación”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4077.
124 Ídem.
125 Futuro en Común, “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y la planeta”, 24 d
I. Introducción
España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población, no. La cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el paro está disminuyendo, los salarios medios están aumentando y las exportaciones también están en auge.1 Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones.2 Durante mi visita de casi dos semanas a España, quedó muy claro que la recuperación después de la recesión, que tan positiva ha sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco por la mayoría de los miembros de ese enorme grupo.
España finalmente tiene un nuevo gobierno; uno que exhibe grandes esperanzas y ambiciones impresionantes, especialmente en el ámbito social. Pero este gobierno se enfrenta a enormes desafíos. El país tiene un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social en gran medida inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.
Si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran resolver la pobreza, España estaría en la cresta de la ola. Pero sin un compromiso significativo con la defensa de los derechos sociales de las personas a la vivienda, la educación y a un nivel de vida adecuado, estos grandes planes seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido durante la última década. España necesita un liderazgo innovador a nivel nacional, respaldado por los recursos necesarios para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. La pobreza es en última instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.
Este informe se centra en las cuestiones clave que requieren atención urgente. Entre estas cuestiones cabe destacar: adoptar medidas integrales y creativas para aliviar la crisis inmobiliaria; reestablecer condiciones decentes de trabajo, especialmente para trabajos mal pagados; diseñar un sistema nacional de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico para todas las personas que necesitadas; implementar un programa de educación para la primera infancia para todos los niños y niñas de 0 a 3 años, y lanzar reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y lograr la transparencia de los acuerdos fiscales de empresas.
II. El rostro de la España pobre
España es un país con una gran historia, un líder mundial en algunas áreas y un baluarte cultural. Pero hoy España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles. La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en unos valores profundamente compartidos y una fuerte solidaridad social se ha visto gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. Actualmente España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en demasiados indicadores sociales.
Las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.3 Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes,4 y el 5,4% sufrió carencia material severa.5 La tasa de paro del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE y la situación de los y las jóvenes es particularmente angustiante con una tasa de paro del 30,51% entre menores de 25 años.6 Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales.7 La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE.8
Detrás de estas cifras hay personas reales que experimentan graves dificultades. En Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid me reuní con muchas personas que pasan apuros para salir adelante. Muchas perdieron todos sus ahorros durante la crisis y otras se encuentran en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Demasiadas afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todas las personas que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente. Hablé con una madre viuda en Andalucía que solo había podido encontrar 18 horas de trabajo a la semana, insuficiente para mantener a sus hijos; un hombre sin hogar en Bilbao que de niño sufrió abusos y a quien se le negó la asistencia social porque no pudo empadronarse; y una mujer en las afueras de Madrid que criaba a sus hijos en un área considerada peligrosa para la salud humana, rodeada por el olor de incineradoras de residuos cercanas y en una casa en riesgo de colapsar.
También visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país: un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado; vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían hijos con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal, o una escuela segregada en un barrio pobre con un cuerpo estudiantil 100% gitano y una tasa de abandono escolar del 75%. Me llamaron la atención la capacidad de resistencia y la compasión de las personas con las que me reuní. Todas mostraron una genuina generosidad al compartir conmigo experiencias a menudo muy personales para elaborar este informe.
La palabra que escuché más veces en las últimas dos semanas fue “abandonados”. Los personas menos favorecidas describieron sentirse abandonadas en una ciudad rural sin ningún tipo de transporte público para acudir a una consulta médica, sin dinero para pagar el transporte privado y sin saber con seguridad si acudiría una ambulancia en caso de una emergencia; abandonadas en un suburbio estigmatizado de bajos ingresos que la policía evita; abandonados ante personas propietarias sin escrúpulos, subidas desmesuradas de alquiler o viviendas públicas sin ningún tipo de mantenimiento, y también abandonadas ante un sistema burocrático arbitrario que de repente niega o revoca ayudas vitales sin ofrecer explicación. El hilo conductor era siempre la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza, una situación que muchas enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control, como la pérdida de empleo, la discriminación estructural o la enfermedad.
Muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas. Los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales que se vieron severamente restringidas después de 2008 no se han restaurado en numerosos aspectos. El aumento de los ingresos ha acabado principalmente en las manos de quienes ocupan el nivel más alto en la escala de distribución del ingreso. Entre 2007 y 2017, las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media de 2%.9 Los beneficios de las empresas se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero los ingresos tributarios en concepto de impuesto sobre sociedades disminuyeron a la mitad entre 2007 y 2019, del 22,3% de los ingresos fiscales totales al 11,9%.10 Antes de la crisis, España había sido relativamente inmune a la creciente desigualdad que azotaba a tantos otros países, pero desde 2010, la desigualdad se ha disparado.11 Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos sobre sociedades, no es sorprendente que a los ricos y a las empresas les haya ido tan bien.
En comparación, las instituciones formuladoras de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza. Está muy claro que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, incluso a pesar de ser invocados con frecuencia de manera abstracta. Las personas enfrentan costes de vivienda prohibitivos, la privatización de bloques de apartamentos y desalojos agresivos. Sin embargo, la vivienda social de bajo coste es casi inexistente a pesar del acuerdo generalizado sobre su necesidad. El sistema para brindar asistencia social está quebrado. Si bien debería desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, es notablemente ineficaz: son las familias acaudaladas las que se benefician más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.12 El sistema está fragmentado, es imposible de navegar y no llega a las personas desfavorecidas que más necesitan la ayuda. La capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la UE.13 Como me dijeron muchas de las personas con las que hablé, este no es un sistema diseñado principalmente para maximizar la ayuda para las personas con dificultades económicas.
No soy el único que ha tomado nota de esto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional –no precisamente un defensor notorio de la necesidad de un sistema de protección social adecuado— informó que los programas españoles de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos, que el gasto es bajo, que las brechas en la adecuación y la cobertura obstaculizan la reducción de la pobreza, que los obstáculos burocráticos disminuyen la captación y que los y las menores más vulnerables y los hogares de ingresos más bajos son los que menos asistencia social reciben.14 Esta es solo la última de una serie de conclusiones similares por parte de actores nacionales y externos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),15 la OCDE,16 y la Comisión Europea.17
Muchos de los políticos y funcionarios con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que existen profundos problemas estructurales. Muchos reconocieron que la pobreza y la precariedad están integradas en el sistema. Pero aunque el nuevo gobierno de coalición está comprometido con llevar a cabo una reforma de gran alcance y algunos asesores políticos de alto rango me hablaron en estos términos, en demasiadas instituciones parecían contentarse con culpar a “otras” partes del sistema. Algunos funcionarios afirmaron, aunque sin brindar evidencias materiales, que la pobreza no es tan elevada como muestran las estadísticas porque el coste de vida es más bajo en algunas comunidades autónomas. Los aumentos recientes en los subsidios familiares, las asignaciones por hijo y el salario mínimo son importantes primeros pasos, pero están lejos de ser adecuados teniendo en cuenta las dimensiones de las dificultades que atraviesa el país. Existe un consenso notable sobre el alcance del daño causado por las políticas existentes de vivienda y protección social y sobre lo que se debería hacer, pero hasta ahora ha habido muy poca acción.
Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los más vibrantes con los que me he encontrado. Me reuní con muchos trabajadores y trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Sin embargo, el gobierno tiene obligaciones directas con los derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Esto no puede reemplazar al Estado, ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza.
Después de un período prolongado de inestabilidad y parálisis en la formulación de políticas, la formación de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para el cambio. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, aplaudimos el mensaje del gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de ese discurso. Si se tomasen medidas concertadas y efectivas sobre los problemas identificados a continuación, saldrían beneficiados no solo los grupos más vulnerables sino España en su conjunto. Tomarse en serio la eliminación de la pobreza facilitará la movilidad laboral, generará más ingresos tributarios para ayudar a abordar la deuda a mediano y largo plazo, mejorará la eficiencia del gasto existente y establecerá el rumbo para un crecimiento futuro inclusivo.
III. Desafíos clave
Si el nuevo gobierno tiene intención de cumplir su promesa de hacer de España un líder en derechos sociales en Europa, deberá abordar los siguientes problemas fundamentales.
A. Protección social
Asistencia social
La asistencia social en España no cumple con su función de combatir la pobreza. El efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de los países informantes de la UE. 18 En 2014, el 10% o menos de las transferencias fueron a parar al 20% de los hogares más pobres, la mitad de lo que hubieran recibido si las transferencias se hubieran distribuido por igual entre los hogares.19 Según Cáritas, la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social.20 Entre las personas adultas pobres que viven en hogares donde todos están desempleados, la proporción de quienes recibieron prestaciones sociales se encontraba entre los más bajos de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la UE.21
Cuando el apoyo llega a las personas, la cantidad puede ser extremadamente escasa, como es el caso de la prestación nacional por cada hijo o hija, que es de solo 341 euros por año para familias de bajos ingresos y de 588 euros para las que viven en la extrema pobreza.22 En realidad, esto es menos que lo que les aportaría una desgravación tributaria por hijo disponible exclusivamente para familias de ingresos medios altos y altos con obligaciones fiscales.23 Del mismo modo, para aquellos que no recibirán una pensión completa, el monto básico para una pensión no contributiva es de solo 392 euros al mes.
La calidad de la protección social en España está a nivel de los recursos que se le asignan. Comparativamente, gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017, gastó el 16,6% del PIB en protección social, muy por debajo de la media de 18,8% de la UE.24 El gasto per cápita fue de 5.426,73 euros en 2017, en comparación con los 7.651,89 euros en la UE en 2016, aproximadamente un 40% más.25 El desembolso de España fue significativamente menor que el de otros países de la UE, incluso en discapacidad (1,6% del PIB en comparación con una media del 2%), prestaciones familiares (1,2% del PIB en comparación con el 2,3%), y vivienda y otras exclusiones sociales (0,3% del PIB en comparación con el 1,1%).26
La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio, y a otra en Madrid que me contó que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que “probara” que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el empadronamiento es la clave para acceder a los servicios sociales. Sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes de documentos muy específicas.
La estructura descentralizada de gran parte de la asistencia social no contributiva de España, sumada a la ausencia de cualquier estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, ha llevado a que existan grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Esto es especialmente cierto para la última capa de la red de seguridad social, que está específicamente destinada a prevenir la pobreza y ayudar a las personas de bajos ingresos sin acceso a otras prestaciones: los sistemas de renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Si bien algunos de los sistemas claramente ayudan a las personas a evitar la pobreza, en ciertas comunidades autónomas son fracasos abyectos. Las cantidades de las ayudas son bajas, los períodos de espera pueden extenderse a muchos meses, los requisitos punitivos de residencia pueden impedir el acceso a nuevos residentes hasta durante tres años y excluir completamente a las personas sin hogar, los programas a menudo son incompatibles con los tipos de trabajo a corto plazo o a tiempo parcial que podrían ser las únicas opciones disponibles, las personas menores de 25 años generalmente no son elegibles y la carga de papeleo puede ser un obstáculo insuperable para muchos.27
Madrid podría verse como un laboratorio para los problemas que presentan los programas de renta mínima y pone en evidencia por qué pueden ser tan inefectivos como red de seguridad. Madrid tiene el segundo PIB más alto de España, una tasa de desempleo comparativamente baja y un coste de vida alto. Aunque su tasa de pobreza severa se más que duplicó en 10 años, del 3% en 2008 al 7,8% en 2017, 28 su sistema de renta mínima proporciona apenas unos miserables 400 euros al mes, el más escaso de todos estos programas en el país. Para ayudarme a entender por qué solo la percibía el 1,5% de la población,29 las personas con las que hablé en Madrid describieron cómo los numerosos requisitos de la prestación los excluyeron formalmente y de facto. Una mujer explicó que perdió la ayuda cuando aceptó un trabajo en período de prueba, pero se quedó sin hogar después de que no fue contratada permanentemente y su solicitud para reiniciar la prestación fue denegada.
La forma en que se ha administrado el programa en los últimos años lo ha hecho aún más irrelevante. La tasa de concesión de las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018, del 50% al 23%,30 y el número de suspensiones y denegaciones aumentó más del doble.31 Si bien los representantes del gobierno de Madrid están de acuerdo en que la situación no es satisfactoria, un funcionario insistió en que las autoridades no son responsables y que la culpa es de los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa. Pero estos resultados tan terribles sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado.
Un programa nacional de renta mínima bien diseñado y adecuadamente financiado podría ser de gran ayuda para arreglar lo que está roto, pero debe evitar las deficiencias manifestadas en algunos de los sistemas de distintas comunidades autónomas. Debe tener al menos las siguientes características: portabilidad total independientemente de la comunidad autónoma; compatibilidad con el mercado laboral existente para que las personas no pierdan el acceso a la ayuda simplemente porque han aceptado un trabajo precario o temporal; un monto adecuado para garantizar que las personas no vivan en la pobreza y que se adapte al coste de vida; un enfoque individualizado y flexible a la administración que facilite el acceso al minimizar los onerosos requisitos de papeleo; disponibilidad para personas menores de 25 años; y la ausencia de condiciones excesivas vinculadas a la búsqueda de empleo que podrían burocratizar aún más el sistema y reducir la aceptación.
En caso de querer reducir significativamente las altas tasas de pobreza en España, no hay alternativa a un gasto público adicional importante para arreglar un sistema de asistencia social quebrado. Las deducciones fiscales no son sustitutos, ya que lógicamente solo benefician a las personas más ricas que pagan impuestos sobre la renta. Tampoco se puede confiar únicamente en el empleo. Las personas en situación de pobreza desean ávidamente trabajar, pero a menudo no pueden encontrar un empleo decente debido a la alta tasa de paro y la precariedad de los trabajos que existen.
Educación
La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con solo un 12,6% de personas con educación superior.32 Sin embargo, la inversión pública absoluta en educación como porcentaje del PIB ha disminuido significativamente entre 2009 y 2017.33 Existen problemas reales con el coste y la calidad de la educación, así como con la segregación por estado socioeconómico y étnico.
España proporciona educación gratuita, pero esto no cubre el gasto de transporte, comida, libros y material escolar. Esos gastos, incurridos por las familias, aumentaron un 34% entre 2009 y 2016.34 Según un informe de Save the Children de 2019, el 32% de las familias enfrentan dificultades para pagar los gastos de educación35 y un informe de la Comisión Europea reveló que a partir de 2017, el 25,7% de los hogares con niños y niñas en riesgo de pobreza declararon tener grandes dificultades para pagar los gastos asociados a la educación reglada.36 Una madre me dijo: “El año pasado no pudimos pagar ni un solo libro de texto”.
España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018,37 a un coste estimado de entre 5,9 y 10,7% del PIB total.38 También registra la tasa de repetición de segundo curso más alta de la UE:39 los estudiantes con desventajas económicas son seis veces más propensos a repetir el año.40 Estas preocupantes cifras apuntan no solo a serios problemas de calidad del sistema educativo en general, sino también a una importante pérdida en el bienestar económico general del país.
Un alarmante 44% de los estudiantes y el 72% de los menores en situaciones vulnerables estudian en escuelas segregadas de facto que tienen una gran concentración de alumnado de entornos socioeconómicos pobres, gitanos e inmigrantes, así como con mayores necesidades de apoyo, lo que afecta al 46,8% del total de los centros educativos.41 La segregación escolar hace que aumente la repetición de curso así como el fracaso y el abandono escolar; disminuye las puntuaciones de las evaluaciones y afecta negativamente las expectativas de los y las estudiantes de cursar estudios universitarios.42 Visité una escuela en Andalucía, con un alumnado 100% gitano, donde el 75% de los estudiantes abandonan los estudios antes de completar la escuela secundaria y las familias reciben muy poco apoyo, a pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país. Y en Extremadura, un funcionario me explicó que se trata de un viejo problema arraigado en la “planificación urbana”, pero no ofreció ningún plan de acción para abordarlo. Concentrar a los niños y las niñas de los entornos más pobres en las mismas escuelas no es una receta para el éxito educativo ni la superación de la pobreza.43
Atención sanitaria
Con razón, España está orgullosa de su excelente sistema de atención sanitaria, con una cobertura casi universal. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan esta cobertura.
Algunas de las personas más desfavorecidas no tienen acceso a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia sanitaria, el 25,5% de los que necesitaban asistencia bucodental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no pudieron recibir atención por razones económicas. El 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados; entre las personas desempleadas este porcentaje era del 8,3%. La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10% de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud.44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre debido a una enfermedad. “No me puedo permitir enfermar”, me dijo una persona.
En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que limitaba la cobertura sanitaria universal, excluyendo incluso a las personas inmigrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunas personas inmigrantes en sus primeros 90 días en España,45 y REDER documentó 4.755 casos de exclusión del sistema nacional de salud solo desde 2014.46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no cuenta con ningún plan para abordarla.
También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, lo que corre el riesgo de priorizar los beneficios sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones del grado de privatización del sistema ni estudios que evaluaran su impacto.
Comunidades Autónomas
Las comunidades autónomas asumen una responsabilidad significativa en la protección social, pero los recortes de fondos relacionados con los programas de austeridad afectaron significativamente su capacidad de invertir en estas áreas, tuvieron un impacto negativo en muchas personas y socavaron la capacidad de las comunidades para combatir la pobreza. Es escandaloso que Extremadura, la comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta y el ingreso medio más bajo, recibiera una inversión menor del gobierno central en 2018 que en 2008 (3.002 millones de euros en 2018 en comparación con 3.180 millones de euros en 2008). Del mismo modo, Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, con una tasa AROPE muy superior a la media, experimentó una caída en la financiación recibida de 19.099 millones en 2008 a 18.983 millones de euros en 2018.47 En 2018, el gasto social total de las comunidades autónomas, incluida la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, seguía siendo un 3,4% más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda provocado por la crisis y sus secuelas.48
B. La vivienda
Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.
Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.
La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.
A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58
Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.
Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a los subsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.
Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64
El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.
C. Política fiscal
Si España quiere realmente combatir la pobreza y está dispuesta a realizar inversiones muy necesarias en políticas de asistencia social, educación y vivienda, también deberá reformar sus políticas fiscales. Los ingresos que recauda en la actualidad son demasiado bajos para garantizar los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresista, y el fraude fiscal, la evasión y la elusión le cuestan al país potencialmente miles de millones al año.
Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos. La relación impuestos/PIB fue del 35,4% en 2018, mucho más baja que la media del 40,3% de la UE y la del 41,7% de la zona euro, y especialmente baja en comparación con países similares como Italia (42,1%) y Francia (48,5).65
Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades se han reducido desde 2007, del 35 al 25%,66 y las empresas también se aprovechan de generosas deducciones y subsidios, por lo que en realidad terminan pagando mucho menos que el tipo nominal. El Ministerio de Hacienda no pudo proporcionarme una cifra del tipo efectivo real que están pagando las empresas, con el argumento de que las cifras están “protegidas”. Esta posición es insostenible dados los obvios intereses públicos involucrados, y aún más a la luz de la promesa del nuevo gobierno de elevar el tipo efectivo a un mínimo del 15%. Los ingresos por impuestos sobre sociedades han disminuido masivamente en los últimos años. Entre 2007 y 2018, los impuestos sobre sociedades cayeron como porcentaje de los ingresos totales de 22,34 a 11,9%, y de 44.823 millones de euros a 24.838 millones de euros.67 Si bien algunas de estas pérdidas se han visto compensadas por una dependencia cada vez mayor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2007 y 2017 la recaudación fiscal total disminuyó en realidad unos 6.725 millones de euros.68
Además de no aumentar la recaudación necesaria para financiar la realización de los derechos sociales, el sistema tributario es inadecuadamente progresista y apenas comienza a aprovechar la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad, la cual se disparó después de la crisis. Entre 2007 y 2015, el coeficiente de Gini aumentó en 2,1 puntos, el S80/20 en 0,9 y el índice de Palma en 1,4.69 Sin embargo, el efecto redistributivo de los impuestos directos a los hogares es mucho más bajo que el promedio de la UE, reduciendo la relación S80 / S20 en un 8,6% en 2016, en comparación con el 12,4% en la UE.70 Los impuestos indirectos en realidad aumentaron la desigualdad en un 3,5%.71 España depende cada vez más del IVA, con un aumento del tipo del 16 al 21% entre 2009 y 2013, elevando el porcentaje de la recaudación total del 27,83% al 33,63%. 72 Esto es problemático, ya que el tributo es generalmente regresivo, y en España lo es aún más debido a una serie de deducciones que benefician a los más ricos, como en el caso de los hoteles. También hay comunidades autónomas en España donde el impuesto a la herencia es extremadamente bajo, y los hijos y los cónyuges pueden heredar hasta un millón de euros libres de impuestos.73
El fraude fiscal es un problema importante en España que priva al Estado de recursos. Un estudio reciente del FMI estimó que el tamaño de la economía sumergida en España es del 20,3% del PIB, incluso más que en 2007. Se estima que la economía sumergida reduce los ingresos fiscales hasta en 70.000 millones de euros.74 Y en 2018, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales, lo que sugiere que se estarían perdiendo cantidades significativas de ingresos por evasión fiscal.75
D. Cambio climático
El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas que viven en la pobreza y un fuerte impacto en las políticas vigentes para prestarles apoyo.76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más perjudicadas, así como a aquellas que se verán empujadas a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado afrontarán un riesgo cada vez mayor.77
En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47.000 millones de euros para abordar el cambio climático en la próxima década, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050.78 En enero declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón.80 Pero aún no se ha aprobado la tan esperada ley sobre el cambio climático y el Congreso debería actuar sin demora.81
Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para implementar una Transición Justa,82 y será crucial que el nuevo gobierno tome medidas para garantizar que los trabajadores y trabajadoras afectados durante la transición de los combustibles fósiles reciban un apoyo social adecuado y acceso a programas de capacitación. La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que esto supondrá un gran desafío.
E. Transparencia y rendición de cuentas administrativa
Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con el proceso de toma de decisiones del gobierno y la dificultad de comprender, y mucho menos utilizar, gran parte de la información proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario muy bien informado: “No falta información. Lo que pasa es que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente, o cómo evaluar los resultados o el efecto de la política”. El gobierno debería promover que la información sea más fácil de usar y acceder y que esté más relacionada con indicadores de efectividad.
Los procedimientos burocráticos, incluida la tendencia a recopilar documentación aparentemente sin ningún objetivo claro, y una cultura de verificación interminable, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos básicos parecen más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Pero es notablemente difícil cambiar la forma en que operan las arraigadas burocracias. Dados los costes e ineficiencias del lado del gobierno, y las molestias e inconveniencia del lado de la ciudadanía y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debería iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el papeleo innecesario y reformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría llevarla a cabo un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deberían incluir: reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto por los derechos humanos, facilitar el empadronamiento y garantizar que las personas conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.
Además, la AIReF debería estar facultada para realizar auditorías e investigaciones por iniciativa propia, sin una solicitud externa de una autoridad pública.
IV. Grupos vulnerables
Convertirse en un país líder en derechos sociales también requiere prestar atención a los efectos desproporcionados de la pobreza en grupos concretos de personas. Los siguientes grupos se encuentran entre los que necesitan particular atención y apoyo:
A. Mujeres
En España, al igual que en muchos países, las mujeres registran tasas más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de empleo y pobreza extrema, y en general están en peores condiciones en casi todas las variables relacionadas con el mercado laboral.83
El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, pero aún queda mucho trabajo por hacer.84 España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo.85 Y el trabajo de cuidado no remunerado afecta los ingresos de las mujeres: el 47% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por razones de cuidado infantil, en comparación con el 7% de los hombres. Y el 23% de las mujeres con hijos están desempleadas, un total de 10 puntos porcentuales por encima de los hombres.86
La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a varias mujeres que explicaron las dificultades económicas que afrontaron después de abandonar relaciones abusivas, entre ellas una mujer que no pudo acceder a la asistencia social porque había huido a otra comunidad autónoma y aún no había alcanzado el mínimo de un año de residencia. Según un informe de 2019, el 61,2% de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas, y un 6,9% adicional trabajó en empleos sin contrato.87
Las ayudas familiares extremadamente bajas por tener un hijo o hija y la escasa inversión en asistencia social para familias y menores perjudican especialmente a las mujeres. El 82% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer y, en 2018, la mitad de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 45% en 2008.88 En 2018, el 53,5% no podía afrontar un gasto imprevisto y el 17,4 se había retrasado en el pago relacionado con la vivienda principal o servicios públicos.89 Ampliar la educación de la primera infancia a niños y niñas de entre 0 y 3 años y desarrollar servicios asequibles después del horario escolar para menores puede ayudar a que los padres, y especialmente las madres, mantengan un empleo. La proporción de niños y niñas en edad escolar cubiertos por servicios después de la escuela es del 8%, muy por debajo de la media de la OCDE del 29%.90
Si bien los funcionarios del gobierno expusieron una serie de políticas diseñadas para promover la igualdad de género, existe una notable ausencia de atención a las arraigadas estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Se debería prestar mayor atención a la economía del trabajo de cuidado no remunerado y a las formas de compensarlo y reemplazarlo. En mi reunión con el Ministerio de Igualdad, me llevé la impresión de que el organismo no emplea a economistas profesionales y no ve esta ausencia como un problema, lo cual es muy desafortunado dado que la lucha para lograr la igualdad de género sin duda debe librarse en parte en el dominio de las ciencias económicas.
B. Niños, niñas y jóvenes
En 2018 el 29,5% de los y las menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 6,5% experimentó carencia material severa.91 Las tasas de pobreza infantil son aún más alarmantes en las zonas rurales; entre las poblaciones inmigrantes, refugiadas y gitanas, y en familias con personas con discapacidad.92 Los hogares con niños, niñas o adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos integrados solamente por personas adultas,93 y un 29% de los hogares con menores a cargo describieron pasar “graves dificultades” para llegar a fin de mes.94 Sorprendentemente, los funcionarios de varias comunidades autónomas me aseguraron que la mejor manera de lidiar con la pobreza infantil era abordar la pobreza del hogar, descartando por tanto problemáticamente las características únicas y el efecto permanente de la pobreza infantil.
El gasto social para las familias con niños y niñas está mal orientado y se mantiene entre los más bajos de la UE, lo que resulta en un impacto muy bajo. En 2017, el gasto dedicado a prestaciones familiares fue poco más de la mitad del gasto medio de la UE: 1,2% del PIB en comparación con 2,3%.95 La efectividad de las medidas también es baja y la protección social en España solo logra reducir en 6,9 puntos la tasa de pobreza infantil, en comparación con, por ejemplo, 32 puntos en Irlanda.96 España es prácticamente un caso único entre los países de la UE por carecer de un sistema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores.97 En 2019, el Real Decreto-ley 8/2019 aumentó la prestación familiar para menores dependientes a 341 euros al año para familias en riesgo de pobreza (1,3 millones de niños y niñas), y hasta 588 euros para familias en situación de pobreza severa (630.000 niños y niñas). Sin embargo, casi la mitad de los menores que viven en la pobreza, un millón de niños y niñas, no tienen acceso a la ayuda, que sigue siendo muy escasa en poco más de 28 euros por menor al mes.98
El panorama para los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019 España registró una tasa de paro del 30,51% entre los menores de 25 años99 y más del 70% de los trabajadores jóvenes tenían contratos de trabajo temporales, un porcentaje significativamente más alto que los promedios de la UE.100 En 2018, el 12,4% de los jóvenes de 15 a 24 años101 y el 19,6% de los de 20 a 34 años no estudiaban ni trabajaban (“Nini”).102
En general, el hecho de que España no disponga de un conjunto de políticas más concertado y generoso para eliminar la pobreza infantil generalizada supone tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.103 Una población infantil que recibe educación y cuidados de mala calidad significará una fuerza laboral menos sofisticada y una carga adicional para los servicios de protección social en los próximos años.
C. Comunidad gitana
España tiene una de las comunidades gitanas más grandes de la UE, de aproximadamente 750.000 personas o el 1,6% de la población.104 Pero los indicadores oficiales de empleo sociales no desglosan las estadísticas, lo que invisibiliza la situación de esta comunidad. El Ministerio de Educación me dijo que no se les permitía recabar datos sobre alumnado gitano. Pero según las encuestas de la Fundación Secretariado Gitano, en las que se basan los funcionarios gubernamentales con los que me reuní, en España las personas gitanas enfrentan tasas de pobreza e indicadores asociados alarmantemente altos.
Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89% y el desempleo en el 52%. Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16%. Y las tasas de alumnado gitano que asisten a escuelas segregadas también son elevadas: solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de secundaria (ESO) o superiores.105
Visité dos comunidades gitanas: el Polígono Sur de Sevilla y la Cañada Real a las afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las condiciones de la mayoría de las personas gitanas en España, me sorprendió la medida en que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí. Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En la Cañada Real, conocí a personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a plantas incineradoras, en un área considerada insalubre. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas que viven en el área, hasta ahora el gobierno solo ha trasladado a 34 familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no pudo proporcionarme ninguna fecha definitiva para cuándo habría reubicado al resto de manera segura. También parecía brillar por su ausencia cualquier disposición para una consulta significativa, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para este propósito.
Los funcionarios del gobierno con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que la situación para muchas personas gitanas es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta de emergencia. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.
D. Inmigrantes
En España hay aproximadamente 6 millones de inmigrantes.106 Los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56%) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7%), ambos significativamente más altos que la población española (23,1%).107 Para los y las menores con al menos un progenitor inmigrante, el riesgo de pobreza o exclusión social salta al 49,6%, el más alto de la UE.108
Las organizaciones de la sociedad civil describieron un sistema de reasentamiento que impide que los y las inmigrantes puedan trabajar o pagar una vivienda. Las personas refugiadas e inmigrantes a menudo enfrentan serios obstáculos para acceder a una vivienda digna debido a la escasez de oferta, los requisitos de acceso y la discriminación en la asignación, por lo que con frecuencia terminan en situaciones precarias o de hacinamiento.109
Las organizaciones de la sociedad civil describieron condiciones muy angustiosas para las mujeres y niñas inmigrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, como situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos. Según Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en cuanto a los términos de su empleo: por ejemplo, les prometen jornadas de 6,5 horas pero acaban trabajando 10 horas; los contratos fijos pasan de ser de tres meses a una terminación de empleo discrecional, y los salarios pactados de 39-40 euros al día disminuyen significativamente, con lapsos de pago.110
Estoy extremadamente preocupado por la situación de los y las menores no acompañados, una población vulnerable que ha sido demonizada en el actual debate político. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, entre ellos exámenes genitales invasivos y humillantes, a pesar de las críticas por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.111 La denegación de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugio para menores o adultos, lo que provoca una brecha que puede empujar a los niños y niñas a la pobreza hasta desembocar en la trata de personas, el trabajo sexual, el abuso sexual, la drogodependencia o incluso la desaparición.112
En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: “Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida”. Según la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. En 2018-19, la cosecha de fresas en Huelva facturó 533 millones de euros113 y el mayor productor es Driscoll’s y sus empresas asociadas. Driscoll’s cuenta con un conjunto de estándares laborales que “se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción”. Debido a que las condiciones que observé en Huelva eran simplemente inhumanas y dado el dominio de esta empresa multinacional en la industria local y global de la fresa, tengo planeado preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área.
E. Pobreza en áreas rurales
Casi una quinta parte de la población española vive en áreas rurales,114 donde el ingreso medio real per cápita ha caído un 13,5% entre 2009 y 2018.115 Las áreas rurales están experimentando una aguda despoblación y envejecimiento. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”: más del 25% de su población tiene al menos 65 años.116 Las personas que viven en la pobreza en la “España vaciada” enfrentan desafíos únicos y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social (31%).117
Las personas con las que me reuní en zonas rurales destacaron los beneficios de la vida en el campo, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza. Un grupo en Extremadura explicó haber sufrido cortes de energía que duraron días, no poder visitar a un médico debido a la falta de transporte público o dinero para pagar un taxi y sentir que sus votos no le importan al gobierno central. En Galicia visité un área sin atención médica especializada, sin guardería y sin educación secundaria. Allí una mujer me dijo: “Mi hija me dice que aquí no ve futuro para ella”. La gente también describió los altos precios de Internet, lo que plantea riesgos de exclusión digital para familias pobres y de bajos ingresos, especialmente a medida que el gobierno toma medidas para digitalizar aspectos de la asistencia social.
El Gobierno no debería dejar que este gran colectivo sufra las consecuencias de fuerzas del mercado que no pueden controlar, y debería diseñar una estrategia integral para hacer frente a los problemas que afectan a un número creciente de personas.
F. Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad sufren muchos tipos de discriminación estructural y desventajas en España, como en ámbitos relacionados con el empleo, los ingresos, la educación y la vivienda. En 2018 aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad en España, el 31,1%, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 24,1% de las personas sin discapacidad.118 Y la tasa de empleo fue solo del 25,8% para las personas con discapacidad, muy por debajo de la mitad de la tasa de empleo de las personas sin discapacidad (65,9%).119
La ausencia de viviendas accesibles empeora su situación. Solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios residenciales en España cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.120 Una mujer en Badajoz me explicó que después de que su marido desarrolló una discapacidad, tuvo que instalar un baño improvisado en su sala de estar porque el baño de su unidad de vivienda pública no era accesible. Según una encuesta de 2019, 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan asistencia para abandonar su hogar, y 100.000 nunca salen.121 Y el 16,5% de los y las menores con discapacidad reciben una educación segregada en España, fuera del sistema educativo general.122
Visité un centro para personas con discapacidad en Galicia que está haciendo un trabajo excelente para apoyar la vida independiente y la capacitación laboral, pero la cruda realidad es que solo un número muy pequeño de personas que necesitan este tipo de apoyo lo reciben. Escuché varios poderosos testimonios en todas las comunidades autónomas que visité sobre la discriminación que enfrentan en el mercado laboral y en la sociedad, y las batallas que deben librar para reivindicar sus derechos. El Gobierno debería otorgar una mayor prioridad a la erradicación de estas formas de discriminación.
A. Personas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de personas
Las estimaciones de la cantidad de personas empleadas del hogar en España oscilan entre una cifra oficial de 453.000123 y una estimación de la sociedad civil de 700.000 personas que trabajan como empleados y empleadas domésticas o trabajadores y trabajadoras del cuidado a personas. Las mujeres representan el 97,9%124 y están marginadas por la ley española, que coloca dicho trabajo en un “régimen especial” con menos derechos.125
La sociedad civil informó que una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en la pobreza, y muchas trabajan en la economía informal para empleadores que no realizan pagos a la seguridad social. Muy a menudo trabajan el doble de sus ocho horas contratadas por día, ganando apenas 800 euros al mes, pero generalmente tienen que alquilar una habitación para pasar la noche libre semanal y el coste de los alimentos se deduce de su salario. Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a la explotación, y escuché testimonios sobre empleadores que confiscan los pasaportes de las trabajadoras domésticas.
Me reuní con un grupo de empleadas del hogar en Madrid, en el Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un centro que entiendo que es el primero de su tipo en Europa y desempeña un papel extremadamente importante en la defensa de los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban encerradas durante años en lo que sentían como una “cárcel”, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones. “Estoy a punto de cumplir 72 años y sigo pasando apuros”, dijo una mujer. Me explicaron que el centro ahora está en peligro porque el gobierno de Madrid ha retirado su financiación. Dado el nivel de la necesidad, sería una tragedia si se viera obligado a cerrar.
El nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. La plena implementación de las disposiciones de la Convención supondría un gran paso adelante en España.
Madrid, 7 de febrero de 2020
Notas: 1 Instituto Nacional de Estadística, “Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados, Cuarto trimestre de 2019. Avance”, 31 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0419a.pdf; Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2019”, 28 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf.
2 Centro de Investigaciones Sociológicas, “Barómetro de Enero 2020”, datos.cis.es/pdf/Es3271marMT_A.pdf.
3 Eurostat, “People at risk of poverty or social exclusion by sex”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tepsr_lm410&language=en&toolbox=sort; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.
4 Instituto Nacional de Estadística, “Personas por dificultades para llegar a fin de mes y edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9985.
5 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.
6 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es
7 FMI, “Spain 2018 Article IV Consultation”, noviembre de 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-4638, pág. 5. El riesgo de pobreza activa es el segundo más alto entre los países que forman la UE, con un 12,9% a partir de 2018. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
8 España es el sexto país más desigual de la UE cuando se comparan los ingresos de los quintiles superior e inferior, y el séptimo más desigual según lo medido por el índice de Gini. Eurostat, “Income quintile share ratio (S80/S20) by sex”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin=1; Eurostat, “Gini coefficient of equivalised disposable income”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020.
9 Amory Gethin, et al., “Desigualdades Crecientes y Divisiones Políticas en España”, 2019, págs. 2-3.
10 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
11 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019), https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
12 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 43-44 (cita datos de 2013).
13 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023”, 2019, pág. 71.
14 FMI, “Effectiveness and Equity in Social Spending: The Case of Spain”, informe de trabajo, pág. 21.
15 Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019, https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf.
16 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2017_eco_surveys-esp-2017-en, pág. 1.
17 Comisión Europea, “Recomendación del Consejo: España”, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX%3A52019DC0509, págs. 5, 8.
18 Para las transferencias sociales que excluyen las pensiones, España logró una reducción del 22,94% en las tasas de AROPE en 2018, en comparación con una media del 33,2% en la UE, el 35,9% en el Reino Unido, el 44,4% en Francia y el 53,67% en Finlandia. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
19 Oretta Causa y Mikkel Hermansen, “Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries”, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bc7569c6-en.pdf?expires=1579564630&id=id&accname=guest&checksum=23CF047B7FCBD51BF5FA82600104FDC7, pág. 18.
20 Cáritas utiliza el término de “sociedad expulsada” para referirse a los 1,8 millones de personas que registraron la peor puntuación en su índice multidimensional de la pobreza de 35 indicadores. Declaración de Cáritas. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_EN.pdf.
21 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 62.
22 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8
23 El monto exacto del crédito fiscal por hijos depende de la tasa impositiva en la comunidad autónoma de los padres, por ejemplo: 528 por hijo en Madrid. Euromod, María del Valle Navas y Néstor López de la Cruz , “Spain (ES) 2015-2018”, https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year9/Y9_CR_ES_Final.pdf, pág. 97.
24 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
25 Eurostat, “Perfiles de países”, https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28.
26 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por ultima vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png.
27 Véase por ejemplo, Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019; Luis Ayala Cañón, José María Arranz, Carlos García Serrano y Lucía Martínez Virto, “El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Informe Completo”, diciembre de 2016.
28 European Anti-Poverty Network, “El Estado de la Pobreza Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2017”, 2018, https://eapn-clm.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe_AROPE_2018_LA_SITUACION_EN_LAS_CCAA.pdf, pág. 13.
29 33.000 hogares o 106.746 personas. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_anual_rmi_2018_definitivo_.pdf, pág. 23.
30 En 2018, había aproximadamente 12.650 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, pág. 54. En 2016, había aproximadamente 13.800 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción Comunidad de Madrid 2016”, 2017, pág. 13.
31 (aproximadamente de 4.850 a 10.040), así como también el número de denegaciones (de 2.708 a 5.767).
32 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nivel de formación alcanzado (personas de 16 años y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10007.
33 En 2017, fue del 4,24% del PIB (49,458 millones de euros) en comparación con el 4,99% del PIB (53,895 millones de euros) en 2009. European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 32-33.
34 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 58.
35 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.
36 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 55.
37 Eurostat, “Early leavers from education and training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training.
38 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 38. (citando a Save The Children).
39 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 53.
40 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 5.
41 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34; Save the Children, “Mézclate conmigo: De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva”, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf, pág. 7.
42 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34.
43 Save the Children, “Mézclate Conmigo”, 2018, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.
44 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 27.
45 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, págs. 4, 6 y 7; Informe anual 2018 Defensor del Pueblo de España, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/11_Defensor_del_Pueblo.pdf, pág. 6.
46 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, pág. 12.
47 Ministerio de Economía, “Financiacion 2008-2020”, datos proporcionados el 4 de febrero de 2019.
48 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “El Gasto Social por Comunidades: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, septiembre de 2019, https://www.directoressociales.com/images/Noticias/Evol_gasto_CCAA_2018/2018._Raking_CCAA_por_recortes_y_gastos.pdf, pág.1.
49 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Vivienda”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf, págs. 2-3.
50 Eurostat, “Housing cost overburden rate by tenure status”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi164&language=en.
51 Informe de Amnistía Internacional, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/31_Amnesty_International.docx, pág. 4; Banco de España, David López-Rodríguez y María de los Llanos Matea, “Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España”, agosto de 2019, pág. 6.
52 UGT (Unión General de Trabajadores), “Los salarios tienen que despegar en 2019”, 19 de marzo de 2019, http://www.ugt.es/los-salarios-tienen-que-despegar-en-2019.
53 ACNUDH, “States and real estate private equity firms questioned for compliance with human rights”, 26 de marzo de 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E.
54 Cifras de 2006-2012: Consejo General del Poder Judicial, “Solicitud de Datos, Informes o Documentos”, 4 de marzo de 2013, https://bit.ly/2S2DoBo; cifras de 2013-2018: Contestación del Gobierno español a solicitud de información por parte de don Cayo Lara Moya (GIP), “Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Segundo Trimestre 2019”, https://bit.ly/382hT95.
55 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y edad y sexo de la persona de referencia”.
56 Housing Europe, “State of Housing within the EU, 2019”, octubre de 2019, http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019, págs. 85-87.
57 Ministerio de Fomento, “Vivienda Protegida, Series Anual, (1.5) Número de calificaciones definitivas: Planes estatales”, 2019, https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/sedal/31305000.XLS.
58 Instituto Nacional de Estadística, “Censos de Población y Viviendas 2011”, https://inmalome.files.wordpress.com/2012/09/cifine01-2013.pdf, pág. 8; Housing Europe, “The State of Housing in the EU 2019”, http://www.housingeurope.eu/file/860/download, pág. 87.
59 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág. 12.
60 Fundación FOESSA, “La vulneración del derecho a vivienda: una mirada a la exclusión residencial”, 2018, https://www.caritas.es/noticias/viii-informe-foessa-la-exclusion-social-se-enquista-en-una-sociedad-cada-vez-mas-desvinculada/.
61 Red Europea de Política Social, “ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion”, 2019, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21628&langId=en, pág. 12.
62 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág 19.
63 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surv.eys-esp-2018-en, pág. 98.
64 M. Pastor, V. Carter y M. Abood, “Rent Matters: What are the Impacts of Rent Stabilization Measures?”, 2018.
65 Eurostat, “Tax-to-GDP ratio up to 40.3percent in EU”, 20 de octubre de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376.
66 Comisión Europea, “Statutory tax rates: VAT rates in member states”, ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en.
67 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
68 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
69 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
70 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf, pág. 32.
71 Ídem.
72 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
73 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 42
74 FUNCAS, “Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué Sabemos? ¿Qué Podemos Hacer?”, 2018, https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04095, pág. 40; véase también, “La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal”, El País, 21 de junio de 2018, https://elpais.com/economia/2018/06/20/actualidad/1529518143_236168.html.
75 Oxfam, “Quien Parte y Reparte: la huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35”, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf, 2019, pág 2.
76 Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, “El cambio climático y la pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.
77 Estudio de AEMET con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Así nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf, pág. 43.
78 “El Gobierno propone una inversión pública de 47.000 millones en un plan sobre el cambio climático”, Reuters, 20 de febrero de 2019 https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1Q91YT-OESTP.
79 “Spain declares climate emergency, gets climate plan ready”, AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.
80 “España se desengancha del carbón y las emisiones de efecto invernadero se desploman”, El País, 3 de enero de 2020, https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577980066_743415.html.
81 Congreso de los Diputados ¨Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética,” http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.
82 Ministerio para la Transición Ecológica, “La Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima”, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf.
83 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 13-14.
84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244; Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 4.
85 Eurostat, “Unemployment by sex and age - monthly average”, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en.
86 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 7.
87 Fundación Adecco, “Un empleo contra la violencia”, noviembre de 2019, https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-11-22/informe-empleo-contra-la-violencia-2019.pdf, pág. 15.
88 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 18; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10010.
89 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares con carencia material por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9974.
90 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 51, 54.
91 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005. Véase también, Save the Children, “Familias en riesgo”, 2020.
92 Declaración de European Anti-Poverty Network, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/17_EAPN_SP.pdf, pág. 2.
93 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 4.
94 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Infancia”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Focus-Infancia.-FOESSA.pdf, pág. 3.
95 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png; Declaración de Plataforma de Infancia, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/5_Plataforma_de_Infancia.pdf, pág. 4.
96 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019.
97 UNICEF, Olga Canto Sánchez y Luis Ayala Canon, “Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: Análisis del impacto”, marzo de 2014, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf, pág. 73; ILO-UNICEF, “Towards universal social protection for children: Achieving SDG 1.3”, 41, 2019.
98 Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 8; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.
99 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, 4T 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.
100 Eurofund, “Los jóvenes, especialmente los poco cualificados, son los más afectados por las desigualdades sociales en España”, 11 de octubre de 2019, https://www.eurofound.europa.eu/es/news/news-articles/young-people-particularly-those-low-qualified-bear-the-brunt-of-social-inequalities-in-spain
101 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 13.
102 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.
103 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, “DB012 - Mapa territorializado de la pobreza infantil en España”, https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza-infantil-en-españa.
104 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 65.
105 Fundación Secretariado Gitano, “La Fundación Secretariado Gitano presenta su ‘Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018’”, 24 de septiembre de 2019; https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129382.html.
106 Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, “Extranjeros residentes en España: Principales resultados”, septiembre de 2019, http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201906/Residentes_Principales_Resultados_30062019.pdf, pág. 1.
107 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nacionalidad (personas de 16 y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10009.
108 Eurostat, “Children at risk of poverty or social exclusion”, enero de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/50126.pdf, pág. 6.
109 Declaración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/15_CEAR.pdf, pág. 3.
110 Declaración de Women’s Link Worldwide, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf, págs. 2-3 y 5.
111 Comité de la ONU de los Derechos del Niño, “Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones respecto de la Comunicación Núm. 16/2017”, 10 de julio de 2017, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/CRC_C_81_D_16_2017_28553_S.docx, pág. 13.
112 Declaración de Fundación Raíces, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/16_Fundacion_Raices.pdf, págs. 1-2.
113 Fresh Plaza, “La campaña de fresas de la provincia española de Huelva cierra con cifras positivas”, https://www.freshplaza.es/article/9144061/la-campana-de-fresas-de-la-provincia-espanola-de-huelva-cierra-con-cifras-positivas/.
114 El Banco Mundial, “Población rural (% de la población total) - España”, 2019 https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ES.
115 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 23-24.
116 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf , pág 80.
117 Eurostat, “Living conditions in Europe - poverty and social exclusion”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion.
118 Eurostat, “The Europe 2020 indicator of at-risk-of-poverty or social exclusion AROPE by level of activity limitation”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_Europe_2020_indicator_of_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_AROPE_by_level_of_activity_limitation,_2018_2.png.
119 Instituto Nacional de Estadística, “El empleo de las personas con discapacidad (EPD Año 2018”, 18 de diciembre de 2019, https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf, pág. 1.
120 Fundación Mutua de Propietarios, “La accesibilidad de las viviendas en España”, 22 de marzo de 2018, https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf.
121 COCEMFE, “1,8 millones de personas con movilidad reducida dependen de la ayuda de terceros para salir de su casa y 100.000 no salen nunca”, 22 de junio de 2019, http://www.cocemfe.es/informate/noticias/18-millones-de-personas-con-movilidad-reducida-dependen-de-la-ayuda-de-terceros-para-salir-de-su-casa-y-100-000-no-salen-nunca/.
122 Ministerio de Educación y Formación Profesional, “Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019)”, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html.
123 Instituto Nacional de Estadística, “Activos por sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada ocupación”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4077.
124 Ídem.
125 Futuro en Común, “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y la planeta”, 24 d
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