_- Es el coordinador del equipo de expertos del Ministerio de Trabajo que ha estudiado la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad, una “pandemia tóxica”.
Joan Benach (Barcelona, 65 años), doctor en Salud Pública por The Johns Hopkins University y catedrático de Sociología en la Universitat Pompeu Fabra, ha coordinado la elaboración del informe Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas, un encargo del Ministerio de Trabajo. Este estudio calcula que un tercio de los problemas de salud mental en la población activa son atribuibles a las jornadas interminables, los bajos salarios y tantos otros determinantes de la precariedad. “Cambiar la realidad no solo requiere hacer visibles los problemas y comprender sus causas, sino, sobre todo, disponer del poder político necesario para actuar y evitar la pandemia tóxica que hoy representa la precariedad laboral y social”, dice en una entrevista con este periódico a través de correo electrónico.
Pregunta. España es un país con salarios por debajo de la media europea, con una tasa de temporalidad en la franja superior, con una proporción de desempleo altísima y la más elevada entre los jóvenes, trabajamos más horas que la media de la OCDE y distribuidas de forma más expandida a lo largo del día. ¿Su estudio ha encontrado una relación causal entre estas variables y la alta prevalencia de problemas de salud mental?
Respuesta. Contrariamente a lo que se suele creer, la precariedad laboral no solo tiene que ver con el tipo de contrato o el salario, sino que es un fenómeno multidimensional. Además de la estabilidad y seguridad, es imprescindible tener en cuenta la escasez de derechos, el escaso poder de negociación, o la vulnerabilidad, indefensión y discriminación que se padece cuando se trabaja. El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio.
P. ¿Qué ha aprendido sobre la relación de precariedad y salud mental que no supiera antes de la elaboración de este estudio? ¿Cuáles son los aspectos más originales?
R. El estudio, que próximamente será publicado de forma más extensa como libro, es original por dos razones principales. En primer lugar, porque es la primera vez en el mundo que un Gobierno encarga un estudio sobre dos temas de tanta importancia social como son la precariedad laboral y la salud mental. Y segundo, porque, para comprender temas tan complejos, hemos hecho un trabajo transdisciplinar integrando el mejor conocimiento disponible de la sociología, derecho del trabajo, epidemiología, psicología y salud pública, entre otras disciplinas. Mediante una visión crítica, hemos logrado obtener una síntesis nueva y plantear propuestas políticas que van mucho más allá de la visión limitada y fragmentaria de cada disciplina.
P. Una de las conclusiones más contundentes es que un tercio de los casos de depresión en la población activa en 2020 son atribuibles a la precariedad. ¿Le sorprendió este resultado?
R. No. Hace años mostramos que el impacto sobre la salud mental era más del doble en los trabajadores precarizados, siendo los más afectados la clase trabajadora, migrantes, jóvenes y mujeres. Pero es esencial comprender mejor las causas y el impacto global de la precariedad sobre nuestras vidas. Es lamentable que aún no dispongamos de un sistema de información e investigación adecuado para medir integralmente la precariedad, con indicadores válidos y comparables. En la sociedad actual no basta con medir el desempleo y la temporalidad, hay que medir todas las dimensiones de la precariedad laboral y social y conocer todos sus efectos en la salud y calidad de vida.
P. ¿Qué reacción le genera la frase “no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato”, que tanto se ha popularizado últimamente? ¿Qué es más importante para que mejore la salud mental de los españoles: una caída en los índices de precariedad o un refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en la sanidad pública?
R. Tratar de eliminar la precariedad laboral a la vez que atender a las personas que sufren trastornos de salud mental derivados de su situación laboral deben ser objetivos complementarios. Hay que prevenir y hay que curar y cuidar: ambas cosas son imprescindibles. Ahora bien, el precarizado y excesivamente medicalizado sistema de salud mental no puede evitar el sufrimiento de muchas personas que a menudo se autoculpabilizan de sus dolencias. La precariedad laboral es un problema social causado por tener relaciones de empleo y trabajo nocivas. Por tanto, las soluciones sobre la precariedad y el sistema de salud, deben ser políticas. Eso significa que hay que politizar el sufrimiento generado por la precariedad.
Más que aumentar el número de profesionales, que también es necesario, lo que necesitamos es desarrollar una salud mental comunitaria donde casi todo está por hacer”
P. Intentando ser más concreto, ¿haría más por la salud mental de los españoles una reducción de entre cinco u ocho horas de la jornada semanal, como plantean en su estudio, o que se triplique el número de psicólogos y psiquiatras de la sanidad pública, hasta situarnos en la media europea?
R. El informe propone numerosas recomendaciones, así como la necesidad de abrir debates sociales tan importantes como el trabajo garantizado, la renta básica universal, la democratización de las empresas o el tiempo de trabajo. Acortar las jornadas laborales y reducir la precariedad podría tener un impacto muy positivo. Permitiría reducir el desempleo, racionalizar horarios, el estudio y la vida familiar, así como aumentar las relaciones sociales y la participación política. Al mismo tiempo, mejoraría el descanso, la salud y la calidad de vida. En relación con la atención, más que aumentar el número de profesionales, que también es necesario, lo que necesitamos es desarrollar una salud mental comunitaria donde casi todo está por hacer. Un sistema público, no precarizado y no medicalizado, cuyo centro de gravedad sean la atención primaria y los determinantes sociales, y que trabaje en estrecha coordinación con los sistemas de protección social.
P. España es el país con mayor consumo de ansiolíticos por habitante. ¿En qué medida depende la economía española, o al menos su mercado de trabajo, de una fuerza laboral que realmente no está en condiciones reales de trabajar de forma saludable?
R. Medicalizar los trastornos de salud mental derivados de la precariedad laboral tratando de solucionar problemas a base de consumir medicamentos no es una solución adecuada. Primero, porque no va a la raíz del problema, lo que significa que en el mejor de los casos la medicación trata síntomas y no causas. Segundo, porque la utilización masiva de medicamentos genera dependencia y iatrogenia, es decir, efectos secundarios que dañan la salud; y tercero, porque aumenta la aceptación de una realidad social intolerable. Eso se ve claro con un fenómeno insuficientemente estudiado como es el presentismo laboral, es decir, el tener que ir a trabajar incluso estando enfermos. Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar no es una sociedad sana.
P. ¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza, como apuntan desde algunos sectores, que esta prevalencia tan alta de los problemas de salud mental y de consumo de ansiolíticos puede no deberse a la precariedad, sino a que en España los trabajadores sean más vagos o más frágiles que en otros países?
R. Toda la evidencia científica nacional e internacional muestra que la precariedad laboral es un determinante social de la salud. Eso comporta sobre todo dos cosas: a mayor precariedad laboral, peor salud mental; y que esta produce desigualdades entre grupos sociales, donde la clase trabajadora, mujeres, migrantes y jóvenes son los más afectados, además de colectivos olvidados como los trabajadores culturales, las personas con diversidad funcional, las personas trans, entre otros. Ello indica que no estamos ante un problema individual sino ante un fenómeno social y colectivo que requiere de la acción política para ser eliminado. Una visión individual del fenómeno no permite entender sus causas estructurales, además de que culpabiliza a las personas de su sufrimiento y salud.
P. ¿En qué sectores cree que los trabajadores sufren más problemas de salud mental?
R. La reciente pandemia puede ayudar a ilustrar la situación. Con la covid-19 se habló mucho, casi siempre retóricamente, de la importancia de trabajadores y trabajadoras esenciales. Colectivos que trabajan en sectores como la salud, educación, cuidados, alimentación, transporte, cultura o comunicación, entre otros, con enfermeras, cajeras de supermercado, camareros, educadoras, transportistas, limpiadoras, cuidadoras de niños o ancianos, trabajadoras de servicios sociales, periodistas y artistas, entre otros muchos trabajos. Trabajos que son esenciales, pero que están insuficientemente valorados y mal pagados, y que lleva a cabo la clase trabajadora o una clase media proletarizada, donde predominan muchas mujeres y migrantes.
Aunque los estudios son aún limitados, quienes trabajan en las plataformas digitales presentan elevados niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad y depresión”
P. ¿Qué papel cree que juegan plataformas como Uber y Glovo, que mantienen relaciones por cuenta ajena con sus empleados, aunque en la práctica sean laborales, en este debate?
R. La economía de las plataformas digitales ilustra muy bien la preocupante realidad de la precariedad laboral. Quienes trabajan allí se ven sometidos a salarios exiguos, una disciplina constante, pero invisible, horarios laborales irregulares, largas jornadas y frecuentes episodios de discriminación. Aunque los estudios son aún limitados, quienes trabajan en las plataformas digitales presentan elevados niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.
P. ¿Cree que la prevalencia de los problemas de salud mental de los trabajadores españoles va a empeorar o a mejorar en los próximos años?
R. La precariedad no es un destino inexorable ni una maldición histórica. Como todo problema social, todo dependerá de las políticas que se lleven a cabo. En el informe señalamos un gran número de intervenciones basadas en el mejor conocimiento disponible, pero cambiar la realidad no solo requiere hacer visibles los problemas y comprender sus causas, sino, sobre todo, disponer del poder político necesario para actuar y evitar la pandemia tóxica que hoy representa la precariedad laboral y social. No debemos aceptar tener que trabajar para poder existir, sino reclamar poder trabajar y vivir dignamente en un entorno habitable y con buena salud. Como señala la periodista filipina y premio nobel Maria Ressa, la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a hacer y sacrificar para lograrlo
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domingo, 16 de abril de 2023
martes, 4 de abril de 2023
El propio Fondo Monetario Internacional demuestra que sus políticas no funcionan, pero las sigue imponiendo
Publicado en Público.es el 21 de abril de 2023
Hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional publicó en su último Monitor Fiscal un análisis de la situación económica en el que recomendaba volver a las políticas de austeridad para hacer frente a los rebrotes inflacionarios. Concretamente, decía que «los esfuerzos de las autoridades monetarias para que la inflación vuelva al nivel fijado como meta deben complementarse con una política fiscal más restrictiva».
A nadie pudo sorprender esa recomendación porque es la que viene defendiendo desde hace años, haga frío o haga calor, sea cual sea la situación en la que se encuentren las economías. Es la política llamada de austeridad que, una vez que ser aplica, lleva consigo recortes de gasto principalmente social y privatizaciones generalizadas.
Muchos economistas han puesto de relieve, también desde hace décadas, que ese tipo de política es inadecuada para estabilizar a las economías porque lo que provoca, en realidad, es un empeoramiento de la situación. Es una política que llamamos procíclica porque, en lugar de corregir el ciclo cuando hay baja actividad, lo que hace es agravar aún más su caída. Su efecto es como el de quitarle fuelle al motor cuando el problema es que éste ya lo estaba perdiendo y apenas tiene.
También se ha demostrado que las políticas de austeridad no son útiles para reducir la deuda, como asegura el Fondo Monetario Internacional cuando las recomienda con ese fin. La realidad es que la aumentan, precisamente porque llevan consigo una disminución de los ingresos que obliga a que hogares, empresas y gobiernos se tengan que endeudar todavía más.
Las consecuencias negativas de las políticas de austeridad que propone e impone el Fondo Monetario Internacional son, pues, bien conocidas, pero este organismo, como los políticos y economistas que las defienden, son literalmente inmunes a los argumentos en contra y a la evidencia empírica. Las mantienen como si actuaran con una especie de piñón fijo intelectual.
Lo sorprendente, sin embargo, ha ocurrido hace unos días, cuando es el propio Fondo Monetario Internacional quien publica una investigación en la que se demuestra que esas políticas restrictivas que defiende no funcionan.
En el capítulo 3 del último número de Perspectivas de la economía mundial del FMI se presentan los resultados de una investigación realizada en 33 economías emergentes y 21 desarrolladas entre 1980 y 2019.
Sus autores reconocen que «en promedio, las consolidaciones tienen efectos insignificantes en los índices de deuda», no sólo porque no suelen ir acompañadas de otras medidas que serían necesarias sino porque «tienden a desacelerar el crecimiento del PIB».
También reconocen que, por el contrario, «la expansión fiscal se traduce en reducciones de la deuda» en diferentes casos y circunstancias, precisamente, porque esa expansión aumenta el crecimiento del PIB y los ingresos. Y también concluyen que es el aumento de la actividad, de la oferta y la demanda y no su restricción, la «responsable de aproximadamente un tercio de la reducción de la deuda observada durante ese período».
Los autores reconocen que la austeridad fiscal puede ser útil para reducir la deuda, si acaso, cuando las economías se encuentran en fase de crecimiento, pero no cuando están en recesión.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no tiene en cuenta ni siquiera las evidencias puestas de relieve por sus propias investigaciones.
Como mencioné al comienzo de este artículo, vuelve a recomendar la política de austeridad con carácter general y, en el reciente caso de Sri Lanka, el Fondo Monetario Internacional llega aún más lejos. No sólo no ha matizado sus propuestas de consolidación fiscal en medio de una auténtica depresión económica, sino que las ha reforzado. Hasta el punto de que el jefe de la misión del Fondo en ese país, Peter Breuer, ha reconocido que se disponen a llevar a cabo un ajuste «muy brutal».
No hay una prueba más evidente de que las políticas que propone e impone el Fondo Monetario Internacional no tienen base científica ni respaldo empírico. Son fruto de sesgos cognitivos e ideológicos, de contar solamente con la información que coincide con sus propias expectativas e ignorar la que es incompatible con ellas, de usar modelos inadecuados que limitan el conocimiento de la realidad y de ignorar o interpretar erróneamente muchos de los datos disponibles.
Esta última no es una conclusión mía. He reproducido literalmente algunos de los errores que detectó la auditoría independiente que se hizo de la actuación del Fondo Monetario Internacional en la crisis que comenzó en 2007-2008. Parece evidente que siguen dándose, a pesar de que sea ya el propio organismo quien los detecta.
¿Se trata tan solo de un error? ¿Es solamente incompetencia de los miles de economistas magníficamente preparados y bien pagados que trabajan en el FMI?
Me temo que no, porque lo cierto es que esos «errores» tienen consecuencias igualmente claras que delatan su auténtica naturaleza: desmantelan los servicios públicos, desprotegen a la población de por sí más empobrecida, disminuyen sus ingresos y la obligan a endeudarse en mayor medida. Mientras que, al mismo tiempo, ponen en manos de los grandes capitales y de los bancos la principal riqueza de los países, a los que convierte en simples negocios de donde extraen rentas sin límites.
Al menos, hemos de agradecer al Fondo Monetario Internacional que sea ese mismo organismo quien se encargue de mostrar sin disimulo que sus políticas son un fraude intelectual, un colosal engaño al exclusivo servicio de los grandes poderes económicos y financieros.
Hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional publicó en su último Monitor Fiscal un análisis de la situación económica en el que recomendaba volver a las políticas de austeridad para hacer frente a los rebrotes inflacionarios. Concretamente, decía que «los esfuerzos de las autoridades monetarias para que la inflación vuelva al nivel fijado como meta deben complementarse con una política fiscal más restrictiva».
A nadie pudo sorprender esa recomendación porque es la que viene defendiendo desde hace años, haga frío o haga calor, sea cual sea la situación en la que se encuentren las economías. Es la política llamada de austeridad que, una vez que ser aplica, lleva consigo recortes de gasto principalmente social y privatizaciones generalizadas.
Muchos economistas han puesto de relieve, también desde hace décadas, que ese tipo de política es inadecuada para estabilizar a las economías porque lo que provoca, en realidad, es un empeoramiento de la situación. Es una política que llamamos procíclica porque, en lugar de corregir el ciclo cuando hay baja actividad, lo que hace es agravar aún más su caída. Su efecto es como el de quitarle fuelle al motor cuando el problema es que éste ya lo estaba perdiendo y apenas tiene.
También se ha demostrado que las políticas de austeridad no son útiles para reducir la deuda, como asegura el Fondo Monetario Internacional cuando las recomienda con ese fin. La realidad es que la aumentan, precisamente porque llevan consigo una disminución de los ingresos que obliga a que hogares, empresas y gobiernos se tengan que endeudar todavía más.
Las consecuencias negativas de las políticas de austeridad que propone e impone el Fondo Monetario Internacional son, pues, bien conocidas, pero este organismo, como los políticos y economistas que las defienden, son literalmente inmunes a los argumentos en contra y a la evidencia empírica. Las mantienen como si actuaran con una especie de piñón fijo intelectual.
Lo sorprendente, sin embargo, ha ocurrido hace unos días, cuando es el propio Fondo Monetario Internacional quien publica una investigación en la que se demuestra que esas políticas restrictivas que defiende no funcionan.
En el capítulo 3 del último número de Perspectivas de la economía mundial del FMI se presentan los resultados de una investigación realizada en 33 economías emergentes y 21 desarrolladas entre 1980 y 2019.
Sus autores reconocen que «en promedio, las consolidaciones tienen efectos insignificantes en los índices de deuda», no sólo porque no suelen ir acompañadas de otras medidas que serían necesarias sino porque «tienden a desacelerar el crecimiento del PIB».
También reconocen que, por el contrario, «la expansión fiscal se traduce en reducciones de la deuda» en diferentes casos y circunstancias, precisamente, porque esa expansión aumenta el crecimiento del PIB y los ingresos. Y también concluyen que es el aumento de la actividad, de la oferta y la demanda y no su restricción, la «responsable de aproximadamente un tercio de la reducción de la deuda observada durante ese período».
Los autores reconocen que la austeridad fiscal puede ser útil para reducir la deuda, si acaso, cuando las economías se encuentran en fase de crecimiento, pero no cuando están en recesión.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no tiene en cuenta ni siquiera las evidencias puestas de relieve por sus propias investigaciones.
Como mencioné al comienzo de este artículo, vuelve a recomendar la política de austeridad con carácter general y, en el reciente caso de Sri Lanka, el Fondo Monetario Internacional llega aún más lejos. No sólo no ha matizado sus propuestas de consolidación fiscal en medio de una auténtica depresión económica, sino que las ha reforzado. Hasta el punto de que el jefe de la misión del Fondo en ese país, Peter Breuer, ha reconocido que se disponen a llevar a cabo un ajuste «muy brutal».
No hay una prueba más evidente de que las políticas que propone e impone el Fondo Monetario Internacional no tienen base científica ni respaldo empírico. Son fruto de sesgos cognitivos e ideológicos, de contar solamente con la información que coincide con sus propias expectativas e ignorar la que es incompatible con ellas, de usar modelos inadecuados que limitan el conocimiento de la realidad y de ignorar o interpretar erróneamente muchos de los datos disponibles.
Esta última no es una conclusión mía. He reproducido literalmente algunos de los errores que detectó la auditoría independiente que se hizo de la actuación del Fondo Monetario Internacional en la crisis que comenzó en 2007-2008. Parece evidente que siguen dándose, a pesar de que sea ya el propio organismo quien los detecta.
¿Se trata tan solo de un error? ¿Es solamente incompetencia de los miles de economistas magníficamente preparados y bien pagados que trabajan en el FMI?
Me temo que no, porque lo cierto es que esos «errores» tienen consecuencias igualmente claras que delatan su auténtica naturaleza: desmantelan los servicios públicos, desprotegen a la población de por sí más empobrecida, disminuyen sus ingresos y la obligan a endeudarse en mayor medida. Mientras que, al mismo tiempo, ponen en manos de los grandes capitales y de los bancos la principal riqueza de los países, a los que convierte en simples negocios de donde extraen rentas sin límites.
Al menos, hemos de agradecer al Fondo Monetario Internacional que sea ese mismo organismo quien se encargue de mostrar sin disimulo que sus políticas son un fraude intelectual, un colosal engaño al exclusivo servicio de los grandes poderes económicos y financieros.
lunes, 13 de marzo de 2023
El rey, el campesino y el asno
Érase una vez un rey que quería ir a pescar. Llamó a su meteorólogo y le preguntó sobre la evolución del tiempo. El meteorólogo tranquilizó al rey diciéndole que podía ir a pescar sin problemas porque no iba a llover.
Para estar apuesto ante la reina el rey se vistió con sus mejores galas. En el camino se cruzó con un campesino subido en su asno que, al ver al rey, le dijo: “Majestad, debería usted dar la vuelta porque dentro de poco va a llover”. El rey pensó: “¿Cómo puede este mendigo presagiar el tiempo que va a hacer mejor que mi especialista diplomado y generosamente pagado que me ha dicho lo contrario?… y continuó su camino. Pero poco tiempo después se puso a llover torrencialmente. El rey volvió al palacio totalmente empapado y la reina se burló de él al verle en tan lamentable estado. Colérico, el rey despidió inmediatamente al meteorólogo y llamó al campesino para ofrecerle el puesto, pero el campesino lo rechazó diciendo: “Majestad, yo no entiendo nada en temas de meteorología pero sé que, cuando mi asno baja las orejas, eso significa que va a llover”… Entonces el rey nombró meteorólogo del reino al asno.
Fue así como se inició en Francia la costumbre de emplear a los asnos como asesores y consejeros formidablemente bien pagados. También se tomó la decisión de crear una escuela: la E.N.A (la Escuela Nacional de Asnos*) con sus diplomados, cuyos brillantes conocimientos podemos constatar diariamente…
(*) ENA es en realidad el acrónimo de Escuela Nacional de Administración. Es también, sin lugar a dudas, la gran referencia de las llamadas “Altas escuelas” en Francia, en las que sólo puede entrar la élite de estudiantes que, con anterioridad, se han diplomado en otros estudios universitarios. La gran mayoría de líderes políticos, ministros, y dirigentes de grandes empresas privadas y públicas francesas de los últimos años son diplomados de la ENA. El presidente Macron lo es, así como una gran mayoría de sus ministros y asesores.
Este cuento me lo ha enviado Ignacio Ramonet, amigo con el que me crié en Tánger y con el que compartí mi estancia en París. Como muchos saben, Ignacio ha sido uno de los directores de referencia de Le Monde Diplomatique en Francia y es actualmente el presidente de la empresa que edita Le Monde Diplomatique en español. El cuento tiene una relación estrecha con Francia, pero creo que se puede aplicar a otros países…aunque en esos países no exista la ENA.
Buenas noches, buena suerte, Salud y Bien Común
Paco Álvarez
Para estar apuesto ante la reina el rey se vistió con sus mejores galas. En el camino se cruzó con un campesino subido en su asno que, al ver al rey, le dijo: “Majestad, debería usted dar la vuelta porque dentro de poco va a llover”. El rey pensó: “¿Cómo puede este mendigo presagiar el tiempo que va a hacer mejor que mi especialista diplomado y generosamente pagado que me ha dicho lo contrario?… y continuó su camino. Pero poco tiempo después se puso a llover torrencialmente. El rey volvió al palacio totalmente empapado y la reina se burló de él al verle en tan lamentable estado. Colérico, el rey despidió inmediatamente al meteorólogo y llamó al campesino para ofrecerle el puesto, pero el campesino lo rechazó diciendo: “Majestad, yo no entiendo nada en temas de meteorología pero sé que, cuando mi asno baja las orejas, eso significa que va a llover”… Entonces el rey nombró meteorólogo del reino al asno.
Fue así como se inició en Francia la costumbre de emplear a los asnos como asesores y consejeros formidablemente bien pagados. También se tomó la decisión de crear una escuela: la E.N.A (la Escuela Nacional de Asnos*) con sus diplomados, cuyos brillantes conocimientos podemos constatar diariamente…
(*) ENA es en realidad el acrónimo de Escuela Nacional de Administración. Es también, sin lugar a dudas, la gran referencia de las llamadas “Altas escuelas” en Francia, en las que sólo puede entrar la élite de estudiantes que, con anterioridad, se han diplomado en otros estudios universitarios. La gran mayoría de líderes políticos, ministros, y dirigentes de grandes empresas privadas y públicas francesas de los últimos años son diplomados de la ENA. El presidente Macron lo es, así como una gran mayoría de sus ministros y asesores.
Este cuento me lo ha enviado Ignacio Ramonet, amigo con el que me crié en Tánger y con el que compartí mi estancia en París. Como muchos saben, Ignacio ha sido uno de los directores de referencia de Le Monde Diplomatique en Francia y es actualmente el presidente de la empresa que edita Le Monde Diplomatique en español. El cuento tiene una relación estrecha con Francia, pero creo que se puede aplicar a otros países…aunque en esos países no exista la ENA.
Buenas noches, buena suerte, Salud y Bien Común
Paco Álvarez
domingo, 5 de marzo de 2023
¿Por qué los oligarcas engreídos rigen nuestro mundo?
Hace algunos años —creo que fue en 2015— recibí una lección rápida sobre lo fácil que es convertirse en una persona detestable. Era un orador invitado en una conferencia en São Paulo, Brasil, y mi vuelo de llegada se retrasó mucho. Los organizadores, preocupados de que no llegara a la hora de mi ponencia debido al tristemente célebre tráfico de la ciudad, hicieron arreglos para recogerme en el aeropuerto y llevarme directamente al techo del hotel en helicóptero.
Luego, cuando terminó la conferencia, había un automóvil esperando para llevarme de regreso al aeropuerto. Por un minuto me sorprendí pensando: “¿Qué? ¿Tengo que irme en coche?”.
Por cierto, en la vida real suelo desplazarme casi a todos lados en metro.
En fin, la lección que aprendí de mi momento de mezquindad fue que los privilegios corrompen y generan con mucha facilidad una sensación de que se tiene derecho a ellos. Y, con toda seguridad, parafraseando a lord Acton, los enormes privilegios corrompen enormemente, en parte porque los muy privilegiados por lo general están rodeados de personas que jamás se atreverían a decirles que se están comportando mal.
Por eso no me sorprende el espectáculo de autoinmolación de la reputación de Elon Musk. Fascinado, sin duda… ¿quién no está? Pero cuando un hombre inmensamente rico y acostumbrado no solo a obtener siempre lo que quiere, sino también a ser un ícono venerado, descubre que no solo está perdiendo su aura, sino que además se está convirtiendo en objeto de burlas masivas, por supuesto que reacciona fustigando de manera errática y, en el proceso, empeora aún más sus problemas.
La pregunta más interesante es por qué en la actualidad estamos regidos por ese tipo de personas. Claramente estamos viviendo en la era del oligarca engreído.
Como recientemente señaló Kevin Roose en el Times, Musk todavía tiene muchos admiradores en el mundo de la tecnología. No lo ven como alguien malcriado que hace pataletas, sino como alguien que entiende cómo se debe manejar el mundo, una ideología que el escritor John Ganz llama “bossism”, la creencia de que la gente poderosa no debería tener que dar explicaciones a la gente común y corriente, ni siquiera enfrentar sus críticas. Los adeptos de esa ideología obviamente tienen mucho poder, aun si ese poder todavía no protege a personas como Musk de ser abucheadas en público.
Pero ¿cómo es posible esto?
En realidad, no es una sorpresa que el progreso tecnológico y el creciente producto interno bruto no hayan creado una sociedad feliz e igualitaria. Desde que tengo memoria, tanto el análisis serio como la cultura popular han generado visiones pesimistas del futuro. Pero los críticos sociales, como John Kenneth Galbraith, y los escritores especulativos, como William Gibson, generalmente imaginaban distopías corporativistas que suprimían la individualidad, no sociedades dominadas por plutócratas ególatras y susceptibles que exhibían sus inseguridades a la vista del público.
Entonces, ¿qué sucedió?
Sin duda, parte de la respuesta es la gran concentración de la riqueza entre los más ricos. Antes del fiasco con Twitter, ya muchas personas comparaban a Elon Musk con Howard Hughes en el declive de sus últimos años. Sin embargo, la riqueza de Hughes, incluso calculada en dólares actuales, es trivial en comparación con la de Musk, aun tras la reciente caída de las acciones de Tesla. En términos más generales, los mejores cálculos disponibles afirman que la proporción de la riqueza total en manos del 0,00001 por ciento más rico hoy en día se ha multiplicado casi 10 veces con respecto a hace cuatro décadas. Además, es indudable que la inmensa riqueza de la superélite moderna ha generado mucho poder, incluido el poder de actuar como un niño malcriado.
Más allá de eso, muchos de los supermillonarios, que como clase solían ser en su mayoría reservados, ahora se han vuelto celebridades. El arquetipo del innovador que se enriquece mientras cambia el mundo no es nuevo; se remonta al menos hasta Thomas Edison. Pero las grandes fortunas construidas en el sector de la tecnología de la información convirtieron este relato en un culto en toda regla, repleto de tipos aspirantes a Steve Jobs o parecidos a él.
Sin duda, el culto al genio emprendedor ha jugado un papel importante en la debacle gradual de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried de FTX no estaba vendiendo un producto real, ni tampoco se sabe que lo estén haciendo sus antiguos competidores que todavía no se han declarado en bancarrota: después de todo este tiempo, a nadie se le ha ocurrido un uso significativo en el mundo real para las criptomonedas que no sea lavado de dinero. Más bien, lo que Bankman-Fried vendía era una imagen: la del visionario con cabello desprolijo y vestimenta desaliñada que entiende el futuro como la gente normal no puede hacerlo.
Musk no está exactamente en la misma categoría. Sus compañías producen automóviles que en verdad se desplazan y cohetes que en verdad viajan. Pero las ventas y en especial el valor de mercado de sus empresas dependen, al menos en parte, de la fuerza de su marca personal, a la cual parece que no puede dejar de destrozar cada día.
Al final, Musk y Bankman-Fried podrían terminar haciendo un gran servicio público al empañar el mito del genio emprendedor, que tanto daño ha hecho. Pero, por ahora, las gracias de Musk en Twitter están degradando lo que se había convertido en un recurso útil, un lugar al que algunos de nosotros acudíamos para obtener información de personas que realmente sabían de lo que estaban hablando. Y parece cada vez más improbable que esta historia vaya a tener un final feliz.
¡Ah!, y si esta columna hace que me suspendan de Twitter —o si el sitio simplemente muere por la mala gestión—, pueden seguir en Mastodon algunas de las cosas en las que pienso, al igual que las opiniones de un número cada vez mayor de refugiados de Twitter.
Paul Krugman ha sido columnista de Opinión desde 2000 y también es profesor distinguido en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2008 por su trabajo sobre comercio internacional y geografía económica. @PaulKrugman
https://www.nytimes.com/es/2022/12/22/espanol/opinion/elon-musk-twitter-sam-bankman-ftx.html
Luego, cuando terminó la conferencia, había un automóvil esperando para llevarme de regreso al aeropuerto. Por un minuto me sorprendí pensando: “¿Qué? ¿Tengo que irme en coche?”.
Por cierto, en la vida real suelo desplazarme casi a todos lados en metro.
En fin, la lección que aprendí de mi momento de mezquindad fue que los privilegios corrompen y generan con mucha facilidad una sensación de que se tiene derecho a ellos. Y, con toda seguridad, parafraseando a lord Acton, los enormes privilegios corrompen enormemente, en parte porque los muy privilegiados por lo general están rodeados de personas que jamás se atreverían a decirles que se están comportando mal.
Por eso no me sorprende el espectáculo de autoinmolación de la reputación de Elon Musk. Fascinado, sin duda… ¿quién no está? Pero cuando un hombre inmensamente rico y acostumbrado no solo a obtener siempre lo que quiere, sino también a ser un ícono venerado, descubre que no solo está perdiendo su aura, sino que además se está convirtiendo en objeto de burlas masivas, por supuesto que reacciona fustigando de manera errática y, en el proceso, empeora aún más sus problemas.
La pregunta más interesante es por qué en la actualidad estamos regidos por ese tipo de personas. Claramente estamos viviendo en la era del oligarca engreído.
Como recientemente señaló Kevin Roose en el Times, Musk todavía tiene muchos admiradores en el mundo de la tecnología. No lo ven como alguien malcriado que hace pataletas, sino como alguien que entiende cómo se debe manejar el mundo, una ideología que el escritor John Ganz llama “bossism”, la creencia de que la gente poderosa no debería tener que dar explicaciones a la gente común y corriente, ni siquiera enfrentar sus críticas. Los adeptos de esa ideología obviamente tienen mucho poder, aun si ese poder todavía no protege a personas como Musk de ser abucheadas en público.
Pero ¿cómo es posible esto?
En realidad, no es una sorpresa que el progreso tecnológico y el creciente producto interno bruto no hayan creado una sociedad feliz e igualitaria. Desde que tengo memoria, tanto el análisis serio como la cultura popular han generado visiones pesimistas del futuro. Pero los críticos sociales, como John Kenneth Galbraith, y los escritores especulativos, como William Gibson, generalmente imaginaban distopías corporativistas que suprimían la individualidad, no sociedades dominadas por plutócratas ególatras y susceptibles que exhibían sus inseguridades a la vista del público.
Entonces, ¿qué sucedió?
Sin duda, parte de la respuesta es la gran concentración de la riqueza entre los más ricos. Antes del fiasco con Twitter, ya muchas personas comparaban a Elon Musk con Howard Hughes en el declive de sus últimos años. Sin embargo, la riqueza de Hughes, incluso calculada en dólares actuales, es trivial en comparación con la de Musk, aun tras la reciente caída de las acciones de Tesla. En términos más generales, los mejores cálculos disponibles afirman que la proporción de la riqueza total en manos del 0,00001 por ciento más rico hoy en día se ha multiplicado casi 10 veces con respecto a hace cuatro décadas. Además, es indudable que la inmensa riqueza de la superélite moderna ha generado mucho poder, incluido el poder de actuar como un niño malcriado.
Más allá de eso, muchos de los supermillonarios, que como clase solían ser en su mayoría reservados, ahora se han vuelto celebridades. El arquetipo del innovador que se enriquece mientras cambia el mundo no es nuevo; se remonta al menos hasta Thomas Edison. Pero las grandes fortunas construidas en el sector de la tecnología de la información convirtieron este relato en un culto en toda regla, repleto de tipos aspirantes a Steve Jobs o parecidos a él.
Sin duda, el culto al genio emprendedor ha jugado un papel importante en la debacle gradual de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried de FTX no estaba vendiendo un producto real, ni tampoco se sabe que lo estén haciendo sus antiguos competidores que todavía no se han declarado en bancarrota: después de todo este tiempo, a nadie se le ha ocurrido un uso significativo en el mundo real para las criptomonedas que no sea lavado de dinero. Más bien, lo que Bankman-Fried vendía era una imagen: la del visionario con cabello desprolijo y vestimenta desaliñada que entiende el futuro como la gente normal no puede hacerlo.
Musk no está exactamente en la misma categoría. Sus compañías producen automóviles que en verdad se desplazan y cohetes que en verdad viajan. Pero las ventas y en especial el valor de mercado de sus empresas dependen, al menos en parte, de la fuerza de su marca personal, a la cual parece que no puede dejar de destrozar cada día.
Al final, Musk y Bankman-Fried podrían terminar haciendo un gran servicio público al empañar el mito del genio emprendedor, que tanto daño ha hecho. Pero, por ahora, las gracias de Musk en Twitter están degradando lo que se había convertido en un recurso útil, un lugar al que algunos de nosotros acudíamos para obtener información de personas que realmente sabían de lo que estaban hablando. Y parece cada vez más improbable que esta historia vaya a tener un final feliz.
¡Ah!, y si esta columna hace que me suspendan de Twitter —o si el sitio simplemente muere por la mala gestión—, pueden seguir en Mastodon algunas de las cosas en las que pienso, al igual que las opiniones de un número cada vez mayor de refugiados de Twitter.
Paul Krugman ha sido columnista de Opinión desde 2000 y también es profesor distinguido en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2008 por su trabajo sobre comercio internacional y geografía económica. @PaulKrugman
https://www.nytimes.com/es/2022/12/22/espanol/opinion/elon-musk-twitter-sam-bankman-ftx.html
miércoles, 1 de marzo de 2023
28F: La economía andaluza ante otro año de incertidumbre
La economía internacional sigue desenvolviéndose en medio de grandes incertidumbres. Aunque la inflación sigue manteniéndose en primer plano -algo contenida en materia energética, pero con grandes tensiones en productos básicos que hacen mucho daño, sobre todo, a las economías familiares- lo más relevante sigue siendo que está sometida a tensiones estructurales a las que no se hace frente con determinación.
Los bancos centrales siguen empeñados en dar un tratamiento de demanda, subiendo los tipos de interés, a subidas de precios que tienen más que ver con problemas de oferta y eso está limitando las posibilidades de plena recuperación, además de amenazar con la recesión en las economías más avanzadas y, por extensión, en las más empobrecidas y endeudadas.
Las medidas de oferta y control de precios se han manifestado exitosas en los ámbitos en que se han tomado, como ha ocurrido en España sin ir más lejos, mientras que las subidas de tipos de interés más rápidas de hace décadas no logran contener los precios en proporción parecida.
Con la mirada puesta en la inflación y, además, dándole una respuesta inapropiada, es lógico que sigan sin resolverse las tensiones verdaderamente peligrosas, las amenazas más graves a las que se enfrenta la economía mundial: el efecto disruptivo que pueden tener el cambio climático, unas finanzas tan en desorden que hacen que los bancos centrales estén registrando pérdidas de cientos de miles de millones de dólares, la desigualdad creciente y sin contrapesos en medio de un progresivo deterioro de la democracia, la deuda galopante y una globalización que se ha mostrado incapaz de hacer frente con eficacia al riesgo y a los shocks inesperados que, antes o después, es inevitable que se produzcan.
Todas ellas, por una razón o por otra, afectan de algún un modo a Andalucía; no sólo por nuestra ya estrechísima vinculación con la economía internacional, sino porque aquí se manifiestan muy directamente como males a veces seculares y como problemas a los que apenas se le dan soluciones o incluso que ni siquiera se ponen sobre la mesa.
Andalucía no está enfrentándose al problema que supone el cambio climático. Pareciera más bien que se considera -si es que eso realmente sucede- como algo de otro mundo, una cuestión si acaso planetaria que no afecta a nuestras competencias.
El desprecio hacia el medio ambiente con el que se gobierna, los pasos atrás que se están dando en su protección y la falta de centralidad de la defensa y conservación de nuestros recursos naturales en las políticas de la Junta de Andalucía son una verdadera desgracia. No solo porque una gran parte de nuestra economía depende todavía del medio natural, sino porque somos quizá la porción de tierra europea en donde más gravemente y antes puede que se manifiesten los efectos destructores del cambio climático. Proteger nuestras costas y acuíferos debería ser una cuestión de Estado y, sin embargo, es raro leer una referencia del consejo de gobierno de la Junta en la que no se mencione alguna medida que lesione nuestro ecosistema.
Que los dirigentes políticos y empresariales andaluces sigan creyendo que es posible llevar a cabo cualquier tipo de reforzamiento de nuestra economía (no digo ya en un sentido más o menos progresista sino en cualquiera) sin disponer de un sistema financiero propio es una ingenuidad tan grande que se acerca a la irresponsabilidad. Mucho más, cuando el presidente de la Junta alardea de andalucismo y reivindica «poder andaluz». Si la crisis financiera se desata, como es inevitable que ocurra antes o después, nos enfrentaremos a grandes dificultades. Y, mientras tanto, las empresas y la economía andaluza en general seguirán careciendo de la financiación específica y especializada que requiere cualquier proyecto económico de nuevo tipo.
Es inconcebible también que no se entienda que la desigualdad, en nuestra tierra expresada también como desvertebración y como desequilibrios no solo de renta personal sino en todos los ámbitos de la vida económica, es una rémora insalvable para nuestra economía y no solo un asunto moral. No hay nada que afecte más negativamente a nuestro mercado interno, siempre débil y por eso incapaz de convertirse en motor efectivo de actividad productiva, que la concentración del ingreso y la riqueza. Es curioso que las empresas que debieran ser las que más firmemente reclamaran políticas que impulsaran el consumo sean, sin embargo, las que primero se revuelven cuando se toman medidas (el gobierno central y no el autonómico que es a quien más falta le hacen) que impulsan la demanda y sostienen las ventas. Única forma, junto a la de poseer un sistema financiero propio y al servicio de la actividad productiva, de combatir con eficacia la deuda que va a explotar en nuestras narices más pronto que tarde.
Tampoco se está haciendo gran cosa para aprovechar la gran oportunidad que, paradójica y afortunadamente, proporciona a economías como la nuestra la crisis de la globalización.
La falta de resiliencia de la globalización neoliberal, la inseguridad y el riesgo acumulado que esa carencia conlleva, están haciendo que miles de empresas se replanteen no solo su localización sino su forma de aprovisionarse, producir y distribuir sus productos. Vivimos, desde antes de la pandemia, una auténtica crisis industrial global de la que apenas se habla y Andalucía no está haciendo nada para aprovecharse de ello.
Deberían ponerse en marcha acuerdos y planes transversales, entre el sector público y las empresas, para poder atraer el nuevo tipo de capital y de relaciones industriales que se están poniendo en marcha para superar los problemas que el propio capitalismo está generando a las empresas capitalistas.
Andalucía podría convertirse en un foco potentísimo de atracción de capital para generar nuevos tipos de economía circular, de producción y distribución sostenible, segura y resiliente. Nuestro espacio terrestre es un enclave privilegiado y disponemos de los recursos que miles de empresas están buscando para reubicarse. Pero que no se van a atraer con pasividad y ofreciendo tan solo oportunidades para dar pelotazos que parece que es lo único que saben preparar con esmero nuestras autoridades. Ni tampoco desmantelando los servicios públicos y debilitando la capacidad interventora del sector público, porque nada de lo que se está gestando en el nuevo orden industrial y financiero emergente se podrá poner en pie con la exclusiva iniciativa del capital privado. Desgraciadamente y como nos ha ocurrido tantas veces en nuestra historia, nuestras clases dirigentes, siempre tan dramáticamente conservadoras, dan la espalda al progreso y a la innovación, preocupadas como están siempre de mantener el statu quo y sus privilegios.
Los bancos centrales siguen empeñados en dar un tratamiento de demanda, subiendo los tipos de interés, a subidas de precios que tienen más que ver con problemas de oferta y eso está limitando las posibilidades de plena recuperación, además de amenazar con la recesión en las economías más avanzadas y, por extensión, en las más empobrecidas y endeudadas.
Las medidas de oferta y control de precios se han manifestado exitosas en los ámbitos en que se han tomado, como ha ocurrido en España sin ir más lejos, mientras que las subidas de tipos de interés más rápidas de hace décadas no logran contener los precios en proporción parecida.
Con la mirada puesta en la inflación y, además, dándole una respuesta inapropiada, es lógico que sigan sin resolverse las tensiones verdaderamente peligrosas, las amenazas más graves a las que se enfrenta la economía mundial: el efecto disruptivo que pueden tener el cambio climático, unas finanzas tan en desorden que hacen que los bancos centrales estén registrando pérdidas de cientos de miles de millones de dólares, la desigualdad creciente y sin contrapesos en medio de un progresivo deterioro de la democracia, la deuda galopante y una globalización que se ha mostrado incapaz de hacer frente con eficacia al riesgo y a los shocks inesperados que, antes o después, es inevitable que se produzcan.
Todas ellas, por una razón o por otra, afectan de algún un modo a Andalucía; no sólo por nuestra ya estrechísima vinculación con la economía internacional, sino porque aquí se manifiestan muy directamente como males a veces seculares y como problemas a los que apenas se le dan soluciones o incluso que ni siquiera se ponen sobre la mesa.
Andalucía no está enfrentándose al problema que supone el cambio climático. Pareciera más bien que se considera -si es que eso realmente sucede- como algo de otro mundo, una cuestión si acaso planetaria que no afecta a nuestras competencias.
El desprecio hacia el medio ambiente con el que se gobierna, los pasos atrás que se están dando en su protección y la falta de centralidad de la defensa y conservación de nuestros recursos naturales en las políticas de la Junta de Andalucía son una verdadera desgracia. No solo porque una gran parte de nuestra economía depende todavía del medio natural, sino porque somos quizá la porción de tierra europea en donde más gravemente y antes puede que se manifiesten los efectos destructores del cambio climático. Proteger nuestras costas y acuíferos debería ser una cuestión de Estado y, sin embargo, es raro leer una referencia del consejo de gobierno de la Junta en la que no se mencione alguna medida que lesione nuestro ecosistema.
Que los dirigentes políticos y empresariales andaluces sigan creyendo que es posible llevar a cabo cualquier tipo de reforzamiento de nuestra economía (no digo ya en un sentido más o menos progresista sino en cualquiera) sin disponer de un sistema financiero propio es una ingenuidad tan grande que se acerca a la irresponsabilidad. Mucho más, cuando el presidente de la Junta alardea de andalucismo y reivindica «poder andaluz». Si la crisis financiera se desata, como es inevitable que ocurra antes o después, nos enfrentaremos a grandes dificultades. Y, mientras tanto, las empresas y la economía andaluza en general seguirán careciendo de la financiación específica y especializada que requiere cualquier proyecto económico de nuevo tipo.
Es inconcebible también que no se entienda que la desigualdad, en nuestra tierra expresada también como desvertebración y como desequilibrios no solo de renta personal sino en todos los ámbitos de la vida económica, es una rémora insalvable para nuestra economía y no solo un asunto moral. No hay nada que afecte más negativamente a nuestro mercado interno, siempre débil y por eso incapaz de convertirse en motor efectivo de actividad productiva, que la concentración del ingreso y la riqueza. Es curioso que las empresas que debieran ser las que más firmemente reclamaran políticas que impulsaran el consumo sean, sin embargo, las que primero se revuelven cuando se toman medidas (el gobierno central y no el autonómico que es a quien más falta le hacen) que impulsan la demanda y sostienen las ventas. Única forma, junto a la de poseer un sistema financiero propio y al servicio de la actividad productiva, de combatir con eficacia la deuda que va a explotar en nuestras narices más pronto que tarde.
Tampoco se está haciendo gran cosa para aprovechar la gran oportunidad que, paradójica y afortunadamente, proporciona a economías como la nuestra la crisis de la globalización.
La falta de resiliencia de la globalización neoliberal, la inseguridad y el riesgo acumulado que esa carencia conlleva, están haciendo que miles de empresas se replanteen no solo su localización sino su forma de aprovisionarse, producir y distribuir sus productos. Vivimos, desde antes de la pandemia, una auténtica crisis industrial global de la que apenas se habla y Andalucía no está haciendo nada para aprovecharse de ello.
Deberían ponerse en marcha acuerdos y planes transversales, entre el sector público y las empresas, para poder atraer el nuevo tipo de capital y de relaciones industriales que se están poniendo en marcha para superar los problemas que el propio capitalismo está generando a las empresas capitalistas.
Andalucía podría convertirse en un foco potentísimo de atracción de capital para generar nuevos tipos de economía circular, de producción y distribución sostenible, segura y resiliente. Nuestro espacio terrestre es un enclave privilegiado y disponemos de los recursos que miles de empresas están buscando para reubicarse. Pero que no se van a atraer con pasividad y ofreciendo tan solo oportunidades para dar pelotazos que parece que es lo único que saben preparar con esmero nuestras autoridades. Ni tampoco desmantelando los servicios públicos y debilitando la capacidad interventora del sector público, porque nada de lo que se está gestando en el nuevo orden industrial y financiero emergente se podrá poner en pie con la exclusiva iniciativa del capital privado. Desgraciadamente y como nos ha ocurrido tantas veces en nuestra historia, nuestras clases dirigentes, siempre tan dramáticamente conservadoras, dan la espalda al progreso y a la innovación, preocupadas como están siempre de mantener el statu quo y sus privilegios.
viernes, 24 de febrero de 2023
Alemania, un Estado cobarde
Alemania viene actuando con extrema crueldad contra otros países para defender sus intereses. Su comportamiento en la Unión Europea es el del socio altivo que se sabe más poderoso y en condiciones de imponer las condiciones a los demás. Durante decenios se ha presentado a sí misma como expresión de todas las virtudes posibles mientras hacía chanza de otros más débiles y no ha dudado en escribir con sangre, como hizo con Grecia, las letras que condenaban a pueblos enteros.
En los últimos tiempos se está comprobando que el gigante tiene los pies de barro. Alemania se está mostrando al mundo como un Estado cobarde e incapaz de actuar con dignidad cuando se trata de hacer frente no a alguien más débil sino a los poderosos de verdad. La sumisión de los alemanes ante Estados Unidos es vergonzosa. La gran potencia no sólo le impone su política sino que ha llevado a cabo actos terroristas contra sus activos, como cada día es más claro que ocurrió con el bombardeo del gaseoducto de Nord Stream, sin que Alemania se atreva a rechistar.
Este ultimo costó a Alemania miles de millones de euros y el periodista estadounidense Seymour Hersh acaba de mostrar que fue destruido por buzos de Estados Unidos y noruegos. Alemania calla y sigue considerando aliado a quien actúa de esa manera.
No se puede expresar de una forma más clara y patente cómo funciona en realidad nuestro mundo y la falta de dignidad, de coherencia y de vergüenza de quienes lo tienen en sus manos. ¿Cómo denominar a quien es cruel y cobarde a la vez?
En los últimos tiempos se está comprobando que el gigante tiene los pies de barro. Alemania se está mostrando al mundo como un Estado cobarde e incapaz de actuar con dignidad cuando se trata de hacer frente no a alguien más débil sino a los poderosos de verdad. La sumisión de los alemanes ante Estados Unidos es vergonzosa. La gran potencia no sólo le impone su política sino que ha llevado a cabo actos terroristas contra sus activos, como cada día es más claro que ocurrió con el bombardeo del gaseoducto de Nord Stream, sin que Alemania se atreva a rechistar.
Este ultimo costó a Alemania miles de millones de euros y el periodista estadounidense Seymour Hersh acaba de mostrar que fue destruido por buzos de Estados Unidos y noruegos. Alemania calla y sigue considerando aliado a quien actúa de esa manera.
No se puede expresar de una forma más clara y patente cómo funciona en realidad nuestro mundo y la falta de dignidad, de coherencia y de vergüenza de quienes lo tienen en sus manos. ¿Cómo denominar a quien es cruel y cobarde a la vez?
jueves, 16 de febrero de 2023
El impagable favor de Biden a la teoría económica
Durante muchas décadas la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de las grandes potencias han repetido una misma cantinela inspirada por los economistas convencionales: el proteccionismo es malo y lo mejor es que los países abran de par en par sus fronteras al comercio y a los capitales. Los economistas críticos (no necesariamente de izquierdas) han denunciado esa idea no sólo porque es falsa y no tiene fundamento científico sino porque, además, es lo contrario de lo que ellos mismos practicaban.
Efectivamente, la teoría económica nunca ha podido demostrar que el librecambio sea más ventajoso que el proteccionismo salvo que se den una serie de condiciones tan estrictas que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que se produzcan (las explico con detalle en mi libro Econofakes). Como ha escrito Paul Krugman (a quién le dieron el Premio del Banco de Suecia equipado al Nobel precisamente por sus estudios sobre el comercio internacional) «la teoría económica dice que el libre comercio normalmente hace a un país más rico, pero no dice que normalmente sea bueno para todos».
También es un hecho que ninguna de las economías que ha llegado a convertirse en país desarrollado y menos aún las grandes potencias, ha practicado en algún momento el librecambio. Todas ellas se han protegido y lo siguen haciendo, a través de aranceles, contingentes, ayudas, subsidios, o medidas más sutiles que suponen barreras infranqueables para los productos provenientes de otros países.
La constante a lo largo de la historia es clara: librecambio en la teoría para conseguir que los demás se abran de par en par y se desprotejan, y proteccionismo a mansalva de los ricos.
El lenguaje de los dirigentes políticos ha sido siempre doble e inmoral y cuando alguien osaba poner en cuestión la falsedad sobre la que se basaba la realidad del comercio internacional y la necesidad de proteger los intereses nacionales eran condenado o ridiculizado.
Hace unos años, Pablo Iglesias criticó la ideología del librecambio y uno de los más conocidos economistas de nómina españoles, José Carlos Díez, le espetó en Twitter: «Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libre comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento».
Es una de las típicas descalificaciones que hace este economista, carentes de fundamento y cargadas solamente de maldad. Por un lado, porque la puesta en cuestión de las ventajas del librecambio no es algo propio de Marx, salvo que se crea que Krugman es marxista. Y, por otro, porque la alternativa que defienden quienes hoy día criticamos la falsedad del librecambio y el doble discurso de quienes lo defienden practicando lo contrario, no es la autarquía y ni siquiera el proteccionismo de antaño, sino un nuevo tipo de regulación comercial internacional que proporcione seguridad, eficiencia, equilibrio, cuidado del medio ambiente y equidad.
Tanto es así, que ha sido nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos quien ha reivindicado hace unos días, sin ningún pudor y expresamente, el proteccionismo económico.
Que un presidente de Estados Unidos tome medidas proteccionistas, como las que ha adoptado Biden en su ley contra la inflación y que ahora defiende, no es ninguna novedad. Todos, absolutamente todos los presidentes anteriores lo han hecho, como he señalado. Lo interesante es que ya no se mantenga el discurso falso habitual, que expresen abiertamente sus propósitos y no tengan miedo de mostrar al mundo que la defensa del librecambio y la reivindicación de sus ventajas es un cuento.
Hace Biden un favor impagable a la teoría económica cuando se expresa en estos términos porque ayudará a que cada día queden más en evidencia los economistas y políticos que defienden lo que la realidad a todas luces contradice. ¿O es que se han vuelto locos los dirigentes estadounidenses y defienden para su economía la peor de las opciones? ¿Cómo es que no optan por el librecambio, si es tan ventajoso, a la hora de diseñar sus políticas industriales? ¿Por qué no protestan las empresas de Estados Unidos cuando el gobierno anuncia docenas de miles de millones de dólares en ayudas y subsidios para que no tengan que depender de la producción extranjera? ¿Alguien puede creer que el librecambio tenga las ventajas que dicen sus defensores y que la primera potencia mundial no lo adopte como estrategia? ¿Es fruto de la casualidad que no sólo Estados Unidos, sino todas las grandes potencias se protejan y que, al mismo tiempo, reclaman a las economías más atrasadas que se abran para que sus capitales las penetren sin freno y para invadirlas con sus productos subsidiados? ¿Seguro que no hay gato encerrado en la defensa a ultranza del librecambio?
Y lo sorprendente de todo esto es que, mientras que Biden se quita la máscara, los dirigentes de la Unión Europea se escandalicen por sus palabras y se empeñen en mantener el doble lenguaje, porque lo cierto es que Europa ha sido y es tan proteccionista o más que Estados Unidos. Otra cosa es a quién protege cada uno y por qué.
Si el puro pragmatismo de los ricos había demostrado que el proteccionismo (como dije, solo equivalente a autarquía para los malvados o ignorantes) es realmente más ventajoso, la pandemia y los problemas de suministro e inseguridad subsiguientes lo han dejado mucho más claro aún.
Las economías que opten por enfrentarse a lo que viene a pecho descubierto, sin defenderse ni protegerse van a resultar heridas sin remedio. El comercio internacional es imprescindible y hay que fortalecerlo, pero debe hacerse sobre bases equilibradas, sin imponer a los demás lo que uno no cumple y garantizando la seguridad y la generación de ingreso. La protección de los intereses nacionales, garantizar el suministro de productos esenciales, promover una reindustrialización orientada a las transiciones que son imprescindibles y salvar el tejido empresarial, el empleo y el bienestar no es una opción, es una exigencia en la economía de nuestro tiempo. Sin ese nuevo tipo de proteccionismo será imposible hacer frente a la crisis que viene. Y, a los economistas que sigan empeñados en defender el cuento del librecambio, terminarán diciéndoles lo mismo que le ha dicho Biden a quienes le criticaban por su defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos: «¡Al infierno con eso!»
Efectivamente, la teoría económica nunca ha podido demostrar que el librecambio sea más ventajoso que el proteccionismo salvo que se den una serie de condiciones tan estrictas que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que se produzcan (las explico con detalle en mi libro Econofakes). Como ha escrito Paul Krugman (a quién le dieron el Premio del Banco de Suecia equipado al Nobel precisamente por sus estudios sobre el comercio internacional) «la teoría económica dice que el libre comercio normalmente hace a un país más rico, pero no dice que normalmente sea bueno para todos».
También es un hecho que ninguna de las economías que ha llegado a convertirse en país desarrollado y menos aún las grandes potencias, ha practicado en algún momento el librecambio. Todas ellas se han protegido y lo siguen haciendo, a través de aranceles, contingentes, ayudas, subsidios, o medidas más sutiles que suponen barreras infranqueables para los productos provenientes de otros países.
La constante a lo largo de la historia es clara: librecambio en la teoría para conseguir que los demás se abran de par en par y se desprotejan, y proteccionismo a mansalva de los ricos.
El lenguaje de los dirigentes políticos ha sido siempre doble e inmoral y cuando alguien osaba poner en cuestión la falsedad sobre la que se basaba la realidad del comercio internacional y la necesidad de proteger los intereses nacionales eran condenado o ridiculizado.
Hace unos años, Pablo Iglesias criticó la ideología del librecambio y uno de los más conocidos economistas de nómina españoles, José Carlos Díez, le espetó en Twitter: «Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libre comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento».
Es una de las típicas descalificaciones que hace este economista, carentes de fundamento y cargadas solamente de maldad. Por un lado, porque la puesta en cuestión de las ventajas del librecambio no es algo propio de Marx, salvo que se crea que Krugman es marxista. Y, por otro, porque la alternativa que defienden quienes hoy día criticamos la falsedad del librecambio y el doble discurso de quienes lo defienden practicando lo contrario, no es la autarquía y ni siquiera el proteccionismo de antaño, sino un nuevo tipo de regulación comercial internacional que proporcione seguridad, eficiencia, equilibrio, cuidado del medio ambiente y equidad.
Tanto es así, que ha sido nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos quien ha reivindicado hace unos días, sin ningún pudor y expresamente, el proteccionismo económico.
Que un presidente de Estados Unidos tome medidas proteccionistas, como las que ha adoptado Biden en su ley contra la inflación y que ahora defiende, no es ninguna novedad. Todos, absolutamente todos los presidentes anteriores lo han hecho, como he señalado. Lo interesante es que ya no se mantenga el discurso falso habitual, que expresen abiertamente sus propósitos y no tengan miedo de mostrar al mundo que la defensa del librecambio y la reivindicación de sus ventajas es un cuento.
Hace Biden un favor impagable a la teoría económica cuando se expresa en estos términos porque ayudará a que cada día queden más en evidencia los economistas y políticos que defienden lo que la realidad a todas luces contradice. ¿O es que se han vuelto locos los dirigentes estadounidenses y defienden para su economía la peor de las opciones? ¿Cómo es que no optan por el librecambio, si es tan ventajoso, a la hora de diseñar sus políticas industriales? ¿Por qué no protestan las empresas de Estados Unidos cuando el gobierno anuncia docenas de miles de millones de dólares en ayudas y subsidios para que no tengan que depender de la producción extranjera? ¿Alguien puede creer que el librecambio tenga las ventajas que dicen sus defensores y que la primera potencia mundial no lo adopte como estrategia? ¿Es fruto de la casualidad que no sólo Estados Unidos, sino todas las grandes potencias se protejan y que, al mismo tiempo, reclaman a las economías más atrasadas que se abran para que sus capitales las penetren sin freno y para invadirlas con sus productos subsidiados? ¿Seguro que no hay gato encerrado en la defensa a ultranza del librecambio?
Y lo sorprendente de todo esto es que, mientras que Biden se quita la máscara, los dirigentes de la Unión Europea se escandalicen por sus palabras y se empeñen en mantener el doble lenguaje, porque lo cierto es que Europa ha sido y es tan proteccionista o más que Estados Unidos. Otra cosa es a quién protege cada uno y por qué.
Si el puro pragmatismo de los ricos había demostrado que el proteccionismo (como dije, solo equivalente a autarquía para los malvados o ignorantes) es realmente más ventajoso, la pandemia y los problemas de suministro e inseguridad subsiguientes lo han dejado mucho más claro aún.
Las economías que opten por enfrentarse a lo que viene a pecho descubierto, sin defenderse ni protegerse van a resultar heridas sin remedio. El comercio internacional es imprescindible y hay que fortalecerlo, pero debe hacerse sobre bases equilibradas, sin imponer a los demás lo que uno no cumple y garantizando la seguridad y la generación de ingreso. La protección de los intereses nacionales, garantizar el suministro de productos esenciales, promover una reindustrialización orientada a las transiciones que son imprescindibles y salvar el tejido empresarial, el empleo y el bienestar no es una opción, es una exigencia en la economía de nuestro tiempo. Sin ese nuevo tipo de proteccionismo será imposible hacer frente a la crisis que viene. Y, a los economistas que sigan empeñados en defender el cuento del librecambio, terminarán diciéndoles lo mismo que le ha dicho Biden a quienes le criticaban por su defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos: «¡Al infierno con eso!»
lunes, 6 de febrero de 2023
La ceguera de los empresarios que tanto daño hace a los españoles
Unas recientes declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, diciendo que los empresarios son los que crean la riqueza, muestran el desconocimiento que gran parte de la clase empresarial española tiene sobre cómo funcionan realmente la economía y sus propias empresas.
Las declaraciones son desafortunadas porque es sencillamente falso que el empresario, el dueño o el directivo de una empresa, sea por sí solo quien crea riqueza.
No podría crear ni un solo producto y, por tanto, obtener un euro de ingreso sin utilizar capital producido por otras sujetos; sin infraestructuras generalmente de construcción pública o sin bienes públicos que obligadamente debe proveer el Estado porque no puede hacerlo el mercado; sin beneficiarse del conocimiento que durante décadas han generado y acumulado otras personas; sin la investigación básica que casi nunca es rentable por sí misma y debe financiar el gobierno; sin personal más o menos cualificado empleado a su servicio; sin sistema de educación o de salus; sin clientela que disponga de ingresos, generalmente proveniente de otras actividades no necesariamente generadas por la empresa privada; sin normas legales e instituciones que lo protejan a él y a los negocios que lleva a cabo; sin impuestos, sí, sin impuestos, para que pueda financiarse el capital y el gasto público del que cualquier empresa privada, sin excepción posible, se beneficia en mayor o menor medida. La empresa, cualquier de ellas, es un sistema complejo con diferentes subsistemas o partes y no puede funcionar sin el funcionamiento interactivo de todos ellos. El empresario o el directivo es nada por sí solo: no puede crear nada sin todo ello.
Cuando un empresario dice cosas como las que acaba de decir el Sr. Roig, por lo demás un empresario de éxito que efectivamente ha creado mucha riqueza y no precisamente el que peor trata a sus empleados en España, se está manifestando la enorme ceguera con la que actúa el empresariado español. La peor de las cegueras, la que afecta, como decía José Saramago, a quienes viendo no ven, la que hace que no reconozcamos lo que tenemos delante.
Gran parte de los empresarios españoles, o al menos los dirigentes de la gran patronal que los representa, muestran también una gran ceguera cuando confunden constantemente el todo con la parte.
Una de las primeras lecciones que contiene el manual del economía más vendido de la historia, el del economista más reconocido de la segunda mitad del siglo XX, Paul A. Samuelson, es que no se debe caer en la falacia de la composición. Esta consiste en no entender que lo que es bueno o malo para un sujeto no necesariamente es bueno o malo para todos.
Cayendo desgraciadamente en esa falacia básica, los empresarios. confunden el coste salarial, cuya subida puede ser negativa para algunas empresas, con el salario como componente de la demanda que, cuando sube, incrementa los ingresos de todas las empresas en su conjunto. Así, oponiéndose a que aumente la masa salarial creyendo que se defienden, son los propios empresarios los que mantienen en el mercado a las empresas más ineficientes y recortan sus propios ingresos por ventas.
Y están ciegos los empresarios que creen que los enemigos de las empresas son los trabajadores o el gobierno cuando, en realidad, son otras empresas -las financieras y las que tienen poder de mercado- las que ahogan a la inmensa mayoría. Basta saber la deuda inmensa de miles de millones de euros que las grandes empresas del IBEX-35 tienen con las más pequeñas y medianas o el trato que reciben estas últimas cuando actúan como proveedores de las grandes (algo de lo que, por cierto, sabe y podría hablar mucho el dueño de Mercadona) para comprobarlo.
La ceguera empresarial es terrible para la economía porque las empresas son -solo un ignorante puede negarlo- una pieza esencial para crear riqueza y bienestar.
Su consecuencia, o la de que los empresarios se engañen a sí mismos, es que desprecian a todo aquello que justamente precisan para que sus empresas salgan adelante. Y esa y no otra es la razón de que tantas grandes empresas españolas hayan sido tradicionalmente tan ineficientes y un lastre para nuestra economía, más que un motor decisivo y potente, como sería de desear y necesario.
Es lamentable y tremendo observar a empresarios oponerse a que suba un salario mínimo que, prácticamente en su totalidad, se convierte automáticamente en ventas e ingresos empresariales; verlos combatir las políticas del gobierno que sostienen la demanda y proporcionan los bienes públicos que las empresas necesitan inevitablemente para funcionar; reclamar recortes de gasto público que inmediatamente que se produce se transforma en ingreso del sector privado; oírlos criticar los impuestos que financian lo que sus empresas necesitan y no podrían sufragar nunca por sí mismas; contemplar a miles de ellas sometidas en silencio ante el poder de las más grandes e irresponsables, tan contrario a la ineficiencia y a las leyes que deben regir el funcionamiento de los mercados, que agobia y arruina a miles de empresarios, algunos con menos ingresos que sus propios empleados.
Cuando los empresarios se convierten en rentistas y en extractores de riqueza que generan otros en lugar de impulsores de la eficiencia, la competencia y la innovación se convierten en un lastre para la economía y el bienestar. No crean riqueza sino que la destruyen.
https://juantorreslopez.com/la-ceguera-de-los-empresarios-que-tanto-dano-hace-a-los-espanoles/
Las declaraciones son desafortunadas porque es sencillamente falso que el empresario, el dueño o el directivo de una empresa, sea por sí solo quien crea riqueza.
No podría crear ni un solo producto y, por tanto, obtener un euro de ingreso sin utilizar capital producido por otras sujetos; sin infraestructuras generalmente de construcción pública o sin bienes públicos que obligadamente debe proveer el Estado porque no puede hacerlo el mercado; sin beneficiarse del conocimiento que durante décadas han generado y acumulado otras personas; sin la investigación básica que casi nunca es rentable por sí misma y debe financiar el gobierno; sin personal más o menos cualificado empleado a su servicio; sin sistema de educación o de salus; sin clientela que disponga de ingresos, generalmente proveniente de otras actividades no necesariamente generadas por la empresa privada; sin normas legales e instituciones que lo protejan a él y a los negocios que lleva a cabo; sin impuestos, sí, sin impuestos, para que pueda financiarse el capital y el gasto público del que cualquier empresa privada, sin excepción posible, se beneficia en mayor o menor medida. La empresa, cualquier de ellas, es un sistema complejo con diferentes subsistemas o partes y no puede funcionar sin el funcionamiento interactivo de todos ellos. El empresario o el directivo es nada por sí solo: no puede crear nada sin todo ello.
Cuando un empresario dice cosas como las que acaba de decir el Sr. Roig, por lo demás un empresario de éxito que efectivamente ha creado mucha riqueza y no precisamente el que peor trata a sus empleados en España, se está manifestando la enorme ceguera con la que actúa el empresariado español. La peor de las cegueras, la que afecta, como decía José Saramago, a quienes viendo no ven, la que hace que no reconozcamos lo que tenemos delante.
Gran parte de los empresarios españoles, o al menos los dirigentes de la gran patronal que los representa, muestran también una gran ceguera cuando confunden constantemente el todo con la parte.
Una de las primeras lecciones que contiene el manual del economía más vendido de la historia, el del economista más reconocido de la segunda mitad del siglo XX, Paul A. Samuelson, es que no se debe caer en la falacia de la composición. Esta consiste en no entender que lo que es bueno o malo para un sujeto no necesariamente es bueno o malo para todos.
Cayendo desgraciadamente en esa falacia básica, los empresarios. confunden el coste salarial, cuya subida puede ser negativa para algunas empresas, con el salario como componente de la demanda que, cuando sube, incrementa los ingresos de todas las empresas en su conjunto. Así, oponiéndose a que aumente la masa salarial creyendo que se defienden, son los propios empresarios los que mantienen en el mercado a las empresas más ineficientes y recortan sus propios ingresos por ventas.
Y están ciegos los empresarios que creen que los enemigos de las empresas son los trabajadores o el gobierno cuando, en realidad, son otras empresas -las financieras y las que tienen poder de mercado- las que ahogan a la inmensa mayoría. Basta saber la deuda inmensa de miles de millones de euros que las grandes empresas del IBEX-35 tienen con las más pequeñas y medianas o el trato que reciben estas últimas cuando actúan como proveedores de las grandes (algo de lo que, por cierto, sabe y podría hablar mucho el dueño de Mercadona) para comprobarlo.
La ceguera empresarial es terrible para la economía porque las empresas son -solo un ignorante puede negarlo- una pieza esencial para crear riqueza y bienestar.
Su consecuencia, o la de que los empresarios se engañen a sí mismos, es que desprecian a todo aquello que justamente precisan para que sus empresas salgan adelante. Y esa y no otra es la razón de que tantas grandes empresas españolas hayan sido tradicionalmente tan ineficientes y un lastre para nuestra economía, más que un motor decisivo y potente, como sería de desear y necesario.
Es lamentable y tremendo observar a empresarios oponerse a que suba un salario mínimo que, prácticamente en su totalidad, se convierte automáticamente en ventas e ingresos empresariales; verlos combatir las políticas del gobierno que sostienen la demanda y proporcionan los bienes públicos que las empresas necesitan inevitablemente para funcionar; reclamar recortes de gasto público que inmediatamente que se produce se transforma en ingreso del sector privado; oírlos criticar los impuestos que financian lo que sus empresas necesitan y no podrían sufragar nunca por sí mismas; contemplar a miles de ellas sometidas en silencio ante el poder de las más grandes e irresponsables, tan contrario a la ineficiencia y a las leyes que deben regir el funcionamiento de los mercados, que agobia y arruina a miles de empresarios, algunos con menos ingresos que sus propios empleados.
Cuando los empresarios se convierten en rentistas y en extractores de riqueza que generan otros en lugar de impulsores de la eficiencia, la competencia y la innovación se convierten en un lastre para la economía y el bienestar. No crean riqueza sino que la destruyen.
https://juantorreslopez.com/la-ceguera-de-los-empresarios-que-tanto-dano-hace-a-los-espanoles/
miércoles, 1 de febrero de 2023
Palos de ciego contra la subida de precios de alimentos básicos
Es un hecho que el gobierno de Pedro Sánchez ha estado acertado a la hora de combatir la inflación y la prueba es que España terminó 2022 con la tasa más baja de la eurozona.
Por eso me gustaría decir que estoy de acuerdo con las ministras y ministros del gobierno español que se están pronunciando y haciendo propuestas sobre la indeseable y en muchos casos impresionante subida de precios que están registrando productos básicos de la cesta de la compra familiar. Pero no lo estoy.
No me parece muy acertada, por ejemplo, la bajada del IVA recientemente aprobada.
La ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño cree que esa medida bajará los precios porque comparte lo que me parece un error sobre la naturaleza de los mercados que han expresado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, al afirmar que se trata de un mercado «en donde hay competencia» y, por tanto, en donde «no es necesario intervenir».
Con independencia de que esa afirmación es contradictoria con la intervención que supone modificar el IVA para lograr un cambio de comportamiento de las empresas a la hora de fijar precios, lo cierto es que se trata de un mercado en el que, efectivamente, hay competencia, aunque no lo que se produce en un mercado perfecto que busca la maximización del beneficio tal y como la describen los modelos teóricos, ni la que se lleva a cabo bajando márgenes, sino tratando de alcanzar la mayor cuota posible de mercado.
Por esa razón, es dudoso que efecto final de una medida como reducir el IVA sea positico porque puede provocar cambios indeseados en los hábitos de compra, no es fácil acertar con el tipo de bienes a los que realmente conviene aplicarles la bajada, no es seguro que se traslade a los consumidores y porque se benefician de ella perceptores de rentas que no lo necesitan.
Mucho me temo que la bajada del IVA sea otra de esas buenas intenciones de las que dicen que está lleno el infierno, pues puede terminar siendo tan solo un regalo adicional a las grandes empresas. Mientras que posiblemente hubiera sido mucho más eficiente y barato proporcionar ayudas directas a quien lo necesite.
De hecho, aunque algún informe señala que la bajada del IVA se está trasladando a los precios y que estos ya están bajando, una investigación de FACUA revela que siete grandes cadenas (Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona) no la están aplicando
Y no puedo sino manifestar mi estupor al leer que la ministra Calviño afirma que “es responsabilidad del sector” bajar los precios tras decidirse la bajada del IVA. En primer lugar, porque parece mentira que una ministra de Economía hable del «sector» como de un sujeto que tomas decisiones colectivas, como un monopolio. Y, en segundo lugar, porque, nos guste o no, los mercados no son mecanismos que se muevan por principios éticos o morales, por mucho que pudiera parecernos deseable.
No estoy de acuerdo tampoco con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando también vincula el problema a otra cuestión moral (la falta de piedad de los propietarios, personificados en el dueño de Mercadona) o en los márgenes de las empresas.
Podría parecernos que el mundo funcionaría mejor si todos los propietarios de capital (y el resto de los mortales) fuésemos más piadosos. Pero esa no es la cuestión. El capitalismo es lo que es, con sus defectos y virtudes, y no se le puede pedir que funcione de otro modo. Ese tipo de manifestaciones enardecen a la parte más guerrera de los propios, pero no conducen a nada más que a generar un ruido que, a mi modesto entender, no es lo que más favorece la puesta en marcha de políticas transformadoras.
Es una evidencia que los márgenes de las empresas españolas (como las de otros países de nuestro entorno) han aumentado. Ocurre siempre que hay procesos inflacionarios pues estos se producen de manera muy desigual y comportan movimientos de precios muy asimétricos en el conjunto de la economía y entre todas las empresas. Las de mayor poder de mercado se benefician siempre de la inflación y por eso muchos economistas decimos que esta última no solo tiene causas, sino también propósitos. En concreto, el de recuperar el terreno perdido subiendo precios al pescar en río revuelto.
Pero, siendo eso evidente, resulta prácticamente imposible determinar directamente (al menos sobre la marcha de las subidas) en dónde se produce real y exactamente el aumento de los márgenes, qué empresas concretas lo llevan a cabo y con qué productos de los que venden lo hacen en particular.
Por tanto, señalar al aumento de márgenes como una fuente más de la inflación (una verdad como un castillo de grande) es útil para mostrar en general la naturaleza del fenómeno que nos está afectando, pero creo yo que algo poco operativo a la hora de poner remedios concretos a las subidas de precios. Al menos, con el tipo de indicadores y datos con los que hoy día se cuenta.
No se olvide, como he señalado antes, que en el sector de la distribución de los productos alimenticios no necesariamente se gana más aumentando márgenes y que puede ocurrir que medidas bienintencionadamente destinadas a reducirlos, para favorecer una oferta más barata y asequible, terminen provocando a medio plazo una mayor concentración y, a la postre, condiciones peores que las iniciales. Un efecto perverso, por cierto, que ya se ha vivido en otros países vecinos, como Francia, en donde se ha acusado al gigante Leclerc de «canibalizar» el sector justamente reduciendo su margen en pleno proceso de subida de precios.
¿Quiere eso decir que no se puede hacer nada frente a empresas con tanto poder de mercado como estas grandes del sector de la distribución de productos alimenticios?
Tal y como ya ha hecho el gobierno de Grecia y parece que hará el de Francia, ambos conservadores y no precisamente bolcheviques, no creo que se deba descartar algún tipo de control de precios. Pero, insisto, no me parece que esto sea el remedio óptimo ni más efectivo en el caso de productos alimenticios que tanto perjudica a las rentas más bajas y, por extensión, a miles de pequeñas y medianas empresas que viven de su gasto. Y, de llevarse a cabo, creo que solo deberían establecerse con extraordinaria precisión y no a brocha gorda, sobre la base de un buen conocimiento de lo que ocurre en el mercado, con acuerdos y control efectivo.
A mi juicio, la única forma de evitar lo que está sucediendo con los precios y las dificultades de acceso a la oferta de miles de familias es generar otro tipo de canales de distribución y nuevas formas de consumo. No pedirle al capitalismo el imposible de que sea lo que no es, sino poniendo en marcha procesos que hagan y proporcionen lo que el capitalismo no puede hacer ni proporcionarnos.
El ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias acaba de señalar en uno de sus programas de La Base que, junto a los controles de precios que propone su formación, se podrían crear supermercados públicos. Eso me ha hecho recordar la propuesta que escribí (p. 50) en el documento de bases que nos pidió Podemos y que redacté junto a Vicenç Navarro en 2014: «Exploración de fórmulas (…) destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población con dificultades de acceso a la oferta actual de los mercados: creación de centrales de compras participadas por el sector público, tanto estatal como autonómico o local y organizaciones del tercer sector.»
Quizá, si entonces se nos hubiese hecho algo más de caso y se hubiera comenzado a trabajar en esa línea, ahora no tendríamos que lamentarnos tanto de lo que está ocurriendo y se darían menos palos de ciego para combatir las subidas de precios.
Por eso me gustaría decir que estoy de acuerdo con las ministras y ministros del gobierno español que se están pronunciando y haciendo propuestas sobre la indeseable y en muchos casos impresionante subida de precios que están registrando productos básicos de la cesta de la compra familiar. Pero no lo estoy.
No me parece muy acertada, por ejemplo, la bajada del IVA recientemente aprobada.
La ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño cree que esa medida bajará los precios porque comparte lo que me parece un error sobre la naturaleza de los mercados que han expresado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, al afirmar que se trata de un mercado «en donde hay competencia» y, por tanto, en donde «no es necesario intervenir».
Con independencia de que esa afirmación es contradictoria con la intervención que supone modificar el IVA para lograr un cambio de comportamiento de las empresas a la hora de fijar precios, lo cierto es que se trata de un mercado en el que, efectivamente, hay competencia, aunque no lo que se produce en un mercado perfecto que busca la maximización del beneficio tal y como la describen los modelos teóricos, ni la que se lleva a cabo bajando márgenes, sino tratando de alcanzar la mayor cuota posible de mercado.
Por esa razón, es dudoso que efecto final de una medida como reducir el IVA sea positico porque puede provocar cambios indeseados en los hábitos de compra, no es fácil acertar con el tipo de bienes a los que realmente conviene aplicarles la bajada, no es seguro que se traslade a los consumidores y porque se benefician de ella perceptores de rentas que no lo necesitan.
Mucho me temo que la bajada del IVA sea otra de esas buenas intenciones de las que dicen que está lleno el infierno, pues puede terminar siendo tan solo un regalo adicional a las grandes empresas. Mientras que posiblemente hubiera sido mucho más eficiente y barato proporcionar ayudas directas a quien lo necesite.
De hecho, aunque algún informe señala que la bajada del IVA se está trasladando a los precios y que estos ya están bajando, una investigación de FACUA revela que siete grandes cadenas (Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona) no la están aplicando
Y no puedo sino manifestar mi estupor al leer que la ministra Calviño afirma que “es responsabilidad del sector” bajar los precios tras decidirse la bajada del IVA. En primer lugar, porque parece mentira que una ministra de Economía hable del «sector» como de un sujeto que tomas decisiones colectivas, como un monopolio. Y, en segundo lugar, porque, nos guste o no, los mercados no son mecanismos que se muevan por principios éticos o morales, por mucho que pudiera parecernos deseable.
No estoy de acuerdo tampoco con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando también vincula el problema a otra cuestión moral (la falta de piedad de los propietarios, personificados en el dueño de Mercadona) o en los márgenes de las empresas.
Podría parecernos que el mundo funcionaría mejor si todos los propietarios de capital (y el resto de los mortales) fuésemos más piadosos. Pero esa no es la cuestión. El capitalismo es lo que es, con sus defectos y virtudes, y no se le puede pedir que funcione de otro modo. Ese tipo de manifestaciones enardecen a la parte más guerrera de los propios, pero no conducen a nada más que a generar un ruido que, a mi modesto entender, no es lo que más favorece la puesta en marcha de políticas transformadoras.
Es una evidencia que los márgenes de las empresas españolas (como las de otros países de nuestro entorno) han aumentado. Ocurre siempre que hay procesos inflacionarios pues estos se producen de manera muy desigual y comportan movimientos de precios muy asimétricos en el conjunto de la economía y entre todas las empresas. Las de mayor poder de mercado se benefician siempre de la inflación y por eso muchos economistas decimos que esta última no solo tiene causas, sino también propósitos. En concreto, el de recuperar el terreno perdido subiendo precios al pescar en río revuelto.
Pero, siendo eso evidente, resulta prácticamente imposible determinar directamente (al menos sobre la marcha de las subidas) en dónde se produce real y exactamente el aumento de los márgenes, qué empresas concretas lo llevan a cabo y con qué productos de los que venden lo hacen en particular.
Por tanto, señalar al aumento de márgenes como una fuente más de la inflación (una verdad como un castillo de grande) es útil para mostrar en general la naturaleza del fenómeno que nos está afectando, pero creo yo que algo poco operativo a la hora de poner remedios concretos a las subidas de precios. Al menos, con el tipo de indicadores y datos con los que hoy día se cuenta.
No se olvide, como he señalado antes, que en el sector de la distribución de los productos alimenticios no necesariamente se gana más aumentando márgenes y que puede ocurrir que medidas bienintencionadamente destinadas a reducirlos, para favorecer una oferta más barata y asequible, terminen provocando a medio plazo una mayor concentración y, a la postre, condiciones peores que las iniciales. Un efecto perverso, por cierto, que ya se ha vivido en otros países vecinos, como Francia, en donde se ha acusado al gigante Leclerc de «canibalizar» el sector justamente reduciendo su margen en pleno proceso de subida de precios.
¿Quiere eso decir que no se puede hacer nada frente a empresas con tanto poder de mercado como estas grandes del sector de la distribución de productos alimenticios?
Tal y como ya ha hecho el gobierno de Grecia y parece que hará el de Francia, ambos conservadores y no precisamente bolcheviques, no creo que se deba descartar algún tipo de control de precios. Pero, insisto, no me parece que esto sea el remedio óptimo ni más efectivo en el caso de productos alimenticios que tanto perjudica a las rentas más bajas y, por extensión, a miles de pequeñas y medianas empresas que viven de su gasto. Y, de llevarse a cabo, creo que solo deberían establecerse con extraordinaria precisión y no a brocha gorda, sobre la base de un buen conocimiento de lo que ocurre en el mercado, con acuerdos y control efectivo.
A mi juicio, la única forma de evitar lo que está sucediendo con los precios y las dificultades de acceso a la oferta de miles de familias es generar otro tipo de canales de distribución y nuevas formas de consumo. No pedirle al capitalismo el imposible de que sea lo que no es, sino poniendo en marcha procesos que hagan y proporcionen lo que el capitalismo no puede hacer ni proporcionarnos.
El ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias acaba de señalar en uno de sus programas de La Base que, junto a los controles de precios que propone su formación, se podrían crear supermercados públicos. Eso me ha hecho recordar la propuesta que escribí (p. 50) en el documento de bases que nos pidió Podemos y que redacté junto a Vicenç Navarro en 2014: «Exploración de fórmulas (…) destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población con dificultades de acceso a la oferta actual de los mercados: creación de centrales de compras participadas por el sector público, tanto estatal como autonómico o local y organizaciones del tercer sector.»
Quizá, si entonces se nos hubiese hecho algo más de caso y se hubiera comenzado a trabajar en esa línea, ahora no tendríamos que lamentarnos tanto de lo que está ocurriendo y se darían menos palos de ciego para combatir las subidas de precios.
sábado, 28 de enero de 2023
_- A sus auditoras que no las toque nadie
_- Como es sabido, el Ministerio de Trabajo ha realizado una inspección a las grandes auditoras para comprobar el cumplimiento de las normas legales en materia de jornada laboral y horas extraordinarias.
La noticia ha conmocionado a pesar de ser un secreto a voces, entre quienes conocen el sector, que las jornadas maratonianas y las horas sin pagar son allí habituales; si bien es verdad que quizá no son precisamente las grandes auditoras, sino las de menor tamaño, las que incumplen más gravemente la normativa laboral y tienen en peores condiciones a los jóvenes de sus plantillas. Y todo ello, sin entrar a considerar que la auditoría y consultoría son tipos de actividad profesional que obligadamente tienen momentos «punta», pues a veces se requiere cerrar trabajos a cualquier hora que sea; o a las que muchos jóvenes acuden, a pesar de su bajo salario e intensidad horaria, porque es también obvio que proporcionan una enorme experiencia, como si de una especie de formación de posgrado o de trampolín profesional se tratase.
En cualquier caso, la inspección de trabajo está para eso, para determinar en qué medida se respeta la legislación y evitar, si es que las hay, situaciones de explotación laboral.
Lo que me parece que está del todo injustificado es aprovechar el caso para tratar de ofrecer una imagen de estas empresas que no responde para nada a la realidad.
Esto último es lo que hace el conocido economista Daniel Lacalle, quien escribía hace unos días en su cuenta de Twitter que «el Ministerio de Trabajo debería aprender de las Big Four, no inspeccionarlas por nada».
Exagera a sabiendas Lacalle y deforma la realidad porque nadie mejor que él sabe que estas empresas tienen tras de sí una larguísima historia de fraudes, malas prácticas e incluso de delitos flagrantes en las últimas décadas. Entra las empresas de cuyo comportamiento no debiera aprender ninguna persona honrada se encuentran, sin lugar a dudas, esas cuatro: Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young y KPMG.
Estas empresas nacieron como entidades independientes para proporcionar servicios de auditoría, es decir, para verificar las cuentas de las empresas con el fin de comprobar si, según los principios y normas contables, son fiel expresión del patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos. Una función esencial en el mundo de los negocios si es que se quiere que este disponga de la información veraz y la transparencia que son fundamentales para que haya la libre competencia que sus defensores atribuyen como la esencia del capitalismo.
Con el tiempo, el sector fue concentrándose y ha llegado a ser un perfecto oligopolio en el que estas cuatro grandes controlan en muchos países más del 95% del negocio. Una situación que les permite incumplir constantemente los principios de buenas prácticas, las normas elementales de la competencia e incluso, en muchas ocasiones, la legislación penal, -tal y como han mostrado cientos de resoluciones judiciales y de los órganos de supervisión de los países en donde actúan. Sorprende, pues, que un supuesto defensor del libre mercado diga que un regulador debe aprender de lo que hace quien constantemente opera violando sus principios de funcionamiento.
Con el tiempo, además, estas cuatro grandes empresas comenzaron a combinar su actividad de auditoría con la de prestación de servicios de consultoría y eso ha terminado por producir una auténtica degeneración de su negocio por una sencilla razón: puesto que ganan unas tres veces más proporcionando servicio de consultoría, el de auditoría han de llevarlo a cabo evitando perder la clientela a quien le interesa asesorar.
Dicho en plata y tal y como es bien conocido por quien sabe cómo funciona el sector, las auditoras no firman sus informes en contra de quienes, antes o después, les pueden pagar en mayor cantidad por recibir su asesoría.
No acabo de decir algo malvado, infundado o retórico. Es algo que está perfectamente documentado en multitud de estudios e informes, demandas o casos judiciales.
Basten tan solo tres de ejemplos de esto que digo.
La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido descubrió en 2019 que ninguna de estas cuatro grandes había cumplido los objetivos de calidad de la auditoría. La Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas de Estados Unidos contabilizó 806 casos de auditorías defectuosas y que el porcentaje de auditorías inadecuadas era del 20 % en Deloitte, el 23,6 % en PwC, el 27,3 % en EY y el 50 % % en KPMG. Y se ha demostrado que en los últimos veinte años las cuatro grandes han cometido cincuenta y siete delitos financieros tan solo en el Reino Unido.
Las numerosas auditorías inadecuadas de estas auditoras tienen una enorme trascendencia y llevan consigo daños colaterales muy graves, sobre la economía en general y en concreto sobre el patrimonio de millones de personas. Baste recordar lo ocurrido después de que pasaran por alto los fraudes de Enron (Arthur Andersen), o la irresponsabilidad financiera que llevó a la quiebra a Lehman Brothers (Ernst & Young). O tras los casos producidos en España: en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (KPMG), Bankia (Deloitte), Pescanova (BDO), Aena (PricewaterhouseCoopers), entre otros.
Otras investigaciones han demostrado que estas grandes auditoras/consultoras son las que están detrás de las grandes operaciones multinacionales de elusión fiscal y lavado de dinero, en muchas ocasiones aprovechando su gran influencia sobre el poder político y legislativo. Las auditoras se han habituado tanto al fraude que, como suele decirse, hasta hacen trampas jugando al solitario: hace unos años se descubrió que en KPMG hacían trampas incluso en los exámenes internos de capacitación.
No hay mejor muestra de esto último que el caso de KPMG: en Estados Unidos se le pasaron por alto millones de hipotecas basura, contribuyendo así a que estallara la crisis, pero eso no fue óbice para que el Banco Central Europeo justamente para que contrastara la calidad de los activos de empresas a las que se proponía evaluar. O la evidente facilidad con que estas empresas logran salir inmunes, sin apenas sanciones o con multas muchísimo más reducidas que el beneficio que obtienen, de los procesos en los que constantemente se ven involucradas
Molesta que se incomode a las grandes empresas auditoras porque estas se han convertido en las garantes del capitalismo de nuestra época que no requiere transparencia y veracidad para su buen funcionamiento sino justamente la manga ancha, la doble vara de medir y la influencia en el poder político que le proporcionan estas entidades que no tienen más norte que ganar dinero por cualquier procedimiento y sin atenerse a principio ético alguno.
Daniel Lacalle, como cualquiera, está en su perfecto derecho de defender a las auditoras enfangadas en malas prácticas y que mienten y violan sin pudor las leyes del derecho y del mercado, faltaría más. Pero que no se diga entonces que se defiende el capitalismo de libre mercado y competencia con ideas liberales. Se está defendiendo la corrupción inherente a un capitalismo salvaje y de amiguetes, ineficiente y despilfarrador de recursos con un anarquismo de derechas que solo busca proteger privilegios.
Fuente: https://juantorreslopez.com/a-sus-auditoras-que-no-las-toque-nadie/
martes, 10 de enero de 2023
Carta a Sus Majestades los Reyes Magos con postdata para Felipe VI
Juan Torres López, Publicado en Público.es el 6 de enero de 2023
Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar: Habiendo comprobado desde mi infancia su extraordinaria generosidad y su mágica capacidad de transformar en realidad tantas de mis ilusiones, me permito pedirles en esta ocasión tan solo tres regalos sobre las cuestiones económicas de las que Sus Majestades saben que modestamente me ocupo.
Sobre la crisis que estamos viviendo, les pido que hagan que sea breve y leve y que las previsiones sobre su gravedad y naturaleza estructural que vengo realizando resulten equivocadas, aunque eso hiciera que se vendan menos ejemplares de mi nuevo libro Más difícil todavía que aparecerá en febrero.
En particular, quisiera pedirles que desplieguen Sus Majestades todo su poder para hacer que los organismos internacionales que constantemente nos supervisan y controlan y muy especialmente el Banco Central Europeo dejen de equivocarse en sus predicciones y, sobre todo, que no vuelvan a ser ellos, con sus medidas equivocadas, quienes creen los problemas que se supone deben resolver, como viene sucediendo desde hace décadas.
En relación con la economía española, me gustaría que Sus Majestades hicieran que se cumpla el vaticinio que vengo haciendo desde mayo de 2019, cuando comenzaba a manifestarse la crisis estructural que hay detrás de la subida de precios que estamos sufriendo: si nuestros gobernantes y las fuerzas sociales aciertan y son capaces de diseñar y asumir conjuntamente una estrategia nacional, de intereses del país y no de los grupos de más poder, España podrá aprovechar la gran oportunidad que esta crisis le brinda para que nuestra economía salga fortalecida y con mucho mejor desenvolvimiento.
Les pido, para que ello sea posible, que concedan a la derecha económica y política española el don de la generosidad y la virtud del realismo para que sea capaz de reconocer lo que de positivo hay en nuestra situación económica y no mientan sobre lo que de verdad ocurre para tratar de vencer de cualquier forma y en particular a base de mentiras, a sus adversarios. Sé que es mucho pedir a Sus Majestades que hagan patriotas a las derechas españolas, para que entiendan que España va mucho más allá de sus idearios conservadores e intereses oligárquicos, o que dejen de ser nacionalistas, excluyentes y en consecuencia totalitarias. Pero me atrevo a pedírselo confiando en su generoso poder y por el bien de los millones de españolas y españoles que estamos hartos de la polarización, del cainismo y del odio a quien no es exactamente igual que los nacionalistas, de uno u otro lado, que se creen exclusivos depositarios de la identidad de su patria.
Quisiera pedirles también, mis queridos Reyes Magos, que concedan al gobierno que ahora tiene la responsabilidad de decidir sobre los destinos de nuestra economía las dosis que sean suficientes de lucidez y prudencia para evitar que siga metiéndose innecesariamente en charcos que no conducen nada más que a enturbiar su buena gestión en las cuestiones más importantes. Esto, al revés que mi anterior petición, puede que parezca a Sus Majestades una cuestión nimia o apenas sin importancia, pero déjenme tomarme la osadía de indicarles que no es así. Resulta desolador que un gobierno que mejora las cifras del empleo, el problema que más han sufrido los españoles durante décadas, que combate la subida de precios con más éxito que los demás de su entorno, que está marcando a Europa las líneas a seguir y el que más medidas de protección a familias y empresas ha tomado en muchos años, eche fango sobre sus éxitos por sus continuas manifestaciones de división interna o por empeñarse en tomar medidas sobre cuestiones de segundo orden tan polémicas y desacertadas que ni sus partidarios podemos defender.
Para terminar, puesto que tengo entendido que todos los monarcas se consideran primos entre sí y que, por tanto, deben tener indudable ascendencia sobre nuestro actual Jefe de Estado, el Rey Felipe VI, me permito pedirles un último regalo a manera de suplicante postdata.
Deben saber Sus Majestades, que el artículo 56.1 de nuestra Constitución establece que el Rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones».
Sucede, sin embargo, que don Felipe de Borbón viene incumpliendo este mandato pues nada ha hecho para moderar y arbitrar con el fin de evitar la situación irregular en la que se encuentran algunas de nuestras instituciones, cuando el principal partido de la oposición se niega explícitamente y con argumentos expresamente ilegítimos a tomar las medidas a las que está obligado para hacer que nuestras funcionen con la regularidad y normalidad debidas.
El hecho de que la máxima autoridad de nuestro Estado, su representación primera y más elevada, el rey de España, no ejerza la función que le encomienda la ley de leyes es tan grave que me permito solicitarles que adviertan a su primo de la vergüenza y la indignación que su comportamiento está provocando en millones de sus compatriotas, hasta el punto de que él mismo está reforzando la idea de que más valiera que abdicara si sigue comportándose de esa manera. Algo que va a resultar obligado que le reclamen quienes defendemos el cumplimiento de la ley y la Constitución como base de la vida democrática.
En la confianza de que se hagan reales mis deseos, les deseo toda clase de felicidad y ya espero con renovada ilusión su llegada en 2024.
Sobre la crisis que estamos viviendo, les pido que hagan que sea breve y leve y que las previsiones sobre su gravedad y naturaleza estructural que vengo realizando resulten equivocadas, aunque eso hiciera que se vendan menos ejemplares de mi nuevo libro Más difícil todavía que aparecerá en febrero.
En particular, quisiera pedirles que desplieguen Sus Majestades todo su poder para hacer que los organismos internacionales que constantemente nos supervisan y controlan y muy especialmente el Banco Central Europeo dejen de equivocarse en sus predicciones y, sobre todo, que no vuelvan a ser ellos, con sus medidas equivocadas, quienes creen los problemas que se supone deben resolver, como viene sucediendo desde hace décadas.
En relación con la economía española, me gustaría que Sus Majestades hicieran que se cumpla el vaticinio que vengo haciendo desde mayo de 2019, cuando comenzaba a manifestarse la crisis estructural que hay detrás de la subida de precios que estamos sufriendo: si nuestros gobernantes y las fuerzas sociales aciertan y son capaces de diseñar y asumir conjuntamente una estrategia nacional, de intereses del país y no de los grupos de más poder, España podrá aprovechar la gran oportunidad que esta crisis le brinda para que nuestra economía salga fortalecida y con mucho mejor desenvolvimiento.
Les pido, para que ello sea posible, que concedan a la derecha económica y política española el don de la generosidad y la virtud del realismo para que sea capaz de reconocer lo que de positivo hay en nuestra situación económica y no mientan sobre lo que de verdad ocurre para tratar de vencer de cualquier forma y en particular a base de mentiras, a sus adversarios. Sé que es mucho pedir a Sus Majestades que hagan patriotas a las derechas españolas, para que entiendan que España va mucho más allá de sus idearios conservadores e intereses oligárquicos, o que dejen de ser nacionalistas, excluyentes y en consecuencia totalitarias. Pero me atrevo a pedírselo confiando en su generoso poder y por el bien de los millones de españolas y españoles que estamos hartos de la polarización, del cainismo y del odio a quien no es exactamente igual que los nacionalistas, de uno u otro lado, que se creen exclusivos depositarios de la identidad de su patria.
Quisiera pedirles también, mis queridos Reyes Magos, que concedan al gobierno que ahora tiene la responsabilidad de decidir sobre los destinos de nuestra economía las dosis que sean suficientes de lucidez y prudencia para evitar que siga metiéndose innecesariamente en charcos que no conducen nada más que a enturbiar su buena gestión en las cuestiones más importantes. Esto, al revés que mi anterior petición, puede que parezca a Sus Majestades una cuestión nimia o apenas sin importancia, pero déjenme tomarme la osadía de indicarles que no es así. Resulta desolador que un gobierno que mejora las cifras del empleo, el problema que más han sufrido los españoles durante décadas, que combate la subida de precios con más éxito que los demás de su entorno, que está marcando a Europa las líneas a seguir y el que más medidas de protección a familias y empresas ha tomado en muchos años, eche fango sobre sus éxitos por sus continuas manifestaciones de división interna o por empeñarse en tomar medidas sobre cuestiones de segundo orden tan polémicas y desacertadas que ni sus partidarios podemos defender.
Para terminar, puesto que tengo entendido que todos los monarcas se consideran primos entre sí y que, por tanto, deben tener indudable ascendencia sobre nuestro actual Jefe de Estado, el Rey Felipe VI, me permito pedirles un último regalo a manera de suplicante postdata.
Deben saber Sus Majestades, que el artículo 56.1 de nuestra Constitución establece que el Rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones».
Sucede, sin embargo, que don Felipe de Borbón viene incumpliendo este mandato pues nada ha hecho para moderar y arbitrar con el fin de evitar la situación irregular en la que se encuentran algunas de nuestras instituciones, cuando el principal partido de la oposición se niega explícitamente y con argumentos expresamente ilegítimos a tomar las medidas a las que está obligado para hacer que nuestras funcionen con la regularidad y normalidad debidas.
El hecho de que la máxima autoridad de nuestro Estado, su representación primera y más elevada, el rey de España, no ejerza la función que le encomienda la ley de leyes es tan grave que me permito solicitarles que adviertan a su primo de la vergüenza y la indignación que su comportamiento está provocando en millones de sus compatriotas, hasta el punto de que él mismo está reforzando la idea de que más valiera que abdicara si sigue comportándose de esa manera. Algo que va a resultar obligado que le reclamen quienes defendemos el cumplimiento de la ley y la Constitución como base de la vida democrática.
En la confianza de que se hagan reales mis deseos, les deseo toda clase de felicidad y ya espero con renovada ilusión su llegada en 2024.
El problema de fondo de la economía española y de España en general
Publicado en Público.es el 26 de diciembre de 2022
https://juantorreslopez.com/el-problema-de-fondo-de-la-economia-espanola-y-de-espana-en-general/
Quienes analizan la economía española suelen destacar siempre algunos problemas mayores bien conocidos: un modelo productivo poco innovador y con insuficiente capacidad para generar empleo, servicios de poco valor, excesiva especialización en algunas actividades… Yo creo, sin embargo, que nuestra economía tiene un problema de fondo principal: está dominada por una auténtica oligarquía que lastra su desarrollo y le impide progresar como sería deseable.
El término oligarquía significa literalmente gobierno de unos pocos. Aristóteles lo usaba en su Política para expresar la desviación o degeneración de la aristocracia (el gobierno de los mejores), cuando se gobierna sin otro fin que el interés personal de la minoría misma gobernante. Joaquín Costa, en su clásica obra Oligarquía y caciquismo en España, la definía de esa manera: «gobierno del país por una minoría absoluta, que tiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad.»
Hoy día, las cosas son de otro modo. La democracia representativa se ha reforzado y el poder oligárquico actúa algo más disimulado, pero con la misma o mayor influencia.
La existencia de una auténtica oligarquía que impone sus intereses al conjunto de los españoles se ha puesto de relieve en numerosas investigaciones. Por citar tan solo tres de ellas, mencionaré la de Antonio Maestre (Franquismo S.A.), la de Andrés Villena (Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia) y otra algo anterior de Iago Santos (La elite del poder económico en España. Un estudio de redes de gobernanza empresarial) en la que se muestra que 1.400 personas controlaban recursos equivalentes al 80,5% del PIB.
La oligarquía española no solo controla la inmensa mayoría de las grandes empresas que dominan, sobre todo, los mercados y actividades estratégicas de nuestra economía, como banca y finanzas, energía, construcción, distribución comercial, telecomunicaciones… Su gran disposición de recursos le permite controlar igualmente las instituciones en las que se toman decisiones que pueden afectarle, bien para imponer su voluntad, bien para impedir que se impongan intereses diferentes a los suyos. Y, por supuesto, los medios de comunicación.
Ciertamente, la existencia de una oligarquía poderosa que controla y domina la economía y sociedad no es algo exclusivo de España. Aunque la nuestra tiene algunas características que la hacen singular.
Como está bien documentado, la mayoría de las grandes fortunas y privilegios de la oligarquía española no provienen del mérito y la innovación, sino del reparto de la riqueza que la dictadura hizo tras la guerra civil. Y cuando las han conseguido más tarde ha sido, salvo excepciones tan honrosas como escasas, mediante la concesión administrativa, las regalías, los favores, la corrupción, el fraude y, a veces, incluso a través del robo.
Eso es lo que hace que la oligarquía española sea especialmente cobarde y temerosa. Baste recordar cómo le temblaban las piernas cuando apareció Podemos y su reacción desproporcionada, corrupta e ilegal, para hacerlo desparecer literalmente, a pesar de que en sus programas prácticamente no había medidas que no se hubieran tomado en otros países capitalistas sin que sus cimientos se hubieran hundido.
La oligarquía española no sabe acumular sin el favor y la protección del Estado y eso la ha convertido en el lastre más pesado de la economía española. Teniendo a su alcance el conseguir todo tipo de facilidades para hacer negocios multimillonarios, no necesita modernizar, ni arriesgar, ni innovar. La oligarquía española es miedosa y de ahí que sea nacionalista pero no nacional. Está envuelta siempre en banderas rojigualdas y con la boca llena de proclamas españolistas, pero nunca le ha importado salvaguardar nuestra soberanía, ni vender nuestros activos más valiosos al capital extranjero si tenía a su alcance hacer un buen negocio. Decía Gumersindo de Azcárate que en su tiempo había en España «feudalismo de un nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media, y por virtud del cual se esconde bajo el ropaje del Gobierno representativo una oligarquía mezquina, hipócrita y bastarda…». Es verdad que las cosas han mejorado, pero no tanto como para que estas palabras hayan perdido completamente actualidad.
Otra consecuencia del dominio oligárquico la puso de relieve Joaquín Costa: » En colectividades tan extensas y tan complicadas como son, por punto general, las nacionalidades modernas, el régimen oligárquico supone necesariamente grados, correspondientes a los distintos círculos que se señalan en el organismo del Estado». Eso quiere decir que la oligarquía necesita reproducir su forma de actuar y generar a su vez regímenes oligárquicos en el resto de la sociedad y, sobre todo, pervertir las instituciones de representación democrática.
La oligarquía es por, definición, contradictoria e incompatible con la democracia y la transparencia. Por eso es la fuente de la polarización y de la degeneración institucional; la que pudre a los partidos políticos para evitar la participación que pudiera empoderar a sus contrarios; a la administración de justicia para que la proteja por encima de cualquier otra cosa; a la política para que decida solo lo que le conviene; y a los medios para que mientan en su favor y manipulen la conciencia de la gente.
Lo que estamos viviendo en estos últimos meses es una manifestación clara de todo esto. Cuando la economía española se desempeña mejor que casi cualquier otra de la Unión Europea, la derecha política y mediática que protege a esa oligarquía no para de lanzar falsedades para hacer creer a la gente que todo va mal. La derecha judicial da un golpe de Estado para impedir que se pueda poner en peligro le defensa a ultranza de los corruptos que trabajan para la oligarquía y todo ello sin apenas disimulo. La inefable torpeza del nuevo líder de la derecha al menos ha tenido la virtud de expresar a los españoles que esto que vengo diciendo es lo que realmente sucede. Hace unos días, Alberto Nuñez Feijóo decía que mantenía bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez. La mitad o más de España que ganó las elecciones democrática y legítimamente no tiene derecho, según la derecha española, a ocupar las instituciones, porque eso podría no ya poner en peligro sino cuestionar el dominio oligárquico.
La economía dominada por un grupo tan reducido, egoísta y cobarde que deja gestionar sus intereses a una derecha política, judicial y mediática tan retrógrada y totalitaria, golpista, no puede funcionar como podría hacerlo la de un país tan privilegiado en recursos como el nuestro. Y una sociedad que no pone límites a ese poder corrupto que desprecia la verdad, el respeto y la paz civil está condenada al sufrimiento. Es indispensable una ofensiva democrática, una manifestación clamorosa de dignidad cargada de pedagogía, de información veraz, de respeto, patriotismo y fraternidad. Habría que darles una lección de ciudadanía responsable, pacífica y en libertad que no pudieran olvidar jamás.
El término oligarquía significa literalmente gobierno de unos pocos. Aristóteles lo usaba en su Política para expresar la desviación o degeneración de la aristocracia (el gobierno de los mejores), cuando se gobierna sin otro fin que el interés personal de la minoría misma gobernante. Joaquín Costa, en su clásica obra Oligarquía y caciquismo en España, la definía de esa manera: «gobierno del país por una minoría absoluta, que tiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad.»
Hoy día, las cosas son de otro modo. La democracia representativa se ha reforzado y el poder oligárquico actúa algo más disimulado, pero con la misma o mayor influencia.
La existencia de una auténtica oligarquía que impone sus intereses al conjunto de los españoles se ha puesto de relieve en numerosas investigaciones. Por citar tan solo tres de ellas, mencionaré la de Antonio Maestre (Franquismo S.A.), la de Andrés Villena (Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia) y otra algo anterior de Iago Santos (La elite del poder económico en España. Un estudio de redes de gobernanza empresarial) en la que se muestra que 1.400 personas controlaban recursos equivalentes al 80,5% del PIB.
La oligarquía española no solo controla la inmensa mayoría de las grandes empresas que dominan, sobre todo, los mercados y actividades estratégicas de nuestra economía, como banca y finanzas, energía, construcción, distribución comercial, telecomunicaciones… Su gran disposición de recursos le permite controlar igualmente las instituciones en las que se toman decisiones que pueden afectarle, bien para imponer su voluntad, bien para impedir que se impongan intereses diferentes a los suyos. Y, por supuesto, los medios de comunicación.
Ciertamente, la existencia de una oligarquía poderosa que controla y domina la economía y sociedad no es algo exclusivo de España. Aunque la nuestra tiene algunas características que la hacen singular.
Como está bien documentado, la mayoría de las grandes fortunas y privilegios de la oligarquía española no provienen del mérito y la innovación, sino del reparto de la riqueza que la dictadura hizo tras la guerra civil. Y cuando las han conseguido más tarde ha sido, salvo excepciones tan honrosas como escasas, mediante la concesión administrativa, las regalías, los favores, la corrupción, el fraude y, a veces, incluso a través del robo.
Eso es lo que hace que la oligarquía española sea especialmente cobarde y temerosa. Baste recordar cómo le temblaban las piernas cuando apareció Podemos y su reacción desproporcionada, corrupta e ilegal, para hacerlo desparecer literalmente, a pesar de que en sus programas prácticamente no había medidas que no se hubieran tomado en otros países capitalistas sin que sus cimientos se hubieran hundido.
La oligarquía española no sabe acumular sin el favor y la protección del Estado y eso la ha convertido en el lastre más pesado de la economía española. Teniendo a su alcance el conseguir todo tipo de facilidades para hacer negocios multimillonarios, no necesita modernizar, ni arriesgar, ni innovar. La oligarquía española es miedosa y de ahí que sea nacionalista pero no nacional. Está envuelta siempre en banderas rojigualdas y con la boca llena de proclamas españolistas, pero nunca le ha importado salvaguardar nuestra soberanía, ni vender nuestros activos más valiosos al capital extranjero si tenía a su alcance hacer un buen negocio. Decía Gumersindo de Azcárate que en su tiempo había en España «feudalismo de un nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media, y por virtud del cual se esconde bajo el ropaje del Gobierno representativo una oligarquía mezquina, hipócrita y bastarda…». Es verdad que las cosas han mejorado, pero no tanto como para que estas palabras hayan perdido completamente actualidad.
Otra consecuencia del dominio oligárquico la puso de relieve Joaquín Costa: » En colectividades tan extensas y tan complicadas como son, por punto general, las nacionalidades modernas, el régimen oligárquico supone necesariamente grados, correspondientes a los distintos círculos que se señalan en el organismo del Estado». Eso quiere decir que la oligarquía necesita reproducir su forma de actuar y generar a su vez regímenes oligárquicos en el resto de la sociedad y, sobre todo, pervertir las instituciones de representación democrática.
La oligarquía es por, definición, contradictoria e incompatible con la democracia y la transparencia. Por eso es la fuente de la polarización y de la degeneración institucional; la que pudre a los partidos políticos para evitar la participación que pudiera empoderar a sus contrarios; a la administración de justicia para que la proteja por encima de cualquier otra cosa; a la política para que decida solo lo que le conviene; y a los medios para que mientan en su favor y manipulen la conciencia de la gente.
Lo que estamos viviendo en estos últimos meses es una manifestación clara de todo esto. Cuando la economía española se desempeña mejor que casi cualquier otra de la Unión Europea, la derecha política y mediática que protege a esa oligarquía no para de lanzar falsedades para hacer creer a la gente que todo va mal. La derecha judicial da un golpe de Estado para impedir que se pueda poner en peligro le defensa a ultranza de los corruptos que trabajan para la oligarquía y todo ello sin apenas disimulo. La inefable torpeza del nuevo líder de la derecha al menos ha tenido la virtud de expresar a los españoles que esto que vengo diciendo es lo que realmente sucede. Hace unos días, Alberto Nuñez Feijóo decía que mantenía bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez. La mitad o más de España que ganó las elecciones democrática y legítimamente no tiene derecho, según la derecha española, a ocupar las instituciones, porque eso podría no ya poner en peligro sino cuestionar el dominio oligárquico.
La economía dominada por un grupo tan reducido, egoísta y cobarde que deja gestionar sus intereses a una derecha política, judicial y mediática tan retrógrada y totalitaria, golpista, no puede funcionar como podría hacerlo la de un país tan privilegiado en recursos como el nuestro. Y una sociedad que no pone límites a ese poder corrupto que desprecia la verdad, el respeto y la paz civil está condenada al sufrimiento. Es indispensable una ofensiva democrática, una manifestación clamorosa de dignidad cargada de pedagogía, de información veraz, de respeto, patriotismo y fraternidad. Habría que darles una lección de ciudadanía responsable, pacífica y en libertad que no pudieran olvidar jamás.
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sábado, 7 de enero de 2023
El año del coitus interruptus de la ideología económica liberal
Hasta que estalló la pandemia, los efectos negativos de las políticas neoliberales se disimularon sin demasiada dificultad gracias al enorme poder mediático y cultural de las grandes corporaciones. La crisis de la Covid-19 demostró, ya sin paliativos, que sus principios de actuación sirven para que ganen más dinero los ricos, pero no para resolver los problemas socioeconómicos de mayor envergadura. En este año que acaba, la ideología económica neoliberal ha hecho un ridículo histórico.
Desde finales de los años setenta del siglo pasado se comenzaron a aplicar en casi todo el mundo políticas económicas inspiradas en el liberalismo decimonónico. Sus principios son bien conocidos: el mercado es el único sistema que resuelve bien los problemas económicos; el capital y las empresas son racionales y, por tanto, quienes mejor saben las decisiones que hay que tomar para que la economía funcione de la mejor manera, de modo que hay que darles la mayor libertad posible; no hay que preocuparse si la renta se concentra en los más ricos porque se producirá un goteo que hará que los ingresos lleguen a todos; la intervención del Estado es nefasta, cuanto menos impuestos se establezcan más se recaudará y lo mejor es que cada cual se resuelva sus problemas, dejando que la caridad y la buena voluntad ayude a los necesitados.
Las consecuencias de la puesta en marcha de estas políticas están perfectamente documentadas en cientos de estadísticas e investigaciones. La tasa de crecimiento de la actividad económica fue menor y cayeron los ingresos de la inmensa mayoría de la población y de las pequeñas y medianas empresas. Buscando el mayor beneficio, los capitales se orientaron hacia las finanzas especulativas, más rentables que la actividad productiva. En consecuencia de ambas circunstancias, el número de crisis, la deuda y la desigualdad alcanzaron los niveles más elevados de la historia contemporánea. El neoliberalismo fue extraordinariamente exitoso para proporcionar beneficios más elevados a las grandes corporaciones empresariales y financieras, pero debilitó a la economía productiva y la capacidad de creación de valor y riqueza: hambriento de la ganancia que se podía obtener sin límite, el capitalismo se consumía a sí mismo y enfermó de empacho.
Hasta la pandemia, todo eso se disimulaba sin problemas gracias al poder inmenso de las grandes empresas que dominan los medios de comunicación, mantienen grupos de presión capaces de influir en las decisiones políticas, y financian a académicos, magistrados, policías, militares, periodistas, partidos, organizaciones no gubernamentales o fundaciones para que difundan o apliquen las ideas que les benefician.
La crisis que empezó en 2007 fue un primer aviso y ya antes de la del Covid-19 muchos dirigentes de las mayores empresas y bancos mundiales comenzaron a darse cuenta de que las cosas estaban fallando y de que ese capitalismo voraz y embriagado de beneficio y poder estaba destrozando sus propios cimientos. Comenzaron a hablar sin ambages de la necesidad de «reiniciarlo» pero la Covid-19 puso todo patas arriba.
Cuando el planeta se vio envuelto en un shock tan traumático, ya no se pudo disimular lo que estaba pasando: una globalización concebida y diseñada con el exclusivo propósito de dar plena libertad al capital para que produzca con el menor coste posible y obtenga el máximo beneficio generaba un déficit extraordinario en seguridad y riesgos muy costosos; y dejar que solo los mercados y la iniciativa privada resolvieran los problemas económicos se reveló como suicida. Como escribió hace unos meses Joseph Stiglitz, «Estados Unidos, la superpotencia, ni siquiera podía producir productos simples como máscaras y otros equipos de protección, y mucho menos artículos más sofisticados como pruebas y ventiladores». Para evitar que la economía colapsara, los gobiernos tuvieron que intervenir masivamente, los servicios públicos resultaron esenciales y los principios neoliberales se guardaron en el cajón. Ningún gobierno tuvo la insensatez de aplicarlos. Y cuando lo hicieron, como ocurrió con la política de vacunas, se produjo un desastre. Como también dice Stiglitz, la aplicación de las reglas neoliberales de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio inhibió la producción de vacunas en muchas partes del mundo, provocando la muerte innecesaria de miles de personas.
Cuando se decía que pronto entraríamos de nuevo en la normalidad, las cosas volvieron a complicarse. La inseguridad y los bloqueos derivados de la globalización neoliberal, el enorme poder sobre los precios de las grandes empresas, la crisis climática, la especulación financiera, la debilidad del tejido empresarial que se dedica a crear riqueza y los problemas geopolíticos asociados a una sociedad mundial gobernada por los mercados y los capitales y no por instituciones democráticas… es decir, los grandes problemas que habían venido generando casi cuarenta años de políticas neoliberales se hicieron más patentes que nunca y han hecho que 2022 haya sido el año en que se ha desatado una nueva crisis. La describo con detalle en un libro de Ediciones Deusto que estará a la venta a finales del próximo enero con el título Más difícil todavía.
Pero lo interesante de lo ocurrido en estos últimos doce meses es que la ideología económica neoliberal no solo se ha mostrado de nuevo como incapaz de proporcionar algo más que beneficios a los más ricos. Ha sido el año en el que ha quedado públicamente en evidencia, haciendo un espantoso ridículo.
A los neoliberales británicos y a Lizz Truss en particular les ha correspondido el honor de protagonizar el coitus interruptus más clamoroso y transparente de la historia de la política económica. Después de repetir como papagayos el mantra neoliberal, asegurando que la solución frente a la caída de la actividad económica era bajar impuestos a los ricos, reducir el gasto público y dar plena vía libre a los mercados, provocaron tal desastre que solo pudieron aguantar cuarenta y cinco días aplicando esas ideas desde el gobierno.
No ha sido esa la única marcha atrás en 2022 del neoliberalismo económico. En España se ha tenido que reconocer que las subidas del salario mínimo han ayudado a reactivar el mercado interno gracias al mayor consumo de los trabajadores de menor renta y que no ha tenido los efectos devastadores anunciados; la bondad para fortalecer el empleo de las reformas laborales que desactivaban los aspectos más negativos de las anteriores de perfil más neoliberal; o que bajar impuestos no es lo que aumenta la recaudación. En Europa se ha terminado aceptando que hay que corregir a los mercados para frenar la subida de precios, que las empresas no sobreviven sin el apoyo del Estado, o que las inversiones públicas son imprescindibles; la Ley para la reducción de la inflación o la nueva estrategia industrial de Biden son misiles en la línea de flotación de la ideología neoliberal; y los organismos internacionales piden a los gobiernos que establezcan impuestos sobre los más ricos y las ganancias extraordinarias. Por no hablar del cambio de estrategia de miles de empresas de todo el mundo para evitar los fallos de seguridad y resiliencia a los que ha llevado el buscar tan solo el mínimo coste.
Escribió Stendhal en La cartuja de Parma que «no existe lo ridículo cuando nadie lo nota». A los neoliberales se les ha notado en este año que acaba. Los ideólogos y los burócratas de la patronal no lo reconocerán, a quien se juega los cuartos más le vale ser realistas, darse cuenta de lo que se nos viene encima y cambiar de discurso y estrategia.
Desde finales de los años setenta del siglo pasado se comenzaron a aplicar en casi todo el mundo políticas económicas inspiradas en el liberalismo decimonónico. Sus principios son bien conocidos: el mercado es el único sistema que resuelve bien los problemas económicos; el capital y las empresas son racionales y, por tanto, quienes mejor saben las decisiones que hay que tomar para que la economía funcione de la mejor manera, de modo que hay que darles la mayor libertad posible; no hay que preocuparse si la renta se concentra en los más ricos porque se producirá un goteo que hará que los ingresos lleguen a todos; la intervención del Estado es nefasta, cuanto menos impuestos se establezcan más se recaudará y lo mejor es que cada cual se resuelva sus problemas, dejando que la caridad y la buena voluntad ayude a los necesitados.
Las consecuencias de la puesta en marcha de estas políticas están perfectamente documentadas en cientos de estadísticas e investigaciones. La tasa de crecimiento de la actividad económica fue menor y cayeron los ingresos de la inmensa mayoría de la población y de las pequeñas y medianas empresas. Buscando el mayor beneficio, los capitales se orientaron hacia las finanzas especulativas, más rentables que la actividad productiva. En consecuencia de ambas circunstancias, el número de crisis, la deuda y la desigualdad alcanzaron los niveles más elevados de la historia contemporánea. El neoliberalismo fue extraordinariamente exitoso para proporcionar beneficios más elevados a las grandes corporaciones empresariales y financieras, pero debilitó a la economía productiva y la capacidad de creación de valor y riqueza: hambriento de la ganancia que se podía obtener sin límite, el capitalismo se consumía a sí mismo y enfermó de empacho.
Hasta la pandemia, todo eso se disimulaba sin problemas gracias al poder inmenso de las grandes empresas que dominan los medios de comunicación, mantienen grupos de presión capaces de influir en las decisiones políticas, y financian a académicos, magistrados, policías, militares, periodistas, partidos, organizaciones no gubernamentales o fundaciones para que difundan o apliquen las ideas que les benefician.
La crisis que empezó en 2007 fue un primer aviso y ya antes de la del Covid-19 muchos dirigentes de las mayores empresas y bancos mundiales comenzaron a darse cuenta de que las cosas estaban fallando y de que ese capitalismo voraz y embriagado de beneficio y poder estaba destrozando sus propios cimientos. Comenzaron a hablar sin ambages de la necesidad de «reiniciarlo» pero la Covid-19 puso todo patas arriba.
Cuando el planeta se vio envuelto en un shock tan traumático, ya no se pudo disimular lo que estaba pasando: una globalización concebida y diseñada con el exclusivo propósito de dar plena libertad al capital para que produzca con el menor coste posible y obtenga el máximo beneficio generaba un déficit extraordinario en seguridad y riesgos muy costosos; y dejar que solo los mercados y la iniciativa privada resolvieran los problemas económicos se reveló como suicida. Como escribió hace unos meses Joseph Stiglitz, «Estados Unidos, la superpotencia, ni siquiera podía producir productos simples como máscaras y otros equipos de protección, y mucho menos artículos más sofisticados como pruebas y ventiladores». Para evitar que la economía colapsara, los gobiernos tuvieron que intervenir masivamente, los servicios públicos resultaron esenciales y los principios neoliberales se guardaron en el cajón. Ningún gobierno tuvo la insensatez de aplicarlos. Y cuando lo hicieron, como ocurrió con la política de vacunas, se produjo un desastre. Como también dice Stiglitz, la aplicación de las reglas neoliberales de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio inhibió la producción de vacunas en muchas partes del mundo, provocando la muerte innecesaria de miles de personas.
Cuando se decía que pronto entraríamos de nuevo en la normalidad, las cosas volvieron a complicarse. La inseguridad y los bloqueos derivados de la globalización neoliberal, el enorme poder sobre los precios de las grandes empresas, la crisis climática, la especulación financiera, la debilidad del tejido empresarial que se dedica a crear riqueza y los problemas geopolíticos asociados a una sociedad mundial gobernada por los mercados y los capitales y no por instituciones democráticas… es decir, los grandes problemas que habían venido generando casi cuarenta años de políticas neoliberales se hicieron más patentes que nunca y han hecho que 2022 haya sido el año en que se ha desatado una nueva crisis. La describo con detalle en un libro de Ediciones Deusto que estará a la venta a finales del próximo enero con el título Más difícil todavía.
Pero lo interesante de lo ocurrido en estos últimos doce meses es que la ideología económica neoliberal no solo se ha mostrado de nuevo como incapaz de proporcionar algo más que beneficios a los más ricos. Ha sido el año en el que ha quedado públicamente en evidencia, haciendo un espantoso ridículo.
A los neoliberales británicos y a Lizz Truss en particular les ha correspondido el honor de protagonizar el coitus interruptus más clamoroso y transparente de la historia de la política económica. Después de repetir como papagayos el mantra neoliberal, asegurando que la solución frente a la caída de la actividad económica era bajar impuestos a los ricos, reducir el gasto público y dar plena vía libre a los mercados, provocaron tal desastre que solo pudieron aguantar cuarenta y cinco días aplicando esas ideas desde el gobierno.
No ha sido esa la única marcha atrás en 2022 del neoliberalismo económico. En España se ha tenido que reconocer que las subidas del salario mínimo han ayudado a reactivar el mercado interno gracias al mayor consumo de los trabajadores de menor renta y que no ha tenido los efectos devastadores anunciados; la bondad para fortalecer el empleo de las reformas laborales que desactivaban los aspectos más negativos de las anteriores de perfil más neoliberal; o que bajar impuestos no es lo que aumenta la recaudación. En Europa se ha terminado aceptando que hay que corregir a los mercados para frenar la subida de precios, que las empresas no sobreviven sin el apoyo del Estado, o que las inversiones públicas son imprescindibles; la Ley para la reducción de la inflación o la nueva estrategia industrial de Biden son misiles en la línea de flotación de la ideología neoliberal; y los organismos internacionales piden a los gobiernos que establezcan impuestos sobre los más ricos y las ganancias extraordinarias. Por no hablar del cambio de estrategia de miles de empresas de todo el mundo para evitar los fallos de seguridad y resiliencia a los que ha llevado el buscar tan solo el mínimo coste.
Escribió Stendhal en La cartuja de Parma que «no existe lo ridículo cuando nadie lo nota». A los neoliberales se les ha notado en este año que acaba. Los ideólogos y los burócratas de la patronal no lo reconocerán, a quien se juega los cuartos más le vale ser realistas, darse cuenta de lo que se nos viene encima y cambiar de discurso y estrategia.
viernes, 23 de diciembre de 2022
La Europa del euro sembró la semilla de la extrema derecha y ya no puede frenarla
30 Sep 2022 La Europa del euro sembró la semilla de la extrema derecha y ya no puede frenarla🔊 Escuchar
Publicado en Público.es el 30 de septiembre de 2022
¿Cómo es posible que en un periodo de tiempo tan relativamente pequeño hayan podido expandirse tanto e incluso normalizarse las ideas extremistas, claramente antidemocráticas, en la Europa que se jactaba de ser la cuna y el futuro de la civilización más humanista y ejemplar?
Mi opinión es que eso ha tenido mucho que ver con el modo en que se ha ido construyendo la Unión Europea y, sobre todo, la zona monetaria del euro. Que, a su vez, es una de las expresiones más perfectamente acabadas del capitalismo neoliberal de nuestro tiempo.
Desde el punto de vista económico, no creo que sea necesario insistir en que las previsiones sobre los beneficios del euro no se han cumplido y, por tanto, que se ha producido una gran frustración social, aunque no se hable de ello.
Bastantes estudios empíricos (como este) han mostrado que el euro no ha generado efectos positivos singulares sobre la tasa de crecimiento económico en los países que lo asumieron. Lo cual es relevante pues se estimaba que ese sería el motor de los avances generales en inversión, empleo y bienestar. Es también una evidencia que la deuda se ha desbocado en todos los países y que no se ha logrado la convergencia de las economías que se anunció como una consecuencia segura de su puesta en marcha.
Todo lo cual, por cierto, era previsible, tal como anunciaron muchos economistas al señalar que la unión monetaria del euro estaba mal diseñada desde el principio. Paul Krugman dijo que los criterios de convergencia eran una «solemne tontería» y Joseph Stiglitz escribió todo un libro para demostrar «cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa». No se reconoció, pero se supo desde su inicio que el euro nunca podría generar las ventajas que se le asociaban, porque se diseñó sin las instituciones y mecanismos de ajuste imprescindibles para hacer frente a los desequilibrios y shocks de tan diferente tipo que hoy día pueden afectar a las economías.
Durante algunos años, y a costa de generar burbujas y un endeudamiento que terminarían siendo letales, aumentó la convergencia entre las economías que formaban parte del euro pero comprobándose, al mismo tiempo, que más acercamiento en términos de PIB per capita no llevaba consigo ni semejante generación de valor añadido, ni armonía estructural ni, por supuesto, más equidad. Y cuando estallaron, las crisis fueron devastadoras; como no podía ser de otro modo, precisamente porque se carecía de mecanismos adecuados de ajuste y estabilización. Es más, el euro había dejado sin apenas capacidad de maniobra macroeconómica a los gobiernos y lo poco que estos podían hacer para luchar contra ellas era, para colmo, procíclico; es decir, que agudizaba los problemas.
Se sabía perfectamente que los cambios que llevaría consigo la implantación del euro no serían los fantásticos que se vendían a la opinión pública, sin ningún tipo de debate plural, para que aceptara sin rechistar su creación. Y se sabía que iban a generar mucha frustración ciudadana y descontento. Así lo reconoció en 1998 Etienne Davignon, presidente del grupo financiero más poderoso de Bélgica, en una entrevista en El País: «Los Gobiernos temen explicar a sus opiniones públicas la magnitud de los cambios que se avecinan. Es peligroso».
Tan claro debían tener los dirigentes europeos que la ciudadanía podría considerar peligroso al euro e indeseable asumir sus implicaciones, que lo legislaron sin contemplar la posibilidad material de poder salir de él. La trampa mejor urdida de la historia porque ¿quién en su sano juicio aceptaría incorporarse a algo de donde no esté contemplado que pueda salir si le va mal? Pues sí, los europeos que se incorporaron a una zona euro en cuyas normas no se contempla que algún país pueda abandonarla.
Pero ni siquiera todo esto ha sido lo peor que ha llevado consigo el euro y lo que, a mi juicio, ha producido la frustración, el desengaño y el desapego a las democracias que ha hecho crecer a la extrema derecha en Europa.
El euro ha impuesto políticas europeas en sustitución de las nacionales. Y el problema ha surgido porque la Unión Europea es un sujeto que adopta políticas sin ser político, utilizando el juego de palabras que me permito tomar prestado de Vivien Ann Schmidt (aquí). Es decir, sin tener una polis que lo condicione cuando crea conveniente. O, dicho de otro modo, porque no es una democracia y, por tanto, porque no proporciona ni el espacio ni los procedimientos (ni democráticos ni de cualquier otro tipo) que permitan canalizar las preferencias, las frustraciones, el descontento o la voluntad ciudadanas. La Europa del euro toma las decisiones que afectan a la ciudadanía, a veces muy gravemente, sin discusión ciudadana posible.
En la Europa del euro, la ciudadanía no se puede pronunciar ni deliberar, apenas puede influir, no tiene capacidad para controlar o censurar, y nunca puede decidir. Todo lo que afecta a sus condiciones de vida le viene dado; o mejor dicho, impuesto. Y en el único y cada vez más reducido espacio en donde a duras penas puede hacer algo de todo ello, en el de su respectiva nación, resulta que lo puede hacer en cada vez menor medida, en menos materias y siempre con la espada de Damocles sobre su cabeza: ¿lo permitirá o no lo permitirán Bruselas o Frankfurt, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, respectivamente?
Y la cuestión ni siquiera termina con ese achicamiento progresivo del espacio democrático que produce el euro. Como los partidos o los gobiernos nacionales no pueden decidir con autonomía porque no disponen ya de capacidad de maniobra suficiente, es materialmente imposible que pueden cumplir las promesas que han de ofrecer a sus potenciales electores y sin las cuales nunca podrán ganar las elecciones. Eso ha hecho que la política nacional se haya convertido en una farsa, en un sainete de compromisos que todo el mundo sabe que no se harán efectivos, salvo que respondan a la voluntad expresa de Bruselas, la cual ningún partido en su sano juicio (como reconociera Davignon) se atreverá a presentar ante sus electores como propia, si quiere conseguir su voto.
En el polo justamente opuesto de las instituciones del euro, los gobiernos nacionales han de limitarse -como también dice Vivien Schmidt- a hacer política sin hacer políticas, sin poder adoptarlas. Pero, entonces, ¿en qué queda la democracia?
Pues, realmente, en casi nada. El euro, esa es la realidad, vacía de democracia la política que se hace bajo su imperio.
Se sabía desde el principio que la Europa de los tratados del euro iba a ser incompatible con la constitución de algo parecido a un supra estado democrático. Nunca se pretendió. Lo que posiblemente no se tuvo en cuenta (o sí, quién sabe) es que convertir a la Unión Europea del euro en una no-democracia tan poderosa y determinante de lo que ocurre en las naciones que la conforman iba a debilitar en grado extremo a las democracias nacionales, o incluso a desmantelarlas, como dice Habermas que ha sucedido en Europa.
La Europa del euro ha desnaturalizado e inutilizado a las ya de por sí menguadas democracias nacionales en Europa y se ha construido a ella misma sobre la base de considerar innecesarias y prescindibles a la voz, las preferencias y la decisión de la ciudadanía; es decir, a la Democracia. ¿Quién se puede extrañar, entonces, que cada vez más gente y partidos simpaticen, voten, se unan, justifiquen, convivan sin problemas, o tengan por aliados para gobernar a quienes la rechazan expresamente?
¿Cómo es posible que en un periodo de tiempo tan relativamente pequeño hayan podido expandirse tanto e incluso normalizarse las ideas extremistas, claramente antidemocráticas, en la Europa que se jactaba de ser la cuna y el futuro de la civilización más humanista y ejemplar?
Mi opinión es que eso ha tenido mucho que ver con el modo en que se ha ido construyendo la Unión Europea y, sobre todo, la zona monetaria del euro. Que, a su vez, es una de las expresiones más perfectamente acabadas del capitalismo neoliberal de nuestro tiempo.
Desde el punto de vista económico, no creo que sea necesario insistir en que las previsiones sobre los beneficios del euro no se han cumplido y, por tanto, que se ha producido una gran frustración social, aunque no se hable de ello.
Bastantes estudios empíricos (como este) han mostrado que el euro no ha generado efectos positivos singulares sobre la tasa de crecimiento económico en los países que lo asumieron. Lo cual es relevante pues se estimaba que ese sería el motor de los avances generales en inversión, empleo y bienestar. Es también una evidencia que la deuda se ha desbocado en todos los países y que no se ha logrado la convergencia de las economías que se anunció como una consecuencia segura de su puesta en marcha.
Todo lo cual, por cierto, era previsible, tal como anunciaron muchos economistas al señalar que la unión monetaria del euro estaba mal diseñada desde el principio. Paul Krugman dijo que los criterios de convergencia eran una «solemne tontería» y Joseph Stiglitz escribió todo un libro para demostrar «cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa». No se reconoció, pero se supo desde su inicio que el euro nunca podría generar las ventajas que se le asociaban, porque se diseñó sin las instituciones y mecanismos de ajuste imprescindibles para hacer frente a los desequilibrios y shocks de tan diferente tipo que hoy día pueden afectar a las economías.
Durante algunos años, y a costa de generar burbujas y un endeudamiento que terminarían siendo letales, aumentó la convergencia entre las economías que formaban parte del euro pero comprobándose, al mismo tiempo, que más acercamiento en términos de PIB per capita no llevaba consigo ni semejante generación de valor añadido, ni armonía estructural ni, por supuesto, más equidad. Y cuando estallaron, las crisis fueron devastadoras; como no podía ser de otro modo, precisamente porque se carecía de mecanismos adecuados de ajuste y estabilización. Es más, el euro había dejado sin apenas capacidad de maniobra macroeconómica a los gobiernos y lo poco que estos podían hacer para luchar contra ellas era, para colmo, procíclico; es decir, que agudizaba los problemas.
Se sabía perfectamente que los cambios que llevaría consigo la implantación del euro no serían los fantásticos que se vendían a la opinión pública, sin ningún tipo de debate plural, para que aceptara sin rechistar su creación. Y se sabía que iban a generar mucha frustración ciudadana y descontento. Así lo reconoció en 1998 Etienne Davignon, presidente del grupo financiero más poderoso de Bélgica, en una entrevista en El País: «Los Gobiernos temen explicar a sus opiniones públicas la magnitud de los cambios que se avecinan. Es peligroso».
Tan claro debían tener los dirigentes europeos que la ciudadanía podría considerar peligroso al euro e indeseable asumir sus implicaciones, que lo legislaron sin contemplar la posibilidad material de poder salir de él. La trampa mejor urdida de la historia porque ¿quién en su sano juicio aceptaría incorporarse a algo de donde no esté contemplado que pueda salir si le va mal? Pues sí, los europeos que se incorporaron a una zona euro en cuyas normas no se contempla que algún país pueda abandonarla.
Pero ni siquiera todo esto ha sido lo peor que ha llevado consigo el euro y lo que, a mi juicio, ha producido la frustración, el desengaño y el desapego a las democracias que ha hecho crecer a la extrema derecha en Europa.
El euro ha impuesto políticas europeas en sustitución de las nacionales. Y el problema ha surgido porque la Unión Europea es un sujeto que adopta políticas sin ser político, utilizando el juego de palabras que me permito tomar prestado de Vivien Ann Schmidt (aquí). Es decir, sin tener una polis que lo condicione cuando crea conveniente. O, dicho de otro modo, porque no es una democracia y, por tanto, porque no proporciona ni el espacio ni los procedimientos (ni democráticos ni de cualquier otro tipo) que permitan canalizar las preferencias, las frustraciones, el descontento o la voluntad ciudadanas. La Europa del euro toma las decisiones que afectan a la ciudadanía, a veces muy gravemente, sin discusión ciudadana posible.
En la Europa del euro, la ciudadanía no se puede pronunciar ni deliberar, apenas puede influir, no tiene capacidad para controlar o censurar, y nunca puede decidir. Todo lo que afecta a sus condiciones de vida le viene dado; o mejor dicho, impuesto. Y en el único y cada vez más reducido espacio en donde a duras penas puede hacer algo de todo ello, en el de su respectiva nación, resulta que lo puede hacer en cada vez menor medida, en menos materias y siempre con la espada de Damocles sobre su cabeza: ¿lo permitirá o no lo permitirán Bruselas o Frankfurt, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, respectivamente?
Y la cuestión ni siquiera termina con ese achicamiento progresivo del espacio democrático que produce el euro. Como los partidos o los gobiernos nacionales no pueden decidir con autonomía porque no disponen ya de capacidad de maniobra suficiente, es materialmente imposible que pueden cumplir las promesas que han de ofrecer a sus potenciales electores y sin las cuales nunca podrán ganar las elecciones. Eso ha hecho que la política nacional se haya convertido en una farsa, en un sainete de compromisos que todo el mundo sabe que no se harán efectivos, salvo que respondan a la voluntad expresa de Bruselas, la cual ningún partido en su sano juicio (como reconociera Davignon) se atreverá a presentar ante sus electores como propia, si quiere conseguir su voto.
En el polo justamente opuesto de las instituciones del euro, los gobiernos nacionales han de limitarse -como también dice Vivien Schmidt- a hacer política sin hacer políticas, sin poder adoptarlas. Pero, entonces, ¿en qué queda la democracia?
Pues, realmente, en casi nada. El euro, esa es la realidad, vacía de democracia la política que se hace bajo su imperio.
Se sabía desde el principio que la Europa de los tratados del euro iba a ser incompatible con la constitución de algo parecido a un supra estado democrático. Nunca se pretendió. Lo que posiblemente no se tuvo en cuenta (o sí, quién sabe) es que convertir a la Unión Europea del euro en una no-democracia tan poderosa y determinante de lo que ocurre en las naciones que la conforman iba a debilitar en grado extremo a las democracias nacionales, o incluso a desmantelarlas, como dice Habermas que ha sucedido en Europa.
La Europa del euro ha desnaturalizado e inutilizado a las ya de por sí menguadas democracias nacionales en Europa y se ha construido a ella misma sobre la base de considerar innecesarias y prescindibles a la voz, las preferencias y la decisión de la ciudadanía; es decir, a la Democracia. ¿Quién se puede extrañar, entonces, que cada vez más gente y partidos simpaticen, voten, se unan, justifiquen, convivan sin problemas, o tengan por aliados para gobernar a quienes la rechazan expresamente?
Juan Torres López.
jueves, 15 de diciembre de 2022
¿Por qué no avanza en las encuestas el Gobierno de Pedro Sánchez si lo está haciendo bien?
Publicado en Público el 6 de octubre de 2022
Prácticamente todas las encuestas que se vienen realizando ponen de manifiesto la misma paradoja: a la gran mayoría de los españoles les parece que las medidas que toma el gobierno son positivas o muy positivas, pero los partidos que lo sostienen pierden intención de voto y todo apunta a que la derecha ganará las próximas elecciones generales.
El diario El País, por ejemplo, informaba hace unos días de que medidas que han sido tan criticadas en los medios como el tope al precio del gas y la rebaja del IVA en la factura de luz, las bonificaciones a los carburantes o el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas son apoyadas por el 76%, 75% y 66% de los españoles, respectivamente. Y un apoyo semejante o incluso mayor reciben otras más sociales, como las ayudas directas a familias con rentas bajas y la suspensión de los desahucios a los más vulnerables (74%), o los descuentos en los abonos del transporte público (82%).
Al mismo tiempo, sin embargo, en el mismo barómetro se ponía de relieve que ese apoyo no iba acompañado de un aumento en las expectativas de voto del PSOE y Unidas Podemos, sino más bien de todo lo contrario.
Yo no soy experto en este tipo de cuestiones y estoy seguro, además, de que esta paradoja, como casi todas las que tienen que ver con la vida social, tendrá una explicación compleja y no muy fácil de descubrir. Pero, quizá por eso, creo que vale la pena contribuir a la reflexión sobre algo aparentemente tan contradictorio y de lo que depende el futuro material y el bienestar de millones de compatriotas.
En nuestro país, como en casi todo el mundo, el sistema de comunicación social está en manos de empresas dominadas por los grandes capitales. No hay ni un solo medio, ni una televisión o radio privadas de mediano o gran alcance, que no sean propiedad o no respondan a intereses de los bancos, grandes empresas, fondos de inversión o Iglesia Católica. Ni uno solo. Y, además de ello, el gobierno de Sánchez, siguiendo la estela que dejó el de Zapatero en su día, no solo renunció a convertir a la televisión pública en un medio de información plural e independiente, sino que se lo ha entregado a la derecha.
En España se ha dado un caso verdaderamente singular y yo me atrevería a decir que histórico: el gobierno permite que la televisión pública desinforme, manipule los contenidos informativos y hasta mienta, para presentar las noticias del modo que más daño pueda hacer a la mayoría parlamentaria que lo sostiene democráticamente.
No es una opinión, es un hecho que se ha podido comprobar fácilmente viendo día a día los telediarios y las tertulias de RTVE y que vienen denunciando sindicatos y profesionales independientes.
Esa es la cuestión. A mí me parece imposible que la gestión que haga el gobierno se metabolice correctamente por la opinión pública y que esta preste suficiente apoyo electoral a los partidos que lo sostienen sin correcta información sobre lo que verdaderamente hace, sin deliberación democrática sobre sus medidas y cuando toda su acción se presenta en los medios constantemente desdibujada y vinculada a los peores desastres por una legión de periodistas y tertulianos al servicio de sus adversarios políticos. Y máxime, en un país como el nuestro, en el que la derecha política es extremadamente nacionalista y cree que solo ella es España, poque no somos «españoles de bien», o ni siquiera españoles, quienes pensamos o sentimos de modo diferente. La derecha española está convencida de que la izquierda es enemiga y no tiene derecho a gobernar y que, por tanto, es legítimo y necesario hacer cualquier cosa para evitar que lo haga. Y eso es lo que se traduce constantemente en la información mentirosa y malintencionada que emiten los medios privados y la televisión pública.
Pero no acaba ahí la cosa.
Lógicamente, no se puede esperar que la derecha ponga sus mediadores al servicio de un gobierno progresista; o que los bancos, grandes empresas y fondos de inversión permitan que en los medios de su propiedad expongan sus ideas las personas que defienden un reparto más equitativo de su riqueza y poder.
Por tanto, si los partidos políticos que gobiernan y tratan de sacar adelante medidas que vayan contra esos intereses dominantes quieren que la gente sepa con realismo lo que están haciendo, es imprescindible que dispongan de sus propios medios y mediadores.
Y el problema es que, incomprensiblemente, han renunciado a ellos.
Sin medios de comunicación, sin promover televisiones o radios ciudadanas que pudieran presentar la información, no ya de un modo favorable al gobierno, sino al menos más plural, es imposible que se pueda generalizar el apoyo a los partidos que lo conforman, incluso a pesar de que la mayoría de la población considere como positivas las medidas que adopta.
Y los únicos mediadores que podrían lograr que la sociedad conozca de primera mano y fielmente lo que hacen en el gobierno los partidos de izquierdas y explicar sin manipulaciones ni mentiras la verdadera naturaleza de su gestión, son sus militantes, sus organizaciones de base y las personas que por sus conocimientos o posición social disponen de influencia intelectual y capacidad de diálogo con la sociedad.
Sin embargo, los partidos de izquierdas se han convertido en organizaciones cesaristas, sin apenas presencia efectiva en la sociedad y con una militancia que prácticamente se reduce a la nacida y educada al amparo de los aparatos, con el único fin de controlarlos para ocupar puestos retribuidos. Ni hay militancia dedicada a informar, explicar y difundir la acción del gobierno en la sociedad, ni los dirigentes de los partidos recurren al activismo social o a quienes podrían utilizar su influencia académica, profesional o social para dar apoyo, alcance y legitimación a las medidas que se van adoptando.
Aunque a la inmensa mayoría de la población, como señalan las encuestas, les parecen bien las medidas que adopta un gobierno progresista lo que ocurre es que, prácticamente en el mismo momento en que se han tomado, una legión de periodistas y comunicadores magníficamente bien pagados se dedica a desnaturalizarlas para asociar con el gobierno, no su contenido real, sino el monstruo de mil cabezas en que lo convierten a base de tergiversación y mentiras.
Y ese efecto se produce principal o más fuertemente, tal y como también revelan las encuestas, entre la población que más se beneficia de las medidas del gobierno. Como es lógico que ocurra, pues es a esa parte de la población hacia la que se dirige en mayor medida la mediación que diseña el poder económico y financiero y la derecha a su servicio. Justo la más desfavorecida y a la que ha dejado de hablar, arropar, organizar y movilizar la izquierda que renuncia a sus organizaciones de base, al trabajo de militantes y simpatizantes y a la cooperación de la intelectualidad progresista y del activismo social.
El gobierno gestiona y lo hace bien pero quienes median entre él y la sociedad para informar de las medidas que toma y de sus efectos son sus adversarios políticos. ¿A quién puede extrañar, entonces, que no gane apoyo electoral por muy bien que lo haga?
Prácticamente todas las encuestas que se vienen realizando ponen de manifiesto la misma paradoja: a la gran mayoría de los españoles les parece que las medidas que toma el gobierno son positivas o muy positivas, pero los partidos que lo sostienen pierden intención de voto y todo apunta a que la derecha ganará las próximas elecciones generales.
El diario El País, por ejemplo, informaba hace unos días de que medidas que han sido tan criticadas en los medios como el tope al precio del gas y la rebaja del IVA en la factura de luz, las bonificaciones a los carburantes o el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas son apoyadas por el 76%, 75% y 66% de los españoles, respectivamente. Y un apoyo semejante o incluso mayor reciben otras más sociales, como las ayudas directas a familias con rentas bajas y la suspensión de los desahucios a los más vulnerables (74%), o los descuentos en los abonos del transporte público (82%).
Al mismo tiempo, sin embargo, en el mismo barómetro se ponía de relieve que ese apoyo no iba acompañado de un aumento en las expectativas de voto del PSOE y Unidas Podemos, sino más bien de todo lo contrario.
Yo no soy experto en este tipo de cuestiones y estoy seguro, además, de que esta paradoja, como casi todas las que tienen que ver con la vida social, tendrá una explicación compleja y no muy fácil de descubrir. Pero, quizá por eso, creo que vale la pena contribuir a la reflexión sobre algo aparentemente tan contradictorio y de lo que depende el futuro material y el bienestar de millones de compatriotas.
En nuestro país, como en casi todo el mundo, el sistema de comunicación social está en manos de empresas dominadas por los grandes capitales. No hay ni un solo medio, ni una televisión o radio privadas de mediano o gran alcance, que no sean propiedad o no respondan a intereses de los bancos, grandes empresas, fondos de inversión o Iglesia Católica. Ni uno solo. Y, además de ello, el gobierno de Sánchez, siguiendo la estela que dejó el de Zapatero en su día, no solo renunció a convertir a la televisión pública en un medio de información plural e independiente, sino que se lo ha entregado a la derecha.
En España se ha dado un caso verdaderamente singular y yo me atrevería a decir que histórico: el gobierno permite que la televisión pública desinforme, manipule los contenidos informativos y hasta mienta, para presentar las noticias del modo que más daño pueda hacer a la mayoría parlamentaria que lo sostiene democráticamente.
No es una opinión, es un hecho que se ha podido comprobar fácilmente viendo día a día los telediarios y las tertulias de RTVE y que vienen denunciando sindicatos y profesionales independientes.
Esa es la cuestión. A mí me parece imposible que la gestión que haga el gobierno se metabolice correctamente por la opinión pública y que esta preste suficiente apoyo electoral a los partidos que lo sostienen sin correcta información sobre lo que verdaderamente hace, sin deliberación democrática sobre sus medidas y cuando toda su acción se presenta en los medios constantemente desdibujada y vinculada a los peores desastres por una legión de periodistas y tertulianos al servicio de sus adversarios políticos. Y máxime, en un país como el nuestro, en el que la derecha política es extremadamente nacionalista y cree que solo ella es España, poque no somos «españoles de bien», o ni siquiera españoles, quienes pensamos o sentimos de modo diferente. La derecha española está convencida de que la izquierda es enemiga y no tiene derecho a gobernar y que, por tanto, es legítimo y necesario hacer cualquier cosa para evitar que lo haga. Y eso es lo que se traduce constantemente en la información mentirosa y malintencionada que emiten los medios privados y la televisión pública.
Pero no acaba ahí la cosa.
Lógicamente, no se puede esperar que la derecha ponga sus mediadores al servicio de un gobierno progresista; o que los bancos, grandes empresas y fondos de inversión permitan que en los medios de su propiedad expongan sus ideas las personas que defienden un reparto más equitativo de su riqueza y poder.
Por tanto, si los partidos políticos que gobiernan y tratan de sacar adelante medidas que vayan contra esos intereses dominantes quieren que la gente sepa con realismo lo que están haciendo, es imprescindible que dispongan de sus propios medios y mediadores.
Y el problema es que, incomprensiblemente, han renunciado a ellos.
Sin medios de comunicación, sin promover televisiones o radios ciudadanas que pudieran presentar la información, no ya de un modo favorable al gobierno, sino al menos más plural, es imposible que se pueda generalizar el apoyo a los partidos que lo conforman, incluso a pesar de que la mayoría de la población considere como positivas las medidas que adopta.
Y los únicos mediadores que podrían lograr que la sociedad conozca de primera mano y fielmente lo que hacen en el gobierno los partidos de izquierdas y explicar sin manipulaciones ni mentiras la verdadera naturaleza de su gestión, son sus militantes, sus organizaciones de base y las personas que por sus conocimientos o posición social disponen de influencia intelectual y capacidad de diálogo con la sociedad.
Sin embargo, los partidos de izquierdas se han convertido en organizaciones cesaristas, sin apenas presencia efectiva en la sociedad y con una militancia que prácticamente se reduce a la nacida y educada al amparo de los aparatos, con el único fin de controlarlos para ocupar puestos retribuidos. Ni hay militancia dedicada a informar, explicar y difundir la acción del gobierno en la sociedad, ni los dirigentes de los partidos recurren al activismo social o a quienes podrían utilizar su influencia académica, profesional o social para dar apoyo, alcance y legitimación a las medidas que se van adoptando.
Aunque a la inmensa mayoría de la población, como señalan las encuestas, les parecen bien las medidas que adopta un gobierno progresista lo que ocurre es que, prácticamente en el mismo momento en que se han tomado, una legión de periodistas y comunicadores magníficamente bien pagados se dedica a desnaturalizarlas para asociar con el gobierno, no su contenido real, sino el monstruo de mil cabezas en que lo convierten a base de tergiversación y mentiras.
Y ese efecto se produce principal o más fuertemente, tal y como también revelan las encuestas, entre la población que más se beneficia de las medidas del gobierno. Como es lógico que ocurra, pues es a esa parte de la población hacia la que se dirige en mayor medida la mediación que diseña el poder económico y financiero y la derecha a su servicio. Justo la más desfavorecida y a la que ha dejado de hablar, arropar, organizar y movilizar la izquierda que renuncia a sus organizaciones de base, al trabajo de militantes y simpatizantes y a la cooperación de la intelectualidad progresista y del activismo social.
El gobierno gestiona y lo hace bien pero quienes median entre él y la sociedad para informar de las medidas que toma y de sus efectos son sus adversarios políticos. ¿A quién puede extrañar, entonces, que no gane apoyo electoral por muy bien que lo haga?
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